1

El Plan de regulación económica reformará más de 100 normas y simplificará 150 procedimientos

  • El Consejo de Gobierno aprueba un instrumento estratégico para facilitar la actividad emprendedora, las inversiones y la recuperación

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan para la mejora de la regulación económica en Andalucía, que establece reformar más de un centenar de normas y simplificar en torno a 150 procedimientos administrativos de carácter autonómico implicados en la regulación económica. Este instrumento estratégico está impulsado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y su vigencia se prolonga hasta 2024.

Dicho programa tiene como objetivo facilitar el desempeño de empresas y emprendedores, mediante la reducción de trámites y requisitos desproporcionados e injustificados. De igual modo, pretende impulsar un cambio en la cultura de la Administración que la haga más ágil, accesible y proactiva y que permita mejorar la intervención pública en la economía. Además, busca facilitar la implantación de inversiones, así como promover la recuperación de las actividades productivas y la creación de empleo para contrarrestar los efectos de la pandemia de Covid-19.

La aprobación de este documento convierte a Andalucía en una región pionera en el territorio nacional, ya que implica la renovación integral de su normativa de corte económico. Esa revisión supone un paso imprescindible para sustentar la transformación y diversificación del actual modelo productivo de la comunidad y para aprovechar las oportunidades de inversión derivadas de los fondos europeos, tanto los canalizados a través del mecanismo Next Generation creado a raíz de la pandemia como los incluidos en los marcos plurianuales.

La simplificación planteada para las más de cien normas, entre leyes y decretos, se articula a través de tres decretos leyes, dos de ellos ya en vigor y el tercero próximo a su aprobación. Toda la normativa modificada hasta ahora se circunscribe a los principales ámbitos económicos andaluces como son el turismo, el comercio, la industria agroalimentaria, la pesca, la energía o la salud. También ha afectado al proceso de declaración de proyectos de inversión de interés estratégico para favorecer la captación de grandes iniciativas empresariales.

Para acometer la mejora de los procedimientos administrativos fijados, la Consejería de Transformación Económica está evaluando, junto al resto de departamentos de la Junta, todo el conjunto de trámites autonómicos que han de cumplir los operadores económicos, tanto al inicio como en el desarrollo de su actividad. Se trata de un total de 468 procedimientos, que al finalizar el plan en 2024 se habrán simplificado en torno a un 30%, lo que equivale a unos 150.

Guía de subvenciones

Esta línea de trabajo en el marco autonómico se completa con la revisión de otros 207 procedimientos implicados en la normativa que regula la concesión de ayudas y subvenciones a empresas, con el fin de agilizarlas al máximo para afrontar la financiación europea en las mejores condiciones regulatorias.

Ese análisis culminará con la elaboración de una guía de subvenciones para los gestores de la Administración andaluza, y se establecerá un calendario de difusión y formación. Con ello, se pretende que las consejerías revisen su normativa en la materia y evalúen si sus procedimientos administrativos para dar subvenciones a los operadores económicos se adecúan a los principios de una buena práctica regulatoria. El programa también contempla la necesidad de reforzar el seguimiento y la evaluación de este tipo de políticas públicas para medir sus resultados y en qué medida son eficaces y eficientes, en términos de crecimiento económico o de creación y mantenimiento de empresas y empleo.

Al margen de la tramitación regional, la Consejería también ha identificado otros 154 procedimientos regulados por normativa estatal y europea que también son susceptibles de mejora. Para este caso, el plan propone plantear su modificación en las correspondientes conferencias sectoriales presididas por el Gobierno central.

Asimismo, el instrumento de planificación recién aprobado también aborda otras líneas de acción encaminadas a facilitar la implantación de iniciativas empresariales en el medio rural con la finalidad de frenar la pérdida de población y favorecer el relevo generacional. Para ello establece la abreviación de los trámites implicados en actividades agrícolas y agroalimentarias. El plan también contempla la mejora de la regulación económica en el ámbito local, poniendo el foco en la agilización de la normativa urbanística.

La Consejería de Transformación Económica ha elaborado el documento apoyada en tres grupos de trabajo, uno de carácter sectorial, otro transversal y un tercero compuesto por expertos, entre altos directivos de la Administración, especialistas procedentes del mundo universitario y de la empresa y por funcionarios cualificados. En total, han contribuido a su diseño más de 150 funcionarios de todas las consejerías coordinados por la Agencia de la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía (ACREA). El plan ha contado, además, con la participación activa de los principales agentes económicos y sociales más representativos (UGT, CCOO y CEA).

Las reformas contenidas en los decretos leyes

Amparadas en este documento estratégico, la Junta ha acometido, con carácter previo, dos importantes reformas de simplificación, recogidas en dos decretos leyes ya aprobados. La primera de ellas se llevó a cabo en 2019 y afectó a la normativa relacionada con la declaración de proyectos de interés estratégico para la comunidad. Los cambios introducidos tenían como objetivo agilizar la aplicación de esta figura, que permite dar un impulso preferente y urgente a los distintos trámites ante la Administración andaluza que han de cumplir aquellas inversiones empresariales más relevantes. Desde el inicio de la legislatura, el Ejecutivo autonómico ha declarado de carácter estratégico diez grandes proyectos industriales y energéticos que conllevan una inversión de 3.443 millones y la creación de 9.676 puestos de trabajo. Junto a ellos otra decena de iniciativas se encuentra en estudio.

La segunda reforma hace referencia al Decreto ley 2/2020, de 9 de marzo, de Mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Esta norma incide sobre 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos y eliminación de barreras y trabas en ámbitos económicos como el turismo, el comercio, la industria agroalimentaria o el medio ambiente.

Con el fin de continuar con el proceso ya iniciado con esas dos acciones regulatorias, la Junta ultima una tercera que se materializará en otro Decreto ley de simplificación. Esta nueva medida tendrá efecto sobre unas 80 normas y contendrá más de 300 medidas de simplificación y reactivación económica que afectará a toda la Junta.

La calidad regulatoria de Andalucía

El Plan señala la calidad institucional y regulatoria como uno de los factores estructurales que influyen en el crecimiento de las economías, junto a otros aspectos como la capacidad inversora, la estructura sectorial de la actividad productiva o el nivel y diversidad de cualificación de los trabajadores. Esa afirmación viene ratificada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en determinados estudios indica que aquellos países o regiones que muestran mejores puntuaciones en indicadores de calidad institucional suelen mostrar a largo plazo un crecimiento potencial más elevado y robusto.

