1

Entrevista a la presidente de CEACOP Andalucía Ana Chocano Román en Despierta Andalucía Canal Sur

La presidente de CEACOP, Ana Chocano, ha abordado esta mañana en Canal Sur, la situación que a traviesa el sector de la construcción tras la subida de precios de las materias primas y ante la dificultad de las empresas para encontrar manos de obra cualificada. 

El año 2021 nos ha traído una subida desproporcionada de los precios de las materas primas en la construcción que va a perjudicar seriamente a un sector que aún no se había recuperado de la anterior crisis. La subida del precio del petróleo y sus derivados está teniendo repercusiones en el trasporte, la fabricación y la distribución, y consecuentemente todas las materias primas en general, han sufrido un fuerte incremento en sus precios, llegando en algunos casos a duplicar el coste de hace un año; es el caso, por ejemplo, del betún, el acero o el cobre. Además, se está produciendo un desabastecimiento de determinados materiales. Estos factores afectan a la estabilidad de los contratos firmados y en algunos casos también a las empresas, principalmente a las pymes. Si no se toman medidas vaticinamos el encarecimiento en el precio final de las infraestructuras entre un 20% y un 35%. Asimismo, que se podría producir una paralización del sector, lo que puede tener consecuencias en el empleo, en un momento en el que la construcción está siendo motor económico para la reactivación tras la crisis del Covid.

A esto se añade otro lastre para la construcción. Dificultad para encontrar mano de obra especializada, en un sector envejecido, y a punto de que lleguen los primeros fondos europeos Next Generation para la recuperación de España. Siete de cada diez euros de los fondos europeos de reconstrucción están vinculados a proyectos de construcción. Se prevé necesario la contratación de unos 700 mil trabajadores más para hacer frente a los nuevos planes. En la crisis de 2008 se destruyó empleo en el sector que nunca se recuperó. Ahora más de 10 años después, la construcción requiere incorporar personal a las obras, pero los jóvenes no tienen formación tras la paralización del sector estos años, recordemos que son oficios que se aprenden en las obras. Además, los antiguos trabajadores del sector han reorientado su actividad laboral o se han jubilado. En este contexto de alta demanda y poca oferta, los especialistas en oficios están subiendo los precios, coste añadido al alza de las materias primas.

En este punto en el que nos encontramos es fundamental que se active la formación reglada para desempleados, pero también para profesionales en activo. Una formación en oficios de la construcción, desde pintores a soladores, escayolistas, fontaneros, herreros, etc.

 
 ? a partir de 1:35:57



El precio de circular por Andalucía con los peajes que proyecta el Gobierno

  • Si la medida se acaba implantando, desde 2024 los andaluces tendrán que pagar siempre que usen las vías que no sean de titularidad regional

El proyecto del Gobierno central de instaurar los peajes en todas las autovías de España es una realidad que esta semana han confirmado ya fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Aunque hay muchos aspectos por concretar, la intención del Gobierno parece clara y, según diversos medios, la medida tendría ya incluso un precio fijado: un céntimo por kilómetro.

Con esa premisa, se puede calcular ya cuánto costarían desplazamientos que, hasta ahora, se hacen sin pagar. Así, ir de Sevilla a Cádiz supondría un desembolso de 1,21 euros por trayecto. Este caso sería especialmente sangrante porque, después de décadas de un peaje que se eliminó justo antes de la pandemia, sería volver al cobro por usar esa vía recién liberada del pago. 

En el caso de ir de Sevilla a Madrid, el gasto sería de 5,31 euros, lo mismo que se si se va desde Málaga. En el caso de un viaje por carretera de Cádiz a Huelva, habría que abonar 2,10 euros y, para el trayecto Sevilla-Jaén, 2,46. Si se quiere ir desde Málaga o Sevilla hasta Barcelona, se abonarán 9,75 euros y, de Sevilla a Málaga, 2,05.

Estos cálculos están hechos en base a la hipotética cifra de un céntimo el kilómetro, pero podrían dispararse si finalmente el precio es superior. Porque, cabe recordar, esto no es un asunto cerrado y se llegó a hablar de una horquilla de hasta seis céntimos por kilómetros. Aunque el Gobierno parece más cercano a solo un céntimo, la falta de detalles sobre la aplicación final de la medida impide descartar otros precios.

Sin embargo, son muchas las dudas que aún plantea esta medida. La primera es cómo se podrá cobrar. Hay varias opciones pero las principales son dos: el cobro de peaje a través de arcos o cabinas o el cobro por «viñetas». Este último sistema supone que el ciudadano se abone durante un tiempo determinado a circular por las vías en cuestión.

La única certeza es que los andaluces sólo quedarán exentos de abonar una tasa si usan las autovías de titularidad regional, la A-92 y las Jerez-Los Barrios.




El Gobierno andaluz impulsa la construcción de más de 4.000 viviendas protegidas en Andalucía

  • Marifrán Carazo defiende el “cambio de modelo en Andalucía” tras la concesión por parte de la Junta de 80 millones en ayudas para nuevas promociones en alquiler a precio asequible

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha defendido el “cambio de modelo” en Andalucía con el impulso de políticas para la construcción de 4.000 viviendas protegidas a precio asequible en los últimos tres años en contraste con los anteriores mandatos en los que no se emprendieron iniciativas para ampliar el parque residencial. La consejera ha hecho balance de las política de vivienda llevadas a cabo a través del Plan Vive en Andalucía, a la par que ha cuestionado la Ley Estatal de Vivienda, que “ni tiene el respaldo del sector ni de las comunidades autónomas” al recoger medidas intervencionistas que “son un ataque a la propiedad privada, plantean inseguridad jurídica y han fracasado en otros países”.

Marifrán Carazo ha precisado que el Gobierno andaluz apuesta por “el incremento de la oferta residencial, tanto en venta como en alquiler, a precio asequible para facilitar el acceso a una vivienda de colectivos como jóvenes o familias con escasos recursos”. Para ello, ha defendido las líneas de colaboración que la Consejería de Fomento ha emprendido con ayuntamientos, empresas públicas y privadas. “Trabajamos de la mano del sector”, ha manifestado.

