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La escalada de costes bloquea casi 300 obras públicas en Andalucía con 116 millones de euros en licitaciones desiertas

 
  • CEACOP señala que las licitaciones sin aspirantes dejan sin cubrir contratos por el triple de valor que en 2025
  • El coste de materiales como el betún se ha disparado hasta un 50% y el de la energía cerca de un 47%
  • El sector exige al Gobierno un decreto urgente para la revisión de precios en los contratos públicos

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) alerta de que el número de licitaciones públicas que han quedado desiertas en la comunidad se ha disparado en lo que va de año hasta rozar las 300, como consecuencia del incremento de los costes de construcción provocado por la crisis geopolítica en Oriente Medio. Estos contratos representan ya casi el 12% del volumen total adjudicado en la comunidad autónoma, el doble del porcentaje que se registró en el mismo periodo de 2025.

En términos económicos, las actuaciones que han quedado desiertas alcanzan los 116 millones de euros, lo que supone triplicar la cifra interanualmente y ya supera el montante total contabilizado a lo largo del conjunto del ejercicio pasado. “De no incrementarse el presupuesto de licitación y no habilitarse una fórmula de revisión de precios, dichas iniciativas no podrán ser atendidas por el mercado. La tipología de proyectos en esta situación es muy heterogénea y figuran desde el mantenimiento de carreteras hasta la construcción de todo tipo de edificios públicos”, dicen en la patronal.

Falta de mecanismos

Según el secretario general de CEACOP, Arturo Coloma, este incremento responde a la escalada de costes de materias primas derivadas de la crisis en el estrecho de Ormuz, así como a la falta de mecanismos eficaces de revisión de precios en los contratos de obra pública, un problema este último que no es nuevo y viene afectando al sector de forma continuada, especialmente agravado en periodos de crisis como ocurrió con el COVID, con la guerra de Ucrania y actualmente, con el conflicto en Oriente Medio.

“Una vez más, asistimos a una situación sobrevenida e imprevisible provocada por la inestabilidad geopolítica internacional; en esta ocasión, por la creciente tensión en Oriente Medio y sus efectos sobre los mercados energéticos y las materias primas. Mientras tanto, las constructoras se ven obligadas a asumir al incremento de costes, ya que no existen medidas de actualización de precios”, señala Coloma.

Desde el inicio del conflicto bélico en febrero de 2026, se han disparado los costes de materiales esenciales para la ejecución de infraestructuras como el betún (hasta un 50%), el acero corrugado y el hormigón, en ambos casos por encima del 15%. A esto se suma un encarecimiento de la energía cercano al 47%. Esto ha puesto en serias dificultades a las empresas constructoras para ejecutar los contratos, que se han visto obligadas a reducir el ritmo de ejecución.

Ralentizaciones

“Más del 50% de las obras adjudicadas están experimentando ralentizaciones significativas. Las empresas intentan reorganizar compras, suministros y procesos productivos a la espera de una estabilización de los mercados que permita recuperar parte de los sobrecostes sufridos. Hay contratos cuya ejecución resulta extraordinariamente compleja o directamente imposible en las condiciones actuales, sin mecanismos que permitan compensar ni siquiera de forma parcial los incrementos de costes”, añade Arturo Coloma.

 

Especialmente significativo es el del plan extraordinario de inversiones de la Junta de Andalucía para obras de asfaltado, con una dotación de 140 millones de euros. Estos contratos se licitaron antes de la escalada del conflicto con Irán y carecen de cualquier fórmula de revisión de precios, por lo que las empresas adjudicatarias están asumiendo un sobrecoste que ya rebasa el 30%.

Revisión extraordinaria de precios

CEACOP pone en el foco la dificultad de las empresas constructoras para ejecutar los contratos que fueron licitadas y adjudicadas bajo unas condiciones económicas que hoy han cambiado sustancialmente. A lo que se añade la falta de un paraguas legislativo que contemple estas eventualidades para adaptar los contratos a las circunstancias extraordinarias e imprevisibles.

Ante este escenario, la patronal exige al Gobierno central la aprobación inmediata de un real decreto que establezca un sistema extraordinario de revisión de precios y la incorporación estructural de estos mecanismos en la Ley de Contratos del Sector Público.

En este sentido, CEACOP advierte de que una respuesta administrativa tardía provocará la paralización de obras, la pérdida de inversión pública y graves problemas económicos para un sector estratégico que representa una parte esencial de la actividad económica y del empleo en España.




La escalada de costes bloquea casi 300 obras públicas en Andalucía

  • CEACOP denuncia la falta de mecanismos de revisión de precios y advierte de retrasos en más de la mitad de los proyectos en ejecución

 

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) alerta de que el número de obras públicas que han quedado desiertas en Andalucía se ha disparado en lo que va de año hasta rozar las 300, como consecuencia del fuerte incremento de los costes de construcción provocado por la crisis geopolítica en Oriente Medio. Estos contratos representan ya casi el 12% del volumen total adjudicado en la comunidad autónoma, es decir, se ha duplicado el porcentaje que se registró en el mismo periodo de 2025.

En términos económicos, las actuaciones que han quedado desiertas alcanzan los 116 millones de euros, lo que supone triplicar la cifra interanualmente y ya supera el montante total contabilizado a lo largo del conjunto del ejercicio pasado. De no incrementarse el presupuesto de licitación y no habilitarse una fórmula de revisión de precios, dichas iniciativas no podrán ser atendidas por el mercado. La tipología de proyectos en esta situación es muy heterogénea y figuran desde el mantenimiento de carreteras hasta la construcción de todo tipo de edificios públicos.

Según el secretario general de CEACOP, Arturo Coloma, este incremento responde a la escalada de costes de materias primas derivadas de la crisis en el estrecho de Ormuz, así como a la falta de mecanismos eficaces de revisión de precios en los contratos de obra pública, un problema este último que no es nuevo y viene afectando al sector de forma continuada, especialmente agravado en periodos de crisis como ocurrió con el COVID, con la guerra de Ucrania y actualmente, con el conflicto en Oriente Medio.

“Una vez más, asistimos a una situación sobrevenida e imprevisible provocada por la inestabilidad geopolítica internacional; en esta ocasión, por la creciente tensión en Oriente Medio y sus efectos sobre los mercados energéticos y las materias primas. Mientras tanto, las constructoras se ven obligadas a asumir al incremento de costes, ya que no existen medidas de actualización de precios”, señala Coloma.

 



La escalada de costes bloquea 300 obras públicas en Andalucía y duplica las licitaciones desiertas

  • Las actuaciones que han quedado paradas alcanzan los 116 millones en lo que va de año, superando ya el montante total del ejercicio pasado

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha alertado este lunes de que el número de obras públicas que han quedado desiertas en Andalucía se ha disparado en lo que va de año hasta rozar las 300, como consecuencia del “fuerte incremento” de los costes provocado por la crisis geopolítica en Oriente Medio. Estos contratos representan ya casi el 12% del volumen total adjudicado en la comunidad autónoma, lo que supone que se ha duplicado el porcentaje que se registró en el mismo periodo de 2025.

En términos económicos, las actuaciones que han quedado desiertas alcanzan los 116 millones de euros, lo que supone triplicar la cifra interanualmente y ya supera el montante total contabilizado en el conjunto 2025. “De no incrementarse el presupuesto de licitación y no habilitarse una fórmula de revisión de precios, dichas iniciativas no podrán ser atendidas por el mercado”, ha apunta la patronal, que ha precisado además, que “la tipología de proyectos en esta situación es muy heterogénea y figuran desde el mantenimiento de carreteras hasta la construcción de todo tipo de edificios públicos”.

