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‘Andalucía Actúa’: 1.780 millones para reparar daños y ayudas directas a agricultores, autónomos y pymes

  • Juanma Moreno presenta el Plan con el que la Junta afronta la fase de recuperación tras la emergencia meteorológica y reclama la implicación del Estado y la UE con sus recursos

 

La Junta de Andalucía va a movilizar más de 1.780 millones de euros de recursos propios para afrontar la fase de recuperación una vez pasada la emergencia meteorológica, que se van a destinar de forma prioritaria a facilitar ayudas directas a autónomos y pymes para que puedan restablecer su actividad económica cuanto antes, en especial los agricultores y demás trabajadores vinculados al sector primario, así como a la reparación de infraestructuras básicas que hayan resultado dañadas a consecuencia de las borrascas, tales como carreteras, centros de salud o colegios.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado en el Palacio de San Telmo en ‘Plan Andalucía Actúa’, diseñado por el Gobierno andaluz con el objetivo de reorientar el máximo de recursos económicos posible a mitigar los efectos del temporal que ha castigado a la comunidad y reactivar el tejido productivo. En total, estará dotado con una primera partida de algo más de 1.780 millones que nace gracias a reprogramar fondos del propio Presupuesto autonómico, y que queda abierta a incrementarse progresivamente en función de las múltiples valoraciones de daños que todavía están en curso.

“Los destrozos han sido muchos y muy diversos. De hecho, aún quedan personas por volver a sus casas y daños por evaluar. Pero en Andalucía no perdemos tiempo. Queremos que los afectados rehagan sus vidas cuanto antes. Por eso, la semana pasada, con el viento y la lluvia todavía haciendo estragos, el Gobierno andaluz ya estaba trabajando en la recuperación celebrando el primer comité de evaluación de daños”, ha recordado el presidente.

Al desglosar el Plan ‘Andalucía Actúa’, Moreno ha destacado las ayudas directas previstas para el tejido productivo. Así, en el caso de agricultores y explotaciones agrarias de las zonas más afectadas, se destinan 700 millones para brindarles apoyo económico. También están previstas para el sector de la pesca (31 millones), así como para autónomos y pymes (35 millones). En este último caso, las ayudas serán de hasta 2.000 euros por cada autónomo, a razón de 200 euros al mes de febrero a noviembre. En el caso de las pymes, podrán acogerse a una ayuda directa de hasta 3.500 euros por trabajador, 350 al mes por cada uno que tengan, también durante 10 meses. De esta forma, un autónomo con dos o tres trabajadores (la media en Andalucía) podría recibir en total entre 9.000 y 12.500 euros.

En paralelo, el Plan también contempla una extensa programación de reparaciones en carreteras de la red autonómica y caminos rurales en mal estado por las inundaciones, en las que el alcance de los daños recopilados en una primera valoración supera los 535 millones de euros. Además, se contemplan actuaciones en centros sanitarios y educativos o infraestructuras hidráulicas que también hayan sufrido daños.

“Entre las partidas más importantes del Plan destacan la vinculada a la agricultura, el sector más afectado, al que destinamos cerca de 1.000 millones (988) por daños ya estimados. También la de carreteras, siendo los de más envergadura en Cádiz y Málaga. Vamos a actuar en 1.000 kilómetros de vías y autovías. En total, se han registrado 594 incidencias graves en nuestras carreteras. Por su parte, el efecto en centros educativos, colegios e institutos se estima en más de 60 millones, y en centros de salud se calcula el daño en 13. O el coste de las actuaciones estimadas en vías pecuarias e instalaciones medioambientales, que será de unos 49″, ha desglosado el presidente.

A todo este esfuerzo por parte de la Junta de Andalucía, Moreno espera unir el del resto de administraciones implicadas. “Lo que ahora presentamos es un primer paquete de recursos que esperamos que se complemente con las medidas del Gobierno de España y la Unión Europea siguiendo la tónica de colaboración que ha marcado desde el principio la acción institucional. Como ya saben, hemos solicitado al Estado que destine dinero del fondo de contingencia, que nos permita utilizar el superávit y remanentes y que no computen a efectos de reglas fiscales, así como que solicite a la UE movilizar el Fondo de Solidaridad y la activación del fondo de Gestión de Crisis de la PAC, además de adaptar del Plan de Recuperación (MRR) a la situación actual”, ha reclamado.

Para finalizar, Moreno ha subrayado el agradecimiento a todos los profesionales de emergencias y seguridad que vienen trabajando tanto atendiendo a los vecinos de las poblaciones afectadas, como en esta fase de regreso a la normalidad en las que sus vecinos tuvieron que ser evacuados.

“Quisiera pedir paciencia, porque algunas obras pueden llevar su tiempo. También confianza, porque en Andalucía hemos comprobado el valor de la anticipación y la previsión. Hemos visto los buenos resultados de un trabajo coordinado entre todas las administraciones. Y, sobre todo, podemos sentirnos orgullosos de la labor de los efectivos de emergencia y cuerpos de seguridad en esta crisis. Vamos a seguir en esta línea para contribuir a la tranquilidad de los andaluces. Ese es el objetivo del Plan Andalucía Actúa Andalucía”, ha insistido el presidente de la Junta.




