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Sevilla: El gran proyecto del Puerto de Sevilla estará a medias en 2029

  • El barrio del Distrito Portuario estará aún en obras y el Muelle de Ocio con las primeras empresas ya instaladas

La gran transformación que el Puerto de Sevilla proyectaba para el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 no llegará a tiempo. La que está prevista como el mayor desarrollo en años de la zona, comprende la creación de un nuevo barrio en unos solares de la avenida de las Razas y la transformación de los viejos almacenes del muelle —creados a propósito de la Exposición 29— para su uso empresarial y de ocio; es más, grandes empresas como Cox y la Cámara de Comercio, se reubicarán aquí. Ambos proyectos van por vías diferentes, pero la enajenación de los solares son claves para poder financiar el muelle.

El nuevo barrio estará compuesto por 700 viviendas de las que alrededor del 30% serán protegidas. Junto a ello, y con el objetivo de favorecer este entorno y a los vecinos de la zona, se han previsto una serie de zonas verdes, áreas de equipamientos públicos y otros espacios para servicios avanzados. También se incluye una rebaja del 30% en la edificabilidad prevista en el PGOU para esos suelos, abriendo así posibilidades para viviendas, equipamientos, usos terciarios y espacios libres y en sintonía con el Plan Especial del Puerto de Sevilla para el desarrollo del Distrito Urbano Portuario; es decir, los terrenos de enfrente.

Fue en tiempos de Juan Espadas cuando se puso sobre la mesa la idea de promover un barrio residencial en estas parcelas, que son propiedad de la Autoridad Portuaria. La calificación que tenían solo permitía promover la construcción de oficinas y finalmente se llegó a un acuerdo para construir viviendas. El socialista se marchó de la alcaldía antes de que los trámites estuvieran cerrados y cuando José Luis Sanz lo retomó el PSOE lo bloqueó. Finalmente, la modificación del PGOU para que los suelos fueran urbanizables salió adelante tras el pacto con Vox.

En un primer momento, la aprobación definitiva de este cambio dependiente de la Junta de Andalucía, se estimaba que podría estar antes del verano de 2025 aunque no ha sido una realidad hasta el pasado mes de junio cuando la entonces consejera Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, firmó dicho documento. En estos momentos, esa modificación del PGOU en el ámbito ARI-BBP-08 Avda. de las Razas —que recoge el cambio de servicios avanzados a residencial y terciario— está pendiente de publicación en el BOE.

La modificación del PGOU para levantar el barrio de 700 viviendas está pendiente de publicación en el BOE

Paralelamente, según declaran fuentes de la Autoridad Portuaria a este periódico, ya se trabaja en la redacción del proyecto de reparcelación y de urbanización de la parcela, que ha sido licitada recientemente. Asimismo, la Gerencia de Urbanismo ha recibido el estudio de detalle. Una vez estén aprobadas las anteriores tramitaciones, lo siguiente será la autorización del Consejo de Ministros para la subasta de las parcelas. El promotor que se haga con los terrenos, ya que no estarán promovidos por la Autoridad Portuaria, será quien complete el resto del proceso pertinente para empezar las obras; como las licencias de edificación. Por todo ello, a prácticamente dos años de que la fecha señalada llegue y con los plazos que una proyecto de este calibre requiere, sería prácticamente imposible que el barrio estuviera listo.

Desarrollo de la primera fase del muelle

En cuanto al área empresarial, de ocio y restauración, proyecto que recibe el nombre de Distrito Urbano Portuario, se estima que la primera fase pueda estar desarrollada para 2029. Este comprende 40 hectáreas desde las naves de Las Razas hasta dársena (a lo ancho) y desde el puente de las Delicias al del Centenario (a lo largo). La Junta aprobó definitivamente la Innovación del Plan Especial del Puerto para su desarrollo, que corresponde al documento de ordenación urbanística de dominio público portuario. Frente al carácter logístico y de almacenamiento que establecía el Plan Especial de 1994, el nuevo documento impulsa la rehabilitación de naves y tinglados para usos terciarios, comerciales y dotacionales vinculados a la interacción puerto-ciudad, favoreciendo que estos espacios puedan ser disfrutados por la ciudadanía. Asimismo, se prevé la implantación de una nueva terminal de cruceros.

Esa primera fase que supuestamente llegaría para el centenario de la Exposición Iberoamericana vendría fundamentalmente por el polo empresarial. Por un lado, antes de que acabe el año se prevé que la concesión administrativa para la nueva sede de Cox, actualmente en tramitación, sea propuesta para aprobación en Consejo de Administración. Sus obras podrán comenzar cuando esta concesión esté aprobada y la empresa cuente con las licencias municipales correspondientes.

También, trabajan con otras entidades que han manifestado su interés por instalarse en el Distrito Urbano Portuario, como la Cámara de Comercio de Sevilla. En su caso, y como ya publicó este periódico lo hará en un conjunto de ocho naves que se localizan en la avenida de Las Razas, entre las calles Páez de Rivera y Raza Sexta, frente al parking que existe en la avenida. En total serán unos diez mil metros cuadrados. El proyecto, denominado por la propia institución que preside Francisco Herrero como ‘Nave 4’, contempla la rehabilitación integral de estos inmuebles. Tendrá un triple uso: de un lado estará el área educativa, que ocupará el 70% del suelo disponible y será la sede del Centro Universitario EUSA. La segunda área, ocupando el 10% de las naves, tendrá un fin corporativo para los servicios administrativos de la propia Cámara y el 30% restante del espacio tendrá un destino deportivo para el Club Cámara Antares.

