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Carazo defiende la gestión del reglamento de la LISTA con un 84% de alegaciones aceptada

  • El PSOE-A pide a la consejera que solucione los problemas que plantean las viviendas en suelo rústico y le insta a reflexionar y negociar

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, defendió ayer en el Parlamento la gestión de su departamento para el desarrollo de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), subrayando el gran trabajo realizado para las alegaciones presentadas al reglamento que se está elaborando.

Marifrán Carazo destacó que «se ha trabajado en tiempo récord para contar con un primer borrador del reglamento de esta ley, que ya se ha sometido a información pública y audiencia». Además, resaltó los buenos resultados obtenidos de las reuniones mantenidas con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), a la que se han aceptado el 84 por ciento de las alegaciones presentadas.

La consejera detalló que de las 94 alegaciones presentadas por la FAMP se han aceptado totalmente 51, mientras que 28 han sido atendidas parcialmente. Asimismo, dijo que las 15 alegaciones restantes no han sido aceptadas por tratarse de determinaciones legales, bien en la legislación básica estatal o en la Lista, y el reglamento no puede ir en contra de estas leyes, o bien se trataban de una mala interpretación del texto que quedó aclarado.

Marifrán Carazo elogió a la FAMP por «el trabajo desarrollado y las importantes aportaciones realizadas», deseando que se mantenga este buen clima de colaboración en el futuro. «La valoración de este proceso de información pública es positiva, dado que el elevado nivel de participación que ha suscitado», recalcó.

PSOE-A pide reflexión

El PSOE-A pidió a la consejera de Fomento reflexionar sobre la ley y afrontar soluciones a los problemas que plantea, especialmente los relacionados con las viviendas en suelo rústico, según puso de relieve en su intervención en la comisión parlamentario su diputado Rodrigo Sánchez Haro.

La petición socialista se plantea después de que el Gobierno andaluz y la Administración General del Estado acordasen crear un grupo de trabajo para resolver las discrepancias que mantiene el Ejecutivo central sobre 42 artículos, una disposición adicional y otra final del texto.

Según el parlamentario socialista, «la Junta debe sentarse con el Gobierno de España y con los grupos parlamentarios y deben arreglarlo, nuestra mano la tienen tendida».

Sánchez Haro explicó en su intervención que con la nueva norma «se ha creado un problema a viviendas en suelo rústico con expedientes administrativos y penales abiertos, ahora en peligro de demolición». Por todo ello, invitó a la consejera a que reflexione y actúe sobre este problema, a la vez que precisó que «no lo hace en términos de reproche, sino para que busque solución».




El Parlamento de Andalucía se compromete a realizar el desdoblamiento de la A-306 entre Córdoba y Jaén

  • La propuesta de Vox Córdoba ha sido aprobada por unanimidad en la comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

La Proposición No de Ley (PNL) defendida por Alejandro Hernández, parlamentario de Vox por Córdoba, relativa al desdoblamiento de la carretera autonómica A-306 ha sido aprobada este miércoles por unanimidad en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía.

Hernández ha explicado que la A-306 forma parte de la Red de Carreteras convencionales de Andalucía con itinerario en las provincias de Córdoba y Jaén. En la actualidad, esta vía dispone de una calzada con dos carriles, uno por sentido, con algunos tramos de pronunciada pendiente en donde se integra un carril adicional para la circulación de vehículos lentos.

El parlamentario ha añadido que, en general, se trata de una carretera que en muchos tramos se ciñe a las curvas de nivel del terreno, con pronunciadas pendientes y trazado sinuoso, con intersecciones al mismo nivel de la vía y elevado uso por maquinaria agrícola, dado el carácter olivarero de los terrenos de cultivo colindantes, “circunstancias todas que no eximen de elevado riesgo sobre la seguridad vial”.

Para el Hernández, el desdoblamiento de la carretera A-306 se viene anunciando desde tiempos del Gobierno del PSOE de Andalucía, sin que se haya llevado a cabo “ningún tipo de acción al respecto”. También, con el PP al frente del Ejecutivo se ha hecho referencia a la citada actuación como una “realidad tangible”, hasta el punto que en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) 2021-2030 recoge que en el año 2019, y con objeto de completar la malla viaria de alta capacidad para la conexión de los nodos principales, se redactó el estudio de viabilidad para la mejora de la conexión entreCórdoba y Jaén a través de la carretera A-306.

