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Revisada la base de costes de la construcción de la Junta ante el alza del precio de los materiales

  • La Consejería de Fomento actualiza los precios de referencia para atender a la “preocupante” situación que atraviesa el sector

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha presentado un informe al Consejo de Gobierno en la que detalla la revisión de la Base de costes de la construcción para atender a la situación “preocupante” que atraviesa el sector ante el incremento del precio de los materiales. El Ejecutivo andaluz ha analizado así la fórmula elaborada por la Secretaría General de Vivienda, que incluye un método simplificado por el que se han actualizado los precios de referencia para que estén más ajustados a la realidad.

La situación actual del mercado ha provocado que el sector de la construcción se enfrente a un fenómeno que ha desembocado en un incremento del coste de las materias primas, originando que la actual Base de costes de la construcción de Andalucía se encuentre totalmente desfasada con la realidad. Además, se trata de un documento que no se actualizaba desde el año 2017.

La gran desviación de esta base con la realidad ocasiona un gran problema para las empresas licitadoras, derivado de los escuetos márgenes de beneficios resultantes de los precios de mercado actuales, hecho que les impide incluso concurrir, y si así lo hicieran se complica o incluso imposibilita la ejecución normal de los contratos.

Atendiendo esta situación, la Secretaría General de Vivienda ha elaborado un análisis de los precios de esta base de coste y de la situación actual del mercado, para ofrecer un método simplificado, amparado en datos estadísticos y económicos, con los que se pueda actualizar estos precios, adaptándolos a la situación actual del mercado, con el objetivo de garantizar unos precios de referencia más ajustados a la realidad.

Además, esta es una herramienta transversal que servirá a otras consejerías para la elaboración de sus proyectos, para la construcción de colegios o centros de salud, entre otros, y que va a acercar a la realidad la promoción de los equipamientos públicos y de las viviendas de la Junta de Andalucía.

Para determinar el incremento de los costes, se ha seleccionado el valor porcentual más fundamentado y ponderado, mediante el estudio de una profusa documentación. De esta manera, se han analizado los índices estadísticos de precios para materiales de construcción del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los indicadores de precios referenciados al Instituto Nacional de Estadística (INE), así como diferentes informes estadísticos del mercado.

También se han tenido en cuenta otros estudios, como la información proporcionada por asociaciones de fabricantes y productores en el sector de la construcción que publican o disponen de indicadores de precios del sector, los informes de la Cámara de Comercio y diversos indicadores internacionales relacionados con los precios de materias primas, asociaciones de fabricantes europeas y mercados de valores internacionales.




El Gobierno andaluz constituirá una mesa con empresarios y sindicatos para la gestión de fondos europeos

  • El presidente de la Junta, Juanma Moreno, preside la cuarta Mesa de Diálogo Social de la legislatura en la que se abordan temas como la situación sanitaria en Andalucía, el empleo y los fondos europeos

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha presidido este lunes en el Palacio de San Telmo la Mesa de Diálogo Social en la que han participado representantes de los empresarios y los sindicatos y en la que se ha acordado constituir una mesa técnica entre dichas entidades sociales para la gestión de la llegada de los fondos europeos.

En dicho encuentro también ha participado el vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín; el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, que ha estado mediante videoconferencia; el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco; el presidente de la CEA, Javier González de Lara, y las secretarias generales de UGT-A y CCOO-A, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente.

Tras la reunión, el consejero de la Presidencia ha expuesto que es necesaria “una visión más amplia de los fondos europeos“, para lo que se constituirá en los próximos días una mesa en la que participen los consejeros de Hacienda y de Empleo con empresarios y sindicatos. De esta forma, el Gobierno andaluz refuerza su apuesta por el diálogo con dichas organizaciones.

Asimismo, se ha avanzado el estado del proyecto de Ley de Participación Institucional que permitirá robustecer el papel de los agentes sociales y situar a Andalucía como “referente nacional del diálogo social”.

En otro orden de cosas, también se ha compartido la evolución de la pandemia, de la que se recogen datos con una incidencia a la baja tanto en contagios como en el número de hospitalizados. No obstante, desde el Gobierno andaluz se ha trasladado a los sindicatos y a la patronal que este martes se aprobará el Plan de Respuesta de la Incidencia Covid-19 en Atención Primaria para reforzarla y mejorar el servicio. Este plan contempla el refuerzo del personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que ya cuenta con 30.000 trabajadores más que al inicio de la legislatura.

Necesidad de prorrogar los ERTE

En el plano laboral, también se ha planteado la necesidad de prorrogar los ERTE -que expiran el 28 de febrero- hasta finales de año, acompañados de complementos formativos para los trabajadores. En Andalucía, todavía hay 13.649 trabajadores en ERTE por Covid, más otros 1.700 en ERTE ordinario. De hecho, al cierre de 2021 había 4.037 empresas en ERTE por Covid y otras 363 en ERTE ordinario.

Con respecto a los datos de empleo, Andalucía es la comunidad autónoma que ha liderado la creación de puestos de trabajo en el último trimestre del año con 102.300 empleos nuevos, un dato que supone la mayor creación de empleo desde 2005.

Por último, también se han analizado la llegada de los fondos europeos y, al igual que ya han apuntado las regiones de la Unión Europea, se ha concluido que es necesaria “una cogobernanza de verdad con más diálogo y transparencia“. De hecho, se ha acordado la creación de un organismo de participación con empresarios y sindicatos para mejorar la gestión de estos fondos.

