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Las ampliaciones de los metros y los nuevos tranvías en Andalucía duplicarán el número de viajeros

  • Con la ejecución de las prolongaciones de los tres metropolitanos y los nuevos sistemas tranviarios la demanda ascenderá a 70 millones de usuarios con una red de 103 kilómetros

La ampliación de la red de metros y la puesta en marcha de los tranvías gestionados por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio contribuirá en Andalucía a duplicar el número de usuarios y también los kilómetros de recorrido de estos metropolitanos, elevando de 46 a 103 kilómetros la red total. Las prolongaciones en planificación de los metros de Sevilla, Málaga y Granada, junto a la puesta en servicio de los tranvías de la Bahía de Cádiz, Jaén y de Alcalá de Guadaíra, impulsará la demanda anual de viajeros hasta 70 millones de usuarios, una vez se culminen todos estas infraestructuras, frente a los 35,7 millones de pasajeros que sumaron los metropolitanos en 2019. Así lo ha expuesto el viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Mario Muñoz-Atanet, en la inauguración de unas jornadas que se celebran en Sevilla sobre metros andaluces, bajo el subtítulo de Solución sostenible para el transporte en la ciudad.

Las jornadas, que se celebran en el Convento de Santa María de los Reyes de la capital hispalense, están organizadas por la Asociación española de túneles y obras subterráneas (AETOS), en colaboración con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, y en ellas participan un centenar de representantes de instituciones colaboradoras del ámbito académico y del sector de la construcción, así como gestores de otras redes de metros tanto de España como de otros países como México, Francia y Gran Bretaña.

“Aunque se trata sin duda de un plan ambicioso”, ha dicho el viceconsejero ante los representantes del sector de la construcción y gestores del transporte público en Andalucía, “vamos a duplicar en los próximos años los kilómetros de trazado de los metros y tranvías andaluces, pasando de los cerca de 50 kilómetros que en la actualidad recorren los metros de Sevilla, Málaga y Granada a los más de 100 kilómetros que sumarán las nuevas infraestructuras ferroviarias planificadas por la Junta de Andalucía”.

Estas actuaciones están previstas en la planificación de infraestructuras del Gobierno andaluz, a través del PITMA 2030 y, además, están siendo bien valoradas por los fondos europeos, que priorizan en sus nuevas convocatorias a los modos de transporte más limpios y saludables. Como ha añadido el viceconsejero de Fomento, “no debemos desaprovechar la extraordinaria dotación de recursos europeos que se han provisto con los fondos Next Generation, el Plan React-EU o el próximo Programa Operativo Feder 2021-2027 para impulsar estas infraestructuras del transporte público”.

La Consejería de Fomento ha invertido en esta legislatura un total de 11 millones de euros para la redacción de estudios informativos y proyectos de construcción para la ampliación de los metros andaluces. En el caso de Granada, se están redactando los proyectos constructivos de las ampliaciones Norte, Sur, en coordinación con la tramitación de información pública y ambiental del Estudio informativo de la red, y ya se ha reservado una cantidad de 68 millones de euros de los fondos Next-Generation para llevar al metro a Churriana de la Vega y Las Gabias en el sur del área metropolitana. Además, la licitación de la redacción de la prolongación Centro está en fase de evaluación de las ofertas recibidas.

El proyecto de la prolongación de la Línea 2 del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil, que se llevará a cabo mediante una solución 100% soterrada, avanza coordinándose con el Ayuntamiento de Málaga la organización de las tareas de reurbanización de la superficie y la reposición de los servicios afectados, así como con el Servicio Andaluz de Salud para diseñar los accesos a los hospitales. Además, se han finalizado los sondeos geotécnicos y se están calculando las estructuras con el objetivo de finalizar el proyecto en este año 2022.

El proyecto de la Línea 3 del Metro de Sevilla se encuentra en una fase decisiva para definir el modelo de financiación para la construcción del Tramo Norte, entre la Estación Prado de San Sebastián (correspondencia con la Línea 1 en servicio) y Pino Montano, cuyo proyecto constructivo se ha revisado y actualizado a finales de 2021, arrojando un presupuesto de inversión para la ejecución estimado en 1.046 millones de euros. En las reuniones con el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Sevilla mantenidas desde febrero se acordó la cofinanciación entre la Junta y el Estado, al 50 por ciento, para acometer las obras del tramo, y se trabaja en las diferentes fuentes de financiación.

Por otra parte, en el Metro de Granada y en el futuro tranvía de la Bahía de Cádiz, gestionados directamente por la Agencia de Obra Pública, se han conseguido fondos del Plan React-EU para la optimización ambiental y energética de sus instalaciones, así como para incorporar nuevas herramientas tecnológicas que mejoren la gestión de la operación y el mantenimiento, además de la ampliación de la flota de trenes.

Por su parte, los 88 millones de euros de la Declaración de Gran Proyecto Feder al Tranvía de Alcalá de Guadaíra van a permitir reactivar una infraestructura que estaba paralizada, y que ahora se va a culminar con la ejecución de las instalaciones y sistemas, paradas y el suministro del material móvil.

Además, también en esta legislatura, se ha logrado la elegibilidad de 4,56 millones de fondos Next Generation para la puesta a punto de la infraestructura, sistemas y el material móvil Tranvía de Jaén, trabajos que son imprescindibles para abordar de manera segura la fase de pre-explotación y pruebas dinámicas, habida cuenta de que dicho sistema tranviario ha permanecido más de diez años sin mantenimiento.