Según el secretario general de Ceacop, Arturo Coloma, este incremento responde a “la escalada de costes de materias primas derivadas de la crisis en el estrecho de Ormuz, así como a la falta de mecanismos eficaces de revisión de precios en los contratos de obra pública, un problema este último que no es nuevo y viene afectando al sector de forma continuada, especialmente agravado en periodos de crisis como ocurrió con el Covid, con la guerra de Ucrania y actualmente, con el conflicto en Oriente Medio”.

“Una vez más, asistimos a una situación sobrevenida e imprevisible provocada por la inestabilidad geopolítica internacional; en esta ocasión, por la creciente tensión en Oriente Medio y sus efectos sobre los mercados energéticos y las materias primas. Mientras tanto, las constructoras se ven obligadas a asumir al incremento de costes, ya que no existen medidas de actualización de precios”, ha señalado Coloma.

Incremento de costes en materiales esenciales

Desde el inicio del conflicto bélico en febrero de 2026, de acuerdo con los datos facilitados por Ceacop, se han disparado los costes de materiales esenciales para la ejecución de infraestructuras como el betún (hasta un 50%), el acero corrugado y el hormigón, en ambos casos por encima del 15%. A esto se suma un encarecimiento de la energía cercano al 47%. Esto ha puesto en serias dificultades a las empresas constructoras para ejecutar los contratos, que se han visto obligadas a reducir el ritmo de ejecución.

“Más del 50% de las obras adjudicadas están experimentando ralentizaciones significativas. Las empresas intentan reorganizar compras, suministros y procesos productivos a la espera de una estabilización de los mercados que permita recuperar parte de los sobrecostes sufridos. Hay contratos cuya ejecución resulta extraordinariamente compleja o directamente imposible en las condiciones actuales, sin mecanismos que permitan compensar ni siquiera de forma parcial los incrementos de costes”, ha añadido Arturo Coloma.

Especialmente significativo es el del plan extraordinario de inversiones de la Junta de Andalucía para obras de asfaltado, con una dotación de 140 millones de euros. Estos contratos se licitaron antes de la escalada del conflicto con Irán y carecen de cualquier fórmula de revisión de precios, por lo que las empresas adjudicatarias están asumiendo un sobrecoste que ya rebasa el 30%, han apuntado desde la asociación .

Revisión extraordinaria de precios

Ceacop ha puesto en el foco “la dificultad de las empresas constructoras para ejecutar los contratos que fueron licitadas y adjudicadas bajo unas condiciones económicas que hoy han cambiado sustancialmente”. A lo que se añade la “falta de un paraguas legislativo que contemple estas eventualidades para adaptar los contratos a las circunstancias extraordinarias e imprevisibles”, han explicado.

Ante este escenario, la patronal ha exigido al Gobierno central la “aprobación inmediata” de un real decreto que establezca un sistema extraordinario de revisión de precios y la incorporación estructural de estos mecanismos en la Ley de Contratos del Sector Público.

En este sentido, Ceacop ha insistido en que una respuesta administrativa tardía “provocará la paralización de obras, la pérdida de inversión pública y graves problemas económicos para un sector estratégico que representa una parte esencial de la actividad económica y del empleo en España”.




Los ingenieros andaluces sobre Tragsa e Ineco: “El gobierno está creando campeones nacionales sin concurrencia”

  • Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) y otras patronales tienen siete pleitos contra el Gobierno central por competencia desleal

 

Ignacio Sánchez de Mora está al frente de la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica), que representa a 44 empresas con 1.000 ingenieros y una facturación agregada de 100 millones de euros, y que denuncia la estrategia del Gobierno central de engordar empresas públicas como Ineco -participada por Renfe, Adif, Enaire y el Gobierno de Canarias- o Tragsa -en cuyo capital están el Estado, comunidades autónomas y diputaciones– con “encargos a base de tarifa y sin competir”, lo que supone “competencia desleal para el sector privado”. Asica cuestiona que las diputaciones y autonomías entren en empresas como Tragsa o Ineco con porcentajes mínimos, lo que les permite considerar a esas empresas como ‘medios propios’ y hacerles encargos sin concurrencia.

Actualmente, Asica y CÍES – la Federación de Asociaciones de empresas de Conocimiento e Ingeniería de España, presidida también por Sánchez de Mora y que integra a más 170 empresas, que emplean a 5.000 ingenieros- son demandantes y codemandantes junto a otras patronales en siete procesos judiciales abiertos contra el Gobierno central por encargos o proyectos relacionados con el puente de la SE 40, el proyecto de urbanización en Melilla, el enlace fijo del Estrecho de Gibraltar, la integración ferroviaria de Jaén (junto con Fadeco) o la resolución de la CNMV por competencia desleal, entre otros.

-¿Por qué dice que en el sector público no se contrata bien en líneas generales?

-Porque habitualmente se aleja del objetivo de la Ley de Contratos que es obtener obras y servicios de gran calidad. Los servicios de ingeniería, denominados de carácter intelectual, se licitan por un precio muy inferior al valor que aportan y a su transcendencia en las siguientes fases de construcción y explotación de las infraestructuras. Un proyecto definido aporta certeza a la Administración y mitiga los riesgos de desviaciones en presupuesto y en plazo.

-En 2019, siete patronales de ingeniería denunciaron el abuso de los encargos por parte del Ministerio de Fomento a Ineco al entender que elimina la libre competencia entre empresas. ¿Sigue ocurriendo con Ineco o Tragsa?

-Desde 2019 la captura del mercado por parte de los medios propios no ha hecho nada más que crecer a pesar de nuestros esfuerzos para detener el abuso de los encargos. Ineco ya superó el año pasado los 500 millones de euros de cifra de negocio, siendo la empresa de ingeniería civil más grande de España en el mercado nacional, lo cual genera una situación impropia de una economía de mercado. Paralelamente, el grupo Tragsa y su consultora Tragasatec han experimentado un crecimiento exponencial de la mano de los fondos Next Generation, que por cierto estaban diseñados para las empresas privadas, alcanzando en 2025 los 2643 millones de euros, de los que 890 correspondieron a esa filial. Esto les convierte en los campeones nacionales de la ingeniería del transporte y medioambiental e hidráulica, respectivamente. Se están creando dos gigantes de miles de empleados que reciben encargos a base de tarifa y sin competir. Al hacer eso, la Administración renuncia a las diferentes alternativas técnicas y mejoras económicas que el mercado privado ofrece cuando concursa.

-¿Qué ha hecho la CNMC en aplicación de la Ley de Competencia?

-De momento la CNMC no quiere investigar, archivó nuestra denuncia con dos votos particulares de los cuatro de su consejo. Mientras tanto su división de Promoción de la Competencia, el Tribunal de Cuentas y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, no paran de publicar guías e informes en los que alertan del incremento de los encargos y los riesgos que conlleva.

-¿Qué ha dicho la Comisión Europea de vuestra denuncia contra Ineco por posible competencia desleal al recibir ayudas de Estado con tarifas por encima del mercado?

-La denuncia fue presentada en febrero sobre la base de un dictamen jurídico redactado por dos renombrados catedráticos de derecho, uno administrativo y otro mercantil. Entregué este documento al secretario de Estado del Ministerio de Transportes la primavera pasada. Ni siquiera nos recibió, delegando en la secretaria general de Transporte Terrestre, quien no nos aportó ninguna solución ni compromiso de reducción de encargos. En la actualidad estamos a la espera de que la Dirección General de la Competencia admita a trámite nuestra denuncia e inicie una investigación. Somos optimistas ya que la denuncia está muy armada y la Unión Europea no quiere que las empresas públicas compitan con las privadas, prueba de ello es que limitó su actividad mercantil a terceros no accionistas al 20%.

Se están creando dos gigantes de miles de empleados que reciben encargos a base de tarifa y sin competir”

-La comunidad canaria ha entrado en Ineco y los ingenieros se han rebelado.