Al finalizar la misma, Elías Bendodo, ha sostenido que “el diálogo es el único camino posible y es imprescindible para que a Andalucía le vaya bien y para que los andaluces tengan oportunidades de empleo y buenos servicios públicos”. Así, “aunque podemos discrepar, nunca vamos a renunciar a dialogar“, ha concluido.




Las deudas pendientes con proveedores del sector público suben a 90.000 millones

  • ADMINISTRACIONES/ Las cuentas pendientes de pago de las administraciones públicas siguen subiendo, con datos del tercer trimestre de 2021. El volumen de la deuda vuelve a los niveles de la crisis de 2011.

J. J. M. Madrid

Un viejo conocido de las cuentas públicas españolas vuelve a llamar. La deuda comercial de las administraciones públicas con sus proveedores privados sube en los últimos tiempos. Un estudio realizado por la firma Estudio Económico al que ha tenido acceso EXPANSIÓN constata que la “deuda comercial de las Administraciones Públicas creció en 19.907 millones de euros en el tercer trimestre de 2021, con respecto al mismo periodo del año anterior”, un 28%. La cifra total se situaría en 89.373 millones de euros, el 7,6% del PIB, y sería “el valor más alto alcanzado un tercer trimestre, y el cuarto más alto en toda la serie histórica”. Para llegar a esta conclusión, este informe se apoya en las estadísticas del Banco de España sobre las cuentas pendientes de pago frente a instituciones no financieras, donde se recoge “el valor de los derechos financieros derivados de los desfases temporales entre el momento en el que tienen lugar las operaciones, y el de los correspondientes pagos”. Analizan, además, los datos consolidados, por lo que no tienen en cuenta la deuda entre administraciones. “Atendiendo a esta metodología, las obligaciones pendientes de pago consolidadas se convierten, por lo tanto, en un buen indicador para aproximar el volumen de deuda comercial que el sector público tiene con sus proveedores del sector privado”, añaden.

Nada dice este indicador por tanto de si se han producido retrasos por encima de lo que marca la ley, sino sólo el estado global de esa partida tras varios trimestres donde se han producido importantes desembolsos en gasto público relacionados con la lucha contra la pandemia.

Si se analiza la evolución de este indicador, resulta relevante que casi ha vuelto a los niveles de 2011, en plena crisis financiera, cuando la deuda de los proveedores del sector público supuso en ese momento un problema mayúsculo en un entorno, eso sí, de fuertes restricciones financieras. Estas deudas llevaron de hecho al cierre de muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas. Estas obligaciones pendientes alcanzaron su máximo histórico cuando llegaron a representar el 8,6% del PIB.

Entre 2007 y 2011, las obligaciones pendientes de pago de las Administraciones Públicas con el sector privado crecieron el 50,4%, “acumuló más de 30.500 millones de euros adicionales en facturas impagadas, hasta superar los 91.300 millones de euros”.

A partir de ese momento se observa un esfuerzo por parte de todo el sector público por reducir las deudas comerciales que empieza a cambiar a partir de 2018. Y de forma brusca, con la irrupción de la crisis del coronavirus. En el segundo trimestre de 2021 se alcanzó un nuevo máximo en valores absolutos: 93.000 millones de euros.

Las diferencias entre los datos actuales y los de crisis anteriores tienen una diferencia sustancial: la distribución entre los distintos niveles administrativos. En el momento actual es la Administración Central la que cobra casi todo el protagonismo, “concretamente posee el 55,6% de las obligaciones pendientes de pago del total de Administraciones”, con su récord en toda la serie histórica: 49.670 millones de euros. Las comunidades autónomas, que están recibiendo un constante apoyo por parte del Ministerio de Hacienda, no muestran un aumento de estas obligaciones como en periodos pasados y exhiben una situación más saneada.

Si se comparan estas cifras con otros países como Alemania, Italia y Portugal, el stock de cuentas pendientes español (medido en porcentaje de PIB) es superior y la evolución mucho más intensa; no pasa lo mismo con respecto a la comparación con Francia.

José María Romero, gerente y director del Área Económica e Internacional de Equipo Económico, señaló que establecer mecanismos de “prontopago” de las deudas públicas sería un elemento “muy relevante” de cara a la sostenibilidad de la recuperación en la que está aún inmersa la economía española.

Por su parte, desde la patronal de las pequeñas y medianas empresas Cepyme añadieron que “en el momento actual, en el que todas las administraciones no tienen ninguna presión de rigor fiscal y, en muchos casos cuentan con superávit, no se puede entender que todavía se sufra morosidad por parte de las administraciones. Pedimos un esfuerzo de responsabilidad a todas las administraciones para que la deuda comercial se reduzca considerablemente”.




Adif invertirá 27 millones en el tramo de AVE Sevilla-Córdoba

  • Acometerá mejoras para preparar el trazado para la llegada de los nuevos operadores que se esperan para la segunda mitad de este año

El consejo de administración de Adif ha adjudicado las obras de mejora integral de la infraestructura de la línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Sevilla, en el tramo Córdoba-Sevilla, por un importe de algo más de 27 millones de euros (IVA incluido). El contrato, según informa la empresa pública, el contrato, que cuenta con un plazo de ejecución de 26 meses, ha sido adjudicado a la UTE formada por ASCH Infraestructuras y Servicios y Obras Públicas y Regadíos.