El documento analiza la calidad institucional y regulatoria de Andalucía y España, a través de diferentes indicadores y estudios, concluyendo que ambos presentan un déficit en esta materia con respecto a Europa.

A modo de ejemplo, un estudio del Banco de España de 2020 que analiza cómo afecta el volumen de la regulación a la demografía empresarial y a la productividad, recoge que Andalucía se coloca entre las comunidades con mayor producción normativa regional en el periodo 1983-2018, con casi el 8% del global. Cataluña ostenta la primera posición, con el 12%. Además, dicho informe establece una relación directa entre el escaso tamaño de las empresas con una deficiente regulación, asegurando, incluso, que un aumento del 1% en el volumen de regulación estaría relacionado con un 0,5% menos de empresas de promedio.

A su vez, en la esfera nacional, un estudio de 2018 sobre calidad institucional de la Fundación BBVA señala que España se ubica un 26% por debajo de su potencial. Además, estima que, si ese parámetro se elevara hasta el nivel que le corresponde de acuerdo con la productividad de su economía, se obtendría un incremento potencial a largo plazo del PIB per cápita de alrededor del 20% en un escenario intermedio.




Encarecimiento de materias primas y falta de mano de obra: habla el sector

El año 2021 nos ha traído una subida desproporcionada de los precios de las materas primas en la construcción que va a perjudicar seriamente a un sector que aún no se había recuperado de la anterior crisis. La subida del precio del petróleo y sus derivados está teniendo repercusiones en el trasporte, la fabricación y la distribución, y consecuentemente todas las materias primas en general, han sufrido un fuerte incremento en sus precios, llegando en algunos casos a duplicar el coste de hace un año; es el caso, por ejemplo, del betún, el acero o el cobre. Además, se está produciendo un desabastecimiento de determinados materiales. Estos factores afectan a la estabilidad de los contratos firmados y en algunos casos también a las empresas, principalmente a las pymes. Si no se toman medidas vaticinamos el encarecimiento en el precio final de las infraestructuras entre un 20% y un 35%. Asimismo, que se podría producir una paralización del sector, lo que puede tener consecuencias en el empleo, en un momento en el que la construcción está siendo motor económico para la reactivación tras la crisis del Covid.

Consideramos que la solución pasa por trabajar y colaborar conjuntamente con las administraciones, llegar a un consenso que permita revisar los precios de los materiales, así como la creación de mecanismos extraordinarios que permita solventar el problema, similar al mecanismo de los ERTE´S por causa del Covid que ha servido para garantizar el empleo y la viabilidad de las empresas que sufrieron la paralización de su actividad a causa de la pandemia.

A esto se añade otro lastre para la construcción. Dificultad para encontrar mano de obra especializada, en un sector envejecido, y a punto de que lleguen los primeros fondos europeos Next Generation para la recuperación de España. Siete de cada diez euros de los fondos europeos de reconstrucción están vinculados a proyectos de construcción. Se prevé necesario la contratación de unos 700 mil trabajadores más para hacer frente a los nuevos planes. En la crisis de 2008 se destruyó empleo en el sector que nunca se recuperó. Ahora más de 10 años después, la construcción requiere incorporar personal a las obras, pero los jóvenes no tienen formación tras la paralización del sector estos años, recordemos que son oficios que se aprenden en las obras. Además, los antiguos trabajadores del sector han reorientado su actividad laboral o se han jubilado. En este contexto de alta demanda y poca oferta, los especialistas en oficios están subiendo los precios, coste añadido al alza de las materias primas.

En este punto en el que nos encontramos es fundamental que se active la formación reglada para desempleados, pero también para profesionales en activo. Una formación en oficios de la construcción, desde pintores a soladores, escayolistas, fontaneros, herreros, etc.

La recuperación económica de España pasa por la creación de actividad y empleo, y el sector de la construcción juega un papel fundamental para la consecución de este objetivo. Además, los fondos que se destinan a infraestructuras crean riqueza durante el periodo de construcción y después puesto que lo diseñado y construido queda al servicio de la sociedad. Por estas razones es vital encontrar la solución a la problemática que amenaza a la construcción en estos momentos.

#LaConstrucciónEsParteDeLaSolución.




La nueva ley del suelo andaluz facilita la construcción en terreno rústico

  • Marifrán Carazo destaca en ‘La Alameda’ que la aprobación de la llamada LISTA es trascendente para el futuro urbanístico de la región y servirá para desenmarañar la burocracia

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, participó este jueves en ‘La Alameda’ para valorar la aprobación en el día de ayer de la nueva ley del suelo, la acuñada como Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio (LISTA). Carazo destacó que «responde a un amplio consenso social» y destacó que se trata de una ley trascendental para el impulso de la región. Entre los cambios que trae el nuevo reglamento jurídico, la consejera destacó las normas que aplican a la calificación del suelo y reservan ahora dos calificaciones posibles: suelo urbano y suelo rústico. En el suelo rústico, la prohibición absoluta de construcción solamente afectará al suelo considerado protegido.

«No podemos dejar pasar más oportunidades. Ahora tenemos un procedimiento claro, sencillo y corto para favorecer la inversión y el desarrollo en el conjunto de Andalucía», señaló Carazo, al mismo tiempo que destacó que el Gobierno andaluz hará hincapié en la «disciplina urbanística» para evitar posibles episodios de especulación.

Según desgranó Carazó, la LISTA incide también en la simplificación de los trámites urbanísticos que afectan a los municipios y sus planes generales. En estos momentos, dijo, existen centenares de municipios que están pendientes de la aprobación de sus planes y otros muchos carecen de planeamiento actualizado tras haber sido tumbados en los juzgados sus planes generales.

Puso como ejemplo al Ayuntamiento de Macharaviaya. «Llevaba 18 años tramitándose», expuso Carazo que la media para desarrollar un plan general, hasta ahora, era de diez años. Según aseguró en ‘La Alameda’, con el nuevo marco jurídico este tiempo se puede reducir a una media de dos a tres años.

Con el objetivo de desenmarañar la burocracia, la consejero también explicó que con la LISTA se incorporan mecanismos para la colaboración de colegios profesionales y entidades certificadoras en la actividad urbanística, lo que también se espera que permita reducir los plazos de tramitación. «Lo hacemos para favorecer la llegada de inversión a Andalucía», incidió.

La consejera del ramo responsable del metro de Málaga también hizo referencia al estado de las obras de la estación en la Alameda Principal, en lo que es ahora mismo la infraestructura de mayor envergadura en la capital que está sin concluir. La infraestructura de la parada en sí, aseguró, estará lista para el mes de enero de 2022. Preguntada por un plazo concreto para la puesta en marcha de la línea que llevará el metro hasta el Centro, no quiso dar una fecha concreta y remitió otra vez a finales de 2022.