La Junta lanza el Plan Andalucía Actúa para reconstruir las zonas dañadas por las borrascas

  • El presidente Juanma Moreno anuncia que el programa, que arranca ya, comenzará por una inyección de 500 millones para el arreglo de las carreteras

La Junta ha diseñado el Plan Andalucía Actúa para hacer frente a los daños ocasionados por el tren de borrascas que ha afectado a toda la comunidad en las últimas semanas. El programa, que entrará en funcionamiento de forma inmediata, destinará recursos económicos para reparar con urgencia infraestructuras básicas como centros de salud que necesiten reparaciones, así como medidas específicas enfocadas a la reactivación de los sectores económicos más perjudicados, entre otras iniciativas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado este anuncio durante su visita en Ronda a los cerca de 600 vecinos de Grazalema, Benaoján y Jimena de Líbar que permanecen realojados, en su mayoría, en el Pabellón deportivo municipal ‘El Fuerte’ a consecuencia de las inundaciones que obligaron a evacuar dichos municipios, a la espera de que los técnicos certifiquen que es seguro que vuelvan a sus casas.

«Vamos a presentar este próximo martes el Plan Andalucía Actúa, en el que llevamos trabajando intensamente desde hace días, y que nace fruto de la recomposición del Presupuesto de la Junta de Andalucía que se ha realizado para poner todos los recursos a nuestro alcance. Será un plan abierto a las nuevas valoraciones de daños que se vayan concretando», ha adelantado el presidente.

«Esto no lo puede hacer ninguna administración de forma individual. Tenemos que arrimar el hombro, tanto ayuntamientos, diputaciones, Junta, como por supuesto el Estado y la Unión Europea» Juanma Moreno. Presidente de la Junta

La batería de medidas que irá enfocada, entre otras muchas cuestiones, a reparar infraestructuras básicas dañadas. «Empezaremos por la red viaria, esencial para retomar la actividad normal, por ejemplo, en los colegios. A ellos destinaremos de inicio 500 millones de euros», ha añadido Moreno, quien ha vuelto a emplazar al resto de administraciones a apoyar con todos los recursos posibles este plan: «Esto no lo puede hacer ninguna de forma individual. Tenemos que arrimar el hombro, tanto ayuntamientos, diputaciones, Junta, como por supuesto el Estado y la Unión Europea».

Además, Moreno ha anunciado que desde este domingo se empezará a comunicar a los vecinos de Grazalema qué zonas son ya seguras para iniciar, progresivamente, el regreso a la localidad. «Vamos a determinar, de la mano de los especialistas y técnicos geólogos, en qué puntos ya no hay riesgo. Serán los informes los que nos digan qué vecinos pueden volver ya. Debe primar la seguridad, pero al menos esto ya es una buena noticia», ha detallado el presidente, que ha explicado que ese regreso por fases a las casas se va a compaginar, de momento, con el nivel 1 de emergencia que sigue decretado.

Dotación presupuestaria

Sobre la dotación presupuestaria de este documento ha indicado «el enorme esfuerzo» de las consejerías de Presidencia y de Economía para que «podamos sacar dinero de un lado y ponerlo en otro», por cuanto ha reconocido que afrontar la recuperación de una catástrofe natural implica «quitarle el dinero» a otras partidas previstas de gasto «porque son habas contadas» y por ello se ha procedido a «una recomposición de nuestros presupuesto».

Moreno ha indicado que se trata de un plan «abierto que todavía no tenemos cuantificado al 100%» a la espera de ir ampliando la evaluación de daños con nuevos informes, antes de precisar que las actuaciones prioritarias se dirigirán a la recuperación de las carreteras, convencido de que la red viaria es «fundamental» para el regreso a los colegios o el acceso a los vecinos.

«Ya hemos conseguido de nuestros propios recursos poner más de 500 millones de euros para esa fase inicial de recuperación de la red viaria», ha concluido.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias anunció este sábado que liberará 14 millones para el arreglo de los desperfectos en los hospitales.




El cemento y el yeso se disparan más de un 45% en cinco años y ponen en jaque la construcción de vivienda

  • El Ministerio de Vivienda asume en un informe que los precios de los materiales han subido durante el mandato de Sánchez

 

El Ministerio de Vivienda ha reconocido en su Observatorio de Vivienda y Suelo anual, concretamente en un boletín especial sobre rehabilitación de edificios, que los costes de los materiales de construcción se han disparado durante el mandato de Pedro Sánchez, entorpeciendo así la construcción de casas.

De hecho, en el documento consultado por OKDIARIO, el Ejecutivo refleja un incremento desde 2020 de hasta un 47% del precio del yeso y la cal, una subida del 45,5% en el acero y un 43,5% del coste del cemento.

Los datos se basan en el índice de costes de materiales que utiliza el Ministerio de Transportes y Movilidad y muestran también un aumento del precio del hormigón hasta en un 41% y de la madera hasta un 26% desde el año de la pandemia.

Según los datos del Ministerio, el coste total de construcción ha subido más de un 31% desde el año 2020. Desglosado entre materiales y mano de obra -que pesan aproximadamente lo mismo- el Gobierno calcula que entre 2021 y 2022 el coste de los materiales se elevó mucho más por los cuellos de botella relacionados con la guerra de Ucrania.

Desde entonces, el coste de materiales ha subido pero de forma mucho más moderada. Sin embargo, el coste de mano de obra sigue todavía subiendo con fuerza en estos años, debido, según explican fuentes de Metrovacesa «a la escasez de trabajadores cualificados en el sector».

«Desde Metrovacesa podemos confirmar que nuestros datos muestran un comportamiento bastante similar. Las dificultades de mano de obra están bastante generalizadas por toda España, pero son especialmente intensas en la zona de Costa del Sol, en Baleares y en Canarias», apuntan.

Impide la construcción de viviendas

En la actualidad, las constructoras cuentan con varios factores que impiden la construcción de nuevas viviendas. Uno de ellos, sin duda, es el elevado coste de los materiales que se usan para levantar los edificios.

Los precios de las materias han influido en el presupuesto de casi todos los proyectos y han ocasionado retrasos de algunos de ellos. Además, la volatilidad en los precios de materias dificulta la planificación de obras a largo plazo.

