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Adif y Carreteras buscan una solución contrato a contrato para la inflación de los materiales

  • Preocupan la ralentización y desequilibrios en las obras en marcha

    El mayor ritmo de licitación de obra pública en España, que se verá impulsado aún más por la llegada de fondos europeos, coincide con un momento de dificultad para ejecutar los proyectos debido al encarecimiento de las materias primas. Las constructoras ya avisaron de tensiones en los contratos en vigor, a través de asociaciones como Seopan y Anci, justo antes del verano. Y la preocupación cunde ahora en el Ministerio de Transportes.

    Los dos principales motores de la obra pública, Adif y la Dirección General de Carreteras, están integrados en un grupo de trabajo que busca soluciones a un problema que podría perdurar todo 2022 e incluso 2023. Los precios de materiales esenciales, como el acero corrugado, cobre, aluminio, petróleo y mezclas bituminosas están disparados desde los mínimos de 2020 e incluso se han vuelto difícilmente accesibles por el tirón de la demanda mundial para acometer planes de infraestructuras. Ante este problema, el sector constructor ha pedido la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para restaurar la obligatoriedad del mecanismo de revisión de precios en la obra pública. También urge el reequilibrio de obras en marcha.

     

    El acero, aluminio, el cobre y las mezclas bituminosas están disparados

    El director general de Oficemen, Aniceto Zaragoza, se refirió ayer en rueda de prensa a esta situación como un escollo para elevar la ejecución tras percibirse que el Gobierno ha pisado el acelerador de la licitación de proyectos. “La no revisión de precios puede estar dando lugar a una ralentización de obras”, aseveró Zaragoza.

    Ante esta dificultad, fuentes de toda solvencia aseguran que Transportes busca soluciones, como sería la de la revisión contrato por contrato, en lo que toca a presupuestos y plazo de ejecución, allí donde lo demanden las constructoras. Algo similar a lo que ya se hizo con la obra pública cuando estalló la pandemia.

    Y en lo que toca a futuras actuaciones, la revisión de precios vuelve a estar presente, poco a poco, en los pliegos. Se trata de un mecanismo de actualización de costes en las obras que dejó de ser obligatorio con la entrada en vigor de la Ley de desindexación. Esa decisión supuso la desaparición, de facto, de esta garantía para las contratistas. Los proveedores, sin embargo, sí incluyen cláusulas de revisión de precios semanales en sus contratos de suministro con las constructoras. Un desequilibrio que pone en duda la viabilidad económica de decenas de actuaciones.

    El mecanismo de revisión de precios está de vuelta a los pliegos de obra

    Por ello, las contratistas esgrimen el artículo 205 de la Ley de Contratos, que prevé modificaciones no previstas en los pliegos de los concursos ante circunstancias imprevisibles, para abrir y reequilibrar obras de Adif o Carreteras, entre otros órganos. Ese cambio en los presupuestos podría alcanzar hasta el 50%, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas, sobre el precio previsto inicialmente (IVA excluido).

    Además de la modificación de la Ley de Contratos, se persigue también la reforma del actual procedimiento de determinación de los índices de revisión de precios de contratos de las Administraciones públicas.

    UN RIESGO ADICIONAL

    La Ley 2/2015, de desindexación de la economía, dio potestad a los órganos de contratación para establecer el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios. También pueden decidir la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada trabajo. De hecho, la revisión de precios en los contratos públicos ya no respondería a índices generales, sino a índices específicos que reflejen los componentes de coste de cada contrato.

    La misma Ley 2/2015 fija que la constructora podría tener acceso a la revisión de precios de los materiales cuando el contrato se encuentre con un nivel de ejecución superior al 20% y hubiesen transcurrido dos años desde la formalización del mismo.




Así subirán un 20% las multas a las empresas por las sanciones laboralesc

  • LA REFORMA ENTRA HOY EN VIGOR/ Trabajo actualiza las multas a las empresas con la evolución de la inflación desde 2007. En las infracciones en salud laboral la sanción se acerca al millón de euros.

M.Valverde. Madrid

Hoy entra en vigor el incremento en un 20% de las multas a las empresas por infracciones en el orden social y laboral. Así lo recoge la disposición final primera de la ley del teletrabajo. El Gobierno aprovechó esta norma para incluir en ella una modificación de la norma con la que funciona la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, en su ofensiva por combatir el fraude en las empresas.