-Vamos a tratar de impedirlo. En Cataluña ya sonó que la Generalitat estaba considerando la compra de acciones de Ineco. Tragsa ya es medio propio del Estado de las 17 comunidades autónomas y de 50 diputaciones. Su interés es dotarse de la mayor capilaridad posible para poder recibir encargos del mayor número de órganos de contratación. En el caso canario, tenemos previsto organizar un frente patronal e impugnar el primer encargo que reciban para propiciar que los proyectos se liciten en el mercado privado.

-La guerra de Irán ha incrementado los costes de los materiales y la energía. ¿Se está contemplando eso en la revisión de contratos?

-No hasta la fecha. Sin embargo, a Tragsa ya le han aplicado una revisión extraordinaria de sus tarifas. El caso de nuestros servicios de ingeniería es flagrante ya que la legislación vigente no permite la revisión de precios de los costes de personal. Esta es una cuestión capital que vamos a trabajar con los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

Puente del Centenario

-En 2025, las patronales de ingenierías CIES, donde se integra Asica, y Ceacop presentaron denuncia ante la Fiscalía contra el encargo del Ministerio de Transportes a Ineco para la redacción del proyecto del puente de la SE-40 aunque no tenía experiencia. El tema ha acabado en la Audiencia Nacional, ¿Creen que esa denuncia frenará los encargos a Ineco?

-El caso del puente de la SE-40 es paradigmático e indignante. Ineco carece de experiencia en puentes y resulta que el más complicado de España, se lo encargan. Desde la parte patronal no hemos solicitado medidas cautelares porque no queremos retrasar tan necesaria infraestructura para Andalucía. Lo que perseguimos es que la justicia se pronuncie acerca de si la eficiencia de los encargos debe determinarse caso a caso (en cada encargo) y que se limite el porcentaje de subcontratación sin excepciones. Debe conocerse que Ineco ha subcontratado la totalidad del vano atirantado central que es la parte más compleja del proyecto.

-¿Han llevado el asunto al Supremo?

-Tras el recurso que ganamos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que obligó a anular el primer encargo, mantuvimos una reunión con el director general de Carreteras en la que le solicitamos que licitase en el sector privado. No nos atendió y lo encargaron nuevamente, esta vez superando el umbral de 12 millones de euros que obliga a una autorización del Consejo de Ministros. Esta circunstancia nos habilitó a poder interponer una demanda ante el Tribunal Supremo que está admitida a trámite. La sentencia del Supremo será doctrina por lo que esperamos que restrinja y condicione la capacidad de encargar de la Administración a un medio propio que hoy en día es de facto ilimitada.

-La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha detectado un posible sobrecoste de más de cinco millones de euros en el precio del acero de la obra para sustituir los tirantes del Puente del Centenario de Sevilla.

–El puente del Centenario atraviesa un momento muy complejo, pero no me cabe duda de que si sólo dependiese del quehacer de los técnicos pronto se pondrían de acuerdo las partes para desmadejar el expediente y rematar una obra tan necesaria para el área metropolitana. Ha llegado el momento de planificar a largo plazo y blindar las inversiones necesarias, aunque sea a base de impuestos finalistas. Los ciudadanos merecen buenas infraestructuras y para ello pagan altos impuestos. La táctica política no debería influir tanto en la elección de las Comunidades Autónomas donde se ejecutan mayoritariamente las obras públicas. Se requiere un pacto nacional para las infraestructuras, es una cuestión estratégica. En Andalucía contamos con el Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad (Pitma ) con un horizonte al 2030. Esa es sin duda la vía correcta.

La inversión necesaria en carreteras en Andalucía se estima en 1.700 millones de euros”

Red de carreteras y ferroviaria de Andalucía

-En cuanto a la red viaria de Andalucía está bajo mínimos desde los últimos temporales, ¿qué inversión haría falta para mejorarla?

-Según la Asociación Española de la Carretera, el 30% de la red viaria de Andalucía tenía un deterioro muy grave y un 19% grave. Supone nada menos que la mitad de la red. El mismo informe señala que 4.400 kilómetros requieren una intervención en menos de 1 año y 2.600 en menos de 4 años. La inversión necesaria para tales actuaciones se estima en 1.700 millones de euros. Es indudable que esta comprometida situación se ha visto agravada por los últimos temporales. La Junta de Andalucía ha licitado esta primavera obras de emergencias por valor de 140 millones de euros, importe distante de las necesidades de la red. Hay que pensar en el coste que supone tener las carreteras en mal estado en términos de seguridad vial, desgaste de material rodante, incremento de consumo de combustible, emisiones…

-El accidente de Adamuz ha dejado al descubierto el lamentable estado de la red ferroviaria de Andalucía, pero no parece que Puente esté haciendo nada para mejorarlo. ¿Se dan las circunstancias para que pueda repetirse otro accidente similar en esa red?

-Espero que no. Quiero presumir que se está llevando a cabo una profunda auscultación de la red e incrementando considerablemente las partidas destinadas a su conservación y mantenimiento. Como usuario frecuente del ferrocarril sí que observo que se han reducido considerablemente las velocidades comerciales de los trenes. Es innegable que el accidente de Adamuz ha supuesto un importante quebranto para la ingeniería ferroviaria española que ha venido siendo palanca de exportación del sector en la ingeniería y construcción en las últimas décadas. Debemos analizar en profundidad lo ocurrido.

-La obra pública en Andalucía se dispara hasta 4.514 millones en 2025, pero la cuota de empresas regionales cae a niveles mínimos.

-Es muy buena cifra, si bien la inversión específica en servicios de ingeniería continúa siendo muy baja. La Junta de Andalucía no valora todavía suficientemente nuestros servicios, estamos trabajando para que se revisen los honorarios de licitación y se equiparen con los de la Administración General del Estado. Este hecho redundará en una mayor certeza del importe y el plazo de las obras públicas en Andalucía. Respecto a la cuota regional, si bien entendemos que la implantación y conocimiento del territorio es una ventaja competitiva, en ASICA creemos en la unidad de mercado y en la libre circulación de empresas.




Diez carreteras de Andalucía aún presentan cortes por los daños de las lluvias de febrero

  • Los trabajos comenzaron el 7 de febrero y ya han permitido la apertura de 45 vías afectadas
  • Se actúa para garantizar la seguridad tanto en daños en taludes y deslizamientos

El 5 de febrero, la Junta ordenaba el desalojo preventivo de todos los vecinos de la localidad de Grazalema. Las imágenes de la lluvia saliendo desde el suelo, por enchufes y anegando buena parte de ellas, tardarán en borrarse. Los daños producidos no sólo en esa localidad, sino en todas las provincias andaluzas, tampoco lo harán. Según ha podido conocer este periódico de fuentes de la Consejería de Fomento, cuatro meses después del desconocido frente de tormentas, todavía hay diez carreteras afectadas por cortes e itinerarios alternativos. Los destrozos han sido más que importantes y afectan a la seguridad del tráfico y a los usuarios de las mismas, por lo que la Junta ha llevado a cabo un plan de reconstrucción sin precedentes. Pese a actuar desde el primer minuto, lo que queda por hacer, todavía llevará tiempo.

La Junta tomó las riendas desde un primero momento y el 7 de febrero de este año declaró hasta 45 obras de emergencia dentro del denominado Plan Andalucía Actúa. Se trataba de un despliegue sin precedentes hasta ese momento, que incluyó la movilización de 620 trabajadores de empresas adjudicatarias de estos en los tajos abiertos en las carreteras, a los que se sumaron los más de 500 empleados de los equipos de conservación de carreteras de la propia Junta que también trabajan en la vialidad de la red viaria autonómica.

