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Adif culmina la obra del nuevo sistema de seguridad que dará fluidez a la línea Cádiz-Sevilla

  • Con la incorporación del tranvía este verano se implanta un nuevo dispositivo que mejora la circulación y la puntualidad de los trenes

La incorporación del tranvía metropolitano de la Bahía a la línea ferroviaria que une San Fernando con Cádiz obliga a Adif a restructurar los tiempos de paso por la vía del resto de trenes. La línea contará a partir del próximo verano con un nuevo servicio tranviario que se sumará a los Cercanías, a los Media Distancia y a los Alvia de Renfe que utilizan el mismo trazado.

Con el fin de garantizar aún más la seguridad, mejorar la puntalidad y compatibilizar todos los movimientos de la línea Cádiz-Sevilla, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) pondrá en servicio el denominado sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System o Sistema Europeo de Gestión del Tráfico) para el control de la circulación.

Es un sistema de mando y control de trenes adoptado por la Unión Europea para equipar todas las nuevas líneas que se construyan en los países que la componen.

Este avance tecnológico, pese a todo, no servirá para reducir los tiempos de viaje. Arañar tiempo al reloj ha sido una de las reivindicaciones de los viajeros de los Alvia, amén de una promesa política. En estos momentos, el viaje entre Madrid y Cádiz está en poco más de cuatro horas, pero la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció que este viaje se podría ejecutar en un futuro en tres horas y media. No será así.

Doce años de obra

Las obras del ERTMS afectaban inicialmente al tramo Utrera-Jerez y fueron adjudicadas por el Ministerio de Fomento a Thales y Siemens Rail Automation en octubre de 2010. A comienzos de 2017 el Ministerio de Fomento transfirió a Adif la ejecución de esta obra. En marzo de ese año, ya bajo la gestión de Adif, se aprobó un modificado del contrato para extender la implantación del ERTMS a la totalidad de la línea Sevilla-Cádiz, unos 154 km de vía doble electrificada. La inversión total ha superado los 67 millones de euros.

Renfe y Adif coinciden en señalar que la presencia de cuatro grandes paradas en la Bahía impiden ganar más tiempo al reloj

La movilidad en tren entre Sevilla y Cádiz se mantendrá a la velocidad actual de 200 kilómetros por hora aún después de modernizar la señalización de la línea. Precisamente, Adif ha culminado la obra de este nuevo sistema de seguridad, que ya se encuentra en fase de pruebas, y está a falta de que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria dé su visto bueno.

La presencia del tranvía en las vías de Renfe mete más presión a la línea Sevilla-Cádiz, pero gracias a la implantación del ERTMS permitirá fluidez en la circulación. No obstante, la orografía de la Bahía y las paradas que tienen los trenes en cuatro estaciones tan próximas la una de la otra (Jerez, El Puerto, Puerto Real, San Fernando y Cádiz) impiden recortar los tiempos de viaje.

Dado que la vía entre Sevilla y Cádiz es de Altas Prestaciones, y no de Alta Velocidad, en la actualidad los trenes Alvia que circulan pueden alcanzar «una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora, en función del trazado y de los sistemas de seguridad y señalización». Los trenes de Media Distancia que usa el operador (Renfe) pueden circular únicamente a un máximo de 160 kilómetros por hora. Con esa velocidad se tarda entre 1 hora 46 minutos y 1 hora 32 minutos en viajar entre Sevilla y Cádiz. Desde Renfe se ha explicado a LA VOZ que estos tiempos de viaje se deben también al número de paradas en estaciones intermedias que existen entre ambas ciudades. Aparte de las paradas intermedias. Esta opinión también la comparte Adif.

A pesar de los avances técnicos, se descarta reducir los tiempos de viaje entre Madrid y la Bahía

Adif , por su parte, ha destacado que «el ERTMS (entre Sevilla y Cádiz) no permitirá aumentar la velocidad, pero sí dotar a la explotación de mayor fiabilidad y aportará además un incremento de la capacidad, con respecto a la situación actual con ASFA». Esa mayor capacidad supone que la vía admitirá más trenes que ahora, con lo que se podrán mover más viajeros.

En septiembre de 2015 se abrió el último tramo en obras de la línea de alta velocidad Cádiz-Sevilla. El tramo correspondía a los 28 kilómetros de red ferroviaria que separan las localidades sevillanas de Utrera y Las Cabezas. Con su apertura se puso punto y final a más de catorce años de trabajos para desdoblar y electrificar los 122 kilómetros de trazado entre Cádiz y Sevilla. La construcción de la doble vía ha sido una reivindicación histórica de los agentes sociales de Cádiz, que veían en esta inversión faraónica, más de 700 millones de euros, la posibilidad de recortar el tiempo de viaje a Madrid.

Fue la ministra de Fomento, la socialista Magdalena Álvarez, quien adelantó en 2007 que la culminación de la obra permitiría viajar entre ambas capitales en un tiempo récord de tres horas y media.

Batalla al reloj

La reducción de los tiempos de viaje entre Madrid y Cádiz es una batalla al reloj que se libra desde hace veinte años. Renfe puso en servicio los nuevos Alvia en junio de 2009. Estos modernos trenes han significado una auténtica revolución en el corredor entre Cádiz y Madrid, ya que mejoraron el tiempo de paso con respecto a los Altaria. Así, los Alvia empezaron a circular con una media de cuatro horas y media frente a las cinco horas y quince minutos de los Altaria.