Fruto de ese trabajo de colaboración, el Gobierno andaluz ha contribuido a la construcción de 3.000 nuevas viviendas en alquiler a precio asequible en Andalucía únicamente con el programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler, que se puso en marcha en 2019 y que ya acumula tres convocatorias. El resultado de estas obras son viviendas con unos precios que oscilan entre los 200 y los 400 euros al mes, según las dimensiones del inmueble. El impulso a estas 87 promociones ha sido posible gracias a “los más de 80 millones de euros en subvenciones a promotores públicos y privados, que supone una inversión global pública y privada de 270 millones de euros”.

La consejera ha manifestado que, a través de esta iniciativa, se revierte la tendencia de los mandatos anteriores, donde apenas se construyeron viviendas, además de “cumplir una triple función: ayuda a ampliar el mercado de la vivienda en alquiler a precio asequible, reactiva la economía y genera empleo“. Sobre este último punto, se prevé que con las tres convocatorias se crearán 9.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción.

El desarrollo de este programa ya se está visualizando con el inicio de una veintena de promociones e incluso algunas que ya han finalizado y en la que ya se están alojando los primeros inquilinos, como las 60 viviendas de un promotor privado en Marismas del Odiel en Huelva o las viviendas públicas de calle Botica en Cádiz capital.

Sólo en la última convocatoria, con 30 millones de euros en ayudas, se han aprobado provisionalmente la construcción de más de 1.200 viviendas en las ocho provincias andaluzas. La inversión global (pública y privada) supera los cien millones de euros.

A estas convocatorias pueden presentar solicitudes promotores públicos y privados, así como fundaciones y ONG. Por provincias, se han concedido subvenciones para la construcción de 172 viviendas en Almería, 395 en Cádiz, 151 en Córdoba, 583 en Granada, 220 en Huelva, seis en Jaén –que ha presentado por primera vez solicitudes en esta tercera convocatoria–, 638 en Málaga y 831 en Sevilla.

“Andalucía es la comunidad española que ha firmado más acuerdos con el Ministerio para poner en marcha promociones del programa de fomento del alquiler”, ha aclarado al consejera al precisar que en 2019 y 2020 se promovieron más de 1.700 viviendas en la comunidad, frente a las 683 de Cataluña y las 167 de Madrid.

Además del programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler, se ha puesto en marcha un programa pionero de permuta de suelos, que promueve la construcción de 420 viviendas a precio asequible a través de la colaboración pública-privada. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ofrece suelos de titularidad pública a cambio de la entrega de viviendas ya construidas que incrementen el parque público de la Junta de Andalucía. Este programa, que ya se ha aplicado con éxito en la zona de Pescadería en la ciudad de Huelva y en el barrio de Huerta Santa Isabel de Córdoba, se extenderá a las ocho provincias andaluzas con una inversión estimada de 41 millones de euros.

También se ha resuelto una convocatoria de ayudas para la autoconstrucción, con la que se quiere favorecer el acceso a la vivienda en zonas rurales. En total, se han entregado 2,2 millones en subvenciones para 108 inmuebles en diez municipios. De igual manera, el Plan Vive en Andalucía incluye un programa para la concesión de ayudas para la adecuación de suelos con destino a Vivienda Protegida, en el que se han admitido 15 solicitudes para la urbanizaciones de terrenos para la construcción de en torno a 450 inmuebles.

Giro en las políticas

Marifrán Carazo ha indicado que, con estas iniciativas, “en muy poco tiempo y en plena pandemia hemos pasado de cero a más de 4.000 nuevas viviendas a precio asequible en Andalucía”. Al respecto, ha echado la vista atrás para reivindicar que las políticas de vivienda han cambiado de la noche al día. “En el pasado, se ha engañado a los ciudadanos: a los que promovían VPO, a los que querían instalar un ascensor en su edificio y a los que pidieron ayudas para el alquiler”, ha mencionado.

Entre las medidas incumplidas, ha recordado la ausencia de plan de vivienda durante cuatro años (de 2012 a 2016), el impago de ayudas a 160 promotores por un montante de 30 millones de euros o los pagos pendientes de ayudas a los compradores de VPO o a las comunidades de propietarios para la instalación de ascensores. “Todo ello ha dejado un déficit de vivienda a precio asequible que queremos paliar”, ha añadido.

La consejera ha expuesto las líneas de trabajo para ampliar la oferta de viviendas por parte de Andalucía no sin antes cuestionar la Ley Estatal de Vivienda anunciada por el Gobierno de España, que plantea “medidas intervencionistas como la de limitar los precios de los alquileres, que es un ataque a la propiedad privada, plantea inseguridad jurídica y ha fracasado en otros países”. “Sólo consigue tensionar el mercado y reducir la oferta de viviendas en alquiler”, ha aseverado Marifrán Carazo, que ha subrayado que existen informes como el de la Universidad Pompeu Fabra que indican que en ciudades como Estocolmo, Boston, San Francisco, París y Berlín el efecto de la limitación de los precios ha sido un bajón en la oferta de viviendas para arrendar. “En Barcelona ya se está notando ese efecto negativo en los datos de las fianzas depositadas en el Instituto Catalán del Suelo”, ha añadido.

La consejera ha manifestado que en cuanto tengan el texto de la ley se supervisará para “certificar que no vulnera las competencias de las comunidades autónomas ni los derechos de los propietarios y que se ciñe a la legislación española vigente”. Por último, ha recalcado que la ley nace “vacía porque el Estado no tiene competencias”, por lo que ha aclarado que “sería más operativo para los ciudadanos que las comunidades recibiéramos las transferencias de financiación necesarias para aplicar nuestros modelos”.

Menos rigideces a la VPO

De igual manera, la consejera ha indicado otras patas del plan andaluz de vivienda como el desarrollo de un marco normativo que elimine rigideces administrativas y que equipare las características de las VPO a las viviendas libres. Mediante la Orden de 12 de febrero de 2020, ha recordado, se cambió el concepto de vivienda protegida, equiparando sus condiciones para hacerlas más atractivas tanto a promotores como a entidades financieras encargadas de financiar estas actuaciones.

La Orden establece que aquellos municipios que dispongan de un PGOU, de normativa urbanística y ordenanzas municipales que establezcan condiciones funcionales y de diseño para viviendas libres, no tengan que aplicar requisitos diferentes para las protegidas y así dilatar y alargar los procedimientos. A esta medida hemos sumado otras para agilizar los procedimientos de calificación de vivienda protegida recogidas en el nuevo plan de vivienda, el Plan Vive en Andalucía.