La escalada en el precio de los materiales amenaza con paralizar la obra pública en Andalucía

Antonio R. Vega

  • Uno de cada cuatro proyectos licitados se queda desierto, denuncia Ceacop

El encarecimiento de los materiales de construcción proyecta negros nubarrones sobre un sector que tenía puestas todas sus esperanzas en la llegada de los fondos europeos para resarcirse del parón que padeció durante el confinamiento. El acero, que se emplea para construir puentes, torres de alta tensión o estructuras de viviendas, cuesta ahora casi un 100% más que en abril de 2020; el aluminio de las ventanas, un 84%; el cobre, utilizado en las instalaciones de agua, electricidad y climatización, ha subido un 81%, y el petróleo, del que se saca el betún para asfaltar carreteras, se ha disparado un 235%. Eso sin contar con el precio de la electricidad, que encadena máximos históricos desde junio.

Con estas subidas, a constructores y promotores no les salen las cuentas para seguir ejecutando

los proyectos de obra civil que ahora se están ejecutando y que salieron a licitación entre el último trimestre de 2020 hasta la mitad de 2021. El coste de las materias primas que se tomó como referencia se han quedado desfasados por el desabastecimiento o el aumento del coste de los materiales a nivel mundial por el aumento de la demanda generado al calor de los estímulos económicos tras la pandemia.

En el sector han encendido las alarmas porque la recuperación económica, que iba a llegar de la mano de los fondos europeos para la rehabilitación energética de edificios, puede quedar comprometida si las administraciones públicas no establecen un sistema automático de reequilibrio que les permita hacer frente a estos sobrecostes en las obras que ya están en marcha.

«Lo que no podemos hacer es trabajar, pagar los materiales, el transporte y los sueldos y que encima nos cueste el dinero», advierte Ana Chocano, presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, la Consultoría y la Obra Pública (Ceacop). Asegura que uno de cada cuatro proyectos que se licitan se quedan desiertos en Andalucía porque no interesa presentar ofertas cuando el precio está por debajo del coste real. A final de año, estima que el número de contratos desiertos llegará al 30% si las administraciones no mueven ficha con rapidez. «Igual que se paralizó la producción con el Covid y se establecieron los ERTE, pedimos una actualización de los precios para adecuarlos al mercado», demanda Chocano.

«Igual que se paralizó la producción con el Covid y se fijaron ERTE, deben actualizarse los precios para adecuarlos al mercado», asegura Ana Chocano

La burbuja de las materias primas están impactando muy negativamente sobre toda el sector y muy especialmente sobre aquellas empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas, con menos margen para aguantar. Desde Ceacop distinguen entre las infraestructuras de gran envergadura, con largos plazos de ejecución que permiten revisar los precios a los dos años, y las obras que deben realizarse en menos tiempo, que «no se pueden reequilibrar con este mecanismo».

Cuestan un 22% más

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) reveló a mediados de octubre que el encarecimiento de las materias primas ha provocado que cuatro de cada diez empresas (39,5%) se hayan visto obligadas a cancelar o paralizar sus obras, según un estudio realizado con 300 compañías del sector. Estima que el coste total de las obras ha subido, de media, un 22%. Otro informe de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) analiza el incremento medio por tipo de obra: carreteras (65%), ferroviaria (29%), aeroportuaria (35%), edificación (24%) e hidráulica (22%).

María del Carmen Ruiz Cobo, delegada de Vialterra Infraestructura en Andalucía occidental, constata que «tenemos problemas de desabastecimiento y subida bestial de precios, aparte de la falta de mano de obra, en todas las obras que tenemos en marcha ahora en Málaga, Córdoba y Sevilla». El principal escollo es que «presentamos ofertas en base a precios antiguos de materiales y ahora debemos ejecutarlas con los precios actuales».

«Si tenemos que parar las obras porque no podemos soportar esta subida, al final es mano de obra que dejamos de utilizar y que va al paro»

«Esta carga está recayendo sobre las constructoras. Es un palo de tal calibre que no podemos soportarlo nosotros solos por mucho tiempo si no hay una colaboración bilateral de las administraciones y organismos privados para revisar los precios de las obras en marcha», lamenta esta empresaria, que vislumbra un ‘efecto dominó’ evidente si no se arbitra pronto una solución. «Si hay que parar obras porque no podemos soportar esta subida del precios, al final es mano de obra que dejamos de utilizar y que se va al paro».

Es la pescadilla que se muerde la cola. El retraso que se está produciendo en el abastecimiento de los materiales también juega en contra de las constructoras. «Sin material no podemos avanzar en una obra y si no cumplimos los plazos de las obras, pueden aplicar penalizaciones», apunta Chocano.

En el Gobierno central llevan meses estudiando fórmulas para mitigar su impacto. El sector se impacienta. Ceacop envió una carta al Ministerio de Transportes en mayo para pedirle una reunión, pero aún espera una cita. La secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, avanzó el pasado día 16 que estaba «trabajando activamente» con el Ministerio de Hacienda para calcular el sobrecoste. «Más complicado de articular» es la revisión de los precios con carácter retroactivo en la obra pública, que precisa una reforma de la ley de contratos del Estado.

La Junta revisa precios

Más receptividad ha encontrado hasta ahora en la Junta de Andalucía. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, en el margen de sus competencias, negocia con las empresas acciones dirigidas a mitigar «la preocupante situación que vive el sector por el incesante incremento del coste de los materiales».

La revisión de los precios de los contratos que están en ejecución es competencia del Ejecutivo central, advierte. En lo que atañe a la Junta, se están actualizando los principales precios de construcción de la obra civil para la redacción de los nuevos proyectos y, además, se está trabajando con la patronal de la edificación para revisar los precios de referencia. Los pliegos de las nuevas contrataciones se han modificado e introducen una fórmula de revisión conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.




El Gobierno logra sacar adelante la ley del suelo tras el batacazo del Presupuesto

  • La Lista recibe el aval del Parlamento con el apoyo de Vox y la abstención del PSOE después de meses de negociación

El Gobierno andaluz ha logrado sacar adelante en el Parlamento la nueva ley del suelo apenas 12 horas después de que la Cámara le tumbase los presupuestos. La Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) ha superado su debate final gracias al cambio de postura de Vox y el PSOE, que en mayo, junto al resto de la izquierda, propinaron la primera derrota parlamentaria al Ejecutivo de Juanma Moreno. Ambas fuerzas han justificado su viraje respecto a mayo, cuando provocaron la devolución inicial de la norma, en las negociaciones que han llevado a cabo en estos meses y que han provocado que Vox apoye el texto y los socialistas se abstengan.

