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Inversión millonaria de la Junta para mejorar mil kilómetros de carreteras dañadas por temporales

  • El Gobierno andaluz saca a licitación contratos por valor de 151,5 millones de euros con el fin de apostar por la seguridad vial

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una de las mayores actuaciones de los últimos años sobre la red viaria autonómica. El Gobierno andaluz ha sacado a licitación contratos por valor de 151,5 millones de euros destinados a la mejora de 1.000 kilómetros de carreteras a lo largo de toda la comunidad autónoma, una intervención que se desarrollará a lo largo de 2026 y que supone un salto sin precedentes en inversión en firmes.

La actuación será gestionada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que ha licitado los nuevos contratos de renovación de firmes, multiplicando por 17 la cantidad que habitualmente se destinaba a este tipo de trabajos en la red viaria autonómica. El deterioro de muchas carreteras se ha visto agravado en los últimos años por episodios de lluvias torrenciales, como las recientes Danas, que han acelerado el desgaste del pavimento.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado que “se han redoblado los esfuerzos por parte del Gobierno de Juanma Moreno para actuar de forma inmediata en mil kilómetros de nuestras carreteras, los que se encontraban en peor estado”. En este sentido, ha recordado que desde 2019 se han ido incrementando las partidas destinadas a la conservación de los más de 10.500 kilómetros de red viaria autonómica, después de “años en los que los anteriores gobiernos llegaron a reducir a la mitad una inversión”.

Según ha explicado la titular de Fomento, “el Plan de Asfaltado va a revertir de manera sustancial la situación y va a suponer un nuevo impulso a nuestro compromiso con la seguridad vial”. Díaz ha señalado además que los resultados del plan comenzaron a apreciarse ya el pasado año, cuando se ejecutó una inversión de 24 millones de euros exclusivamente para la renovación de firmes. “Estos nuevos contratos darán continuidad al trabajo emprendido en 2025”, ha añadido.

Los contratos licitados tienen como objetivo garantizar niveles adecuados de seguridad y comodidad para los usuarios, además de mejorar las características estructurales de los tramos más deteriorados detectados en las ocho provincias andaluzas. Para ello, se ha realizado un análisis detallado del estado de la red viaria, que permitirá una correcta ejecución de las distintas capas del firme.

Reparto por provincias

La licitación se ha dividido en 16 lotes, dos por provincia. El reparto económico asciende a 17,5 millones de euros por provincia, salvo en Cádiz y Sevilla, que recibirán 22,5 y 24 millones, respectivamente, debido al número de kilómetros y al estado de sus carreteras. Esta distribución permitirá una intervención equilibrada y adaptada a las necesidades de cada territorio.

Las actuaciones previstas incluyen la reparación de blandones y baches, el fresado y reposición del pavimento, la recuperación de capas inferiores del firme, el extendido de mezclas bituminosas, el sellado de pavimentos, el repintado de la señalización horizontal, la reposición o elevación de elementos de contención, balizamiento, juntas de dilatación en estructuras y espiras en estaciones de aforo. Los contratos contemplan además la posibilidad de prórroga, lo que supondría un incremento tanto de la inversión como de los tramos atendidos.

Esta intervención se enmarca dentro de la estrategia de conservación de firmes, uno de los elementos funcionales más relevantes de cualquier carretera. El estado actual de la red autonómica obliga a recuperar la capacidad portante de numerosos tramos que se encuentran en situación deteriorada o muy deteriorada.

El Gobierno andaluz ha priorizado estos contratos ante la urgencia de actuar en los puntos más afectados. De hecho, los contratos actualmente en vigor, por 24 millones de euros, ya fueron reajustados casi en su totalidad para adelantar a 2025 actuaciones inicialmente previstas para 2026.

Las empresas interesadas en ejecutar estos trabajos podrán presentar sus ofertas hasta mediados de febrero a través del portal electrónico Sirec de la administración andaluza.




El Parlamento aprueba el Presupuesto 2026, la prueba de la “estabilidad” del Gobierno andaluz

  • Las cuentas de la Junta para 2026 incluyen once millones de euros de enmiendas de la oposición y otros 234,6 millones de las del PP
  • Entrará en vigor el próximo 1 de enero, asciende a 51.597 millones e incluye 16.265 millones de euros para la Sanidad, mil millones más que hace un año

 

El Gobierno andaluz está de celebración y no es por la Navidad. Ha conseguido aprobar, y van siete años, las cuentas para el próximo año en la comunidad autónoma en tiempo y forma aunque haya sido sólo con los votos de la mayoría absoluta del PP y el rechazo de toda la oposición en bloque, desde el PSOE a Vox pasando por Adelante Andalucía y Por Andalucía, aunque con algunos matices ya que se vota por separado. Y son, además, unas cuentas expansivas que crecen un 5,6% respecto al año anterior alcanzando los 51.597,9 millones de euros de los que la sanidad se lleva 16.265 millones de euros, mil millones más que el año anterior para hacer frente a la revolución del SAS que Juanma Moreno se ha comprometido a llevar a cabo tras la crisis de los cribados del cáncer de mama.

La trascendencia de estas cuentas va más allá de programar el gasto para el próximo ejercicio por la convocatoria electoral de la próxima primavera. En primer lugar, porque el presidente andaluz las presenta como un hecho diferencial de Andalucía, “hoy aprobamos el Presupuesto que es el proyecto de ley más importante de todo el año. Llevamos seis meses trabajando en él y hoy, por fin a diferencia del Gobierno de España y de la mayoría de comunidades autónomas que tienen que disolver sus parlamentos, nosotros lo vamos a aprobar”, ha dicho Moreno en los pasillos de la Cámara.

Además, si se sigue al pie de la letra lo que dicen las encuestas, incluyendo el Barómetro Andaluz que realiza la propia Junta de Andalucía, es posible que Juanma Moreno no logre mayoría absoluta en las urnas, por lo que estas cuentas de 2026 podrían ser un presupuesto a dos años; Moreno podría seguir gobernando con sus cuentas prorrogadas en 2027, lo que le daría un amplio margen de negociación en la siguiente legislatura.