En esa labor de facilitar el acceso a la vivienda, también ha reivindicado el esfuerzo realizado en materia fiscal. Y ha citado como ejemplo la recientemente aprobada Ley de Tributos Cedidos, que permite al Gobierno andaluz acometer nuevas rebajas fiscales en materia de alquiler de vivienda. De esta manera, los jóvenes de menos de 35 años, los mayores de 65 años o las personas víctimas de violencia doméstica y terrorismo podrán aplicarse una deducción del 15 por ciento con un máximo de 600 euros, en lugar de 500 euros, por su alquiler. A los contribuyentes que tengan la consideración de personas con discapacidad se incrementará el límite de la deducción hasta 900 euros.




Sergio Arjona Jiménez, nuevo secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Junta

  • El coordinador del Centa, Álvaro Real, lo sustituye como director general de Infraestructuras del Agua

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el nombramiento Sergio Arjona Jiménez como secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Nacido en Málaga en 1982, Arjona Jiménez es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada y Licenciado en Administración y Dirección de Empresa por la UNED.

Arjona sustituye en el cargo a Francisco José Gutiérrez Rodríguez que ha dejado la consejería tras su nombramiento en la Secretaría General de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Arjona ocupaba hasta el momento la Dirección General de Infraestructuras del Agua, un departamento clave en el desarrollo de proyectos e inversiones destinados a mitigar los efectos de cambio climático en su afección al agua, contribuyendo, además, al Pacto Andaluz del Agua, con políticas más sostenibles, y a la Ley de Economía Circular de Andalucía.

Funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo del Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos desde 2011, en la Administración andaluza ha tenido diversas responsabilidades anteriores: técnico del Servicio de Dominio Público, asesor técnico en la Presa de Benínar y, desde abril de 2015, y jefe de servicio de Carreteras en Almería.

Entre los años 2012 y 2013 estuvo becado por la escuela de negocios Hult International Business School para realizar un MBA, con estancias en Boston (EEUU) y Shanghai (China). Cuenta con publicaciones científicas de artículos en congresos internacionales en el sector del agua.

Álvaro Real, director general

Del mismo modo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Álvaro Real Jiménez como director general de Infraestructuras del Agua de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en sustitución de Sergio Arjona. Nacido en Jerez (1977), es ingeniero químico y Doctor por la Universidad de Cádiz. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el seno de la Fundación pública andaluza Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (Centa), desempeñando diferentes cargos como responsable de ingeniería y de infraestructuras bajo la etapa de gobierno del PSOE y participando en la realización de numerosos proyectos europeos de investigación y de cooperación. Desde 2019 ha asumido la coordinación general de la entidad, según la nota del Consejo de Gobierno.

Es coautor del libro ‘Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones’, editado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en 2010, y colabora como docente en el Máster de Gestión Integral del Agua de la Universidad de Cádiz.




Portugal tiene la llave para desbloquear el AVE a Huelva

  • La falta de respuesta del Gobierno al proyecto centra los esfuerzos en el Ejecutivo luso

La conexión con Huelva por AVE podría llegar a través de Portugal. El país vecino ha tomado la iniciativa y ha planteado en firme, una vez más, una idea que lleva años rondando a ambos lados de la frontera pero que no ha llegado a plasmarse en ningún momento. Ahora, después de los movimientos del último año, el Algarve lo ha llevado a un documento central que se tratará en la XXXII Cumbre Ibérica entre los gobiernos español y luso, y que pretende ser parte de un plan básico de infraestructuras ferroviarias que se va a desarrollar en todo el territorio portugués en los próximos 15 años. La conexión transfronteriza con el vecino peninsular es fundamental en esa red de comunicación trazada, que prevé el paso de la frontera en varios puntos a lo largo de la Raya.

La falta de noticias por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hace indicar más que nunca que el camino hay que hacerlo por Portugal. Esta situación ha llevado a los empresarios en Huelva, de donde parte la iniciativa, a mover ficha y aprovechar el empuje que llega del principal aliado al otro lado del Guadiana. Ya hace unos meses impulsaron un movimiento liderado por la Cámara de Comercio de Huelva y la FOE para el que se logró la adhesión de distintos colectivos, entre ellos los alcaldes de Sevilla, Huelva y Faro.

LOS EMPRESARIOS CREEN IMPRESCINDIBLE EL EJE ANDALUCÍA-ALGARVE EN LAS RELACIONES HISPANO-LUSAS

Hace casi año y medio que el estudio informativo de la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva llegó al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico con el fin de obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Al expediente se le dio entrada el 30 de junio de 2020, pero no se ha facilitado información desde entonces sobre el estado de la tramitación y tampoco se ha detallado la causa por la que han vencido ampliamente los plazos previstos inicialmente para este paso.

El proyecto ha entrado en una suerte de limbo similar al que le ha mantenido oculto y olvidado durante años, provocando también la caducidad de una DIA previa, desde que esa conexión entre Huelva y Sevilla, demandada desde 1991, se convirtiera en una de las inversiones estrella prometidas por los sucesivos gobiernos que han pasado por la Moncloa durante más de dos décadas.

El desánimo crece pero sin llegar a la capitulación. Por eso ahora se va a dar un paso más allá. En estos momentos se trabaja en los preparativos de una gran ofensiva que pretende lanzar un bloque común de actores hispano-lusos que alcance diferentes niveles. Pronto habrá novedades en este sentido, aunque por el momento la vista está puesta en Trujillo, en la Cumbre Ibérica de este 2021, que debe testar de nuevo el interés de ambos Ejecutivos por la unión de alta velocidad de Andalucía y el Algarve.

El 28 de octubre se tratarán en la ciudad cacereña las propuestas emanadas de la XIII Reunión de la Comisión Hispano-Lusa para la Cooperación Transfronteriza, celebrada en Mérida el 29 de septiembre. Este periódico ha tenido acceso al documento de seis puntos que recoge todas las propuestas que se expondrán en el encuentro entre el primer ministro luso, António Costa, y el presidente español, Pedro Sánchez, con sus respectivos gabinetes. El sexto punto se centra en proyectos de infraestructuras repartidos entre las cinco comunidades transfronterizas, donde se recoge la línea de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla. En este documento se habla de “priorizar el corredor ferroviario atlántico, así como el mediterráneo, mediante la línea de alta velocidad que una estas tres ciudades y en el futuro, Beja y Lisboa”.