Sin ir más lejos, muchas promotoras evitan entrar en negocios como el de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) porque el elevado precio de los materiales y la mano de obra, en definitiva, de la construcción de los edificios es tan elevada que supone un negocio deficitario para las empresas.

Alfonso Losada, director territorial de Andalucía Occidental de Neinor Homes , ya destacó en un evento organizado por este periódico que sólo los costes de construcción «están superando los 150.000 euros por vivienda». Todo ello, además, sin tener en cuenta el pago de tasas, de licencias y del propio suelo.

«Con un coste de construcción de 1.500 euros el metro cuadrado, una vivienda de 100 metros son 150.000 euros. Si la vendes por 200.000, o el Gobierno empieza a dar ayudas o esto es un negocio y, como negocio, los números tienen que salir porque conllevamos un riesgo grande», confesó también durante su participación en el mismo foro José Ortiz, director territorial de promoción residencial de Andalucía Occidental del Grupo Insur.

Es por ello que las constructoras se están viendo obligadas a ajustar presupuestos y plazos, lo que en ocasiones conlleva la pérdida de contratos y la paralización de nuevas promociones. Algo que está afectando directamente a la oferta y precio de la vivienda nueva ante una demanda desbordada.

Inflación y políticas sostenibles

Uno de los motivos principales del incremento del coste de los materiales de construcción ha sido la inflación. La subida generalizada de los precios durante la actual legislatura ha provocado que se disparen materias primas esenciales para la construcción, como el acero, el aluminio o las arcillas.

Asimismo, desde las promotoras destacan que las políticas de sostenibilidad, como las medidas para reducir las emisiones de carbono, han generado un aumento en los costes de producción, sobre todo en materiales energéticamente intensivos como el acero o el cemento.

En la misma línea, el requerimiento de materiales ecológicos y eficientes para la construcción de vivienda es cada vez mayor, lo que provoca un aumento de costes, dada su complejidad de fabricación.




Las ventajas de la construcción modular o industrializada en costes, tiempo y trabajadores frente a la tradicional

  • El arquitecto Juan Manuel Rojas interviene en el Colegio de la Arquitectura Técnica para sentar las bases sobre la construcción industrializada

El arquitecto Juan Manuel Rojas ha defendido este jueves que “la construcción tradicional está condenada” en una sesión celebrada en el Colegio de la Arquitectura Técnica para sentar las bases sobre la construcción industrializada. Con esa rotundidad ha expuesto el arquitecto la situación actual de la construcción tradicional frente a la construcción modular o industrializada, en el ámbito del Centro de Negocios de la Edificación, un hub pionero de referencia en la construcción, en el que confluyen tendencias, inversión, innovación, formación y oportunidades de negocio.

Rojas ha manifestado que “si hacemos un seguimiento del estado laboral del sector, más del cincuenta por ciento de los trabajadores tienen más de 50 años y no existe relevo generacional. Si ahora hay problemas para encontrar trabajadores y tenemos obras completamente paradas por esta causa, dentro de unos años todo irá a peor. Es necesario cambiar la forma de pensar: en los Países Bajos, la construcción industrializada ocupa el 50% de todas las obras, mientras que en España sólo llegamos al 1%”, defiende.

Según Rojas, para paliar esta situación es necesario pensar en otras formas de hacer la arquitectura y la construcción “porque no podemos dejar de construir y de hacer viviendas y edificios”. Para ello, plantea que la única vía es la construcción modular o industrializada, que facilita menos intensidad de la mano de obra. “El gran problema por el que la construcción ha ido subiendo casi el 30% -señala- es el aumento del coste laboral de los trabajadores: es imposible mantener los salarios que había hace unos años. Asimismo, la productividad laboral es muy baja frente a este nuevo método constructivo”. Para resolver esta ecuación, “que nos lleva al desastre”, lo único válido es conseguir una mayor productividad por empleado: abaratar los costes y ser más competitivos económicamente en los productos que se ofrecen a la sociedad. “La única solución es dejar de construir in situ y que los edificios sean fabricados”, afirma el arquitecto.

En cuanto a los costes y tiempos de ejecución, Rojas señala que “en la construcción industrializada se sabe, de antemano, cuándo va a estar finalizada y cuánto va a costar: esa es la primera de las grandes virtudes”. En las obras hibrídas, aquellas que utilizan los dos métodos, el arquitecto señala que “cuanto más porcentaje industrializado tiene la obra, se da más fiabilidad al proceso constructivo y existe un mayor cumplimiento de los plazos, así como menos desviación de los costes. Puedo afirmar que aquellas obras cuyo proceso es completamente industrializado, no tienen desviaciones de costes ni de plazos de finalización. Las incidencias (climatológicas o salariales, principalmente) no existen”.

Claro ejemplo de esta afirmación es la compra de materiales: mientras que en la construcción tradicional el constructor adquiere los materiales por certificaciones de obra, en la construcción industrializada (realizada en fábrica) se adquieren los materiales al comenzar la obra “lo que lleva también a evitar las fluctuaciones de los precios de los materiales”, matiza Rojas.

En esta jornada han intervenido también tres especialistas en construcción industrializada:

José Gázquez (Quijada Prefabricados de Hormigón) ha señalado que las fachadas preconstruidas “tienen un importante ahorro en medios auxiliares”.

Bruno Ordaz (NEVO) ha basado su intervención sobre la plural bajada de los costes y los tiempos.

Y Raúl Mora (HIPUR) ha afirmado que “en la instalación de ascensores, extremo al que se dedica nuestra empresa, el verdadero ahorro es en los tiempos de ejecución”.