Obra pública licitada hace dos meses acumula ya un sobrecoste del 30%

Obra del Conservatorio de Jaén
  • La patronal andaluza advierte de despidos drásticos y cierres si no hay medidas
  • La situación, arrastrada desde mayo pasado, se ha agravado por la guerra
  • Ya hay desabastecimiento de algunos materiales básicos en las obras

CEACOP, la patronal de la construcción en Andalucía, advierte de que las empresas del sector de la obra pública, en su mayoría pymes, se verán obligadas a drásticas reducciones de plantillas e incluso alguna deberá cerrar si no se toman medidas urgentes desde las administraciones que mitiguen la crisis derivada tras la subida extraordinaria, imprevisible y sostenida en el tiempo de los precios de los costes de los materiales, los combustibles y la energía. En un comunicado, los constructores citan infraestructuras que hace apenas unos meses se adjudicaron por un millón de euros, y que presentan un coste actual de ejecución de hasta un 30% superior al importe previsto en su momento.

La crisis de costes se ha agravado de manera exponencial debido a la guerra de Ucrania, aunque desde mayo del año pasado, CEACOP viene vaticinando que esta situación podría producirse, sin que las administraciones hayan hecho nada al respecto.

Dicho encarecimiento se ha multiplicado en los últimos meses, con especial incidencia en el betún, el acero, la madera, el aluminio o el cobre, todos ellos materiales fundamentales en la construcción. De hecho, el problema es de tal magnitud que ya existe desabastecimiento de algunos de estos insumos.

Desfase ofertas-precios

Según la patronal, las empresas ya no pueden asumir esta subida de precios desmesurada e incontrolable. “Cuando se presentaron las ofertas, la coyuntura económica era distinta y, actualmente, nos encontramos con que los precios en el mercado no son los mismos que cuando se firmaron los contratos”, subraya la presidente de CEACOP, Ana Chocano Román, quien alerta de la paralización de numerosos proyectos a lo largo de los próximos meses.

“Las compañías -explica Chocano- estamos financiando las actuaciones, tenemos que comprar más caro, pero a nosotros nos van a pagar lo que se fijó en el precio de adjudicación. A ello hay que sumar un problema añadido: si nos retrasamos en la ejecución de las obras, se nos aplicarán penalizaciones, cuando es conocido por todos que hay materiales que no están llegando”.

“Pedimos -añade – que en los casos límite en los que la empresa no pueda afrontar la ejecución de las obras se negocien rescisiones de contrato de común acuerdo, dado que no son causas imputables al contratista, sino derivadas de una situación sobrevenida. En caso contrario, se pondrá en peligro la viabilidad de las compañías y el empleo de sus trabajadores”.

Un año sin medidas

CEACOP lamenta que, pese a que viene insistiendo desde hace casi un año en la necesidad de abordar este problema de manera inminente, no se han adoptado medidas y las que se han puesto en marcha ni siquiera sirven para paliar el problema.

En este sentido, desde la patronal andaluza critican que la única medida que ha implantado el Gobierno central llega tarde y no soluciona el problema existente en la región. El motivo es que, según el Real Decreto Ley 3/2022 publicado el 2 de marzo en el BOE, el número de contratos que pueden acogerse al mismo en Andalucía es mínimo, dado que tiene importantes limitaciones. Entre ellas, las más destacables son que solo se aplicará a aquellas obras que ya se estaban ejecutando en 2021 -dejando sin revisar las iniciadas en este año- o que no tiene en cuenta la subida del precio de la energía.

“Por ello, pedimos a la Junta de Andalucía que elabore su propio sistema de revisión, un modelo objetivo y eficaz que permita la justa ejecución de los contratos sin suponer la quiebra de las empresas. Igualmente, instamos a los ayuntamientos y diputaciones a que se acojan al mismo, dado que los entes locales no tienen definida su hoja de ruta y son titulares también de muchos de los contratos de obra pública”, recalca Ana Chocano.

Flexibilidad

CEACOP reclama que todos los órganos de contratación sean flexibles y autoricen suspensiones temporales de ejecución mientras se acuerda el mecanismo de reequilibrio de los contratos, pues, de otro modo, la crisis no solo afectará a las empresas y sus trabajadores, sino al conjunto de la ciudadanía al sufrir la paralización sine die de obras imprescindibles.

Otra medida que reclama la patronal andaluza de la construcción es la posibilidad de aplicar ERTEs especiales por esta causa imprevisible y de fuerza mayor, tal y como se hizo con algunos sectores durante la pandemia. Así, se evitaría la destrucción de miles de empleos, un hecho de especial gravedad en una comunidad que sufre una de las tasas de paro más elevadas de España.

Por último y ante esta crítica situación, CEACOP se plantea promover diferentes en las obras públicas de la región si las administraciones no toman medidas que permitan restablecer las condiciones de equilibrio económicos en los contratos públicos firmados.




La Junta invertirá 100 millones para rehabilitar la A-92 con materiales sostenibles

  • Marifrán Carazo subraya los 576 millones destinados esta legislatura para la renovación de carreteras en Andalucía

La Junta va destinar una partida de cien millones de euros de fondos europeos ‘React-EU’ para la rehabilitación integral y la conservación de la autovía A-92 con materiales sostenibles, según anunció este martes la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo.

Esta inversión se ejecutará entre 2022 y 2023, de los que 60 millones se están empleando ya para esta mejora de la autovía transversal de Andalucía que conecta Sevilla con Granada, Málaga y Almería.

Andalucía se ha convertido de esta forma en la única comunidad autónoma española que ha logrado fondos europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia para actuaciones en carreteras, ya que está utilizando materiales sostenibles para mejorar el firme de la red viaria.

