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La línea de tren entre Sevilla y Málaga se moderniza

  • Adif ha adjudicado por 4,7 millones la instalación del sistema de telecomunicaciones GSM-R que mejora la comunicación entre el maquinista y el centro de control

  • Fin a dos años de transbordos de tren a autobús entre Sevilla y Málaga

La línea de tren de ancho convencional que conecta Sevilla con Málaga se moderniza, una buena noticia teniendo en cuenta que estuvo cortada más de dos años y medio tras las riadas de octubre de 2018 hasta que se restableció el tráfico con la incorporación de la variante de Aguadulce, construida sobre un tramo del Eje Ferroviario Transversal de la Junta.

HAY SEIS CONTRATOS EN EJECUCIÓN PARA RENOVAR ESTA LÍNEA POR IMPORTE TOTAL DE 11 MILLONES

La llamada línea Bifurcación de Utrera-Fuente de Piedra, de 113 kilómetros de longitud con vía única, conecta la provincia de Sevilla con la de Málaga a través de la comarca de Antequera, lo que la convierte en una de las principales vertebradoras de la comunicación en Andalucía.

Por su importancia, Adif ha emprendido en los últimos años varios proyectos para modernizar y mejorar esta vía.

El contrato más reciente renovará las instalaciones de telecomunicaciones fijas y móviles con el sistema GSM-R (Global System for Mobile Railways) por un importe de 4.765.985 euros. Se trata de un sistema de comunicación digital inalámbrico desarrollado específicamente para la comunicación ferroviaria que provee a los trenes de radiotelefonía y línea de datos. El sistema GSM-R permite entre otras funciones las comunicaciones de voz entre el maquinista y el Centro de Regulación de Circulación (CRC).

e ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas formada por Nokia Spain, Servicios e Instalaciones Cantudo y Comfica Soluciones Integrales. El plazo de duración del contrato es de 60 meses: 12 meses para la construcción de las instalaciones de telecomunicaciones y 48 meses para mantenimiento posterior. 

Con el fin de aumentar la fiabilidad en la gestión de las circulaciones, en la actualidad se está instalando la señalización para la supresión del bloqueo telefónico existente. La puesta en servicio del telemando desde el centro de regulación (CRC) de Sevilla Santa Justa requiere que en la línea exista un sistema de radiotelefonía, necesidad a la que este contrato dará cobertura al instalar el sistema GSM-R en toda la línea.

Este es el principal contrato de los seis que Adif ha adjudicado en las últimas semanas para la renovación de esta línea y que suponen una inversión cercana a los 11 millones de euros.

Sustitución de desvíos

Otro contrato adjudicado ha sido la renovación de los desvíos existentes en las estaciones de Marchena, Osuna y Pedrera por otros más fiables y de mayores prestaciones. Tecsa Empresa Constructora se ha hecho con el contrato por 3.561.154 euros.

Los desvíos son aparatos de vía que permiten bifurcar una línea ferroviaria en otra u otras, o bien encauzar el tráfico en un determinado sentido. El proyecto en las tres estaciones comprende la sustitución de los actuales desvíos, de tipo A, por desvíos de tipo P y C, que permiten circulaciones a una mayor velocidad.

Esta actuación incluye también la renovación de las vías principales de las estaciones, modificar algunas de las vías de apartado, así como el levante y retirada del resto. Estos trabajos permitirán reforzar la fiabilidad de la infraestructura y mejorar los tiempos de viaje entre Utrera y Fuente de Piedra.

De forma complementaria, se han adjudicado dos contratos de suministros para ejecutar estas obras: el suministro y transporte de las 8.100 traviesas monobloque a Prefabricados Delta por importe de 782.343 euros, así como el contrato para el suministro, transporte y descarga de 17.000 toneladas de balasto a la UTE integrada por Áridos Anfersa, Áridos Técnicos y Aritec Almonacid, por 557.699 euros.