CEACOP rechaza el borrador estatal para compensar obras afectadas por la subida de precios

La patronal de la construcción en Andalucía, CEACOP, que preside Ana Chocano ha manifestado “su preocupación y descontento” tras conocer el contenido del borrador del Real Decreto Ley que prepara el Gobierno para restablecer las condiciones de equilibrio económico en los contratos firmados tras la escalada de precios de las materias primas en el sector. Entre las obras públicas que esperan esta medida destaca la del puente del Centenario de Sevilla, que se está ejecutando para la ampliación de carriles y sustitución de tirantes

INSTA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A SEGUIR SU PROPIO CAMINO PONIENDO EN MARCHA SU PROPIO MECANISMO DE REEQUILIBRIO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

En opinión de la asociación, la solución que propone el Gobierno no resuelve el problema, especialmente grave para las pequeñas y medianas empresas. Desde CEACOP denuncian que la norma que el Gobierno de España tiene previsto aprobar en los próximos días excluye a la mayoría de las actuaciones “es un sistema diseñado para las grandes obras de ferrocarriles”.

El documento establece un máximo en la compensación del 20% del precio de adjudicación del contrato y siempre que el incremento de los precios, considerando solo el aluminio, cobre, materiales siderúrgicos y bituminosos, superen el umbral del 8%. El borrador no considera en la compensación el aumento del precio de la energía. Solo se revisan las obras que estén en ejecución en 2022 y a partir del 1 de enero de 2021 o de la firma del contrato, si es posterior, por lo que las infraestructuras ejecutadas en 2020, afectadas también por los efectos de la Covid-19, así como las terminadas en 2021 no pueden acogerse a este mecanismo. Además, cualquier retraso en el plazo de ejecución conlleva la pérdida de derecho a aplicar esta compensación.

CEACOP manifiesta también que le preocupa “el limbo” en el que quedan los contratos firmados con los ayuntamientos y diputaciones, ya que el documento no aclara su situación.

La patronal andaluza pide al Gobierno que reconsidere los términos del documento e incluya también la energía por su gran impacto en la fabricación de materiales.

Asimismo, insta a la Junta de Andalucía a seguir su propio camino, como ya lo hicieran otros gobiernos autonómicos como el gallego o extremeño, poniendo en marcha su propio mecanismo de reequilibrio de los contratos de obra.

Para CEACOP, el documento llega tarde y no refleja la realidad. “Las empresas empiezan a estar en situación límite. Muchos concursos se quedan desierto, no porque las empresas no quieran trabajar sino porque no pueden hacerlo a esos precios”, destaca la presidenta de CEACOP, Ana Chocano Román, y añade que si no se pone pronto una solución real, “las obras en ejecución se van a paralizar, lo cual va a acarrear problemas. Por un lado, la sociedad no podrá disponer de las infraestructuras necesarias y demandadas, y por otro, si las obras se paran muchos trabajadores pueden perder sus empleos”.

“Y esto en un sector tractor de la economía de la región. La construcción es sinónimo de creación de empleo y de actividad, que incluso durante la pandemia mantuvo su actividad”, concluye la presidenta de CEACOP.




La Junta asegura que todas las obras del decreto de sequía se acabarán en 2022

  • La consejera reclama al Gobierno central que inicie de inmediato las obras hidráulicas de interés general del Estado pendientes en Andalucía

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha afirmado que «se está haciendo frente a una de las sequías más importantes de los últimos tiempos» y ha destacado que todas las obras del decreto de sequía «están ya en marcha y finalizarán a lo largo de 2022».

Así lo ha indicado en comisión la consejera del ramo, que ha apuntado que es «uno de los temas más complicados y difíciles» en este momento en nuestra tierra y «de los que más interesa a la opinión pública», para añadir que «estamos haciendo frente a una de las sequías más importantes de los últimos tiempos». Así, ha indicado que en los últimos 35 años ha habido cuatro grandes períodos de sequía, «el más reciente entre 2004 y 2010», y que «cada década en Andalucía hay un período de sequía más o menos prolongado y el actual, que se inició a finales de 2018, se está haciendo ya bastante prolongado».

Demarcación del Guadalquivir

Crespo ha explicado que la demarcación del Guadalquivir «es dos tercios del territorio, y es competencia estatal, mientras que las cuencas intracomunitarias (Guadalete-Barbate, Tinto, Odiel y Piedra y Cuencas Mediterráneas) las gestiona la Junta», y cuya situación hídrica «es del 36,64%, un 15,5% menos que el pasado año, es decir, 612,36 hm3 menos», mientras que la situación de la cuenca del Guadalquivir «es del 28,58%» y «las aportaciones de los tres años hídricos anteriores se sitúan en un 40% inferiores a la media histórica».

Ante ello, Crespo ha subrayado que «son previsores» y ha recordado que en mayo de 2021 «se aprobaron los planes de sequía de las Cuencas Mediterráneas y Guadalete-Barbate y el de Tinto, Odiel y Piedra estará en estos primeros meses de 2022» y que en septiembre del año pasado «se constituyeron las comisiones de gestión de la sequía». «Hemos trabajado teniendo muy presenta la gravedad de la situación en algunas zonas», ha remarcado.