El Algarve, en principio, no forma parte de ninguno de los corredores diseñados en Bruselas, aunque sí se ha entendido desde la región lusa que la unión con Sevilla y Huelva integraría a Faro en una red que será fundamental para el desarrollo económico regional a través de las comunicaciones en Europa en las próximas décadas.

Otro gran argumento para el desarrollo de esta línea de alta velocidad transfronteriza es la creación de un auténtico Eje Sur en las relaciones hispano-lusas, con Andalucía y el Algarve.

En este sentido, Extremadura está pujando por asumir ese eje, complemento a los de Madrid-Lisboa y Oporto-Vigo, con una conexión Badajoz-Sines que puede debilitar a las dos regiones más meridionales de la Península. También ha apostado fuerte, hace tiempo, Galicia, fortaleciendo los lazos con la región norte portuguesa, que han hecho del eje Oporto-Vigo el más importante para las relaciones económicas de los dos países.

Los empresarios a uno y otro lado del Guadiana parece que han recogido el guante. Los portugueses lo van a llevar ya a la Cumbre Ibérica para arrancar un compromiso de ambos gobiernos para, al menos, incluirlo en los planes a medio plazo y realizar un estudio de viabilidad que apoye la apuesta por esta conexión.

La Junta de Andalucía parece que también se sumará, según aseguró en su día el presidente, Juanma Moreno, y ha reiterado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo. A falta de competencias directas, le toca alinearse con el Algarve para fortalecer las relaciones transfronterizas y revelar la importancia que tiene para ambos territorios ir de la mano en su desarrollo económico tan importante.

La última palabra la tendrá el Gobierno de Pedro Sánchez. Una actitud positiva encontrará respuesta similar en el Ejecutivo luso, que ya tendió la mano en un primer momento. Y aunque no parece clara la aplicación de los fondos de recuperación europeos, de la convocatoria Next Generation, la unión de ambos países debería facilitar el camino.




Andalucía recibe 2.267 millones de inversión en los Presupuestos del Estado, el 17,4% del total

  • Vuelve a contar, por segundo ejercicio consecutivo, con un plan integral de empleo dotado con 50 millones de euros

El proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 prevé una inversión para Andalucía de 2.267,07 millones de euros, cantidad que representa el 17,4% del total, y supone que sea la primera Comunidad Autónoma desde esta perspectiva, seguida muy de cerca por Cataluña, que recibirá 2.230,74 millones, el 17,2% de la inversión territorializada, que se sitúa en 13.007,20 millones, según figura en el Informe Económico Financiero de las cuentas del Estado para el próximo ejercicio.

Andalucía vuelve a contar, por segundo ejercicio consecutivo, con un plan integral de empleo dotado con 50 millones de euros, seguida de Canarias, que recibe 42 millones y de Extremadura con 15, al igual que el proyecto de Presupuestos del Estado prevé 271 millones para el Programa de Fomento del Empleo Agrario previsto de Andalucía y Extremadura.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece en su Disposición Adicional Tercera, en su punto dos, que «la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años», situada en un 17,7%, por lo que los 2.267,07 millones de inversión previsto en 2022 para Andalucía se quedaría a cinco décimas del cumplimiento de la previsión estatutaria de recibir en inversiones del Estado el peso relativo de la población andaluza en el conjunto de España.

Servicios públicos

En el Informe Económico Financiero de los Presupuestos del Estado se desglosan esos 2.267,07 millones de euros en dos conceptos: una inversión de 643,76 millones, denominada de servicios públicos administrativos con presupuesto limitativo, apartado en la que Andalucía es la primera comunidad en términos absolutos; mientras que contabiliza los 1.623,31 millones restantes como servicios públicos con presupuesto estimativo.

En las cuentas del Estado para 2022 se contabilizan otros 7.378,23 millones de euros de inversión no regionalizable y que repercute en varias regiones, por lo que la cifra total inversora será de 21.434,14 millones, incluidos 1.048,71 millones que registra como inyección de fondos europeos.

En el apartado inversor en Alta Velocidad, el proyecto de Presupuestos del Estado para 2022 señala que en este ejercicio «se mantendrá el estudio de aquellos tramos aún sin una definición final con el fin de extender sucesivamente los beneficios de una red de estas prestaciones a una mayor proporción de la población, así como de potenciar la utilización del ferrocarril como modo de transporte de mercancías con destino a otros países», entre cuyos corredores sitúa el Corredor de Andalucía.

Fondo de Compensación Interterritorial

Andalucía percibirá 160,97 millones de euros del Fondo de Compensación Interterritorial, cantidad que supone el 37,8% del total, que es de 432,43 millones de euros. Andalucía recibe en este 2021 160,74 millones, por lo que el crecimiento es del 0,1%.

Andalucía figura en el grupo de comunidades beneficiarias del FCI, junto a Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Castilla y León y las Ciudades de Ceuta y Melilla, porque, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), presentan una renta por habitante inferior a la media nacional.

Andalucía será la tercera comunidad en el Fondo de Suficiencia Global con los 568,01 millones que perciba por este concepto

El informe Económico Financiero del proyecto de Presupuestos del Estado para 2022 traslada que Andalucía será la tercera comunidad en el Fondo de Suficiencia Global, ya que los 568,01 millones que perciba por este concepto, que suponen el 11,7% del total, la ubican tras los 1.026,92 millones de Cataluña, el 21,1% del total, y los 700,26 millones de Galicia.

El crecimiento de Andalucía respecto a las cuentas actuales, de 2021, es de un 24,8% sobre los 455,07 millones establecidos para el ejercicio en vigor.

El Fondo de Suficiencia Global es el mecanismo de cierre del sistema de financiación porque cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de cada comunidad autónoma y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia, positiva o negativa, del Fondo de Garantía.

El fondo es positivo cuando las necesidades de financiación de la Comunidad Autónoma son superiores a la suma de su capacidad tributaria y su transferencia del Fondo de Garantía (en el caso contrario, la Comunidad tendrá Fondo de Suficiencia Global negativo), todo ello respecto del año base 2007, según pone de manifiesto el Informe Económico Financiero de los Presupuestos del Estado.