El incremento en un 20% de las cuantías responde a que ésa ha sido la evolución de los precios –del Índice de Precios de Consumo– desde 2007. Ese año fue la última vez que se actualizaron las multas de las sanciones en el orden laboral y de Seguridad Social. Como dice la memoria de la disposición, con el incremento de las cuantías de las sanciones, Trabajo trata de persuadir al empresario y, en su caso, al trabajador, del coste que va a tener por infringir la ley. En el caso más grave, que se refiere a la infracción en la prevención de riesgos laborales, la cuantía se acerca al millón de euros. En definitiva, los incrementos de las cuantías de las sanciones por infracciones en el orden laboral y de Seguridad Social son los siguientes:

Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. Es el capítulo que tiene las multas más altas, para intentar reducir la elevada siniestralidad laboral que hay en España. En los casos muy graves, las sanciones a las empresas, en su grado máximo, pasan de suponer 819.780 euros a 983.736. Casi un millón de euros. En su grado medio, la cuantía sube desde 409.890 a 491.865 euros. Finalmente, dentro de los casos muy graves, en su grado mínimo, la multa pasa desde 163.955 a 196.745 euros. Las sanciones pueden dar lugar también a la retirada de la acreditación de la empresa que se encargue de la realización de la prevención de riesgos laborales, cuando la primera hubiera subcontratado esta labor.

Infracciones en relaciones laborales, Seguridad Social, trabajo de extranjeros y empresas de trabajo temporal. En las sanciones muy graves, en su grado máximo, la cuantía más elevada, a partir de ahora, tendrá una horquilla comprendida entre los 120.006 y los 225.018 euros. Hasta ahora, este tipo de sanción tenía una horquilla de entre 100.006 y 187.515 euros. Además, la empresa que no ingrese las cotizaciones sociales de los trabajadores se expone a las siguientes sanciones. El pago de la deuda más un recargo, en su grado máximo, de entre el 130,1 y el 150%. Todo ello también incluirá intereses y costas del procedimiento judicial.

Cuando el empresario no aporte el material de trabajo que debe tener el empleado a distancia, porque no está en la oficina. Es una infracción nueva, tipificada exclusivamente en la nueva ley del teletrabajo. Es grave dentro del capítulo de las relaciones laborales y, en su grado máximo, la horquilla de la multa está comprendida entre los 3.751 y los 7.500 euros. En su grado medio, la sanción puede ir desde los 1.501 a 3.750, y desde los 751 a 1.500 euros, en su grado mínimo, dentro de la gravedad de la infracción. En demás aspectos, las relaciones laborales del teletrabajo rigen como el resto del ordenamiento. También es falta grave no formalizar el contrato de trabajo a distancia, con el cumplimiento de todos los requisitos legales. Incluso, la sanción puede ser más elevada, si es muy grave, al propiciar el trabajo en negro.

Dar trabajo sumergido a una persona que cobra del desempleo o percibe una pensión. La infracción es muy grave y, en su grado máximo, tiene una multa comprendida entre los 120.006 y los 225.018. Hasta ahora, la cuantía de las sanciones en este escalón estaba comprendida entre 100.006 y 187.515 euros. Además, durante un determinado periodo de tiempo perderán las prestaciones y las pensiones los beneficiarios de las mismas. Si la infracción es muy grave, la sanción puede consistir en la extinción total de la misma. Pero, además, cuando en una misma actuación, la Inspección de Trabajo descubra varios trabajadores en situación fraudulenta, las sanciones tendrán un recargo de acuerdo con la siguiente escala: un 20% en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, beneficiarios o solicitantes de prestaciones. Un 30%, si son tres las personas sorprendidas en un delito. El recargo sube al 40% por cada uno de los cuatro trabajadores descubiertos en situación fraudulenta. El recargo será del 50% para la empresa, a partir de cinco o más personas descubiertas en situación ilegal.

No dar de alta en la Seguridad Social a los trabajadores, o darles de baja, mientras siguen en el trabajo. No formalizar el contrato. La infracción muy grave, en su grado máximo, puede ser sancionada con una horquilla comprendida entre los 120.006 y los 225.018 euros. Y entre 30.001 y 120.005 euros, en su grado medio, cuando la infracción es muy grave. En su grado mínimo, el importe comprende entre 12.001 y 30.000 euros. Estas sanciones rigen también para los trabajadores autónomos que no se den de alta o lo hagan también fuera de plazo.

Obstruir la labor de la Inspección de Trabajo. Tiene las mismas sanciones que el capítulo anterior. Persigue la actuación de la empresa cuando dificulte u obstruya la labor de la Inspección de Trabajo en la comprobación de la situación de alta de los trabajadores en la Seguridad Social. Por lo tanto, las sanciones calificadas como graves, y en su grado máximo, pueden ir desde los 9.601 a los 12.000 euros. Si son muy graves, en su grado máximo, entonces la cuantía de la misma puede ir de 120.006 a 225.018 euros.