Estos materiales, que se denominan Masai, se han diseñado en colaboración con la Universidad de Granada y el Laboratorio de Ingeniería de la Construcción (Labic) de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Granada.

Los Materiales Asfálticos Sostenibles, Automatizados e Inteligentes (Masai) son mezclas bituminosas producidas a partir de material reutilizado como polvo de neumáticos.

La consejera ha puesto de relieve que en los tres años de legislatura se han destinado 576 millones de euros a la mejora de las carreteras de titularidad autonómica, que han servido para «paliar el déficit de inversiones detectado en anteriores mandatos».

Desde la Consejería de Fomento han señalado que «esta falta de inversiones ha llevado a una pérdida patrimonial del valor de las carreteras andaluzas de más de 1.000 millones de euros», según se extrae en un informe remitido al Consejo de Gobierno, en el que se hace balance de las inversiones realizadas en los últimos años para el mantenimiento de los más de 10.500 kilómetros de red viaria autonómica.

El Gobierno andaluz mantiene que «una de las premisas para mejorar la seguridad vial es una inversión continuada en las carreteras de Andalucía» y, bajo esa premisa, en los últimos tres años –de 2019 a 2021– se han invertido 576 millones de euros en conservación y obra nueva, un 31,3% más que entre 2016 y 2018, en el anterior mandato, cuando se emplearon 439 millones. Sólo en conservación de carreteras, el aumento ha sido del 46,7%, es decir, 128 millones más.




Ceacop augura despidos y cierre de empresas en la construcción por el alza de los precios

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), la patronal de la construcción en Andalucía, advirtió ayer de que las empresas del sector de la obra pública, en su mayoría pymes, “se verán obligadas a drásticas reducciones de plantillas e incluso alguna deberá cerrar si no se toman medidas urgentes desde las administraciones que mitiguen la crisis derivada tras la subida  extraordinaria, imprevisible y sostenida en el tiempo de los precios de los costes de materiales, combustibles y energía”.

En un comunicado, Ceacop alerta de que la situación “se ha agravado de manera exponencial debido a la guerra” en Ucrania. La patronal remarcó además que “desde mayo del año pasado” viene “vaticinando que esta situación podría producirse, sin que las administraciones hayan hecho nada”.

Este encarecimiento “se ha multiplicado en los últimos meses, con especial incidencia en el betún, el acero, la madera, el aluminio o el cobre, todos ellos materiales fundamentales en la construcción”, enfatizó Ceacop. “El problema es de tal magnitud que ya existe desabastecimiento de algunos de estos insumos”,  subrayó la patronal, que sostuvo que las empresas “ya no pueden asumir esta subida de precios desmesurada e incontrolable”.

“Cuando se presentaron las ofertas, la coyuntura económica era distinta y, actualmente, nos encontramos con que los precios en el mercado no son los mismos que cuando se firmaron los contratos”, subrayó la presidente de Ceacop, Ana Chocano Román, quien alerta de la “paralización de numerosos proyectos a lo largo de los próximos meses”.

A modo de ejemplo, han apuntado que “infraestructuras que hace apenas unos meses se adjudicaron por un millón de euros, presentan un coste actual de ejecución de hasta un 30% superior al importe previsto en su momento”. “Las compañías –agregó Chocano– estamos financiando las actuaciones, tenemos que comprar más caro, pero a nosotros nos van a pagar lo que se fijó en el precio de adjudicación; a ello hay que sumar un problema añadido: si nos retrasamos en la ejecución de las obras, se nos aplicarán penalizaciones, cuando es conocido por todos que hay materiales que no están llegando”.




Los ayuntamientos andaluces ya pueden pedir ayudas del Plan Ecovivienda para construir y rehabilitar casas

  • La Consejería de Fomento informa de las subvenciones con 233 millones de fondos Next Generation y anima a participar a los ayuntamientos

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha informado de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la orden con las primeras líneas de ayudas del Plan Ecovivienda, el programa de la Junta de Andalucía para gestionar los fondos Next Generation en materia de vivienda. Con esta orden, la Consejería pone a disposición de los ayuntamientos 233 millones de euros que beneficiarán a casi 7.000 hogares andaluces: 60 millones para la rehabilitación de edificios en barriadas y 173 millones para la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible, con una primera anualidad de 86,5 millones de euros.

Marifrán Carazo ha manifestado que esta orden supone «el comienzo de una inversión histórica en vivienda», con 373 millones de euros que ha recibido Andalucía de los fondos europeos Next Generation para impulsar en los próximos años actuaciones en 33.000 hogares.

Unas actuaciones que «no sólo mejorarán las condiciones de vida de los andaluces, sino que además generarán 24.000 empleos directos en el sector de la construcción y reducirán las emisiones de CO2 a la atmósfera en 100.000 toneladas al año». Además, también ha destacado la influencia que tendrán estas actuaciones en el bolsillo de las familias, ya que «pueden acarrear una reducción del 50% de la factura de la luz, una gran noticia ante el aumento descontrolado del precio de la luz».

El Gobierno andaluz ha puesto en marcha 25 áreas para la rehabilitación de 6.286 viviendas en toda Andalucía

La consejera también ha indicado que la llegada de estos fondos permiten «continuar la senda iniciada en esta legislatura, donde se ha dado un giro a las políticas de vivienda», con las que se han empleado 668 millones de euros en materia de vivienda en sólo tres años. Marifrán Carazo ha recordado que, antes de estas líneas de ayudas, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha 25 áreas para la rehabilitación de 6.286 viviendas en toda Andalucía, además de lanzar tres convocatorias del programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler, con la que se han concedido 80 millones de euros en ayudas a promotores públicos y privados para la construcción de 3.000 nuevas viviendas.