Además, el parlamentario de Vox ha recordado que esta intervención de mejora de la A-306 se viene contemplando desde el Plan Director de Infraestructuras del año 1997. A día de hoy, y dada la elevada inversión que supone su transformación en autovía y el tiempo que supondría su conclusión, la Junta de Andalucía ha optado por actuaciones más factibles económicamente, que pasan por el refuerzo del firme de la calzada, la reducción de algunos accesos agrícolas a nivel y la construcción de nuevos tramos de carril para vehículos lentos, con objeto de mejora sobre la Seguridad Vial, obra que según la Junta se licitará paraeste 2022.

En este sentido, Alejandro Hernández ha concluido que “esta actuación a corto plazo, no deja de ser una intervención necesaria de conservación para la mejora de la Seguridad Vial, dejando de lado los ventajosos objetivos económicos y sociales que el desdoblamiento de la A-306 supone para las provincias de Córdoba y Jaén, ya que se cumpliría con los indicadores y objetivos estratégicos del PITMA para las carreteras de Andalucía”.

La A-306 une El Carpio con Torredonjimeno durante algo más de 60 kilómetros, conectando así la Nacional IV, próxima a la Autovía del Sur, con la A-316, que debería convertirse en la Autovía del Olivar que uniría Estepa (Sevilla) con Úbeda (Jaén), con paso también por la provincia de Córdoba.




‘Lluvia’ de medidas y ayudas de la Junta frente a la sequía

  • El Consejo de Gobierno aprueba la ampliación del decreto de sequía

El Consejo de Gobierno ha aprobado la ampliación del decreto de sequía y medidas urgentes que permitirá movilizar 141,5 millones de euros para obras hidráulicas y otras medidas de emergencia en apoyo a los sectores agrario y pesquero. La inversión en infraestructuras hidráulicas prevista por la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible se eleva a 125 millones de euros. De esta forma, la consejera Carmen Crespo se quedaba corta hace un par de semanas al anunciar que la ampliación de este decreto multiplicaba por 4 o 5, pues lo hace por 7, la inversión que ya ejecuta en la actualidad, tras la primera declaración rubricada el pasado mes de junio, cifrada en 18 millones de euros.

Las recientes lluvias sobre el territorio andaluz suponen un alivio a la situación, pero no cubren el déficit de un periodo seco que arrancó en 2018. Asimismo, la entrada en la etapa de mayor consumo, tanto para el abastecimiento como para el regadío, obliga a adoptar medidas adicionales. De hecho, la práctica totalidad de los sistemas se encuentran en situación de excepcional sequía declarada: Cuevas del Almanzora, Benínar, Viñuela-Axarquía, Guadalhorce-Limonero, Campo de Gibraltar y Barbate.

El decreto ley define nuevas obras de interés de la comunidad autónoma frente a la sequía; con la ejecución de obras de emergencia o urgencia, que se dividen en cuatro tipologías, se dará una respuesta útil, eficaz y de futuro para las zonas más afectadas.

El primer tipo permitirá generar nuevos recursos hídricos a través de las aguas regeneradas mediante la ejecución de tratamientos terciarios en depuradoras como la Roquetas de Mar, Adra y El Ejido, en Almería. Con estas obras y otras en el resto de Andalucía se suman 20 hectómetros cúbicos una docena en la provincia almeriense como adelantaba Crespo, al plan de aguas regeneradas de la Junta de 43,6 hectómetros cúbicos.

En un segundo grupo incluye obras para aumentar la capacidad de desalación, que en el caso de Almería se traducirá en la mejora de la desaladora de la capital para llevar agua al Bajo Andarax; y el tercero prevé actuaciones de mejora de sondeos estratégicos para garantizar el abastecimiento humano, en Bajo Guadalhorce o Guadiaro, en el Campo de Gibraltar. El cuarto permitirá mejorar las conducciones de agua y llevar recursos hídricos a determinadas zonas con problemas de suministro de agua para abastecimiento como en el ya citado Bajo Guadalhorce o los municipios del Campo de Tabernas, una vez que el Gobierno de España ejecute la conducción de la Venta del Pobre a este municipio almeriense.