Se trata, según las mismas fuentes, de “la mayor inversión que se ha realizado en obras de emergencia en carreteras, con 283 millones de euros, acorde a la situación insólita que se ha vivido en los meses de febrero y marzo con el tren de borrascas”. Estas obras de emergencia afectaron a cerca de mil kilómetros de vías en las ocho provincias que precisaban actuaciones inmediatas en la retirada de desprendimientos, firmes deteriorados y problemas estructurales y que afectaba directamente a la seguridad del tránsito por las mismas.

Fruto de este trabajo se ha conseguido reabrir 45 carreteras autonómicas gravemente dañadas, muchas de ellas en tiempo récord. La última de ellas fue precisamente en abril, en un tramo dañado de la carretera A-372 de Grazalema a Benamahoma, en la provincia de Cádiz. Con esta última apertura al tráfico, en la comunidad autónoma sólo quedan diez vías cortadas al tráfico “por razones evidentes de seguridad vial y, en su mayoría con itinerarios alternativos de fácil acceso para los vecinos o con franjas”, según añaden desde la Consejería.

Desde la Junta consideran que las obras marchan al ritmo previsto, aunque varían en función de la gravedad y la tipología de los daños ocasionados por el tren de borrasca. “Tenemos tajos que ya han terminado completamente, como las obras en carreteras de la provincia de Sevilla, como la Lora del Río-Peñaflor (A-431) o la de Carmona a la A-92 (A-8100), que requerían de una profunda mejora del firme, y otras en avanzado estado como la reparación de carreteras que conectan municipios de la Campiña Sur y la Subbética Cordobesa o de la comarca de la Sierra de las Nieves”.

También quisieron dejar claro que “los daños producidos no han sido por falta de mantenimiento, sino por un tren de borrascas insólito, con cifras récord de precipitación. Se está actuando sobre todo en daños en taludes y deslizamientos, no por el estado de la vía. Precisamente son estas obras las que requieren de más tiempo de ejecución, ya que no sólo depende de maquinaria, sino que depende de trabajos especializados, de gran complejidad y que requiere de equipos humanos sobre la ladera”. Es el caso de carreteras de la Sierra de Cádiz, de la Serranía de Ronda o el acceso a Sierra Nevada.

Sirva como ejemplo que en Cádiz se detectaron 200 incidencias en 32 carreteras; en Málaga, sobre todo en la Serranía de Ronda, hubo nueve obras de emergencia valoradas en 47 millones de euros; en Jaén llegaron a 97 incidencias en 40 carreteras, cifras que en Granada eran 61 en 25 respectivamente. Por último Córdoba precisó actuaciones en 24 carreteras, en Sevilla en 3, en Huelva 18 y en Almería, la menos afectada sólo precisó actuar en dos incidencias en la red autonómica.

Estas actuaciones de emergencia van en paralelo a otras intervenciones de calado para la mejora de la red autonómica de carreteras, como el nuevo Plan de Asfaltado, que cuenta con 151 millones de euros para la renovación del firme, una cifra 17 veces superior a la que habitualmente se destina a esta materia. Los contratos del Plan de Asfaltado, divididos por provincias, están en su mayoría adjudicados. Los primeros trabajos de este plan comenzarán en el mes de junio.




Los Ingenieros de Caminos alertan del deterioro del sector por la presión de precios y los bajos salarios

  • El decano de Andalucía, Ceuta y Melilla exige unas “líneas rojas infranqueables y un consenso de mínimos” que permita reformar las actuales condiciones en la Ingeniería

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ICCP) alertan del deterioro del sector por la presión de precios y los bajos salarios.

El gremio ha celebrado esta semana una jornada sobre la calidad en el empleo de los ICCP en el sector de la Ingeniería, organizada por la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Sevilla, que ha puesto en evidencia la sintonía de administraciones públicas, empresas de ingeniería y construcción, asociaciones sectoriales y profesionales sobre la necesidad de tomar medidas que permitan mejorar las condiciones empresariales y las laborales y salariales de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para reforzar la competitividad del sector.

El decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, Juan Manuel Medina, ha abierto la jornada apelando a la unidad de todos los agentes implicados para alcanzar un “consenso de mínimos” que permita revertir el deterioro progresivo de las condiciones profesionales y empresariales del sector. “Debemos ser capaces hoy de acordar unas líneas rojas infranqueables y que todos rememos juntos para reformar las condiciones de contratación del sector”, ha afirmado. Un acuerdo que se ha hecho palpable en las diferentes intervenciones de los representantes públicos y privados en las distintas mesas.

Medina ha alertado del riesgo de consolidar una “Ingeniería low cost”, consecuencia de años de adjudicaciones a la baja, pérdida de prestigio social y unas condiciones salariales insuficientes para una profesión que asume una enorme responsabilidad técnica y social. “La calidad del empleo de un ingeniero de Caminos determina la seguridad y la sostenibilidad de las infraestructuras que construimos. Cuando los contratos se adjudican primando el precio sobre la excelencia técnica, se compromete la eficacia de las obras y se debilita nuestra función social”.

Asimismo, ha advertido de que ya el 73% de las empresas tiene problemas para encontrar ingenieros y que España necesitará incorporar 200.000 nuevos profesionales en la próxima década. Este panorama coincide, ha hecho hincapié, con la falta de egresados en las escuelas y la jubilación del 35% de los Ingenieros de Caminos en un plazo de diez a trece años.

“El futuro de los países depende en gran medida de su ingeniería y ese futuro pasa inevitablemente por mejorar el actual panorama. Hagámoslo posible”, ha reclamado. Para ello, ha incidido en la urgencia de que las licitaciones otorguen el peso real a la calidad técnica, de que se recuperen las cláusulas de revisión de precios “para evitar que los salarios de nuestros ingenieros se vean devorados por la inflación en contratos de larga duración”, y en la necesidad de seguir trabajando para recuperar el reconocimiento social de la profesión. “No podemos permitir seguir siendo invisibles para la sociedad, excepto cuando hay catástrofes o escándalos; debemos cambiar este discurso desmotivador”, ha concluido.

El viceconsejero de Fomento de la Junta: “La inversión está muy por debajo de lo deseado”

Durante la inauguración, el viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Mario Muñoz-Atanet, ha asegurado que “las infraestructuras son para la sociedad como el esqueleto para un ser vivo; son su pulso vital y no sólo favorece el desarrollo, sino que permite que se extraiga su riqueza. Aportan un valor de desarrollo imprescindible, tienen valor patrimonial y su inadecuado mantenimiento puede dar lugar a elevados costes y deben diseñarse con garantías suficientes”.

Muñoz-Atanet ha lamentado que desde 2009 se realizó un ajuste en gasto público y la inversión está muy por debajo de lo deseado. “Necesitamos buenos equipos, buena ingeniería, buenos diseños, buena supervisión y buen mantenimiento. Cuando compras barato es porque no valoras la calidad del producto. La administración debe velar por la calidad y la economía, un equilibrio entre ambas debe ser lo esencial para un valor tan importante”.

Por ello, ha concluido, “debe realizarse una revisión profunda de la Ley de Contratos Públicos porque está provocando tensiones y afectando gravemente a las infraestructuras”. También ha insistido en que es necesario reforzar la presencia de los ingenieros en las administraciones, poniendo como ejemplo a la propia administración andaluza, que va a modificar la RPT para incrementar la dotación de profesionales ICCPs.

El viceconsejero de Sostenibilidad de la Junta

A continuación, ha tomado la palabra el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona, quien ha puesto de relieve que la calidad en el empleo de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos constituye hoy un factor estratégico para el desarrollo económico y social de Andalucía.