Otra de las vías de actuación que la Autoridad Portuaria mantiene abiertas en la zona es el suministro de la red. Endesa está trabajando en el refuerzo de las infraestructuras eléctricas para favorecer el desarrollo del distrito. De igual forma, se están redactando los proyectos para la urbanización, conexión de suministros y redes de la primera fase. También está previsto de licitación el desarrollo fotovoltaico en las cubiertas de los tinglados, ya que se quiere hacer de este distrito un lugar sostenible donde primen las cero emisiones.




Granada: Cerca de 108 millones de inversión eléctrica en Granada hasta 2030

  • REE pretende cerrar el circuito Baza-Antas y repotenciar el eje Málaga-Granada-Almería

 

Red Eléctrica tiene en Granada un histórico déficit de infraestructuras, lo que hace que sea uno de los objetivos prioritarios de la compañía que diseña, gestiona y ejecuta por dónde y de qué manera llega la energía eléctrica. Los proyectos en Granada a futuro en la planificación 2025-2030 se extenderán más allá de esa fecha, pero los más acuciantes y que están contemplados para el periodo 2021-2026 tienen ya inversiones comprometidas y algunas ya ejecutadas, como por ejemplo la subestación eléctrica de Iznalloz, a punto de acabar sus obras, como avanzó este diario el viernes.

También son inminentes las obras, pero en su inicio, de la subestación eléctrica de Saleres, otro nodo clave para potenciar el eje sur de la provincia y así poder transportar la gran cantidad de electricidad que necesitan proyectos clave como el acelerador de partículas, el centro de datos de Escúzar, y las empresas del Citai o el cercano Alín, en Alhendín. Junto a la línea de alta tensión 220 kV Saleres-Íllora, la inversión total entre 2027 y 2029 en ambos proyectos será de 34,8 millones de euros.

Aun así dos proyectos más son fundamentales para REE. El primero supondrá aumentar la capacidad, o repotenciar, el eje de alta tensión 400 kV que atraviesa la provincia desde el Tajo de la Encantada (Málaga) hasta la subestación Litoral (Almería). En Granada este eje comprende la líneas Archidona-Caparacena 400 kV (146 apoyos en 66 kilómetros) y Caparacena-Huéneja (185 apoyos en 71,5 kilómetros).

“Permitirá transportar más electricidad entre Almería y el resto de Andalucía”, así como “mejorar la seguridad, la calidad del suministro, y reducir las limitaciones de la red que obligan a recortar la producción renovable, conocida técnicamente como vertidos”, explica REE. La actuación aprovechará el trazado existente de este eje aéreo, de un solo circuito y más de 278 kilómetros, y permitirá que sus conductores funcionen a una temperatura máxima de 85 grados centígrados, elevando su capacidad de transporte hasta 1.829 Mva (megavoltamperios), más de un 30 % por encima de la actual.

El método escogido para repotenciar será el de elevar la altura de las torres, que habitualmente ronda los 2 o 3 metros, “para mantener las distancias de seguridad reglamentarias respecto al terreno, las carreteras, el ferrocarril y otros servicios”. Y es que cuando los cables conductores aumentan de potencia, estos ‘pesan’ más y se acercan más al suelo, de ahí a que exista una altura mínima legal de seguridad, y por ende elevar la altura de los apoyos afectados. Este fenómeno también se produce en verano.

Con un coste de 3 millones de euros solo en Granada, este proyecto sigue entre asteriscos, no porque no se vaya a llevar a cabo, sino porque sigue sin finalizar su tramitación aunque Red Eléctrica fija abril del año que viene para su puesta en servicio. De ser así, habrán sido nueve años de trámites. También de oportunidades perdidas en Granada para situar grandes industrias.

El segundo de esos proyectos fundamentales para REE es otro que va camino de la década para ser completado: el famoso eje Caparacena-Baza-La Ribina, rebautizado como Antas en este último nodo. El eje de alta tensión de 400 kilovoltios ya tiene en servicio la mitad del trayecto hasta la subestación bastetana desde noviembre de 2022, cuando fue inaugurada la línea por Pedro Sánchez. Desde ese momento queda pendiente el segundo tramo hasta el Poniente de Almería. La tramitación sigue en los despachos desde 2021, lo cual hace que el horizonte temporal para que esté construida y transportando energía esté ya cerca de 2030. Y con el reloj corriendo. La DIA aún sigue pendiente de aprobarse en el Ministerio de Transición Ecológica.

Esta línea reforzará también la conexión entre Almería y el resto de Andalucía pero, sobre todo, cerrará el circuito Granada-Almería de 400 kilovoltios, apoyada por la línea de Huéneja, que asegurará el suministro como apoyo. “El cierre con Antas da estabilidad y seguridad a toda Andalucía oriental”, dice Jorge Jiménez.