Además, se han adjudicado los contratos de asistencia técnica, control y vigilancia para la sustitución de los desvíos (a Eptisa Servicios de Ingeniería por 382.445 euros) y para el suministro de balasto en el tramo Arahal-Marchena en 13 kilómetros (a la empresa Áridos y Recuperaciones por 899.886 euros).

La línea de ancho convencional Bifurcación Utrera-Fuente de Piedra ya cuenta en la actualidad en sus primeros 27 kilómetros, hasta la estación de Arahal, con sistema de control del tráfico ferroviario dotado de Bloqueo Automático. Cuando todas las actuaciones estén finalizadas, se podrá suprimir el actual sistema de regulación de bloqueo telefónico tras la implantación del nuevo sistema entre Arahal y Fuente de Piedra. Con ello se conseguirá también una mejora de la fiabilidad de las instalaciones y una mayor racionalización en la explotación ferroviaria.




El perfil del contratante publica la adjudicación del desbroce de cañaverales en la red viaria de Andalucía

  • Formalizados dos contratos para la retirada de estas malezas, que se debe realizar de forma manual y que es fundamental para la mejora de la visibilidad de los conductores

El perfil del contratante de la Junta de Andalucía ha publicado la formalización de los contratos de desbroce de cañaverales, unas plantas invasoras que llegan a invadir las carreteras hasta suponer un riesgo de seguridad vial. Los dos contratos, que se suman a las medidas en materia de conservación de los más de 10.500 kilómetros de la red viaria de titularidad autonómica, suponen un coste de 2,4 millones de euros para la retirada de estas plantas en los márgenes de las carreteras durante 30 meses.

Estos trabajos atienden la necesidad que requiere prácticamente el día a día de la correcta protección dando seguridad a los conductores en las carreteras de titularidad autonómica. Con el desbroce de los cañaverales, se consigue aumentar la seguridad vial con una mejora de la visibilidad del trazado, señales verticales y elementos de balizamiento. Además, reduce el riesgo de incendios, facilita el drenaje en caso de lluvias y previene o frena posibles ataques de plagas.

La retirada de cañaverales requiere de tratamientos distintos a los tradicional de poda mecánica. Para su retirada efectiva es necesario previamente un desbroce y triturado manual, procedimiento que se efectuará en los márgenes, medianas y enlaces de las carreteras. Una vez arrancadas de raíz, se aplica al desbroce mecanizado y la retirada de rizomas con medios mecánicos y manuales en los taludes de las carreteras, así como a la aplicación herbicidas para el control especifico de cañaveral.

Estas tareas de conservación se han dividido en dos lotes. Uno de ellos comprende las carreteras de Andalucía occidental (Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba), adjudicado a Martín Casillas con un presupuesto de 1.166.666 euros; y un segundo lote para Andalucía Oriental (Málaga, Granada, Jaén y Almería), con un coste de 1.233.333 euros y que ejecutará la empresa Nacimiento, Infraestructuras y Medioambiente. Los dos contratos se formalizaron el pasado 5 de mayo.




En marcha una nueva inversión de 100 millones para la recuperación económica y social de los pueblos de Sevilla

Después de que el pasado mes de marzo la Diputación de Sevilla, gobernada por el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, aprobase desvincular de su presupuesto anual 19,4 millones de euros, para la primera «pata» de programas del nuevo plan provincial Actúa, heredero del programa Contigo y que destina a nuevas inversiones 98,3 millones de euros derivados de la liquidación de su ejercicio presupuestario de 2020 y de los gastos no financieros de la institución, la misma prevé aprobar el viernes en un pleno extraordinario la financiación del resto del programa.

Así lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa el presidente de la Diputación provincial, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, quien ha destacado que desde 2014, la suma de las diferentes ediciones del Plan Supera, el Plan Contigo y el Plan Actúa arroja inversiones «extraordinarias» por un valor conjunto de unos 770 millones de euros.