Sobre todo porque el Presupuesto 2026 incluye los principios políticos del Gobierno del PP en Andalucía: certidumbre, bajada de impuestos y colaboración público-privada tanto en vivienda como en la construcción de infraestructuras. Eso además de la creación de empleo. Porque el documento que ha llegado al Parlamento contempla la creación de 85.750 nuevos puestos de trabajo que reducirían la tasa de paro por debajo del 14% (13,9%), algo que no ocurre en Andalucía desde el tercer trimestre del año 2007.

Las enmiendas

Hay otro dato relevante. Las cuentas aprobadas para el próximo año incluyen enmiendas de los cuatro grupos de la oposición por valor de casi once millones de euros, 10.945.000 euros exactamente, en 32 enmiendas de las que la mayoría corresponden a Vox, a los que les han aceptado 18; seguidas de Por Andalucía y Adelante Andalucía, con cinco a cada uno; y el PSOE, grupo al que han admitido cuatro enmiendas. Se trata de un gesto político más que de fondo ya que se han registrado 2.660 enmiendas parciales a las cuentas de la Junta, muchas de las cuales han ido decayendo a lo largo de la tramitación de las cuentas. Otras se han ido incorporando hasta las aprobadas definitivamente este jueves que hacen referencia a la construcción de un centro de participación activa en Lopera (Jaén), propuesta por el PSOE; ayudas al asociacionismo comercial y artesanal que ha planteado Por Andalucía, o la limpieza de cauces y la mejora de infraestructuras hídricas en Granada, Almería, Huelva, Cádiz y Málaga, además de la finalización del centro de Salud de Aracena o el Plan Turístico de Grandes Ciudades que ha planteado Vox.

Del grupo Adelante Andalucía se han incorporado enmiendas vinculadas a ayudas para cooperación al desarrollo y acción humanitaria por un importe global de 245.000 euros; 15.000 euros para un estudio de viabilidad del centro de visitantes de Pinar de Algaida, en la zona sur del Parque de los Toruños (Cádiz); o la construcción de un centro de Interpretación en el yacimiento Asta Regia de Jerez de la Frontera (Cádiz) dotada con 20.000 euros.

El PP ha sido el grupo que más enmiendas ha incorporado al texto final, hasta un total de 107 por valor de 324,6 millones de euros. Ha sido el mecanismo político para que los populares cumplan los compromisos con diferente entidades colectivos y también con proyectos concretos en diferentes localidades.

Al término de la votación, Carolina España ha agradecido el trabajo de los grupos y del personal de la consejería, “no son cifras abstractas sino razones para avanzar, para creer y para liderar. Es el presupuesto de todos los andaluces, porque cuando se abren nuevos centros de salud y hospitales, cuando las guarderías para nuestros hijos son gratuitas, o cuando la atención para nuestros mayores se aumenta… podemos decir claramente que ganamos todos los andaluces”. España ha dicho también que el Presupuesto marca el camino hacia el futuro y también que ahora toca al Gobierno examinarse ante los andaluces, “es el momento de apostar por la estabilidad”. “Me siento con el deber cumplido de entregar una Andalucía mejor de la que me había encontrado”.




Andalucía asfaltará 120 carreteras autonómicas en 2026: habrá obras en los 1.000 kilómetros prioritarios

  • Las intervenciones se ejecutarán entre 2026 y 2027 en las vías en las que se han detectado más desperfectos y un mayor riesgo para la seguridad vial

 

La Junta de Andalucía ha fijado ya sus 120 intervenciones prioritarias para reparar desperfectos y asfaltar 1.000 kilómetros de carreteras, lo que supone una décima parte de una red conformada por 10.000 kilómetros en total. Para ello contará con más de 150 millones de euros de presupuesto que se distribuirán durante los años 2026 y 2027 a través de un macro contrato que se licitará por 140 millones de euros. Además, habrá ocho intervenciones singulares que se encuentran ya redactadas pendientes sólo de la licitación valoradas en otros 26 millones.

El nuevo plan está programado en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 y su tramitación por parte de la Consejería de Fomento ha arrancado ya. Está dividido en dos partes. En primer lugar, un macrocontrato con más de 110 proyectos repartidos por todas las provincias autonómicas que se licitará por un importe de 144 millones de euros determinados en función de las prioridades detectadas en cada una de las provincias. El plan de la Consejería de Fomento abarca todas las provincias aunque son las de Sevilla, Jaén y Córdoba las que tienen más carreteras de titularidad autonómica en las que se realizarán labores de asfaltado. Almería y Huelva, sin embargo, serán en las que menos proyectos se ejecuten.

Junto a esto, la Junta de Andalucía ha diseñado una batería de intervenciones singulares que suman un presupuesto de 26 millones de euros y que se ejecutarán entre los años 2025-2026. Concretamente, se trata de la duplicación de la A-1051 en Roquetas del Mar (5 millones de euros), la nueva conexión del Polígono Alcalá La Real (9 millones de euros), la mejora de la A-343 en la Glorieta de Antequera ( 1 millón), la pasarela peatonal de Palma del Río (1 millón), la terminación de la carretera de Valsequillo (9 millones ), la glorieta de La Oliva en Véjer (555.000 euros), la Glorieta del Serrallo de Almería (636.000 euros) y la Glorieta de Palma del Condado en Huelva (790.000 euros).

A través de otras partidas presupuestarias se han activado proyectos estratégicos en zonas de gran afluencia y con un enorme volumen de vehículos como la carretera A-395 de acceso a Sierra Nevada que tiene en marcha un plan de mejora integral y paisajística; la ampliación de la capacidad de la A-483 entre Almonte y El Rocío o el desdoble de la A-491 entre el Puerto de Santa María y Rota, uno de los puntos más conflictivos de la costa gaditana que acaba de aprobarse.