Reducciones del 50% en la multa si se acepta la sanción inmediatamente en materia de Seguridad Social. La reforma del importe de las multas sobre Infracciones y Sanciones en el orden Social también contempla una reducción “automática” del 50% de la multa , en materia de Seguridad Social, si se cumplen dos condiciones: la primera es que “el sujeto infractor manifieste su conformidad con la liquidación [de la misma], ingresando el importe en el plazo procedente”. Es decir, dentro de lo que dice la ley. En segundo lugar, la reducción al 50% de la cuantía de la sanción será posible cuando se produzca la cuantía de la liquidación final de la sanción. Es decir, una vez que la Administración ha hecho todas las comprobaciones, con la posibilidad de que haya recargos y pagos de los intereses. Con ello, el Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere evitar que al empresario le salga más rentable infringir la norma y pagar inmediatamente. En realidad, el considerable incremento de las multas laborales en un 20% trata de evitar precisamente eso. El objetivo del Ministerio de Trabajo también es incrementar la recaudación en más de 52,7 millones de euros anuales: 33,8 millones por medio del Ministerio de Trabajo, y 18,9, por las comunidades autónomas.




El precio de la vivienda ya supera los niveles de 2019 en 39 capitales españolas

RECUPERACIÓN/ La vivienda ya supera el valor que tenía en 2019 en la mayoría de España. Lleida, Vitoria y Vigo encabezan las subidas, por encima del 16%. Madrid lo supera en un 4,5%, y Barcelona se queda un 1,2% por debajo del nivel pre-Covid.

Inma Benedito. Madrid

En la crisis del Covid-19, la vivienda va por libre. Cuando en 2020 la economía sufrió su mayor desplome desde la Guerra Civil, la venta de pisos se resintió, pero no mucho, y la onda expansiva apenas llegó a rozar el precio. Y ahora que parece que la recuperación económica despega con menos fuelle del esperado, la vivienda sigue al alza, como si nada.

El precio de los pisos en el tercer trimestre de 2021 ya supera en un 5,7% el valor que tenían antes de la pandemia, en el mismo periodo de 2019, según los últimos datos de Tinsa elaborados para este diario. Si se compara el dato con el del año pasado, la subida es todavía mayor, del 6,1%. Es más, ya hay 39 capitales españolas donde, en 2021 y pandemia mediante, la vivienda es más cara que en 2019. El precio medio, sin embargo, todavía está en niveles de 2012 (1.444 euros/m2). Entonces, la vivienda encajaba los ajustes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Las compraventas empezaron a reactivarse después del confinamiento, y a principios de 2021 cogieron carrerilla. “Ahora mismo todo el mundo es consciente de que estamos saliendo de la crisis. La vacunación avanza viento en popa, las restricciones se relajan, la actividad empresarial está bastante normalizada, el mercado hipotecario funciona a todo gas… Hay un optimismo generalizado que conduce a la compra de vivienda”, explica Gonzalo Bernardos, profesor Titular y director del Máster Inmobiliario de la Universidad de Barcelona. Si en los primeros meses del año se cerraban alrededor de 39.000 operaciones al mes, en julio ya superan las 50.000 y marcaron un máximo no visto desde 2008.

El empuje de la demanda es tal, que ya “supera los niveles de actividad de 2019”, apunta Andrea de la Hoz, analista sénior del Servicio de Estudios de Tinsa. Frente a la vuelta de compradores, la oferta continúa siendo escasa. “Este escenario, combinado con una política monetaria de tipos de interés reducidos, liquidez y bolsas de ahorro disponibles, así como el incremento de la confianza consumidora y la contención del desempleo, sostienen el ritmo de actividad y abren la posibilidad a tensionamientos de precio”, añade De la Hoz.

De las 39 capitales por encima de niveles pre-Covid destacan Vitoria y Lleida. En ambas, comprar vivienda era en septiembre un 16,6% más caro que en el mismo periodo de 2019. Les siguen Vigo, San Sebastián y Oviedo, con incrementos del 16,3%, 15,9% y 14,8%, respectivamente. En cuanto a las dos grandes capitales, Madrid y Barcelona, la evolución está siendo dispar. La vivienda es en Madrid un 4,5% más cara que antes de la pandemia, mientras que en Barcelona es un 1,2% más barata. Esta diferencia podría deberse tanto a la escasez de oferta en Madrid, que haya tirado antes de precios, como a factores como un mayor interés de inversores por la capital.

“Madrid vuelve a ser la capital de la vivienda por antonomasia”, pronostica Bernardos. De confirmarse esta tendencia, la bicefalia inmobiliaria podría perderse. Las facilidades a la inversión y el entorno de seguridad jurídica que ofrece la capital le dan a Madrid ventaja respecto a Barcelona, donde el mercado vive lo opuesto, añade Bernardos. Esto provocará que la demanda de inversión se concentre aún más en la capital, lo que hará subir más las transacciones y, por ende, el precio.