“Cuando se quiere el acuerdo, se consigue”, ha dicho durante el debate el portavoz del PSOE, Gerardo Sánchez, que ha contrapuesto las conversaciones sobre la Lista con las que se han mantenido, de forma paralela, sobre el texto caído de los Presupuestos de 2022. De las 48 enmiendas presentadas por los socialistas, 30 se han incorporado a la norma, muchas de ellas, explican los socialistas, buscando el refuerzo en materia de sostenibilidad. No ha sido posible el acuerdo sobre el asunto que más ha separado al PSOE del Gobierno. El artículo de la discordia es el 22.2, que permite la edificación de viviendas unifamiliares en terreno rústico bajo determinadas condiciones y ha sido motivo de negociación hasta última hora entre el propio Sánchez y su homólogo del PP, Juan Bueno. Los socialistas sostienen que el citado artículo abre la puerta a la construcción indiscriminada, mientras que los populares defienden que se trata de una forma de hacer legal una práctica que, a la larga, provoca problemas.

Más allá de ese desacuerdo, el tono entre socialistas y populares ha sido muy distinto al que se escuchó durante el debate presupuestario. Los portavoces de uno y otro partido han aludido a la necesaria renovación de la normativa urbanística autonómica, una tarea en la que ya se embarcó el PSOE en la pasada legislatura. El resultado fue la fallida Ley de Urbanismo Sostenible de Andalucía (LUSA), aunque parte del espíritu de esta norma está recogido en la Lista. Y esa herencia es uno de los motivos que ha llevado a Alejandro Hernández, portavoz de Vox, a cargar la norma recién aprobada que ha contado con el voto afirmativo de los 11 diputados de la formación de Santiago Abascal. 

Hernández recuperó en su intervención la crítica que, el miércoles, justificó el rechazo a los presupuestos. “El Gobierno del cambio se queda en el enunciado, ustedes perpetúan las políticas socialistas del pasado”, ha espetado el diputado de Vox, que después ha dedicado buenas palabras a la parte del texto sobre agilización de trámites urbanísticos y la “facilitación de actividad urbanística” como “motor para el desarrollo económico”. “Contarán con nuestro voto, pero no con nuestra confianza”, sentenció Hernández quien, no obstante, fue más cáustico en sus críticas a Unidas Podemos y los diputados no adscritos liderados por Teresa Rodríguez que con el propio Gobierno. 

El diputado de Vox acusó a las fuerzas izquierdistas de apocalípticas por su rechazo al texto, una posición que defendió el portavoz adjunto de Unidas Podemos por Andalucía, Guzmán Ahumada, que cargó contra una Lista que, a su juicio, “no soluciona el problema de la especulación ni el del derecho a la vivienda” y que encamina a la comunidad hacia una nueva “burbuja inmobiliaria” como la que provocó la pasada crisis financiera. 

La norma, que entrará en vigor a finales de año, una vez que se publique en el BOJA, debe desarrollarse por medio de varios reglamentos que, según explican desde la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, están muy avanzados. La titular, Marifrán Carazo, calificó el texto como la norma más relevante “de la legislatura y de los últimos años”. La Lista viene a sustituir a leyes que datan de 1994 y 2002 y dota de más margen de maniobra a los ayuntamientos y facilita la aprobación de los planes de ordenación. Este es uno de los problemas más acuciantes que atenazan a los consistorios andaluces y es uno de los motivos que ha llevado al PSOE, que controla la mayoría de los gobiernos locales de la comunidad, a abstenerse ante esta ley. La nueva ley del suelo viene también a atajar el problema de las más de 300.000 viviendas irregulares que hay en Andalucía para dotarlos de las infraestructuras básicas de saneamiento, agua y electricidad, garantizando con ello las condiciones mínimas de seguridad y salubridad.




La oposición tumba las cuentas del Gobierno del cambio que tendrá que prorrogar las de 2021

  • Debate crispado entre el consejero de Hacienda y la portavoz de los socialistas, Ángeles Férriz
  • Duras críticas del portavoz de Vox, Manuel Gavira, quien pide elecciones
  • El presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha ausentado de la sesión la mayor parte de la tarde y sólo ha escuchado a su consejero y ha acudido a votar

El Gobierno del cambio de PP y Ciudadanos tendrá que prorrogar las cuentas de la Junta de este año 2021 para el próximo ejercicio porque todos los grupos de la oposición han tumbado el proyecto de ley que habían presentado en el Parlamento.

En la votación, los 47 diputados de PP y Ciudadanos se han quedado solos ya que el resto de los grupos, desde el PSOE hasta Vox pasando por Unidas Podemos y los no adscritos de Adelante Andalucía han apoyado las tres enmiendas a la totalidad que se habían presentado y han propiciado el veto a las cuentas y su devolución al Gobierno.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, apelaba a la importancia de la «gestión, gestión, gestión» y defendía que las cuentas para 2022 tendrían repercusión en la recuperación económica de Andalucía no sólo para el próximo año, «sino en los siguientes tres ejercicios».

Aunque hizo un repaso por las cuentas, que ascendían a 43.800 millones de euros, las más altas de la historia de Andalucía, un 9% más que el ejercicio precedente, Bravo se centró sobre todo en hacer un balance de lo que ha hecho en los tres años que lleva al frente de la Consejería de Hacienda en lo que sonó a balance de Legislatura.

Por cierto que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha estado ausente prácticamente toda la sesión del Parlamento. Sólo escuchó la primera intervención de su consejero de Hacienda y se marchó para volver sólo a votar. Moreno estuvo en la conmemoración del Día contra la Violencia de Género en un acto que tuvo lugar en el Palacio de San Telmo por el 25-N.

La portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha dejado una puerta abierta planteando al Gobierno de la Junta a que «recoja» el proyecto de Presupuesto para 2022 aprobado el pasado 3 de noviembre y lo traiga de nuevo a la Cámara autonómica incluyendo las diez «propuestas» del PSOE que cuantifica en 767 millones de euros para lograr su apoyo a las cuentas del año que viene.

«Si así lo hacen, estaremos esperándolos, donde siempre, defendiendo a Andalucía», ha dicho, atribuyendo al presidente de la Junta, Juanma Moreno, toda la responsabilidad de que Andalucía se vaya a quedar sin Presupuesto en 2022, porque ha hecho «todo lo humanamente posible» para impedir que el PSOE respalde el proyecto de cuentas autonómicas que ha aprobado el Gobierno de PP y Ciudadanos para el año que viene.

