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Educación programa 170 nuevas actuaciones en 2022 de infraestructuras escolares por 84,9 millones

  • La Agencia Pública Andaluza de Educación aprueba el nuevo plan de infraestructuras para creación, ampliación o mejora de centros educativos que se suma a las 1.550 en marcha

La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha aprobado un total de 170 nuevas actuaciones de construcción, ampliación y mejora o reforma de centros educativos públicos de Andalucía con una inversión total prevista de 84.937.000 euros. Estas obras se sumarán a las 1.550 intervenciones que la Agencia tiene actualmente en ejecución o en tramitación y que tienen un presupuesto de 878 millones de euros.

El Consejo Rector de la Agencia ha dado el visto bueno esta semana al Plan de Infraestructuras Educativas de 2022, que recoge las necesidades detectadas en las diferentes provincias, priorizando aquellas actuaciones que vengan motivadas por demandas de escolarización y que permitan la eliminación de prefabricadas o eviten su instalación en el futuro. Así, 78 de las obras programadas tienen por objeto la creación de nuevos centros o su ampliación y adaptación al objeto de dotar al sistema educativo de nuevos puestos escolares.

También se incluyen 31 actuaciones derivadas de necesidades de origen técnico que afectan a las condiciones de habitabilidad, seguridad o funcionalidad de los centros y que se considera prioritario ejecutar por el estado de la edificación o la urbanización.

Por último, dentro del programa de reformas y mejoras se recogen 61 intervenciones cuyo objeto es mejorar las condiciones de las infraestructuras de los centros educativos que se hayan quedado obsoletas o dotarlas de requisitos o espacios de los que carezcan, de manera que puedan prestar un servicio educativo de calidad que responda a las demandas actuales.

Por provincias, se han aprobado 25 nuevas actuaciones en Almería (por 18,99 millones de euros), 24 en Cádiz (por 7,46 millones), 22 en Córdoba (2,51 millones), 22 en Granada (16,31 millones), 13 en Huelva (8,97 millones), 16 en Jaén (10,76 millones), 24 en Málaga (12,27 millones) y 24 en Sevilla (por 7,64 millones).

Además, a lo largo del año 2022 se producirán necesidades que se incorporarán al Plan de Infraestructuras previa determinación por la Dirección General de Planificación y Centros, como las urgencias técnicas que surgen por incidencias sobrevenidas y las obras de verano que se determinan una vez cerrado el periodo de escolarización del alumnado.

Actuaciones destacadas

Entre las actuaciones más destacadas recogidas en la nueva programación figuran dos nuevos institutos de educación secundaria (IES) en Almería, concretamente en la zona de Nueva Almería y en Los Molinos, con un presupuesto estimado de 5 millones de euros cada uno.

En Cádiz destacan la construcción de un edificio de infantil en el centro de educación infantil y primaria (CEIP) Barca de la Florida de Jerez de la Frontera por 1,5 millones y la ampliación para ciclos formativos del IES Pablo Ruiz Picasso de Chiclana de la Frontera, con más de 1 millón de euros de inversión prevista.

En Córdoba destacan la reforma y mejora de centros como el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río (350.000 euros de presupuesto programado), el CEIP Averroes y la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Corduba de la capital cordobesa (250.000 y 200.000 euros respectivamente), el CEIP San José de Montilla (300.000 euros) y el colegio público rural (CPR) Ana de Charpentier de Las Pinedas (200.000 euros).

En Granada se ha aprobado la construcción de un nuevo CEIP en Gabia Grande por 6 millones de euros, la sustitución del CEIP San José de Orce (3 millones) y la ampliación del Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios de Granada (2,1 millones), entre otras actuaciones.

En la provincia de Huelva destaca la construcción de un Conservatorio Profesional de Danza en la capital por 6 millones de euros; y en Jaén, la creación de un nuevo edificio para el CEIP San Eufrasio de Andújar por 2,93 millones y el traslado al antiguo edificio de Peritos del IES Santa Engracia de Linares por 1,75 millones.

En Málaga, la mayor actuación de la nueva programación corresponde a la construcción de un nuevo centro de educación infantil y primaria de la barriada de Soliva, en la capital, con un presupuesto estimado de 5,9 millones de euros. Asimismo, destaca la ampliación del CEIP Enrique Ramos Ramos del municipio de Algarrobo por 1,3 millones.

Por último, en Sevilla se recogen, como actuaciones destacadas, la segunda fase del nuevo IES de Dos Hermanas, con un presupuesto estimado de 2,15 millones de euros, y la ampliación del IES Profesor Juan Bautista de El Viso del Alcor por 2 millones de euros.

Las actuaciones de reforma y mejora de importe inferior a 500.000 euros se contratarán a través del Acuerdo Marco de obras puesto en marcha por la Agencia Pública Andaluza de Educación para agilizar los procedimientos de adjudicación de las obras escolares, dando así una respuesta más eficaz a las necesidades de los centros educativos.

Plan de Bioclimatización

Hay que recordar que en 2022 continuará la ejecución del Plan de Bioclimatización y Energías Renovables aprobado en 2021, que se extiende hasta finales de este año. Se trata de 430 actuaciones con un presupuesto total previsto de 140 millones de euros, cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos REACT-UE dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 como parte de la respuesta de la UE a la pandemia de COVID-19.

Son actuaciones que combinan la instalación de placas solares fotovoltaicas en los centros educativos para la producción de energía eléctrica con un sistema de climatización sostenible mediante refrigeración adiabática, actuándose así simultáneamente en la mejora de la eficiencia energética de los centros y de su confort térmico en verano.




El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación firma cuatro convenios para invertir 15,9 millones de euros en la modernización de regadíos en Córdoba Sevilla y Huelva

El objetivo de las actuaciones es la modernización de los sistemas de riego, mediante la habilitación de instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo, y la mejora de la eficiencia hídrica

En la Fase I del Plan de Recuperación se destinarán a Andalucía un total de 76,32 millones de euros para acometer 15 proyectos de modernización de regadíos sostenibles

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), ha firmado hoy cuatro convenios para invertir 15.901.407,11 euros (IVA no incluido), en obras de modernización de regadíos en comunidades de regantes de Córdoba, Sevilla y Huelva.

Las actuaciones comprometidas se realizarán con cargo al “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, Fase I, que en el conjunto de Andalucía tiene previsto invertir 76.316.513,20 euros (IVA no incluido) en 15 proyectos.

El presidente de Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero, ha firmado los correspondientes convenios con los presidentes de las comunidades de regantes de Genil-Cabra (Córdoba), Julio Valcuende Lajusticia; de Andévalo Pedro Arco (Huelva), Juan Antonio Millán Jaldón; de El Viar (Sevilla), Antonio Muñoz Cabello y de Bajo Guadalquivir (Sevilla), Juan Mora-Figueroa Gayán. El acto ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver.