Entre otras medidas, el decreto también incluye exenciones de cánones y tarifas para aquellos usuarios que vean reducida su dotación en el 50% o más. Esta medida será aplicada para los cánones de regulación y tarifa de utilización correspondiente al año 2022. También, se fija el régimen de explotación de las aguas subterráneas, regeneradas y desaladas y se introducen modificaciones de la Ley de Aguas de Andalucía para aprovechar todos los recursos disponibles durante periodos de sequía.




Aprobada la ampliación del decreto de sequía y medidas urgentes que movilizará 141,5 millones

  • La norma multiplica por siete la inversión en obras de emergencia y bonifica y exonera de tasas a agricultores y pescadores afectados

El Consejo de Gobierno ha aprobado la ampliación del decreto de sequía y medidas urgentes que permitirá movilizar 141,5 millones de euros para obras hidráulicas y otras medidas de emergencia en apoyo a los sectores agrario y pesquero, con el objetivo de que uno de los principales ejes económicos de Andalucía no vea reducida su competitividad.

La inversión en infraestructuras hidráulicas prevista por la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible se eleva a 125 millones de euros. De esta forma, la Junta multiplica por siete la inversión que ya ejecuta en la actualidad, tras la primera declaración rubricada el pasado mes de junio, cifrada en 18 millones de euros. La situación excepcional se ha visto agravada por la sequía, el incremento de los costes de producción y los efectos de la invasión rusa de Ucrania. Todo ello ha generado una ‘tormenta perfecta’ con impacto en sectores estratégicos para la economía andaluza.

Las recientes lluvias sobre el territorio andaluz suponen un alivio a la situación, pero no cubren el déficit de un periodo seco que arrancó en 2018. Las aportaciones a los embalses de las cuencas intracomunitarias y la recarga de acuíferos de competencia autonómica han sido muy inferiores a las medias históricas a lo largo de este año hidrológico. En el conjunto de las cuencas de competencia autonómica se han almacenado un total de 225 hectómetros cúbicos con las recientes precipitaciones, que suponen un 5,7% de la capacidad total de los embalses.

No obstante, la entrada en la etapa de mayor consumo, tanto para el abastecimiento como para el regadío, obliga a adoptar medidas adicionales. De hecho, la práctica totalidad de los sistemas se encuentran en situación de excepcional sequía declarada: Cuevas del Almanzora, Benínar, Viñuela-Axarquía, Guadalhorce-Limonero, Campo de Gibraltar y Barbate.

Así, el decreto ley define nuevas obras de interés de la comunidad autónoma frente a la sequía, al objeto de aumentar la garantía de abastecimiento humano en los ámbitos territoriales de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía en situación de excepcional sequía.

Con la ejecución de obras de emergencia o urgencia, que se dividen en cuatro tipologías, se dará una respuesta útil, eficaz y de futuro para las zonas más afectadas. El primer tipo permitirá generar nuevos recursos hídricos a través de las aguas regeneradas mediante la ejecución de tratamientos terciarios en depuradoras como El Peñón del Cuervo, en Málaga; Roquetas de Mar, Adra y El Ejido, en Almería; La Línea de la Concepción y Algeciras, en Cádiz; o Almuñécar y La Herradura, en Granada. Con estas obras se suman 20 hectómetros cúbicos al plan de aguas regeneradas de la Junta de 43,6 hectómetros cúbicos.

En un segundo grupo incluye obras para aumentar la capacidad de desalación, a través de la sustitución de los bastidores de la desaladora de Marbella o la mejora de la de Almería para llevar agua al Bajo Andarax; y el tercero prevé actuaciones de mejora de sondeos estratégicos para garantizar el abastecimiento humano, en Bajo Guadalhorce o Guadiaro, en el Campo de Gibraltar. El cuarto permitirá mejorar las conducciones de agua y llevar recursos hídricos a determinadas zonas con problemas de suministro de agua para abastecimiento como en el ya citado Bajo Guadalhorce o los municipios del Campo de Tabernas, una vez que el Gobierno de España ejecute la conducción de la Venta del Pobre a este municipio almeriense.

Exenciones en cánones y tarifas

El decreto también incluye exenciones de cánones y tarifas para aquellos usuarios que vean reducida su dotación en el 50% o más. Esta medida será aplicada para los cánones de regulación y tarifa de utilización correspondiente al año 2022. Además, también se ofrece la posibilidad de aplazamiento en un año o fraccionamiento en dos del pago del canon de regulación y la tarifa de utilización de cualquier periodo impositivo, a petición del interesado, sin que generen intereses, ni se exijan garantías.