En total, con el presupuesto de 2026, se ejecutarán 234 millones de euros en las labores de conservación y mantenimiento a través de los contratos ya existentes, 140 millones en un plan de mejora del firme de 1.000 kilómetros de viales y otros 15 millones para una batería de intervenciones urgentes en materia de seguridad vial. En total, casi 400 millones de euros que refuerzan la línea de las actuaciones diseñadas los últimos años.

¿Cuáles son los tramos de carreteras que se van a asfaltar en Sevilla?

Para la determinación de las prioridades de ejecución de los planes de asfaltado se han tomado como referencia las zonas que hayan sufrido más desperfectos a lo largo de los últimos años, especialmente con el temporal, así como aquellas carreteras con más tramos donde se produzcan más accidentes y con más riesgo para la seguridad vial.

Concretamente, en el caso de la provincia de Sevilla esto afectará a 165 kilómetros repartidos por 24 carreteras que atraviesan municipios como La Rinconada, Morón, Utrera o Mairena del Alcor.

  • A-8005 La Rinconada
  • A-460 Guillena y Burguillos
  • A-8050 Puebla del Río
  • A-8076 Gines y Espartinas
  • A-8006 El Viar y Alcalá del Río
  • A-8026 Mairena del Alcor
  • A-8053 Venta del Cruce-Poblado Alfonso XIII
  • A-8058 Coria del Río
  • A-375 Utrera, El Coronil, Montellano y Puerto Serrano
  • A-369 Morón de la Frontera
  • A-471 Las Cabezas de San Juan-Lebrija
  • A-394 Arahal, Utrera
  • A-361 Marchena, Morón
  • A-388 Écija-Marinaleda
  • A-364 Écija-Marchena
  • A-380: Carmona-Marchena
  • A-436 Cantillana, Alcolea del Río, Villanueva del Río y Minas
  • A-406: Morón, Saucejo, Martín de la Jara
  • A-363 Morón de la Frontera, Pruna
  • A-8050 Travesía Puebla del Río
  • A-462-A8004 Travesía Brenes
  • A-460 Travesía Guillena
  • A-8076 Travesía Espartinas
  • A-8077 Travesía Olivares

Estas son las carreteras en las que están programadas obras

En cuanto al resto de provincias, en Almería está programada la intervención en 9 tramos de 87 kilómetros; en Granada en otros nueve tramos de 167 kilómetros; en Málaga en 84,3 kilómetros repartidos por 12 carreteras ; en Córdoba en 216 repartidos por 23 vías; en Cádiz en 13 carreteras autonómicas que suman 154 kilómetros; en Huelva en 79 kilómetros de 12 vías y en Jaén en 200 kilómetros de 16 tramos.

Los principales tramos con obras en 2026 son:

Almería

  • A-370 Gallardos-Garrucha
  • A-332 Cuevas de Almanzora-San Juan de los Terreros
  • A-92 Tabernas-Uleila del Campo

Granada

  • A-403: Benalúa de las Villas
  • A-4154 Ventorros-Algarinejo
  • A-4155 Salar-Alhama
  • A-341 Venta El Rayo-Zafarraya

Málaga

  • A-2300 Ronda
  • A-92 Antequera-Archidona
  • A-377: Gaucín-Casares
  • A-7203: Villanueva del Rosario-Tabuco-Antequera

Jaén

  • A-319: La Iruela-Santo Tomé-Santiago Pontones
  • A-420 Andújar-Marmolejo
  • A-6050 Valdepeña de Jaén-C.Locubín

Códoba

  • A-331 Lucena-Rute-Iznájar
  • A-305 Bujalance-Córdoba-Castro del Río
  • A-431 Córdoba-Palma del Río-Almodóvar
  • A-379: Santaella-Puente Génil

Cádiz

  • A-381 Jerez-Alcalá-Los Barrios
  • A-382: Jerez-Los Arcos
  • A-384: Bornos-Villamartín-Algodonales-Olvera
  • Huelva

    • A-494 Moguer-Almonte
    • A-476: Castillo de las Guardas-Minas de Riotinto
    • A-461: El Campillo-La Granada de Riotinto



La Junta de Andalucía podrá reutilizar su superávit para un plan extraordinario de inversión de 1.100 millones

  • El Gobierno andaluz podrá aprovechar estos recursos para proyectos vinculados con la eficiencia energética o la lucha contra el cambio climático al cumplir con los requisitos fijados por el Ministerio de Hacienda

 

El pasado 2 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó una medida pactada principalmente con el nacionalismo catalán para que todos los ayuntamientos y las comunidades autónomas que cumplieran una serie de requisitos pudieran reutilizar el superávit de 2024 (la diferencia entre el dinero que ingresó y el que gastó) en inversiones durante los próximos tres años. En el caso de Andalucía, los municipios podrán disponer a través de esta vía extraordinaria de más de 760 millones de euros. Sin embargo, la principal beneficiaria de esta medida acordada por el Ministerio de Hacienda será la Junta de Andalucía.

El ejercicio 2024 la Junta de Andalucía cerró con un supe superávit que permanecía bloqueado, de modo que únicamente se podían destinar a la cancelación de deudas sea a través de una amortización anticipada, como ha ocurrido en ayuntamientos como el de Sevilla, o a través de una reducción de los créditos que estaba previsto solicitar en el ejercicio para ejecutar inversiones.

Ahora, de acuerdo con el plan aprobado por el Ministerio de Hacienda, en torno a 1.100 millones de euros de este superávit, se podrán recuperar para la ejecución de inversiones durante los próximos tres años, de forma que se convierte en un complemento al mayor presupuesto que ha tenido Andalucía y que se aprobará de forma definitiva en los próximos días en el Parlamento andaluz con 51.597 millones de euros.

