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El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2023 superará los 45.000 millones de euros

  • Juanma Moreno levanta recelos en Madrid y Cataluña

  • Andalucía aprueba la bajada de impuestos anunciada por Moreno

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que los Presupuestos andaluces para 2023 superarán los 45.000 millones de euros, lo que supondrá unos 5.000 millones más que actualmente vigente, el prorrogado de 2021.

En los próximos presupuestos de la comunidad, que saldrán adelante sin problema en virtud de la mayoría absoluta del PP-A en el Parlamento, se hará, según el presidente, un “esfuerzo económico para sostener los servicios públicos esenciales y para tejer una red de protección a las familias más vulnerables y para reactivar el consumo y economía”.

Moreno ha defendido que su Gobierno tiene un rumbo marcado y que confía en tener éxito y que se basa en cuatro ítems fundamentales: la bajada de impuestos, la simplificación administrativa, dar seguridad jurídica y que no se cambien las reglas del juego a mitad del partido, y la estabilidad política y la credibilidad en el modelo, algo fundamental para atraer inversión.

En el Foro Vocento Next Spain, ha asegurado que Andalucía no está ahora en crisis porque crece económicamente, pero hay que continuar con las reformas y las mejoras para tratar de amortiguar cualquier golpe que venga de fuera.




Moreno anuncia la supresión de impuesto de patrimonio en Andalucía

  • Unos 17.000 andaluces dejarán de pagar este tributo sobre la riqueza que recaudaba unos 93 millones de euros

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), ha anunciado esta mañana en Madrid la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía, con un impacto en la recaudación autonómica del 0,6%. Su intención, según ha dicho en un foro organizado por el Grupo Joly, es “favorecer que determinadas rentas fijen su residencia en Andalucía, contribuyendo así con sus impuestos”. La medida será aprobada mañana en la reunión semanal del Consejo de Gobierno y no será la única en materia fiscal. “Vamos a ver cómo quitando (el impuesto) patrimonio, voy a tener más ingresos”, ha sostenido.

Un total de 16.785 contribuyentes declararon el impuesto de patrimonio en 2020, último año con estadísticas publicadas por la Agencia Tributaria. Estos ciudadanos abonaron 93.341.786 euros al liquidar este tributo. El patrimonio medio declarado por los andaluces ascendía a 2,74 millones de euros, según las cifras de Hacienda. El impuesto sobre el patrimonio grava la riqueza de los contribuyentes superior a los 700.000 euros. Se tiene en cuenta los bienes muebles e inmuebles. Es decir, viviendas, locales, fincas rústicas, obras de arte, joyas, acciones, depósitos, etc… En 2012, el Gobierno dejó exenta la vivienda habitual hasta 300.000 euros. La Comunidad de Madrid era hasta ahora el único territorio que tenía bonificado al 100% este impuesto.

El dirigente popular también ha anunciado que el Gobierno andaluz deflactará un 4,3% los tres primeros tramos del IRPF (hasta 35.200 euros) para evitar el impacto de la inflación. Según Moreno, que calificó la semana pasada en el Parlamento de “revolucionaria” su propuesta fiscal, Andalucía será la segunda comunidad en la que se paguen menos impuestos, tras la de Madrid. El presidente andaluz ha elogiado la política de rebajas fiscales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Para él es “un modelo de éxito” y el “espejo” en el que se mira.

Deflactar la tarifa del IRPF en los primeros tramos también beneficia a las rentas altas, porque sus ingresos también pasan por los primeros escalones de la tarifa del IRPF. Además, la academia recomienda deflactar la tarifa cuando los salarios están subiendo con fuerza y dejan los tramos desactualizados. En la actualidad, el crecimiento salarial es del 2,56%, según la estadística de convenios del Ministerio de Trabajo. Aunque es verdad, que las escalas del IRPF llevan sin revisarse casi siete años.

En opinión de Moreno, el impuesto de patrimonio supone “un freno para la inversión” en la comunidad andaluza. “De los 20 contribuyentes que más pagan, la mitad se trasladaron fuera” de la comunidad, con una pérdida de 3,5 millones de euros en patrimonio y 14 millones en IRPF. Según su tesis, con esta medida se producirán más domiciliaciones en Andalucía.