La construcción industrializada o modular (también conocida como construcción off-site) se basa en la pre-fabricación en una factoría de las piezas que componen una edificación, para posteriormente, una vez realizado el movimiento de tierras y la cimentación del terreno donde se va a instalar, proceder al montaje de las diferentes piezas que componen la construcción, que son ensambladas in situ según los planos constructivos.

Este método reporta para el usuario final un importante control en el tiempo de ejecución y entrega y el control de costes, desapareciendo así prácticamente las demoras y las desviaciones presupuestarias. Asimismo, es importante reseñar que en una obra tradicional siempre surgen los imprevistos, algo que queda muy reducido en el proceso de fabricación; de otro lado los plazos de ejecución y entrega definitiva se acercan a la realidad, cumpliendo fielmente con la planificación de la obra.

Helena Ruiz, presidenta del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla, ha señalado que “este método de construcción está generando puestos de trabajo más atractivos en tiempo y sostenibilidad (no desarrollados en la calle, sino en el interior de una fábrica, con los beneficios que esto conlleva), así como una mayor calidad de los productos que se vienen utilizando, gracias a la producción en cadena”.

La construcción off-site permite, además, la total personalización de, por ejemplo, una vivienda. Este tipo de obras también minimiza los riesgos de seguridad y salud en el lugar de la edificación, ya que estas medidas se adoptan en el proceso de la fabricación.

En cuanto a los costes y tiempos de ejecución, Rojas señala que “en la construcción industrializada se sabe, de antemano, cuándo va a estar finalizada y cuánto va a costar: esa es la primera de las grandes virtudes”. En las obras hibrídas, aquellas que utilizan los dos métodos, el arquitecto señala que “cuanto más porcentaje industrializado tiene la obra, se da más fiabilidad al proceso constructivo y existe un mayor cumplimiento de los plazos, así como menos desviación de los costes. Puedo afirmar que aquellas obras cuyo proceso es completamente industrializado, no tienen desviaciones de costes ni de plazos de finalización. Las incidencias (climatológicas o salariales, principalmente) no existen”.

Claro ejemplo de esta afirmación es la compra de materiales: mientras que en la construcción tradicional el constructor adquiere los materiales por certificaciones de obra, en la construcción industrializada (realizada en fábrica) se adquieren los materiales al comenzar la obra “lo que lleva también a evitar las fluctuaciones de los precios de los materiales”, matiza Rojas.

En esta jornada han intervenido también tres especialistas en construcción industrializada:

José Gázquez (Quijada Prefabricados de Hormigón) ha señalado que las fachadas preconstruidas “tienen un importante ahorro en medios auxiliares”.

Bruno Ordaz (NEVO) ha basado su intervención sobre la plural bajada de los costes y los tiempos.

Y Raúl Mora (HIPUR) ha afirmado que “en la instalación de ascensores, extremo al que se dedica nuestra empresa, el verdadero ahorro es en los tiempos de ejecución”.

La construcción industrializada o modular (también conocida como construcción off-site) se basa en la pre-fabricación en una factoría de las piezas que componen una edificación, para posteriormente, una vez realizado el movimiento de tierras y la cimentación del terreno donde se va a instalar, proceder al montaje de las diferentes piezas que componen la construcción, que son ensambladas in situ según los planos constructivos.

Este método reporta para el usuario final un importante control en el tiempo de ejecución y entrega y el control de costes, desapareciendo así prácticamente las demoras y las desviaciones presupuestarias. Asimismo, es importante reseñar que en una obra tradicional siempre surgen los imprevistos, algo que queda muy reducido en el proceso de fabricación; de otro lado los plazos de ejecución y entrega definitiva se acercan a la realidad, cumpliendo fielmente con la planificación de la obra.

Helena Ruiz, presidenta del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla, ha señalado que “este método de construcción está generando puestos de trabajo más atractivos en tiempo y sostenibilidad (no desarrollados en la calle, sino en el interior de una fábrica, con los beneficios que esto conlleva), así como una mayor calidad de los productos que se vienen utilizando, gracias a la producción en cadena”.

La construcción off-site permite, además, la total personalización de, por ejemplo, una vivienda. Este tipo de obras también minimiza los riesgos de seguridad y salud en el lugar de la edificación, ya que estas medidas se adoptan en el proceso de la fabricación.




Transportes licita ocho áreas de servicio con recarga eléctrica ultrarrápida por 94,5 millones

  • El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha iniciado la fase de licitación para la construcción de ocho áreas de recarga eléctrica que se situarán en Asturias, Barcelona, Cuenca, Córdoba, Cantabria, Madrid, Zaragoza y Valencia y que están valoradas por 94,5 millones de euros. 

 

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado los expedientes de información pública y los anteproyectos y estudios de viabilidad para construir nuevas áreas de servicio dotadas de estación de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos.

Serán en concreto ocho áreas de servicio -cinco de ellas dobles, una en cada margen-, valoradas en su conjunto en unos 94,5 millones de euros, IVA incluido. Las ocho áreas se distribuyen entre las provincias de Asturias, Barcelona, Cuenca, Córdoba -en Montoro-, Cantabria, Madrid, Zaragoza y Valencia.

Estas áreas constituyen el programa piloto del Ministerio de Transportes para la dotación de este tipo de instalaciones en la Red de Carreteras del Estado, que tiene por objetivo contribuir a la descarbonización del transporte, catalizar la inversión privada en infraestructuras de recarga eléctrica y mejorar la oferta de servicios al usuario.

Tras estas aprobaciones, se licitará el correspondiente contrato de concesión de obras (dividido en seis lotes) y se redactarán los respectivos proyectos constructivos de las áreas de servicio por los correspondientes adjudicatarios de las concesiones. Una vez aprobados estos proyectos por la Dirección General de Carreteras, se proseguirá con la construcción y explotación de cada una de las áreas.