El objetivo de las actuaciones, que afectarán a 78.052 hectáreas de regadíos y beneficiarán a 9.094 regantes, es la modernización de los sistemas de riego para reducir la dependencia de energías fósiles, mediante la habilitación de instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo que también permitan ahorrar costes energéticos a los regantes, al tiempo que se reduce la emisión de CO2 a la atmósfera. También está prevista la mejora de la eficiencia hídrica con la instalación de sistemas de telecontrol de la gestión del riego.

C.R. GENIL-CABRA

El “Proyecto de reducción de la dependencia energética y digitalización de la zona regable Genil-Cabra” cuenta con un presupuesto de 7.145.807,11 euros (IVA no incluido) y afectará regadíos situados en los municipios de Puente Genil, Santaella, Montilla, Montalbán, La Rambla, y Aguilar de la Frontera, en la provincia de Córdoba; y de Écija y Estepa, en Sevilla.

La modernización contempla la construcción de una planta solar fotovoltaica de autoconsumo, así como la digitalización del sistema de riego con la instalación de equipos de telemedida y telegestión, y un centro de telecontrol, que gestionará un total de 23.946 hectáreas y del que se beneficiarán 2.148 regantes.

C.R. ANDÉVALO PEDRO ARCO

De similares características es el “Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo para la disminución de la dependencia energética en la Comunidad de Regantes Andévalo Pedro Arco (Huelva)”, al que se le ha asignado un presupuesto de 3.180.000 euros (IVA no incluido).

Afectará a 1.342 hectáreas de regadíos y beneficiará a 10 regantes en los municipios de Sanlúcar de Guadiana y Villanueva de los Castillejos, en la provincia de Huelva.

C.R. EL VIAR

El presupuesto del “Proyecto de modernización de los riegos del Viar: planta fotovoltaica de 4 MWP y mejora de la eficiencia energética de las estaciones de bombeo (Sevilla)” asciende a 4.091.600 euros (IVA no incluido). Estima actuar sobre 11.500 hectáreas correspondientes a 1.800 regantes en el municipio de Alcalá del Río, en la provincia de Sevilla. Al igual que los anteriores proyectos, tiene previsto instalar una planta solar fotovoltaica para abastecer a las instalaciones de riego existentes.

C.R. DEL BAJO GUADALQUIVIR

El “Proyecto de disminución de la dependencia energética mediante autoproducción de energía fotovoltaica en la zona regable del Bajo Guadalquivir (Sevilla)” tiene un presupuesto de 1.484.000 euros (IVA no incluido) y abastecerá a 41.264 hectáreas correspondientes a 3.315 regantes en los municipios de Lora del Río, Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las cabezas de San Juan y Lebrija, en la provincia de Sevilla.

En este caso se prevé construir tres instalaciones fotovoltaicas asociadas a los bombeos, instalar sistemas de telecontrol del riego e incorporar medidas de recuperación y seguimiento ambiental como la instalación de cajas nido para la avifauna de la zona y siembra de herbáceas.

PLAN DE RECUPERACIÓN FASE I

Estas obras se realizarán con fondos Next Generation de la Unión Europea y su carácter público-privado supone que la aportación pública será de un máximo del 80% del coste de los gastos elegibles, mientras que las comunidades de regantes objeto de la actuación aportarán el resto.

Este programa, que constituye el capítulo inversor más importante de los fondos del PRTR que gestiona el MAPA, prevé una inversión pública en el conjunto de España de 563 millones de euros, con lo que se espera modernizar más de 100.000 hectáreas de regadíos.




Adif adjudica un contrato por 2,7 millones para mejorar la red ferroviaria en Granada, Cádiz y Málaga

  • Uno de los trabajos corresponde a la bifurcación en Granada para la estación de Moreda
 

Adif ha adjudicado este lunes el contrato de suministro y transporte de aparatos de vía para diversas obras de inversión programadas para la mejora de la red ferroviaria de ancho convencional en las provincias de Granada, Cádiz y Málaga, una actuación que cuenta con una inversión global de 2.780.284,76 euros. Según ha explicado en un comunicado, se espera que las intervenciones estén concluidas en 19 meses. La inversión se desarrollará en dos lotes diferenciados que han sido adjudicados a la empresa Talleres Alegría.

Un primer lote englobará el suministro y transporte de aparatos de vía para la ampliación de la longitud a 750 metros de los apartaderos de Campillos y Setenil en el tramo Bobadilla-Ronda -línea de ancho convencional Bobadilla-Algeciras-, y sustitución de desvíos en bifurcación Almería y bifurcación Granada para la estación de Moreda –líneas Granada-Moreda y Linares-Almería-. Este lote tiene un presupuesto de 1.887.621,78 euros.

El segundo lote comprende el suministro y transporte de aparatos de vía para renovación del trayecto San Pablo-Almoraima -línea Bobadilla-Algeciras-, PK 129/400 a 155/438. Este lote ha sido adjudicado por importe de 892.662,98 euros.

Adif ha explicado que “serán objeto de estos contratos la fabricación, premontaje y comprobación en el taller de los aparatos de vía, la carga del aparato y transporte al lugar designado, así como el suministro y transporte de cupones mixtos que permitan la soldadura con la barra larga del carril”. Además, se incluye en el objeto del contrato el suministro de calentadores de aguja.

Los aparatos de vía, ha recordado la nota de prensa, son los elementos de la infraestructura ferroviaria que permiten la ramificación y el cruce de itinerarios. El objetivo de esta actuación es “garantizar la correcta prestación del servicio ferroviario en dichas redes”. Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.

Las actuaciones correspondientes al lote 1 en el tramo Bobadilla y Ronda y en la bifurcación Almería y bifurcación Granada para la estación de Moreda y al lote 2 de la línea Bobadilla-Algeciras podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional(Feder).

Por su parte, la actuación que pertenece al lote 3 del tramo Calañas-Peguerillas va a ser financiada por la Unión Europea, a través de los fondos ‘NextGenerationEU’.




Andalucía acaba con la “gincana burocrática interminable” para la actividad económica

  • La Junta aprueba el tercer decreto de esta legislatura para reducir la maraña administrativa y consigue eliminar o simplificar más de 400 trámites que impedían la inversión en la región

En los últimos años, se ha convertido en una de las grandes denuncias de los empresarios: la Administración de la Junta de Andalucía se había convertido en un lastre en lugar de un aliado para los ciudadanos a la hora de intentar emprender, tanto para los pequeños comerciantes, que se veían asfixiados en papeleo antes de empezar su actividad, como para las grandes compañías, que se encontraban con un muro administrativo que les desanimaba a invertir.