Este margen extra viene, no obstante, con condiciones. En primer lugar, la Administración que se acoja a esta medida tiene que cumplir con el periodo medio de pago y con los objetivos de estabilidad y de deuda pública. La Junta de Andalucía cumple, según fuentes consultadas, con estos criterios por lo que está en disposición de recuperar estos 1.100 millones para la ejecución de proyectos financieramente sostenible.

De hecho, en un escrito remitido este mismo año al Ministerio de Hacienda, la Junta de Andalucía solicitó medidas extraordinarias para poder reutilizar el excedente de ingresos recaudados en 2024 en relación con los gastos (el superávit) en servicios públicos o inversiones. El Gobierno andaluz, que tiene créditos de intereses cómodos en el mercado privado y no está interesado en realizar una macro operación de cancelación anticipada de deuda o en reducir los créditos que tiene previsto solicitar este año a los bancos

Los fondos no se podrán reutilizar de cualquier forma. El dinero sólo se podrá dedicar, según lo aprobado por el Consejo de Ministros, “para realizar inversiones con efectos positivos para el cambio climático, que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética, que permitan evitar gastos recurrentes o que impliquen ahorros en ejercicios futuros”. Para ello, la Junta dispone de un margen de tres años. Entran en este marco infraestructuras de transporte como Metro, planes de vivienda o actuaciones contra la sequía.

Estos 1.100 millones de euros, en cualquier caso, no computarán en el techo de gasto de los próximos años. Es decir, suponen un mayor margen de recursos económicos y posibilidades de ejecución de los mismos.

Senda de déficit y condonación de deuda

La propuesta de reutilización del superávit para inversiones ha sido la única de las medidas planteadas durante las últimas semanas por el Ministerio de Hacienda que no se ha encontrado con un rechazo frontal por parte de la Junta de Andalucía.

El Gobierno de Juanma Moreno sí ha cuestionado el planteamiento de revisar la senda de déficit para las autonomías concediendo un margen de un 0,1% durante los próximos tres años. Esta medida, en el caso andaluz, supondría 234 millones en 2026, 244 en 2027 y 253 en 2028. Pero esto no es un dinero disponible y efectivo sino un mayor margen para el endeudamiento que no entra, de momento, en los planes del Gobierno andaluz que no tiene previsto un incremento de su deuda (sólo se piden créditos para refinanciar los ya contraídos y únicamente a través de entidades y fondos privados). No obstante, el Gobierno andaluz sí admitió que analizaría si acogerse a este recurso, no previsto en el proyecto de presupuesto para 2026, si finalmente es aprobado en el Congreso de los Diputados.

También mantiene un rechazo rotundo la Junta de Andalucía a la propuesta de quita de deuda planteada por el Ministerio de Hacienda y aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes. En el caso andaluz supone una quita de 18.791 millones de euros y un ahorro de intereses que el último informe de la Airef cifra en 2.655 millones de euros. Sin embargo, la Consejería de Hacienda mantiene su negativa a aceptar una medida que “no ha pedido nadie y que sólo beneficia a Cataluña”, según subraya la portavoz Carolina España.

Margen para los ayuntamientos

El uso del superávit de 2024 tiene un impacto significativo en los ayuntamientos. En total, según los datos difundidos por el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, los municipios dispondrán de 761 millones de euros para financiar actuaciones que antes de la aprobación de este decreto se podían usar sólo para cancelar deuda. Así lo han hecho, por ejemplo, ayuntamientos como el de Sevilla.

En el caso de la provincia de Sevilla, el volumen de recursos que se incorporan al presupuesto de los ayuntamientos para inversiones asciende a 176,21 millones de euros como subrayaron el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, durante el encuentro que mantuvieron el pasado miércoles.




CEACOP reclama más inversión estable y mejor ejecución en el Presupuesto andaluz de 2026

Las cuentas alcanzan los 6.413 millones de euros, un 10% más que las de 2025

El secretario general de CEACOP, Arturo Coloma Pérez, compareció ante la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para analizar el Proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía para 2026.
Coloma valoró el incremento global de la inversión pública, que alcanza los 6.413 millones de euros, un 10% más que en las cuentas de 2025. Destacó especialmente los 550 millones para vivienda, los 240 millones para conservación de carreteras —una partida largamente reivindicada—, los 632 millones para infraestructuras de transporte y los 665 millones destinados a actuaciones hídricas.
El reverso de la moneda lo aporta el desplome en inversión educativa: 245 millones, frente a los 400 del ejercicio anterior.

Inversión
El secretario general de CEACOP insistió en la necesidad de reforzar la inversión en infraestructuras, no solo para nuevas construcciones sino también para el mantenimiento del patrimonio ya construido. “El mantenimiento requiere un esfuerzo inversor sostenido que se actualice al menos con la inflación”, advirtió.
CEACOP volvió a subrayar un mantra: la inversión en infraestructuras no es un gasto, sino un motor económico capaz de generar ingresos, ya que gran parte de lo invertido retorna a la administración vía tasas e impuestos, y de crear empleos directos e indirectos. Y recordó que las infraestructuras resultantes quedan al servicio de la ciudadanía y de la actividad económica que depende de ellas.
Coloma también reclamó ejecución presupuestaria al 100% y transparencia total sobre el grado de cumplimiento: “El presupuesto no se puede quedar solo en buenas intenciones”.
La patronal pidió de nuevo incrementar la inversión con fondos propios. La dependencia de financiación europea advirtió, obliga a encajar proyectos en programas que no siempre responden a las necesidades reales del territorio. Este año, el presupuesto autonómico recoge más de 600 millones de fondos propios.

Infraestructuras
En cuanto al reparto presupuestario. Estas cuentas recogen un refuerzo en la inversión viaria, destinando para asfaltado 240 millones de euros, 140 millones más que el año pasado, acercándose a la partida que CEACOP considera imprescindible para mantener la red autonómica en condiciones óptimas.
En materia de vivienda, la inversión asciende a 550 millones, 187 más que en 2025, destinándose la mitad a rehabilitación energética y de seguridad. CEACOP reclama que la Junta incluya una línea para la construcción directa de vivienda pública, lo que permitiría generar un flujo estable en proyectos. “Las empresas ante un plan definido de actuación pública podríamos facilitar la construcción de un número muy considerable de viviendas”, subrayó Coloma.