Las obras engloban todas las actuaciones de mejora y acondicionamiento del corredor de la LAV Madrid-Sevilla en el tramo comprendido entre Córdoba y Sevilla, de 126,8 kilómetros, que discurre entre los puntos kilométricos 343/700 y 470/500. Estas actuaciones incluyen principalmente el acondicionamiento y mejora de explanaciones (desmontes y terraplenes) y de estructuras y túneles.

Completan estos trabajos la realización de una serie de mejoras en los sistemas de drenaje y de la accesibilidad, incluidos los cerramientos urbanos y rurales.

Algunas de estas mejoras son necesarias para la llegada de los nuevos operadores de alta velocidad que introducirán un servicio con tarifas más baratas. Está previsto que empiecen a operar en la segunda mitad de año, confirmando dos de ellos su presencia: Avlo, que pertenece a Renfe y que ya cubre líneas como Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia e Ilsa, que es un consorcio ferroviario integrado por Air Nostrum y Trenitalia, que también entrará en el mercado español este año.

Además, el proyecto contempla la reposición de algunos caminos de servicio, incluyendo la redefinición de las rasantes, así como la implantación en dichos caminos de badenes inundables en los puntos donde exista riesgo de acumulación de aguas.

Desarrollo de los trabajos

Una de las actuaciones más importantes es el acondicionamiento de las estructuras del tramo, que afecta a un total de 39, cifra que engloba puentes, viaductos y saltos de carnero como obras de ingeniería más destacadas. Así, en los 16 puentes y ocho viaductos del recorrido se acometerán una serie de intervenciones específicas destinadas a la mejora del drenaje, así como a la estabilización y refuerzo de las estructuras.

En cuanto a las intervenciones en túneles, destacan las actuaciones correctoras y preventivas previstas en el túnel de Almodóvar, de 276 metros de longitud, situado entre los pp.kk. 366/054 y 366/330. Así, se tratarán las fisuras, humedades y eflorescencias existentes, mediante inyección de resinas formando una aureola impermeable en torno al revestimiento del túnel. Además, se rellenarán con mortero las oquedades detectadas y se reforzará el revestimiento del túnel.

Por otra parte, se acondicionará el sistema de drenaje en varios puntos kilométricos de la vía, con especial atención a su paso por el municipio de Lora del Río. Así, se limpiarán y repararán los drenajes existentes y se construirán nuevos drenajes transversales. También se ejecutarán nuevos colectores y se realizará un tratamiento diferenciado en la zona del río Corbones. Así, se construirá un canal de derivación situado entre el corredor de la LAV Madrid-Sevilla y la vía convencional y se encauzará el río Corbones en su cruce con los viaductos Corbones I, Corbones II y Corbones III. Además, se protegerá el terraplén de la LAV Madrid-Sevilla entre los puntos kilométricos 428/981 y 430/895.

Renovación y mejora

La LAV Madrid-Sevilla lleva en funcionamiento cerca de 30 años, con un gran tráfico de viajeros, y es la primera línea de alta velocidad que entró en servicio en España, en abril de 1992. Esta línea continúa prestando su servicio con el mismo nivel de calidad con el que fue concebida gracias a la aplicación de un estricto y riguroso plan de mantenimiento durante todos estos años.

No obstante, en base al ciclo de vida de los elementos, se ha considerado necesario realizar diversas tareas de mejora de la superestructura, que garantizarán que la línea siga ofreciendo en el futuro los altos estándares de fiabilidad y confort que ha ofrecido hasta ahora. Estos trabajos contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), en concreto el número 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).




Todos los tranvías y los metros de Andalucía estarán en obras este año

  • El tranvía de la Bahía de Cádiz funcionará en verano tras veinte años de promesas y catorce de obras
  • El Metro de Granada estrenará la prolongación Sur, el de Málaga tiene proyecto para la línea 2 y en Sevilla hay sondeos para la línea 3

Las principales capitales y aglomeraciones urbanas de Andalucía siguen teniendo la asignatura pendiente de los transportes sostenibles. Los gobiernos de turno en la Junta de Andalucía llevan décadas programando infraestructuras para el transporte colectivo que se han visto frenadas por diferentes vicisitudes que, al final, se han resuelto siempre igual: retrasos, dificultades y frustración de las expectativas de los ciudadanos y de las empresas que optaban a construir y explotar esos transportes. A trompicones se han ido construyendo los tres tranvías, Cádiz, Jaén y Alcalá de Guadaíra, y los metros de Sevilla, Málaga y Granada con desiguales cronogramas. El Consejo de Gobierno, reunido este lunes en el Oratorio de San Felipe Neri de la capital gaditana dio

 un impulso definitivo al tranvía de la Bahía de Cádiz tras casi veinte años de promesas y retrasos: empezará a funcionar antes del verano tras las pruebas que se van a realizar casi de manera inmediata.