Por eso, el autodenominado “Gobierno del cambio” de PP y Ciudadanos convirtió en una de sus promesas estrellas para esta legislatura la reducción de la “gincana interminable que soportaba el tejido productivo andaluz”, según palabras del propio presidente autonómico, Juanma Moreno, en la presentación ante los agentes sociales de la regulación que hoy se ha aprobado, que es la tercera de estas características.

En marzo de 2020, justo unos días antes del confinamiento, ya aprobó un primer paquete de reducción de normativa que afectaba a unos 80 trámites y que ha dado inmediatamente frutos a pesar del periodo de pandemia. Por ejemplo, se anuló el decreto de 2010 que regulaba la instalación de campos de golf en Andalucía que ponía tantas trabas que en más de una década no se ha vuelto a abrir ninguno. Por el contrario, solo en último año, se han reactivado casi una decena de proyectos, de los que la Junta ha bendecido ya cuatro con una inversión privada prevista de 400 millones y que prevé generar 5.000 empleos.

Posteriormente, en febrero de 2021, la Junta aprobó otro paquete de medidas de simplificación interna de funcionamiento de la Administración pública para agilizar la tramitación de los fondos europeos que llegarán a Andalucía en el nuevo marco 2021-27, incluyendo los fondos extraordinarios Next Generation.

Ahora, en la recta final de la legislatura, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto ley por el que se adoptan “medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía”, una norma que incorpora más de 330 medidas, agrupadas en medidas de simplificación administrativa, medidas de mejora de la regulación o derogaciones normativas.

Ayer se mostraba especialmente satisfecho de estas medidas uno de los artífices del avance, el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, quien, en numerosas ocasiones, ha explicado que, tras un intenso estudio, habían detectado que existen hasta 829 procedimientos administrativos que afectan al inicio o ejercicio de la actividad de los operadores económicos y que están regulados por normativa autonómica.

 

Dentro del Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía, pactado con patronal y sindicatos, se evaluaron 468 de estos procedimientos. En ellos, se detectaron 154 procedimientos cuya propuesta de simplificación son de ámbito estatal y, por ello, se han trasladado a las correspondientes conferencias sectoriales nacionales. Tras ello, la labor se centró sobre 207 procedimientos para elaborar una guía de ayudas a las empresas para que puedan adecuarse, también, a los principios de buena regulación económica y de unidad de mercado.

 

Según explica el consejero de la Junta, el reto del Ejecutivo andaluz es llegar a simplificar, en el horizonte de 2024, hasta 150 procedimientos administrativos, es decir, haber reducido en alrededor del 30% los 468 procedimientos analizados.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, acompañado de su vicepresidente, Juan Marín, han destacado que se trata del “trabajo más ambicioso jamás planteado en la historia de la Autonomía y, con este nuevo decreto ley, Andalucía es pionera a nivel nacional, afrontando una remodelación integral de sus procedimientos para adecuarse a las indicaciones de la Unión Europea. Me siento orgulloso de presidir un Gobierno que se ha atrevido a encarar este cambio radical para crear las condiciones más favorables a la actividad empresarial”, subrayó.

Entre los cambios aprobados este martes, la nueva norma dota de mayor agilidad a la aprobación de los marcos estratégicos que regulan la actividad turística, se aumenta el volumen de localidades andaluzas que pueden acceder a la declaración de Municipio Turístico y se simplifica el procedimiento de Declaración de Interés Turístico de Andalucía, entre otras medidas destinadas al sector turístico.

 

Por otra parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha incluido 128 modificaciones en la legislación ambiental. Se hace hincapié en la GICA (Gestión Integrada de la Calidad Ambiental), concretamente en su anexo para adecuar los niveles de protección de Andalucía a los del Estado. Además, se reducen los plazos y tiempo, eliminando la burocracia que no aportaba protección ambiental.

 

Este nuevo decreto ley permitirá que proyectos sometidos a Declaración de Impacto Ambiental no precisen Autorización Ambiental Unificada, lo que va a permitir eliminar duplicidades y reducir el tiempo de tramitación. Por otro lado, se amplía el plazo de garantía de la Autorización Ambiental Unificada, cuya caducidad pasa a cinco años. Una reivindicación histórica que aporta tranquilidad a los empresarios.

 

Las modificaciones introducidas en la normativa posibilitan también que las corporaciones locales tengan mayor flexibilidad a la hora de solicitar la permuta

 

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha reformado en el marco de este decreto ley un total de 18 normas y ha introducido 65 medidas de simplificación, de mejora de la regulación económica y de reactivación en materia de comercio interior, artesanía, industria, minas, universidades e investigación y el proceso para la declaración de proyectos estratégicos para Andalucía.

 

En el apartado de comercio y artesanía, la Junta favorece el comercio minorista y ambulante, así como el desarrollo de las ferias comerciales al suprimir 10 procedimientos administrativos obligatorios. Los más relevantes están relacionados con la eliminación del Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía, en el que debían inscribirse obligatoriamente hasta ahora toda persona jurídica o física que ejerciera una actividad de estas características en la comunidad. De igual modo, también dejan de tener vigencia el Registro General de Comerciantes Ambulantes y el de Ferias Comerciales Oficiales.

Por otro lado, se permite a los municipios declarados como turísticos adaptar su oferta comercial a la demanda durante Semana Santa y verano, periodos con mayor afluencia de visitantes. Con esta medida, los establecimientos comerciales situados en dichos términos municipales disponen de libertad para fijar los días de apertura.

Las modificaciones introducidas en la normativa posibilitan también que las corporaciones locales tengan mayor flexibilidad a la hora de solicitar la permuta de hasta dos domingos y festivos recogidos en el calendario comercial que se aprueba anualmente en la comunidad. Así, a partir de ahora podrán pedir los cambios de días en cuatro periodos al año y no en uno.

 

Asimismo, en este ámbito también se elimina la obligación de solicitar el informe autonómico previo a la licencia municipal de obras para implantar una gran superficie minorista (más de 2.500 metros cuadrados), puesto que duplica un trámite preceptivo que ya se exige para cumplir la normativa urbanística y medioambiental. También se reconoce por primera vez en la normativa la venta ‘online’ como modalidad comercial.

 

En materia de industria y minas, se incorporan las comunicaciones electrónicas con la Administración y se suprimen trámites administrativos relativos a la verificación metrológica de surtidores en estaciones de servicio y a las placas de talleres de reparación de vehículos. Además, se simplifican procedimientos para determinados aprovechamientos, permisos de investigación y concesiones mineras, al mismo tiempo que se facilita el desarrollo de instalaciones mineras autorizadas, que podrán ponerse en servicio mediante declaración responsable. Asimismo, se introducen medidas para conseguir una mayor eficiencia en el control administrativo de las actividades industriales y mineras.