Los jóvenes pierden interés en la construcción

  • Los grados de FP crecen un 4% frente al 23,5% de todos los ciclos de formación media



La Diputación Permanente convalida el decreto ley de revisión de precios de materiales de la construcción

  • La norma andaluza incluye las obras en ejecución en 2021 y que hayan terminado a la entrada en vigor del texto estatal, así como las obras de menos de un año de duración

La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha convalidado el Decreto Ley 4/2022 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras para desarrollar y complementar las medidas estatales previstas en el título II del Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, modificado por el RDL 6/2022, de 29 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.

Este decreto ley quiere compensar a las empresas de la construcción que trabajan con la Junta de Andalucía por el sobrecoste ligado a la subida de precios de los materiales por la huelga de transporte y por los efectos de la invasión rusa en Ucrania. Estas empresas tienen un severo problema por la imprevista alteración en sus planteamientos económicos iniciales, de ahí que, de la mano del sector de la construcción, se apruebe este decreto ley con medidas urgentes para la revisión excepcional de los precios en los contratos públicos de obras.

Este decreto ley, confeccionado de la mano del sector de la construcción, ofrece la posibilidad de que más empresas que en la cobertura estatal se acojan a esta revisión de precios, lo que permitirá evitar la paralización de obras y que se ponga en peligro la viabilidad de los contratos, de las empresas y de sus trabajadores.

El decreto ley andaluz incluye las obras en ejecución en 2021 y que, a la entrada en vigor del real decreto ley estatal, hayan terminado, así como las obras de menos de un año de duración. Además, amplía el filtro de obras con derecho a revisión de sus precios e incluye todo tipo de materiales empleados, y no sólo los cuatro recogidos en el decreto estatal (bituminosos, siderúrgicos, aluminio y cobre).

Asimismo, la norma andaluza da la posibilidad a que se adhieran a este decreto ley las entidades locales y las universidades, al tiempo que suprime penalizaciones derivadas por retrasos vinculados a falta de material, y permite la sustitución de materiales siempre que no altere la calidad del producto.

Por otro lado, amplía la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos y establece que, a partir de ahora, todos los pliegos de los contratos futuros contemplen la fórmula de revisión de precios.

El alza de los precios se estima que puede estar en una horquilla entre el 10 y el 20 por ciento, que es el tope máximo que impone el Estado para revisar los precios. El sobrecoste se pagará en la certificación final de la obra, por lo que el impacto en los presupuestos andaluces se verá reflejado en varias anualidades.

Esta norma afecta a consejerías con obras como Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; Educación y Deporte; Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; Salud y Familias, y Cultura y Patrimonio Histórico, así como la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, donde se estima (con los índices provisionales publicados hasta diciembre de 2021) un impacto de 59 millones, aunque dicha cantidad se puede elevar según la evolución de los índices en 2022 y 2023.




El objetivo es que entre en vigor el próximo 1 de enero

La Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía ha anunciado este lunes que ha iniciado la redacción de la Orden por la que se dictan las normas para la elaboración del Presupuesto de la comunidad para el año 2023, “teniendo en cuenta que es un objetivo prioritario disponer de un presupuesto que esté operativo a fecha de 1 de enero de ese ejercicio”, según ha subrayado.

La Consejería ha resaltado en un comunicado que “el Gobierno andaluz se ha marcado como propósito que su aprobación por el Parlamento de Andalucía se produzca antes del 31 de diciembre, a pesar de las dificultades que conlleva un proceso electoral”, en alusión a los próximos comicios andaluces, marcados para el 19 de junio.

El consejero del ramo, Juan Bravo, ha defendido la “necesidad” de iniciar el año con un presupuesto “actualizado y adaptado a la nueva realidad”, después de haber contado en este 2022 con unos presupuestos prorrogados tras no haber salido adelante las cuentas proyectadas para este ejercicio. “Si tuviésemos una segunda prórroga del Presupuesto, entraríamos en 2023 con unas cuentas que corresponden a 2021 y que se prepararon en 2020”, una circunstancia que considera que no es la más adecuada, teniendo en cuenta “la realidad que estamos sufriendo”.