El banco de proyectos de Fomento reactiva más de un centenar de infraestructuras de Andalucía

  • La consejera Marifrán Carazo indica que la redacción de estos proyectos será clave para su ejecución a través del plan de infraestructuras PITMA

El banco de proyectos de la Consejería de Fomento ha reactivado más de un centenar de actuaciones en Andalucía, que se desarrollarán, en su mayoría, en el marco del nuevo Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad (PITMA). La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha destacado el desarrollo de este banco de proyectos, ideado en junio de 2019 para que sirviera de base para avanzar en la ejecución de infraestructuras, durante la clausura de la asamblea general de la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica), que se ha celebrado este miércoles en la capital hispalense.

Marifrán Carazo ha alabado la “enorme labor de asesoramiento, técnico o económico” que desarrollan las consultoras, un paso inicial que es fundamental para contar con “el mejor diagnóstico y la solución más adecuada para cada infraestructura”. “Tener un buen proyecto es clave para desarrollar cualquier iniciativa y en esta Consejería aún más”, ha remarcado la titular de Fomento, que ha recordado que, al llegar al cargo, se encontró que “muchas obras anunciadas a bombo y platillo no tenían ni un papel o los proyectos estaban caducados u obsoletos tras años guardados en los cajones”.

La consejera ha recordado que “se vieron obligados a partir de cero para impulsar todas las infraestructuras que Andalucía necesita”. Para ese cometido, se impulsó un banco de proyectos con el que, en sólo dos años, “hemos reactivado 115 infraestructuras“. La mayoría de estos proyectos se desarrollarán en el marco del PITMA, aunque Marifrán Carazo ha indicado que ya hay más de una treintena que están terminados y en la rampa de salida para su ejecución.

Ese impulso a la redacción ha permitido incorporar “muchas de estas iniciativas al listado de proyectos a financiar por los fondos europeos Next Generation“, como es el caso de las ampliaciones de los metros de Sevilla, Málaga y Granada. También ha servido para para avanzar en la redacción del PITMA, que se prevé su aprobación a lo largo del primer trimestre de 2022, una vez que se resuelvan las alegaciones y se supere el informe de evaluación estratégica ambiental.

Ante los representantes de Asica, Marifrán Carazo ha expresado que el PITMA se ha marcado como reto cambiar la política en materia de transportes y movilidad, mediante “la promoción de modos más sostenibles y de mayor eficiencia energética, que estén en consonancia con la Revolución Verde puesta en marcha por el Gobierno andaluz”.

Para el desarrollo de estos objetivos, la consejera ha destacado la importante apuesta por la inversión del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía, que multiplica por cuatro las previsiones de inversión respecto al actual, pasando de los 1.332 millones del anterior plan (Pista) a los 5.474 millones del PITMA. “Esta apuesta viene acompañada por un fuerte compromiso de ejecución. El PITMA no será un papel mojado”, ha defendido.




Ponen las bases para una vía verde que unirá las provincias de Huelva y Sevilla

  • El nuevo recorrido ciclopeatonal tendrá 96 kilómetros y discurrirá por el antiguo trazado de ferrocarril entre Minas de Cala (Huelva) y San Juan de Aznalfarache (Sevilla), uniendo las comarcas de la Sierra y el Andévalo onubense con la Sierra Norte de Sevilla, el Corredor de la Plata y el Aljarafe, hasta llegar hasta la misma capital hispalense

  • La iniciativa ha sido promovida por varias asociaciones y colectivos ciudadanos de ambas provincias

El pasado mes de mayo se produjo la demolición de la antigua estación de La Rigüela y los pilares de su depósito de aguas, conjunto ferroviario localizado en el kilómetro 53 del antiguo trazado de ferrocarril que discurre entre las Minas de Cala (Huelva) y San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Parte de sus escombros se depositaron en las proximidades del río Ribera de Huelva, en una zona con pendiente hacia su cauce. Igualmente se acometieron trabajos de movimiento de tierras, que sepultaron y destrozaron la plataforma ferroviaria, en gran medida, hasta el km 55. Por último se demolió en la misma zona una casetilla, así como los restos de lo que parecía un pequeño muelle o andén.

La Rigüela era una de las cuatro estaciones que seguían en pie de este ferrocarril, que transportaba mineral procedente de la citada mina onubense, destacando el interés que poseía la misma por su singularidad ornamental frente a otras, con un rótulo en azulejo de traza trianera, decoración externa en ladrillo azul y tejas alicantinas originales de primeros de siglo.

La demolición de la Rigüela es una pérdida importante de patrimonio, y debe suponer un toque de atención para todos, puesto que la protección del patrimonio es un mandato constitucional a los poderes públicos recogido en el artículo 46 de la Constitución Española de 1978, y está desarrollado, además, en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía 14/2007.

En estos términos arranca el manifiesto que firmaron en el municipio sevillano de Guillena el pasado 20 de junio varios colectivos y asociaciones como A Contramano -Asamblea Ciclista de Sevilla-, la Asociación Sevillana para la Defensa de los Caminos Públicos -Asedeca-, Ecologistas en Acción y la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, con el principal objetivo de constituir una mesa de diálogo integrada por las administraciones locales, autonómica y estatal, así como por las entidades promotoras del propio manifiesto.

Dicha mesa tendría por objeto trabajar conjuntamente en la protección del conjunto patrimonial conformado por los depósitos de agua para locomotoras, cocheras, talleres, estaciones, puentes, viaductos, embarcaderos y la propia plataforma ferroviaria, localizados en los municipios de Minas de Cala, Zufre, El Ronquillo, Guillena, Santiponce, Camas, San Juan de Aznalfarache, Santa Olalla del Cala, Castillo de las Guardas y Nerva, todos asociados al antiguo ferrocarril minero que discurría por la comarca.

La finalidad última de dicha mesa se centraría, por tanto, en trabajar para que dicho patrimonio industrial no se pierda, y que además sirva para contribuir al mantenimiento de la memoria histórica de los pueblos enriqueciendo su cultura y contribuyendo a su actividad socioeconómica.

Otro de los propósitos pasa por la conversión en vía verde el trazado entre Cala y San Juan de Aznalfarache, incluyendo sus ramales Santa Olalla, Teuler y Peña de Hierro -Nerva-, incorporándola al Plan Andaluz de la Bicicleta y a la futura la Red Estatal de Caminos Rurales prevista en la Estrategia Estatal de la Bicicleta.