 

Por otra parte, se introducen obligaciones a los titulares de derechos mineros dirigidas a favorecer la disponibilidad de esos terrenos para futuros inversores. Con todo ello, se crean unas mejores condiciones para la atracción de inversiones, así como para la racionalización y modernización de la Administración industrial y minera.

 

En el apartado de universidades e investigación, la Consejería de Transformación Económica, por un lado, unifica en un solo trámite la implantación e impartición de un nuevo título universitario. De esa forma solo será necesaria una autorización administrativa y no dos, como venía exigiendo la Ley Andaluza de Universidades, para la misma finalidad. Por otro lado, la Junta flexibiliza el Registro de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, suprimiendo algunos de los requisitos exigidos a los centros tecnológicos por no resultar necesarios para el desarrollo de sus actividades.

 

En lo que respecta a la norma que regula la declaración de proyectos estratégicos para Andalucía, la Junta ha agilizado los criterios que rigen la elaboración de los informes preceptivos por parte de los diferentes departamentos de la Junta, permitiendo así acortar el periodo de su emisión. También se han delimitado de forma más precisa los requisitos mínimos de inversión y de empleo generado para conceder dicha declaración, buscando maximizar el impacto de estos proyectos sobre la economía andaluza. Se trata, por tanto, de mejoras que posibilitarán agilizar la valoración y declaración de las inversiones empresariales relevantes para la región.

 

Hasta el momento, han obtenido esa calificación, que implica el impulso preferente en la tramitación administrativa de los permisos y autorización necesarios para desarrollarlas, 10 iniciativas que movilizarán 3.400 millones y generarán 9.500 empleos.

Por su parte, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, introduce una modificación de la Ley de Vivienda Protegida para adjudicar viviendas de nuestro parque público a colectivos con necesidad urgente. Se simplifica el procedimiento para construir áreas logísticas y la tramitación para la implantación de actividades en los puertos autonómicos. Y, en materia de urbanismo, se agilizará la ejecución de los proyectos Next Generation mediante su consideración de obras de interés general no sujetas a licencia con el acuerdo municipal.

 

Estas medidas, que afectan a 33 materias (medioambiente, turismo, educación, agricultura, pesca, patrimonio histórico, vivienda, puertos, energía, fondos europeos, salud, colegios profesionales, fundaciones, transportes o urbanismo, entre otras) suponen la modificación de 80 normas entre leyes, decretos leyes, decretos u órdenes, incluyendo diversas derogaciones normativas.

Con este tercer decreto se contabilizan un total de 400 medidas de simplificación y mejora de la regulación, además de un centenar de normas agilizadas, con el que “se cambia la tendencia por la que la Junta veía sospechoso a todo emprendedor y se preguntaba desconfiada por qué este empresario querrá invertir en esta tierra”, según explicaba ayer el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, quien aseguraba que este decreto, “el más ambicioso”, es “la revolución del sentido común”.




Andalucía, Cataluña y Madrid acaparan el 42% de fondos europeos transferidos

  • PLAN DE RECUPERACIÓN/ El Gobierno ha comprometido ya el 65% de los 24.000 millones presupuestados para el ejercicio 2021 y ha repartido 11.000 millones entre las comunidades. Economía aspira a alcanzar la velocidad crucero de ejecución en 2022.

Juande Portillo. Madrid

“España es el país que más avanzado va en el despliegue del Plan de Recuperación”, reivindicó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que compareció tras el Consejo de Ministros para hacer balance de la marcha del paquete de inversiones y reformas sufragado con las ayudas europeas. Calviño aseveró que 65 de cada 100 euros del gasto presupuestado para este año ya han sido comprometidos a proyectos concretos y que las comunidades han ingresado ya unos 11.000 millones. Del desglose de este último reparto, eso sí, se deriva una asignación muy desigual por territorios en la que Andalucía, Cataluña y Madrid acaparan más del 40% de los recursos.

España, que tiene derecho a recibir hasta 69.500 millones de euros en transferencias directas de la Unión Europea para la recuperación de la crisis del Covid, recibió un anticipo de 9.000 millones en verano y ha sido el primer país en solicitar un desembolso oficial, ligado ya al cumplimiento de 50 hitos concretos, que aspira a ingresar antes de fin de año. Pese a que el desembolso comunitario para el país será de 19.000 millones en el ejercicio, el Gobierno se garantizó en el Presupuesto General de 2021 la posibilidad de adelantar vía deuda un total de 24.000 millones a cuenta del Plan de Recuperación. De dicha cuantía, detalló Calviño, el Ejecutivo de coalición ha autorizado ya el uso de un 73% de los fondos (unos 17.500 millones), que es el primer paso de la ejecución. El segundo estadio, que comporta ya el compromiso concreto de uso del dinero ha sido sellado ya para el 64,5% de los recursos (cerca de 15.500 millones). Calviño no desveló, sin embargo, la cuantía total que se ha abonado efectivamente, que es la tercera y definitiva fase de ejecución. “No es cuestión de ejecutar todo en un mes”, se limitó a manifestar preguntada por el dato concreto, recordando que el Plan de Recuperación comporta actuaciones hasta el año 2026 y que el objetivo es acelerar el ritmo en 2022.

Economía sí que detalló, sin embargo, el reparto territorial de los 11.001 millones de euros comunitarios que han sido ya transferidos a las comunidades autónomas. Por volumen, la región más beneficiada ha sido Andalucía, que ha ingresado 1.887 millones, el 17,15% del monto total asignado a las autonomías. Le siguen Cataluña, con 1.538 millones (el 13,98% de los recursos) y, en tercer puesto, Madrid, con 1.180 millones (10,73% del reparto regional).

Entre las tres comunidades acaparan el 41,86% de los 11.000 millones transferidos a los territorios.

El resto de regiones asumen ya, en cada caso, menos del 10% del montante. Destaca por la parte alta la Comunidad Valenciana, con 1.038 millones (9,43% del total). Entre estas cuatro comunidades concentran la mitad de todo el dinero comunitario repartido entre las autonomías.

Ya por detrás quedan Castilla y León o Galicia (con algo más del 6% en cada caso); Castilla-La Mancha (5,4%); Canarias, País Vasco (ambas con más del 4%); Extremadura (rozándolo); o Aragón y Murcia (con más del 3%).

Los territorios que menos porción de la tarta europea han recibido son Asturias, Baleares (2,6%, en ambos casos); Navarra (1,8%); Cantabria (1,5%) y La Rioja (1%).

El Gobierno detalló que estos recursos irán destinados al despliegue de inversiones en ámbitos de competencia autonómica, entre los que destaca los de vivienda, movilidad sostenible, promoción de renovables, restauración de ecosistemas, renovación de edificios públicos, educación y formación profesional, inclusión y servicios sociales, entre otros.