El secretario general abordó además la urgencia de reestablecer sistemas de revisión de precios que permitan reequilibrar automáticamente los contratos ante las tensiones inflacionarias. Como ejemplo, señaló la situación del Acuerdo Marco para obras en centros educativos, donde la Consejería de Desarrollo Educativo adeuda 20 millones a las empresas ejecutoras por revisiones pendientes.

CEACOP volvió a exigir a la creación de un organismo de clasificación de empresas dependiente de la Junta de Andalucía, similar al existente en otras comunidades. “Llevamos desde 2023 reclamando este órgano y no vemos avances. Hace falta voluntad política y dotación presupuestaria para su puesta en marcha”, remarcó.

Para cerrar su intervención, Coloma expresó la inquietud del sector por el creciente uso de medios propios como Tragsa, Tragsatec e Ineco, cuya adjudicación —según el último informe anual elaborado por CEACOP— se ha disparado. La patronal alerta de que esta tendencia reduce la licitación pública, distorsiona el mercado y erosiona la libre competencia. Reclaman que estos encargos se limiten a casos excepcionales y plenamente justificados.




Así construye la Junta de Andalucía las ciudades de la justicia que pondrán fin a los alquileres millonarios y a la dispersión de los juzgados

  • La sede de Jaén, cuyas obras empiezan en 2026, será el primer edificio de España construido por “concesión de obra pública”, una modalidad público-privada en la que la Junta no paga nada hasta que recibe el inmueble

 

El Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, está desplegando su Plan de Infraestructuras Judiciales, en marcha desde 2023 y con el horizonte de 2030, para construir nuevas sedes judiciales y reformar otras ya existentes. Se edificarán ciudades de la justicia en las capitales andaluzas que no cuenten con ellas y en grandes municipios. El objetivo es recortar los alquileres millonarios de inmuebles para juzgados y poner fin a la dispersión de órganos judiciales.

La Consejería andaluza de Justicia, Administración Local y Función Pública, que dirige José Antonio Nieto, paga anualmente 30 millones de euros para hacer frente a los cientos de alquileres de inmuebles que tiene repartidos por las ocho provincias andaluzas. Es la consejería andaluza que más gasta, con mucha diferencia, en arrendamientos. Esa partida millonaria incluye el edificio Noga de Sevilla, que cuesta al año 2.106.463,15 euros y es el alquiler más caro de Andalucía entre las sedes judiciales. En el otro extremo está el más barato, que es uno de los juzgados de Órgiva (Granada) por el que se abonan 17.698,28 euros anuales, según han informado a EL MUNDO fuentes de la Consejería de Justicia.

Para recortar esa factura millonaria en alquileres, el Plan de Infraestructuras Judiciales, que prevé movilizar 1.500 millones de euros, tiene en marcha varios proyectos. Los más novedosos son los de colaboración público-privada, que se desplegarán en las futuras ciudades de la justicia de Jaén, Huelva o el nuevo edificio de Cádiz. La fórmula elegida por la Consejería -una concesión de obra pública– entraña cierta dificultad administrativa y no se ha utilizado mucho por las administraciones del país, pero tiene la ventaja de que la Junta no paga nada hasta que recibe el inmueble.

Ciudad de la Justicia de Jaén

El proyecto más avanzado es el de Jaén. Precisamente en esta capital se concentran los mayores problemas de dispersión de sedes, con trece inmuebles distintos para albergar juzgados. De los trece, doce son alquilados y solo uno es propiedad de la Junta de Andalucía. Está previsto que las obras de la Ciudad de la Justicia de Jaén comiencen en 2026.

Según la Consejería andaluza de Justicia, este inmueble de Jaén será el primer edificio de España construido por “concesión de obra pública”, la fórmula elegida por la Junta, prevista en la Ley de Contratos Públicos, pero hasta ahora poco explotada en España.

“No ha sido fácil”, pues al ser una fórmula poco explorada genera cierto recelo y requiere además de una tramitación administrativa compleja, “con un estudio de viabilidad previo, que en nuestro caso además se realiza a iniciativa privada, o la posterior elaboración del pliego de prescripciones técnicas que incluye la redacción de los proyectos, su ejecución y su posterior gestión”, ha explicado la viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Corredera.

La viceconsejera ha explicado el modelo andaluz de colaboración público-privada para construir sedes judiciales en el mayor foro nacional de inversión en infraestructuras, Investructuras, que esta semana ha reunido en Madrid a 200 profesionales de entidades financieras, constructoras, aseguradoras, asesorías y administraciones públicas.

Entre las ventajas del modelo elegido por la Junta está que la empresa redacta los proyectos necesarios, ejecuta la obra y pone a disposición el edificio, de tal forma que la Administración “no empieza a pagar a hasta que recibe el inmueble”, ha detallado la viceconsejera.

Además, la Junta paga la ciudad de la justicia con “un canon fijo, cuyo coste se puede prever en los presupuestos de manera segura” y, posteriormente ya con la actividad en marcha, “se hacen cargo de todo el mantenimiento, con lo que tenemos un solo concesionario y no es necesario sacar diferentes contratos de mantenimiento, seguridad o limpieza por separado, ni para varias sedes judiciales”, ha añadido.

De esta forma, la Junta puede poner en marcha varios proyectos de envergadura al mismo tiempo, sin necesidad de reservar en los presupuestos partidas millonarias para que comiencen las obras. “Se trata de una forma de financiación complementaria cuando la administración no cuenta con recursos propios para poder abordar infraestructuras necesarias”, ha indicado Corredera.