Tranvía Bahía de Cádiz. Contrato para la fase de pruebas

La primera línea del tranvía de la Bahía de Cádiz que une la capital con Chiclana por San Fernando estará funcionando antes del verano. La Consejería de Fomento ha firmado un contrato con Renfe con un presupuesto de 4,27 millones de euros para el desarrollo de las últimas pruebas antes del servicio comercial. Durante esta legislatura se han culminado todas las obras e instalaciones que restaban destacando la parada intermodal de Río Arillo y la ejecución de la conexión física de las vías del tranvía con la Red Ferroviaria de Interés General, titularidad del Estado, a pocos metros de la parada de Río Arillo. Una conexión que era clave para garantiza la continuidad de los trenes del tranvía entre Chiclana y San Fernando/Río Arillo, de 14 kilómetros de longitud, y la vía férrea estatal entre Río Arillo y la estación término de ferrocarriles en Cádiz capital, de otros diez kilómetros.

El Tranvía de la Bahía de Cádiz consta de 24 kilómetros de longitud total y de 21 paradas, de las que las cinco últimas se corresponden a las estaciones de ferrocarril del acceso a Cádiz capital, de titularidad estatal.

Este tranvía cuenta con 49 millones de euros de fondos europeos Feder que la Consejería de Fomento ha logrado rescatar después de que la gestión del anterior Gobierno de la Junta los pusiera en riesgo puesto que estaban condicionados a que se pusiera en servicio en abril de 2019. Las obras se iniciaron en el año 2008.

Tranvía de Jaén. Licitación del contrato para el servicio

En el primer trimestre de 2022, Fomento tiene prevista la contratación y licitación de las tareas de puesta a punto y mantenimiento del Tranvía de Jaén por un importe agregado de casi 5,2 millones de euros. Uno de los principales problemas es la vandalización de las marquesinas y máquinas expendedoras, todavía sin estrenar. La constructora de los trenes los revisará por 1, 8 millones de euros.

En paralelo, la Junta está trabajando en los pliegos y los contratos necesarios para el funcionamiento en pruebas, además del contrato para el servicio. El tranvía de Jaén consta de un trazado de 4,7 kilómetros de longitud y 10 paradas.

Tranvía de Alcalá de Guadaíra. Contrato para reponer lo vandalizado

La Junta acaba de licitar un contrato por 4,9 millones de euros para reponer todo lo vandalizado en esta obra y también para comprar los seis tranvías que se necesitan para su puesta en servicio. Las obras van a durar unos seis meses desde que se adjudique el contrato. El tranvía de Alcalá de Guadaíra se retoma más de tres años después de su paralización, tras haber obtenido la catalogación de Gran Proyecto por la Comisión Europea.

El tranvía de Alcalá de Guadaíra es un proyecto que se remonta a hace más de 20 años. Se recogía en el Plan director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007 como alternativa para garantizar la movilidad en el área metropolitana de Sevilla y se volvió a incluir en planes posteriores. Se concibió como una prolongación de la línea 1 del Metro de Sevilla, para comunicar a través de 12,5 kilómetros de vía la estación Pablo de Olavide del suburbano con el casco urbano de Alcalá de Guadaíra. Sin embargo, su ejecución ha estado marcada por retrasos, contratiempos y paralizaciones: la obra se inició en 2007, se paró en 2011 bajo el argumento de la crisis económica, se volvió a reanudar en 2015 y, de nuevo, se paralizó en 2018.

Estos parones del proyecto han supuesto un sobrecoste de 7,2 millones de euros, ya que el Gobierno andaluz tuvo que resolver el contrato de obras existentes para poder avanzar en el proyecto, con un coste de 2,3 millones de euros. A esto hay que sumar los 4,9 millones para reponer los expolios que ha sufrido la obra y que se acaban de licitar.

Metro de Granada. Licitación para la Prolongación Sur

El proyecto constructivo de la prolongación Sur estará concluido en el segundo semestre de 2022 y las obras se licitarán antes de que concluya el año, con la previsión de que se puedan iniciar en la primavera de 2023. La Consejería de Fomento ha logrado 68 millones de Fondos Next Generation para la construcción de la Prolongación Sur del Metro de Granada, que discurrirá en superficie por los términos municipales de Armilla, Churriana de la Vega y Las Gabias.

No es la única ampliación de este transporte ya que, en total, sumando la Prolongación Sur se han invertido 5,2 millones de euros en la redacción del estudio informativo y la contratación de los proyectos para las ampliaciones Norte y Centro.

Metro de Málaga. Una inauguración para la Feria

En diciembre acabaron las obras de montaje de la vía para la llegada del Metro de Málaga al centro histórico con la última soldadura de carril de vía. También está en marcha la redacción del proyecto constructivo de esta extensión de la Línea 2 del Metro de Málaga y que dará cobertura al distrito Bailén/Miraflores, donde se localiza el futuro Tercer Hospital de Málaga, así como al de Cruz de Humilladero y centro. Un recorrido que será totalmente soterrado tras una ardua polémica entre el alcalde y el anterior Gobierno socialista.

La Junta prevé que en los próximos meses empiecen las pruebas de los trenes para su posterior puesta en servicio comercial que está prevista para el verano, coincidiendo con la Feria que se celebra en agosto.

Metro de Sevilla. Con la línea 3 en el debate político

La previsión de la Junta es iniciar en este año las primeras obras y movimientos de tierra para la construcción de la línea 3. Para este año hay 2,5 millones de euros y otros cinco para el año 2023. La Consejería de Fomento ya ha iniciado los sondeos geotécnicos del tramo sur, que se está ampliando para que llegue hasta Palmas Altas, donde estará ubicada la Ciudad de la Justicia, y Bellavista, barrio muy populoso y donde está en Hospital de Valme.