Diseñada con dos circuitos, tendrá 212 apoyos y más de 102 kilómetros de longitud. De ellos, 62 apoyos y 34 kilómetros se situarán en Granada, en los municipios de Baza y Cúllar. En total, 70 millones de inversión.

“La infraestructura contribuirá a un suministro más seguro y de mayor calidad y facilitará el aprovechamiento de las instalaciones renovables existentes y futuras, al reducir las limitaciones de transporte que obligan a limitar su producción”, detalla REE.




Huelva: Portugal vuelve a reclamar la conexión ferroviaria entre Faro, Huelva y Sevilla para 2040

  • La Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Algarve insiste también en construir el puente entre Alcoutim y Sanlúcar de Guadiana y mejorar la gestión de los recursos hídricos compartidos

 

La Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Algarve (CCDR Algarve) ha vuelto a reclamar que la conexión ferroviaria entre Faro, Huelva y Sevilla sea una realidad en 2040, una reivindicación que afecta directamente a las comunicaciones y al desarrollo económico de Huelva. La propuesta fue defendida en la XVII Comisión Hispano-Lusa de Cooperación Transfronteriza, celebrada el 27 de octubre en Tordesillas (Valladolid), junto a otras dos demandas de interés para la provincia: el puente internacional entre Alcoutim y Sanlúcar de Guadiana y la gestión compartida de los recursos hídricos.

La reclamación llega en un momento de especial atención a la seguridad ferroviaria en España, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que han dejado 115 víctimas mortales. El primero, ocurrido en enero, afectó a un Alvia que cubría el trayecto Madrid-Huelva, mientras que el segundo, registrado a finales de octubre, volvió a poner el foco sobre la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid.

La CCDR Algarve considera que el enlace permitiría mejorar la movilidad entre el sur de Portugal y Andalucía, favorecer un transporte más sostenible y aumentar la competitividad económica. La infraestructura se enmarca en las redes transeuropeas de transporte, pero el horizonte de 2040 es una aspiración de la institución portuguesa, no una fecha comprometida por ambos gobiernos. Para materializarla aún deben avanzar los estudios técnicos y los acuerdos entre administraciones.

No es la primera vez que el Algarve reclama esta conexión. En mayo de 2025, la CCDR ya insistió en priorizar el enlace Faro-Huelva-Sevilla durante un encuentro celebrado en Mértola. En marzo de 2026, España y Portugal volvieron a abordar el proyecto sin concretar plazos ni inversiones.

Durante la reunión de Tordesillas, el vicepresidente responsable de Planificación y Desarrollo Regional.de la CCDR Algarve, Cristiano Cabrita, defendió que “el Algarve y Andalucía comparten desafíos, oportunidades y una visión de futuro” e insistió en convertir la cooperación transfronteriza en mejoras concretas de accesibilidad e integración territorial.

Otra de las prioridades fue el puente internacional entre Alcoutim y Sanlúcar de Guadiana, cuya construcción acordaron España y Portugal en la Cumbre Hispano-Lusa de Faro de octubre de 2024. Pese al importante desarrollo técnico y administrativo del proyecto, su ejecución sigue retrasada por trámites pendientes, especialmente ambientales, y problemas de coordinación entre administraciones. La infraestructura permitiría acortar unos 70 kilómetros los desplazamientos por carretera entre ambas localidades.

La tercera reivindicación se refiere a la gestión de los recursos hídricos compartidos, especialmente los del Guadiana, dentro del Convenio de Albufeira. La CCDR pide una coordinación que atienda las necesidades agrícolas, la protección ambiental, la prevención de riesgos, la protección civil y la adaptación al cambio climático.

También existen compromisos previos en esta materia. En la Cumbre Hispano-Lusa de Faro de octubre de 2024, ambos gobiernos alcanzaron acuerdos sobre los caudales compartidos del Guadiana y las captaciones de Bocachanza, asuntos de especial trascendencia para Huelva por su relación con el abastecimiento, la agricultura y el equilibrio ambiental.

Por su parte el vicepresidente de Ordenación del Territorio, apoyo jurídico y administraciones locales de la misma entidad, Jorge Botelho, destacó la necesidad de transformar las demandas de los territorios fronterizos en actuaciones reales y situó entre las prioridades el puente, la conexión ferroviaria para 2040 y las inversiones hidráulicas.

Las propuestas se trasladaron en una comisión que reúne a regiones portuguesas y comunidades autónomas españolas fronterizas para elevar sus necesidades a ambos gobiernos y contribuir a preparar futuras cumbres bilaterales. Para Huelva, las tres reclamaciones afectan a cuestiones pendientes que condicionan sus comunicaciones, su actividad económica y la gestión de un recurso esencial como el agua.