El Plan de Infraestructuras Judiciales contempla varias vías de financiación: la inversión propia de la Junta, que ha crecido casi un 80% desde 2018; la colaboración público-pública con ayuntamientos y diputaciones que adelantan la ejecución previo compromiso del Gobierno andaluz de abonar un canon anual durante 30 años con el que recuperarán más de lo invertido; y el uso por primera vez para Justicia de fondos europeos. La otra vía es la colaboración público-privada con la que se van a construir las ciudades de la justicia de Jaén, Huelva y Cádiz.




El presupuesto de Justicia supera los 933 millones con un incremento del 80% de la inversión propia

  • El consejero Nieto presenta las cuentas en el Parlamento y destaca el impulso a la mediación con el doble de fondos que en 2025

 

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha presentado en comisión parlamentaria las cuentas de su departamento para 2026, que alcanzan los 933.421.472 euros, un 1,6% más que el ejercicio anterior. Nieto ha subrayado el impulso que estos presupuestos van a suponer para la Justicia andaluza, ya que suponen un 40,33% más de fondos con respecto a 2018. Un incremento que se traduce en un 80% más de inversión con fondos propios en infraestructuras judiciales que en 2025; y una apuesta por la humanización de la Justicia con el impulso a servicios como el de mediación que dobla la cuantía de 2025 y que supone un 1.450% más de lo que se invertía en este capítulo hace siete años. Todo ello, sin olvidar la apuesta por el municipalismo y la modernización de la Administración Pública.

Nieto ha subrayado que se trata de unos “presupuestos realistas, responsables y profundamente comprometidos con el progreso de Andalucía”, que culminan la legislatura consolidando un modelo de gestión basado en la “modernización, la eficiencia y la cercanía a la ciudadanía”. “Son unos presupuestos al servicio de las personas, equilibrados, coherentes y orientados a mejorar la eficiencia, la calidad del servicio público y la dignificación del empleo”, en línea con las cuentas generales de la Junta, “que este año superan la cifra histórica de los 51.500 millones de euros”.

Uno de los ejes principales de las cuentas de la Consejería para 2026 es el impulso al Plan de Infraestructuras Judiciales, con actuaciones en el 100% de los 85 partidos judiciales andaluces, para lo que se aumenta la partida de inversiones hasta los 53 millones, de ellos más de 38 millones son fondos propios, lo que implica un 80% más que el ejercicio anterior. Todo ello, gracias al plan de refuerzo de inversiones puesto en marcha por el Gobierno andaluz, por el que la Consejería recibe 15 millones de euros que destinará a tres proyectos: la mejora de las zonas comunes de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, la nueva sede de Vélez Rubio (Almería) y el proyecto de El Puerto de Santa María (Cádiz).

Además, la Consejería tiene previsto iniciar en 2026 las obras de la nueva sede judicial de Huércal-Overa (Almería), la Ciudad de la Justicia de Algeciras, la rehabilitación del complejo de Tabacalera como parte de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, terminar la nueva sede judicial de Órgiva (Granada), comenzar los trabajos de rehabilitación de la sede judicial de Villacarrillo (Jaén); o continuar con la adaptación del complejo de Palmas Altas como Ciudad de la Justicia de Sevilla, como proyectos más destacados.

Asimismo, gracias a la aplicación de fondos europeos PIREP, se terminarán las obras de mejora en el Palacio de Justicia de Huelva, en las sedes de Montilla (Córdoba) y Fuengirola (Málaga) o el edificio judicial La Caleta, en Granada. Estos trabajos están permitiendo cambiar la climatización de estos edificios, ventanas o cubiertas exteriores. Obras a las que se sumarán actuaciones para lograr inmuebles más eficientes energéticamente en diferentes partidos judiciales, entre las que destacan la instalación de placas fotovoltaicas, por valor de más de nueve millones de euros.

“Se trata de mejorar las infraestructuras judiciales, implantar un sistema sólido de gestión digital y crear el mejor ambiente de trabajo para los funcionarios”, ha subrayado.

Junto a los fondos propios y los europeos, el Plan de Infraestructuras Judiciales se basa en dos fórmulas más de financiación: la colaboración público-pública y público-privada. Ninguna de ellas cuenta con una partida concreta, pues la Consejería abonará en los dos casos los cánones correspondientes a cada una de las nuevas sedes construidas con estas fórmulas, pero cuando estas ya funcionen como tal.

Así, ha recordado que mediante la financiación por colaboración público-privada se van a ejecutar las ciudades de la Justicia de Cádiz (el nuevo edificio), Jaén y Huelva. Mientras que, por la vía de la colaboración público-pública, la Consejería ya ha impulsado casi una veintena de protocolos con ayuntamientos y diputaciones. Nieto ha destacado los convenios firmados con Roquetas de Mar (Almería) para el nuevo Complejo Judicial, “del que pronto pondremos la primera piedra”, y con Torrox (Málaga), cuyas obras arrancarán en 2026.

Por una Justicia más humana

“Pero no todo es ladrillo”, sino que una parte muy importante de la Estrategia Justicia Andalucía, que en breve será aprobada, es el Plan de Humanización de la Justicia, que tiene un reflejo claro en las cuentas de la Consejería para lograr “una Justicia más empática y orientada a las personas”.

Así, y siguiendo la línea marcada por los presupuestos “más sociales”, este año se eleva la cuantía destinada al Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), un recurso gratuito al que las víctimas de cualquier delito pueden acudir para recibir acompañamiento durante todo el proceso judicial, con 2,9 millones de euros; lo mismo ocurre con los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), donde se ejecutan las visitas y entregas de menores entre progenitores en casos de conflictos familiares graves, con tres millones; a los que se suman los 240.000 euros para el proyecto de los facilitadores, una figura pensada para acompañar en el proceso judicial a las personas con discapacidad. En total, más de 6,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 178% con respecto a lo que se destinaba en este capítulo en 2018.

Asimismo, la mediación, como vía alternativa de resolución de conflictos, es otra de las grandes apuestas de las cuentas de la Consejería con más de 3,1 millones de euros, el doble que el año pasado y un 1.450% más de lo que se destinaba en 2018. De esta forma, no solo se consolida el Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA), sino que se consignan los fondos para el nuevo Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA).