Plazo de dos meses

Con esta orden, los ayuntamientos tendrán un plazo de dos meses para presentar sus propuestas. Al respecto, la titular de Fomento ha invitado a los dirigentes municipales a que «aprovechen la oportunidad, se impliquen y nos ayuden con sus propuestas a distribuir estos fondos de Europa». Con ese cometido, la consejera ha mantenido este lunes 14 de marzo una reunión con miembros de la Diputación de Granada, colegios profesionales, constructores e instaladores para informar de los detalles de esta convocatoria.

La primera línea va dirigida a la rehabilitación de edificios en barriadas y cuenta con una partida de 60 millones de euros, con la que se estima que podrán atender a unas 3.900 familias. Marifrán Carazo ha aclarado que este programa tiene como objetivo reducir el consumo de energía de los edificios, lo que va a repercutir «en el bienestar de los ciudadanos, la bajada de la factura de la luz y la lucha contra el cambio climático». En la propuesta también se puede incorporar la regeneración de espacios públicos urbanos.

Uno de los requisitos de esta convocatoria es que, con las reformas, se alcance un ahorro energético del 30%. Si el ahorro supera el 60%, la subvención podría alcanzar el 80% del coste total de la obra, con un límite de 21.400 euros por vivienda. Para personas en situación de vulnerabilidad se podrá articular una ayuda adicional de hasta del cien por cien de la obra.

No se establecen requisitos de ingresos ni la necesidad de ser primera vivienda. Además, pueden concurrir todo tipo de ayuntamientos, con estrategias diversas, para lo que es importante que los consistorios tengan analizadas las necesidades del municipio a través de los Planes Municipales de Vivienda. Para la gestión de las áreas de rehabilitación se subvenciona, además de los proyectos, la implantación de una oficina de rehabilitación en el barrio para mantender informados a los vecinos.

Para optar a estas ayudas, los ayuntamientos deberán delimitar el área y redactar proyectos de rehabilitación energética de los edificios. Si los edificios son de titulares privados deben acordar con ellos la gestión del proyecto y establecer una estrategia para que la Consejería subvencione una oficina de rehabilitación. Las propuestas que sean viables para ejecutar antes de junio de 2026, con acuerdos previos y con un nivel óptimo de estudio y madurez, serán elevadas al Ministerio para la firma de los acuerdos de financiación.

Construcción de 3.000 viviendas más

La segunda línea de ayudas para los ayuntamientos va destinada a la construcción de nuevas viviendas en alquiler a precio asequible energéticamente eficientes en suelos de titularidad pública, con una previsión de 3.000 nuevos hogares. Este programa supone ofrecer suelo público de forma gratuita a la iniciativa privada para la construcción de vivienda en alquiler mediante la concesión demanial de los terrenos por entre 50 y 80 años.

La subvención puede alcanzar los 50.000 euros por vivienda, fijando en las propuestas los precios limitados de alquiler. No obstante, los concesionarios podrán ofrecer un canon o mejoras sobre los precios de las rentas.

Marifrán Carazo ha atendido a los medios de comunicación junto al delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Pablo García; el delegado territorial de Fomento, Antonio Granados, y el director general de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Juan Carlos del Pino.




Crespo urge al Estado a aprovechar la declaración de sequía de la Junta para acelerar obras hidráulicas

  • La consejera reclama en Madrid al Gobierno central una bonificación del agua desalada y que permita la utilización de la desaladora de Torrevieja para surtir al Levante almeriense

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha mantenido este jueves una reunión con la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Jesús Rodríguez de Sancho, para analizar, entre otros asuntos, la situación de sequía que padece la comunidad andaluza y pedir la puesta en marcha de las obras hidráulicas competencia del Estado que necesita Andalucía.

Carmen Crespo ha pedido al Ministerio a aprovechar la declaración de excepcional sequía de la Junta para ejecutar sus obras pendientes en Andalucía “lo más rápido posible”. Se trata de “actuaciones tan necesarias” como la ampliación de la desaladora de Carboneras, la puesta en marcha de la desaladora del Bajo Almanzora, la ampliación de la del Campo de Dalías, sendas desaladoras en La Axarquía y Marbella, así como la ejecución presa de Gibralmedina, en el Campo de Gibraltar. Sin olvidar las canalizaciones de la presa de Rules, las actuaciones pendientes en la presa de Siles o el trasvase del Tinto, Odiel y Piedras y la presa de Alcolea en la provincia de Huelva, entre otras infraestructuras hidráulicas prioritarias.

La consejera ha trasladado, además, al Ministerio su preocupación por el elevado coste del agua desalada y, por ello, ha pedido al Estado que estudie una bonificación de su precio para Andalucía, como ya hicieron para Canarias en 2020, con una ayuda de 8,5 millones de euros. En este sentido, Crespo ha lamentado que “el precio del agua desalada es el triple que el de cualquier otro recurso hídrico”. En este contexto, la consejera ha demandado la posibilidad de utilizar la desaladora de Torrevieja para dar servicio al Levante de la provincia de Almería.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha trasladado al Ministerio también la necesidad de que se utilicen los fondos Next Generation para poner en marcha las obras hidráulicas necesarias para la comunidad andaluza. Crespo ha recordado que “la Junta se ha adelantado, con el decreto de sequía que pusimos en marcha el año pasado y que ahora vamos a ampliar”, a la par que ha resaltado que “tenemos todas las obras de emergencia de interés de la comunidad en marcha”. A este respecto, la consejera ha remarcado que la ejecución de las obras de emergencia suman una inversión de casi 18 millones de euros y ha anunciado que la ampliación del decreto de sequía supondrá “contar con muchísimos más recursos debido a la situación de sequía pertinaz que estamos sufriendo”.