La Junta pretende licitar también estos proyectos en el tramo norte de la línea 3 de forma simultánea, si bien todavía no se han realizado. Este proyecto está en pleno debate político ya que el Gobierno central no ha presupuestado fondos para su construcción, que está prevista en 1.045 millones de euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió la semana pasada a consignar fondos y estaba prevista una visita de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a Sevilla para acordar los términos de la participación del Estado. Pero esa visita se ha pospuesto hasta la semana que viene en plena polémica entre ambas administraciones.




Luz verde a tramitar por urgencia el reglamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio

  • El Consejo de Gobierno autoriza agilizar el desarrollo reglamentario de la LISTA para que se apruebe en un plazo inferior a seis meses

El reglamento de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) se tramitará de urgencia para que se apruebe en el plazo máximo de seis meses, como recoge la propia ley en su articulado. El Consejo de Gobierno ha instado a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a dar un impulso a este reglamento, cuyo desarrollo es clave para una ley que planea un nuevo modelo urbanístico que ayuda al desarrollo económico y la creación de empleo, a la par que fija un nuevo marco que permite el desarrollo sostenible de Andalucía.

El Gobierno andaluz tiene el firme propósito de contribuir a la recuperación económica y para ello promovió al inicio de la legislatura, entre otras iniciativas, una revisión en profundidad del marco jurídico en materia de ordenación del territorio y urbanismo, lo que se ha traducido en la reciente aprobación por el Parlamento de Andalucía de la LISTA (Ley 7/2021), que compatibiliza la protección de los recursos naturales con el desarrollo de los usos productivos del suelo, reduciendo trabas administrativas tanto a empresas como a particulares, agilizando los trámites de aprobación.

La nueva ley se configura como una norma sencilla, actualizada y sistematizada, pero requiere de contenido reglamentario. En su disposición final primera, la LISTA dispone un plazo de seis meses para que el Consejo de Gobierno apruebe el reglamento. Este margen no sería posible cumplirlo mediante el procedimiento ordinario, por lo que se impulsará a través de trámite de urgencia que permite el decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía

La LISTA entró en vigor el 24 de diciembre y sólo tres días después ya se abrió el plazo para presentar aportaciones para la elaboración y aprobación del reglamento. Este plazo de participación finalizó el pasado 17 de enero.

La nueva ley ofrece seguridad jurídica, evitando los problemas ocasionados por la anulación de los planes urbanísticos por los tribunales, además de eliminar la maraña normativa existente. Asimismo, agiliza la tramitación de los planes, reduciendo los plazos y la burocracia, al ampliar el uso de la declaración responsable y dar un nuevo tratamiento al silencio administrativo, de manera que el retraso o la inactividad de la Administración no paralice su tramitación.

Asimismo, abre posibilidades a los municipios pequeños y a la Andalucía rural. Una de sus novedades más importantes es la regulación del suelo rústico, que permite la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en suelo rural siempre respetando el medio ambiente y favoreciendo la lucha contra la despoblación.

La LISTA también ofrece a los ayuntamientos que redacten planes especiales con los que corregir el impacto ambiental que generan las agrupaciones de edificaciones irregulares y dotarlos de las infraestructuras básicas de saneamiento, agua y electricidad, garantizando con ello las condiciones mínimas de seguridad y salubridad.

Esta ley ha contado con un amplio consenso social, no sólo en el Parlamento de Andalucía, donde se aprobó con los votos a favor de PP, Cs y VOX y la abstención del PSOE, sino también durante su fase de tramitación, donde contó con el visto bueno del Consejo Consultivo, del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y de cerca de una treintena de entidades, colegios profesionales y colectivos que suscribieron un documento de respaldo a la LISTA.




Educación licita mil obras en año y medio por el nuevo procedimiento de adjudicación rápida

  • Firma contratos por 94,55 millones a través del acuerdo marco que reduce en un 80% los plazos para la adjudicación de las reformas de importe inferior a 500.000 euros

La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha licitado un total de 1.004 actuaciones de reforma, adaptación, ampliación, redistribución y mejora en centros educativos públicos de importe inferior a 500.000 euros desde la puesta en marcha, en junio de 2020, de un acuerdo marco que permite agilizar los procedimientos de contratación de estas intervenciones, reduciendo así los plazos para su inicio. Estas obras se han licitado por un importe de 94.558.269,83 euros, e implicado a un total de 81 empresas.

Este acuerdo marco permite contar con empresas adjudicatarias preseleccionadas en cada provincia y por cada grupo de actuaciones para ejecutar las obras escolares que promueva la Consejería a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Ello permite atender de manera mucho más inmediata los problemas que presenten los centros, al ser precisa solo la adjudicación de los contratos basados en el acuerdo marco con las empresas preseleccionadas, en el orden en el que se hayan situado en la adjudicación del mismo.

Gracias a este nuevo sistema de licitación se ha conseguido reducir los tiempos de adjudicación en torno a un 80%, desde los hasta 4 meses necesarios en otros procedimientos a una media de dos semanas, logrando dar una respuesta más ágil y eficaz a las necesidades de los centros educativos.