El nuevo paquete fiscal tendrá un impacto en las arcas autonómicas en 2023 de 360 millones de euros que junto con las medidas ya aprobadas ascenderán a 900 millones anuales, ha dicho Moreno.

En el turno de preguntas, Juan Manuel Moreno se ha referido a la petición de indulto planteada por la familia del expresidente andaluz, José Antonio Griñán, y ha afirmado que esa medida de gracia de concederse “resta credibilidad a la justicia”.

Los partidos de izquierdas de la oposición han arremetido contra el anuncio del presidente andaluz, criticando que es una medida minoritaria que solo afecta a las rentas más altas y no ataja los problemas de inflación.

“La medida lo que demuestra es que Moreno y el PP tienen un plan que es seguir el modelo de Díaz Ayuso y favorecer a las rentas altas”, ha señalado el secretario general del PSOE-A, quien ha llamado la atención sobre que la supresión del impuesto solo beneficiará al 0,2% de andaluces a costa de quitar recursos públicos para el Estado de bienestar. “Esa decisión no contribuye a paliar los efectos de la inflación que sufre el resto. En concreto, más de 20.000 contribuyentes han pagado 120 millones por el impuesto sobre el patrimonio en 2022. La medida de Moreno Bonilla supone un regalo fiscal de 5.800 euros de media para los patrimonios más elevados.” Espadas ha propuesto una bonificación en el IRPF para las rentas de 40.000 y 35.000 euros para afrontar el pago del alquiler. “Yo apelo a la progresividad fiscal y cuando quiera abordar las rentas medias, me sentaré a hablar con él”, ha señalado.

El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, ha mostrado su rechazo a la iniciativa: “Es una política injusta donde la mayor carga fiscal redunda en la gente trabajadora y donde las grandes fortunas cada vez aportan menos. Moreno sigue gobernando para quien más tienen en perjuicio de familias y pymes que hoy lo están pasando muy mal. Hay que apostar por la armonización fiscal para evitar la competencia entre comunidades autónomas”.

 



Europa nos multa con 1,2 millones al año por no depurar las aguas

  • Andalucía paga la gestión de gobiernos que cobraron el canon sin ejecutar las obras

A las urgencias de la sequía se añade en Andalucía otra no menos importante en lo que respecta a las infraestructuras hidráulicas como es el retraso que acumula la ejecución de obras de saneamiento y depuración de aguas en la comunidad.

Andalucía todavía tiene que pagar 600.000 euros de multa cada semestre en sanciones impuestas por la Unión Europea por los incumplimientos en los planes de depuración de aguas urbanas. A pesar de las moratorias que en su día otorgó la UE durante más de una década, la incapacidad de anteriores gobiernos a desbloquear administrativamente y ejecutar proyectos de depuradoras en muchos municipios andaluces ha obligado a pagar hasta 12 millones de euros en sanciones desde 2011.

Incumplimientos

Cuesta pensar que en 2020 municipios costeros y turísticos como Matalascañas, Isla Cristina, Tarifa, Barbate, Coín, Estepona o Nerja, entre otros, vertieran al mar aguas no depuradas. El problema venía de muy atrás, casi un 90 por ciento de los municipios malagueños carecían de canalizaciones de las aguas pluviales y/o fecales a depuradoras y en muchos casos la capacidad de las estaciones estaba muy por debajo de la requerida, sobre todo en poblaciones costeras que multiplican en verano su población.

Y sobre todo cuesta asumirlo porque desde 2011 se impuso a todos los usuarios el pago de un denominado canon de agua que con carácter finalista se debía invertir en la construcción de depuradoras para resolver ese problema y adaptarnos a las exigencias europeas.

Los gobiernos, tanto del Estado como de la Comunidad, no fueron capaces de proyectar, licitar y ejecutar más allá de un 30 por ciento del canon recaudado antes de 2019.

De hecho, hasta el actual Gobierno de la Junta de Andalucía no se ha conseguido emplear al cien por cien el canon en su objetivo tras impulsar las 300 obras de depuración de interés general de la Comunidad que recogía el canon del agua que afectan a más del 85% de los municipios andaluces.