Todas las actuaciones

Crespo ha destacado que están ejecutando ya las obras del decreto de sequía y que en el sistema de Cuevas del Almanzora, Almería, «han puesto en marcha el proyecto de actuación de emergencia de los municipios del Valle de Almanzora con 7,5 millones, a punto los pozos, se han solicitado los volúmenes máximos de los trasvases y hemos requerido que las desaladoras trabajen en su producción máxima».

Asimismo, ha dicho que en el sistema Viñuela-Axarquía «se terminó en noviembre la primera obra del decreto» y que «están trabajando en la finalización de los pozos del río Chíllar» y se ha puesto en marcha «la mejora de la estación de bombeo de La Rosaleda de Málaga para hacerla reversible», entre otros. Además, en el Campo de Gibraltar ha destacado que entre las obra del decreto de sequía «se ha finalizado y puesto en marcha el bombeo de los pozos de la Viñuela en el río Guadiaro» y en están en ejecución «las obras de tratamiento de fango en la estación de la Arenillas».

Por tanto, «todas las obras del decreto de sequía están ya en marcha y finalizarán a lo largo de 2022». Ha agregado que «se ha movilizado una inversión de 17,8 millones en emergencias para paliar la sequía y se están ejecutando otras medidas adicionales en cada uno de los sistemas de las cuencas intracomunitarias debido al avance hidrológico sin precipitaciones de este año».

Cádiz y Almería

Respecto a la agricultura y ganadería, Crespo ha apuntado que «hay dos comarcas en situación de sequía extraordinaria, la Janda de Cádiz y el Campo de Dalías en Almería; nueve comarcas en situación de sequía severa; y otras 21 comarcas se encuentran en situación de sequía moderada», ante lo que ha destacado el «diálogo constante» con el sector, y ha recordado que ya solicitó al Ministerio «la constitución de una mesa nacional de la sequía para fijar medidas de apoyo al sector agrario». «Hacen falta ya porque no solo es Andalucía», ha aseverado.

Ha destacado que desde Andalucía, en otras cuestiones, «se ha trasladado al Ministerio una petición de reducción general del índice de rendimiento neto en 2021 del 50% para todos los sectores agrícola y ganadero, que son importantísimos por la situación de sequía y costes de producción» y que han pedido que «nos dejen la puesta en marcha de las nuevas ayudas Covid, que la pandemia no ha terminado y queremos volver a sacarlas». La Junta «se ha adelantado a las circunstancias», ha manifestado.




La ingeniería sevillana UG21 gana un contrato de 3,6 millones en ocho aeropuertos de AENA

  • En UTE con la jiennense BTG, se adjudica la redacción de proyectos y dirección de obras en aeródromos del Este de España

AENA ha adjudicado a la UTE conformada por las ingenierías andaluzas UG21 y la BTG Construcciones e Ingeniería un contrato para la realización de diferentes actuaciones en los aeropuertos de la zona Este de la Península, en concreto, Barcelona-El Prat, Valencia, Alicante, Reus, Girona-Costa Brava, Zaragoza, Sabadell y el recientemente estrenado Internacional Región de Murcia. El importe asciende a casi 3,6 millones de euros y tiene una duración de 30 meses.

Ambas firmas llevarán a cabo para AENA las redacciones de proyectos (ATRP) y las direcciones de obra de los ocho aeródromos mencionados. Se trata de uno de los mayores contratos de esta tipología por volumen económico que el gestor de aeropuertos sacó a concurso durante el pasado 2021, destaca la empresa sevillana.

Las actuaciones previstas contemplan la totalidad del recinto aeroportuario, es decir, pista de aterrizaje, edificios terminales, torres de control, centrales eléctricas, urbanización exterior, parkings, etc.

El presidente de UG21, Ozgur Unay Unay, destaca la importancia de esta adjudicación tanto en términos cuantitativos como cualitativos: «Para nuestra compañía es un espaldarazo importante y más aun viniendo de un organismo como AENA, porque uno de los pilares de nuestro plan estratégico 2022-2025 es aumentar el volumen de negocio en España, un mercado que ahora representa en torno al 15%. Dentro de esta línea de actuación se enmarca la reciente apertura de una sede en Madrid, que se une a la que tenemos en Sevilla».

En este sentido, el consejero delegado, Manuel González Moles, añade que «el nuevo contrato nos permite igualmente consolidar nuestra rama aeroportuaria, un campo que supone el 40% de nuestra facturación y en el que acumulamos una larga experiencia, sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos oficinas en Colombia, México, Perú, Panamá y Costa Rica».

Larga experiencia aeroportuaria

La consultora sevillana viene realizando desde hace una década trabajos de ingeniería en los principales aeropuertos del continente. Entre ellos, destacan el estudio de pre-inversión del nuevo aeropuerto de Arequipa (Perú), la reciente adjudicación de la rehabilitación y modernización del Lado Aire del aeropuerto de Piura, la redacción de planes maestros, la elaboración de los diseños de detalle de diferentes campos de vuelo y, sobre todo, la interventoría en la construcción de la torre de control de El Dorado (Colombia), uno de los proyectos más emblemáticos de UG21 en sus veinte años de vida.

En México, destaca la participación de la firma en el nuevo aeropuerto Internacional Felipe Ares (Santa Lucía), donde se han realizado los diseños y los protocolos y supervisión de los mismos en la construcción de la nueva Torre de Control, de más de 90 metros de altura.

Dentro de España, sobresale el contrato anual de proyectos y dirección de obra firmado con Enaire (el gestor de navegación aérea del país), finalizado el pasado año 2021.