En la última crisis, grandes plazas como Madrid o Barcelona empezaban a levantar cabeza en 2013, mientras que a muchas otras capitales los brotes verdes no llegaron hasta 2016. Pasaron tres años hasta que la recuperación le llegó al resto de España, y ni siquiera se extendió a todas las ciudades. La diferencia con 2013 es que, en el último trimestre de 2022, en ese tren de la recuperación ya estarán todos montados. Esto se debe al fuerte tirón de la economía, que empujará precios a toda velocidad, acortando el ciclo inmobiliario. Hay que tener en cuenta que, antes de la pandemia se consideraba que el PIB crecía con fuerza cuando lo hacía a tasas del 3%. La previsión para este año y el que viene es casi del doble (5%-6%) por lo que el tirón de la economía será mayor.

Prueba de ello, sólo hay 12 capitales donde el precio de la vivienda siga por debajo de niveles pre-Covid. Se trata, en su mayoría, de ciudades de interior con mercados muy poco dinámicos, algunas de la llamada España vaciada. Allí, el estallido de la burbuja dejó un gran exceso de oferta, y los problemas de despoblación y envejecimiento demográfico han impedido que ésta termine de absorberse, impidiendo que el precio suba. Palencia es la capital donde el precio de los pisos está más alejado de lo que costaba en 2019 (un 17% por debajo). En Soria la vivienda cuesta un 15% menos que antes de la pandemia, en Ourense un 12,8% menos, y en Huesca son un 7,5% más baratos.

De cara a los próximos meses, habrá que ver si el jarro de agua fría sobre las previsiones de crecimiento afectan al mercado inmobiliario. La construcción fue precisamente uno de los componentes del PIB que más cayó en la última revisión del INE del segundo trimestre, ante el retraso en la llegada de fondos europeos. Sin embargo, es el mercado hipotecario la verdadera gasolina del sector, y por lo pronto, la guerra hipotecaria y los tipos bajos continúan.




Obras de emergencia en carreteras de las provincias de Córdoba, Granada y Málaga

Ya se han iniciado los trabajos en la Alpujarra granadina debido a los desprendimientos que se producen ocasionalmente en esta vía

La Junta de Andalucía puesta por realizar una fuerte inversión en las carreteras de las provincias de Córdoba, Granada y Málaga. Este martes es cuando se ha dado vía libre a estas tres obras de emergencias que forman parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y que tiene como presupuesto 5,1 millones de euros.

En concreto, ya se han iniciado los trabajos para hacer frente a los desprendimientos detectados en la carretera A-348 en la Alpujarra granadina, y para la reparación de la carretera A-318 en Lucena, mientras que ya se encuentra ejecutada en un 20% la mejora de la seguridad vial en el tramo entre Riogordo y Colmenar de la carretera A-7204, una vía que atraviesa la Axarquía malagueña de oeste a este, según se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno.

Desde la Junta han explicado que las obras de emergencia de la carretera A-348, iniciadas hace unas semanas, tratan de resolver los “problemas de desprendimientos que sufre históricamente esta vía” de la Alpujarra entre el municipio de Cádiar y la pedanía de Yátor y que se han agravado en los últimos meses tras los últimos periodos de lluvias.

Esta situación ha provocado movimientos de laderas y terraplenes que han originado hasta 16 puntos peligrosos por riesgo de deslizamientos en un tramo de apenas cuatro kilómetros. La Junta pone de relieve que, de no haber actuado, habría obligado al corte total de la carretera, lo que habría obligado a los habitantes de la zona a efectuar desvíos de 25 kilómetros y una hora de recorrido.

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Infraestructuras, declaró a finales del mes de julio las obras de emergencia, que se adjudicaron a la empresa Grulop 21 por 2.845.216 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Los trabajos se centran en un tramo entre los kilómetros 54 y 58, donde se han localizado 16 zonas de actuación para “garantizar la seguridad vial y estabilizar las laderas”.

Además, se detectaron problemas de drenaje longitudinal y en los caminos de servicio, también afectados por los deslizamientos. Como solución se están aplicando varios sistemas de estabilización en función de cada caso.

También se han iniciado, con un presupuesto de 1.665.225 euros, las obras para la mejora de la A-7204, de Venta Baja a la A-45 por Colmenar. Según explica la Junta, esta carretera ha sufrido un “inusual deterioro” debido a la erosión de los terrenos adyacentes. En algunas zonas se ha producido la descompresión de las capas del firme, que han provocado grietas longitudinales y deslizamientos.

La empresa Trabit está desarrollando unos trabajos que consisten en la limpieza de las cunetas y obras de fábrica, el saneo de los materiales inestables de los taludes de desmonte, la colocación de muros de escollera que garanticen la estabilidad de la carretera y la reposición del drenaje longitudinal. Asimismo, está procediendo al reciclado del firme existente mediante emulsión entre los kilómetros 22 y 28.