En un contexto marcado por la transición ecológica, la digitalización y la creciente complejidad de las infraestructuras, ha subrayado la necesidad de alinear las condiciones laborales con el alto nivel de responsabilidad y cualificación que exige la profesión, abordando retos como la sostenibilidad en la inversión pública y privada, la fuga de talento y la necesidad de perfiles altamente especializados.

Ha concluido su intervención poniendo el foco en Andalucía, destacando su enorme potencial como nodo logístico, referente en energías renovables y territorio clave en la gestión del agua y la adaptación al cambio climático. En este sentido, Arjona ha incidido en la importancia de impulsar una planificación a largo plazo, fomentar la innovación y mejorar la calidad del empleo como condición imprescindible para atraer y retener talento, garantizar infraestructuras de excelencia y consolidar un modelo de desarrollo sostenible en Andalucía.

Mejorar las condiciones de las empresas para retribuir mejor a los profesionales

En nombre de la Comisión de Consultoría e Ingeniería del CICCP, Ignacio Sánchez ha defendido que “no se pueden mejorar las condiciones de los ingenieros si no se mejoran las de las empresas en las que trabajan”. Ha advertido del deterioro creciente de la actividad y de su impacto en la atracción de talento, la innovación y el prestigio social de la profesión. Entre las propuestas planteadas, ha enumerado la recuperación de las cláusulas de revisión de precios, el establecimiento de tarifas orientativas, una mayor ponderación de la calidad técnica en las licitaciones y la fijación de umbrales que eviten ofertas anormalmente bajas.

El subdirector adjunto de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Tomás A. Sancho, ha reiterado que la contratación pública debe crear las condiciones necesarias para retener talento y garantizar que los servicios intelectuales de Ingeniería sean prestados por los mejores profesionales. Ha aclarado que los gastos generales que se consideran normativamente (13% o 17%) no responden a la realidad (del orden de un 60%) y que esto ha de ser tenido en cuenta en los precios unitarios de referencia en los que se basen los presupuestos de los Pliegos.

Juan Antonio Carrillo Donaire, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, ha explicado que la reforma de las directivas europeas de contratación pública representa una oportunidad para reorientar el modelo hacia el valor, la calidad y los resultados, reforzando la solvencia técnica, los criterios cualitativos y la lucha contra las ofertas anormalmente bajas; profesionalizar la preparación y valoración de los contratos, y asegurar presupuestos de licitación adecuados para servicios intelectuales como la ingeniería. “El objetivo no es contratar más caro, sino contratar mejor: con más competencia efectiva, más innovación, más sostenibilidad económica y una Administración capaz de valorar la calidad técnica como elemento central del interés público”.

En la misma línea, el director general de Contratación de la Junta de Andalucía, Alejandro Torres Ridruejo, ha ahondado en las herramientas legales disponibles en la administración andaluza para asegurar que la calidad en la prestación de los servicios de Ingeniería vaya acompañada de una adecuada retribución a las empresas contratistas; desde el convencimiento de que “un buen resultado para la Administración solo pasa por la calidad en la prestación, que exige una adecuada retribución a la empresa contratista”.

Consenso sectorial para fortalecer la Ingeniería andaluza

La mesa sectorial, con representantes de CÍES-ASICA, CEACOP, FADECO Contratistas y la empresa Navier Ingeniería, ha concluido en la necesidad de dotar de estabilidad presupuestaria a la inversión en infraestructuras mediante la consignación de un porcentaje base del PIB destinado a su construcción y conservación, con el objetivo de garantizar el progreso del país, aportar certidumbre al sector y frenar la fuga de talento.

Asimismo, han reclamado que las administraciones refuercen su apoyo a la ingeniería de consulta, integrando su labor en todo el ciclo de vida de las infraestructuras, también en la fase de conservación. Entre las principales demandas, han instado a establecer precios de licitación ajustados a la estructura real de costes de las ingenierías, de modo que los contratos definan con claridad su alcance, responsabilidad y valor. También han pedido que los pliegos contemplen cláusulas y partidas específicas que permitan remunerar adecuadamente las modificaciones o demoras que puedan producirse durante la ejecución de los contratos.

Del mismo modo, han defendido la necesidad de limitar los encargos a medios propios de la Administración, fomentar la libre concurrencia y agilizar los procedimientos de contratación y adjudicación.

El presidente de Asica, Ignacio Sánchez de Mora; el secretario general de Ceacop, Arturo Coloma; el representante de Fadeco Contratistas, Juan Aguilera; y el CEO de Navier Ingeniería, Iñigo Barahona; moderados por la vocal de Caminos Andalucía Mercedes Sánchez, han coincidido en que “la Ingeniería de consulta puede y quiere ayudar a la Administración”. “Queremos ser vuestros aliados en el desarrollo de las competencias que os corresponden, pero necesitamos un marco propicio para desarrollar los contratos”, han subrayado, al tiempo que han apelado a una actuación conjunta y coordinada del poder legislativo, las administraciones públicas —incluida la de Hacienda— y las patronales, en línea con las directivas europeas.

La Mesa de las Administraciones, moderada por Ana Chocano, Vicedecana de Caminos Andalucía, ha contado con el secretario general del Agua de la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo Sánchez, quien ha apuntado que los desafíos asociados a la resiliencia hídrica exigen modernizar la Administración, impulsar la digitalización y configurar equipos multidisciplinares capaces de atraer y retener talento. Angulo ha incidido también en la importancia de anticipar el relevo generacional para evitar la pérdida del conocimiento y la experiencia acumulada por los profesionales que han diseñado y conservado el patrimonio hidráulico andaluz.

El director de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), Ángel Pulido, ha destacado durante su intervención la aportación de la consultoría en el desarrollo de proyectos de especial complejidad. En este sentido, Pulido ha subrayado la importancia de contar con perfiles expertos y cualificados en el ámbito de la ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; así como con equipos sólidos que garanticen la calidad en la planificación, desarrollo y ejecución de los proyectos. Asimismo, el director de la Autoridad Portuaria ha señalado que esta institución está impulsando medidas orientadas a priorizar la calidad técnica de las ofertas y de los equipos en los procesos de licitación pública, con el objetivo de asegurar una correcta ejecución de los contratos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los licitadores.

Nuria Jiménez, directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ha puesto el foco en la “escasa retribución” de los ingenieros de Caminos que desarrollan su labor en la Administración General del Estado, especialmente aquellos que asumen funciones de dirección de presas, proyectos y obras. “Los sueldos son muy bajos en relación con la enorme responsabilidad que asumimos y, además, no se retribuye en absoluto la disponibilidad permanente, las 24 horas del día, los 365 días del año”, ha señalado. Jiménez ha subrayado también que “si se compara con otras administraciones públicas, con las sociedades estatales ACUAES y SEIASA, o con la empresa privada, las diferencias salariales son muy significativas, pese a desempeñar funciones similares y de alta complejidad técnica”, recordando además que estos profesionales acceden a sus puestos tras superar una exigente oposición pública.

Por su lado, Eduardo Gutiérrez García, director general de Infraestructuras del Transporte, ha reivindicado que “tenemos proyectos muy grandes con una gran responsabilidad”. Pese a ello ha lamentado que “la administración pública tiene pocas herramientas y es una gran injusticia. Hay pocos sectores en los que aportemos tanto valor y se cobre tan poco por ello”. Sobre la situación del sector, ha explicado que “cuando las consultorías contratan a precios bajos, los proyectos salen adelante gracias que se echan muchas horas que ni siquiera se cobran. Los proyectos que se hacen en el extranjero, similares a otros que se realizan en España, se cobran el triple. No sé cómo se ha llegado a eso”.