Por su parte, BTG es una empresa ubicada en Mancha Real (Jaén) dedicada a la construcción y la ingeniería. En 2017 entró en el sector aeroportuario como subcontratista para las principales ingenierías españolas, realizando diferentes trabajos, sobre todo de topografía, en varios aeropuertos de la red AENA. Entre sus proyectos más relevantes en este ámbito, destaca el estudio arquitectónico del edificio terminal del aeropuerto de Vitoria.

 



El Gobierno andaluz inicia la aprobación de un Plan de Medio Ambiente para 2030

  • Contará con un programa económico y se abrirá a la participación social e institucional

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes iniciar la elaboración del Plan de Medio Ambiente con el horizonte 2030, un conjunto de medidas cuyo objetivo es definir la política ambiental futura de la Junta de Andalucía apostando por la integración de las principales líneas de actuación en materia ambiental en un solo instrumento de planificación.

De hecho, este documento nace con vocación de convertirse en la fórmula permanente que permita planificar toda la política medioambiental de Andalucía, en convergencia con la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 y con la Agenda 2030 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015.

La Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible es el departamento encargado de impulsar este proyecto a largo plazo y tendrá en cuenta las nuevas circunstancias físicas y socioeconómicas que caracterizan en este momento a Andalucía para poder orientar de forma eficaz las diferentes propuestas de actuación.

Con este mismo objetivo de mejorar en eficiencia, el Gobierno andaluz ha realizado una evaluación del plan anterior, que data de 2017 que permita subsanar algunas de las deficiencias como la falta de concreción en sus objetivos o la carencia de procedimientos para organizar y monitorizar los indicadores.

Uno de los principios del nuevo Plan de Medio Ambiente es la necesidad de tener en cuenta el cambio climático. También perseguirá impulsar el crecimiento socioeconómico de Andalucía a través del aprovechamiento sostenible del medio ambiente como motor de desarrollo.

Así, la consejería persigue que esta planificación permita a las generaciones presentes y futuras disfrutar del medio ambiente, al tiempo que se protege y mejora la calidad de vida de quienes residen actualmente en Andalucía. Además, entre las cuestiones que han inspirado la puesta en marcha de este nuevo documento se encuentra también la importancia de concienciar y sensibilizar a la ciudadanía en su deber de conservar el entorno; utilizar de forma racional los recursos naturales y legar un espacio natural andaluz en mejores condiciones.

Una de las novedades de este plan, según ha aprobado el Consejo de Gobierno de este martes, es que contará con un programa económico y un plan de etapas detallando los responsables de las actuaciones, los recursos económicos y los plazos para desarrollar las actuaciones, de forma que sea posible ir evaluando los avances y, en caso de considerarse necesario, reconduciendo el programa de actuación.

Asimismo, se favorecerá la participación de la sociedad, entidades e instituciones relacionadas con el Medio Ambiente a través del portal de la Junta de Andalucía.




El Proyecto de Ley de Economía Circular supera el debate a la totalidad en el Parlamento andaluz

  • “Es la ley de la triple sostenibilidad: medioambiental, económica y social”, subraya tras la sesión plenaria la consejera Carmen Crespo

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha mostrado su satisfacción por el apoyo mayoritario que ha brindado el Parlamento andaluz a la continuidad del trámite del Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA) al rechazar la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario de Vox. “Esta ley pionera apuesta por la protección ambiental como criterio básico e irrenunciable para Andalucía y servirá para impulsar una reactivación económica basada en el aprovechamiento sostenible de los recursos como vía para generar riqueza en nuestra tierra”, ha aseverado Crespo.

“La LECA es uno de los pilares sobre los que se alza la Revolución Verde de la Junta de Andalucía”, ha recalcado la consejera, para quien “hoy es un día histórico en la Comunidad Autónoma, ya que esta norma supondrá un gran avance para alcanzar la triple sostenibilidad medioambiental, económica y social”.

Tras superar el primer debate sobre el texto normativo, la Consejería estudiará en el seno de la comisión parlamentaria las aportaciones de los grupos para continuar avanzando hacia la aprobación final de una ley en cuya elaboración ha participado activamente la sociedad andaluza. Carmen Crespo ha recordado que “desde el Gobierno andaluz apostamos por el diálogo y la cooperación para conseguir una ley que responda a las necesidades reales de Andalucía, como ha quedado patente en las más de 300 aportaciones al borrador inicial del documento que un centenar de entidades remitieron a la Consejería”.

Crespo, ha asegurado que “La Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA) será la ley de la triple sostenibilidad: medioambiental, económica y social“. Al mismo tiempo, Crespo, que ha defendido el texto normativo remitido por el Consejo de Gobierno para su aprobación en la cámara, ha destacado la importancia de una norma que además de ser pionera en nuestro país va a “constituirse como un modelo productivo con muchas posibilidades”.

Durante su intervención en el inicio del debate de totalidad del proyecto de ley, Crespo ha querido poner énfasis en el hecho de que la LECA va a permitir preservar nuestro entorno “haciendo que cada vez se extraiga menos materia prima de la naturaleza”, por lo que “va a tener un papel clave para el desarrollo sostenible como uno de los pilares de la Revolución Verde de Andalucía”.