El acuerdo marco de obras tiene un plazo de ejecución de dos años prorrogables a otros dos y un importe máximo estimado de 395,72 millones de euros. Entre las tipologías de actuaciones que se contratan a través de este procedimiento están las siguientes: obras en cubiertas y fachadas, adecuación de espacios interiores, obras en espacios exteriores, eliminación de barreras arquitectónicas, retirada de amianto, refuerzo y reparación de cimentaciones y estructura, y ejecución, reparación o actualización de instalaciones eléctricas, de fontanería, calefacción, voz y datos, ventilación, climatización, energías renovables, etcétera. Se excluyen las obras de nueva planta y las ampliaciones en edificios exentos.

Contar con el acuerdo marco de obras ha permitido además, al acortarse los trámites de los distintos procedimientos, poder ejecutar actuaciones con cofinanciación europea a través de los fondos React-UE, que tienen como plazo máximo de finalización el año 2023, lo cual no hubiera sido posible con otras fórmulas de contratación. Entre las actuaciones que se contratan a través de este acuerdo marco y que cuentan con financiación europea están las obras del nuevo plan de instalación de energía solar fotovoltaica y refrigeración adiabática en más de 400 centros educativos por un importe de 140 millones de euros, previsto en el Plan de Infraestructuras Educativas 2021 de la Consejería de Educación y Deporte.

Nuevo acuerdo marco para proyectos

A este acuerdo marco de obras se sumará próximamente un nuevo acuerdo marco, que se encuentra en licitación, para la contratación de los servicios de redacción de proyectos, direcciones facultativas y coordinaciones de seguridad y salud para la realización de obras de reforma en centros educativos públicos de Andalucía. Este acuerdo marco, con un plazo de ejecución de un año prorrogable por otro más y un presupuesto estimado de 37,4 millones de euros, tiene como objetivo agilizar los plazos de adjudicación de estos servicios.

A través de este acuerdo marco se contratarán los proyectos y demás servicios de obra de importe inferior a 100.000 euros (que se corresponden aproximadamente con obras de menos de un millón de euros) y exclusivamente para actuaciones de reforma, es decir, ampliaciones, mejoras, modernizaciones, adaptaciones, adecuaciones o refuerzos de un bien inmueble ya existente. Los proyectos por importe superior y que tengan como finalidad obras de otra tipología seguirán contratándose mediante procedimiento abierto.

El acuerdo marco de proyectos incluye un total de 10 lotes, divididos por tipologías de obras, importes y ubicación geográfica (Andalucía Oriental u Occidental). Las empresas que resulten adjudicatarias de esta licitación quedarán preseleccionadas en cada zona y por cada grupo de actuaciones para llevar a cabo estos servicios de obra, realizándose una segunda licitación entre dichas empresas para la adjudicación de los contratos basados.

Los acuerdos marco son una fórmula prevista en la Ley de Contratos del Sector Público como forma de racionalizar y ordenar los procedimientos de contratación y garantizar la publicidad, concurrencia y transparencia de los mismos.




Málaga: Málaga tirará del PIB andaluz en 2022 gracias a los servicios y la construcción

  • Málaga, junto a Granada y Cádiz, crecerán por encima de la media andaluza – El crecimiento por sectores será generalizado en Andalucía este año, con tasas más elevadas para el sector servicios (6,1 %) y la construcción (5,1 %)

La economía crecerá en todas las provincias andaluzas este año, especialmente en Málaga (6,3 %), Granada (5,8 %) y Cádiz (5,7 %), que experimentarán un alza superior a la media andaluza (5,5 %), según las previsiones de Analistas Económicos de Andalucía.

La sociedad de estudios del Grupo Unicaja Banco señala en su último informe sobre situación económica y perspectivas de las provincias que se espera un “aumento generalizado de la producción y más intenso que el año anterior”.

Tres de ellas superarán la media andaluza, que los expertos sitúan en el 5,5 por ciento para este año: Málaga (6,3 %), Granada (5,8 %) y Cádiz (5,7 %); Almería igualará el promedio regional, y por debajo se situarán Sevilla (5,3 %), Córdoba (4,7 %), Huelva (4,6 %) y Jaén (4,2 %).

Las perspectivas mejoran en todos los casos la evolución de la actividad económica en 2021, que Analistas Económicos cifra en el 4,8 % en Andalucía, media que superaron Almería (5,3 %), Málaga (5,2 %), Cádiz (5 %) y Sevilla (4,9 %).

Este documento complementa el informe con carácter regional publicado el pasado 12 de enero en el que la sociedad del Grupo Unicaja revisaba ligeramente a la baja las previsiones para 2022, en un contexto de incertidumbre por las nuevas variantes del virus, los “estrangulamientos” en las cadenas de producción o el incremento de precios y costes.

Según estas previsiones, el crecimiento por sectores será generalizado en Andalucía este año, con tasas más elevadas para el sector servicios (6,1 %) y la construcción (5,1 %), que las de la industria (3,5 %) y la agricultura, ganadería y pesca (1,6 %).

En cuanto al empleo, Analistas Económicos prevé que aumente un 2,4 por ciento en el promedio de 2022 hasta alcanzar los 3,2 millones de ocupados y que el número de parados disminuya en un 4,1 por ciento hasta situarse en una media de 849.200.