En tercer lugar, se fija el régimen de explotación de las aguas subterráneas, regeneradas y desaladas. Se podrán ejecutar sondeos para obtener recursos adicionales, así como asumir la gestión de otros existentes para garantizar un uso eficiente de aquellas captaciones que se consideren estratégicas para garantizar el consumo humano. Además, se establece la obligatoriedad de las aguas regeneradas siempre que estén en disposición de ser utilizadas, por ser un recurso estratégico en situaciones de sequía. Además, se hace un despacho preferente de todos los procedimientos en relación con la puesta a disposición de recursos de aguas desaladas.

En cuarto lugar, se introducen modificaciones de la Ley de Aguas de Andalucía para aprovechar todos los recursos disponibles durante periodos de sequía. Así, cualquier titular de una instalación de aguas desaladas o regeneradas, deberá comunicar a la Administración los recursos hídricos no convencionales disponibles para que pueda asignarlos de manera ágil y temporal durante una situación de sequía. El objetivo es que no haya recursos hídricos ‘ociosos’ en épocas de escasez de recursos.

Medidas de emergencia

La segunda línea de actuación articulada en el decreto se centra en medidas de emergencia de apoyo al sector agrario, ganadero y pesquero en Andalucía, con el objetivo de que no pierda competitividad como consecuencia de la sequía, la escalada de costes de producción y materia prima, la subida de la energía o los efectos de la guerra en Ucrania o la huelga de transportistas.

Entre las medidas dirigidas al sector ganadero se encuentran la exención total de la tasa de laboratorio para que titulares de explotaciones que pertenezcan a una asociación de defensa sanitaria ganadera no tengan que abonar la tasa por servicios de diagnóstico, análisis y dictámenes en aplicación de programas nacionales o autonómicos de control, vigilancia o erradicación de enfermedades animales, desde el día de la entrada en vigor del decreto y hasta el día 31 de diciembre de 2022.

Igualmente, se contempla la exención temporal de la tasa por servicios facultativos veterinarios, como la expedición de certificado para movimiento de animales vivos o la inscripción en el Registro de explotaciones ganaderas.

La Consejería, asimismo, va a convocar ayudas destinadas a inversiones para reducir las consecuencias de la sequía en la ganadería a través de balsas, cubas de agua y construcción de abrevaderos. La dotación presupuestaria inicial es de 2 millones de euros y permitirá subvencionar hasta el 80% de la inversión, dando prioridad a la ganadería extensiva, con una cuantía máxima por beneficiario de 40.000 euros.

En lo que respecta al sector agrícola se introduce una exención temporal de la tasa por servicios facultativos agronómicos como la expedición del certificado fitosanitario de exportaciones, la autorización de replantación de viñedos, la inscripción en el Registro oficial de operadores de medios de defensa fitosanitarios, incluido el carné de aplicador de fitosanitarios; y la inscripción y renovación de viveros y productores de vegetales.

Sector pesquero

Por último, el decreto incluye en materia pesquera el incremento de los anticipos de ayudas y la exoneración de tasas portuarias y de servicios veterinarios, dado el grado de afectación que sufre el sector pesquero y acuícola por la subida desorbitada de los combustibles y la energía. Una circunstancia que incluso ha provocado que la flota permanezca amarrada a puerto porque no pueden salir a faenar a pérdidas.

Las medidas aprobadas buscan contribuir a la viabilidad de un sector que es esencial para la economía y el empleo, del que dependen más de 20.000 familias andaluzas y que lleva años soportando recortes en sus posibilidades pesqueras. De este modo, se agilizarán y a adelantarán el pago de ayudas, a través de la modificación de las órdenes de ayudas a tripulantes para que pase de concurrencia competitiva a concurrencia no competitiva. Ello supone que conforme una solicitud presentada se considera correcta se procede al abono. Es decir, se evitan trabas y esperas innecesarias, al tiempo que se otorga liquidez al sector.

Así, a través de la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio, se plantean exenciones temporales de tasas portuarias para el sector pesquero, cuando se haya sido devengada durante el segundo trimestre de 2022. Y, además, se exonera de forma temporal del pago de las tasas por servicios facultativos veterinarios para las empresas de acuicultura.