En el resto del tramo, comprendido entre el punto kilométrico 30 al 41, se ejecutará una regularización del firme en las zonas con deformaciones. Las obras, que están al 20% de ejecución, tienen un plazo de tres meses y actualmente han obligado al corte de la carretera.

Por último, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se encuentra en la fase inicial de los trabajos en la carretera A-318 a la altura del cruce con la A-3132, en dirección a Navas del Selpillar y Moriles, tras los daños provocados por un deslizamiento en dirección al río Lucena.

La actuación, adjudicada por 643.250 euros a la Compañía Andaluza de Servicios y Trabajos Oriental, prevé la instalación de una pantalla de pilotes para coser el deslizamiento, así como una restitución del sistema de drenaje actual. El proyecto también incluye la construcción de dos nuevos pozos de 150 centímetros de diámetro en la margen derecha –para sustituir los pozos desplazados–, el fresado de la zona afectada y la reposición del firme.




El Puerto Seco de Antequera se une al Ramal Central Ferroviario

El alcalde de Algeciras suma un nuevo apoyo a la iniciativa que encabeza para “potenciar el efecto multiplicador de la economía que supone un tren de altas prestaciones”

Puerto Seco de Antequera se ha adherido este miércoles a la plataforma al Ramal Central, iniciativa puesta en marcha por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, con el objetivo de vertebrar España con el impulso de los corredores Atlántico y Mediterráneo y generar opciones para la economía y creación de empleo en el sector logístico. Esta red de ciudades e instituciones se constituyó oficialmente el pasado 21 de enero y agrupa a los municipios por los que transcurre la conexión ferroviaria entre Algeciras y la frontera francesa.

Landaluce ha recibido en el Ayuntamiento al presidente del grupo IDEC, Patrice Lafargue, y el gerente de Puerto Seco de Antequera, Saúl Minguela, que han firmado la adhesión de un nuevo ente a esta iniciativa.

El presidente del Grupo IDEC ha dado las gracias al alcalde por “luchar” por una causa que les une y en la que tienen puesto “el futuro”, el de sus hijos y nietos. Por este motivo, ha añadido el presidente, deben perseguir “esa infraestructura digna y de calidad que vertebre España tanto para mercancías como pasajeros”, ya que ambos comparten metas comunes y objetivos de futuro.

El alcalde de Algeciras ha afirmado que el Ramal Central busca potenciar el efecto multiplicador de la economía que supone un tren de altas prestaciones. Landaluce ha destacado que el hecho de que entes como el Puerto Seco de Antequera, de la mano de grupos empresariales internacionales como IDEC, se sumen a esta iniciativa pone de relieve “la importancia de seguir sumando apoyos por una causa justa”, sumando voluntades por un proyecto de estado que busca el progreso de nuestro país.

En el acto también ha estado presente por parte del grupo empresarial Paul Lafargue, director de proyectos internacionales grupo; Fabrice Thomazeau, director marketing; Denis Mougeot, socio del grupo; Adel Kabbour, socio del grupo y Maite Palomino. También estaba presente el capitán del maxitrimarán que intentará el récord de la Ruta del Descubrimiento, Francis Joyon.

Por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) acudieron a la cita José Luis Hormaechea, director general, y Nicolás Martínez, jefe de la división de Desarrollo de Negocio, en tanto que por parte del Ayuntamiento asistieron miembros del equipo de gobierno, encabezados por el primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz.




Tras el susto del INE, así encara la economía la recta final del año

SEÑALES DE CRECIMIENTO/ La fuerte revisión a la baja del crecimiento del segundo trimestre efectuada por el INE ha sembrado dudas sobre la intensidad del rebote de la economía nacional, pero los indicadores del tercer trimestre apuntan hacia una actividad que ha ido de menos a más: creación de empleo, recuperación de la facturación de las empresas, dinamismo del consumo, exportaciones en niveles récord, ingresos tributarios en ascenso y compraventa de viviendas también al alza.

Pablo Cerezal. Madrid

La fuerte revisión a la baja del crecimiento del segundo trimestre efectuada por el INE la semana pasada (del 2,8% al 1,1%) ha revelado que la intensidad del rebote tras la inmediata reapertura de la economía fue menor de lo calculado y no será inocua ni en términos de contabilidad nacional ni de la imagen proyectada al exterior. Primero, porque a pesar de la resistencia del Gobierno a variar sus previsiones, reduce a priori las probabilidades de crecer a tasas próximas o superiores al 6% en el conjunto del año y, por tanto, deja desfasado el cuadro macro sobre el que se sustenta el borrador de Presupuestos, incluido el objetivo de déficit. Y segundo, porque provocará una catarata de ajustes en las previsiones de los grandes organismos justo después de que algunos de ellos, como el Banco de España o la OCDE, los hubieran revisado al alza. De hecho, JPMorgan ha sido la primera firma internacional en aplicar la tijera, rebajando al 4,5% el crecimiento para este año frente al 6,3% anterior, mientras que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, señaló ayer que el supervisor analizará si revisa sus proyecciones.