Luz verde a obras hidráulicas por 61 millones en Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla

  • El conjunto de las actuaciones previstas beneficiará a casi 900.000 personas y generará más de 900 empleos verdes, según la Consejería de Agricultura

El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de 61 millones de euros en distintas infraestructuras hidráulicas programadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, como paso previo al inicio del procedimiento de licitación de los distintos proyectos. El conjunto de las actuaciones previstas, con cargo al canon del agua, beneficiará a casi 900.000 personas y supondrá algo más de 900 empleos verdes.

Las distintas actuaciones están divididas en cuatro lotes. El de mayor cuantía asciende a 22,5 millones de euros y se corresponde con obras de saneamiento y depuración en las provincias de Jaén y Córdoba.

 

En concreto, se refiere a las inversiones en la construcción de la agrupación de vertidos y estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) de los municipios jiennenses de Villanueva del Arzobispo (9,5 millones de euros) y La Iruela (4 millones de euros); los colectores y EDAR de Valdepeñas de Jaén (3,5 millones de euros) y la agrupación de vertidos y EDAR del municipio cordobés de San Sebastián de los Ballesteros (5,3 millones de euros).

Las obras previstas en los proyectos, que ya están redactados, beneficiarán a un total de 12.094 personas y generarán 338 empleos verdes durante los 18 meses de ejecución de las mismas.

En Roquetas de Mar

El segundo gran paquete asciende a 20,9 millones de euros e incluye el proyecto de abastecimiento en alta de agua desalada en el Poniente Almeriense, en el término municipal de Roquetas de Mar (15,4 millones de euros) y la mejora de la garantía de abastecimiento en alta en la Sierra Sur de Sevilla, concretamente el tramo El Gallo

Herrera, en los municipios de Estepa y Herrera, dentro del eje Écija-Osuna del Consorcio ‘Plan Écija’. Estas actuaciones beneficiarán a una población de 117.400 personas y generarán 315 empleos verdes a lo largo de los 24 y 18 meses, respectivamente, en los que está previsto que se ejecuten.

En el ámbito de las actuaciones en materia de mejora de la garantía del abastecimiento de agua, la conducción desde el embalse de Guadalcacín hasta El Partidor de La Peruela, en el término municipal de San José del Valle (Cádiz), cuenta con una inversión prevista de 9 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Se trata de una primera fase de las actuaciones en la presa que tiene como objetivo garantizar un mejor suministro de agua potable, aprovechando toda la carrera del embalse para el abastecimiento urbano de la zona gaditana. Se estima que las obras beneficiarán a 750.000 personas y que supondrán la creación de 135 empleos verdes.

Agrupación de vertidos

En cuarto y último lugar, la Consejería recibe la autorización de gasto para ejecutar un contrato de 8,5 millones de euros en la ejecución de tres proyectos de depuración en la provincia de Málaga. En concreto, la agrupación de vertidos y EDAR de Cuevas Bajas (4,4 millones de euros), la obra de adecuación y remodelación de la depuradora de Almargen (3,3 millones de euros) y el colector de Zalea, en el término municipal de Pizarra (791.000 euros). Los ciudadanos beneficiados ascienden en este caso a 12.761 y la creación de empleo verde durante los meses de construcción se elevaría a 130.

El Gobierno andaluz se ha marcado desde el principio de esta legislatura el agua como una prioridad y un estandarte de su Revolución Verde. Una movilización histórica de 1.500 millones de euros de inversión en materia de agua destinada a depuración, aguas regeneradas, abastecimiento, restauración ambiental de cauces, eficiencia en el regadío, actuación contra la sequía, reducción de las pérdidas de agua de las presas y modernización de las mismas.




Andalucía empleará 373 millones de euros de los Next Generation para actuar en 33.000 viviendas

  • Esta inversión generará 24.000 empleos directos en el sector de la construcción y reducirá 100.000 toneladas de emisiones

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha presentado el Plan Ecovivienda, por el que ejecutará 373 millones de euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea para actuar en 33.000 viviendas en Andalucía, tanto para rehabilitación del parque residencial como para construcción. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha calificado de “histórica” la inversión, que beneficiará a 100.000 andaluces, generará 24.000 empleos directos en el sector y reducirá las emisiones de CO2 a la atmósfera en 100.000 toneladas, el equivalente al que emiten 45.454 coches.

Andalucía recibirá, por una parte, 200 millones para el programa de rehabilitación, con el que se mejorarán 29.210 inmuebles. Esta inversión se reparte en cinco bloques. En primer lugar, un programa de ayudas a la rehabilitación de barrios dirigido a los ayuntamientos para viviendas públicas o privadas, con 60 millones de euros. También se recogen 6,4 millones de euros para la creación de oficinas de rehabilitación que actuarán como ventanillas únicas para facilitar la tramitación de las subvenciones con la colaboración de colegios profesionales. Asimismo, se elaborará un libro del edificio para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, con 7,5 millones.

Marifrán Carazo ha hecho especial hincapié en la ejecución de dos líneas que tienen como objetivo rehabilitar y mejorar la eficiencia energética de las viviendas en, al menos, un 30% y, con ello, reducir las emisiones en el parque residencial, que es el responsable del 13% de las emisiones de CO2 en Andalucía: el programa de rehabilitación de edificios y viviendas, con 74 millones de euros, y el programa de mejora de la eficiencia energética en viviendas, con 52 millones.