En este contexto, la Consejería refuerza la Justicia Juvenil, con un presupuesto de 82,7 millones de euros, y las cuantías destinadas a Justicia Gratuita, que desde el año pasado incluye como medida pionera la mediación, y cuyo crecimiento es ya de más de un 23% desde 2018, con casi 54 millones de euros. “Queremos que Andalucía sea una referencia en materia de Justicia en España y ya lo estamos consiguiendo en Justicia Juvenil y en mediación”, ha defendido.

Por último, Nieto también ha hecho alusión al incremento del presupuesto para personal, que ya supera los 420 millones de euros, lo que supone 16 millones más que el año pasado. Este aumento responde, en gran medida, a la dotación de casi un centenar de nuevas plazas de funcionarios creadas para adaptar las plantillas al nuevo modelo de tribunal de instancia de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada por el Gobierno en enero de 2025 sin memoria económica, por lo que “tenemos que destinar una parte importante de recursos a financiarla”.

“Esta ley se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para todas las comunidades que tenemos competencias en Justicia al tener que asumir plazos imposibles y dar la cara delante de los operadores jurídicos que nos piden responsabilidades a nosotros cuando somos una víctima más de una ley precipitada, no dialogada y en absoluto financiada”, ha lamentado.

Por otro lado, el área de Administración Local contará con un presupuesto de 77,7 millones “prácticamente en su totalidad de fondos propios, reafirmando el compromiso del Gobierno andaluz con los ayuntamientos y diputaciones”. El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) mantiene una dotación de 65,7 millones, la misma cuantía que el año pasado, ya que “un año más no se pueda incrementar porque el Gobierno de España no ha aumentado su aportación y la del resto de administraciones está condicionada a ésta”, ha lamentado.

El presupuesto mantiene una línea clara de apoyo a los municipios pequeños, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. Para ello dedica 5,2 millones de euros a subvenciones para pequeños municipios y suma dos millones del Fondo de Cohesión Territorial, así como 170.000 euros para mantener el portal web VivemásAndalucía.es, puesto en marcha con la Estrategia frente al Desafío Demográfico.

Una administración innovadora

Por último, en materia de Función Pública, el objetivo es “mantener la calidad del servicio al ciudadano con una Administración innovadora al mismo tiempo que mejoramos las condiciones de trabajo de los empleados públicos”, terminando los procesos de estabilización y ofertas de empleo que “nos encontramos bloqueados”. Así, el presupuesto incluye medidas para consolidar la estabilidad y el reconocimiento del personal público, que permitirán aplicar el incremento retributivo máximo autorizado por el Estado, consolidando también las subidas anteriores; y llevar la tasa de reposición a su nivel más alto permitido por la normativa básica.

También se mantienen los cuatro millones de euros para sustituciones de personal con dispensa sindical o los 700.000 euros en ayudas sociales para personal con discapacidad o víctimas de violencia de género. Y en 2026 se aprobará el Decreto para regular el teletrabajo, que permitirá ampliar este del 20 al 40% de la jornada, y se impulsará el desarrollo de la carrera profesional con el Decreto de evaluación del desempeño “que premiará a los buenos funcionarios”.

En cuanto al presupuesto del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), este se ha incrementado en casi un millón de euros con respecto al año pasado, superando así los 16,7 millones de euros. Esto supone una apuesta por la formación de los empleados públicos y la implantación de nuevos modelos de procesos selectivos con la búsqueda de nuevos perfiles o la inclusión de una fase de prácticas para acceder a una plaza de funcionario.




Juanma Moreno sube la partida para obras un 10% en su último año

  • El capítulo de inversiones asciende de 6.413 millones de euros y la mayor parte va a infraestructuras del agua
  • Para la política de vivienda hay destinados 1.223 millones, además de incentivos fiscales

Las cuentas de la Junta para el próximo año se van a desmenuzar durante el próximo mes en el Parlamento autonómico a donde llegaron ayer de la mano de la consejera de Hacienda, Carolina España. El objetivo es aprobarlas en diciembre y que entren en vigor el 1 de enero. Son las últimas de la legislatura y están elaboradas con más intencionalidad política que las tres precedentes de la mayoría absoluta de Juanma Moreno. Las elecciones están previstas en junio de 2026.

Y por eso cada dato es relevante. Dejando a un lado las políticas sociales, Sanidad, Educación y Dependencia, que copan tres de cada cuatro euros del presupuesto, las inversiones en obras concretas crecen un 10% con respecto al año anterior hasta llegar a los 6.413 millones de euros ( hay que tener en cuenta que el Presupuesto crece un 5,6% de manera global). Y con una particularidad. La Junta ha proyectado obras a corto, medio y largo plazo y, según explicó el director general de presupuestos, Eduardo León, se vuelcan precisamente en las obras a corto plazo, en actuaciones inmediatas para la visualización de la ciudadanía. Un ejemplo claro de estas obras son las incluidas en el plan de asfaltado de carreteras, para el que hay 144 millones de euros.

Gasto por adelantado

La cuantía más jugosa es la que va a ejecutar la Consejería de Agricultura que dirige Ramón Fernández-Pacheco porque las políticas de agua son las prioritarias para la Junta y suben un 28,6%, hasta los 744 millones de euros, un aumento de 420 millones con respecto al año anterior. Hay también cambios relevantes porque el Gobierno andaluz no sólo ha gastado todos los remanentes disponibles del canon del agua sino que también se va a incentivar la contratación del canon que se va a recaudar en los próximos tres, cuatro o cinco años. Hay que recordar que el canon del agua es la parte que pagan los contribuyentes en sus correspondientes facturas por el suministro que va destinado a obras y que no puede gastarse en otros fines. Eso y que las obras de infraestructuras hídricas duran varias anualidades debido a su complejidad.