Crespo ha puesto el acento en que “en momentos excepcionales hay que poner en marcha medidas excepcionales”. Un claro ejemplo de ello es la apuesta del Gobierno de Andalucía por el aprovechamiento de las aguas regeneradas, en concreto 43 hectómetros cúbicos en las cuencas intracomunitarias de su competencia y que suponen el 33% del total, mientras que el 67% restante corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y, por lo tanto, competencia del Ejecutivo central.

Doñana

Por otra parte, Carmen Crespo también ha explicado que en la reunión celebrada hoy en el Ministerio para la Transición Ecológica se ha abordado el futuro de Doñana. En este sentido, la consejera ha hecho hincapié en la necesidad de que, tanto el Gobierno de España como el de Andalucía, al ser las dos administraciones con gestión en el parque, colaboren para poner en marcha las inversiones que se requieren.

Así, la consejera ha apostado por la colaboración a la hora de acometer el que ha denominado Plan Doñana futuro, al tiempo que ha resaltado que en el último Consejo de Gobierno, celebrado el martes pasado en La Rábida (Huelva), se ha aprobado una partida de 6,6 millones de euros para actuaciones destinadas de forma específica a mejorar la biodiversidad en el Espacio Natural de Doñana.

Balerma

Por último, Crespo ha explicado que ha aprovechado la reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica para trasladar la petición expresa del Gobierno de Andalucía de que se lleve a cabo una “actuación urgente en el litoral de Balerma”. La consejera ha indicado que esta zona de la costa almeriense tiene el mar cada vez más próximo a las viviendas y que, como ha lamentado, “la aportación de arena se ha demostrado insuficiente”. Una situación que el propio presidente, Juanma Moreno, tuvo la oportunidad de comprobar recientemente de la mano de los propios vecinos.




La Junta impulsa un plan para la sostenibilidad del sector cementero y la construcción sostenible

  • Este instrumento, que también incide en la aportación de valor de esta actividad a la sociedad, estará listo a lo largo del primer cuatrimestre

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades está trabajando en la elaboración de un ‘Plan de cadena de valor Crece Industria del Sector Cementero’, que busca transformar la actividad y apuesta por la sostenibilidad ambiental, la digitalización, la integración en cadenas globales y la construcción sostenible e industrializada como principales objetivos. El objetivo es que pueda estar culminado en el primer cuatrimestre del año.

Este instrumento realizará un diagnóstico del sector y recogerá una hoja de ruta con propuestas de actuación para su desarrollo a corto y medio plazo. Su impulso se realizará en colaboración con los agentes económicos y sociales más representativos, entre los que destacan la Agrupación de Fabricantes de Cemento Artificial de Andalucía (AFCA) y con los agentes económicos y sociales CCOO, UGT y CEA, con quienes la Junta conformará un grupo de trabajo encargado de su diseño y seguimiento.

La medida forma parte del Plan de acción CRECE Industria 2021-2022, aprobado el pasado ejercicio, que articula la política de la Junta en la materia y tiene como objetivo diferenciar a Andalucía como una región industrial y fomentar su convergencia con la media nacional en esta actividad. Para ello abarca 32 cadenas de valor de bienes y servicios industriales, que involucran a los principales ámbitos de desarrollo industrial en Andalucía. Entre esas cadenas, la del cemento es una de las prioritarias junto con la del mármol y la piedra natural.

El impulso de esos planes específicos referidos a las diversas cadenas de valor permitirá aterrizar las medidas de fomento de desarrollo industrial en el territorio, mediante una visión integral que incluye el ciclo de vida completo de los bienes o productos industriales.

Para elaborar el plan sobre el sector cementero se recogerá información cuantitativa y cualitativa, con el fin de conocer la situación actual y detectar sus problemas, necesidades y retos, teniendo en cuenta las tendencias nacionales e internacionales y desde un punto de vista social, económico y medioambiental. Este análisis se llevará a cabo sobre cada uno de los eslabones incluidos en la cadena de valor, prestando especial atención a cómo aprovechar los recursos andaluces y cómo se deben reforzar o completar.

Propuestas contempladas en el plan de la cadena de valor del cemento

Las futuras acciones de fomento actuarán como revulsivo para favorecer la transformación industrial de este segmento y propiciar su salida de la crisis de la Covid-19 desde una posición reforzada. El paquete de medidas responderá a cuatro grandes fines: sostenibilidad ambiental, digitalización, construcción sostenible e industrializada y responsabilidad social.

En materia de sostenibilidad ambiental, los tres ámbitos de ámbitos sobre los que se actuará son la neutralidad climática, la economía circular y el fomento de la biodiversidad. En este capítulo se buscará la neutralidad en las emisiones de CO2 en 2050 y el desarrollo de soluciones integrales de reutilización de residuos, unos objetivos que abarcan a toda la cadena de valor del cemento, desde el proceso de fabricación del clínker, el cemento y el hormigón hasta los procesos de su aplicación en la construcción, así como a lo largo de su vida útil.