Pero en la economía no todo es blanco o negro. Y pese al aparente pinchazo sufrido entre abril y junio, que causó sorpresa y escepticismo casi a partes iguales entre los expertos, ya que las señales emitidas entonces por la economía eran más coherentes con un crecimiento por encima del 2% que por debajo, los indicadores del tercer trimestre muestran que la actividad se ha acelerado entre julio y septiembre, haciendo que el rebote de la economía ha ido de menos a más. Esto es, los datos sugieren que parte del crecimiento extraviadoen el segundo trimestre se habría trasladado al tercero, tendencia que podría tener continuidad en los próximos meses apoyada en la creación de empleo, que retroalimenta una mayor capacidad de compra y optimismo en los próximos meses; la inversión privada, respaldada por la entrada de pedidos, los encargos pendientes y los tipos bajos, y la pública, apuntalada por los fondos europeos.

En definitiva, pese a las dudas generadas por el dato revisado del segundo trimestre, las señales apuntan a un rebote sólido de la economía en el tercero, si bien hay dos grandes riesgos que planean sobre la economía: la escalada de precios, que amenaza tanto la demanda interna como los márgenes de negocios empresariales, y la progresión de la variante Delta, que podría llevar a la reimposición de restricciones frente al coronavirus y a nuevos cuellos de botella en las cadenas de valor.

Mercado laboral

La primera señal que apunta a un crecimiento significativo en el tercer trimestre es el dinamismo del mercado laboral. En julio y agosto se han creado 209.590 puestos de trabajo, de acuerdo con los datos desestacionalizados que maneja el Ministerio de Seguridad Social, mientras que la cifra de trabajadores en ERTE se redujo hasta los 253.000 a mediados de septiembre.

Además, estos datos vienen respaldados por la estadística de Ventas, Empleo y Salarios en grandes empresas de la Agencia Tributaria, que apunta a una creación de empleo del 5,2% anual en julio, con lo que el mercado laboral quedaría apenas un 1,3% por debajo de las cifras previas a la crisis.

A ello se suma la propia percepción de las empresas, que en la última encuesta realizada por el Banco de España confirmaban que entre julio y septiembre “se ha mantenido la recuperación de la producción y el empleo que comenzó en el segundo trimestre” y anticipaban un repunte adicional de su facturación en la recta final de año.

En este contexto, un 54% de los directivos españoles espera aumentar plantilla en el cuarto trimestre, según un estudio de proyección de empleo de ManpowerGroup, mientras que un 86% de los CEO de empresas españolas prevé ampliar su plantilla en los próximos tres años, de acuerdo con un informe reciente de la consultora KPMG.

Estos datos suponen que la tendencia de crecimiento observada en el segundo trimestre, aunque con menor intensidad de lo previsto en un principio, ha continuado en el tercero, pero que también se podría extender al periodo entre octubre y diciembre. ¿Por qué? Porque la creación de empleo no sólo pone una mayor cantidad de dinero en manos de los consumidores, sino que también alienta la confianza en el público, lo que estimula la demanda interna.

De hecho, los indicadores de demanda siguen siendo positivos pese a que en el primer trimestre no crecieran con la intensidad estimada inicialmente. Así, aunque el ritmo se ha moderado, algunas partidas del Índice de Comercio Minorista continúan creciendo a ritmos muy altos. Es el caso de los bienes de equipo personal, donde se incluyen ordenadores o automóviles, y que constituyen un gran termómetro de la situación económica porque son, en la mayor parte de las ocasiones, productos cuya adquisición se puede aplazar. Las compras de estos productos crecieron a un ritmo del 6,8% en julio, lo que es relativamente bajo en relación con los meses anteriores, pero una cifra ciertamente elevada en comparación con la media histórica. Y aunque las compras de vehículos están en negativo en los últimos meses, el acumulado anual hasta agosto crece un 15,8%. Y el frenazo de los últimos meses no se debe tanto a la falta de demanda como a la escasez de productos disponibles por los problemas de suministro de semiconductores. Por su parte, la compraventa de viviendas se disparó un 53,5% en julio en tasa anual, hasta superar las 50.200.