CEACOP reclama duplicar la inversión en conservación de las infraestructuras para garantizar la seguridad y las prestaciones

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) estima que es imprescindible al menos duplicar la inversión destinada a la conservación y mantenimiento de las infraestructuras, y advierte de que la falta de atención a este ámbito supone una grave irresponsabilidad desde el punto de vista económico, social y técnico.

Según los datos de la patronal andaluza del sector, la inversión pública en infraestructuras y en su mantenimiento ha perdido un peso muy relevante en los últimos años y actualmente no alcanza ni el 50% de la media anual registrada en la primera década de este siglo. Esta evolución se produce, además, en un contexto de crecimiento constante del patrimonio público, mayores exigencias normativas y una demanda social cada vez más elevada en términos de calidad, seguridad y prestaciones.

“El problema es estructural: mientras las necesidades aumentan, las asignaciones presupuestarias efectivas se reducen de forma muy significativa, y eso no es compatible con lo que la sociedad y las propias infraestructuras requieren”, señala el secretario general de CEACOP, Arturo Coloma.

Los últimos estudios sitúan en torno a 300.000 millones de euros la inversión necesaria en España durante los próximos diez años para atender las necesidades de infraestructuras, cumplir con las normativas europeas y mantener en condiciones adecuadas lo ya construido. Esta cifra engloba todos los ámbitos, con especial incidencia en el campo del transporte y en el hidráulico, donde la conservación resulta clave para preservar la funcionalidad y la seguridad.

Desde CEACOP se advierte de que la falta de mantenimiento genera un deterioro progresivo que no siempre es perceptible inicialmente por el usuario, pero que se agrava con el tiempo, normalizando una pérdida paulatina de calidad, prestaciones y fiabilidad de las infraestructuras.

En el caso de las carreteras, la patronal viene reclamando desde hace años la incorporación de una partida estable y suficiente en los Presupuestos estatal y autonómico destinada a la conservación de la red viaria. CEACOP subraya que las actuaciones puntuales no pueden considerarse una política de mantenimiento eficaz y valora positivamente que las cuentas andaluzas para 2026 incluyan una dotación adicional cercana a los 140 millones de euros para el refuerzo del firme de la red regional, ampliable a un ejercicio más. Con ello, la inversión total prevista en refuerzo y mantenimiento alcanzará los 234 millones de euros, una cifra próxima a la que la asociación considera necesaria para garantizar un nivel óptimo de servicio y conservación.

En cuanto a la red ferroviaria, CEACOP recuerda que la inversión en mantenimiento en España se sitúa en torno al 50% de la media europea, según datos recogidos en el informe de la Comisión Europea “El estado de la red ferroviaria de la UE”. Dicho estudio refleja que, en el gasto en mantenimiento, renovación y mejora por kilómetro de línea por país, España ocupa el puesto número 16. Por debajo, la práctica totalidad de naciones son del Este del continente.

En valores absolutos, la inversión en mantenimiento en la red de Alta Velocidad fue de 470 millones de euros en 2024 y 438 millones en 2023, cifras que han ido creciendo en valor absoluto, pero que, si se tiene en cuenta el tráfico real, se han mantenido constantes a lo largo de los años. Pese a que la red está evidentemente envejecida y con un mayor desgaste de la misma tras la liberalización del sector y la entrada de compañías privadas, España sigue lejos del volumen inversor medio en conservación en Europa y claramente respecto a Francia y Alemania, con casi un 50% menos en comparación a sus valores.

“Las cifras, aunque crecientes en el último año, no se ajustan al aumento real del tráfico ni a la antigüedad de la red, que requieren esfuerzos adicionales para mantener sus prestaciones y quedan lejos de los estándares europeos”, apunta Coloma.

Una situación similar se produce en las infraestructuras hidráulicas, donde el uso continuado exige una conservación constante y sostenida en el tiempo para evitar pérdidas de funcionalidad, eficiencia y seguridad.

Para CEACOP, la solución pasa por la puesta en marcha de planes sistemáticos y estables de mantenimiento y actualización, acompañados de dotaciones presupuestarias suficientes y no sujetas a coyunturas políticas. “No puede depender el mantenimiento de un patrimonio estratégico como son nuestras infraestructuras de las voluntades de cada momento”, afirma su secretario general.

Desde la patronal andaluza de la construcción se advierte de que no destinar los recursos necesarios al mantenimiento tiene consecuencias claras: reduce la vida útil de las infraestructuras; incrementa exponencialmente los costes futuros de rehabilitación; compromete la seguridad de los usuarios; y supone una pérdida progresiva de prestaciones en términos de confort, capacidad, velocidad y fiabilidad del servicio.

“La inversión en mantenimiento debe recuperar niveles adecuados. Ya no podemos seguir viviendo de las rentas de lo construido en el pasado”, concluye Arturo Coloma.




La inversión en infraestructuras cae a menos de la mitad de los niveles de la década pasada y enciende las alarmas en Andalucía

  • CEACOP cifra en 300.000 millones la inversión necesaria en España para la próxima década.
  • La inversión en el mantenimiento de la red ferroviaria es un 50% inferior a la media europea.

La inversión pública en infraestructuras y en su mantenimiento ha perdido un peso muy relevante en los últimos años y actualmente no alcanza ni siquiera el 50% de la media anual registrada en la primera década de este siglo. Así lo advierte el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP), que reclama al menos duplicar los recursos destinados a conservación para garantizar la seguridad, la funcionalidad y las prestaciones de un patrimonio público cada vez más amplio y exigente.

