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Moreno destaca la estabilidad como valor para generar riqueza en Andalucía y anuncia la aprobación del Reglamento de la LISTA

  • Asevera que entre las prioridades del Gobierno andaluz está ayudar a los andaluces que más lo necesitan, seguir mejorando los servicios públicos y apoyar a los sectores productivos

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha resaltado la estabilidad política, institucional y económica que tiene Andalucía, algo que ha considerado fundamental para generar confianza y un clima propicio para el desarrollo económico, el empleo y el bienestar. Así, ha aseverado que la confianza y la seguridad jurídica que tiene la comunidad andaluza ha hecho que esta tierra se haya convertido en un lugar atractivo para invertir, trabajar y desarrollar proyectos.

Durante su intervención en la sesión de control que ha tenido lugar en el Parlamento andaluz, Moreno ha señalado que la estabilidad institucional de la que goza Andalucía se debe en gran medida a las políticas públicas que desde el Gobierno andaluz se están impulsando, modernizando la Administración en todos sus aspectos, haciéndola más eficiente, regenerando la vida pública, simplificando numerosos trámites burocráticos en beneficio del administrado y apostando por la digitalización y dando más estabilidad al empleo público.

De este modo, ha incidido en el impulso que se le está dando a la buena gestión en cada rincón de la Administración autonómica, llevando a cabo un mayor control sobre el dinero público. A este respecto, ha indicado que lo que no tiene ningún sentido es actuar en sentido contrario y rebajar ahora el delito de malversación como se plantea el Gobierno de la Nación porque “ello haría mucho daño a la credibilidad de las instituciones”.

En este sentido, ha lamentado el daño que le ha hecho a la imagen de Andalucía la mala utilización del dinero público y ha afirmado que la sociedad necesita un mensaje claro de que “no damos pasos atrás contra la corrupción y que se respeta la acción de la Justicia”.

En lo relacionado con la estabilidad en el ámbito económico, ha subrayado que son muchas las iniciativas que se están adoptando para ayudar a promover el crecimiento y la creación de empleo y para generar certidumbre como son la bajada de impuestos, la simplificación de los trámites administrativos o las encaminadas a favorecer la inversión.

De esta forma, ha destacado la aprobación del cuarto decreto Ley de simplificación administrativa y normas tan importante como la LISTA, ante lo que ha anunciado que la semana que viene se dará un paso más aprobando en el Consejo de Gobierno su reglamento.

También ha hecho alusión al impulso que se le está dando al diálogo social, iniciándose esta misma semana las conversaciones para un nuevo acuerdo para la reactivación económica y social de Andalucía y al impulso de la inversión a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos con una atención personalizada hacia las empresas.

En este punto, ha matizado que en estos momentos esta Unidad está permitiendo impulsar 119 proyectos con una inversión de más de 8.700 millones y la generación de más de 39.000 empleos.

Los Presupuestos para 2023, claves para proteger a las familias y a los sectores productivos

Moreno ha asegurado que para cubrir las necesidades económicas de 2023 y tener estabilidad es fundamental contar con un presupuesto, ante lo que ha insistido en que las cuentas para 2023 son sinónimo de mayor estabilidad social, económica e institucional, por lo que ha animado al resto de grupos parlamentarios a plantear mejoras en el trámite de enmiendas parciales.

En alusión a este asunto, ha aseverado que, a diferencia de lo que ocurría con gobiernos anteriores, se van a aprobar enmiendas de los distintos grupos parlamentarios que ayuden a enriquecer el texto.

Unos presupuestos que, según ha argumentado, tienen como objetivo ayudar a los andaluces que más lo necesitan, seguir mejorando los servicios públicos esenciales como la Sanidad, Educación o las políticas de inclusión social y apoyar a los sectores productivos entre los que se encuentran la agricultura, ganadería, pesca, industria, turismo, energías renovables, nuevas tecnologías o la minería.