En paralelo, el departamento que dirige Calviño detalla que las entidades locales han recibido otros 3.000 millones de euros a través de distintos reales decretos y órdenes ministeriales de convocatorias de subvenciones públicas.

Aumentar la velocidad

A partir de aquí, en todo caso, la vicepresidenta económica del Gobierno anticipó que el objetivo es elevar la velocidad de ejecución de los fondos comunitarios hasta “alcanzar la velocidad crucero en 2022” aprovechando el empuje de la recuperación económica. Calviño, que de momento se resiste a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento del PIB para 2021, del 6,5%, y 2022, del 7%, pese a que economistas y analistas han rebajado ya estas cifras con fuerza, se limitó a sostener que la incertidumbre imperante comportará nuevas correcciones en las próximas semanas pero que lo importante es que la tendencia de fondo es un crecimiento económico que va “de menos a más”.

Con todo, la vicepresidenta anunció que el Gobierno tiene previsto presentar el próximo ejercicio una adenda al Plan de Recuperación por la que se solicitarán ya también los créditos blandos que la Unión Europea ofrece a España, por una cuantía de hasta 70.000 millones de euros más, y en la que se detallarán las principales líneas de actuación para el periodo 2023 a 2026.

A su vez, celebró Calviño, las 27 manifestaciones de interés abiertas por el Gobierno han recibido ya 18.000 propuestas de desarrollo, por lo que augura también una relevante aportación privada.




La Junta lleva a cabo obras de emergencia en 16 carreteras andaluzas por 7,8 millones

  • La Consejería de Fomento repara los daños ocasionados por las lluvias en vías de Córdoba, Huelva, Málaga, Granada y Sevilla

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha informado en el Consejo de Gobierno de la puesta en marcha de siete obras de emergencia en 16 carreteras de las provincias de Córdoba, Huelva, Málaga, Granada y Sevilla que resultaron gravemente dañadas por las lluvias de los últimos meses. Las actuaciones, que se iniciaron el pasado mes de noviembre y concluirán antes de que acabe el año, suman un montante global de 7.845.717 euros y, además de restablecer la seguridad vial en estas carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía, supondrán 238 empleos en el sector de la construcción (148 directos y 90 indirectos).

Estas actuaciones forman parte de la modificación presupuestaria aprobada en el Consejo de Gobierno de finales de octubre, por la que se aprobó la ejecución de 13 obras de emergencia y más de un centenar de contratos menores en las ocho provincias andaluzas por cerca de 20 millones de euros.

Esta inversión, al igual que la modificación del año pasado, viene a reforzar la apuesta por mejorar el estado de los más de 10.500 kilómetros de carreteras autonómicas y, a su vez, contrarrestar a través de la obra pública la crisis económica que persiste tras más de año y medio de pandemia.

La inversión en la red viaria supone un revulsivo para la economía, pues no sólo genera empleo, sino que, gracias a carreteras más segura, propicia desplazamientos más cómodos que favorecen las actividades turísticas y también logísticas vinculadas a la agricultura, la ganadería, la pesca o el sector industrial.

Córdoba

La Consejería de Fomento ha comenzado las obras para reparar 18 kilómetros de la carretera A-3051, entre Córdoba y Fuencubierta por Guadalcázar, trabajos para los que se invierten más de 1,8 millones de euros. Las lluvias afectaron a la estabilidad de los taludes, con la aparición de grietas, escalones, deformaciones y baches, así como la rotura de los drenajes. El proyecto, que ejecuta Firprosa Construcción, contempla cunetas revestidas para evitar filtraciones de agua, protección de los taludes con escolleras, así como la reconstrucción del firme en los tramos dañados mediante su fresado para recuperar la estabilidad y la seguridad.

También se están acometiendo trabajos en dos carreteras afectadas gravemente por las lluvias y el importante paso de vehículos pesados: la A-435, que une la comarca de Los Pedroches, la provincia de Ciudad Real y el centro de la provincia de Córdoba, y la A-423, vía de unión con la N-502, que comunica Córdoba con Castilla-La Mancha. Se han producido deformaciones en el perfil transversal por hundimiento a lo largo de las rodadas, cavidades producidas en el pavimento, arranques de gravilla en la capa de rodadura y zonas en las que se ha desprendido del firme la parte más superficial de la capa de rodadura.

Las obras, ejecutadas por Mebisa por 2,7 millones de euros, proponen un fresado de la capa de rodadura y una reposición con mezcla bituminosa en caliente; posteriormente, se realizará un refuerzo de firme en toda la zona con mezcla bituminosa en caliente. Estos tramos comprenden los kilómetros 0 al 8 y 20 al 21 de la A-435; y los kilómetros 8 al 10 y las travesías de Pozoblanco, Añora y Alcaracejos en la A-423.

Por último, en Castro del Río, el objetivo es corregir las deformaciones en la calzada provocadas por el descalce del talud entre los kilómetros 7,3 y 8,3 en la A-3127. En esta vía, las tormentas hicieron que dos escorrentías que cruzan bajo la vía hayan dañado los taludes, provocando su erosión y los consiguientes deslizamientos, grietas y deformaciones de firme.

El proyecto contempla la construcción de 850 metros de un muro de escollera en cuatro tramos. En el tramo deformado se realizará un reciclaje in situ del firme y subbase mediante estabilización con cal, compactado y extensión de una capa de mezcla bituminosa en caliente, previo fresado del tramo. Por último, se adecuará la protección de los taludes con sistemas de contención de vehículos mediante la instalación de una barrera tipo bionda. La inversión prevista asciende a 365.000 euros a cargo de la empresa Jícar.

Granada

La carretera A-4076, de la autovía A-44 a Colomera, se encontraba seriamente comprometida tanto desde el punto de vista de la estabilidad estructural como de la seguridad vial en el tramo comprendido entre los kilómetros 9,6 y 10,6. En las inspecciones realizadas se comprobó que se había producido la rotura y descalce parcial de la calzada y ondulaciones pronunciadas, así como escalones, importantes hundimientos y presencia de grietas derivadas de estos movimientos.

La empresa Geotécnica del Sur ha iniciado recientemente las obras, presupuestadas en 579.171 euros, que consisten en la ejecución de un muro de escollera de 7 metros de altura, dos pantallas de pilotes, una zanja drenante de 2 metros de profundidad a lo largo de todo el tramo y una cuneta, además del saneo localizado de hundimientos en varios puntos y la restitución del firme.