En lo relativo a la transformación digital, se persigue impulsar la conexión de los procesos mejorando la productividad y competitividad de todos los actores. Para ello será necesario el procesamiento de datos en masa, la capacidad de conexión en tiempo real, la producción personalizada bajo demanda y un referencial de fábricas inteligentes. Además del uso de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial y la robótica o el internet de las cosas, entre otras.

En cuanto a la construcción sostenible e industrializada, se incide en el fomento de las aplicaciones del hormigón al servicio de la mejor eficiencia térmica de los edificios, la mejora del entorno urbano, la calidad y la seguridad de la construcción, su mayor reutilización, así como la medición de su sostenibilidad.

El plan plantea, en el área de responsabilidad social, una integración real de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las actividades de las empresas del sector. Tiene como finalidad el respeto por el bienestar de las personas y el fomento del empleo de calidad.

Sector cementero andaluz, más resiliente que la industria nacional

La industria del cemento en Andalucía emplea a 542 personas de forma directa y a más de 1.500 personas de forma indirecta, si bien los sectores asociados, como el del hormigón o los prefabricados de hormigón, emplean en su conjunto en la comunidad a más de 4.000 personas.

Esta actividad tiene un importante impacto en la generación de empleo local y de calidad, dado que el 95% del trabajo creado es indefinido y el 60% de las fábricas de la región se ubican en localidades de menos de 75.000 habitantes (tres de ellas en poblaciones con menos de 8.000 habitantes). Por tanto, este sector aporta a las zonas de baja densidad de población una fuente estable y duradera de empleo, contribuyendo a resolver un desafío socioeconómico y demográfico complejo.

En Andalucía, el segmento está formado por siete fábricas integrales, con una capacidad actual de producción anual de clínker de 5,2 millones de toneladas. En la región, tanto la producción de clínker como la de cemento han sufrido un descenso continuado durante los últimos ejercicios, debido principalmente a la grave crisis sufrida por la construcción desde el año 2008, la paralización de la obra pública, la ralentización de la edificación y un descenso continuado de las exportaciones de clínker y cemento.

La industria cementera andaluza está mostrando un comportamiento más resiliente que el observado en el conjunto de España. Así, en un entorno económico especialmente difícil para el sector, en 2019 creció la inversión superando los nueve millones de euros, y ello a pesar de que las exportaciones de cemento y clínker pasaron de 1,8 millones de toneladas en 2018 a 1,2 en 2019, creciendo ligeramente en 2020.

Como en el conjunto de España, en Andalucía esta situación tan adversa en las exportaciones es debida a la pérdida de competitividad que sigue sufriendo dicha industria, fundamentalmente debido, entre otros factores, al ascenso de los precios de los derechos de emisión de CO2. También a las restricciones a la valorización energética de algunas fábricas andaluzas, que deben competir con otras fábricas del arco mediterráneo en desigualdad de condiciones; o al aumento de los costes energéticos soportados, que llegan a superar en un 30% al de algunos países del entorno.




Magtel pide los permisos para una hidroeléctrica en el embalse cordobés de Iznájar de 100 millones

  • El proyecto prevé bombear agua hasta Cuevas de San Marcos para generar 100 Mw
  • Así es el proyecto en Galicia de la empresa cordobesa de ingeniería

La empresa cordobesa Magtel ha iniciado ante el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España los trabajos para convertir el embalse de Iznájar en un punto de generación hidroeléctrica de última generación. Se trata de uno de los proyectos que tiene en marcha la empresa de la familia López Magdaleno en toda la geografía española que se basa en la creación de circuitos de agua. Es la hidroeléctrica reversible y que, según todos los indicios, es el futuro de este sector de la creación de electricidad. La inversión supone entre 90 y 100 millones de euros, según informó la empresa.

La hidroléctrica tradicional se basa en un modo sencillo se proceder. Se toma un embalse y se deja caer el agua por unas conducciones.

 

La fuerza del agua, por efecto de la gravedad, entra en contacto con las turbinas de una central hidroléctrica y produce electricidad. El agua sale del pantano y se incorpora al río al que vierte. De ahí llegan las acusaciones contra determinadas eléctricas que han sido señaladas por vaciar embalses para maximizar su beneficio.

La hidroeléctrica reversible funciona más como el sistema de alimentación de una fuente. Es un sistema cerrado en el que agua siempre vuelve al embalse de referencia. Si se hace bien, no se pierden recursos al retroalimentarse. Hay varios modelos. Uno de ellos, es el de usar dos embalses cercanos que se encuentran a diferentes alturas. Se deja caer el agua desde el que está encima al que está abajo produciendo energía. Parte de esa electricidad se dedica a bombear el agua al pantano superior. Otra parte es la que se vende al sistema general energético.

Bombeo

En el caso de Iznájar, eso no es posible. El embalse no tiene un pantano cercano a distinta altura que permita ese juego de gravedad y bombeo. Y ese inconveniente se salva, según el proyecto presentado, generando una enorme balsa que se encuentra a una cota superior del pantano ubicado en el municipio de la provincia de Córdoba. En concreto, Magtel plantea construirlo en un paraje del municipio malagueño de Cuevas de San Marcos.

Según la documentación técnica del proyecto, ese vaso superior (similar a una balsa de riego) tendría una capacidad de llenado de 1,7 millones de metros cúbicos y una extensión de unas 14 hectáreas (una hectárea: 10.000 metros cuadrados). Se trata de un agujero en talud recubierto con polietileno de alta densidad para evitar las pérdidas de agua. A partir de ahí, todo el trabajo se realiza horadando tierra. Se generan tomas subterráneas y se crearía una red de galerías subterráneas de acero.