Impulso al mundo rural andaluz

Por último, teniendo en cuenta que el mundo rural está siendo especialmente castigado por la sequía y la escalada de los precios del combustible, la energía y la materia prima, se hace necesario tomar medidas que impulsen su actividad. Es por ello que el decreto incluye medidas como la bonificación del 30% de las tasas de licencias de caza hasta el 31 de diciembre para residentes en Andalucía no federados, decisión que se suma a la bonificación del 50% para federados y a la reducción del 80% para menores de 18 años residentes en Andalucía.

La última medida incluida en el decreto supone la bonificación temporal de la tasa por servicios administrativos de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de la Administración en materia de calidad ambiental.




El ADIF adjudica actuaciones para la autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza

  • Los trabajos servirán para mejorar la seguridad del paso de los trenes de mercancías

El ADIF ha adjudicado distintas actuaciones para poner en marcha la autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza. En concreto, y por un importe de 2.237.277 euros, el ADIF ha adjudicado el contrato para la redacción de los proyectos de construcción necesarios para la adecuación del gálibo de los pasos superiores situados entre Bobadilla y Zaragoza al futuro tráfico de mercancías que generará la autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza. El contrato ha sido adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por SERS Consultores en Ingeniería y Arquitectura, Fulcrum Planificación Análisis y Proyecto, Carlos Fernández Casado y Eptisa, Servicios de Ingeniería.

La Autopista Ferroviaria es un sistema de transporte combinado en el que los vehículos de carretera (camiones) son transportados por ferrocarril en servicios lanzadera empleando material rodante y terminales específicamente acondicionadas según la tipología empleada. El gálibo se define como el espacio mínimo libre de obstáculos alrededor de la vía para que un determinado tipo de tren pueda circular por la misma con las debidas condiciones de seguridad. Debido a las características previstas en el nuevo material que circulará por la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, se hace necesario actuar para modificar el gálibo en diversas estructuras ya existentes a lo largo del recorrido, como son los pasos superiores de la vía.

El contrato adjudicado consiste en la prestación de servicios para la redacción de proyectos de construcción, con el fin de adaptar el gálibo de los pasos superiores entre Bobadilla (Málaga) y Zaragoza al óptimo para el servicio en la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Los pasos superiores sobre los que será necesario actuar son 361. En el caso del tramo que afecta más directamente a Córdoba son 26 los pasos superiores sobre los que se intervendrá entre Córdoba y Bobadilla y 89, entre Santa Cruz de Mudela y Córdoba.

El ADIF licitó en octubre del 2021 los primeros contratos para esta autopista ferroviaria. En concreto, sacó a concurso por un importe conjunto de 7.318.263,24 euros dos contratos para la redacción de los proyectos, de los que uno es el que ha adjudicado ahora.




La Junta prevé ingresar este año más de 5.500 millones de euros por el IVA y 1.200 millones por hidrocarburos

  • Juanma Moreno ha pedido a Pedro Sánchez la reducción de ambos tributos para aliviar los costes de producción de las empresas

El Gobierno andaluz prevé ingresar 5.555,84 millones de euros en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como otros 1.201 millones por hidrocarburos en el presente ejercicio, según figura en el apartado de ingresos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 2021 prorrogado para el presente ejercicio. Es decir, se trata de un cálculo sobre el papel que la Consejería de Hacienda está ahora ajustando debido a las especiales circunstancias que se están produciendo.

La importante subida de la inflación hace que en lo que va de año la Hacienda pública andaluza haya recaudado más impuestos que ejercicios anteriores. Así, y según figura en la información que elabora la Intervención General de la Junta de Andalucía, los datos de enero y febrero de este año ponen de manifiesto que los derechos reconocidos netos por IVA ascienden en estos momentos a 1.050,53 millones, mientras que en concepto de hidrocarburos los derechos reconocidos son 234,97 millones.

En el apartado de los tributos cedidos por el Gobierno a las comunidades autónomas para su financiación, el IVA se sitúa por su relevancia para los ingresos autonómicos casi al mismo nivel que el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), del que Andalucía contempla ingresar 6.143,96 millones de euros durante este ejercicio.

En 2021 la Junta de Andalucía previó unos ingresos por IVA de 6.011,26 millones, aunque los derechos reconocidos netos ascendieron a 6.053,56 millones. En el caso del Impuesto sobre Hidrocarburos la previsión de ingresos de la Junta en 2021 fue de 1.406,71 millones, mientras que los derechos reconocidos netos fueron finalmente 1.398,80 millones.