Huelva

Las actuaciones en la provincia de Huelva se centran en nueve carreteras en los municipios de Aljaraque, Cartaya, Isla Cristina y Lepe (A-492, A-497, A-5052, A-5053, A-5054, A-5055, A-5056, A-5076 y A-5077), que se vieron dañadas por las intensas precipitaciones del pasado 23 de septiembre. En varios tramos desaparecieron las bermas, las barreras de seguridad y la señalización vertical arrastradas por las escorrentías, así como parte de los arcenes y la calzada, estrechándose los carriles. Igualmente, se produjeron daños en los cauces que circulan en paralelo a estas vías y problemas de funcionamiento en el drenaje transversal, con riesgo de aqua-planning y pérdida de visibilidad de la traza.

Las obras, iniciadas por Canteras Reunidas por 436.346 euros, restituirán los firmes deteriorados, ejecutarán muros de escollera y gaviones para la reposición del perfil de los taludes afectados, el relleno y compactación de los terraplenes y la reposición de la señalización. En paralelo, se acometerán vertidos de hormigón y escollera bajo las carreteras a lo largo de los cauces que discurren en paralelo a los tramos afectados y restituirán las embocaduras de drenaje transversal.

Málaga

La obra de emergencia en la provincia de Málaga se sitúa en el kilómetro 156 de la autovía A-92, en el término de Archidona. La inestabilidad del terraplén sobre el que se asienta la calzada derecha de la vía presentaba grietas longitudinales, baches, hundimientos y deformaciones del firme. En zonas de la calzada se había hundido más de 30 centímetros sobre la rasante original y en otras había una descompresión de las capas del firme que se traducían en grietas y deslizamientos.

La empresa Martín Casillas ya lleva avanzados los trabajos que, por importe de 509.608 euros, se centrarán en la mejora de las características geotécnicas del terraplén, aumento de su capacidad portante y la estabilidad y colocación del muro de escollera.

Sevilla

Las obras se desarrollan entre los kilómetros 26 y 40 de la carretera entre Carmona y Marchena (A-380), donde se ha detectado un problema de seguridad vial debido a la existencia de firme en mal estado, con importantes grietas y asentamientos laterales del firme, ocasionados por una antigua ampliación de plataforma a través de cuñas laterales.

Esta intervención, que ejecuta Eiffage Infraestructuras por 1.325.265 euros, reparará la estructura del firme mediante la excavación en caja en las zonas donde el firme se encuentra arruinado para su posterior relleno y compactado con suelo seleccionado y zahorra artificial en varias capas y extensión de mezcla bituminosa en caliente para ejecutar la capa de rodadura. En los casos donde se percibe solamente la grieta sin roturas inferiores, se fresarán las capas a ambos lados y se repondrán con nuevas capas de hormigón asfáltico y, por último, otra capa que se extenderá a toda la calzada.




La Junta invierte casi 8,2 millones en 20 obras de mejora de infraestructuras pesqueras en puertos de Andalucía

  • Las ayudas cubren el 86% del coste total de unos proyectos que buscan avanzar en la modernización del sector

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible destina casi 8,2 millones de euros a una veintena de obras de mejora de infraestructuras pesqueras en 15 puertos de Andalucía. Así lo ha destacado la consejera, Carmen Crespo, quien ha hecho hincapié en que estas ayudas del Gobierno andaluz cubren el 86% de la inversión total de estos proyectos “que buscan avanzar en el proceso de modernización el sector pesquero para afrontar con mayor fortaleza sus retos presentes y de futuro”.

La resolución de esta línea de ayudas recoge una serie de actuaciones que, por un lado, inciden en la implantación de medidas de economía circular y de mejora de los centros de comercialización en los puertos andaluces, y por otro lado, persiguen ampliar y adecuar las infraestructuras pesqueras, a fin de facilitar la labor diaria de los trabajadores del mar.

Los puertos beneficiarios son Málaga, Fuengirola, Vélez Málaga, Marbella y Estepona en la provincia malagueña; La Línea, Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María, Barbate y Cádiz en la provincia gaditana; Punta Umbría, Isla Cristina y El Rompido en la provincia de Huelva; y el puerto de Almería.

La consejera ha subrayado la apuesta inversora del actual Gobierno de Andalucía “tras años de olvido y de desinterés por un sector que es clave para la dinamización social y económica de los municipios costeros”. “Más de 21.000 familias andaluzas dependen de la actividad pesquera y, ahora más que nunca, necesitan del respaldo de la Junta”, ha enfatizado la consejera, quien ha asegurado que el Gobierno que preside Juanma Moreno “es el gran aliado de los pescadores” en su objetivo de “garantizar su sostenibilidad social, económica y medioambiental”.

“No a los recortes”

A este respecto, Crespo ha recordado la decisión del Consejo de Gobierno de adherirse al manifiesto de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) y la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) de Andalucía en defensa de las posibilidades de pesca de los barcos andaluces para 2022 ante las propuestas de Europa de recortar las posibilidades pesqueras, tanto en el Golfo de Cádiz como en el caladero mediterráneo.

“Los recortes que plantea Bruselas dejarían a buena parte de la flota pesquera andaluza al borde de la desaparición”, ha advertido la consejera, antes de afirmar que los planteamientos de Europa “hacen inviable el mantenimiento de una actividad que es de vital importancia para Andalucía”, ya que son cerca de 1.500 barcos y 6.000 marineros “los que viven de echarse a la mar para buscarse el sustento y el de sus familias”.

Por todo ello, Carmen Crespo ha vuelto a manifestar su “total rechazo” a los recortes en la pesca que pretende Europa y ha reclamado al Gobierno central que “haga lo posible y lo imposible” por lograr que Bruselas dé marcha atrás en sus pretensiones de “más recortes” y garantice la sostenibilidad económica y social del sector, “y no solo la medioambiental. “Hay miles de empleos en juego y está en vilo el futuro de miles de familias andaluzas”, ha aseverado.




El nuevo plan de actuación en caminos forestales invertirá casi 18M€ a lo largo de toda Andalucía

  • La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, destaca en Calañas (Huelva) la importancia de estos trabajos para combatir los incendios

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha informado este jueves en Calañas (Huelva) sobre el nuevo plan de actuación en caminos forestales de Andalucía, dotado con casi 18 millones de euros a invertir en los próximos 30 meses.

Las actuaciones se centrarán en aquellos caminos forestales que recorren y dan acceso a las zonas con mayor riesgo de incendios y persiguen mejorar la transitabilidad de los mismos y la seguridad de los medios humanos y materiales que por ellos discurren. “Para determinar dónde se interviene, la Consejería cuenta con un inventario digitalizado de caminos forestales para la prevención de incendios (Redvia) que cuenta con más de 21.000 kilómetros”, ha explicado Crespo.