La vivienda

Las políticas de vivienda acaparan 1.223 millones a los que los responsables de la Hacienda pública andaluza suman los incentivos fiscales de 460 millones de euros. Según entienden en el Gobierno andaluz, resulta más práctico para el ciudadano reducirle los impuestos por la compra o alquiler de la primera vivienda que entregarle subvenciones que son más lentas, necesitan mucha documentación y tienen un coste superior para las arcas públicas. Según los cálculos de la Junta, los incentivos fiscales supondrán un ahorro de más de 460 millones del euros para el próximo año.

Las partidas de vivienda se sufragan con diferentes vías: 213 millones de euros corresponden a la Unión Europea, a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, otros 241 millones de fondos propios de la Junta y del Estado se incluyen otros 111 millones de euros. No se contempla el plan estatal de vivienda porque todavía no se ha firmado el próximo.

Todas las consejerías registrarán en 2026 aumentos de la inversión, salvo la de Sostenibilidad y Medio Ambiente por acabar el marco comunitario de los fondos Feader, y que pierde 156 millones de euros. Del total del capítulo, el 55% son inversiones reales y el 45% son transferencias de capital, y se destacan dos proyectos de más de cien millones de euros. El proyecto del IMEC en Málaga y la Base logística del Ejército de Tierra en Córdoba.




Moreno anuncia una inversión de 140 millones para arreglar 1.000 kilómetros de carreteras de Andalucía

  • El Presupuesto 2026 prevé una partida para reasfaltar vías de las ocho provincias y facilitar, de este modo, tanto la movilidad de personas como la logística de empresas y autónomos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el Presupuesto de la comunidad autónoma para el año 2026 incluye una inversión de 140 millones de euros que irán destinados a mejorar el estado de la red autonómica de carreteras, a través de una planificación de actuaciones que afectará a un total de 1.000 kilómetros de vías de las ocho provincias de Andalucía.

Moreno ha adelantado los detalles de esta nueva partida presupuestaria durante su intervención en el acto celebrado en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) con motivo del IV Día de la Empresa andaluza. Una medida que pretende facilitar, según ha justificado, tanto la movilidad de los andaluces en sus desplazamientos particulares como el transporte de mercancías y la logística en general de empresas y autónomos.

“Hablamos de unas cuentas pensadas para mejorar también la actividad de las empresas, y eso está directamente relacionado con las infraestructuras. Las carreteras son vitales para la actividad económica de Andalucía, y por ello vamos a destinar esa inversión al arreglo de 1.000 kilómetros de nuestra red de carreteras”, ha explicado el presidente.

Esta nueva partida va incorporada al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, que asciende a 51.597,9 millones de euros, la cifra más alta de la historia de la autonomía, que crece en un 5,6% respecto al ejercicio anterior (2.726 millones más), y que ha sido aprobado en Consejo de Gobierno.

Unas cuentas autonómicas que, en clave netamente económica, incluyen otra partida relevante. En concreto, la del aumento de la dotación que se destina al apoyo del tejido productivo andaluz que conforman autónomos, empresas e industria de Andalucía. “Aumentamos el apoyo que le brindamos al tejido productivo hasta los 7.400 millones de euros. Implica un incremento de 158 millones más respecto a lo que contemplaban las cuentas de este 2025″, ha avanzado el presidente.

Moreno ha desglosado la senda de crecimiento y desarrollo que viene registrando Andalucía, a tenor de múltiples indicadores económicos. Entre ellos, ha destacado la evolución del PIB andaluz, que crece por encima de España y de la UE (9,4% en los últimos 6 años); el récord de exportaciones (4 de los mejores registros de la historia se han dado en los últimos 5 años); o el hecho de que Andalucía sea la primera comunidad autónoma en número de empresas inscritas en la Seguridad Social (récord de 250.763 en septiembre, 2.847 empresas más que hace un año).

En el propósito de seguir intentando generar las mejores condiciones para atraer inversiones y generar empleo en Andalucía, Moreno ha puesto el foco en la séptima bajada de impuestos que ya está en marcha, y que también será efectiva con la aprobación del Presupuesto para 2026.

Por otro lado, uno de los premios que la CEA entrega cada año con motivo de este Día de la Empresa en Andalucía ha sido otorgado en esta ocasión a Andalucía Trade, la mayor agencia de desarrollo regional de España, que está encargada de la promoción internacional de la Comunidad. Al respecto, el presidente ha destacado que, en sus dos años de vida, Andalucía Trade ha puesto a disposición de las empresas 255 millones en financiación, ha aprobado 452 proyectos y va a destinar 63 millones a internacionalización hasta 2027, con el objetivo de impulsar las exportaciones y la atracción de inversión extranjera




Andalucía financiará por primera vez 3.700 millones de deuda sólo a través de bancos y fondos privados

  • La Junta estrena su renuncia a los mecanismos públicos de financiación estatal y formaliza su rechazo a la quita de deuda en sus presupuestos de 2026

Andalucía estrena en 2026 un nuevo modelo de financiación. Por primera vez dejará de pedir créditos a los mecanismos previstos por el Ministerio de Hacienda para las comunidades autónomas y sólo acudirá a bancos y fondos privados. En total, solicitará a través de esta vía 3.820 millones de euros una cuantía muy similar a la del año 2025, pero con la diferencia de que el pasado ejercicio una parte se solicitó al Gobierno central, una vía que la Junta ha decidido dejar en suspenso en pleno pulso por la propuesta de quita de deuda del Gobierno central.

El presupuesto de 2026 de la Junta de Andalucía, el mayor que ha tenido la Administración autonómica con 51.597 millones de euros, se ha diseñado con déficit cero, es decir, sin incorporar un incremento del endeudamiento ante la ausencia de una directriz clara de la Administración estatal a las comunidades. No obstante, esto no quiere decir que no vayan a solicitarse créditos. Simplemente que estos no se dedicarán a ejecutar nuevos proyectos o compromisos de gastos sino a amortizar préstamos anteriores.