La patronal del sector subraya que esta caída de la inversión se produce, además, en un contexto especialmente delicado: el volumen de infraestructuras ha crecido de forma constante, las exigencias normativas son mayores y la demanda social en términos de calidad, seguridad y fiabilidad no deja de aumentar. “El problema es estructural: mientras las necesidades aumentan, las asignaciones presupuestarias efectivas se reducen de forma muy significativa, y eso no es compatible con lo que la sociedad y las propias infraestructuras requieren”, resume el secretario general de CEACOP, Arturo Coloma.

Las cifras que maneja el sector dibujan un escenario de gran envergadura. Los últimos estudios sitúan en torno a 300.000 millones de euros la inversión necesaria en España durante los próximos diez años para atender las necesidades de infraestructuras, cumplir con las normativas europeas y mantener en condiciones adecuadas lo ya construido. Este volumen engloba todos los ámbitos, con especial incidencia en el transporte y en las infraestructuras hidráulicas, donde la conservación resulta clave para preservar tanto la funcionalidad como la seguridad.

Desde CEACOP se insiste en que la falta de mantenimiento genera un deterioro progresivo que no siempre es visible para el usuario en un primer momento, pero que se agrava con el paso del tiempo. Ese desgaste acaba normalizando una pérdida paulatina de calidad, de prestaciones y de fiabilidad de las infraestructuras, con consecuencias económicas y sociales de gran calado.

Avances, pero aún lejos de lo necesario

En el ámbito viario, la patronal lleva años reclamando la incorporación de una partida estable y suficiente en los Presupuestos estatal y autonómico destinada a la conservación de la red. CEACOP considera que las actuaciones puntuales no pueden entenderse como una política de mantenimiento eficaz. En este sentido, valora positivamente que las cuentas andaluzas para 2026 incluyan una dotación adicional cercana a los 140 millones de euros para el refuerzo del firme de la red regional, ampliable a un ejercicio más.

Con esta aportación, la inversión total prevista en refuerzo y mantenimiento alcanzaría los 234 millones de euros, una cifra que se aproxima a la que la asociación considera necesaria para garantizar un nivel óptimo de servicio y conservación. Aun así, desde el sector se advierte de que el esfuerzo debe consolidarse en el tiempo y no depender de decisiones coyunturales.

La red ferroviaria, por debajo de Europa

La situación de la red ferroviaria tampoco escapa a este diagnóstico. Según datos recogidos en un informe de la Comisión Europea sobre el estado de la red ferroviaria de la UE, la inversión en mantenimiento en España se sitúa en torno al 50% de la media europea. En el gasto en mantenimiento, renovación y mejora por kilómetro de línea, España ocupa el puesto número 16, por debajo de la mayoría de países, muchos de ellos del Este del continente.

En términos absolutos, la inversión en mantenimiento de la red de Alta Velocidad fue de 470 millones de euros en 2024 y de 438 millones en 2023. Aunque las cifras han crecido en valor nominal, si se tiene en cuenta el tráfico real se han mantenido prácticamente constantes a lo largo de los años. Todo ello ocurre en un momento en el que la red está más envejecida y sometida a un mayor desgaste tras la liberalización del sector y la entrada de compañías privadas.

España, según CEACOP, sigue lejos del volumen inversor medio en conservación en Europa y claramente por debajo de países como Francia o Alemania, con casi un 50% menos de inversión en comparación con sus valores. “Las cifras, aunque crecientes en el último año, no se ajustan al aumento real del tráfico ni a la antigüedad de la red, que requieren esfuerzos adicionales para mantener sus prestaciones y quedan lejos de los estándares europeos”, apunta Coloma.

Infraestructuras hidráulicas

Una situación similar se produce en las infraestructuras hidráulicas, donde el uso continuado exige una conservación constante y sostenida en el tiempo para evitar pérdidas de funcionalidad, eficiencia y seguridad. Desde la patronal se subraya que este tipo de activos estratégicos no puede quedar al margen de una planificación a largo plazo.

Para CEACOP, la solución pasa por poner en marcha planes sistemáticos y estables de mantenimiento y actualización, acompañados de dotaciones presupuestarias suficientes y no sujetas a coyunturas políticas. “No puede depender el mantenimiento de un patrimonio estratégico como son nuestras infraestructuras de las voluntades de cada momento”, insiste su secretario general.

La advertencia final es clara: no destinar los recursos necesarios al mantenimiento tiene consecuencias directas y acumulativas. Reduce la vida útil de las infraestructuras, incrementa de forma exponencial los costes futuros de rehabilitación, compromete la seguridad de los usuarios y supone una pérdida progresiva de prestaciones en términos de confort, capacidad, velocidad y fiabilidad del servicio.

“La inversión en mantenimiento debe recuperar niveles adecuados. Ya no podemos seguir viviendo de las rentas de lo construido en el pasado”, concluye Arturo Coloma, poniendo el foco en un debate que, más allá de cifras, afecta al corazón mismo de la competitividad y la seguridad del territorio.




“El mantenimiento de las infraestructuras no puede depender de la coyuntura política”

  • Ceacop pide que se duplique la inversión y recuerda que el presupuesto actual no alcanza ni el 50% del registrado en la primera década del siglo a pesar del aumento de redes

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) advierte desde hace años de la necesidad de aumentar la inversión en infraestructuras por parte de las distintas administraciones públicas para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, el trágico accidente ferroviario de Adamuz ha devuelto esta reclamación al primer plano del debate público.

Este lunes, la patronal del sector volvió a insistir en esta demanda a través de un comunicado en el que reclama que se dupliquen los presupuestos destinados a conservación y mantenimiento. Ceacop recuerda que actualmente se invierte menos de la mitad que antes de la crisis de 2008, a pesar del crecimiento sostenido de la red de carreteras y de las líneas ferroviarias, entre otras.