Jaén: Las obras de la avenida de Madrid de Jaén llegarán al lado izquierdo entre enero o febrero

  • La remodelación, que cuenta con una inversión cercana a los 3,2 millones de euros y un plazo global previsto de seis meses

 

Las entrañas de la avenida de Madrid de Jaén esconden una infraestructura que llevaba décadas acusando el paso del tiempo. Tuberías de hormigón deterioradas, erosionadas por la circulación del agua y afectadas en algunos puntos por las raíces del arbolado son lo que han encontrado los operarios durante las excavaciones. Su renovación, ejecutada por Aqualia, concesionaria del servicio municipal de aguas, avanza ahora por el margen derecho desde la avenida Ruiz Jiménez de esta importante arteria de la capital jiennense, aunque la intervención todavía tiene pendiente una parte fundamental, el lado izquierdo, cuyos trabajos podrían comenzar entre enero y febrero.

“La verdad es que estaban muy mal”, explica a Jaén Hoy Matías Fernández, jefe de obra de esta actuación. La remodelación, que cuenta con una inversión cercana a los 3,2 millones de euros y un plazo global previsto de seis meses, se desarrolla por fases para reducir las afecciones a vecinos, comerciantes y conductores. El primer tramo, comprendido entre la avenida Ruiz Jiménez y El Corte Inglés, se encuentra ya en su recta final y la previsión es que esté completamente terminado a principios de diciembre, incluido el nuevo acerado y el adoquinado. La red subterránea está prácticamente ejecutada y, una vez finalizados los pozos, los trabajos se centrarán en la reposición del pavimento. Esta primera fase ha sufrido algunos retrasos debido, entre otros motivos, al estado del arbolado que se ha encontrado durante las excavaciones.




Sevilla: La SE-35 sigue sin fecha, sin presupuesto y con un largo camino de trámites por delante: “No renunciamos en ningún caso a esta inversión estratégica”

  • La Gerencia de Urbanismo no renuncia a su desarrollo pero, de momento, tampoco reserva créditos específicos para el año que viene para el proyecto de la SE-35 y justifica que cuenta con remanentes disponibles por si fuera necesario

 

Sevilla sigue teniendo pendiente la SE-35, uno de los proyectos de movilidad más importantes a desarrollar, fundamentalmente en la zona este de la capital. Pero su ejecución no está recogida en el Presupuesto de 2027 del alcalde, José Luis Sanz, y no tiene fondos consignados, lo cual no supone renunciar a ella. Esta vía está llamada a desempeñar un papel fundamental para los desplazamientos junto al desarrollo del Distrito Aeroespacial, que une los suelos junto al Aeropuerto de San Pablo, y del Distrito Tecnológico, ubicado en el Higuerón Norte. Sin embargo, como ya informó El Correo de Andalucía, le quedaba por delante una larga tramitación reconocida por la propia Gerencia de Urbanismo que alargaría su desarollo “en el largo plazo, muy difícilmente antes del ejercicio 2028”.

Durante la primera mitad del año se ha llevado a cabo la fase de redacción del nuevo trazado y, según un informe de octubre de 2025 del Director de Administración y Economía de la Gerencia de Urbanismo, posteriormente se tenía que resolver la evaluación ambiental. Después, podrán iniciarse los trámites para la actualización de los proyectos de construcción de los tramos afectados. Esta previsión coincide con la que vuelve a hacer la Gerencia de Urbanismo en la memoria de su Presupuesto para 2027, a la que ha tenido acceso este periódico. Su ejecución “podrá abordarse por fases, una vez cumplidos los trámites técnicos, urbanísticos y ambientales preceptivos, y verificada la disponibilidad de los correspondientes créditos afectados”, se detalla.

Por tanto, ante una falta de fecha clara y con todos esos trámites aún por cumplir, además de verificar que se puede hacer uso de los créditos ya disponibles, la Gerencia de Urbanismo incluye entre sus prioridades “la disponibilidad de remanentes de crédito con financiación afectada para la ejecución de sistemas generales estratégicos de la ciudad, con especial referencia a la SE-35”. Es decir, tener remanentes listos para poder tirar de ellos en caso de que fuese necesarios, ya que “existen inversiones de carácter estratégico para la ciudad” que no se encuentran recogidas en los créditos iniciales del Presupuesto de 2027.

Urbanismo defiende que la existencia de remanentes suficientes para acometer nuevas actuaciones permite reservarlos y no renunciar al impulso de algunas infraestructuras “decisivas” para el futuro de la ciudad. En este caso, la ausencia de una consignación inicial específica para la SE-35 en el Presupuesto de 2027 “no debe interpretarse como una renuncia a su desarrollo, sino como resultado de la adecuada diferenciación entre las nuevas dotaciones presupuestarias y los recursos afectados procedentes de ejercicios anteriores, cuya utilización podrá hacer posible el inicio de las inversiones correspondientes sin necesidad de acudir a nuevas aportaciones de la hacienda municipal”.

El Ayuntamiento de Sevilla no renuncia a la SE-35 y buscará tener remanentes disponibles por si los necesita

“Debe destacarse, por otra parte, que existen inversiones de carácter estratégico para la ciudad que, aun no encontrándose recogidas en los créditos iniciales del Presupuesto de 2027, cuentan con posibilidades de financiación mediante remanentes de crédito de ejercicios anteriores, dotados con recursos afectados a finalidades específicas. Este es el caso de la ronda urbana intermedia SE-35″, desarrolla la memoria elaborada por la Gerencia de Urbanismo. La SE-35 se considera “uno de los sistemas generales viarios de mayor trascendencia para el desarrollo urbanístico de los sectores norte y este de Sevilla, cuya ejecución ha sido reactivada mediante la contratación de los trabajos técnicos necesarios para la actualización de su trazado, el estudio de alternativas y la correspondiente tramitación ambiental”.