Una llamada conjunta para dignificar la profesión

La jornada ha concluido con un amplio consenso sobre la necesidad de impulsar cambios normativos y administrativos que permitan fortalecer la ingeniería española, garantizar unas condiciones laborales dignas y recuperar el reconocimiento social de una profesión esencial para el desarrollo económico, la seguridad y la sostenibilidad.




El Consejo de Gobierno aprueba el Plan Estratégico de Justicia de Andalucía

  • El consejero destaca la inversión de 1.500 millones de euros destinados a la mejora de infraestructuras en todos los partidos judiciales
  • Las ciudades de la justicia de Huelva, Jaén y Cádiz están entre las 50 nuevas sedes

 

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha informado de que mañana en el Consejo de Gobierno, el último en el que el actual gobierno tendrá plenas funciones, se aprobará el Plan Estratégico de Justicia para la región 2023-2030, de modo definitivo, en el que “ya hay un rumbo y un criterio que se ha dialogado, debatido y acordado con los operadores jurídicos”, con el “el objetivo de que los andaluces reciban el mejor servicio público de justicia de toda España”. El también candidato del PP cordobés ha resaltado que la comunidad va “por buen camino” porque este plan “ya se está implementando desde enero de 2023, que es cuando se aprobó su elaboración”, y tiene cinco ejes.

Según ha detallado, “el primer eje tiene que ver con las sedes judiciales“, con “una inversión de más de 1.500 millones de euros si finalmente se llevan a término las grandes sedes judiciales, las ciudades de la justicia de Jaén, de Huelva y de Cádiz, a través de la concesión de obra pública”, con “un plan de infraestructuras judiciales que va a actuar en los 85 partidos judiciales y que va a poner en marcha 50 sedes judiciales nuevas para poder implementar la justicia líder que Juanma Moreno quiere para Andalucía”.

El segundo eje es la justicia digital, después de encontrarse “una situación absolutamente empantanada con el PSOE, con el proyecto fallido Adriano que se encontraba en punto muerto, que no tenía posibilidades de ejecución y de puesta en marcha en los plazos previstos”, pero “entre la primera y la segunda legislatura del gobierno de Juanma Moreno se ha conseguido darle la vuelta a esa realidad, al conseguir que se implementara y se pusiera en marcha en el año 2024”, aunque “la aprobación de la Ley de Eficiencia en materia de justicia que aprobó el Ministerio sin consenso con las comunidades autónomas bloqueó la implementación”, pero “ahora se retoma y va a ser el mejor sistema de tramitación judicial de cuantos hay en este momento en España”.

El tercer eje es el de los recursos humanos, destacando que “se ha dedicado una parte muy importante del tiempo de gestión en esta legislatura con todos los operadores jurídicos y, sobre todo, con los funcionarios de justicia, con los que estamos a punto de cerrar un acuerdo para la mejora de la productividad en Andalucía, que puede y debe ser histórico”. El cuarto eje es el de humanización de la justicia, argumentando el consejero que “la justicia no puede ser algo impersonal, en la que no importan los plazos”, de manera que ha defendido “una justicia en tiempo, en forma y que se entienda”, algo que se va a recoger en este eje, “donde se incorpora también algo tan importante como la posibilidad de búsqueda de acuerdo entre las partes a través de la mediación, que ya está dando buenos resultados, que está permitiendo un avance muy importante”.

Al hilo de ello, ha hecho mención a la justicia juvenil, citando que “hay más de un 80% de chavales que tienen algún problema en materia de justicia juvenil, pasan por un centro de internamiento y luego no reinciden”. “Eso es un éxito a poner de manifiesto y defender en el presente y en el futuro”, ha remarcado Nieto.

Y el último eje, ha agregado, es el de la sostenibilidad, de forma que “la justicia debe ser coherente con la estrategia global del gobierno y con una realidad social, que es la necesidad de respetar el planeta, la sostenibilidad del sistema”. A su juicio, “no es lógico que en 2026 la justicia andaluza se gaste al año más de diez millones de euros en papel, en fotocopias y en envíos postales”. En este sentido, el popular ha declarado que “ese dinero tiene que ir para otras cosas y no se puede seguir desperdiciando materias primas que contaminan, como es el papel o como es la energía”.




El top 10 de licitaciones desiertas en Andalucía: 458 millones se quedan en el cajón en 2025

  • La inflación de costes ha elevado el número de inversiones no ejecutadas, aunque muchas veces suponen más un retraso porque los procedimientos se vuelven a lanzar

 

Las licitaciones desiertas -a las que no acudió ninguna empresa o no cumplieron los requisitos de los pliegos- han aumentado de forma muy importante tras la pandemia por la subida de costes motivada por la inflación. Y continúan lastrando la inversión de forma muy significativa, según se desprende del estudio realizado por Intescia-Doubletrade, plataforma de inteligencia comercial y Big Data especializada en los sectores de construcción y licitación pública.

En el conjunto de España se registraron en las plataformas de contratación pública 9.819 concursos desiertos, con un valor económico de licitación en su conjunto de 4.011 millones de euros, un 86,1% más que en 2021.  El importe medio por licitación desierta supera los 408.000 euros.

Andalucía, tercerca comunidad con mayor volumen de inversión no ejecutada

Andalucía es la tercera comunidad con un mayor volumen de inversión que se ha quedado en el cajón por este motivo. En total, son 458 millones los que no se han podido ejecutar al no encontrar empresas las administraciones para llevarlos a cabo. En muchos casos, los contratos se han vuelto a licitar en otro pliego, pero el hecho de que queden desierto en una primera instancia refleja la dificultad de conciliar los intereses de las administraciones y las empresas. El mayor volumen se dio en Málaga, con 168,3 millones sin ejecutar; a la que le siguió Cádiz, con 89,9 millones; Sevilla, con 71,2 millones; Jaén, 38,7 millones; Córdoba, 28,2 millones; Almería, 25,8 millones; Granada, 22,4 millones, y Huelva, con 13,13.

El rastreo de Intescia-Doubletrade no se ha limitado a los datos globales, sino que incluye, también, todos los proyectos licitados que finalmente no llegaron a buen puerto.

Este es el top 10 de licitaciones desiertas, que muchas veces reflejan realidades diversas y no solo la inflación de los costes empresariales. Hay errores administrativos incidencias puntuales, y también modelos de contratación poco atractivos para el mercado.

Un aparcamiento en ronda, desierto y vuelto a licitar

En Andalucía, el mayor de ellos, el que ocupa el puesto número uno en el ránking, fueron las obras de construcción de un edificio de aparcamientos en Ronda y su posterior explotación, que se licitó por un valor de 56,7 millones de euros. Forma parte de un proyecto para la creación de dos nuevos aparcamientos con unas mil plazas, en San Francisco y en el Cuartel de la Concepción. Este último quedó desierto en junio de 2025, pero el Ayuntamiento sacó una segunda licitación, que, esta vez sí, fue adjudicada a Onlyparking S. L. en el mes de septiembre.

El modelo energético de la Universidad de Málaga

El número dos sigue la misma pauta que el uno. Es un contrato mixto de suministro de energía eléctrica, instalación y explotación de instalaciones solares fotovoltaicas en la Universidad de Málaga, valorado en 32 millones de euros. Se trataba del mayor concurso de suministro eléctrico e instalación de energías renovables de todo el ámbito universitario español y quedó desierto al presentarse solo una empresa y entrar fuera de plazo. De nuevo se volvió a licitar y finalmente fue adjudicado a una UTE encabezada por GSL por 42,2 millones de euros.

Rehabilitación de un edificio en Jaén para su uso como residencia

El tercero es el contrato, licitado por la Universidad de Jaén, de concesión de servicios con ejecución de obra para la rehabilitación y adecuación del edificio de la antigua Escuela Politécnica Superior de Linares para su uso como residencia universitaria, incluyendo la explotación y gestión posterior por parte de la empresa concesionaria. El valor de la licitación era de 27 millones y quedó desierto. La Universidad de Jaén ha vuelto a licitar el contrato y ahora está pendiente de adjudicación.