Ángeles Férriz, que ha criticado como una «falta total de respeto» la ausencia del presidente de la Junta durante su intervención en el debate, «no ha querido negociar». Por cierto que el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, siguió toda la sesión desde las dependencias del grupo parlamentario. El presidente del PSOE, Manuel Pezzi, exparlamentario, sí que ha estado en la tribuna de invitados.

Las críticas de Vox han sido muy ácidas. El portavoz Manuel Gavira ha dado por «terminado» su tiempo con el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos tras la «farsa» con los Presupuestos de la comunidad para 2022, que ha calificado de «fake y de continuistas y socialistas», y ha pedido la convocatoria urgente de elecciones en la comunidad.

Gavira ha advertido al PP de que se está «equivocando» y de que lo «va a pagar» en las urnas, porque ha «mentido y estafado» a todos los andaluces que creyeron que el nuevo Ejecutivo sería capaz de trae un cambio a esta comunidad, que no se ha producido en tres años.

«Andalucía no está mejor ahora, ¿en qué?», le ha dicho al consejero de Hacienda. «Pero no es usted, es su Gobierno».

Desde Unidas Podemos, la portavoz Inmaculada Nieto (que ha tenido el tono moderado que acostumbra aunque ha protagonizado una polémica con Bravo a cuenta de Bildu) ha asegurado que «estas cuentas no son las que necesitan Andalucía, son las cuentas de un mal Gobierno, necesitamos unas cuentas buenas, de un buen Gobierno».

Nieto ha puesto de manifiesto igualmente que en la última semana, tras la difusión del audio del vicepresidente Juan Marín calificando de «estúpido» la presentación de un Presupuesto con recortes para afrontar un año electoral, que «el presidente no ha desmentido que son cuentas no queridas por el Gobierno».




El Gobierno andaluz desbloquea la nueva Ley del Suelo con la abstención del PSOE y el apoyo de Vox

  • El Gobierno andaluz desbloquea la nueva Ley del Suelo con la abstención del PSOE y el apoyo de Vox

El Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos ha conseguido salvar el trámite del proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), una de las medidas estrella del Ejecutivo que estaba empantanada en el Parlamento desde que Vox lo dejó sin su apoyo. El dictamen de la nueva norma del suelo, que pretende poner orden en la enmarañada legislación urbanística de la comunidad autónoma, ha salido adelante este martes en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio con la abstención del PSOE y los votos favorables de los grupos proponentes y de Vox, su aliado habitual en el Parlamento. Unidas Podemos por Andalucía ha votado en contra.

La nueva ley está aún a la espera de recibir luz verde en un Pleno de la Cámara autonómica para el que todavía no hay fecha. El portavoz adjunto del PSOE, Gerardo Sánchez, ha dejado la puerta abierta a alcanzar un acuerdo, que le reclaman muchos de los alcaldes de esta formación que han visto paralizados sus planes generales de ordenación urbana por la inseguridad jurídica generada por la anterior ley, conocida como LOUA. «No vamos a contribuir a un bloqueo del Gobierno que perjudique a los andaluces», ha asegurado, entre reproches al PP por no hacer lo mismo cuando era el PSOE el que gobernaba la comunidad.

La norma salva, pues, el escollo al segundo intento, después de una tramitación urgente del proyecto en la que se han tenido que estudiar en torno a 800 enmiendas de los distintos grupos. El Ejecutivo de Juanma Moreno rompe así el bloqueo que se produjo en el mes de mayo pasado, cuando el partido de Santiago Abascal, su principal apoyo parlamentario, dejó caer la norma al facilitar con su abstención que saliera adelante la enmienda a la totalidad del grupo Adelante Andalucía (la confluencia electoral de Podemos e Izquierda Unida). El PSOE, dirigido por Susana Díaz (que ha sido relevada por Juan Espadas), se sumó en el último minuto al bloqueo para infligir la primera gran derrota al Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en el Parlamento.

Aceptadas 30 enmiendas del PSOE

Durante el debate de las enmiendas, los socialistas han justificado su abstención por el rechazo de 18 enmiendas de las 50 que habían presentado. «Algunas en temas importantes que hacen que ese acuerdo manifestado por el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, no sea posible tenerlo cerrado», ha precisado el portavoz de esta formación. PP y Ciudadanos han aceptado por completo 8 enmiendas del PSOE y otras 22 enmiendas transaccionales.

El «principal escollo» del PSOE al texto legal es que se «permitan construir viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico no vinculadas a usos agrícolas, ganaderos o turísticos. «Supone la liberalización de la construcción en el campo», ha asegurado Gerardo Sánchez, que en la rueda de prensa posterior ha anunciado que cuenta con el apoyo de Ciudadanos en esta demanda. La otra diferencia es la desafección de vías pecuarias en el caso de que no tengan uso ganadero.

En su comparecencia ante los periodistas junto al responsable de Transición Ecológica del PSOE-A-, Rafael Márquez, Gerardo Sánchez ha planteado como una condición indispensable que se cambie este punto para transitar desde la abstención al acuerdo: «Si no se modifica la posibilidad de construir viviendas en suelo rústico, nuestro grupo se va a oponer a esta ley». No obstante, insiste en continuar con la negociación para la norma alcance el mayor consenso posible.

Por su parte, el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha manifestado su «sintonía» con el texto legal, aunque seguirá defendiendo algunas enmiendas que no han sido aceptadas. Uno de los aspectos más criticados por la izquierda es que la norma abre la vía para regularizar a más de 300.000 familias las casas donde viven levantadas de forma ilegal en suelos no urbanizables. Vox asegura que la norma «cierra en falso el problema» de estas viviendas. Su principal contribución a la norma es que la aprobación de determinados trámites administrativos mediante silencio positivo.

El proceso de adaptación a la LOUA resulta tan farragoso y complejo que ha provocado que los ayuntamientos consuman más tiempo en elaborar sus Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) –entre ocho y diez años de media– que lo que duran en vigor. La consecuencia es un freno a la actividad económica: promociones de pisos que no se ejecutan, inversiones paralizadas y más de 300.000 familias residentes en viviendas irregulares que no salen del limbo jurídico en el que están sumidas, sin acceso, muchas de ellas, a enganches de agua y luz.

La Lista trata de resolver este galimatías jurídico y ajusta la regulación autonómica a la ley estatal. El nuevo texto legal establece dos categorías de suelo: el urbano y el rústico, frente al desfasado modelo actual, que distingue entre urbano, urbanizable y no urbanizable.