A juicio de la organización empresarial, el problema es estructural: mientras las necesidades aumentan, las asignaciones presupuestarias efectivas se han reducido de forma muy significativa, una evolución que consideran incompatible con lo que la sociedad y las propias infraestructuras requieren.

Por ello, defienden la puesta en marcha de planes sistemáticos y estables de mantenimiento y actualización, acompañados de dotaciones presupuestarias suficientes y no sujetas a coyunturas políticas. “No puede depender el mantenimiento de un patrimonio estratégico como son nuestras infraestructuras de las voluntades de cada momento”, señala su secretario general, Arturo Coloma.

Desde Ceacop se advierte de que no destinar los recursos necesarios al mantenimiento tiene consecuencias claras: reduce la vida útil de las infraestructuras, incrementa de forma exponencial los costes futuros de rehabilitación, compromete la seguridad de los usuarios y supone una pérdida progresiva de prestaciones en términos de confort, capacidad, velocidad y fiabilidad del servicio. “La inversión en mantenimiento debe recuperar niveles adecuados. Ya no podemos seguir viviendo de las rentas de lo construido en el pasado“, insiste Coloma.

Los últimos estudios sitúan en torno a 300.000 millones de euros la inversión necesaria en España durante los próximos diez años para atender las necesidades de infraestructuras, cumplir con las normativas europeas y mantener en condiciones adecuadas lo ya construido. Esta cifra engloba todos los ámbitos, con especial incidencia en el transporte y en las infraestructuras hidráulicas, donde la conservación resulta clave para preservar la funcionalidad y la seguridad.

Desde la patronal se advierte, además, de que la falta de mantenimiento genera un deterioro progresivo que no siempre es perceptible inicialmente por el usuario, pero que se agrava con el tiempo, normalizando una pérdida paulatina de calidad, prestaciones y fiabilidad de las infraestructuras.

En el caso de las carreteras, Ceacop reclama desde hace años la incorporación de una partida estable y suficiente en los Presupuestos estatales y autonómicos destinados a la conservación de la red viaria. La asociación valora positivamente que las cuentas andaluzas para 2026 incluyan una dotación adicional cercana a los 140 millones de euros para el refuerzo del firme de la red regional, ampliable a un ejercicio más. Con ello, la inversión total prevista en refuerzo y mantenimiento alcanzará los 234 millones de euros, una cifra próxima a la que consideran necesaria para garantizar un nivel óptimo de servicio y conservación.

En cuanto a la red ferroviaria, Ceacop recuerda que la inversión en mantenimiento en España se sitúa en torno al 50% de la media europea, según el informe de la Comisión Europea El estado de la red ferroviaria de la UE. En el gasto en mantenimiento, renovación y mejora por kilómetro de línea, España ocupa el puesto número 16, por detrás de la mayoría de países de su entorno.

En valores absolutos, la inversión en mantenimiento de la red de Alta Velocidad fue de 470 millones de euros en 2024 y de 438 millones en 2023. Aunque las cifras han crecido en términos nominales, si se tiene en cuenta el tráfico real se han mantenido prácticamente constantes. Pese al envejecimiento de la red y al mayor desgaste tras la liberalización del sector y la entrada de operadores privados, España sigue lejos del volumen inversor medio en conservación en Europa y claramente por debajo de Francia y Alemania, con casi un 50% menos de inversión.

“Las cifras, aunque crecientes en el último año, no se ajustan al aumento real del tráfico ni a la antigüedad de la red, que requieren esfuerzos adicionales para mantener sus prestaciones y quedan lejos de los estándares europeos”, apunta Coloma. Una situación similar se produce en las infraestructuras hidráulicas, donde el uso continuado exige una conservación constante y sostenida en el tiempo para evitar pérdidas de funcionalidad, eficiencia y seguridad.




La Junta invierte casi 65 millones en la mejora de la depuración de aguas de catorce municipios

  • Los proyectos hidráulicos, situados en Almería, Córdoba, Granada y Sevilla, se financian al 100% a través del canon de mejora
 

El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de cerca de 65 millones de euros para la contratación de cuatro obras de depuración que afectan a 14 municipios de cuatro provincias andaluzas (Almería, Córdoba, Granada y Sevilla). Estas actuaciones de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural estarán financiadas al 100% por la Junta de Andalucía a través del canon de mejora y garantizarán el cumplimiento de la normativa europea, estatal y autonómica en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales.

De esta forma, la puesta en servicio de las infraestructuras hidráulicas asociadas a los cuatro proyectos evitará sanciones e impulsará el desarrollo equilibrado y ordenado del territorio. Además, contribuirá a reforzar la seguridad jurídica de las entidades locales afectadas y la calidad de vida de los ciudadanos.

En concreto, en la provincia de Sevilla se ejecutarán dos obras de depuración valoradas en más de 34 millones de euros que benefician a tres localidades. Por un lado, se invertirán casi 24,3 millones de euros en la construcción de una nueva agrupación de vertidos y una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) para los municipios de Villanueva del Río y Minas y Tocina, así como para el núcleo de Los Rosales, dependiente de esta última localidad.

Por otro lado, también se ha aprobado la contratación de la obra para poner en servicio una nueva agrupación de vertidos y una EDAR en Montellano gracias a una inversión superior a los diez millones de euros. En ambos casos, los proyectos contemplan la instalación de tuberías para aguas residuales, estaciones de bombeo y canalizaciones de vertidos.

En el caso de Córdoba, la actuación que impulsa el Gobierno andaluz hace referencia a las agrupaciones de vertidos y las nuevas depuradoras que darán servicio a Encinas Reales, a Moriles y a la pedanía de Navas del Selpillar (Lucena). En cuanto al presupuesto, la previsión es invertir más de 14,5 millones de euros y entre las acciones a poner en marcha se encuentra la construcción de tuberías y canalizaciones para aguas residuales y de las estaciones de bombeo necesarias para transportar los vertidos hasta la nueva EDAR para su tratamiento.