Para el Consistorio, “la ejecución de esta infraestructura permitirá mejorar la articulación de la red viaria principal de la ciudad y facilitar el desarrollo de importantes sectores residenciales, industriales y logísticos previstos en el PGOU, al tiempo que podrá contribuir a aliviar la congestión de la Ronda Urbana Norte mediante nuevas conexiones entre la SE-30 y la SE-20. Su interés estratégico se ve reforzado por el impulso de nuevos desarrollos productivos en el arco norte de Sevilla, entre ellos el Área Logística de Majarabique, cuya primera fase de urbanización ha sido licitada por la Junta de Andalucía durante 2026″.

Urbanismo defiende que dispone de “un importante volumen de remanentes de crédito con financiación afectada, procedentes de las aportaciones económicas realizadas por propietarios de suelo en virtud de los convenios urbanísticos formalizados con ocasión de la tramitación y aprobación del PGOU”. Parte de esos recursos han servido para financiar actuaciones de otros sistemas generales y la otra ha quedado “reservada” para atender los compromisos específicos derivados de determinados convenios.

Existiría, por tanto, “una capacidad de financiación significativa que podrá aplicarse al desarrollo de nuevos sistemas generales, entre ellos la SE-35″. Esa capacidad inversora deriva de remanentes presupuestarios previamente incorporados que quedan del saldo de aportaciones para sistemas generales que sigue pendiente de aplicación presupuestaria. “Se considera conveniente mantener el criterio de prudencia seguido durante los últimos ejercicios, habida cuenta de los procedimientos judiciales relacionados con determinados convenios urbanísticos”.

Los plazos de la SE-35 se alargan hasta 2028 y condicionan las 24.000 viviendas del Distrito Aeroespacial

El diseño del Distrito Aeroespacial va totalmente ligado a que la SE-35 se pueda llevar a cabo, algo que no será antes de 2028 y corre el riesgo de no prosperar porque una vez redactado su trazado debe lograr una compleja aprobación ambiental que ya rechazó la Comisión Europea en 2015 por falta de Evaluación de Impacto Ambiental.

Es la conclusión a la que llegó la Gerencia de Urbanismo tras dar su visto bueno para la aprobación provisional del Plan Parcial del sector 5 de Santa Bárbara, suelos que su arquitecto José María de Cárdenas definió como “la locomotora del distrito” con todas las actividades económicas: 861.020 metros cuadrados de suelo, 349.036 metros cuadrados de espacios libres y 430.510 metros cuadrados de techo. La Junta de Gobierno Local aprobó este punto el 7 de noviembre de 2025, hace un año ya, condicionando su aprobación definitiva a despejar la incógnita de cómo afectaría la no ejecución de la SE-35.

La SE-35 será uno de sus ejeres principales, ya que dentro del proyecto del distrito tiene su encaje como una SE-Verde: un gran bulevar con más árboles, carril bici y menos carriles para los vehículos, en el que peatón será el gran protagonista con sendas peatonales y corredores verdes y la conexión al anillo verde.




Sevilla: La constructora de Bilbao que le ha ganado cuatro sentencias al Ministerio de Transportes por la obra de la SE-40 de Sevilla

  • La Audiencia Nacional ha estimado cuatro recursos de Construcciones Adolfo Sobrino en apenas diez meses y admite su derecho a recibir 5,7 millones por sobrecostes, retrasos y otros problemas en la obra del tramo Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas

 

La SE-40, que empezó a construirse en 2007 y a día de hoy apenas tiene en funcionamiento la mitad de los 77 kilómetros proyectados, no sólo está siendo una obra interminable sino también un agujero en el bolsillo del Estado. Los retrasos, los sobrecostes y los problemas son tantos que en los últimos diez meses ha habido ni más ni menos que cuatro condenas de la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes. Todas eran relativas al tramo entre Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas y el ganador de todos los casos ha sido el contratista vasco que ejecutó el enlace de 8,1 kilómetros entre la A-376 (Carretera de Utrera) y la A-4: Construcciones Adolfo Sobrino. En total, los jueces reconocen el derecho de la empresa a recibir 5,7 millones de euros (5.761.119,58 para ser exactos) por los incumplimientos de la Administración. Eso sí, ninguna sentencia es firme todavía.

La primera fue dictada el 23 de enero de 2026. Como las otras tres, el tribunal fue la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. El asunto de fondo eran los sobrecostes del subtramo II (del kilómetro 4,100 al 8,140). Como constató la Sala, durante la obra se produjeron seis prórrogas del plazo de ejecución, “sin que ninguna se considerara imputable al contratista”. Es decir, que todas fueron responsabilidad del Ministerio.