Los colectivos firmantes del manifiesto piden por último que se restaure el daño producido a la plataforma del ferrocarril y al entorno medioambiental; que se proteja en todo el recorrido la vía y una franja suficiente como para evitar cualquier tipo de actuación que altere su fisonomía, restándole interés; y que ésta se preserve como corredor ecológico, o como ampliación del que ya conforma el río entre los parajes naturales por los que discurre, para facilitar el desplazamiento de la fauna, potenciando de esta forma un mayor intercambio que promueva la necesaria diversidad genética.

El intenso trabajo de los colectivos promotores de la iniciativa ha empezado ya a dar sus primeros frutos, y las numerosas reuniones mantenidas a lo largo de los últimos meses por sus responsables con representantes de las distintas administraciones con competencias en la materia se han plasmado en un encuentro preliminar celebrado el pasado jueves, 7 de octubre, en Santa Olalla del Cala, el cual fue convocado por el primer edil de dicha localidad serrana onubense, Antonio Plaza.

Al encuentro también asistieron el delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Huelva, José Enrique Borrallo; el director conservador del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Antonio José López; responsables de la Asociación Provincial de Hostelería de Huelva; y representantes de otros 11 ayuntamientos onubenses y sevillanos, entre los que se encontraban la alcaldesa de Zufre (Huelva), Sonia Morales y su homólogo de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Juan Salado.

Según los colectivos promotores, el encuentro “ha sido el primer paso para la constitución formal” de la mesa de trabajo que contemplaban entre sus objetivos prioritarios, la cual “debe dar los primeros pasos en la protección de los patrimonios industrial y medioambiental, así como en la conversión en vía verde de los trazados de los ferrocarriles de Cala y Aznalcóllar”.

En la reunión tanto el primer edil de Santa Olalla, como el delegado territorial de Desarrollo Sostenible y el director conservador del Parque, pusieron de manifiesto “la importancia que tiene poner en valor los recursos de los pueblos de la sierra y el acceso a los mismos como un medio de desarrollo”, por lo que “hubo consenso” en la necesidad de celebrar un segundo encuentro a principios del próximo mes de noviembre, en el que “ya las administraciones deben tener clara la forma en que se protegerá el patrimonio, cómo se organizarán o constituirán, cómo se recogerán en los presupuestos del ejercicio 2022 la redacción de los proyectos de factibilidad y construcción, o cuál puede ser la alternativa que dé continuidad al tramo de la vía verde sumergido en el pantano de Zufre”.

El alcalde anfitrión señaló que la futura vía verde “va a servir para vertebrar desde el punto de vista del turismo, el deporte y el desarrollo sostenible” las comarcas onubenses del Andévalo y la Sierra, con la Sierra Norte de Sevilla y con otros territorios de dicha provincia, hasta llegar a San Juan de Aznalfarache y a la misma capital hispalense, concretamente al Parque de los Príncipes.

Por su parte, José Enrique Borrallo, agradeció al alcalde de Santa Olalla que haya dado este “primer paso”, que según añadió “está encaminado a recuperar y a poner en valor este patrimonio“. El delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta en Huelva explicó que “tras este primer paso, hay que buscar los recursos porque hay muchas opciones gracias a los fondos europeos”.

Este consenso entre administraciones se vio ampliado y consolidado solo 24 horas más tarde con la aprobación el viernes en el pleno de la Diputación de Huelva de una declaración institucional basada en el manifiesto de los colectivos promotores, la cual fue leída por la presidenta de la institución, María Eugenia Limón, y que recoge la necesidad de proteger, conservar, recuperar, poner en valor y convertir en vía verde el antiguo trazado ferroviario minero y sus ramales.




Nace Vialterra Grupo, con el foco puesto en la diversificación y una cartera de obra superior a los 200 millones de euros

  • El nuevo holding andaluz apoya su crecimiento en su experiencia de 25 años, solvencia técnica y fortaleza financiera

30 de septiembre de 2021.- La constructora andaluza Vialterra Infraestructuras S.A. da un paso al frente y se convierte en Vialterra Grupo al unificar las sociedades en las que participa y sus cuatro líneas de negocio: construcción, energía, medio ambiente y agua. El grupo empresarial cuenta con una cartera de obra en curso superior a los 200 millones de euros, repartidos en torno a 60 proyectos en ejecución o inicio a corto plazo, y con unos activos cercanos a los 65 millones de euros. Suma más de 400 trabajadores y confía en cerrar el ejercicio con una facturación de 160 millones de euros.

La diversificación ha sido clave en el crecimiento de la compañía, además de la solvencia técnica de sus sociedades y su fortaleza financiera. La matriz, Vialterra Infraestructuras, S.A., creada hace 21 años, es una de las constructoras de referencia en nuestro país, registrando un crecimiento sostenido de dos dígitos en los seis últimos años. Las ganas de seguir apuntalando su crecimiento, también de forma inorgánica, se ha materializado en la integración de distintas sociedades pertenecientes a sectores afines a la construcción, core business de la compañía.

De este modo, tras la reciente integración de la empresa Desarrollo de Tecnologías de Depuración, S.A. (DTD), Vialterra Grupo acaba de formalizar su participación en el accionariado de Intelec Ingenieria Energética. Y no descarta seguir ampliando la familia con la adquisición o participación en el capital de constructoras regionales, fabricantes relacionados con la construcción, sector energético y concesiones. “Queremos llegar a situarnos entre las principales compañías de infraestructuras de nuestro país en los próximos años”, asegura el CEO de la compañía, Juan Manuel Bueno Gallego, quien defiende que uno de los catalizadores del dinámico crecimiento de Vialterra ha sido sin duda su equipo humano, su mayor activo. Son más de 400 trabajadores de diversos perfiles profesionales que trabajan duro para construir el día a día de Vialterra. La compañía ha convertido en dogma la cita de Richard Branson: ‘Cuida de tus empleados, que ellos cuidarán a tus clientes’.