Al mismo tiempo, según la consejera, “la Ley es una oportunidad económica de futuro ya que va a posibilitar nuevos nichos de negocio y el mantenimiento y desarrollo de sectores productivos que tienen en la economía circular uno de sus principales retos, mediante la conversión del residuo en un recurso. En consecuencia, va a contribuir a la recuperación económica”. Respecto de la sostenibilidad social, Crespo ha recordado que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la economía circular generará 24 millones de empleos en 2030, y hoy ya se habla que “capitaneará la nueva revolución laboral”.

La consejera ha insistido en que esta Ley “permite que el residuo pase de ser un problema a convertirse en una oportunidad”, ya que permite una transición hacia un “nuevo modelo socioeconómico y productivo más eficiente en el uso de los recursos”, lo que va a permitir reducir al mínimo la generación de residuos.

“La Ley que traemos al Parlamento va a posicionar a Andalucía como referente nacional en la materia, y también a nivel de Europa”, ha destacado Carmen Crespo que ha insistido en defender el carácter pionero de esta ley en la que “se han producido más de 300 aportaciones y han participado más de 100 entidades públicas y privadas”. También ha destacado los procedimientos novedosos como el taller de participación de la Ley en el que la totalidad de integrantes consideró esta norma como necesaria para el desarrollo de Andalucía”.

Además, Crespo ha puesto de manifiesto el hecho de que el texto que se ha remitido al Parlamento “está trabajado con la máxima vigencia europea, alineado con el actual plan de economía circular de la Comisión Europea, así como con la Ley Estatal de Residuos que actualmente está en el Senado”.

Aprobación del Pirec 2030

La nueva LECA de Andalucía, en cualquier caso, no es la única actuación para el impulso de la economía circular, según ha querido dejar claro Carmen Crespo, que ha recordado que hace un año se aprobaba el Primer Plan Integral de Residuos de Andalucía (PIREC 2030), un plan del que ha destacado su carácter municipalista y que está destinado a la mejora de la gestión de los residuos municipales.

Como ha comentado la consejera, con la Ley de Economía Circular y la PIREC se extenderá el uso de prácticas como el uso de rafias y plásticos compostables y biodegradables para una agricultura sostenible, la recogida separada de aceites vegetales, textiles y residuos peligrosos, la utilización de neumáticos para fabricar carreteras, el uso de la cáscara de cítricos para productos de cosmética, dar una salida circular a los purines y residuos agrícolas mediante el biogás o el fomento del quinto contenedor, el marrón, para restos de comida y jardinería, entre otros.

Principales actuaciones en Andalucía

La consejera Carmen Crespo ha querido dejar patente la importancia de la aprobación de la Ley de Economía Circular observando que “tan solo falta ya la aprobación de ésta para completar la Andalucía Circular como modelo productivo para los próximos años”, que va a permitir avanzar en el reciclaje y la reutilización. Cabe destacar que la Junta ha puesto en marcha un Banco Adicional de proyectos de Economía Circular que a día de hoy contempla 29 actuaciones previstas entre los ya disponibles y los que están en fase de redacción.

Junto a todo esto, Carmen Crespo ha querido poner en valor las grandes actuaciones puestas ya en marcha como es el caso de las infraestructuras locales de economía circular con inversiones directas por parte de la Junta que han supuesto la puesta en marcha o ejecución de 52 actuaciones, con una inversión de 44,8 millones de euros. 24 de ellas ya están finalizadas, lo que supone el 46% de las previstas, 22 en ejecución y 6 en licitación. Además, la consejera ha querido recordar las ayudas ya convocadas por su departamento para ayuntamientos, mancomunidades o consorcios para impulsar la recogida separada de biorresiduos.

Entre las grandes actuaciones puestas en marcha, la consejera ha querido destacar el proyecto pionero de economía circular de la Sierra de Cádiz, en el que ya están en marcha planes de compostaje o separación de residuos en municipios como Villamartín, Olvera, Algodonales, Zahara de la Sierra, Torre Alháquime, Algar o Setenil. No ha querido la consejera en su intervención olvidar otras actuaciones que pasan por el Plan de Aguas Regeneradas o el proyecto Ecomares que ha permitido en 18 meses la retirada de 74.000 kilos de basura marina gracias a la colaboración del sector pesquero andaluz, ni pasar por alto el proyecto Compromiso Blanco para el reciclaje de residuos plásticos de la agricultura. Finalmente se ha referido también a los distintos proyectos de europeos de economía circular en los que viene participando su Consejería.




La Junta proyecta su propio servicio de tren exprés para conectar en una hora las capitales andaluzas

  • La consejera de Fomento reclama a Adif el uso de la vía férrea para suplir la «deficiente» oferta

Estaciones semidesiertas, frecuencias reducidas a lo mínimo indispensable que no se han recuperado tras la pandemia, vías infrautilizadas y convoyes que circulan lentos. El servicio de ferrocarril de media distancia y cercanías en Andalucía ha ido marcha atrás en los últimos años, un retroceso que se ha traducido en líneas eliminadas y recortes en la inversión.

El tren de media distancia, la alternativa de transporte más sostenible, no engancha al viajero que, por ejemplo, tarda hora y media en ir desde Sevilla a Huelva, en la única conexión de ida y vuelta diaria por sentido que hay, cuando en unos 60 minutos se hace el mismo trayecto por autovía. Éste es solo uno de los ejemplos –hay muchos más– que pone la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, para reclamar a la empresa estatal Adif la gestión y financiación de su propio servicio regional de ferrocarriles exprés para unir las capitales andaluzas.