El porcentaje de cesión parcial por el Estado a la Comunidad Autónoma del Impuesto sobre el Valor Añadido es de un 50%, que asciende hasta un 58% en el caso del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

La propuesta de Moreno

En la Conferencia de Presidentes celebrada el 13 de marzo en La Palma, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reclamó la bajada del IVA de la energía y de los carburantes como «productos de primera necesidad» hasta el 4% como «la manera más rápida y directa posible de bajar el precio de la electricidad» al remarcar su repercusión en el empobrecimiento de las familias y del sistema productivo.

Moreno reclamó al Estado «que utilice la capacidad fiscal que tiene para bajar la presión fiscal en la energía y, además, las comunidades autónomas somos solidarias» porque el 50% de lo que se recauda del IVA va para el Estado y el otro 50% para las comunidades autónomas. «El esfuerzo lo hacemos de manera compartida», apuntó el presidente andaluz.

El presidente del Gobierno andaluz argumentó en esa rueda de prensa que España planteara a la Comisión Europea ese IVA superreducido, abogó por suspender impuestos indirectos que graban la electricidad y tasas, licencias y otros costes para los sectores más afectados por la crisis, como la agricultura, la pesca, la ganadería y el transporte.

Financiación autonómica

La Ley 18/2010 del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía rubrica de forma bilateral entre el Estado y cada Comunidad Autónoma la aplicación del modelo de financiación del quinquenio 2009-2014, regulado en la Ley 22/2009 para el sistema de financiación de las comunidades autónomas con régimen común.

En el artículo uno de la Ley 18/2010 se determina la cesión a Andalucía del rendimiento del 50% del IRPF, del Impuesto sobre el Patrimonio, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y los Tributos sobre el Juego.

El resto de la cesta de impuestos que se ceden parcialmente a las comunidades autónomas son el 58% en el Impuesto Especial sobre la Cerveza; del 58% es la cesión del Impuesto Especial sobre el Vino y Bebidas Fermentadas; el 58% se cede del Impuesto Especial sobre Productos Intermedios; el Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas se cede, con carácter parcial, en un 58%; el Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco, con carácter parcial, en el porcentaje del 58%; el Impuesto Especial sobre la Electricidad; el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte; y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

 



El mármol insta al Gobierno a evitar el colapso del sector desde las canteras de Macael

  • La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía realizará un acto reivindicativo este jueves

Otro sector al que está repercutiendo el paro de los transportistas convocado por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, así como la subida del coste de la electricidad y del combustible, es el de la piedra natural. Con el objeto de que el Gobierno central tome cartas en el asunto e incluya a la industria de la piedra en las ayudas para paliar los efectos de los disparatados costes y evitar “el colapso al que el sector está llegando”, la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) llevará a cabo este jueves un acto reivindicativo en las canteras de Macael, que irá acompañado del paro en las compañías; y es que con el tejido productivo están en jaque 5.000 empleos directos y 12.500 indirectos.



La construcción entra en colapso por la falta de rentabilidad

  • Ceacop advierte del incremento de los materiales, que encarecen la ejecución de los proyectos, e insta a las administraciones públicas a revisarlos al alza

El Obispado de Cádiz y Ceuta declaró desierta este viernes la licitación de las obras de rehabilitación de la Catedral Vieja en la capital gaditana con cargo a las subvención otorgada por los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Cultura y Deporte con cargo al 1,5% cultural. De acuerdo al acta de la mesa de contratación, esto se ha producido por el “considerable incremento de los precios en general y en particular en el ámbito de la construcción desde principios de marzo de 2020 y especialmente en las últimas fechas”.

La presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Ana Chocano, coincide en el diagnóstico. El betún, el acero, la madera, el aluminio o el cobre están por las nubes tras la pandemia porque, en un primer momento, se paralizó su producción y, cuando se pusieron fin a las restricciones, se trató de estimular la economía por medio de estímulos a la actividad creando una demanda inasumible y provocando, desabastecimiento y, por lo tanto, disparando el coste de las materia primas. A todo ello, hay que sumar la invasión rusa en Ucrania.

Los plazos administrativos no ayudan. “Cuando se presentaron las ofertas económicas, la situación económica era distinta a la actual”, apunta Chocano. Los precios del mercado han cambiado con respecto a cuando se firmaron los contratos y eso tiene consecuencias como la paralización de numerosos proyectos.