El presidente de la Junta ha dicho que el Gobierno andaluz está volcado para reducir la brecha económica y social que separa Andalucía de otras regiones de España y de Europa para lo que se está trabajando en dos líneas principales. En el ámbito social, destinando más recursos públicos a la Sanidad, a la Educación y a los Servicios Sociales y es que ha apuntado que en 2023 el gasto social superará los 27.000 millones de euros, lo que representa el 60,7% del presupuesto.  Y en cuanto a lo económico, ha agregado que se está promoviendo una política favorable al crecimiento y a la generación de empleo.

Unas políticas, que según ha apostillado, ya están dando sus frutos, ya que, en materia de convergencia, en 2018 el PIB per cápita suponía el 74,2% de la media española, mientras que, en dos años, 2019 y 2020, se ha aproximado casi un punto. En cuanto a la tasa de paro, ha puntualizado que actualmente ésta es la más baja desde hace catorce años y se ha conseguido reducir la diferencia con la media española en dos puntos y en lo relacionado con el abandono escolar, ha añadido que en 2018 esta tasa era del 22% frente a la actual que es de cuatro puntos menos.

A este respecto, ha afirmado que una de las máximas prioridades del Gobierno andaluz es la de mejorar el bienestar de los andaluces en estos momentos tan difíciles y complicados, ante lo que ha asegurado que para ello se cuenta con un proyecto transformador que mira al futuro y que se trabaja para poner las bases de una economía más sólida y para que los servicios públicos sean cada vez más fuertes.

Asimismo, ha mencionado otras iniciativas para mejorar los servicios públicos como son las más de 30 nuevas infraestructuras sanitarias, más oportunidades educativas con nuevas plazas en FP y FP Dual o una mayor atención a las personas más vulnerables.

Para concluir, ha subrayado que a pesar de los momentos de incertidumbre que travesamos Andalucía tiene una hoja de ruta trazada clara y un rumbo fijo. “Tenemos pasión por lo que estamos haciendo y creemos que el trabajo tendrá sus frutos. A veces los resultados tardan, pero que nadie dude de que el esfuerzo colectivo de la sociedad andaluza canalizado por el Gobierno andaluz dará sus frutos en forma de beneficio, progreso, bienestar, riqueza y futuro para Andalucía”.




La Junta aprueba este martes obras de emergencia en materia hídrica en las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva

  • El Consejo de Gobierno abordará este martes la Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por la que se declara de emergencia la ejecución de las obras para la conexión del tratamiento terciario de la EDAR del Rincón de la Victoria con el Plan Guaro en los términos municipales de Rincón de la Victoria y Vélez Málaga

El Consejo de Gobierno de la Junta va a abordar este martes, 22 de noviembre, en su habitual reunión semanal, la aprobación de obras de emergencia en materia hídrica en las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva.

En concreto, el Consejo va a abordar la Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por la que se declara de emergencia la ejecución de las obras para la conexión del tratamiento terciario de la EDAR del Rincón de la Victoria con el Plan Guaro en los términos municipales de Rincón de la Victoria y Vélez Málaga (Málaga), así como la conducción de agua de la Zona Norte del término municipal de San Roque-Campo de Gibraltar (Cádiz), las obras de aprovechamiento de los recursos subterráneos del Bajo Guadiaro para aumento de garantías de suministro al Campo de Gibraltar (Cádiz) y las obras de adaptación del palafito, bombeos e infraestructuras asociadas en la toma en el embalse del Andévalo (Huelva).

Por lo demás, el orden del día contempla, entre otros asuntos, una propuesta de acuerdo por el que se toma conocimiento de la convocatoria para el ejercicio 2022, por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de las ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a explotaciones ganaderas afectadas por sequía, acogidas al régimen de mínimos.

Asimismo, recoge la convocatoria para el ejercicio 2022 por la misma Consejería de las subvenciones dirigidas a inversiones en medidas preventivas destinadas a reducir las consecuencias de desastres naturales, adversidades climáticas y catástrofes probables, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022.

Por otro lado, aborda la resolución de la convocatoria de ayudas para el Programa de fortalecimiento de Institutos Universitarios de Investigación de las Universidades andaluzas, Centros e Infraestructuras para la adquisición de los sellos de excelencia ‘Severo Ochoa’ o ‘María de Maeztu’, así como va a manifestar su criterio respecto a la toma en consideración de la Proposición de Ley 12-22/PPL-000003, de Reconciliación presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía.