Los caminos forestales desempeñan un papel fundamental en la extinción de incendios, pues “por ellos discurren los vehículos de extinción y se constituyen como vías de escape en situaciones de extrema peligrosidad y riesgo para la integridad física de los profesionales”. Estas actuaciones de modernización y mejora tienen otros muchos beneficios, porque también “permiten el disfrute público de los montes y facilitan los trabajos de selvicultura preventiva al facilitar el tránsito de maquinaria y vehículos”.

Inversión en Cazorla, Doñana y Sierra Nevada

Para agilizar las actuaciones, la inversión se ha estructurado en 11 expedientes: uno por cada provincia andaluza y otros tres para los espacios protegidos del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Doñana y Sierra Nevada. Este enfoque permitirá movilizar recursos en multitud de puntos y acometer de forma simultánea los trabajos por toda la geografía andaluza. Para el reparto se utilizan criterios objetivos como la longitud de los caminos o el número de obras de paso.

“En concreto, en la provincia de Huelva se destinarán dos millones de euros, más una partida cercana a los 300.000 euros exclusiva para caminos forestales de Doñana“, ha avanzado la consejera, que ha estado acompañada por el alcalde de Calañas, Mario Peña, durante la visita a uno de los caminos sobre los que está previsto actuar. Estas actuaciones estarán cofinanciadas por el FEADER y el plazo de ejecución de los trabajos será de 30 meses.

Para terminar, la consejera ha resaltado que estás actuaciones suponen un importante inversión en zonas rurales, y en municipios de la cuenca minera del Andévalo, como Calañas, que dinamizan y generan empleo verde. El secretario general de Medio Ambiente, Sergio Arjona; el director general de Infraestructuras del Agua, Álvaro Real; y el delegado territorial de Desarrollo Sostenible de Huelva, José Enrique Borrallo también han estado presentes en el acto.

Tabla con la inversión por provincias en caminos rurales.

Tabla con la inversión por provincias en caminos rurales.



La Junta y el Gobierno central firman un acuerdo con ayuntamientos andaluces que permitirá construir 1.219 viviendas en alquiler a precio asequible

  • Juanma Moreno, asegura que acuerdos como el de hoy definen la política de vivienda del Ejecutivo andaluz que está abierta a la cooperación de todos

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha puesto como ejemplo de diálogo y colaboración entre las administraciones el acuerdo firmado esta tarde en el Palacio de San Telmo entre el Gobierno andaluz y el Gobierno central con ayuntamientos andaluces. Este convenio está enmarcado en el Programa de Fomento de Viviendas en Alquiler, de la convocatoria de 2021, a través del cual se construirán y se pondrán en el mercado en régimen de alquiler un total de 1.219 viviendas a precio asequible y que supondrá una inversión de 107 millones de euros, de los que 29 millones los aporta el Estado y el Gobierno andaluz.

Moreno ha presidido junto a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la firma de este acuerdo que ha sido rubricado por la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, así como por los representantes de los municipios donde se van a desarrollar las 24 promociones distribuidas en todas las provincias; desde capitales como Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén, hasta municipios de menos de mil habitantes.

De este modo, ha aseverado que con este acuerdo se trata de dar respuesta a las necesidades reales de vivienda que tenemos en nuestra sociedad, a la vez que ha resaltado que desde hace tres años el Gobierno andaluz ha promovido 3.000 viviendas nuevas en alquiler a precio asequible.

En este sentido, se ha referido al Programa de Fomento de Viviendas en Alquiler que reactiva la economía andaluza con 266 millones de inversión, 82 millones públicos para un total de 76 promociones y la previsión de crear unos 9.000 empleos con las tres convocatorias y del que ha resaltado la facilidad en el acceso a la vivienda de los jóvenes en situación de dificultad social, beneficiando a más de 10.000 personas en las tres convocatorias, y las exigencias para acceder a las subvenciones como la eficiencia energética, la adecuación al Plan Municipal de Vivienda o la calidad del proyecto.

Moreno ha señalado que el Ejecutivo andaluz tiene tres grandes pilares en los que se fundamenta su compromiso con la vivienda entre los que se encuentra la Ley de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía y una política fiscal favorable a la vivienda, siendo un ejemplo de ello la reciente Ley de Tributos aprobada que permitirá que jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 y víctimas de violencia doméstica y terrorismo puedan deducirse un 15% en el alquiler con un máximo de hasta 600 e incrementando el límite hasta los 900 euros para los contribuyentes con discapacidad.

El tercer pilar al que ha hecho alusión es el Plan Vive 2020-2030 dotado con 692 millones para los próximos cinco años, que incluye programas y líneas de trabajo como el de fomento en alquiler, la autoconstrucción en municipios rurales, la oferta de suelo público a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y la rehabilitación o ayudas para el pago del alquiler a jóvenes, víctima violencia de género y personas vulnerables. “El conjunto de estas actuaciones hace que en estos tres años hayamos promovido más de 4.000 viviendas protegidas en Andalucía”, ha añadido.

El presidente andaluz ha manifestado que todo ello define la política de vivienda del Gobierno andaluz que se abre a la cooperación de todos y de la que son ejemplo los acuerdos firmados en el día de hoy, al mismo tiempo que ha apelado al diálogo y acuerdo con las comunidades en materia de vivienda porque “nos preocupan la futura Ley de Vivienda y el Plan Estatal en los que tenemos mucho que decir”.

De esta forma, ha instado a todos a seguir trabajando juntos para que la crisis de la Covid-19 sea un acicate en el compromiso por mejorar el acceso a la vivienda y también para sea palanca de la recuperación económica en Andalucía y en España.

Ejemplo de diálogo

Finalmente, ha indicado que hoy se cumplen tres años de las elecciones autonómicas que trajeron el cambio a Andalucía. “No hay mejor celebración posible que este acto, un acuerdo que reúne al Gobierno de España, al de Andalucía, a muchos ayuntamientos andaluces y a la iniciativa privada. Esto es posible porque nadie está pensando en su interés o en el de su partido, sino en el de toda la sociedad. Es un acto ejemplar de normalidad democrática. Me hace feliz la firma de estos acuerdos porque es la ruta que queremos impulsar para nuestra tierra”.

Al acto de la firma del acuerdo han asistido los alcaldes de las provincias beneficiarias entre los que destacan el alcalde de Almería, Ramón Fernández – Pacheco; el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el delegado de Urbanismo y Obra Pública del Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández, y el primer teniente de alcalde de Cádiz, Demetrio Quirós.

También ha estado presentes los de los municipios beneficiarios como son el teniente de alcalde de Lúcar, en Almería, José Antonio Iglesias; la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez; el alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez; el alcalde de Baza: Manuel Gavilán; el alcalde de Puebla de Don Fadrique, Mariano García; el alcalde de Aljaraque, David Toscano; el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta; alcalde de Lepe, Juan Manuel González; el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo; la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Isabel Jiménez; delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Lebrija, Antonio Manuel Caro; el alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López; el alcalde de La Rinconada, Francisco Javier Fernández de los Ríos, y el alcalde de Santiponce, Justo Delgado.