En este sentido, ha apuntado que tener cuentas prorrogadas por segundo año complicaría la cofinanciación con recursos propios de la Junta de Andalucía exigida en los proyectos europeos tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) como de los fondos estructurales, “precisamente en un momento crítico porque está finalizando la regla n+3 del marco financiero plurianual 2014-2020”, es decir, que en 2023 estos recursos deben tener certificado su gasto.

Las tareas técnicas de elaboración del Presupuesto también dependerán de la estructura competencial de las consejerías, ha señalado la nota de prensa. Aun así, Bravo ha destacado que los esfuerzos se centrarán en que el 1 de enero de 2023 Andalucía “cuente con unas nuevas cuentas que le permitan afrontar con garantías los retos futuros”, y “en ese empeño ya trabaja la Consejería de Hacienda y Financiación Europea.

 



Junta y alcaldes tiran de la obra pública, que bate el récord de la década en Andalucía

En 2021 se adjudicaron 2.800 millones, cifra similar a la de 2010, último año antes del desplome total por la crisis
Los Ayuntamientos y el Gobierno autonómico copan el 70% de la inversión, y el Estado no llega al 20%



La revisión de contratos de obra pública en Andalucía costaría más de 300 millones de euros




El plazo de alegaciones a los planes de las cuencas hidrográficas intracomunitarias finaliza en junio

  • Estos documentos permiten conocer el estado de la masa de agua de la demarcación para planificar medidas a medio y largo plazo ajustadas a las necesidades de cada territorio

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible informa de que el plazo para presentar alegaciones a los planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas intracomunitarias para el ciclo 2022-2027 concluye a principios del mes de junio. En concreto, las aportaciones al Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y al Estudio Ambiental Estratégico pueden realizarse hasta el jueves día 2; y las alegaciones relativas al Tinto, Odiel y Piedras y Guadalete y Barbate, hasta el martes 7 de junio.

El día 2 de junio concluye también el período establecido para que los interesados puedan realizar aportaciones al Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

Los documentos que se encuentran actualmente en período de información pública pueden consultarse a través de la web de la Junta de Andalucía junto a los otros textos sometidos al mismo trámite.

Desde el Gobierno andaluz se realiza esta aclaración para resolver las dudas surgidas tras la ampliación del plazo máximo para resolver los procedimientos de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria de los planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundación de las tres demarcaciones hidrográficas que son competencia de la Junta de Andalucía (Guadalete y Barbate, Tinto, Odiel y Piedras y Cuencas Mediterráneas Andaluzas). Esta extensión del plazo no afecta, por tanto, al tiempo establecido para presentar las alegaciones.

Los planes hidrológicos permiten hacer una radiografía exhaustiva de la situación en que se encuentran las masas de agua de cada una de las demarcaciones hidrográficas para, en consecuencia, planificar las medidas más adecuadas para cada territorio a medio y largo plazo. Estos documentos cumplen un importante papel en el desarrollo sostenible de las comarcas, ya que su objetivo fundamental es compaginar el buen estado de las masas de agua con la satisfacción de la demanda de este recurso natural por parte de la sociedad.




Las iniciativas que se quedan pendientes en Andalucía tras el adelanto electoral: Doñana, la Faffe y la ley de Economía Circular

  • La disolución del Parlamento también impide que se celebre un Pleno extraordinario sobre las consecuencias de la guerra de Ucrania en Andalucía

Entre las dudas que tenía Juanma Moreno sobre la fecha de las elecciones autonómicas estaba el factor relevante del Parlamento. Para colocar los comicios el 19 de junio, el presidente de la Junta ha tenido que disolver la Cámara regional este martes y, por lo tanto, todas las iniciativas que no han finalizado su tramitación se quedan en el tintero. Para que vuelvan, una vez que se constituya el legislativo en la próxima legislatura, los grupos políticos o el Gobierno deben volver a registrarlos, como se comprometió el propio Moreno durante la declaración que utilizó para anunciar la fecha electoral. 