La idea es aprovechar la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), ahora «infrautilizada», para complementar y mejorar los trayectos que «Renfe no ofrece» en estos momentos, según desveló la propia responsable autonómica durante su intervención en el encuentro Nueva Economía Fórum celebrado ayer en Madrid. Son necesarias autorizaciones de la Agencia Estatal Seguridad Ferroviaria y Adif, para garantizar que el futuro servicio autonómico pueda circular unas determinadas horas por la vía férrea.

Fomento baraja añadir al menos cuatro servicios diarios por sentido con conexión directa y acercar las capitales (Cádiz-Sevilla, Huelva-Sevilla, Sevilla-Córdoba y Córdoba-Jaén) en un tiempo aproximado de una hora, según avanzó Carazo, que fue presentada en el foro por la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

No se trata de una reivindicación más de la Junta al Gobierno de Pedro Sánchez. La consejería ya se ha puesto manos a la obra con el proyecto de trenes que pretende poner en marcha bajo la denominación de Intercity ‘Near’.

Para establecer una hoja de ruta jurídica y administrativa en este proyecto, la Consejería de Fomento ha contratado al prestigioso bufete de abogados Gómez-Acebo & Pombo, que ha elaborado un informe preliminar. Una vez que Adif facilitara a la Junta la capacidad de su infraestructura (surcos en su malla para que los nuevos trenes puedan circular), la Junta se dispondría a sacar un concurso para encargar la prestación de los servicios de tren Intercity a través de un operador privado. Dicho gestor aportaría el personal y máquinas homologadas, bajo la planificación y tutela autonómica.

Tras obtener permiso de Adif para poder circular, la Junta prevé recurrir a un gestor privado para su servicio de trenes Intercity

En el citado foro, que reunió a una nutrida representación de organizaciones empresariales y cargos públicos, Carazo destacó que la Junta ha decidido dar «un paso adelante» para poner en marcha «los servicios que Renfe no ofrece y que nuestro Estatuto [de Autonomía] nos permite». «No pedimos el traspaso de competencias», sino «completar y mejorar la oferta existente» que resulta «deficiente».

«No tenemos los servicios y frecuencias necesarias entre las ciudades andaluzas», enfatizó. Sevilla y Huelva cuentan con «una sola conexión de ida y vuelta por sentido y un tiempo de recorrido poco competitivo con el coche privado» o el Avant Granada-Málaga, que está previsto que se estrene sólo con un tren diario, supone que «los usuarios de Granada que cojan el tren por la tarde no podrán volver a la capital nazarí hasta el día siguiente».

Desde el inicio de la legislatura, en enero de 2019, la consejera ha reclamado al Ministerio de Transportes una revisión en común del actual mapa ferroviario, al objeto de analizar las mejoras y ampliaciones que se estimen rentables desde una perspectiva socio-económica, ambiental y de la cohesión territorial, y que se plasmara en un Pacto por el Ferrocarril en Andalucía. Esta petición ha sido desoída hasta la fecha.

Para lanzar su propio servicio, Andalucía exhibe como credencial la «experiencia acumulada» en la gestión de los ferrocarriles metropolitanos, en los metros de Granada, Málaga y Sevilla y al hecho de que Andalucía, además de tener un amplio territorio y 8,4 millones de habitantes, «tiene que abogar por la cohesión y vertebración de sus ocho provincias». Para ello resulta vital contar con un adecuado servicio ferroviario. Los servicios semanales que presta Renfe son 1.387 trenes, repartidos en 184 Avant, 803 Media Distancia Convencional y 400 Cercanías, según informa Renfe.

Hace falta un convenio

Desde Renfe precisan a ABC que tanto la normativa europea como la interna derivada de la misma, permiten que desde la propia comunidad autónoma se lleguen a acuerdos con el operador para implantar o aumentar la oferta de servicios. Por tanto, desde su misión de planificación de movilidad intracomunitaria las comunidades pueden complementar los servicios ferroviarios que entiendan necesarios.

Si una región, en este caso Andalucía, quiere ampliar o crear una nueva oferta de servicios, deberá firmar un convenio con Renfe, encargándose la administración autonómica tanto de la definición de servicios incluidos como del coste por prestar el mismo. Acuerdos de este tipo ya funcionan desde hace años en Extremadura, añaden desde el ente estatal. Ésta no es la fórmula que desea la Junta de Andalucía, que pretende gestionar su propio servicio, en lugar de pagarle a Renfe por hacerlo.

 



Un estudio para llevar la autovía del Almanzora a Granada, a mediados de 2022

  • La Junta espera tener el documento durante este mismo año para continuar la vía desde Purchena

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía espera contar antes del próximo verano con el nuevo estudio informativo que permitirá realizar los proyectos constructivos de la Autovía del Almanzora desde Purchena hasta Baza (Granada) y así poder “dar continuidad” a una infraestructura altamente demandada en la zona, según ha recordado la consejera, Marifrán Carazo.

Durante su comparecencia en comisión informativa, la titular andaluza de Infraestructuras ha recalcado los esfuerzos del Ejecutivo andaluz para avanzar en unas obras comprometidas en 1986 y que no vieron su “primera piedra” hasta 2005, según ha recordado antes de subrayar la inversión cercana a los 50 millones de euros aplicada por el actual Gobierno autonómico.