Contrato para proveedores de Navantia que fue reformulado

El cuarto corresponde a Cádiz y es la licitación de Acuerdo Marco Tarifario para Servicios de manipulación de cargas suspendidas en Navantia Reparaciones Cádiz, por un valor de 24 millones. Quedó desierto y Navantia reformuló el modelo y el pasado mes de septiembre lanzó un procedimiento diferente, un Acuerdo Marco Dinámico que es menos rígido al permitir la entrada de distintos proveedores en un periodo que se extiende hasta 2029,

Edificio de la Administración General del Estado en Cádiz

El quinto son las “obras de construcción del nuevo edificio de uso administrativo en la Avenida de Andalucía 1 y 3, Plaza de la Constitución 2 de Cádiz”, que se refieren al nuevo edificio de la Administración General del Estado en la localidad. Se licitó por 15,4 millones de euros y en una primera licitación se ha quedado desierto a pesar de la recepción de tres ofertas.

Concesión de los terrenos para una gran residencia universitaria en Málaga

El sexto también es de Málaga y también de la Universidad. Se trata de la Concesión demanial (por 75 años) de los terrenos integrantes de la parcela CM/R del Plan Especial PE T1 Ampliación Universidad del PGOU de Málaga, destinada a la ejecución de proyecto constructivo de Residencia Universitaria y su explotación. Se trata, del paso previo para la construcción de una gran residencia estudiantil en el campus de Teatinos de Málaga, con capacidad para entre 800 y 1.000 personas. El contrato estaba valorado en 10,7 millones de euros y, tras quedar desierto en noviembre al no cumplir el único licitador con los requisitos de los pliegos. En diciembre la Universidad de Málaga publicó una nueva licitación con exigencias técnicas diferentes, aún pendiente de adjudicación.

Servicio integral de atención a personas sin hogar en Málaga

El séptimo, valorado en 10,4 millones, es el servicio de atención a personas sin hogar de Málaga; se trataba de externalizar todo el sistema, que integra hasta tres centros de acogida. En mayo de 2025 quedó desierto a pesar de que se presentaron tres ofertas, por no cumplir los requisitos económicos o técnicos del pliego. El consistorio ha seguido adjudicando lotes pequeños a diferentes empresas.

Rehabilitación de la antigua fábrica de vidrio de La Trinidad, en Sevilla

El octavo es el de las obras para la ejecución del Proyecto Básico y de Ejecución para la Rehabilitación de la Antigua Fábrica de Vidrio de la Trinidad. Fase 1, naves 1 y 4, del Ayuntamiento de Sevilla y valorado, también, en 8,5 millones. En este caso no se recibió ninguna oferta en un contexto de incremento de costes en el sector de la construcción y el municipio se vio obligado a devolver 2,4 millones de fondos europeos que había solicitado para poder ejecutar la obra

Limpieza de colegios en Granada

El noveno es el procedimiento abierto para el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de Granada, valorado en 7,8 millones. Quedó desierto en febrero de 2025 tras denunciar empresas y sindicatos que el precio hora no cubría los costes salariales de convenio. El Ayuntamiento lo volvió a licitar con un precio hora ajustado, pero con un menor importe (cuatro millones), lo que apunta a una reformulación del contrato, bien mediante una reducción del alcance o un ajuste de su duración

Cafetería del Edificio Central de la Universidad de Almería

El décimo, y último del top 10, es la gestión de la cafetería del Edificio Central de la Universidad de Almería, con un valor estimado de 5,06 millones de euros. Tras jubilarse el que fue concesionario por 50 años, se lanzó a licitación y solo se presentó una empresa, cuya oferta fue excluida por presentarse fuera de plazo, por lo que quedó desierta. La Universidad de Almería inició un nuevo procedimiento que está en marcha ahora. Se han presentado cinco empresas. De momento, Café Entre Naranjos ha obtenido la mejor puntuación y está pendiente de adjudicación definitiva.




Juanma Moreno acepta el plan estatal de vivienda que blinda las VPO 50 años e invierte 1.197 millones en Andalucía

  • El PP incorpora el plan estatal en su programa electoral y la Junta inicia la modificación de su estrategia de vivienda protegida para adaptarla a la normativa aprobada por el Ministerio con el compromiso de que la Junta asuma el 40% de la financiación

 

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha aceptado el nuevo plan estatal de vivienda aprobado por decreto el 22 de abril y que establece un nuevo modelo de financiación y una reordenación de las líneas de actuación de las comunidades autónoma. Pese a que durante los últimos meses se han registrado alegaciones y se ha cuestionado este documento, en sólo una semana se han dado dos pasos clave que reflejan la aceptación de este decreto del Ejecutivo. En primer lugar, se ha incorporado como tal el plan estatal al programa electoral con el que el PP concurre a las elecciones del 17 de mayo. En segundo lugar, la Consejería de Vivienda, ha iniciado formalmente la adecuación del Plan Vive 2020-2030, el documento aprobado hace seis años y que fija las bases de la estrategia autonómica de VPO.

Andalucía tiene en juego 1.197 millones de euros en este nuevo plan estatal. Por primera vez el Gobierno de España aportará el 60% (718 millones de euros) y obliga a la Junta de Andalucía a aportar el 40% restante (479 millones de euros). Durante meses el Gobierno andaluz ha cuestionado este reparto e incluso ha presentado alegaciones al documento. Sin embargo, finalmente el presidente andaluz, Juanma Moreno, aceptado esta nueva distribución que obliga a multiplicar por seis las cuantías que aporta la Administración autonómica. Tanto es así que el presidente andaluz ha incorporado expresamente este compromiso de financiación autonómica en su programa electoral en el que también se compromete a la revisión del Plan VIVE 2020-2030.

“Activaremos la segunda fase del Plan Vive para los próximos 5 años, que contará con un volumen total de fondos a movilizar para continuar con nuestras políticas de vivienda de 1.197 millones de euros en los próximos años 2026-2030: 718 millones (60%) a través del Plan Estatal de Vivienda; y 479 millones (40%) aportados por la Junta de Andalucía”.

En los cálculos del dinero aportado por el Ministerio se basa de hecho la estimación de cuántas viviendas de promoción pública se construirán en los próximos años según el programa del PP-A: “Con la aplicación del nuevo Plan Vive 2020-2030 impulsaremos la promoción de 20.000 viviendas, con 500 millones de euros”. Es decir, la cuantía que asigna a Andalucía para la construcción de VPO el plan estatal y que financia en un 60% el Estado.

Cambio en el Plan VIVE

Pero al margen del programa electoral, el Gobierno andaluz ha dado un paso formal para la aceptación de este plan estatal de vivienda. Este mismo martes ha iniciado el proceso para la revisión de su plan VIVE, el documento que desde 2020 rige las normas de funcionamiento y de gestión de las políticas de vivienda. La primera etapa es un proceso de participación en el que se expresa claramente que el objetivo es adaptarlo a las exigencias del plan estatal.

“Resulta necesario para dar cumplimiento a los dispuesto en la normativa vigente en materia de vivienda, así como para su adaptación a las determinaciones del plan estatal de vivienda 2026-2030″, recoge la memoria de este expediente.

Blindaje de las VPO

La primera diferencia sustancial entre el Plan Vive vigente desde 2020 y el plan estatal de vivienda afecta al periodo de protección de las VPO. En el actual marco autonómico las viviendas deben mantener su carácter público por periodos de 7, 10 o 15 años en función del régimen de protección. Sin embargo, el decreto estatal aprobado por el Ministerio de Vivienda establece como una de sus prioridades un blindaje permanente que se prolongará durante un periodo de cincuenta años en el caso de los pisos que reciban ayudas públicas. Si no se produce no habrá financiación.