Las “causas relevantes” de esa “ralentización de los trabajos” fueron básicamente “la inviabilidad del proyecto constructivo” inicial y la “tramitación anormal” de las dos modificaciones introducidas para corregir esos fallos. La culminación de la obra se alargó dos años, desde el 3 de marzo de 2018 al 31 de marzo de 2020, e incluso hubo otra “tardanza” de un mes en la recepción de la carretera: fue el 1 de julio de 2020 a pesar de que estaba concluida desde el 1 de mayo.

La compañía reclamó 3.331.985,62 euros. La Audiencia reconoció su derecho a ser indemnizada con 2.571.662,80 euros más intereses, ya que estimó el recurso en parte y no íntegramente.

La segunda sentencia, fechada el 16 de septiembre, tenía que ver con los sobrecostes del subtramo I (del kilómetro 0 al 4,100). La empresa atribuyó el exceso de presupuesto al incremento en el plazo de ejecución de la obra, que pasó de los 38 meses pactados con el Gobierno a casi 63 meses. El motivo, de nuevo el mismo: “Errores, deficiencias y omisiones del proyecto original de la obra, así como la anormal tramitación de las dos modificaciones aprobadas para solventar los errores del proyecto”. Eso derivó en la “paralización de facto” de la obra “ante la imposibilidad de ejecutar trabajos que no habían sido correctamente contemplados en el proyecto constructivo” inicial.

Al igual que en la primera sentencia, la Audiencia desgrana el proceso administrativo hito a hito y destaca las sucesivas modificaciones del proyecto. Hubo hasta siete prórrogas del plazo de ejecución, “sin que ninguna se considerara imputable al contratista”. Otra vez igual. Las prórrogas empezaron el 3 de marzo de 2018 y la obra acabó el 30 de marzo de 2020. Y ni siquiera entonces se pudo recepcionar por “los retrasos por parte de la Dirección General de Carreteras a la hora de aprobar el proyecto modificado número 2 como consecuencia de la falta de crédito presupuestario”.

La Abogacía del Estado alegó que la empresa no ejecutó el contrato adecuadamente, pero los magistrados desoyen sus argumentaciones. “No se aprecia ralentización alguna hasta 2017, momento en que se procede a la modificación del contrato”, responden. En cambio “sí ha quedado acreditado que existían ciertos errores en el proyecto de obra que fueron puestos de manifiesto por la contratista y que motivaron la necesidad de efectuar dos modificaciones del contrato”. “Esos defectos del proyecto sólo son imputables a la Administración”, sentencian.

La compañía vasca reclamó 1.892.764,51 euros por esos sobrecostes, pero la Audiencia de nuevo estima su recurso parcialmente y no por completo. En la práctica le reconoce el derecho a ser resarcida con 1.552.956,40 euros más intereses.

La última sentencia data del 8 de octubre y también está vinculada al subtramo I, en concreto al cobro de “la obra realmente ejecutada y los sobrecostes directos” asociados a ese trozo de autovía. La empresa de Bilbao pidió 2.871.220,56 euros de nuevo por los errores del proyecto constructivo o la diferencia entre las obras que ejecutó y las que le pagó el Ministerio. La Audiencia Nacional también estimó parcialmente el recurso y redujo la cantidad a 1.443.797,69 euros.

Más de 400 días para pagar dos facturas

La sentencia que falta por analizar se dictó el 17 de septiembre, el día después de la relativa a los sobrecostes del subtramo I. En ella, la Audiencia Nacional estima íntegramente otro recurso en el que Construcciones Adolfo Sobrino solicitaba los intereses por la tardanza en cobrar las dos facturas por las certificaciones finales del contrato de obras del tramo completo (8,1 kilómetros). El Ministerio de Transportes tardó más de 400 días en abonar esos dos recibos y después obvió las reclamaciones que la compañía le puso el 9 de marzo de 2023. La empresa recurrió y exigió 192.702,69 euros en concepto de intereses de demora… más los intereses de los intereses, claro. Y la Sala esta vez le da la razón en todo.

Una de las facturas databa del 18 de diciembre de 2020 por un importe total de 912.529,14 euros. El Gobierno pagó el 7 de enero de 2022, con 433 días de retraso, y la demandante cifró el daño en 87.148,69 euros. Como el Ministerio sí le pagó 58.770,75 euros en 2023 (justo después de la interposición del recurso), la petición final fue de los 28.377,94 euros de diferencia. La segunda factura, librada el 17 de diciembre de 2020 por 1.764.777,92 euros, fue abonada el 30 de diciembre de 2021, 425 días tarde. La constructora reclamó 164.324,75 euros.

 

La Sala está de acuerdo con esos cálculos y le recuerda al Estado que debería haber pagado en los 30 días siguientes a las certificaciones de obra. Es decir, el 31 de octubre de 2020. Además de declarar el derecho de la compañía a recibir todo el dinero, también condena al Ministerio a pagar las costas del proceso hasta un límite de 3.000 euros.