Así, y de forma paralela a la ejecución de los trabajos que permitirán la conexión de la A-7 con la A-334 iniciados el pasado mes de junio con una inversión del 24 millones de euros, la Junta ha encargado un nuevo estudio informativo al Grupo TC6 Ingeniería para abordar la vertiente desde Purchena hasta Baza para completar la vía al entender que el anterior, cuya redacción data de 2007 y dio lugar a un anteproyecto para la construcción, conservación y explotación de dicho tramo, habría quedado obsoleto.

A partir del nuevo estudio informativo, el Gobierno andaluz podrá evaluar las distintas opciones para continuar con los proyectos constructivos que completen “el corredor de comunicación principal de la comarca del mármol” al que la Junta ha dado en los últimos tres años un “importante impulso”, según ha destacado la consejera.

Así, ha recordado que durante este periodo se ha finalizado el tramo El Cucador – La Concepción “con seis meses de antelación” con respecto al cronograma previsto y un desembolso de 25,6 millones de euros”. “No hemos parado aquí, partíamos de cero para el tramo La Concepción – Autovía A-7, tuvimos que actualizar un proyecto de hace una década y pasar su trámite ambiental”, ha añadido.

Con esto, y tras la adjudicación de los nuevos trabajos por un periodo de 22 meses, Carazo confía en que el último tramo que permitirá conectar ambas autovías esté acabado “para finales de 2022”, lo que supondría acabar unos cinco meses antes de lo previsto. De momento, se han ejecutado un 15 por ciento de los trabajos.

La consejera ha valorado así la acción del gobierno de coalición PP-Cs al reactivar los tramos pendientes en la vertiente almeriense, los cuales pasaron por “un calvario administrativo” tras adjudicaciones que tuvieron que ser resueltas y conllevaron el pago de 17 millones en euros en concepto de “reclamación” por “esa mala gestión del PSOE”. “Hablamos de un proyecto histórico que los gobiernos anteriores comprometieron pero que fueron incapaces de impulsar”, ha manifestado.

La responsable andaluza de Infraestructuras ha realizado estas valoraciones a preguntas del diputado autonómico de Cs Raúl Fernando Fernández, para quien la actuación realizada por los anteriores gobiernos suponen un ejemplo de “abandono, ineficacia y dejadez”, ya que “han sido 37 años de promesas de obras que no se han construido” y “una auténtica vergüenza”.

“Se ha hecho más en tres años que en los 30 anteriores”, ha afirmado el dirigente de Cs, quien ha recordado la importancia económica de la comarca del mármol, un territorio dedicado fundamentalmente a la piedra natural que conecta 28 municipios con 70.000 habitantes y soporta un tráfico diario de 10.000 vehículos, “sobre todo camiones”, por lo que es “uno de los pilares fundamentales de desarrollo de la provincia de Almería”.  




El Gobierno andaluz invierte 10,65 millones en obras de emergencia por la sequía en Málaga y Almería

  • Las actuaciones persiguen mejorar la garantía de suministro en el área de influencia de la desaladora del Atabal y Valle del Almanzora

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno de sendas actuaciones de emergencia en las provincias de Málaga y Almería con el objetivo de paliar los efectos de la sequía. La suma total de ambas iniciativas, consistentes en el incremento de la capacidad de tratamiento de agua salobre de la desaladora del barrio malagueño de El Atabal y la mejora de la garantía de abastecimiento en municipios del Valle del Almanzora, asciende a 10,65 millones de euros

Ambas obras beneficiarán a una población de 318.500 habitantes con la generación de 160 empleos verdes. La financiación corre a cargo al cien por cien del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas.

La Consejería ha informado al Consejo de Gobierno de la declaración de emergencia de la ejecución de las obras de mejora de la garantía de abastecimiento a los municipios del Valle del Almanzora con recursos procedentes del Embalse de Cuevas del Almanzora y de la Instalación Desaladora de Agua de Mar (IDAM) de Carboneras.

En este caso, la inversión por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible asciende a algo más de 7,5 millones de euros y va a beneficiar a una población total de 132.000 habitantes. Esta actuación va a consistir en la mejora del sistema de bombeos en serie utilizando las instalaciones existentes de la conducción El Saltador-Presa de Cuevas del Almanzora, así como su conexión con la conducción del trasvase del Negratín-Almanzora para elevar el agua demanda hasta una balsa del municipio de Tíjola.

El Gobierno andaluz ha puesto de relieve la situación crítica en la que se encuentra el Embalse de Cuevas, a tan solo el 7,8% de su capacidad. A ello se suma que el 7 de julio se interrumpió el trasvase proveniente del Negratín, lo que supuso una disminución de siete hectómetros cúbicos de las aportaciones a la zona.

Tanto la actuación de la desaladora de aguas salobres de El Atabal como la prevista para garantizar el abastecimiento de agua en el Valle del Almanzora han sido posibles gracias al Decreto de Sequía aprobado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Desaladora de aguas salobres El Atabal

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la declaración de emergencia de la ejecución de las obras de aumento de la capacidad de tratamiento en la instalación desaladora de aguas salobres de El Atabal, en la capital malagueña. Esta infraestructura beneficia a un total de 186.500 ciudadanos.

Esta actuación va a permitir ampliar la disponibilidad de agua para el propio sistema, así como para la transferencia a otros adyacentes, como es el caso de los de la Costa del Sol Occidental y Viñuela. El objetivo principal pasa por aumentar la garantía de suministro.