El anteproyecto presentado ante el Gobierno prevé que buena parte de las instalaciones de infraestructuras vayan en caverna minimizando el impacto exterior. La propia central y toda la infraestructura para llevar la energía a la red estarían de esa manera.

El agua es, obviamente, el principal de los problemas de este tipo de energías limpias. El informe de Magtel se basa en la serie histórica sobre los datos del pantano de Iznájar que es el más importante de Andalucía por agua embalsada. Ahora mismo presenta un nivel de llenado del 25% pero su capacidad máxima se encuentra sobre los 968 hectómetros cúbicos.

Disponibilidad

El informe realizado por la empresa cordobesa, y que ya está en manos de las distintas administraciones implicadas, asegura que le haría falta un caudal estable de 0,8 hectómetros cúbicos para funcionar. El planteamiento de los ingenieros de Magtel es que se trataría de un impacto mínino sobre la cota del pantano, de apenas unos centímetros. Es evidente que con un volumen de agua embalsado muy bajo no se puede funcionar. El histórico realizado por la empresa afirma que la disponibilidad sería del 96%.

El principal problema que tienen las renovables es que funcionan a máxima potencia cuando dictan las condiciones atmosféricas. Los sistemas de almacenamiento energético son, en estos momentos, muy costosos por lo que no es posible que se conecten en determinadas horas o que se conserve la electricidad para volcarla a la red cuando mejor conviene.

Las hidroeléctricas reversibles sí se pueden conectar y desconectar como sucede con el ciclo combinado, que dependen del costoso gas. Los defensores de este sistema creen que una red de estas hidroeléctricas reversibles puede, en el futuro, aportar energía no basada en combustibles fósiles a demanda del sistema. Los responsables de la empresa apuestan por un sistema que se conecte en la hora punta y realice los trabajos de reposición del agua a la balsa superior en la hora valle reduciendo el impacto de otras fuentes energéticas.

Para ello, hace falta, obviamente, dinero. Magtel tiene en marcha la documentación de una central de 160 Mw en Galicia y el presupuesto de inversión ronda de los 190 millones de euros. La realidad es que, en estos momentos, la necesidad de tecnologías que no contaminen y que generen soberanía energética son cada vez más precisas. La empresa cordobesa ha creado todo un departamento dedicado a la hidroléctrica reversible con el objetivo de buscar puntos de la geografía española que fuesen susceptibles de este tipo de inversiones. En el pantano ya existe una hidroléctrica tradicional, de gravedad, que es propiedad de Endesa.




La Junta emplea 523 millones de euros para la mejora del estado de las carreteras de Andalucía

  • Marifrán Carazo resalta la progresiva recuperación de la inversión por la actual Consejería de Fomento en la red viaria autonómica “tras más de una década de abandono”

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha cifrado en 523 millones de euros el dinero empleado en la mejora de la red viaria de titularidad autonómica a lo largo de la presente legislatura, una partida que ha servido para “paliar el déficit de inversiones en anteriores mandatos, que ha llevado a una pérdida patrimonial del valor de nuestras carreteras de más de 1.000 millones”, ha indicado en una respuesta en el Pleno del Parlamento andaluz.

“Las anteriores administraciones olvidaron que la red viaria ayuda a vertebrar el territorio, a luchar contra la despoblación y que son claves para hacer frente al reto demográfico“, ha manifestado la consejera, que ha indicado que entre 2008 y 2018 se redujeron a la mitad las partidas destinadas a conservación. Una tendencia, ha apuntado, que se ha revertido en este mandato, con 523 millones de euros que “están repercutiendo no sólo en la mejora de las comunicaciones, sino también en la reactivación económica y la creación de empleo“.

Marifrán Carazo se ha detenido en la apuesta por las conservaciones integrales, una vez que la primera decisión que tomó en la Consejería de Fomento fue renovar 32 de los 35 contratos de mantenimiento de los 10.500 kilómetros de carreteras que estaban caducados o a punto de expirar. Al respecto, ha incidido que esta apuesta por acelerar la renovación de todos los contratos de conservación ha sido posible gracias a un esfuerzo inversor de 224,4 millones de euros.

“Hemos resuelto y cerrado en tres años lo que la anterior administración fue incapaz de acometer, es decir, todo el ciclo de renovación de las conservaciones integrales”, ha añadido. Al respecto, Marifrán Carazo ha trasladado que en estos momentos se encuentra en licitación, por un presupuesto de 28,2 millones de euros, los únicos tres contratos de conservación de carreteras que no corrían riesgo de caducar en 2019: la zona Sur de la provincia de Almería (8,9 millones); la zona Este de la provincia de Córdoba (9,8 millones); y la zona sur de la provincia de Málaga (9,5 millones).

Además de la conservación de carreteras, la consejera ha remarcado las inversiones también ejecutadas en obras de emergencias, mejora de la seguridad vial, refuerzo de firme y contratos menores. Asimismo, ha indicado que en los próximos meses está prevista la licitación y adjudicación de contratos por importe de 126 millones de euros para actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de nuestras vías.