Por último, para mejorar la depuración de aguas residuales en las provincias de Almería y Granada se pondrán en marcha colectores que recogerán vertidos de seis localidades almerienses (Almería, Níjar, Adra, Paterna del Río, Laujar de Andarax y Padules) y dos municipios granadinos (Víznar y Alfacar). En total, se trata de cuatro lotes de obras que conllevan una inversión que roza los 16 millones de euros, dividida en cuatro lotes de contratación.

En el caso del primero, la Junta de Andalucía contempla 4,8 millones de euros para agrupar los vertidos de aguas residuales de los núcleos de La Almadraba de Monteleva y La Fabriquilla (pertenecientes a la capital y Níjar) y mejorar su tratamiento posterior. Además, esta obra supone también una mejora en la depuración de los vertidos de los núcleos almerienses de Cabo de Gata, Ruescas y Pujaire con una nueva conducción que los traslada hasta la actual EDAR Este de Almería, situada en El Toyo.

Por otro lado, el segundo lote supone invertir 2,8 millones de euros en la puesta en marcha de colectores de los núcleos de La Alcazaba y Guanios, dependientes de Adra; y el tercero supera los 630.000 euros de inversión para agrupar los vertidos de Paterna del Río, Laujar de Andarax y Padules. Por último, el Gobierno de Andalucía impulsa también obras por valor de 7,7 millones de euros para conectar Víznar y Alfacar con la EDAR de los Vados, ubicada en Granada.




Las ingenierías abren un nuevo frente judicial contra el Gobierno por el túnel del Estrecho que conectará España y Marruecos

  • CÍES pide la suspensión cautelar de un encargo a Ineco y busca anularlo para forzar una licitación abierta
  • La ofensiva legal del sector se extiende a otros proyectos como el puente de la SE-40 en Sevilla

 

Las ingenierías privadas redoblan su ofensiva legal contra los contratos a dedo a la pública Ineco. CÍES, la Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España, ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el encargo de la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (Secegsa) a Ineco -ambas dependientes del Ministerio de Transportes- para desarrollar el servicio de asistencia técnica para determinados trabajos relativos al túnel ferroviario del Estrecho de Gibraltar que conectará España y Marruecos a lo largo del umbral del fondo marino entre Tánger, en Marruecos y Punta Paloma. Este proyecto, aún en una fase muy inicial, requerirá una inversión de al menos 8.500 millones de euros.

El recurso, al que ha tenido acceso elEconomista.es, fue presentado por CÍES el pasado miércoles, 7 de enero, ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid, que lo ha admitido a trámite de manera inmediata. La organización que preside Ignacio Sánchez de Mora trasladará ahora una demanda en la que solicitará la suspensión cautelar del contrato a Ineco y, de este modo, su paralización. Su objetivo último es que Secegsa anule la contratación e impulse una licitación abierta en la que puedan participar las empresas privadas, máxime cuando hay especialistas españoles en obras subterráneas con gran reconocimiento internacional.

El contrato impugnado, por un importe de 961.939 euros, implica una asistencia técnica especializada para una nueva actualización del anteproyecto de la obra. Los trabajos que engloba el encargo a Ineco abarcan una Fase B con el estudio previo de la galería de reconocimiento y una Fase C con trabajos de adaptación de los resultados obtenidos para su integración en la actualización del nuevo anteproyecto. Las tareas recogidas son continuidad de las realizadas en el encargo de Secegsa a Ineco en 2021 y están financiadas por los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

CÍES quiere anular esta contratación en la línea de la defensa del sector privado contra la competencia desleal que, a su juicio, representan los encargos a Ineco sin las justificaciones que recoge la ley (urgencia, emergencia o seguridad pública). La organización pone en cuestión la eficiencia y la solvencia de la ingeniería pública para desarrollar estos trabajos y pone el foco en el abuso de la subcontratación por parte de la empresa que preside Sergio Vázquez.

Con su recurso, CÍES busca que Secegsa abra este y los futuros contratos de ingeniería y consultoría del proyecto del túnel del Estrecho de Gibraltar a la competencia.

Las ingenierías privadas abren así un nuevo frente judicial por los encargos a Ineco. De hecho, el miércoles CÍES y Ceacop presentaron el texto de la demanda, ya admitida a trámite, ante el Tribunal Supremo contra el encargo a Ineco del puente sobre el río Guadalquivir de la SE-40 de Sevilla. Ahora la Dirección General de Carreteras (DGC) tendrá que realizar su escrito de contestación.

Las ingenierías ya consiguieron tumbar el primer encargo a Ineco al no incluir la ejecución de los trabajos con la metodología BIM. Sin embargo, la DGC la incluyó en un nuevo encargo a la empresa pública valorado en más de 13 millones de euros que es ahora, de nuevo objeto de impugnación. La demanda se centra en la eficiencia y en el porcentaje de subcontratación. Ineco ha subcontratado, por ejemplo, el cálculo de la estructura central del puente a Tylin Spain, multinacional estadounidense que adquirió la consultora española Ideam, y MC2 Estudio de Ingeniería por 3,1 millones.

CÍES prevé que el Supremo emita el fallo sobre esta demanda este año y confía en que sea favorable y siente jurisprudencia para anular el encargo del túnel del Estrecho de Gibraltar.

En paralelo, CÍES, Aseci y Catenara ultiman la interposición de una denuncia ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea por la utilización de los encargos a empresas públicas. Su objetivo es que determine si se asimilan a ayudas de Estado y lo considere una cuestión trasnacional.