Almería. Adra aprueba la Cuenta General 2025 con un remanente positivo de casi dos millones de euros

  • El Ayuntamiento ha alcanzado una ejecución presupuestaria del 91,47% y ha abonado más de 28,4 millones de euros durante el ejercicio

 

El Ayuntamiento de Adra ha aprobado en su última sesión plenaria la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico de 2025, un documento que recoge la ejecución de los ingresos y gastos municipales, la situación financiera y los resultados de la actividad económica del Consistorio. El punto ha salido adelante pese al voto en contra de los grupos municipales PSOE, VOX y Plataforma por Adra. La concejala de Hacienda, Alicia Heras, ha defendido que las cuentas reflejan una gestión económica basada en “la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales”.

En su intervención, Heras ha destacado que “el balance global de este ejercicio muestra una gestión económica en la que hemos alcanzado un nivel de ejecución del presupuesto de gastos del 91,47%, habiendo gestionado más de 29,3 millones de euros destinados al funcionamiento de nuestra ciudad”. Asimismo, ha señalado que “los ingresos reconocidos han superado el 94,92% de las previsiones, con más de 30,58 millones de euros, mientras que el 96,94% de las obligaciones reconocidas durante el ejercicio han sido abonadas dentro del mismo año, lo que supone más de 28,4 millones de euros”.

La responsable municipal de Hacienda ha puesto también el acento en el resultado positivo del remanente de tesorería. “El resultado de esta gestión seria se refleja con claridad en el estado del Remanente de Tesorería, ya que cerramos el ejercicio con un remanente para gastos generales positivo de prácticamente dos millones de euros, concretamente 1.987.072,07 euros”, ha explicado. En este sentido, ha defendido que “garantizamos unos servicios públicos, pagamos a nuestros proveedores a buen ritmo, evitamos endeudarnos innecesariamente y cerramos el año con remanente de tesorería positivo”.

La Cuenta General refleja, además, un periodo medio de pago a proveedores de 17,54 días a lo largo del ejercicio, un indicador que la edil ha destacado como muestra del ritmo de cumplimiento de las obligaciones económicas municipales. Estas cifras, según ha defendido Heras, deben analizarse conjuntamente con el resto de los estados contables y los informes técnicos que forman parte del expediente, evitando limitar la valoración de la gestión económica a datos aislados.

Por último, Alicia Heras ha reafirmado el compromiso del equipo de Gobierno con la responsabilidad en la administración de los fondos públicos, la transparencia y la estabilidad económica municipal. La concejala ha insistido en la importancia de continuar trabajando para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y ofrecer a los vecinos información clara sobre la utilización de los recursos municipales.




Cádiz. Sanlúcar de Barrameda: El Gobierno destina más de 800.000 euros a la rehabilitación del Palacio de los Infantes de Orleans y Borbón en Sanlúcar

El Gobierno de España ha aprobado una subvención de 803.385 euros destinada al Palacio de los Infantes de Orleans y Borbón, sede del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en el marco de la convocatoria de ayudas de 2025 del Programa 2% Cultural.

La intervención en el inmueble sanluqueño forma parte del listado provisional de proyectos seleccionados por la Comisión Mixta integrada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Cultura.

Esta asignación se incluye dentro de las 18 actuaciones aprobadas para la comunidad autónoma de Andalucía, que suma una inversión global de 13,77 millones de euros. A nivel nacional, el programa ha consignado un total de 80 millones de euros repartidos entre 78 monumentos del patrimonio histórico español.

El Programa 2% Cultural es la herramienta de la Administración General del Estado orientada a la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico mediante la reserva del 2% de las partidas de los contratos de obras públicas de los ministerios participantes. Asimismo, el Ejecutivo central ha autorizado la aprobación de una nueva convocatoria de este programa dotada con 45 millones de euros para finales de año.




Cádiz. Sanlúcar de Barrameda: La A-480 y el puerto de Bonanza concentran la inversión de la Junta en Sanlúcar para 2027

  • Las cuentas autonómicas destinan 2,5 millones al tramo de pruebas de la carretera con Jerez, 1,38 millones a las obras del dique y 20.000 euros a la Fundación Manolo Sanlúcar

El proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2027 contempla tres partidas presupuestarias consignadas de manera específica para el municipio de Sanlúcar. El documento autonómico incluye asignaciones orientadas a la infraestructura viaria, la reparación portuaria y la actividad cultural de la localidad.

La partida de mayor cuantía en el municipio destina 2,5 millones de euros a la carretera A-480, que conecta Jerez de la Frontera con Sanlúcar. Según recoge el borrador presupuestario, los fondos se destinarán a la reconstrucción del tramo comprendido entre los puntos kilométricos 10 y 18, definido en la documentación técnica como fase 1 y tramo de pruebas. La actuación se limita a este trayecto de aproximadamente ocho kilómetros, sin que el documento concrete partidas adicionales ni establezca un calendario para completar el desdoblamiento integral de la vía.

En el área de infraestructuras portuarias, las cuentas recogen una partida de 1.381.849 euros orientada a la reparación del dique exento del puerto de Bonanza, con el fin de intervenir en las instalaciones pesqueras y portuarias del municipio.

La tercera consignación específica se sitúa en el ámbito cultural, donde se asignan 20.000 euros a la Fundación Manolo Sanlúcar para apoyar la actividad y gestión de la entidad encargada del legado del guitarrista sanluqueño.