«Como agua de mayo para los alcaldes»

El portavoz del PP en la citada comisión, Juan Bueno, ha defendido la simplificación y agilización administrativa que propugna esta ley y ha puntualizado que la regulación de las viviendas irregulares existentes «no significa acolmatar y llenar de bloques el campo». «Los alcaldes están esperando esta ley como agua de mayo», ha resaltado, tras recordar que «la mayoría de municipios de Andalucía no tienen Planes Generales de Ordenación Urbana y eso es para hacérselo mirar».

En su intervención, el diputado de Ciudadanos Juan de Dios Sánchez López ha puesto de manifiesto que la norma recoge «la mitad» del borrador que realizó el PSOE cuando gobernaba la Junta de Andalucía. Frente a las críticas y reproches de la izquierda, ha asegurado que se recogen herramientas para «evitar la especulación».

Inmaculada Nieto, portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, ha cuestionado la tramitación por vía de urgencia del proyecto porque, a su juicio, resta seguridad jurídica en los elementos fundamentales que aborda. Ha argumentado que la planificación territorial que establece «no es consecuente» con problemas como el déficit de agua y que va a «agravar» muchos de los males actuales.

Los diputados no adscritos afines a la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, por su parte, han abundado en la idea de que la Lista «va a abocar a una nueva burbuja inmobiliaria». «La revolución verde de Moreno Bonilla no va más allá del green de los campos de golf», ha comentado en la comisión la diputada Ángela Aguilera.




La Junta premia el Urbanismo transformador e integrador de Almería, Málaga y Granada

  • Marifrán Carazo anima a desarrollar “proyectos que hagan de nuestros pueblos y ciudades lugares más amables y sostenibles”

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha presidido el acto de entrega de los V Premios Andalucía de Urbanismo en los que ha subrayado el papel transformador que tiene el Urbanismo para hacer de nuestras ciudades y pueblos espacios de convivencia y apostar por el desarrollo sostenible. Durante su intervención, la consejera ha animado a los profesionales a seguir “desarrollando proyectos que hagan la vida más fácil a los andaluces, convirtiendo a nuestros barrios, a nuestros pueblos y ciudades en lugares más amables y sostenibles”.

Este año el Premio Andalucía de Urbanismo en la categoría de Planificación Urbanística ha recaído en la modificación puntual número 70 del PGOU de Almería que va a reformular la ordenación urbanística de la ladera sur de la Alcazaba y que, en palabras de Marifrán Carazo, va a permitir “poner en valor este espacio preservando la trama urbana y el patrimonio arqueológico, aumentando con ello el atractivo turístico de la capital almeriense”. El premio ha sido recogido por el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco.

El premio Andalucía de Urbanismo a la Actuación Ejecutada ha recaído en la renovación urbana llevada a cabo en Martiricos, Málaga, por la importante transformación urbana realizada en este espacio degradado de la capital malagueña. La consejera de Fomento ha felicitado tanto a los autores del proyecto, Dorronsoro Arquitectos, a sus promotores y al Ayuntamiento de Málaga, por una iniciativa que “aúna los principios de sostenibilidad económica, social y ambiental que debe regir cualquier actuación urbanística”. El galardón ha sido recogido por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, y Ana Dorronsoro, en representación de Dorronsoro Arquitectos.

En esta categoría el jurado de la V edición de los Premios Andalucía de Urbanismo ha otorgado este año dos menciones. La primera ha sido para las actuaciones desarrolladas para la transformación y mejora de la barriada de Santa Adela, en Granada que, según ha subrayado la consejera de Fomento, destaca por su urbanismo integrador. “Esta actuación va a tener continuidad, como refleja la partida recogida para la nueva fase en los presupuestos de la Junta para 2022, y servirá de ejemplo para otros proyectos de rehabilitación en Andalucía”, ha señalado Marifrán Carazo. El premio ha sido recogido por el concejal de Urbanismo y Obra Pública del Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández.

La segunda mención en la categoría de Actuación Ejecutada ha sido para la recuperación del camino histórico del Albacar en Ronda (Málaga), un proyecto que, según ha subrayado Marifrán Carazo, destaca “por su calidad y capacidad de aunar medio ambiente y patrimonio, lo que sin duda es la mejor manera de preservar y dar a conocer nuestro patrimonio”. El galardón ha sido recogido por el autor del proyecto, el arquitecto Sergio Valadez, y la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández.

Este año, el jurado decidió por unanimidad otorgar el Premio Andalucía de Urbanismo a la Trayectoria a Eduardo Martínez Zúñiga, arquitecto, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, reconociendo así la dedicación y compromiso con esta disciplina de este arquitecto sevillano del que la consejera ha señalado su amor por su profesión y su defensa del valor social de la Arquitectura.

Reconocimiento a Ángel Gijón Díaz

También este año, por primera vez, se ha concedido una mención especial a título póstumo al arquitecto granadino Ángel Gijón Diaz. El arquitecto Juan Fernando Estévez, amigo de la familia, ha recogido el premio de manos de la consejera de Fomento, y ha glosado su figura en un emotivo acto en el que Manuela Cortés, la viuda del arquitecto, también ha estado presente.

Los Premios Andalucía de Urbanismo son de carácter exclusivamente honorífico y consisten en una escultura conmemorativa y un diploma acreditativo. Con ellos se reconoce y distingue la labor de aquellas administraciones públicas, instituciones, entidades sociales y profesionales que hayan contribuido a hacer de las ciudades espacios de convivencia a través de la planificación, la mejora de condiciones para el desarrollo sostenible o la regeneración de áreas urbanas.

Junto a la consejera de Fomento han participado en la entrega de los premios de Urbanismo de Andalucía, el viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Mario Muñoz Atanet; el secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Andrés Gutiérrez Istría; la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez, y la directora general de Ordenación de Territorio y Urbanismo, María del Carmen Compagni.




El Presupuesto de 2022 avanza en los proyectos estratégicos y sube un 81% la inversión en Jaén

  • Juan Bravo señala que son unas cuentas “para las personas” centradas en lo esencial: sanidad, educación y dependencia

El proyecto de Ley de Presupuesto de Andalucía para 2022 contribuye al avance de los proyectos estratégicos en Jaén y sube la inversión destinada al territorio jiennense en un 81%, desde los 180,55 millones de 2021 hasta los 327,16 millones en previsión para el año que viene. El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha presentado las cuentas andaluzas para el ejercicio 2022, junto a la delegada del Ejecutivo andaluz en la provincia, Maribel Lozano.