A lo largo de su trayectoria, las distintas sociedades que hoy forman el grupo empresarial han participado en la ejecución de grandes proyectos y en la prestación de una amplia oferta de servicios desarrollados principalmente en Andalucía, Levante y Zona Centro. En ellos se incluye la construcción de más de 5.000 viviendas, actuaciones de potabilización, distribución, recogida de vertidos y depuración de aguas. En cuanto al ámbito de la energía, se han ejecutado más de 400 proyectos de generación, transmisión y distribución, destacando la colocación de más de 30.000 placas solares en España, y más de 50 megavatios (Mw) de potencia instalada.

Con esta sólida estructura, Vialterra Grupo se dota de músculo para seguir creciendo, apoyado en su solvencia financiera y en las sinergias que generan sus sociedades, lo que le permite ofrecer soluciones integrales en los distintos ámbitos de actuación y dar respuesta a las necesidades de un amplio abanico de clientes. En palabras de Juan Manuel Bueno, “somos una compañía con vocación de calidad y sostenibilidad, y desarrollamos proyectos innovadores con los máximos estándares de calidad y seguridad que mejoran la calidad de vida de las personas y de las ciudades en las que se integran”.

Líneas de negocio

La construcción es el germen del grupo empresarial, actividad que se canaliza a través de Vialterra Infraestructuras S.A., que en los últimos años ha registrado un crecimiento constante e importante en su cifra de negocio hasta alcanzar los 121 millones de euros en 2020, magnitud que la posiciona como la tercera constructora de Andalucía por volumen de facturación.

La sección Vialterra Medio Ambiente realiza trabajos innovadores de jardinería y paisajismo para clientes públicos y privados, además de actuaciones forestales, y otras como la regeneración de taludes, control de plantas invasoras, vías verdes, etc

En el ámbito de la energía, Vialterra Grupo ha reforzado su experiencia con la integración de Intelec Ingeniería Energética, especializada en el desarrollo de las energías renovables y el ahorro y eficiencia energética desde hace dos décadas.

Por último, Vialterra Grupo desarrolla servicios relacionados con el ciclo integral del agua, y construye proyectos de aguas potables y aguas residuales urbanas e industriales de diferentes sectores, tanto para clientes públicos como privados.




ENTREVISTA. JOAQUÍN PÁEZ. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

«Llevamos 25 años inmersos en una situación de cambio climático»

Joaquín Páez Landa es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) desde agosto de 2018. Ese mismo año asumió la presidencia anual de la Euro-Rioc, creada por la Red Internacional de los Organismos de cuenca. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca y máster en Gestión Medioambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga. El presidente de la CHG avanza cómo se presenta para Córdoba el nuevo año hidrológico 2021-22, que comenzó el pasado viernes, repasa la situación de los embalses o cómo afrontar en una cuenca, de gran demanda agrícola, la cada vez mayor falta de precipitaciones. Páez asegura que la cuenca se encuentra una situación de cambio climático desde hace más de dos décadas y rechaza la posibilidad de ampliar la superficie regable en Córdoba, a excepción de las 7.000 hectáreas previstas en la zona del Genil-Cabra.

El año hidrológico 2020-21, que acabó el pasado jueves, dejó en Córdoba 507 litros por metro cuadrado, un 17% inferior a la media anual de los últimos 25 años. ¿Qué consecuencias está teniendo la situación tan deficitaria que presentan actualmente los embalses cordobeses?

El nuevo año hidrológico ha comenzado en toda la cuenca con un déficit respecto a la normalidad de 1.655 hectómetros cúbicos que, en porcentaje de ocupación respecto a la capacidad de embalse, supone un 20,4%. En concreto, las presas de Córdoba están sufriendo exactamente las mismas consecuencias que el resto de la cuenca, fundamentalmente restricciones para el sector del regadío y la puesta en marcha de medidas por parte del organismo de cuenca en función de los distintos escenarios que, desde el punto de vista de la escasez de recursos, está atravesando la cuenca.

¿Qué decisiones ha tomado la CHG ante dicho déficit?

Conscientes de una tendencia hacia un periodo seco, que desgraciadamente se está cumpliendo, la Confederación lleva más de un año tomando decisiones orientadas a maximizar el uso del recurso y garantizar por encima de todo el abastecimiento a la población. Prueba de ello ha sido la importante reducción del 50% con respecto a la dotación máxima que han padecido las grandes zonas regables esta campaña de riego. Junto a una política de comunicación e información al ciudadano sobre la situación que se viene desencadenando, ya se ha constituido la Oficina Técnica de la Sequía, un órgano contemplado en el Plan Especial de Sequía de la cuenca para el seguimiento y la toma de decisiones de estos episodios. Además, se ha producido la primera de las reuniones que se han programado con las administraciones responsables de los sistemas de abastecimiento urbano, a los que se les ha instado a finalizar los planes de emergencia ante situaciones de sequía, obligatorios para las poblaciones de una población igual o superior a 20.000 habitantes y actuar coordinadamente con la Confederación.

Este pasado viernes la cuenca del Guadalquivir entró en situación de emergencia. ¿Qué implica esta situación?

En relación a este tema es importante diferenciar entre la declaración de situación excepcional por sequía extraordinaria y el real decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de regadío en determinadas cuencas hidrográficas. La primera, la declaración, es competencia de la CHG, en concreto de su presidente, que podrá declararla cuando alguno de sus sistemas, en este caso el de la regulación general, el de mayor consumo, se encuentre en un escenario de emergencia desde el punto de vista de la escasez de recursos embalsados. El pasado viernes, 1 de octubre, este sistema entró por primera vez en emergencia. De continuar así, y seguir con el mismo indicador en noviembre, se podrá declarar la sequía en la cuenca del Guadalquivir desde el próximo día 2 de noviembre.

«El abastecimiento a la población está garantizado para los próximos dos o tres años»

¿Qué consecuencias va a tener esta declaración de sequía para los regantes y para los consumidores?

La primera medida que sigue a esta declaración sería una reserva automática de 400 hectómetros cúbicos para garantizar el abastecimiento a la población, uso prioritario en el régimen de usos del recurso. Por otra parte, el real decreto ley debe ser aprobado por el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y a petición de la junta de gobierno de la Confederación, para la adopción de medidas extraordinarias en relación con la utilización del dominio público hidráulico. Para llegar a esta petición debe declararse con anterioridad el estado de sequía en la cuenca.

¿Qué previsiones maneja la Confederación Hidrográfica con respecto al otoño, que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avanzado hace unos días que será cálido y poco lluvioso en Andalucía?