La Junta destinará 19,9 millones en 2022 a un nuevo plan de saneamiento y depuración para pequeños núcleos

  • Carmen Crespo destaca el “esfuerzo titánico” del Gobierno andaluz para poner en marcha 300 obras de estas características “en tiempo récord”

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha anunciado en comisión parlamentaria que el Gobierno andaluz pondrá en marcha “un nuevo plan de saneamiento y depuración de núcleos entre 2.000 y 5.000 habitantes” con una previsión de presupuesto de 19,9 millones de euros para 2022 que se ejecutará “lo antes posible”. El objetivo de esta iniciativa, que contará con una dotación total plurianual de 34,7 millones de euros, es respaldar a los alcaldes de Andalucía que, como ha comentado Crespo, “a veces no pueden solos” y, “por culpa de la inacción anterior”, en ocasiones han tenido que enfrentar situaciones complicadas derivadas de la depuración de aguas residuales.

En su comparecencia, la responsable en materia de desarrollo sostenible ha resaltado que la actual Junta de Andalucía está llevando a cabo “una política de depuración que no se hacía durante décadas” en esta región, donde antes se actuaba “tímidamente” en las depuradoras. Crespo ha apuntado que esta actitud contrasta con el “esfuerzo titánico” desarrollado en la actual legislatura para tener ya en marcha, “en tiempo récord”, las 300 obras de depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma en 2010.

Además, la consejera ha subrayado que el Ejecutivo andaluz actual “ha posibilitado que 2022 pueda ser el primer año en que se ejecute el 100% de lo recaudado por el canon en el año” y está realizando una importante apuesta por las aguas regeneradas que podría reportar a la comunidad autónoma 43,2 hectómetros cúbicos de “recursos hídricos adicionales”. Como ejemplo, Carmen Crespo ha resaltado que ya se están ejecutando las obras de cuatro depuradoras de la Axarquía malagueña (Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Torrox y Arroyo Manzano) que permitirán contar con 9 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas.

“Esta legislatura ha dado mucho de sí en la política de agua”, ha afirmado la responsable del ramo refiriéndose, entre otros hitos de los últimos tres años, a la aprobación del Pacto Andaluz por el Agua, “columna vertebral” de la política hídrica de la Junta, y a la “movilización histórica de 1.500 millones de euros en inversión pública” por parte del Gobierno andaluz, una apuesta que “está dando sus frutos en este momento y también los dará en el futuro”. Asimismo, Crespo ha puesto de relieve los “más de 800 kilómetros de cauces de ríos, arroyos y ramblas” restaurados en los últimos tres años para que, en este momento, tengan “las mejores condiciones”, y la declaración de 17 infraestructuras de abastecimiento en alta como obras de interés de la Comunidad Autónoma, una circunstancia que “jamás había ocurrido en Andalucía” y de la que se beneficiarán 3,6 millones de andaluces de 215 municipios. Al respecto, ha detallado que en 2021 se han puesto en marcha todos estos proyectos y se han iniciado las obras de tres de ellos (la conexión de los Depósitos de Pipa Alta y San Cristóbal en Almería, el abastecimiento en alta de la Sierra de Huelva y el de localidades de la Sierra Sur de Sevilla).

Además de estas actuaciones, Carmen Crespo ha resaltado también la aprobación de los planes de sequía de las Cuencas Mediterráneas y del Guadalete-Barbate, a los que se sumará el plan del Tinto-Odiel-Piedras a principios de 2022, y la aprobación del Decreto de Sequía, que ha permitido, entre otras medidas, que el Gobierno andaluz vaya a actuar de emergencia en la mejora de la estación de bombeo de La Rosaleda (Málaga) “para hacerla reversible y posibilitar que desde el Guadalhorce podamos llevar agua a la Axarquía, resolviendo y garantizando el agua de abastecimiento a los municipios de esta comarca”.

Reivindicación al Gobierno central

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se ha referido también en su intervención al reparto de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation), lamentando que la división realizada entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (1.000 millones de euros) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (12.000 millones de euros) “está descompensada”. “Creemos que el regadío debería haber tenido más recursos económicos, especialmente, el regadío andaluz, para poder actuar en obras declaradas de interés del Estado”, ha afirmado Crespo, quien ha subrayado que, por su parte, el Gobierno andaluz sí presta apoyo a los agricultores para hacer frente a los retos de futuro, por ejemplo, poniendo en marcha “las primeras ayudas” a las comunidades de regantes para adaptar sus instalaciones al uso de agua regenerada.

Carmen Crespo considera que, ante la “sequía pertinaz” en la que se encuentra Andalucía, “todas las administraciones deben actuar en consecuencia para poder tener a nuestro lado recursos hídricos que nos permita afrontar el futuro con mayores garantías”. “Y esto es lo que estamos reivindicando al Gobierno de España desde la Junta de Andalucía”, ha apuntado la consejera, incidiendo en que es necesario aprovechar la “oportunidad” que suponen los fondos Next Generation para “terminar infraestructuras importantísimas de Andalucía”, declaradas de interés general de Estado, “que pueden dar solución a la situación de sequía que sufren diversas zonas de esta región”. A modo de ejemplo, ha citado que, entre otras actuaciones, se encuentran en esta situación Rules, Siles, las infraestructuras del trasvase del Tinto-Odiel-Piedras, el Túnel de San Silvestre, la Presa de Alcolea, el Canal de Trigueros, las ampliaciones de la desaladoras de Dalías y Carboneras, y la puesta en marcha de la del Bajo Almanzora.

Además, la consejera ha apuntado que ya ha solicitado una nueva reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, “para tratar estos temas e intentar resolver los problemas que tienen estas infraestructuras”, porque esta demanda del Gobierno andaluz “no es una cuestión de confrontación política, sino una necesidad que tiene esta tierra”. De hecho, como ha explicado Crespo, la Junta de Andalucía “ha tenido a bien” financiar el 50% de las inversiones en depuración más importantes de la comunidad autónoma “para que esas actuaciones se puedan realizar lo más rápidamente posible” y, para ello, firmará con el Gobierno central un convenio relativo a inversiones que están declaradas de interés del Estado.

Este acuerdo hará referencia a la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Matalascañas-Almonte (Huelva); a la EDAR y colectores en Burguillos y Guillena (Sevilla); a la EDAR de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y agrupación de vertidos y colectores en sus núcleos. Además, el Gobierno andaluz se hará cargo de la ejecución y financiación de tres actuaciones de competencia estatal de la provincia de Almería: las ampliaciones de las EDAR de El Ejido, de Adra y de Roquetas de Mar.