Los fondos de la UE llegan a Andalucía bajo el control total del Gobierno central

  • A la Junta ya se le han asignado 2.773 millones y recibirá en total unos 5.000 millones, menos de los prometido
  • Educación e Igualdad son la estrellas y la única gran infraestructura que se financia es el Metro de Granada

Las inversiones del mecanismo europeo para la recuperación económica (MRR) ya han comenzado a concretarse con detalle. Los primeros pasos que ha dado el programa de manera efectiva han constatado una realidad: las comunidades autónomas reciben fondos para destinarlos unas políticas sociales que ya están perfiladas hasta el más mínimo detalle por el Gobierno central (es decir, en la práctica las autonomías ejercen el papel de ‘gestorías’ de las inversiones que determina cada uno de los ministerios). El margen de decisión de las autoridades regionales es inexistente mientras que las grandes partidas para el desarrollo de políticas con más calado empresarial se reservan en exclusiva al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pese a las críticas que formuló el presidente de

 

 la Junta, Juanma Moreno, en su última visita a Bruselas, la realidad es que la famosa ‘cogobernanza’ ni está ni se le espera.

¿Cómo se han asignado los primeras inversiones de este plan? El MRR está dotado con 70.000 millones, un importe que —según las directrices que ha marcado la UE— debe estar comprometido al 70% al final de este ejercicio y el 30% restante en 2023 (y los proyectos que se financien deben estar plenamente ejecutados en 2026). El Gobierno de Pedro Sánchez afirmó que el 50% del total de estos fondos estarían bajo la gestión de las Comunidades Autónomas pero, por el momento, ese porcentaje no se ajusta a la realidad. «Si atendemos a las decisiones que se han adoptado en las conferencias sectoriales que ya han celebrado los distintos ministerios, el importe que se va a territorializar finalmente será de 23.400 millones, con lo cual el porcentaje que previsiblemente gestionarán las comunidades es actualmente inferior al 34%», según indica Ignacio Méndez, secretario general de Hacienda. Se aleja sensiblemente de las promesas del Gobierno.

Invierno por población

¿Cuánto ha recibido Andalucía? De los 23.400 millones que se van a territorializar, el Gobierno central ha hecho ya propuestas concretas de potenciales inversiones que ascienden a 16.688 millones (un 67,1%). Y sobre este importe, a la Junta se le han asignado fondos por valor de 2.773 millones de euros (el 17,7% del total), una proporción ajustada a su peso por población. «En los criterios de distribución y calendario de asignación no hay parámetros unificados y coherentes entre los distintos ministerios, lo cual está haciendo aún más complejo todo este proceso», remarca el secretario general de Hacienda.

Si se mantienen los mismos porcentajes con las partidas que aún quedan por asignar, Andalucía recibirá en total unos 4.140 millones de euros. «Y si el Gobierno amplía finalmente los porcentajes de territorialización quizá la cifra final ronde los 5.000 millones, aunque esto último no es seguro», subraya.

Si atendemos a las áreas que ya tienen asignadas partidas concretas, se constata que las inversiones que gestionarán las comunidades autónomas son aquellas que tienen un perfil más social

¿Cuáles son las áreas y consejerías que se están dotando con esta asignación de fondos? Si atendemos a las áreas que ya tienen asignadas partidas concretas, se constata que las inversiones que gestionarán las comunidades autónomas son aquellas que tienen un perfil más social. A la Junta, tal como se ha citado anteriormente, ya se le han asignado 2.773 millones (de los casi 5.000 que debería recibir). De esta cifra, el área que por el momento sale más beneficiada es Educación, al que se le asignan 538 millones de euros (una de las prioridades será el fomento de la Formación Profesional). Le sigue Igualdad, con 457 millones, que estarán orientados a residencias y programas de atención social y fomento del denominado tercer sector (organizaciones que combaten contra la exclusión). Otro de los departamentos que recibe una inyección considerable es Fomento y Vivienda, con 409 millones de euros. En este caso se podrá financiar una de las pocas grandes infraestructuras que han entrado en el programa Next Generation, como es la ampliación Sur del Metro de Granada (que recibe 111 millones) para la conexión de Armilla, Churriana de la Vega y Las Gabias. Esto se debe a que el grado de maduración del proyecto era muy alto y las obras se podían materializar en los plazos que impone la Comisión Europea. El resto de obras públicas que se realizarán a cargo del programa serán, sobre todo, carriles bici. Y junto a ello, una parte muy relevante de los fondos que recibirá Fomento serán para la regeneración y rehabilitación de barrios y edificios.

En el ránking de fondos asignados le sigue Empleo (con 252 millones), Energía (181 millones), la Agencia Digital de Andalucía (164 millones), Justicia y Turismo (147 millones) y Salud (143 millones).

Una de las críticas que formula la Junta a a la asignación de estos fondos —y que comparten otras comunidades— es la escasa flexibilidad que se ofrece a las regiones para adaptar la inversión en cada territorio. Un ejemplo son los 123 millones de euros que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para crear 4.000 plazas públicas gratuitas de enseñanza infantil (de 0 a 3 años). El modelo andaluz de gratuidad educativa para esta población es a través de conciertos con guarderías privadas (un esquema que implementaron los gobiernos socialistas y que comparten PP y CS). El Ministerio no permite que esos fondos sirvan para que se mejoren o amplíen estos conciertos, sino que obliga a crear nuevas plazas gestionadas directamente por el sector público. «El objetivo será tratar de aprovechar estos fondos de la mano de los ayuntamientos, pero se trata de una imposición ideológica que no se adapta al modelo que funciona en Andalucía». En el caso de la inversión en áreas como la agricultura o la energía, viene minuciosamente detallado qué partidas deben recibir financiación y con qué cuantías.

Junto a ello, los gobiernos regionales están solicitando la agilización de todos los procedimientos para ejecutar estas inversiones en los plazos establecidos. «Se ha creado una plataforma digital llamada ‘Coffee’ para que todas las administraciones gestionemos en ellas de forma común los fondos y todavía no es accesible por parte de las comunidades», denuncia Ignacio Méndez