El consejero ha valorado la oportunidad que suponen los Presupuestos para 2022, que ascienden hasta los 43.816,3 millones de euros, con un crecimiento del 9% respecto a 2021, y que “vuelcan todo su músculo en seguir fortaleciendo los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y dependencia”. Contemplan, además, una cuantía muy relevante de 5.900 millones de recursos procedentes de Europa destinados a transformar la economía e impulsar el empleo en Andalucía, que hay que aprovechar al máximo, ha incidido.

Por su parte, Maribel Lozano ha resaltado las cuartas cuentas andaluzas del Gobierno del cambio como “una muestra del firme compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con lo que más preocupa a jiennenses, la sanidad, la educación, los servicios sociales y el empleo”. Asimismo, la delegada ha agradecido la especial sensibilidad del Ejecutivo andaluz con la provincia de Jaén en las inversiones que figuran provincializadas, solo un 48,5% del total, ya que el resto procede de partidas globales. Así, en las partidas diferenciadas por provincias se consignan 522 euros por jiennense, lo que supone casi duplicar la inversión por habitante del presente ejercicio que es de 287 euros. Una progresión que “prueba la capacidad de gestión del Ejecutivo andaluz y su determinación por ejecutar los fondos de la Inversión Territorial Integrada (ITI)”, según ha expresado la delegada.

Entre las partidas destacan las referentes a sanidad. Un ejemplo es el esfuerzo inversor del SAS que destinará 28,7 millones de euros para continuar con la mejora de las infraestructuras sanitarias y fortalecer la sanidad pública, con edificios más modernos y más tecnología. Se prevé una partida de 500.000 euros para la Ciudad Sanitaria de Jaén, que cuenta con una hoja de ruta marcada y que se va cumpliendo de forma progresiva.

En las cuentas del próximo ejercicio figuran 5,7 millones para la puesta en marcha del tranvía de Jaén e inversiones en carreteras. Así, se prevén 4,5 millones para las obras de acondicionamiento de la A-6201 desde Sorihuela del Guadalimar a la Autovía del Levante, a la A-32, cuyo coste total será de 6,9 millones, y 5 millones de euros para a la conexión de la Variante de Mengíbar con la A-44 a la altura de Geolit.

Tras la adecuación por parte de la Junta de Andalucía del Puente del Aguadero, la Comarca de Segura recibirá inversión de 5,6 millones para construir un nuevo puente, obra que ya se refleja en el presupuesto de 2022 con una partida de 3,5 millones. Respecto a las inversiones en la A-311 y la A-306, cuyos proyectos están en redacción, las cuentas recogen partidas de un millón de euros para cada carretera. En inversiones en materia de fomento e infraestructuras también se prevén dos millones para el arreglo de la A-6176, que discurre entre Arjona a Marmolejo; 4,4 millones para terminar la conexión del ramal ferroviario entre Santana y la línea Madrid-Cádiz y 3,4 millones más para conectarlo con el Parque Empresarial Santana con el objetivo de hacer más competitiva esta zona industrial de Linares.

En el capítulo de agricultura y desarrollo sostenible, figuran 2 millones para tratamientos de bosques y 5 para ayudas de modernización del olivar, así como 6 millones para impulsar el relevo generacional en el campo jiennense. Un total de 5 millones se consignan para la mejora del regadío y otro millón para adecuar instalaciones agrarias y ganaderas para fortalecer la competitividad.

Los presupuestos también contemplan 4 millones de euros para la construcción y equipamiento del Centro Andaluz de Referencia de Control de la Calidad del Aceite de Oliva, que estará en Jaén, una reivindicación del sector y de los agentes económicos y sociales que el Gobierno andaluz hace realidad. Se trabaja para que esté en una parcela del Parque Científico y Técnico Geolit. Asimismo, se prevé un millón de euros para el servicio de gestión del Centro de Cría del Quebrantahuesos del Guadalentín. Por último, la inversión en depuración de aguas residuales y agrupación de vertidos sigue arrojando grandes cifras con una previsión de 31,3 millones que mejoraran la sostenibilidad de una veintena de municipios. Se iniciará la agrupación de vertidos y EDAR de Fuerte del Rey, de Jamilena, Chiclana de Segura, Iznatoraf, Santisteban del Puerto, Jabalquinto, la de Lopera-Cazalilla-Campillo de Arenas, Villanueva del Arzobispo, Lahiguera y ampliaremos la EDAR de Linares. Además, se terminará la EDAR de Martos, de Ibros, de Rus-Canena-La Yedra, la de Porcuna y la de Guarromán, entre otras.

En materia de educación, el Plan de Bioclimatización en 67 centros educativos de Jaén supone consignar 19,2 millones de euros y la culminación del nuevo edificio para el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira, cuyas obras concluirán en este 2022, se refleja en una partida de 6,5 millones.

Los presupuestos destinan 9 millones para continuar el avance de la Estrategia de Investigación y Mejora de los Resultados con la Universidad de Jaén. A ellos se suman 6 millones para proseguir con la construcción del Centro I+D+i de Las Lagunillas, igual que el proyecto para impulsar Ciudades Inteligentes, que cuenta con 1,78 millones de euros en este ejercicio.

En Turismo, se continuará con el impulso para atraer visitantes y dinamizar el sector. Se contempla medio millón de euros dentro del convenio para realizar acciones de promoción que atraiga visitantes a la provincia. Además, ligado a la ITI, se invertirán 6 millones de euros en proyectos para crear y reforzar espacios turísticos, entre ellos 3 millones en el anfiteatro de Porcuna, 360.000 en el centro de pinturas rupestres en Aldeaquemada, 685.000 en el embarcadero y zona de ocio de Siles y 2 millones en mejorar el entorno de la Catedral de Andrés de Vandelvira de Jaén.

En materia de políticas sociales, destacan 3,5 millones para mejorar centros para personas con discapacidad en la provincia y en materia de cultura y patrimonio son relevantes los 300.000 euros para la redacción del proyecto de museografía del Museo Íbero de Jaén y los 1,11 millones, que también proceden de la ITI, para los planes de infraestructuras de Cástulo y Puente Tablas, sin olvidar la redacción de los proyectos de intervención en el Castillo de Cazorla y la Muralla de Andújar.