Con estas partidas, se ayudará a las familias a mejorar el aislamiento en fachadas y cubiertas, instalar sistemas de energías renovables como placas fotovoltaicas, placas solares para agua caliente, aerotermia o calderas de biomasa, y cambiar ventanas o sistemas de iluminación. Además, las subvenciones cubren obras de conservación y accesibilidad. Este plan se enmarca dentro de la Revolución Verde puesta en marcha por el Gobierno andaluz para que las políticas de sostenibilidad lleguen a miles de viviendas andaluzas. Con estas medidas, además, las familias podrán ver reducida su factura de la luz en un 50%.

“Este plan va a hacer posible que esa Revolución Verde puesta en marcha por el nuevo Gobierno andaluz llegue a miles de viviendas andaluzas”, ha manifestado la consejera de Fomento, que ha añadido que las familias podrán ver reducida su factura de la luz en un 50% con estas medidas, lo que supone “una gran noticia en plena crisis y con el aumento desproporcionado y descontrolado del precio de la luz.

Para agilizar la concesión de las ayudas ya están tramitándose las convocatorias para que los andaluces puedan solicitarlas a partir de esta primavera. La Consejería de Fomento contará para ello con aplicaciones informáticas que simplificarán la tramitación ‘online’, además de las ya mencionadas oficinas de rehabilitación, que actuarán como ventanillas únicas, para atender a todos los solicitantes.

3.000 nuevas viviendas

Además, el Plan Ecovivienda contará con una partida de 173 millones de euros de los Next Generation que permitirá la construcción de otras 3.000 viviendas sobre suelos de titularidad pública. Estas viviendas en alquiler a precio asequible se sumarán a las otras 3.000 que la Junta de Andalucía ya ha promovido en esta legislatura gracias al programa de Fomento del Alquiler, con 80 millones de euros en subvenciones para promotores públicos y privados para viviendas con precios de 200 a 400 euros al mes. De hecho, el Consejo de Gobierno ha autorizado también una subvención de casi cinco millones de euros para la construcción de 234 viviendas en el Parque Nueva Granada de la capital, donde esta misma empresa levantará otro bloque con 122 pisos gracias a este programa del Plan Vive en Andalucía.

“Todas estas actuaciones son fruto de las políticas del nuevo Gobierno andaluz, que ha roto con los años de gobierno socialista en los que no se levantaban VPO nuevas pese a la demanda que existía y a los altos precios del mercado”, ha manifestado Marifrán Carazo, que ha indicado que ahora Andalucía apuesta por aumentar la oferta para frenar los precios y por reactivar el sector de la construcción, importante motor de creación de empleo.

En paralelo, se ha realizado un esfuerzo inversor en la rehabilitación de viviendas, con 118 millones de euros en 13.700 hogares.

Todas estas inversiones forman parte de la línea de trabajo recogida en el Plan Vive en Andalucía de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana 2020-2030. El Consejo de Gobierno ha aprobado la introducción de varios cambios en el plan, como el aumento de la participación de los ayuntamientos en la Comisión de Seguimiento y Participación del Plan (de uno a dos vocales) o la modificación del número de veces del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) que determina los ingresos familiares máximos para el acceso a las viviendas protegidas de régimen especial, que pasa de 2,5 a 3 veces para que “puedan acceder a estas viviendas un mayor número de familias”.

Marifrán Carazo también ha informado de otra modificación que contribuirá a la lucha contra la ocupación ilegal: se establece como requisito para acceder a una VPO que las futuras personas beneficiarias no hayan sido condenadas o sancionadas por ocupaciones ilegales de viviendas, ni en la vía penal ni en la civil o la administrativa. Sólo se prevén excepciones para familias en circunstancias de vulnerabilidad avaladas por los servicios sociales. La consejera ha señalado que “esta medida tendrá un efecto disuasorio y se reducirán las ocupaciones en la comunidad, donde ya se han puesto en marcha medidas para atender a los afectados dentro de nuestras limitadas competencias”.

“La ocupación ilegal es un problema social que ha crecido en los últimos años y eso ha motivado la preocupación no solo para las personas propietarias de viviendas que pudieran ser víctimas de una ocupación, sino también de la ciudadanía en general por los problemas de convivencia que genera”, ha indicado la consejera, que ha aportado los últimos datos del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ). Los juicios verbales por ocupación ilegal de viviendas se incrementaron en un 29% hasta el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2019.

Ley Estatal de Vivienda a espaldas de las comunidades

Marifrán Carazo ha insistido en que urge “un plan estatal anti ocupación por parte del Gobierno de España que está más preocupado en implantar un modelo intervencionista como refleja su anteproyecto de Ley estatal de Vivienda”. Durante su intervención, la consejera ha recriminado al Ejecutivo central que haya elaborado una anteproyecto de ley sin la participación de las comunidades autónomas, que son las que en España tienen la competencia en materia de vivienda.

De hecho, ha recordado que el anteproyecto, que se iba a aprobar en el Consejo de Ministros, “se retrasará más porque el Consejo General del Poder Judicial lo ha rechazado por su intervencionismo y su invasión de competencias”. La consejera ha resaltado que la ley atenta contra la propiedad privada porque limita el  derecho de los propietarios de las viviendas e interviene los precios de los alquileres.