 

Cita a un socio, cuya identidad, prefiere mantener en el anonimato, al que le fue adjudicado un contrato por un millón de euros y tendrá que afrontar el sobrecoste de un 30% en la ejecución respecto al importe previsto de manera inicial.

“Estamos financiando las actuaciones: tenemos que comprar más caro pero nos pagan conforme a lo que se fijó en el precio de adjudicación”, insiste. En el caso de retraso en la ejecución, se aplican penalizaciones, sin tener en cuenta la dificultad de hacer acopio de material.

En estos casos, sostiene, lo adecuado es que se negocien rescisiones de contratos de común acuerdo, porque no son causas imputables al contratista, sino derivadas de una situación sobrevenida.

Pero la presidenta de Ceacop no tiene esperanzas de ser oídos por la Administración porque la única medida implantada por el Gobierno central ha sido del todo insuficiente. Chocano se refiere al Real Decreto Ley 3/2022, de 2 de marzo, para corregir el desfase provocado por los precios de las materias primas. “Las condiciones para acogerse a la revisión de los costes dejan fuera a la práctica totalidad de las empresas andaluzas”, denuncia en conversación telefónica.

Entre las limitaciones del texto, apunta que solo se aplicarán correcciones en las obras que se estaban ejecutando el pasado ejercicio. Tampoco valora la subida del precio de la energía.

Ante esta situación, Chocano se remite a una reciente nota de prensa en la que enumera algunas medidas para evitar “la destrucción de miles de empleos”. Entre ellas, plantea la aplicación de ERTE especiales por la paralización de la actividad por causa de fuerza mayor, tal y como se hizo con algunos sectores durante la pandemia.

En el ámbito autonómico, reclama a la Junta de Andalucía que elabore su propio sistema de revisión para permitir la ejecución de los contratos sin suponer la quiebra de las empresas y solicita a las entidades locales y supramunicipales que se acojan al mismo.

Y, en general, Ceacop demanda a los órganos de contratación que “sean flexibles y autoricen suspensiones temporales de ejecución mientras se acuerda el mecanismo de reequilibrio de los contratos.

Chocano insiste en que la situación es límite. Tanto que la patronal está barajando la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones y paros en las obras públicas de la región “si las administraciones no toman medidas que permitan restablecer las condiciones de equilibrio económicos en los contratos públicos firmados” o que se vayan a firmar.




La Junta de Andalucía no podrá volver a firmar contratos públicos por el sistema de emergencia

  • El Parlamento convalida el decreto ley que deroga esa norma y amplía el plazo para justificar las ayudas de solvencia a las empresas hasta el 31 de mayo

El Gobierno andaluz ya no podrá volver a firmar contratos públicos por el procedimiento de emergencia, el que puso en marcha con motivo de la pandemia del Covid pero que ha estado utilizado hasta el pasado 14 de marzo. El Parlamento andaluz ha convalidado un decreto-ley, el 1/2022 de 15 de marzo, en el que se modifican otros anteriores que permitían este modelo de contratación.

El asunto no es menor ya que este sistema de contratos públicos tiene muchos menos controles administrativos y técnicos que los habituales puesto que se diseñó para poder hacer frente a la crisis del Covid y se utilizó sobre todo por parte del SAS. El PSOE ha denunciado el «abuso» de este modelo y ha pedido información sobre todos los contratos que se hicieron con este procedimiento.

La respuesta del Gobierno andaluz fue derogar esta norma y este miércoles se ha aprobado en el Parlamento con los votos a favor de todos los grupos y la abstención de los de Unidas Podemos.

Ante el Pleno del Parlamento, el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha defendido este decreto que también amplía el plazo para justificar las ayudas a la solvencia empresarial hasta el 31 de mayo, dos meses más de lo previsto. Además, la norma plantea mejoras en la normativa aprobada para desarrollar medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía, con aclaraciones y adecuaciones técnicas que permitan el desarrollo de las seis líneas de incentivos en las respectivas convocatorias que van a ponerse en marcha, con una financiación global de 167,76 millones de euros.

Entre estas mejoras, según ha detallado el consejero, se encuentra la posibilidad de que las microempresas, trabajadores autónomos y empresas de economía social que quieran acogerse a la línea de mantenimiento de empleo y a la de ayudas a la transición hacia una economía verde y digital puedan presentar como actuación subvencionable la realización de acciones de capacitación, formación y sensibilización en economía verde o transformación digital con una duración mínima de 20 horas.