Cádiz: 50 millones de euros para cerca de 3.000 nuevos aparcamientos en Cádiz

  • Ayuntamiento y Autoridad Portuaria proyectan tres grandes estacionamientos para solventar, en parte, el déficit de plazas que tiene el casco antiguo de la ciudad

 

El aparcamiento, su escaso número, es uno de los grandes problemas que tiene Cádiz en cuanto a la mejora de la movilidad urbana. Más allá de ir andando (el medio más usado por el gaditano), coger el autobús o utilizar la bicicleta como forma de recorrer la ciudad, hay un porcentaje de usuarios aún notable que sigue utilizando el vehículo privado.

La puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones, ZBE, planteaba en un primer momento una notable reducción del uso del automóvil al cerrarse el acceso al casco antiguo, salvo contados casos. Al final, la ZBE aprobada por el Ayuntamiento ha abierto tanto la mano que apenas se va a notar su impacto a la hora de reducir la presión de los vehículos en la trama urbana.

Junto al uso del coche por parte de los propios residentes en la ciudad, también hay que tener en cuenta el elevado número de coches que llegan a Cádiz con ciudadanos que, residentes en otras localidades, vienen a la capital a trabajar, a realizar gestiones administrativas, a realizar compras o, simplemente, por cuestiones de ocio. Teniendo en cuenta el deficitario sistema de transporte público en la provincia, y en la Bahía, muchos de ellos siguen optando por coger su propio automóvil, y buscar el correspondiente estacionamiento en el reducido término urbano. No hay que olvidar que, a pesar de los intentos de los diferentes planes de transportes metropolitanos de los últimos años, el 80% del tráfico es privado y el 20% público, y sin perspectiva de incrementar el segundo de ellos.

La construcción de aparcamientos subterráneos en la ciudad durante los gobiernos de Carlos Díaz y Teófila Martínez, no ha sido suficiente en estos años para atender la demanda, y más con el incremento de la llegada de turistas, aunque estos en buena parte utilicen otros medios de transportes. El sector del comercio local, especialmente el ubicado en el casco antiguo, es el colectivo más activo a la hora de reclamar plazas de aparcamiento que faciliten la llegada de clientes a la zona.

Tres grandes proyectos

Para intentar paliar en parte esta situación, ahora hay sobre la mesa tres proyectos de gran calado impulsados todos desde instituciones públicas, Ayuntamiento (dos de ellos) y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (uno). Es el impulsado por la administración portuaria el que se encuentra más avanzado en la primera fase de su desarrollo, mientras que los municipales van más lentos y a diferente ritmo.

Entre los tres aparcamientos se proyectan unas 2.800 plazas de aparcamiento, con una inversión global que ronda los 50 millones de euros.

El proyecto de mayor calado, en cuanto a plazas, es el que se encuentra más avanzado. Se ubicará en el muelle de contenedores Reina Sofía, pendiente de desalojo y traslado a la nueva dársena. Será un equipamiento en altura, planta baja más una altura, aprovechando el desnivel entre el paseo superior de la Punta de San Felipe y la superficie del actual muelle de contenedores.

La Autoridad Portuaria ya ha aprobado la concesión administrativa para ejecutar y gestionar este aparcamiento a la empresa Iniciativas Sociales Productivas. La inversión prevista es de 20.2 millones de Cádiz para habilitar 1.024 plazas de estacionamiento, con 39 puntos de recarga eléctrica. El plazo de ejecución se ha fijado en 16 meses, por lo que este equipamiento podría estar en funcionamiento el último tramo de 2028, teniendo en cuenta que para esta época ya se habrán trasladado los contenedores a su nueva ubicación.

Este equipamiento jugará un papel relevante en el intento por reducir el tráfico por el casco antiguo. Esa era una de las intenciones del anterior gobierno local de la coalición de izquierdas, tanto con su versión de la ZBE como su proyecto de peatonalización de la plaza de España, que eliminó varias decenas de aparcamientos.

En manos del Ayuntamiento está la construcción del segundo aparcamiento en número de plazas: el previsto entre la terminal ferroviaria y la muralla de la Cuesta de las Calesas. Será un millar hasta alcanzar la propia plaza de Sevilla. Como coste se maneja la cifra de unos 23 millones de euros. Ahora se acaban de iniciar los trabajos de prospecciones arqueológicas para comprobar si en la zona aparecen restos con valor histórico, sobre todo de barcos porque esta era una zona de rocas y de mar, hasta que se rellenó para la llegada del tren a Cádiz a mediados del siglo XIX. En su momento, cuando se construya este aparcamiento se ubicará sobre el mismo una gran aparcamiento.

El tercer aparcamiento se ubicará en la avenida de Astilleros, en el solar en manos del Ayuntamiento donde éste quiere levantar un estacionamiento en altura con unas 700 plazas. En este caso, ni hay proyecto, salvo algunas ideas de diseño de empresas especializadas en este modelo de equipamiento, ni presupuesto (que redondeará los 50 millones en el conjunto de los tres proyectos), ni por ello empresa para su ejecución, aunque todo hace prever que será un plan prioritario para el gobierno local en el próximo mandato.