Manejamos las mismas previsiones, ya que nuestros indicadores se basan en los de la Aemet, más allá de que podamos utilizar otros modelos.

La situación de sequía, en el caso concreto de Córdoba, ya parece que se está prolongando muchos años. ¿No hay perspectiva de que cambie el ciclo pronto?

En la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir trabajamos siempre en un escenario de incertidumbre. Si bien sabemos con certeza que van a producirse episodios de avenidas y periodos de sequía, desgraciadamente no podemos predecir con exactitud cuál será su recurrencia.

El pasado mes de agosto se hablaba de que estaba garantizada el agua para consumo humano para dos o tres años, ¿pero sigue siendo esto así?

En la actualidad, el abastecimiento a la población está garantizado en toda la cuenca a corto o medio plazo, es decir, para los próximos dos o tres años. No obstante, si se mantiene la tendencia de una ausencia total de precipitaciones, todas las administraciones, dentro de su ámbito, adoptarán las medidas necesarias para reducir en lo posible los consumos y lograr un uso más eficiente del agua. Esta cuenca necesita de la colaboración de todos los agentes que intervienen en ella, de su compromiso y de su participación activa para conseguir el ahorro.

 

«En Córdoba se han determinado 79 áreas con potencial riesgo de inundación»

¿Se contemplará finalmente un trasvase de agua desde la cuenca del Guadalquivir a la comarca de Antequera?

La Confederación, aunque podría ser parte activa de esta transferencia de agua y ya ha expresado cuáles deberían ser las condiciones para que se produjera, condiciones como que el transporte de agua no sufra pérdidas tan elevadas como ahora y que el recurso sea destinado solo para el abastecimiento, en la cantidad acorde a lo que se contempla en el Plan Hidrológico, no es la que debe pronunciarse a este respecto. Al tratarse de un volumen a transferir de 4,99 hectómetros cúbico máximo, necesita de la aprobación del Consejo de Ministros, por lo que debe ser el Ministerio para la Transición Ecológica, de acuerdo con la cuenca receptora, quien debe promover o no esa transferencia.

La Junta de Andalucía está preparando un gran simulacro regional de graves inundaciones en el Valle del Guadalquivir que se desarrollará este mes. ¿Está preparada la cuenca para un hecho de estas características?

Este simulacro forma parte de las competencias de la Administración autonómica, que se desarrollará, no nos cabe ninguna duda, siguiendo lo establecido en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI) elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para gestionar las inundaciones en la cuenca, en todos los municipios que en ella se encuentran. Este plan, que está participado por todas las administraciones con competencias en la gestión de estos episodios (estatal, autonómica y local), ha evaluado, entre sus trabajos, las áreas de riesgo potencial significativo (Arpsi) de inundación y, en base a ello, los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, que fueron expuestos públicamente para el conocimiento de todos los ciudadanos. En la provincia de Córdoba se determinaron 79 subtramos Arpsi, 14 de ellos en el término municipal de Córdoba y uno a su paso por el núcleo urbano.

¿Qué inversiones hay previstas para contrarrestar estas posibles inundaciones?

El pasado 22 de septiembre finalizó la consulta pública del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación, que incorpora los programas de medidas aportadas por todas las administraciones para hacer frente a estos fenómenos. Estas medidas están orientadas a la ordenación del territorio, la elaboración de estudios para la gestión de las inundaciones, la mejora de los sistemas de alerta, el establecimiento de protocolos de actuación, coordinación y comunicación entre administraciones, así como programas para la conservación de cauces, entre otros. Como actuaciones concretas para Córdoba, destaca el proyecto de restauración ambiental del arroyo Guadalbarbo a su paso por Alcolea, con una inversión prevista de 1.300.000 euros y el proyecto de puesta en valor e integración paisajística del río Guadalquivir aguas arriba de la ciudad de Córdoba, con una inversión cercana al millón de euros, ambos proyectos promovidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

«Existe una realidad, la emergencia climática, que hay que tratar como un factor cotidiano»

¿La falta de lluvias puede estar condicionada por un ciclo seco frente a uno lluvioso y por el cambio climático?

Completamente. Llevamos 25 años inmersos en una situación de cambio climático que ha supuesto que, a día de hoy, acumulemos una precipitación media un 6% inferior con respecto a la media. Un dato que cobra mayor importancia si se traduce en aportaciones, un 20% menos, y un aumento de la temperatura media de 0,5 grados, sobre todo por el ascenso de las temperaturas máximas. No nos cabe ninguna duda de que existe una sola realidad, la emergencia climática, y que debemos tratarla como un factor cotidiano, no extraordinario. Por ello, desde la Confederación gestionamos desde la incertidumbre, no solo por la existencia indiscutible del cambio climático, sino por la propia situación geográfica de nuestra cuenca, condicionada por un clima incierto.

Hay peticiones para incrementar el regadío en Córdoba. ¿Se van a atender, a qué cultivos se refieren y qué zonas de la provincia?

Hemos planteado en el borrador del Plan Hidrológico del Guadalquivir, en consulta pública hasta el próximo 22 de diciembre, un incremento cero del regadío, tanto en Córdoba como en el resto de la cuenca. A excepción de los desarrollos ya planteados en la Planificación Hidrológica, que en el caso de Córdoba son las 7.000 hectáreas comprometidas para la zona regable del Genil-Cabra, no se ampliará el regadío en ninguna superficie.

¿Cuánta superficie hay de riesgo en la cuenca?

En la cuenca del Guadalquivir existen más de 850.000 hectáreas que se riegan cada año y la crisis climática, como venimos comentando, está abocándonos a un contexto de escasas precipitaciones e incluso de sequía. No obstante, atenderemos, como no puede ser de otra manera, todas y cada una de las alegaciones que refrenden o cuestionen esta línea adoptada por la presidencia del organismo. Eso sí, no de forma localista, sino desde el principio de unidad de cuenca, un modelo que no solo ha regido la política de aguas desde hace más de 100 años en todas las confederaciones de España, sino que ha servido de base para la elaboración de la Directiva Marco de Agua (DMA), una legislación de obligado cumplimiento para los estados miembros, que nace como respuesta a la necesidad de unificar las actuaciones en materia de gestión de agua en la Unión Europea.