La Junta ve “coyuntural” la crisis de suministros en la construcción

  • Carazo destaca en la apertura del SIMed el impulso a la construcción de vivienda asequible y Salado dice que el crecimiento residencial de Málaga necesita de mejoras en la movilidad y las infraestructuras

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, espera que la crisis de suministro que se vive a nivel mundial y que está encareciendo los materiales sea coyuntural, incidiendo en que «al menos el Gobierno andaluz ya está trabajando para paliar sus efectos». En su opinión, este hecho podría nublar la recuperación del sector inmobiliario, al igual que la nueva Ley Estatal de Vivienda que quiere aprobar el Gobierno de España, y que a su juicio, plantea una serie de medidas intervencionistas, que limitan el mercado del alquiler, atacan el derecho a la propiedad privada y tensionan el mercado».

Desde el Gobierno andaluz, y en aplicación de nuestras competencias en materia de vivienda, rechazamos el intervencionismo y apostamos por la libertad», enfatizó Carazo en la inauguración ayer en Málaga del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMed).

Carazo expuso «los cambios de rumbo en las políticas de vivienda» en Andalucía mediante la promoción de 4.000 nuevas casas a precio asequible en apenas tres años que «no sólo facilitarán el acceso a la vivienda, sino que ayudan a la reactivación del mercado y del sector». Acompañada del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el presidente de Fadeco Promotores, Francisco Martínez-Cañavate, la consejera insistió en contribuir «a las buenas perspectivas para el sector de la vivienda, especialmente en Andalucía, tras la crisis sufrida durante la pandemia».

«Hemos trabajado para atajar el problema de la vivienda en Andalucía, ofreciendo iniciativas novedosas que ya están dando resultado», indicó la titular de Fomento, quien aludió al Plan Vive en Andalucía 2020-2030, que se aprobó hace año y medio, y ha posibilitado varias iniciativas para elevar el parque residencial.

Así, destacó también que se han impulsado tres convocatorias del programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler para impulsar 3.000 nuevas viviendas a renta asequible en colaboración con promotores públicos y privados, con 83 millones en subvenciones que han generado una inversión de más de 270 millones. En el caso concreto de Málaga, se han puesto en marcha 639 nuevas viviendas (476 en la capital).

También se han abordado otras líneas de ayuda, esta vez a los ayuntamientos, para la adecuación de suelos con destino a 263 VPO en Andalucía.

Por otra parte, explicó otras dos líneas de trabajo impulsadas a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). La primera es la puesta en marcha de un programa de permutas que permitirá promover viviendas a precio asequible en solares que eran propiedad de la agencia. La segunda línea de trabajo es la venta de activos de AVRA, con la que, en apenas un año, se han puesto a la venta 146 parcelas de suelo residencial que permitirán la construcción de más de 900 viviendas. La última oferta se ha resuelto con la venta de 38 parcelas para 780 viviendas.

«Con la venta de estos activos, el Gobierno andaluz contribuye a la reactivación del sector residencial y a la recuperación económica, ayudando a la creación de empleo», dijo Carazo, quien igualmente resaltó la rehabilitación de viviendas con la asignación de 200 millones de euros para Andalucía en ayudas de los fondos europeos Next Generation.

La consejera recordó que la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que espera que se apruebe en breve, «reducirá trámites y procedimientos en la tramitación de planes y proyectos urbanísticos con la condición de que sean sostenibles, social, medioambiental y económicamente». Esto se sumará a las medidas del Plan Vive en Andalucía, que ha equiparado los requisitos de diseño para las VPO con las de venta libre para «hacerlas más atractivas a promotores, compradores y entidades financieras».

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, destacó la capacidad de crecimiento residencial de la provincia de Málaga, pero advirtió de una necesaria mejora de la movilidad. Considera por ello que cualquier crecimiento en este sentido «debe ir acompañado de alternativas de transporte al vehículo privado».

Salado habló de la importancia de las administraciones en el previsible crecimiento que se avecina y a la importancia de la «voluntad política». Como ejemplo, aludió a la «efectiva solución» a los accesos del Málaga Tech Park (PTA), problema «que hasta hace pocos años motivó que algunas empresas tuvieran que cambiar su emplazamiento».

Salado consideró que el crecimiento de población y movimiento en Málaga y la Costa del Sol «no se está viendo acompañado por una estrategia adecuada de movilidad» por parte del Estado. Reclamó por ello al Gobierno central la ampliación a un tercer carril en la A-7 en su recorrido por el área metropolitana o la mejora de los accesos a esta autovía desde las grandes áreas residenciales del este de Málaga. También citó la solicitud de la carretera de acceso desde la hiperronda hasta Alhaurín de la Torre, «que tendría que haberse ejecutado como parte del proyecto de acceso norte a Málaga y que registra a diario graves problemas de tráfico».

Además, aplaudió la solicitud del alcalde de Málaga para el desarrollo de la carretera del arco, por encima de la actual ronda, lo que rebajaría la densidad del tráfico en la A-7 a su paso por la capital y por Rincón de la Victoria.

La ACP dice que el teletrabajo potencia a Málaga y a su segmento de segunda residencia

El SIMed incluye el Punto de Encuentro ACP, organizado con la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, donde destacadas voces del ámbito promotor y constructor adelantaron que con el teletrabajo ha cambiado el concepto de segunda residencia, que antes se adquiría para rentabilizar un mes al año, pero que ahora se puede disfrutar durante mucho más tiempo. Los expertos dicen que las características de Málaga la hacen un destino ideal para este tipo de producto. Del mismo modo, los ponentes coincidieron en que el sector debe trabajar para adaptar su actividad a los ciclos alcistas y bajistas para mantener un empleo estable en el tiempo. El presidente de ACP, Juan Manuel Rosillo, apostó por seguir trabajando en fórmulas de colaboración público-privadas para afrontar los principales retos de acceso a la vivienda.

El foro urbanístico del Litoral Andaluz cita a alcaldes y proyectos de varios municipios

El programa de contenidos para este viernes incluye el Foro Urbanístico del Litoral Andaluz, en el que alcaldes de municipios y ciudades como Málaga, Rota, Tarifa o Salobreña presentarán proyectos de interés para inversores y analizarán las oportunidades que surgirán en torno a los fondos europeos Next Generation y de la colaboración público-privada para conseguir la transformación de los territorios hacia un modelo más eficiente y sostenible. En los contenidos del foro cabe mencionar la ponencia «Territorios inteligentes, la súper ciudad de Málaga», de la mano de Alfonso Vegara. También este viernes acogerá la presentación de proyectos y soluciones innovadoras de startups especializadas de la mano de Promálaga. Y el foro «La Casa del Futuro, Sostenible y Digital» celebrará una mesa sobre sostenibilidad en la edificación.