La disolución de la Cámara llegó sólo a unas horas de la celebración de un Pleno en la Cámara que incluía medidas relevantes en su orden del día. Una de ellas era la aprobación (o no) del dictamen final de la comisión de investigación sobre la Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo).

El organismo ha estado funcionando durante casi toda la legislatura, ya que se trató de uno de los compromisos firmados por PP y Cs para aplicar en sus primeros 100 días en el Gobierno, pero se ha quedado al borde de su conclusión. Su actividad ha sido variable, con picos cuando se acercaban periodos electorales (para enfado de la izquierda) y valles en el resto de la legislatura.

Al final, PP, Cs y Vox acordaron un dictamen que responsabilizaba a los ex presidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz de la gestión de esta extinta agencia vinculada a la Consejería de Empleo. En los dos primeros casos, se les culpaba de la creación de una entidad en la que se registraron pagos en prostíbulos con tarjetas de la Administración andaluza, mientras que a Díaz se la señalaba por su papel en la liquidación del organismo público.

La ley de Economía circular y Doñana

El Pleno que no se celebrará también incluía el debate final de la Ley de Economía Circular, el texto estrella de la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible en esta legislatura. Se trata de una de esas normas que el Gobierno del PP y Cs ha negociado con la izquierda ante el rechazo de Vox y que iba a suponer un respaldo para Carmen Crespo. 

PSOE y UP se han implicado mucho en la tramitación del texto que consideraban, al principio, demasiado frugal y centrado en la gestión de los residuos. Vox, por considerarlo cercano a la Agenda 2030, lo rechaza de plano, como ocurre con todas las normas que no encajan en sus planes desde que rompieron la alianza preferente con la Junta, en la primavera de 2021.

En el ámbito del medio ambiente también se queda en el tintero la proposición de ley de los regadíos de la corona norte de Doñana. La polémica norma impulsada por PP, Ciudadanos y Vox no se aprobará en esta legislatura a pesar de que el Parlamento la ha tramitado por la vía de urgencia y se ha quedado muy cerca de llegar al debate final.

El texto que ha provocado críticas airadas de los ecologistas, la oposición de izquierdas y referentes en el espacio natural como Miguel Delibes de Castro tendrá que esperar a pesar de que su aprobación no supondría la ampliación automática de las tierras de regadío de las zonas del Condado de Huelva. La Comisión Europea había alertado de que podría incumplir una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contra la gestión de las Administraciones españolas en el espacio natural. 

En los cajones del Parlamento quedan la reforma de la ley de Discapacidad que endurece los controles de uso de las tarjetas de aparcamiento para discapacitados y la ley del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2021-20260. Lo mismo ocurre con la ley de Policías Locales y con la ley de creación de los cuerpos de auditores e interventores dentro de la Administración, entre otras normas impulsadas por la oposición de menor entidad. 

La ley de Función Pública no llegó a la Cámara

Entre los textos que no han llegado al Parlamento, destaca la ley de Función Pública, uno de los proyectos estrella del consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Se trata de una norma que ya está pactada con los sindicatos mayoritarios después de una larga negociación, pero que no ha podido ser tramitada y deberá esperar a la próxima legislatura.

En el Pleno de esta semana estaba prevista también la convalidación del decreto de actualización de los precios públicos de las obras aprobado por el Gobierno para compensar a los contratistas que trabajan con la Junta por la subida de los costes provocada por la crisis de precios y la guerra de Ucrania. Este texto tendrá que abordarse en una reunión de la Diputación Permanente, ya que los decretos del Consejo de Gobierno deben recibir el aval del legislativo en los 30 días posteriores a su aprobación.