Para ello se ha multiplicado por seis el cumplimiento de inversión del canon del agua. Mientras el último Gobierno socialista presidido por Susana Díaz tenía una medida d inversión de 28 millones de euros anuales en la ejecución de estas infraestructuras a cuenta del canon del agua, actualmente el gasto medio anual asciende a 172 millones de euros.

En la última legislatura se inauguraron 30 estaciones depuradoras de aguas residuales y la previsiones es finalizar en 2023 unas 25 actuaciones más. Actualmente hay otras 60 obras en fase de licitación.

Entre las infraestructuras desbloqueadas de mayor calado se encuentran la estación de El Copero, en Sevilla, la de Vados, en Granada y la estación de Málaga Norte, así como la ampliación de la depuradora de Pozo blanco.

La situación actual de la ejecución de el canon del agua, según fuentes de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural es que de los 1.148 millones de euros recaudados por este concepto en los últimos a tres años ya se han invertido 747 (en proyectos en fase de ejecución o licitación), y 449M€ están programados para nuevas infraestructuras.

Con una inversión de un 123 por ciento de lo recaudado, la Junta ha asumido también la mitad de la inversión de obras que son competencia del Estado en materia de depuración de aguas entre ellas las de El Ejido, Sanlúcar de Barrameda, Roquetas o Adra.

No obstante en el listado de reclamaciones que trasladó al Ministerio de Transición Ecológica la consejera Carmen Crespo hay un listado de al menos 20 depuradoras de urgente ejecución en zonas como la Costa del Sol Bajo Guadiaro o el Condado de Huelva.




La Junta adjudica las tareas de conservación de más de mil kilómetros de carreteras andaluzas

  • La Consejería de Fomento invierte 28,2 millones para mantener en buen estado vías de Almería, Córdoba y Málaga durante los próximos cuatro años

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado por 28.200.478 euros los contratos de conservación de 1.073 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica en las provincias de Almería, Córdoba y Málaga. Este contrato, dividido en tres lotes y que tiene una duración de cuatro años prorrogables a 12 meses más, sustituirá al contrato de mantenimiento vigente, que expiraba a final de año

Más de una veintena de empresas se han presentado en cada uno de los tres lotes. La empresa Ecofilia se ha hecho con el contrato de conservación de carreteras en la zona sur de la provincia de Málaga, que abarca 453 kilómetros por 9.481.585 euros. Por su parte, el contrato de conservación de carreteras en la zona Este de la provincia de Córdoba, con 403 kilómetros, ha ido a parar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Aceinsa Movilidad y Coralsur Mantenimiento por 9.793.729 euros. Por último, la Consejería ha adjudicado por 8.925.164 euros a la empresa Hidráulicas y Viales SL el contrato de conservación de carreteras en la zona Sur de la provincia de Almería para el mantenimiento de 222 kilómetros.

Estos lotes garantizarán la vialidad de las carreteras para dar una ágil y rápida respuesta las 24 horas del día a las incidencias que se presenten en la red viaria, como accidentes de tráfico, cortes de carreteras o inclemencias meteorológicas. Para ello, la empresa adjudicataria incluirá la presencia de técnicos, operarios, maquinaria y materiales para la realización de diversas operaciones incluidas las de gestión, vialidad y sustitución; operaciones de mantenimiento y mejora o mantenimiento del Centro de Conservación.

En este contrato se valora especialmente, y de acuerdo con el Sello Verde que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha impuesto en todas sus actuaciones, la gestión del servicio desde un punto de vista medioambiental adecuado, tanto en materia acústica, para disminuir en la medida de lo posible la afección a trabajadores y usuarios de la zona, como de ahorro energético y utilización de energías renovables. También se pone en valor el uso de nuevas tecnologías para mejorar aspectos como la eficacia, la calidad, o el valor técnico del servicio.

Estas adjudicaciones vienen a dar continuidad y normalidad al trabajo que, desde el pasado mandato, viene desempeñando el departamento que dirige la consejera Marifrán Carazo para garantizar el buen estado las carreteras autonómicas y unas óptimas condiciones de seguridad vial. A principios del pasado mandato, se realizó un notable esfuerzo para paliar los muchos contratos de mantenimiento que se encontraban caducados o en riesgo de caducar. Durante 2019 y 2020 se adjudicaron 33 contratos de mantenimiento integral por un importe de 179,6 millones de euros para garantizar la vialidad en los más de 10.500 kilómetros de titularidad autonómica. Los tres restantes son los adjudicados recientemente, que expiraban a finales de este año.

La inversión en infraestructuras viarias, además de generar puestos de trabajo en el sector de la construcción, propicia carreteras seguras y, por tanto, desplazamientos más cómodos que favorecen las actividades logísticas vinculadas a la agricultura, ganadería, pesca y al sector industrial, así como al tráfico relacionado con el turismo. Se estima que este nuevo contrato generarán una veintena de puestos de trabajo directos, a los que habrá que sumar los indirectos.




El Gobierno andaluz aprobará en unas semanas el anteproyecto de Ley de Economía Circular

  • El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, apela a los grupos para que la norma sea aprobada con el mayor consenso tras su tramitación

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este jueves que el Consejo de Gobierno aprobará en las próximas semanas el anteproyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA), una norma prioritaria que facilitará la reutilización de los residuos y que será clave para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo en el horizonte 2030.

Así, en respuesta a una pregunta formulada por el Partido Popular en el Parlamento andaluz, el consejero de Sostenibilidad ha señalado que la LECA es “un texto participativo, enriquecido y legitimado por todos los sectores de la sociedad”, por lo que espera que esta ley cuente con el respaldo de todos los grupos parlamentarios para poder implantar un cambio de modelo de protección ambiental, frenar los efectos del cambio climático; así como impulsar la creación de empleo y riqueza en Andalucía.

“Somos pioneros en su desarrollo normativo a nivel nacional y queremos ser los primeros en aprobar un texto que facilitará la reutilización de los residuos para que éstos vuelvan a ser introducidos en los ciclos productivos, evitando su depósito en vertederos”, ha remarcado Fernández-Pacheco.

En este sentido, ha remarcado que, con el marco normativo de la LECA, “Andalucía va a cerrar el círculo de los residuos, transformándolos en nuevos recursos, optimizando su uso y cuidando el medio ambiente”. De este modo, para garantizar el cuidado medioambiental, junto con el crecimiento económico y social, se ha creado un marco normativo y de planificación con la articulación del primer Plan Integral de Residuos de Andalucía PIREC 2030 que mejorará la gestión de los residuos en los municipios.

Asimismo, entre las medidas multidisciplinares que se están impulsando, se encuentran las diferentes obras en ejecución y licitación que van desde la limpieza o sellado de vertederos hasta la implantación de puntos limpios en todo el territorio por un valor total de más de 27 millones de euros.

Igualmente, ha detallado que se va a exportar a otras provincias el proyecto piloto de Economía Circular Sierra de Cádiz, que es un referente internacional; al tiempo que se apoyará a los ayuntamientos y se ha puesto en marcha un potente plan de inversiones que se desarrollará en colaboración con todos los sectores implicados.




Andalucía implantará desde enero la ‘cuota cero’ durante dos años para nuevos autónomos

  • La Junta pretende así compensar la carga de gasto que supondrá los cambios de cotización a la Seguridad Social que llegarán en 2023
  • Rocío Blanco: «Hemos puesto todos los cortafuegos para que no vuelva a haber fraude en la formación»

Andalucía implantará desde el próximo enero la llamada ‘cuota cero’ para nuevos autónomos, que podrá extenderse durante dos años y que pretende, según la Junta, dar ayudas para «compensar» la carga de gasto que supondrá los cambios de cotización a la seguridad social de este colectivo que llegarán con el inicio de 2023.

La medida ha sido anunciada por la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Blanco ha recordado que esta propuesta ya fue lanzada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su discurso de investidura el pasado julio y ha explicado que esta movimiento se produce «como consecuencia del cambio de cotización establecido por el Gobierno de España» en relación a los autónomos, que pasan a estar regidos por una cotización por los ingresos reales.

 
 

«Ante estas modificaciones en las cuotas nos planteamos en esta Consejería que queríamos estar al lado de los autónomos una vez más y establecimos un régimen de ayudas para establecer una compensación para la carga de gasto que supone la cotización a la seguridad social estableciendo esta ‘cuota cero», ha apuntado la consejera.

La ‘cuota cero’ andaluza se aplicará a los trabajadores que se acojan a la tarifa plana estatal a partir del 1 de enero de 2023. Contarán con una ‘cuota cero’ el primer año «y el segundo año también para los autónomos que no tengan ingresos, rendimientos netos, superiores al salario mínimo interprofesional», ha apuntado Blanco. «Es decir, dos años de ‘cuota cero’ para los trabajadores autónomos de Andalucía», ha resumido.

Además, la Junta les ingresará el abono «anticipado del 100%« del incentivo «para que tampoco tengan que soportar esas cuotas de seguridad social», ha dicho la consejera, que ha apuntado que se les adelantará y luego se comprobará «si realmente han estado de alta durante todo ese tiempo».

Por otro lado, Blanco ha remarcado que dado que el Gobierno andaluz continúa con la «ampliación» de su tarifa plana para cubrir este periodo de tiempo hasta final de ejercicio, se ha aprobado un incremento de 11.100.000 euros para la convocatoria de la tarifa plana estatal, «de forma que esta línea ya tiene una dotación de 60 millones de euros».

Junto a estas medidas, la consejera ha querido enfatizar que continúan con otras convocatorias destinadas a apoyar a los autónomos, tales como las líneas destinadas a inicio de actividad, para gastos de funcionamiento, de conciliación laboral y profesional, transformación digital o que potencien la economía verde y digital. «Debemos seguir propiciando un ecosistema que permita a los autónomos desarrollar sus actividades», ha concluido.




La Junta priorizará los fondos Next Generation en desalación, aguas regeneradas y abastecimiento

  • El Ejecutivo ha movilizado cerca de 1.500 millones de euros para obras hídricas y 141 millones de euros para actuaciones urgentes

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del informe presentado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural sobre la situación de la sequía en Andalucía, así como sobre la reunión mantenida en Madrid en la que se logró el compromiso de más fondos Next Generation para obras hídricas en Andalucía a través de una reprogramación de estos.

El informe señala la importancia de aprovechar todas las fuentes hídricas impulsando, por ejemplo, la desalación y la obtención de aguas regeneradas y apostando por la solidaridad entre cuencas. En este sentido, el documento recuerda que la Junta ha movilizado del orden de 1.500 millones de euros para obras hídricas y ha destinado 141 millones de euros para actuaciones contenidas a través de los dos decretos de sequía. Además, el documento insiste en la necesidad de impulsar obras para la desalación, depuración, abastecimiento y de cara a los municipios más pequeños.

Respecto de la desalación, se ha puesto de manifiesto que en la reunión con el Ministerio se abordó la necesidad de que el Estado acometa obras necesarias tales como duplicar la capacidad de la desaladora de Carboneras, realizar la de la Axarquía y ampliar la de Marbella-Mijas. También se ha reiterado la importancia de ejecutar otras actuaciones en materia hídrica que, en la mayoría de los casos, se declararon de interés general del Estado hace más de 10 años, como los tramos de conducciones de las presas de Rules y Siles, las actuaciones pendientes en las desaladoras del Almanzora y Campo de Dalías y la conexión de Tabernas con la Venta del Pobre. También se reclamó la bonificación del agua desalada, como mínimo a 0,30 euros, tanto para los regantes como para los municipios.

Por último, el informe recuerda la importancia de que el Gobierno de España contribuya a ayudar a los regantes, agricultores y ganaderos para modernizar el regadío, de manera que mejore su eficiencia energética e hídrica, en la misma forma en que se hace desde el Gobierno andaluz, y en la necesidad de que se ejecuten las obras de transferencia hídrica de 19,99 hectómetros cúbicos de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a Doñana; así como como el trasvase del Tajo-Segura.




El Gobierno andaluz «apostará» por sanidad, educación y dependencia en el Presupuesto de 2023

La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, promete que en los Presupuestos para 2023, de los que se ha avanzado superarán los 43.816 millones de las cuentas frustradas para 2022, habrá una apuesta por la sanidad, la educación y la dependencia, ámbitos que califica como «pilares fundamentales» para la Junta y que se apoyarán al mismo tiempo que se ejecuta una bajada de impuestos que implicará que se dejen de recaudar alrededor de 260 millones de euros.

Una meta en la que se consejera no observa contradicción alguna. Bajar la recaudación mientras sube la cuantía del Presupuesto es algo que Andalucía puede hacer, argumenta la consejera en entrevista con Europa Press, porque se ha recaudado más en la pasada legislatura bajando impuestos y por la presencia de fondos europeos.

 
 

Con la mayoría absoluta conseguida por el PP-A en las elecciones andaluzas, la Junta tiene garantizada la aprobación de unas cuentas para un año marcado por la incertidumbre de la crisis de precios a la que ha dado paso la pandemia, «unos momentos de incertidumbre y dificultad económica» en el que las cuentas parecen más vitales que nunca.

«Los presupuestos son una herramienta muy importante para ayudar a las familias y proteger también a las pymes, por lo tanto nosotros con estos presupuestos que efectivamente van a ser expansivos, seguiremos apostando por los servicios públicos», ha sostenido España.

La consejera apoya la afirmación en cifras que recopilan la anterior legislatura, en la que los populares gobernaron Andalucía con Ciudadanos. «La sanidad se ha incrementado en 1.800 millones desde el año 2018, último año de presupuesto socialista, (hay) 1.000 millones de euros más en educación y 400 millones de euros más en dependencia», enumera.

«Para nosotros esos tres pilares son fundamentales, seguiremos apostando por la sanidad y la educación y los servicios sociales, al igual que también apostaremos por tratar de ayudar en la medida de nuestras posibilidades a las familias, sobre todo a las más vulnerables, rentas medias y bajas e intentar que las empresas sean más competitivas», ha prometido.

Es con respecto a la última cuestión donde se encuentra otro de los elementos más esperados, la bajada fiscal anunciada el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su discurso de investidura, y que cifró en alrededor de 260 millones de euros, una cantidad que España confirma y a la que se refiere como una continuación de la «política fiscal moderada» que «se ha venido realizando en los últimos años».

La consejera, que subraya que aún se última el Presupuesto y que por tanto muchos apartados están por definir, apenas comenta por ahora que en ellos la sanidad «tiene un presupuesto muy importante por el propio peso que tiene el Servicio Andaluz de Salud (SAS), pero en general son atendidas todas las consejerías». Sí que destaca que aumentará también la financiación de los ayuntamientos.

Financiación ayuntamientos

Los consistorios andaluces también tendrán buenas noticias en las cuentas para 2023 tras contar este año con la prórroga del Presupuesto ideado para 2021. «No sé exactamente cuánto será el incremento pero lo importante es que habrá un incremento», ha comentado la consejera, que señala que éste se mantendrá «en la misma línea de lo que ha venido subiendo año a año».

«Todos los años se ha incrementado, se puede decir que el aumento de estos fondos de esta financiación incondicional a los ayuntamientos es un incremento superior a los 90 millones de euros», ha apuntado sobre lo sucedido en ejercicios anteriores.




Radiografía del ferrocarril en Andalucía: vías en punto muerto

  • La pujanza regional no se acompaña con el avance de los proyectos ferroviarios por parte del Gobierno central para una infraestructura clave en la UE

El cambio climático ha puesto el foco en el tren como medio de transporte masivo más sostenible. «Tenemos una legislatura por delante donde vamos a hablar mucho de ferrocarril», defendió la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo. El tren se perfila en la nueva legislatura de la Junta como protagonista ante el interés de la UE por el carácter limpio de este transporte, que a juicio de la Administración autonómica presenta con su actual gestión por parte del Estado «enormes deficiencias» que proponen combatir participando en su gestión. Desde el Gobierno se critica «la falta de memoria» citando por ejemplo el tramo de AVE en Granada a su paso por Loja o que en Almería «las obras del AVE van como un tiro y estarán en 2026». Con todo, la radiografía del ferrocarril en la comunidad presenta numerosas vías encalladas o en punto muerto.

En relación a los corredores transeuropeos y las actuaciones de Alta Velocidad, el desarrollo de la red básica, con los corredores Mediterráneo (incluyendo su Ramal Central) y Atlántico en Andalucía, ofrece aún un balance poco alentador debido a la falta de ritmo de ejecución en las obras, los proyectos constructivos pendientes todavía de definición así como por la soluciones técnicas adoptadas en los trazados, muy lejos de los estándares definidos en otras comunidades.




Carmen Crespo: «Nuestra prioridad es aportar nuevos recursos hídricos para el campo»

  • La sequía y la nueva PAC, contra la que ha formado frente común junto a las organizaciones agrarias, marcarán el nuevo curso agrario que gestionará

Carmen Crespo renueva mandato al frente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural tras una legislatura difícil, marcada por las negociaciones de una Política Agraria Común (PAC)que ha enfrentado al campo andaluz, con la Consejería al frente, con el Gobierno, al considerar que las modificaciones de las ayudas europeas perjudicarán a Andalucía. Ahora, con la nueva PAC a las puertas de entrar en vigor, y sin incluir todas las peticiones andaluzas, Crespo se enfrenta a un caballo de batalla más grave para el campo: la pertinaz sequía que ha puesto en jaque a los agricultores.

—Si hay una preocupación en el campo en este nuevo inicio del año agrícola es, sin duda, la sequía. Desde el Gobierno, ¿qué se va a hacer para garantizar los recursos que necesitan los regantes y ganaderos?
—El Gobierno de Andalucía ha establecido como una prioridad dentro de su política hídrica la búsqueda de nuevos recursos con el fin de aumentar las reservas disponibles para el campo. No desdeñamos ninguna fuente, son importantes todas, desde las conexiones al agua desalada, la subterránea y, por supuesto, las regeneradas. A diferencia del Gobierno de España, que está prácticamente «de brazos cruzados» a pesar de que la Cuenca de Guadalquivir, que es de su competencia, está a un nivel del 22%, el Gobierno andaluz ha demostrado con creces que es previsor en materia de política hídrica. De hecho, Andalucía se adelantó aprobando dos decretos de sequía con 141 millones de euros para obras cruciales que estamos realizando en nuestras cuencas, las cuales suponen el 33 por ciento del territorio. El Estado, con un 67% de competencia sobre las cuencas de Andalucía, sólo ha destinado a su Decreto de Sequía 9,6 millones que son insuficientes. Estamos poniendo a disposición de los productores todas las herramientas que están en nuestra mano. A todo lo anterior hay que sumarle que hemos abonado ayudas por valor de 100 millones de euros mediante colaboración público-privada con las Comunidades de Regantes. En otro orden recientemente hemos firnado un acuerdo con Asaja para defender unos regadíos sostenibles y eficientes en España.

—¿Qué pidió Andalucía en la reciente reunión de la Mesa Nacional de la Sequía?
—Desde la Junta reclamamos, en primer lugar, que se celebre una Mesa Nacional de la Sequía porque lo que tuvo lugar fue únicamente un seguimiento de la situación actual . Queremos la aplicación de la doble tarifa eléctrica para el riego, que podría traer consigo un ahorro del 30% a los agricultores y ganaderos, y solicitamos al Estado que esta medida se complemente con la bajada del IVA de los insumos y la bonificación del agua desalada a 0,30 céntimos, al menos, para los regantes.

Próximas medidas

—Los decretos de sequía de la Junta rozan el 50% de ejecución. ¿Qué medidas/ayudas contempladas verán la luz próximamente?
—Precisamente, este mes de septiembre se abrirá la convocatoria de las ayudas para la construcción de abrevaderos, una medida demandada por los propios ganaderos y que esperamos que ayude a hacer frente a la complicada situación. Actualmente, el sector ganadero se beneficia ya de otras medidas de auxilio que hemos activado en Andalucía para ayudarles con la subida de costes que han provocado la sequía y la subida de costes por la guerra en Ucrania. Entre otras cuestiones, hemos eximido a estos productores de las tasas relativas a los laboratorios y a los servicios veterinarios.

—Existe cierta sensación entre los regantes de que, en el anterior mandato, las políticas de agua han puesto más énfasis en la depuración, ¿se pondrá ahora el acento más en el regadío?
—Nuestro compromiso con los regantes es firme, sabemos muy bien la importancia que tienen para nuestro sector agrícola y, por tanto, para la economía. Es cierto, que hemos llevado a cabo numerosas medidas para mejorar la depuración de Andalucía, pero es que son una parte importante del recurso adicional de agua que estamos aportando a los agricultores y los regantes. Sin depuración no hay aguas regeneradas. Ejemplo claro es que los regantes de la Axarquía, gracias a esa depuración, cuentan hoy con 12 hectómetros nuevos. De esta forma, todos ganamos: mejor depuración y más recursos para el riego.

—Desde la Consejería se ha anunciado que ya se trabaja en el II Plan de Aguas Regeneradas. ¿De cuántos recursos estaríamos hablando para uso de la agricultura y la ganadería?
—La política de agua es un conjunto y todas las acciones están vertebradas. Este plan se enmarca dentro del propio Decreto de Sequía que recoge numerosas obras de terciarios y en las obras futuras de depuración que estamos ejecutando y vamos a ejecutar. Todo ello, nos lleva a pensar en un objetivo de lograr en los próximos años 120 hm3 de nuevos recursos hídricos para Andalucía.

Nueva PAC

—Otro de los hitos importantes de este curso será la entrada en vigor de la nueva PAC, una reforma que, pese a los esfuerzos realizados por Andalucía, todo apunta a que será bastante lesiva para el campo andaluz. Ya no hay expectativas de que se incluyan las alegaciones andaluzas.
Es, a todas luces, una PAC lesiva para el campo andaluz, que calculamos que producirá pérdidas de más de 500 millones de euros. Es por ello que estamos estudiando presentar, siempre de forma consensuada con el sector, una queja ante Bruselas para evitarlas. Lamentamos que el Gobierno de España enviara a Bruselas el documento del Plan Estratégico Nacional de la PAC sin analizar las alegaciones que presentamos desde Andalucía que, además, están acordadas con el campo. También estamos demandando al Ejecutivo central el aplazamiento inmediato de la entrada en vigor de los ecoesquemas de la futura PAC, puesto que éstos, tal y como están definidos, suponen un gasto más y no un incentivo para nuestros agricultores.

—El curso también estará marcado por la prolongación de la guerra Ucrania-Rusia y el alza de los costes productivos. La Ley de la Cadena, aprobada por el Gobierno central para tratar que los productores reciban un precio igual o superior al coste de producción, ¿Es la solución? ¿Cree que está funcionando?
—La Ley de la Cadena Alimentaria, tal y como está, no sirve para nada, no es eficaz y urge que se lleve a cabo su modificación. Necesitamos una legislación en este sentido que sea realmente efectiva para nuestro sector agrícola.

—¿Qué medidas prevé la Consejería a corto plazo para ayudar a agricultores y ganaderos?
—El pasado miércoles 7 llevamos al Consejo de Gobierno los casi 27 millones de euros de ayudas del Fondo de Reserva de Crisis de la Unión Europea y el Estado para 13.500 beneficiarios para que puedan hacer frente a los elevados costes de producción. Además, vamos a complementar esta ayuda, a través de la Medida 22, aportando 37 millones de euros más. En estos momentos de dificultad hay que estar, más que nunca, al lado de los agricultores.

—El buen aprovechamiento de los fondos europeos ha sido también otro de los objetivos de la Consejería en el anterior mandato. Estando ya en el final del N+3, que permitirá poder ejecutar el gasto hasta 2023, ¿Puede avanzar si se ejecutará todo el presupuesto o habrá que devolver fondos?
—Fue, sin duda, uno de los grandes objetivos de la anterior legislatura, dedicando muchos esfuerzos para ponernos al día en la ejecución, teniendo en cuenta que, cuando llegamos, nos encontramos que ésta estaba prácticamente sin comenzar. Y, por supuesto, al final del período vamos a justificar el cien por cien del presupuesto asignado.