La urgencia de estas obras se justifica por la situación en la que se encuentra el Embalse de La Viñuela, oficialmente en situación de sequía grave al haber superado el umbral de 41,5 hectómetros cúbicos. La zona de la presa va a ver aumentado el suministro de agua con la obra de incremento de la capacidad de tratamiento de agua salobre de la Desaladora de El Atabal.

Las obras consisten en ampliar los veinticuatro bastidores de osmosis, además de reformar las bombas de alimentación de segunda etapa, y las tuberías y conexiones de las nuevas cajas de presión a los colectores de alimentación, rechazo y salida. Para no frenar el funcionamiento de la infraestructura, la sustitución de equipos está prevista de manera secuencial, permitiendo siempre que la planta esté en marcha al menos a un 90% de sus posibilidades.




Juanma Moreno insiste a Pedro Sánchez para que cambie la ley de desindexación de Rajoy

  • La Junta y los empresarios andaluces piden al Gobierno que facilite la inversión privada en grandes obras públicas como la segunda línea del Metro de Sevilla, que negociarán mañana

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, recibirá mañana a la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, y al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, para negociar la financiación de la segunda línea del Metro de Sevilla, una infraestructura históricamente demandada que siempre ha sido objeto de polémica entre las distintas administraciones públicas.

En esta ocasión, el Gobierno regional ha sido el que ha movido ficha al haber presentado en enero el proyecto y presupuesto del Tramo Norte (la mitad del total) de esta línea, que transcurriría entre el barrio exterior de Pino Montano y el céntrico Prado de San Sebastián (junto al Alcázar de Sevilla), y que supondría una inversión de 1.045 millones de euros.

Ahora toca la negociación para saber qué parte asume cada administración pública, con el objetivo de que las obras puedan comenzar el próximo año. Sin embargo, los empresarios se han mostrado dispuestos a entrar en esta ecuación pero para ello apoyan la reclamación de la Junta de Andalucía de que se modifique la Ley de Contratos Públicos del año 2015.

La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la economía española, y desarrollada en reglamento en el año 2017, limita la rentabilidad del inversor que quiera participar en una obra pública a una horquilla del 2,5% al 4%, muy por debajo de los parámetros que manejan fondos de inversiones y grandes constructoras, lo que ahuyenta su interés en participar en la financiación de grandes infraestructuras.

La consejera andaluza se reunió hace unos días con el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, y la patronal de la construcción (Gaesco) para llevar una postura común a la reunión en Madrid con la ministra, a la que volverán a mostrar su interés y disposición a participar en esta obra.

La anulación de esta ley de desindexación es una reclamación de la que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho bandera en sus tres años de gobierno. De hecho, ha enviado cartas tanto a la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, como al propio presidente, Pedro Sánchez. Además, ha hecho esta misma reclamación hasta en cinco Conferencias de Presidentes durante los últimos tres años sin que haya obtenido respuesta positiva.

Para Moreno, la participación de los empresarios es un pilar muy importante dentro de su plan de recuperación denominado “Andalucía, en marcha”, que tiene como objetivo reactivar la economía, generar empleo y modernizar infraestructuras y servicios en todas las provincias andaluzas y con la que busca movilizar todos los recursos posibles para la recuperación tras la crisis de la Covid-19.

 

El presidente andaluz presentó este plan en septiembre de 2020 y anunció que pondría en circulación un total de 3.450 millones de euros en el período 2020-2023 para hacer obras en infraestructuras sanitarias, educativas, hidráulicas y en materia de transporte y comunicaciones”.

Entonces abogó por dar un impulso a la colaboración público-privada, que consideró “fundamental para el desarrollo y el mantenimiento de infraestructuras y servicios y para priorizar infraestructuras sostenibles y estratégicas sin impactar negativamente en las cuentas públicas a través de deuda pública”.

Ya entonces, el presidente andaluz aseguraba que la denominada “tasa de descuento” dificulta estas inversiones, por lo que proponía al Gobierno de la Nación la modificación de la regulación establecida en la normativa sobre desindexación de la economía española. Sin embargo, la Junta sigue sin respuesta a su reclamación.

 

Ayer, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, recordó que la ley de desindexación fue aprobada por durante la Presidencia de Mariano Rajoy y que su objetivo era reducir el déficit público, ya que las obras que son financiadas por el sector privado suelen tener un mayor coste, aunque la deuda se paga a mayor plazo por las administraciones públicas.

 

La Consejería de Fomento de la Junta asegura que empresarios e inversores han mostrado interés en participar en grandes infraestructuras en Andalucía más allá del Metro sevillano, como el tranvía de Jaén, la conexión del aeropuerto de Sevilla con la estación de tren de Santa Justa, y numerosas carreteras.

La administración andaluza ya está realizando proyectos de colaboración público-privada en la promoción de viviendas. Así lo ha hecho, por ejemplo en Córdoba y Huelva, donde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra) ha cedido suelo a promotores privados a cambio de la construcción de 60 VPO con una inversión privada de 7,3 y 6,2 millones, respectivamente.

La presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP), Ana Chocano, recuerda que la colaboración público-privada permite financiar grandes obras públicas por parte de los empresarios, pero deben tener una “compensación adecuada”. En ese sentido, recuerda que si una empresa va a invertir 100 millones de euros para una carretera y no los va a recuperar hasta dentro de unos años que le pague la deuda la administración pública, parece lógico que quiera tener unos beneficios por ello”.