También se ha concretado para la línea denominada ‘Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables’ los requisitos necesarios para que las entidades accedan al incentivo de 6.000 euros por desempleado atendido e insertado laboralmente. Los colectivos a los que va dirigido este programa son personas con discapacidad, parados de larga duración (que lleven doce meses en situación de desempleo en los 18 meses anteriores al inicio del proyecto), personas pertenecientes a minorías étnicas, demandantes de empleo mayores de 45 años, inmigrantes, mujeres con problemas de integración social, desempleados en riesgo de exclusión social y perceptores de prestaciones.

Polémica política

La controversia política ha estado centrada en las críticas del PSOE, cuyo parlamentario Mario Jiménez ha explicado que este decreto refleja la «incapacidad, inutilidad e incompetencia» del Gobierno de PP y Cs para afrontar la crisis de la pandemia, además de «la rectificación y reconocimiento expreso de una culpa» de la Junta, que «ha estado contratando en fraude de ley al menos desde hace un año, abusando de la pandemia y sus terribles consecuencias para justificar poner en marcha más de 20.000 contratos a dedo como y cuando han querido y con quienes querían hacer esa contratación», según ha criticado antes de pedir al consejero que «no tome el pelo» al Parlamento esgrimiendo la bajada de la tasa de incidencia de la pandemia para justificar la derogación del procedimiento de contratación de emergencia.

Por parte de Unidas Podemos por Andalucía, el diputado Ismael Sánchez ha avanzado que su grupo no iba a poner «reparos» en apoyar modificaciones legislativas «puramente técnicas» que plantea este decreto, si bien ha sostenido que demuestran que en el Gobierno de PP y Cs son «muy chapuzas«, y por eso tienen que introducir esos cambios para »corregir errores« por sus »prisas« al gestionar. Además, respecto a la contratación de emergencia, ha criticado que la Junta ha estado utilizando la fórmula que ahora se deroga »hasta hace dos días« y para »cuestiones que no han tenido nada que ver« con la pandemia, por lo que la derogación »llega tarde«, aunque »bienvenida sea«.

El portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, ha acusado al Gobierno andaluz de llevar decretos al Parlamento «a modo de trágala» para «chantajear» a su grupo con uno como el debatido este miércoles que incluye cuestiones hacia las que están «a favor», como el fin de las contrataciones de emergencia y la extensión del plazo de justificación de las ayudas a la solvencia empresarial, con otras con las que están en contra, incurriendo así en «una práctica muy propia del Gobierno de Pedro Sánchez que deberían dejar de utilizar» desde la Junta, según ha comentado.




Alertan de un parón de las obras de la construcción la semana que viene por la falta de materiales

La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) ha alertado de que los problemas de desabastecimiento, provocados tanto por las tensiones en la cadena de suministro debido al Covid-19 como por la guerra en Ucrania y por el paro de transportistas, podrían provocar a partir de la próxima semana un parón de las obras.

Para evitar el colapso del sector, la patronal de las empresas que suministran los materiales para construcción, rehabilitación y reforma pide un plan de choque con medidas urgentes para garantizar la circulación en los puntos clave de acopio, lo que implica asegurar el acceso de sus transportistas a fábricas y centros logísticos.

En caso contrario, Andimac advierte de cierres de tiendas de materiales de construcción al no poder desarrollar su trabajo, lo que en última instancia afectaría a las obras, ya que la construcción es un proceso continuo en el que la falta de un material bloquea la actividad.

La patronal avisa de que los problemas se ven ya tanto en materiales de fases iniciales de obra (cementos y hormigón) como en otros como los acabados o la cerámica. También alerta de que si la parálisis se mantiene durante esta semana hasta conocerse las medidas concretas, la última semana de marzo el sector corre el riesgo de “desmoronarse por el desabastecimiento.

“En la actualidad no hay previsiones, solo una gran incertidumbre que requiere máxima prudencia en la gestión de los riesgos por parte de las empresas. Si a la tensión límite que nos provoca el incremento de los precios sumamos el coste de paralizar una obra, o mantenerla al ralentí, muchas empresas constructoras pueden colapsar y arrastrar de nuevo al conjunto del sector. Para evitarlo, el Gobierno debe tomar medidas urgentes”, señala el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero.