El paro baja en octubre en 18.736 personas con descensos en todos los sectores
| noviembre 4, 2022
El ajuste administrativo de la clasificación de los fijos discontinuos impulsa la disminución del desempleo, la primera que se produce en este mes en la serie histórica comparable
El paro descendió en Andalucía en 18.736 personas (-2,40%) en el mes de octubre, un descenso inusual que se ha producido en todos los sectores, debido a una regulación administrativa realizada este mes por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en torno a la clasificación de los fijos discontinuos que están en período de inactividad, que según la normativa deben estar encuadrados como demandantes de empleo no ocupados (DENOS) y no como parados registrados. Este ajuste ha provocado que el paro baje en el mes de octubre por primera vez en la serie estadística comparable.
De esta manera, la cifra total de parados se sitúa en la comunidad en 760.546 personas, el registro más bajo desde el mes de agosto de 2019. La comunidad encabeza este mes el descenso del paro, aportando el 69% de la bajada registrada en España, donde el desempleo descendió en 27.027 personas (-0,92%).
En los últimos 12 meses, el paro bajó en Andalucía en 48.864 personas (-6,04%), encadenando dieciocho meses consecutivos de descenso. Por su parte, el descenso español fue de 342.176 personas (-10,51%).
El paro mensual andaluz descendió en la agricultura (-10,69%), la construcción (-2,93%), los servicios (-1,95%) y la industria (-1,74%), y sólo se incrementó en el colectivo sin empleo anterior (1,22%).
En el último año, el paro descendió en todos los sectores: agricultura (-15,06%), construcción (-7,91%), industria (-6,42%), servicios (-5,41%) y el colectivo sin empleo anterior (-1,02%).
Por sexos, el paro descendió el pasado mes de octubre un -3,25% en los hombres y un -1,84% en las mujeres. Respecto a octubre de 2021 bajó un -7,61% en el colectivo masculino y un -4,97% en el femenino.
Por edades, el paro bajó un -2,77% en los menores de 25 años, un –4,16% en el colectivo entre 25 y 44 años y un -0,97% en los mayores de 45 años. En el último año, los descensos fueron de -4,32% en el caso de los menores de 25 años, -10,45% en el grupo de entre 25 y 44 años y de -2,69% en los mayores de 45 años.
Datos provincializados
El paro descendió el pasado mes en todas las provincias: Almería (-8,79%), Huelva (-7,71%), Córdoba (-2,55%), Sevilla (-1,80%), Granada (-1,59%), Jaén (-1,44%), Cádiz (-1,32%) y Málaga (-0,39%). Con respecto a octubre del año anterior, el paro bajó en todas las provincias, encabezadas por Huelva (-12,21%), y seguida de Málaga (-9,05%), Cádiz (-6,82%), Sevilla (-4,67%), Granada (-4,35%), Jaén (-4,33%), Córdoba (-3,03%) y Almería (-2,94%).
Con respecto a la contratación, en Andalucía se firmaron en el último mes 321.734 contratos, lo que representa un descenso de -0,82% con respecto al mes anterior y del -24,23% con respecto a octubre de 2021.
Seguridad Social
Con respecto a los datos de afiliados a la Seguridad Social, octubre se cerró con un aumento de 23.239 cotizantes en Andalucía, hasta situarse el número total en la comunidad en 3.274.493 personas (0,71% en comparación con el anterior mes).
En los últimos doce meses, la afiliación en Andalucía creció en 79.193 cotizantes, un incremento de un 2,48%. La comunidad es la tercera en la que más suben los afiliados en el conjunto del país, que registra un incremento de 593.196 cotizantes (3,01%) en el último año.
Autónomos
En octubre, se incrementan los trabajadores autónomos en 20 nuevos afiliados, lo que sitúa el número total de autónomos en 566.356 personas. En cambio, con respecto al mes de octubre de 2021, Andalucía cuenta con 4.201 autónomos más, un 0,7% de crecimiento, de manera que Andalucía aporta en el último año más de la mitad de los nuevos autónomos de España, un 53% del total.
Las obras público-privadas tienen «acento» socialista
| noviembre 4, 2022
La Junta apuesta para 2023 por fórmulas mixtas de inversión, aunque la mayoría de las vigentes son de otras legislaturas
El actual Gobierno andaluz viene defendiendo desde la anterior legislatura el modelo de colaboración público-privada en todos los ámbitos como fórmula para impulsar el desarrollo económico de la región. Junto a la simplificación administrativa, la reducción de impuestos o la atracción de inversión extranjera, el discurso oficial señala que la cooperación entre la Administración y los inversores privados es una fórmula plenamente válida para favorecer la competitividad de Andalucía y el fomento del empleo. Esta ideario se reafirma en los presupuestos para 2023 aprobados la semana pasada y que ya se tramitan en el Parlamento de Andalucía.
Entre la documentación depositada en la Cámara andaluza, se defiende que «la iniciativa público-privada se contempla como una fórmula que no solo ofrece ventajas desde el punto de vista financiero para el sector público, sino que activa el tejido empresarial, posibilitando mayores niveles de emprendimiento y generando un modelo en el que las dos partes, sector público y privado, actúan como socios». Ahora bien, a la hora de enumerar las actuaciones desarrolladas bajo esta fórmula, todas se corresponden a legislaturas anteriores impulsadas por Gobiernos socialistas.
El Gobierno de Moreno apuesta por la obra pública para reactivar la economía y anuncia con 7.700 millones para metros y tranvías
| noviembre 4, 2022
Los metros de Sevilla, Málaga y Granada acaparan la mayor parte de las inversiones
El Gobierno andaluz ha aprobado este miércoles el nuevo Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (Pitma), un documento que contempla una inversión de 7.766 millones de euros hasta el próximo 2030. Así lo ha explicado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, quien ha añadido que este programa pretende hacer al transporte andaluz «más sostenible«.
Dentro del Pitma, ha detallado Carazo, están inversiones de tanto calado como los Metros de Sevilla, Granada o Málaga. El de la capital andaluz, en concreto, tendrá una inversión por parte de la Junta que supera los 1.400 millones de euros. El de Málaga está también recogido en el documento y contará con 156 millones de euros; y el de Granada tiene consignados en el Pitma hasta 110 millones -88 para obras y el testo, para la compra de ocho trenes-. En todo caso, puntualizan desde el Gobierno andaluz, estos fondos no son nuevos sino una compilación de los recursos que se van a destinar a dichas obras en los próximos siete años.
Además de la red de metro andaluz, el plan contempla el abordaje de obras en la red viaria así como el desarrollo de nuevas carreteras. También la puesta en marcha de los tranvías de Jaén y de Alcalá de Guadaíra. En el caso de las carreteras, ha explicado Carazo, el objetivo es que desde ahora sean «corredores verdes que aumenten su autosuficiencia energética» y cuenten con «pavimento sostenible». Además, se buscará la «humanización» de las travesías y se reducirá la contaminación acústica.
Con este plan « se dota de un instrumento para afrontar los retos de la movilidad futura, en un escenario donde las prioridades se orientan a la lucha contra el cambio climático, y la necesidad de incorporar a las políticas de transporte los cambios que trajo consigo la crisis sanitaria del Covid-19«, señalan desde la Junta.
La principal apuesta inversora recae en la construcción de infraestructuras sostenibles e intermodales, que supone más del 64% de la inversión prevista, principalmente, para el desarrollo de los metros y tranvías andaluces, aunque también figura la mejora de los grandes ejes viarios, la implantación de nuevas plataformas reservadas, la puesta en marcha de carreteras más sostenibles o la conservación de los más de 10.500 kilómetros de red viaria de titularidad autonómica, según recoge Europa Press.
De la inversión prevista en el nuevo plan de infraestructura, más del 41 por ciento procede de financiación pública directa de la Junta de Andalucía, mientras que un 23 por ciento procede de fuentes como los mecanismos financieros que pone a disposición la Unión Europea, como los Feder, y un 18% se estima que corresponderá al Estado.
También se contará con colaboración público-privada en algunas líneas, como es el caso de áreas logísticas y puertos, ha señalado la consejera de Fomento.
Marifrán Carazo: «Hay interés de empresas en el impulso al tren de media distancia en Andalucía»
| noviembre 4, 2022
La consejera de Fomento de la Junta dice que ya está el estudio de la conexión entre Jaén, Córdoba, Huelva y Sevilla para solicitar su gestión al Gobierno
«El Gobierno se quedó corto con su actualización de precios, de ahí que hayamos tenido que legislar»
Forma parte del grupo reducido de consejeros que repite en el cargo con las mismas competencias que en la anterior legislatura. Pese a ello, el estreno del nuevo mandato no ha estado exento de convulsiones, desde la necesidad de culminar la regulación de los VTC (vehículos de turismo con conductor) hasta el reciente choque con el Gobierno central por el decreto para la actualización de los precios de la obra pública. Entre sus grandes objetivos para los próximos años está lograr la entrada en la gestión del transporte ferroviario de media distancia para mejorar la conexión entre las ciudades andaluzas.
—Ha solicitado al Estado el uso de la red ferroviaria para reforzar la red de media distancia. ¿Tienen ya algún proyecto concreto?
Hemos mostrado nuestra colaboración para resolver una situación que empeora cada día, así que nos ofrecimos a gestionar conexiones ferroviarias de media distancia entre ciudades andaluzas, con servicios ‘low cost’, que ofrezcan más frecuencias, con precios atractivos y tiempos más reducidos.
—¿Es un proyecto factible a corto plazo?
—Podría serlo, porque no queremos las competencias sobre el transporte de media distancia, tan solo reclamamos el uso de las infraestructuras (que son del Estado). Se trata, sencillamente, de adelantarnos a la futura liberalización del ferrocarril, prestando así el servicio de conectar las ciudades andaluzas pagando un canon, como ya está ocurriendo en el AVE.
—¿Han recibido el interés de operadores privados?
—Hay un interés muy claro y potencial para la colaboración público-privada. Hay empresas que ven en Andalucía una oportunidad por la población que representa, la importancia de sus ciudades y el número tan alto de turistas y visitantes que atrae. Sería un éxito y marcaríamos el camino para el desarrollo de este modelo en otras comunidades.
—¿Qué líneas están estudiando?
—Ha solicitado al Estado el uso de la red ferroviaria para reforzar la red de media distancia. ¿Tienen ya algún proyecto concreto?
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—Hemos mostrado nuestra colaboración para resolver una situación que empeora cada día, así que nos ofrecimos a gestionar conexiones ferroviarias de media distancia entre ciudades andaluzas, con servicios ‘low cost’, que ofrezcan más frecuencias, con precios atractivos y tiempos más reducidos.
—¿Es un proyecto factible a corto plazo?
—Podría serlo, porque no queremos las competencias sobre el transporte de media distancia, tan solo reclamamos el uso de las infraestructuras (que son del Estado). Se trata, sencillamente, de adelantarnos a la futura liberalización del ferrocarril, prestando así el servicio de conectar las ciudades andaluzas pagando un canon, como ya está ocurriendo en el AVE.
—¿Han recibido el interés de operadores privados?
—Hay un interés muy claro y potencial para la colaboración público-privada. Hay empresas que ven en Andalucía una oportunidad por la población que representa, la importancia de sus ciudades y el número tan alto de turistas y visitantes que atrae. Sería un éxito y marcaríamos el camino para el desarrollo de este modelo en otras comunidades.
—¿Qué líneas están estudiando?
—La primera línea que analizamos es la que une Jaén —una ciudad muy mal conectada— con Córdoba, Sevilla y Huelva, donde hay un gran potencial y un gran margen de mejora. El estudio para esta propuesta está ya muy avanzado.
—Otro frente con el Gobierno central es el choque por el decreto de actualización de precios para los proyectos de obra pública. ¿Es posible una solución negociada?
—Estamos ultimando un informe que refuerza nuestra posición sobre las competencias de las comunidades autónomas para revisar determinados contratos, y deseo que pueda solucionarse de común acuerdo. El Estado sostiene que sólo a él le corresponden las competencias que afectan a la Ley de Contratos; pero nosotros entendemos que una vez que el Estado realizó su normativa de actualización de precios, habilitó a las comunidades a tomar decisiones y ampliar el número de contratos que se pueden beneficiar de la revisión de precios. El decreto estatal llegó tarde y se quedó corto, porque no recoge la casuística que afecta a la Administración autonómica y a los entes locales, por eso intervino la Junta, que es quien asume la revisión económica de los contratos con el objetivo de que la obra pública no se detenga, con el impacto en el empleo que esto puede conllevar. En este caso, el Gobierno de España ni come berzas ni las deja comer… y la realidad es que tiene los proyectos parados en Andalucía, como los tramos del AVE de Almería o la ampliación del Puente del Centenario en Sevilla. Debería ser el primer interesado en resolver un problema que es de mucho calado.
—La consejería ha presentado el plan Ecovivienda, dotado con más de 600 millones de euros para rehabilitar casas, edificios y barriadas. ¿Se podrá gestionar con agilidad ese gran volumen de ayudas?
—Hemos trabajado de la mano del sector, de los colegios profesionales y los ayuntamientos para que la información fluya y existan solicitudes suficientes de aquí a 2026. No solo hay rehabilitación de viviendas, edificios y barriadas, sino que se desarrollarán 4.000 nuevas viviendas de alquiler social, que se suman a las 3.000 que ya hemos promovido con el Plan Vive. En la gestión eficaz de todas estas ayudas nos va a ayudar toda la experiencia en digitalización que hemos desarrollado con el Covid. Estas nuevas herramientas, y el compromiso de todos los funcionarios de la consejería, tienen que evitar problemas del pasado. Cuando llegamos aquí, por ejemplo, nos encontramos con miles de ayudas al alquiler sin pagar de las convocatorias de 2017 y 2018… Ese tipo de problemas no se deben volver a repetir.
—Pese a las críticas de la Junta a la gestión del Gobierno a los fondos Next Generation, este plan es un caso de éxito…
—No ha sido fácil por cómo se ha formulado la convocatoria y los plazos, pero nos hemos puesto a trabajar para establecer un sistema de gestión eficaz de las ayudas y persuadir a los ciudadanos. Gracias a que en los últimos años hemos trabajado en el desarrollo de proyectos, ahora podemos captar parte de estas ayudas en ámbitos como la movilidad o el transporte, donde vamos a tener capacidad para invertir 180 millones de euros.
—¿A qué iniciativas se dirigirá esa inversión?
—Deben ser proyectos que estén en funcionamiento en 2026, y en esta situación se encontraba la ampliación del Metro de Granada (con un presupuesto de 88 millones de euros). También habrá proyectos de plataformas reservadas para el transporte público en ciudades y carriles ciclo peatonales que van dirigidos a municipios mayores de 50.000 habitantes (por que así lo exige la convocatoria).
—Su primera tarea en esta Legislatura ha sido la legislación de las VTC. ¿Es ya un problema zanjado?
—Teníamos el límite del 1 de octubre y habíamos negociado con el taxi desde 2019. Se intensificaron las reuniones, han sido muchas horas de reuniones, de búsqueda de entendimiento y acuerdo, y todas las medidas que pedían, que eran buenas para la convivencia de estos servicios, se han asumido en el decreto. Aquello que no se ha recogido ha sido por cuestiones de seguridad jurídica. La regulación no es un punto y final, sino un punto y seguido, dado que ahora hay que aplicar la norma y velar por su desarrollo eficaz.
—Entre sus nuevas competencias está la gestión de Cetursa (Sierra Nevada). ¿Se la han asignado por ser granadina o por que se trata de la gestión de una infraestructura?
—Es una infraestructura inmersa en uno de sus planes de inversiones más importantes de su historia. Estamos finalizando la construcción de las nuevas telesillas y existe un plan dotado con doce millones para mejorar la superficie esquiable. Para mí lo esencial es liderar un plan estratégico que tiene que hacer de Sierra Nevada una estación más sostenible que potencie todas las características que pueden convertirla en una referencia en Europa. A partir de ahí, yo como granadina estoy encantada de asumir esta responsabilidad, ya era hora de que alguien de Granada estuviera el frente de Sierra Nevada, que tiene un impacto decisivo en nuestra comunidad.
—¿Entre sus objetivos está la ampliación de Sierra Nevada?
—Lo primero que hemos hecho, con las inversión en las nuevas sillas, es reordenar la superficie esquiable, porque todavía hay potencial de incrementar el número de kilómetros dentro del perímetro actual, diferenciando mejor los servicios que se prestan para mejorar la experiencia de quienes nos visitan. Con lo cual, podemos ganar todavía en kilómetros y actividad antes de acometer ninguna ampliación. También nos preocupa la adaptación de la estación al cambio climático, como ya hemos hecho con los nuevos cañones de nieve artificial, que nos permiten estar mejor preparados. A partir de ahí, no cerramos la puerta a una ampliación, pero con la prioridad de preservar un espacio natural de primer nivel.
—La candidatura a la Alcaldía de Granada está vacante. ¿Asumiría ese reto?
—En la consejería de Fomento estoy afrontando ahora una larga lista de retos que afectan a Granada y al resto de las provincias de Andalucía. Tengo esta posición en el Gobierno de la Junta porque así lo decidió el presidente, que depositó en mi su confianza. Esa es ahora mi prioridad, aunque estoy a disposición de lo que determine mi partido.
Infraestructuras y sanidad centran las cuentas de la Junta en las provincias andaluzas
| noviembre 4, 2022
Destacan las inversiones en los metros de Sevilla, Málaga y Granada y el inicio del proyecto del Materno-Infantil de Huelva
Tras la aprobación en el Consejo de Gobierno y su presentación en el Parlamento, los consejeros del Gobierno andaluz presentaron el Presupuesto autonómico de 2023 en las ocho provincias, unas cuentas que registran incrementos por encima del 10% en sanidad, educación y servicios sociales. Las infraestructuras –con el impulso de los metros de Sevilla, Granada y Málaga– y los equipamientos sanitarios centran las inversiones provincializadas, con partidas destacadas dedicadas a la eficiencia energética, la innovación y las obras hidráulicas.
La inversión en Sevilla asciende a 688.294.426 euros, aumentando un 304% respecto a las primeras cuentas del Gobierno andaluz de 2019 y un 92% más que en los Presupuestos prorrogados de 2022. Dos de las partidas más relevantes corresponden a infraestructuras de transporte, de manera que la Consejería de Fomento asigna 81.700.000 euros para las obras del tranvía de Alcalá de Guadaíra y 20.190.000 euros para las obras de ampliación del Metro de Sevilla. En materia de cultura se destinan 680.000 euros para instalar el Museo Arqueológico en el convento de Santa Inés y 4.700.000 euros para obras en el conjunto monumental de San Isidoro del Campo en Santiponce.
Los Presupuestos consignan a Málaga 466,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 74% respecto a las actuales cuentas. Recogen un claro impulso al tercer hospital de la capital, con 12 millones de euros, y la llegada del metro soterrado al mismo, para el que se destinan diez millones.
En concreto, de los 20.122.076 euros que incluyen las cuentas para el metro de Málaga, la mitad será para empezar las obras de la prolongación hasta el Hospital Civil y la otra mitad destinada a liquidaciones, la ejecución del espacio museístico sobre los restos arqueológicos (un millón) y otras acciones.
Y para la ejecución del tercer hospital, que se levantará en los terrenos del Civil, la Junta destina dos partidas: en torno a 7,1 millones para redactar el proyecto de ejecución y dirección de obra y 4,9 para la adecuación eléctrica del espacio. Se trata de algo más de 12 millones de euros.
Un total de 380 millones de euros contemplan las cuentas autonómicas de 2023 para Córdoba. Destacan proyectos ya en marcha como la base logística del Ejército de Tierra, la Ronda Norte, el Hospital Materno-Infantil, la Ciudad de la Justicia de Lucena y diversas infraestructuras hidráulicas. El área más dotada es Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, cuya asignación asciende a 116 millones de euros, de los que el 76,1% se destinará a inversión.
Por su parte, Almería recibirá 386 millones de euros, con especial hincapié en sectores productivos y materia hídrica. De entre las inversiones proyectadas, destacan los 7,5 millones para la ejecución del último tramo de la autovía del Almanzora, entre La Concepción y la autovía del Mediterráneo A-7, los 2,2 millones para la rehabilitación de la Casa Consistorial de la capital y los 2,5 millones para el enlace de Mojácar con la autovía. Las cuentas incluyen partidas para nuevos centros de salud en El Ejido, la capital almeriense o Benahadux, además de una inversión de 3,8 millones para el centro de Mojácar y 15,4 millones para el Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar.
El presupuesto andaluz para 2023 sube un 11% en Salud y un 15% en Educación y alcanza máximos históricos
| noviembre 4, 2022
Juanma Moreno anuncia en el Parlamento que las cuentas superarán los 45.600 millones de euros, 5.200 millones más que en este año
El presidente afirma que de cada cien euros que suben las cuentas para el próximo año, 57 estarán destinados a políticas sociales
El Consejo de Gobierno aprobará este viernes el Presupuesto de la Junta para 2023 que ascenderá a 45.600 millones de euros, un incremento de 5.200 millones con respecto al ejercicio anterior, un 13% en términos porcentuales. Así lo ha confirmado este jueves el presidente de la Junta en sede parlamentaria quien ha afirmado que de cada cien euros de incremento en el gasto público andaluz, 57 irán destinados a políticas sociales.
Por capítulos, en Salud, las cuentas públicas aumentan en 1.350 millones de euros, un 11% más que el año anterior hasta 13.800 millones de euros. En Educación, el aumento es del 15% con 1.127 millones de euros más y un presupuesto total de 8.514 millones de euros.
Gasto social
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanzado que, «de cada 100 euros que aumenta el Presupuesto» andaluz del año que viene, «57 van para gasto social», y ha avanzado que destinarán para sanidad «1.350 millones de euros más» hasta alcanzar un montante de «13.800 millones de inversión sanitaria, casi 14.000 millones, una cifra récord en la historia de la autonomía» y «un 11% más» de incremento, según ha abundado.
Además, el presidente ha indicado que, en Educación, la Junta presupuestará «1.127 millones más hasta alcanzar 8.514 millones, un 15% más» y «una cifra jamás soñada en 40 años de políticas sociales» en la comunidad autónoma, según ha defendido antes de reprochar a Espadas que «el desmantelamiento de la sanidad pública y de gran parte de la educación pública» en Andalucía «no la ha hecho un gobierno del PP, sino un PSOE con recorte tras recorte».
«Algunos en los últimos diez años quitaron recursos en lo esencial para los andaluces, y nosotros los ponemos a pesar de las circunstancias difíciles que vivimos», ha presumido en esa línea el presidente de la Junta , quien también ha puesto de relieve que, en el actual contexto de sequía, la Junta va a aumentar su presupuesto de obra hídrica «un 25% hasta llegar a 450 millones».
Cuentas expansivas
El presidente Moreno ha incidido en la sesión de control en el Parlamento andaluz en que los Presupuestos que se van a aprobar este viernes son «claramente expansivos para cubrir las necesidades que tiene Andalucía», y ha recordado que superarán «los 45.000 millones, con un incremento de 5.200 millones».
Moreno ha puesto de relieve además que el gobierno que él preside desde enero de 2019 ha «elevado los presupuestos en 4.000 millones de euros en política de inversión sanitaria, un 40 por ciento más« en tres años y nueve meses de legislatura anterior y de la actual.
Además, ha destacado que, en el mismo periodo de tiempo, la Junta ha destinado un 34,5 por ciento más a educación, con 2.185 millones más de inversión, y un 48 por ciento más para servicios sociales, lo que se traduce en un aumento del presupuesto desde 2018 para ese concepto de 573 millones, según ha desgranado Moreno, que ha incidido en que todo eso lo ha compaginado su gobierno con bajadas de impuestos.
PAMASA renueva su imagen
| noviembre 4, 2022
PAMASA, empresa especializada en la fabricación y extendido de mezclas asfálticas, con más de 50 años de experiencia, renueva su imagen y su presencia en Internet a través de una página web totalmente rediseñada, que pone en valor los atributos de la empresa. (www.pamasa.es) Pavimentos Asfálticos Málaga S.A, constituye desde 1971 un referente en investigación, fabricación y puesta en obra de mezclas asfálticas en la provincia de Málaga. Desde sus orígenes ha destacado por la experimentación y desarrollo de nuevas mezclas asfálticas medioambientalmente sostenibles, de mejores prestaciones y mayor durabilidad, como manifiesto de su responsabilidad con el entorno PAMASA ha desarrollado grandes obras en carreteras como la Autovía A-357-Cártama, la circunvalación de Ronda, entre otras muchas. Y también obras emblemáticas de obra civil como el estadio de atletismo “Ciudad de Málaga” o el muelle 1 en el Puerto de Málaga. En cuanto a servicios, Pavimentos Asfálticos Málaga S.A., es actualmente la adjudicataria del Servicio de conservación de asfalto para la GMU de Málaga. PAMASA ejecuta proyectos de asfaltados, obra civil y servicios de conservación de vías públicas y carreteras, siempre bajo las premisas de calidad, seguridad y sostenibilidad. Para conocer más detalles, puede visitar la página web www.pamasa.es y seguir a la empresa en las redes sociales: https://www.linkedin.com/company/pavimentos-asfalticos-malaga-s-a-pamasa
CEACOP alerta que la falta de acuerdo entre las administraciones pone en riesgo a la obra pública
| noviembre 4, 2022
Hoy la gerente de CEACOP, Ana Estella, ha participado en el programa de Onda Cero Más de Uno Sevilla, para elevar la problemática del sector de la construcción, en riesgo por los “disparados” costes de la energía y los precios de las materias primas, y por la inseguridad jurídica ante la falta de acuerdo entre las administraciones sobre la normativa andaluza que regula la revisión de los precios de los contratos de obra pública.
La Junta afirma que el coste de la subida de los materiales en la obra pública “no lo pagarán las empresas”
| noviembre 4, 2022
La Consejería de Fomento admite en una jornada de Ceacop que el acuerdo entre los gobiernos central y autonómico sobre la revisión de precios está lejano
El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha organizado este miércoles una jornada para abordar la revisión de los precios de los contratos de obra pública, amenazada ante la falta de consenso entre los gobiernos central y autonómico.
En el encuentro presidido por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, esta ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la necesidad de alcanzar un consenso para que no se suprima el decreto autonómico sobre la revisión de los precios.
En su intervención, ha manifestado el compromiso de la Junta en la actualización permanente del banco de precios y ha propuesto a Ceacop establecer una mesa para revisar los pliegos de contratos de obra pública. “Vamos a seguir defendiendo y tirando del sector para evitar la paralización de obras y la pérdida de empleos”, ha enfatizado la consejera. Por su parte el viceconsejero del ramo, Mario Muñoz-Atanet, se ha mostrado rotundo al afirmar que “se articularán medidas y ayudas porque las empresas no van a pagar la fiesta”.
Por su parte, la gerente de Ceacop, Ana Estella, ha agradecido el esfuerzo de la Junta de Andalucía, pero ha exigido responsabilidad a todas las administraciones para salir lo antes posible de la situación de incertidumbre que pone en riesgo a la obra pública, afectada por los “disparados” costes de la energía y los precios de las materias primas, al tiempo que ha advertido de la inseguridad jurídica ante la falta de acuerdo entre ambas administraciones sobre la mencionada normativa andaluza.
“Los decretos son una herramienta para mitigar el impacto del alza de precios, pero la discordancia actual genera desconfianza en las empresas del sector de la construcción, que de momento son las que están asumiendo los sobrecostes de las obras, en un ejercicio de valentía y responsabilidad con los contratos firmados, sus empresas y plantillas”, ha destacado Ana Estella.
El encuentro celebrado en Sevilla se ha centrado en la situación de inseguridad jurídica que se produce como consecuencia de la disputa entre el Gobierno y la Junta respecto a la posible inconstitucionalidad de varios preceptos de la norma andaluza, actualmente vigente y, por lo tanto, de obligado cumplimiento.
“Una hipotética sentencia que declarara la inconstitucionalidad podría fijar sus efectos sin afectar a situaciones ya reconocidas por aplicación del principio de seguridad jurídica”, ha explicado Gonzalo Cerón, socio de Sollertia Abogados y experto en la materia, quien ha puntualizado que sucedería lo mismo si se publicara una nueva norma, “ya que no debería tener efectos retroactivos”.
Durante el encuentro, Ceacop también ha puesto de relieve el esfuerzo del sector de la construcción para continuar con las obras, a pesar del marco de inseguridad al que se enfrentan diariamente desde hace más de un año y medio, y ha agradecido a la Junta su defensa de las empresas y el sector.
Andalucía prepara su artillería legal para defender en el TC su decreto de revisión de precios
| noviembre 4, 2022
La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, da por hecho que el Gobierno recurrirá la norma andaluza
Los constructores pedirán la revisión de contratos de obra pública en Andalucía mientras esté en vigor el decreto autonómico
Como compensación, la Junta anuncia una revisión del banco de precios antes de 2023 y de los pliegos de contratos de obras públicas
El Gobierno central ha anunciado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto autonómico de revisión de precios de obras públicas. La reacción del Ejecutivo presidido por Juanma Moreno no se ha hecho esperar y prepara ya con los servicios jurídicos de la Junta su artillería legal para hacer frente al Gobierno de Pedro Sánchez. «La situación es compleja y no pinta bien», ha admitido este miércoles la consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, ante casi un centenar de empresarios convocados por el Círculo de Compañías Andaluzas de la Construcción (Ceacop), a los que ha advertido de la batalla legal que se avecina. Aún así, la Junta asegura que «plantará una batalla fuerte si hay recurso ante el Constitucional» porque -ha declarado- los empresarios no tienen que asumir los sobrecostes por el alza de los materiales y de la energía.
«Vamos a defender al sector», ha dejado claro la política, quien ha asegurado que este asunto está en la agenda de Juanma Moreno y lo ha planteado en todas las cumbres de autonomías con Pedro Sánchez. Asimismo, ha subrayado que el presupuesto de licitaciones de obras públicas de la Junta aumentará en 2023 «porque el presidente sabe que es una herramienta para la recuperación económica, por lo que las obras públicas no se van a paralizar, a diferencia de lo que ocurrió en 2008».
«Primero se nos cuestionó que hubiéramos metido en el decreto los contratos de servicios que afectan a obras de conservación, pero después el Gobierno ya nos ha dicho que no tenemos competencia para aprobar el decreto porque la Ley de Contratos es estatal», ha anunciado esta consejera, que apoyada en los servicios jurídicos de la Junta y en la de los contratistas prepara un argumentario legal contra las posiciones de la Abogacía del Estado. Además, la Junta ha pedido una reunión urgente con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que su departamento fue el que aprobó el decreto nacional de revisión de obras públicas-
Carazo ha recordado Carazo, el decreto andaluz de revisión de precios se aprobó porque el Gobierno nacional aprobó uno que no se ajustaba a la realidad andaluza ni a la casuística de contratos de obra pública en la región. «No hemos sido los únicos que nos hemos quejado. También lo han hecho Extremadura, Aragón, Galicia o Comunidad de Madrid», ha recordado la consejera, quien admite que la primera reunión bilateral para resolver este litigio acabó sin acuerdo.
La norma andaluza permite acogerse al mismo a administraciones locales, incorpora las obras en ejecución en 2021 y de menos de cuatro meses de duración (en un principio el decreto nacional sólo contemplada las de un año), suprime la penalización por retrasos vinculados a la falta de material, permite sustituir materiales si no se altera la calidad y amplía la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos.
Paralización de obras
Ahora la Junta espera una segunda reunión bilateral aunque el tiempo juega en su contra, ya que el 12 de enero acaba el plazo para que el Estado pueda recurrir el decreto andaluz de revisión de precios. «No pintan bien las cosas», reconoce la consejera, que subraya que sin revisión de precios se paralizarán muchas obras y seguirán quedando desiertas muchas licitaciones. En este sentido, ha recordado que el Estado ya tiene paralizadas todas sus obras ferroviarias en Andalucía, entre ellas varios tramos del corredor mediterráneo.
Advierte Carazo que si el Gobierno central presenta un recurso ante el Constitucional, se suspenderá automáticamente la aplicación del decreto andaluz de revisión de precios. Ante esta situación, ha puntualizado que la Junta ha aumentado hasta 110 millones de euros su presupuesto para revisión de obras, y que ha encargado una nueva revisión del banco de precios antes de 2023 con el compromiso de volver a hacerlo de forma permanente. Asimismo, ha informado que la Junta revisará los pliegos de contratos de obras públicas para meter cláusulas que permitan modificaciones si cambian las condiciones.
Por su parte, el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, ha manifestado que «el empresario no tiene que afrontar los sobrecostes de hasta el 80% de la energía o del 60% de los materiales. Tendrán que ser las administraciones las que lo hagan y, si es necesario, se harán menos obras». «Aunque la Ley de Contratos del Estado es una norma básica, las comunidades autónomas tienen capacidad para desarrollarla porque sólo está pensada para las grandes obras del estado, dejando a un lado las diputaciones o ayuntamientos», ha puntualizado.
Subvenciones como alternativa
«El Estado quiere derogar los artículos 4,5 y 9 del decreto andaluz de revisión deprecios, que en la práctica supone derogar toda la normativa andaluza», denuncia Muñoz-Atanet, que asegura que la Junta «mantendrá el pulso hasta el final. Es mejor ir al Constitucional si hace falta». Sobre las alternativas que estudia la Junta en caso de que se presente el recurso por parte del Estado y se suspenda la norma andaluza, el viceconsejero no descarta la posibilidad de modificar el decreto que habilitar subvenciones a las adjudicatarias de obras públicas. «Si las obras se paran tendrán problemas las empresas y la Administración. Las constructoras no pueden pagar esta fiesta», ha añadido.
Por su parte, Ana Estella, gerente de Ceacop, ha lamentado que los constructores estén «soportando injustamente el sobrecoste de las obras» y ha recordado que «aún está vigente el decreto andaluz de revisión de precios de la obra pública», por lo que ha animado a los empresarios a que tramiten expediente para que en el caso hipotético de que el TC tumbe la norma autonómica no sea con carácter retroactivo.
Estella, que ha agradecido la honestidad de Carazo al no esconder el negro panorama que se cierne sobre el decreto andaluz, ha recordado a los constructores que existe además la posibilidad de pedir adelantos de pago a la Junta de Andalucía a cuenta de las obras públicas «antes de que suceda el peor de los casos». En ese caso, Ceacop cuenta ya con la revisión del banco de precios por parte de la Junta de Andalucía como medida de compensación.
Ceacop afirma que los sobrecostes están detrás de que en 2022 hayan quedado desiertas en Andalucía 300 licitaciones de obra pública. «En 2021 se adjudicaron 2.800 millones de euros y este año, que se han licitado 3.600 millones de euros, estamos aún a 1.500 millones de euros para cumplir el objetivo del pasado año».
Sobrecostes del 60%
Gonzalo Cerón, socio de Sollertia Abogados, que ha participado en el encuentro mantenido este miércoles entre la consejera y los socios de Ceacop, ha indicado que uno de las sombras que tiene el decreto andaluz es que deja abierta la posibilidad de que los ayuntamientos, diputaciones y universidades se adhieran o no a la revisión de precios. Muchas grandes corporaciones locales no lo han hecho, «por lo que no aplican la normativa andaluza y serán los tribunales los que decidirán, aunque en cualquier caso deben cumplir la norma estatal».
Este asesor jurídico ha planteado también las dudas existentes sobre qué hacer si hay silencio de la Administración ante una reclamación de una Administración, planteando la posibilidad de acudir a los tribunales tres meses después. Otras situaciones no están contempladas en los decretos nacional y andaluz de revisión de precios, que sólo contemplan asumir sobrecostes del 20%. En el caso de que el alza de precios soportada llegue al 60 o al 80% siempre queda la posibilidad de acogerse a que se está soportando un «riesgo imprevisible», según las mismas fuentes.