Y a esto hay que sumar la recuperación del turismo nacional. Aunque la cifra de visitantes extranjeros y de su gasto sigue un 56% por debajo de las cifras previas a la pandemia, el turismo nacional ha compensado, en parte, esta debacle. En concreto, en julio se registraron 14,93 millones de pernoctaciones hoteleras por parte de los turistas nacionales, una cifra que ya supera los 14,87 millones de noches registradas en julio de 2019. Y eso ha dado alas a los hoteles, permitiéndoles fijar unos precios que ya superan las cifras de 2019, un aumento especialmente importante en los establecimientos de cinco estrellas (9,8% respecto a las cifras de hace dos años). Hay que tener en cuenta que parte de esta subida se debe a la necesidad de compensar los sobrecostes por los meses de inactividad, pero también que la posibilidad de subir los precios en uno de los sectores más afectados por la pandemia indica que la demanda es vigorosa. Y más robusta es todavía en los alojamientos extrahoteleros, como cámpings o apartamentos, donde la demanda nacional se dispara un 27,8% respecto a las cifras de hace dos años.

Esta tendencia continuó en agosto. De hecho, el gasto con tarjeta se disparó ese mes un 35% respecto a agosto de 2019 gracias al gasto de los españoles y favorecido por el tirón del turismo patrio, según datos de BBVA Research.

Otro signo positivo que alimenta la caldera de la recuperación es la remontada de las exportaciones, que si bien en julio crecieron a menor ritmo que el mes anterior, en el acumulado de los siete primeros meses aumentaron un 21,7% sobre el mismo periodo de 2020 y, lo que es más importante, se situaron ya un 2,7% por encima de los niveles de 2019. También la industria se está recuperando, aunque en septiembre ha perdido dinamismo en el conjunto de la zona euro por culpa de los cuellos de botella en las cadenas de suministro, en un contexto de fuerte encarecimiento de los precios. Así, aunque la producción industrial en España ralentizó su avance al 0,4% en julio, sumó su quinto mes consecutivo al alza, en un contexto en el que, tal como viene señalando Markit en las últimas semanas, el crecimiento de la capacidad productiva es inferior al de la demanda, lo que, sobre el papel, hará que la cola de encargos pendientes se prolongue durante un cierto tiempo, dando combustible a la recuperación.

Recaudación

Pero si hay un indicador que aglutina todos los efectos positivos del crecimiento, y muy difícil de falsear, esa es la recaudación de Hacienda, que se está disparando. En concreto, los ingresos tributarios totales crecieron un 22,2% en julio respecto al mismo mes de 2020, de acuerdo con la Agencia Tributaria, casi el doble que en el acumulado anual. Este incremento se produjo fundamentalmente en el IVA (que se disparó un 54%, fruto de la fortaleza del consumo y el aumento de precio de la luz), pero también en el Impuesto de Sociedades (un 24,5%, como resultado de la recuperación de los beneficios corporativos), en los Impuestos Especiales (12%) y en el IRPF (10,6%, debido a la progresiva recuperación de la masa salarial). Aunque la cifra se ha frenado en el último mes, la subida es muy significativa y generalizada en todos los tributos, lo que confirma la buena marcha de la economía.

Otro indicio de que las perspectivas han mejorado es la fuerte creación de empresas en los últimos meses, con una subida del 9,7% anual en julio, con respecto al mismo mes de 2020, de acuerdo con el INE. Es cierto que esta tasa se ha moderado significativamente respecto a las cifras que se observaban en el segundo trimestre del año, pero hay que tener en cuenta que estos datos tienen un gran efecto escalón por el contraste con la situación del confinamiento. Y, aunque todavía hay muchas empresas que atraviesan grandes dificultades, los concursos de acreedores se empiezan a moderar, según los Registradores. De hecho, muchas empresas están empezando a aumentar ya sus inversiones lo que, junto con la mayor contratación, es un síntoma de optimismo que apunta a una mayor capacidad de crecimiento.

Riesgos en el horizonte

Sin embargo, los buenos indicadores que se proyectan hacia el futuro no pueden hacer olvidar los dos grandes riesgos de la economía española: la inflación y la elevada deuda.

En primer lugar, la subida de los precios industriales escaló en agosto hasta el 18%, 2,5 puntos más que en julio, registrando niveles que no se veían desde mayo de 1980, y buena parte de esta cifra se repercute en los bienes de consumo, que suben un 3,8%. Esto se debe a la fuerte subida de los precios de la electricidad, de las materias primas y de los bienes intermedios, que incluso están provocando la paralización de algunas actividades. Y es muy negativo porque, por un lado, merma los márgenes de negocios de las empresas españolas y su competitividad en el exterior, y, por otro, reduce la capacidad de la demanda interna, ya que cada punto adicional resta 6.000 millones al consumo privado.