Es decir, la condición para aceptar los 1.197 millones de euros que están incorporados en el programa electoral del PP Andaluz es que las VPO que se construyan no se puedan vender en el mercado libre en un plazo de 50 años. De ahí la necesaria revisión del Plan VIVE. Este blindaje sí está recogido en la recién aprobada ley andaluza de vivienda que establece que la protección será permanente cuando haya ayudas públicas, como es el caso de todas las promociones que se enmarquen dentro del plan estatal.

Cambio en la ley andaluza

El decreto estatal también obligará a revisar la nueva ley andaluza de vivienda una vez que el Ministerio ha rechazado las alegaciones planteadas por la Consejería de Fomento. El plan estatal de vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros establece otra condición que va a obligar a revisar una de las medidas incluidas en la ley andaluza de vivienda. La Junta adoptó la decisión de suprimir el depósito oficial de viviendas que gestionaba la empresa pública AVRA y que se reintegren todas las cuantías suscritas. De hecho, desde enero en los contratos privados de alquiler las fianzas se quedan ya en manos del propietario que no tiene que dar parte alguno a la comunidad autónoma.

Blindaje de las VPO

La primera diferencia sustancial entre el Plan Vive vigente desde 2020 y el plan estatal de vivienda afecta al periodo de protección de las VPO. En el actual marco autonómico las viviendas deben mantener su carácter público por periodos de 7, 10 o 15 años en función del régimen de protección. Sin embargo, el decreto estatal aprobado por el Ministerio de Vivienda establece como una de sus prioridades un blindaje permanente que se prolongará durante un periodo de cincuenta años en el caso de los pisos que reciban ayudas públicas. Si no se produce no habrá financiación.

Es decir, la condición para aceptar los 1.197 millones de euros que están incorporados en el programa electoral del PP Andaluz es que las VPO que se construyan no se puedan vender en el mercado libre en un plazo de 50 años. De ahí la necesaria revisión del Plan VIVE. Este blindaje sí está recogido en la recién aprobada ley andaluza de vivienda que establece que la protección será permanente cuando haya ayudas públicas, como es el caso de todas las promociones que se enmarquen dentro del plan estatal.

Cambio en la ley andaluza

El decreto estatal también obligará a revisar la nueva ley andaluza de vivienda una vez que el Ministerio ha rechazado las alegaciones planteadas por la Consejería de Fomento. El plan estatal de vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros establece otra condición que va a obligar a revisar una de las medidas incluidas en la ley andaluza de vivienda. La Junta adoptó la decisión de suprimir el depósito oficial de viviendas que gestionaba la empresa pública AVRA y que se reintegren todas las cuantías suscritas. De hecho, desde enero en los contratos privados de alquiler las fianzas se quedan ya en manos del propietario que no tiene que dar parte alguno a la comunidad autónoma.

Esta decisión, que la Junta de Andalucía enmarcó en un proceso de simplificación administrativa y de reordenación de las funciones de la empresa pública de vivienda, con una plantilla mermada, provoca que no deje de haber un registro autonómico de los alquileres y sus importes, ni tampoco ninguna garantía oficial en los arrendamientos privados. Un modelo que choca directamente con los planteamientos del Ministerio de Vivienda de exigir transparencia y control a los gobiernos autonómicos.




Copisa, Gévora y Sarrión ganan las dos mayores obras de carreteras del año de Andalucía

 
  • La catalana y la extremeña se imponen en un tramo de la SE-40 en Sevilla 
  • Sarrión presenta la mejor oferta para el enlace de la N-340 en Cádiz

 

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en el impulso a nuevas obras de carreteras y ha completado las aperturas de las ofertas de los principales proyectos que licitó entre diciembre y enero pasados por un importe próximo a los 550 millones de euros. Los últimos concursos abiertos corresponden a las dos mayores obras que el departamento que dirige Óscar Puente ha licitado en esta oleada en Andalucía. Los ganadores, a falta de la formalización de las adjudicaciones, son la UTE (unión temporal de empresas) de Copisa, Gévora y Aguas, Caminos y Puentes (ACP) para un tramo de la SE-40, en la provincia de Sevilla, y Construcciones Sarrión para el acondicionamiento de la N-340, en la provincia de Cádiz.

En concreto, la catalana Copisa, la extremeña Gévora y la sevillana ACP han presentado la mejor propuesta tras ofertar 38,78 millones de euros (32,05 millones sin IVA) para el contrato de construcción del tramo de la autovía SE-40 entre Dos Hermanas y el enlace de El Copero, en Sevilla. Representa una bajada del 13,92% con respecto a los 45,1 millones del presupuesto base de licitación. Esta UTE se ha impuesto en un proceso en el que han concurrido 25 ofertantes. El segundo puesto en esta licitación ha correspondido a la UTE formada por Sando, Maygar y Adia y el tercero a la alianza creada por Eiffage y Construcciones Sarrión.

Esta última, precisamente, emerge como virtual vencedora en la licitación del contrato de obras para el acondicionamiento de la conexión de la A-7 (antigua N-340) con el acceso norte al Puerto Bahía de Algeciras (N-357), en su tramo enlace de la Menacha-Túnel de acceso al puerto, en la provincia de Cádiz. Sarrión trasladó una oferta económica de 17,30 millones de euros (14,30 millones sin IVA), lo que implica una bajada del 10,73% con respecto al presupuesto base de licitación, de 19,4 millones. Este concurso atrajo a 23 proponentes.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en el impulso a nuevas obras de carreteras y ha completado las aperturas de las ofertas de los principales proyectos que licitó entre diciembre y enero pasados por un importe próximo a los 550 millones de euros. Los últimos concursos abiertos corresponden a las dos mayores obras que el departamento que dirige Óscar Puente ha licitado en esta oleada en Andalucía. Los ganadores, a falta de la formalización de las adjudicaciones, son la UTE (unión temporal de empresas) de Copisa, Gévora y Aguas, Caminos y Puentes (ACP) para un tramo de la SE-40, en la provincia de Sevilla, y Construcciones Sarrión para el acondicionamiento de la N-340, en la provincia de Cádiz.

En concreto, la catalana Copisa, la extremeña Gévora y la sevillana ACP han presentado la mejor propuesta tras ofertar 38,78 millones de euros (32,05 millones sin IVA) para el contrato de construcción del tramo de la autovía SE-40 entre Dos Hermanas y el enlace de El Copero, en Sevilla. Representa una bajada del 13,92% con respecto a los 45,1 millones del presupuesto base de licitación. Esta UTE se ha impuesto en un proceso en el que han concurrido 25 ofertantes. El segundo puesto en esta licitación ha correspondido a la UTE formada por Sando, Maygar y Adia y el tercero a la alianza creada por Eiffage y Construcciones Sarrión.

Esta última, precisamente, emerge como virtual vencedora en la licitación del contrato de obras para el acondicionamiento de la conexión de la A-7 (antigua N-340) con el acceso norte al Puerto Bahía de Algeciras (N-357), en su tramo enlace de la Menacha-Túnel de acceso al puerto, en la provincia de Cádiz. Sarrión trasladó una oferta económica de 17,30 millones de euros (14,30 millones sin IVA), lo que implica una bajada del 10,73% con respecto al presupuesto base de licitación, de 19,4 millones. Este concurso atrajo a 23 proponentes.

 
 
 
 
 

Una UTE formada por FCC y Sarrión se impuso semanas atrás en la puja por la mejora de la accesibilidad del transporte público en la Autovía del Sur A-4, en Getafe (Madrid) con una oferta de 40,69 millones de euros (33,63 millones sin IVA).