Además, esta subida de la inflación genera un riesgo adicional para las finanzas públicas, ya que puede llevar a fuertes incrementos del gasto que se consolidarán de cara al futuro, en el caso de que las pensiones y los salarios públicos se actualicen con las cifras actuales, que probablemente sigan incrementándose en la recta final del año.

Además, en el caso de que la subida de precios no se disipe en próximos ejercicios, sino que se acabe trasladando a los salarios en los países europeos, esto haría que la demanda se recalentara, generando un nuevo efecto de segunda ronda sobre los precios. Esto pondría en un brete al BCE, que podría verse obligado a reducir su política de estímulos, y eso podría ser letal para un país hiperendeudado como España, donde el volumen de pasivos del Tesoro supera el 121% del PIB. Y a todo ello hay que sumar la peligrosa evolución de la variante Delta, que podría llevar a la reimposición de restricciones sanitarias incluso en países con una muy elevada tasa de vacunación, frenando de nuevo el crecimiento en las economías europeas, además de las perturbaciones que puedan venir desde el exterior en forma de una caída del comercio mundial, un nuevo freno al turismo o de disrupciones en las cadenas de valor.




Cremades Calvo-Sotelo ficha a Abraham Carrascosa para liderar su área de inversiones e infraestructuras

Trabajará de forma preferente en sectores del transporte, energías renovables, ciclo integral del agua y telecomunicaciones

José Abraham Carrascosa, ingeniero y decano durante ocho años del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla, se ha incorporado al despacho Cremades-Calvo Sotelo Sevilla como socio de referencia en el área de inversiones e infraestructuras. Su cometido será liderar este área, reforzando el ‘expertise’ técnico del despacho y sumándolo al jurídico, y potenciando así la capacidad de Cremades-Calvo Sotelo Sevilla de desarrollar integralmente grandes proyectos e inversiones en infraestructuras, actuando como interlocutor único de las empresas en estos proyectos, no solo ante las administraciones, sino ante el resto de actores implicados en su desarrollo, y coordinando por tanto a todos los equipos y profesionales implicados en su diseño, tramitación administrativa, ejecución y

 explotación.

Cremades & Calvo Sotelo se ocupa de la tramitación jurídica de todo el ciclo de vida del proyecto, desde su gestación hasta su culminación en la ejecución y entrega o explotación. Ahora, la firma pretende aprovechar la centralidad de esa dimensión jurídica para ofrecer a las empresas la posibilidad de contar con un único interlocutor que se ocupe del desarrollo integral del proyecto, incluyendo también los trabajos técnicos y de ingeniería, algo que están demandando cada vez más las empresas, interesadas en la figura del «responsable único».

Los sectores del transporte, energías renovables, ciclo integral del agua y telecomunicaciones son los que el despacho ha marcado en rojo como áreas de actuación preferente de esta nueva división, y son de hecho ya las áreas donde Cremades-Calvo Sotelo Sevilla tiene ya proyectos en cartera. Unos proyectos, muchos de ellos de colaboración público-privada, que sumarán una inversión para Andalucía superior a los 100 millones y que se traducirán en nuevas infraestructuras para la Comunidad y por tanto en nuevas oportunidades y servicios para de sus ciudadanos.

Entre los proyectos de estas características que Cremades-Calvo Sotelo ya desarrolla en el área de infraestructuras e inversiones, destaca el que permitirá el despliegue de fibra óptica en pequeñas poblaciones de Andalucía, con una inversión de más de 20 millones de euros.

El despacho Cremades Calvo-Sotelo Abogados, dirigido en Sevilla por Francisco Fernández, refuerza con este nuevo fichaje su cartera de servicios y su capacidad para afrontar proyectos de diversa naturaleza: transformación digital, de infraestructura y de organización interna, tanto para administraciones públicas como particulares. El bufete, que tiene una plantilla de 80 personas y ofrece servicios en los ámbitos jurídico y de consultoría estratégica, con una fuerte especialización en innovación, colaboración público-privada, compra pública innovadora y ‘compliance’, es el tercero en el ranking de bufetes de Andalucía por volumen de facturación, al registrar ingresos por 13,7 millones en 2020.

Abraham Carrascosa, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Escuela de Madrid) y Máster en Dirección de Empresas Inmobiliarias y Constructoras (Universidad Politécnica de Madrid), fue decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla; presidente de la Mesa de la Construcción de Sevilla; vicepresidente de la Cámara Territorial de Tecniberia y miembro de su junta directiva; miembro de la junta directiva de ASICA y de ALAA, de la Mesa del Consejo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Madrid y Vocal del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública. Imparte habitualmente conferencias, ponencias y simposiums sobre el sector de la construcción en diferentes universidades y es autor de diferentes artículos para prensa y revistas especializadas en el sector de la construcción.