Además, se va a informar del balance de la Junta en la Feria World Travel Market de Londres 2022, de la celebración de la sesión constitutiva del Pleno del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano y de la aprobación del Informe anual en materia de Violencia de Género de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2021 y se acuerda su remisión al Parlamento.




La Junta destina el 23% de la inversión a política agraria, pesquera, hídrica y de desarrollo rural

  • La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, destaca el carácter municipalista del presupuesto 2023, provincializado al 72%

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha destacado el carácter “municipalista y transparente” del presupuesto de su departamento para 2023, que alcanza los 3.223,9 millones de euros y está provincializado al 72%. Como ha detallado Crespo, este porcentaje supone que “7 de cada 10 euros de la inversión pública de esta Consejería está provincializada, lo que permite conocer a qué van destinados esos recursos de forma concreta” en el marco de las políticas agraria, pesquera, hídrica y de desarrollo rural que gestiona el departamento.

Carmen Crespo ha subrayado la importancia de que las cuentas públicas sean “útiles para Andalucía y atiendan las necesidades reales” de la región, afirmando que, desde su Consejería, se ha trabajado para presentar “un presupuesto útil y realista para los intereses de los sectores productivos y de toda la Comunidad Autónoma“.

Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria, Crespo ha explicado que la Consejería que dirige es “la más inversora” del Gobierno andaluz al concentrar el 23% (cerca de 1.260 millones de euros) de la inversión pública del presupuesto del Ejecutivo regional para 2023. Este volumen económico se traduce en que “casi 1 de cada 4 euros que invierte la Junta lo hace en políticas de agricultura, pesca, agua y desarrollo rural“. Al respecto, la consejera ha subrayado que “es importante transformar y digitalizar nuestra agricultura, la pesca y la comercialización de este sector, lo que concentra gran parte de nuestra inversión”; y ha apuntado también que las inversiones previstas por la Consejería avanzan para que esta “sea la legislatura del agua como el presidente de la Junta indicaba en su debate de inicio”.

Precisamente, Carmen Crespo ha detallado que entre los grandes ejes del presupuesto de su departamento para el próximo año se encuentran tanto el apoyo al sector agroalimentario y pesquero de Andalucía, como la política hídrica. Como ha detallado, las cuentas para 2023 contemplan “partidas especialmente significativas” como el aumento del 25% de los fondos para política hídrica en comparación con 2022, que supone “un impulso especial de las políticas de agua”; el aumento de 122,5 millones de euros en la inversión destinada a la ordenación y mejora de la producción agraria y ganadera; y un montante de 71,7 millones de euros para la pesca, que refleja un aumento del 13% respecto a 2018.

La consejera ha puesto de relieve el compromiso de Juanma Moreno con Andalucía afirmando que “el Gobierno andaluz apuesta por la agricultura, por la ganadera y por el agua en una tierra seca como la nuestra”. Por otro lado, se ha referido a la importancia de que el Ejecutivo nacional “acompañe” a la Junta, dado que Estado tiene competencias en diversas cuestiones que afectan a esta región. “Necesitamos al Estado para seguir adelante con esta situación en la que tenemos que auxiliar a nuestros agricultores, pescadores y hacer frente a la sequía”, ha recalcado.

Apuesta por los jóvenes

En el ámbito agroalimentario, Carmen Crespo se ha referido a los más de 212 millones de euros que se destinan en 2023 a respaldar a los profesionales andaluces del campo, el mar y la agroindustria. A modo de ejemplo, ha citado los montantes que está previsto movilizar para continuar apoyando la mejora de caminos rurales (88,4 millones) con financiación “al 100%” por parte de la Junta; el relevo generacional del sector agrario (76 millones), que “es de nuevo una prioridad” para la Consejería; la modernización de explotaciones agrarias (60,7 millones); o la industria agroalimentaria (144,2 millones), entre otros ámbitos.

Respecto al agua, la consejera ha subrayado que “es la estrella de los presupuestos dada la situación de sequía y, también, porque nuestra vocación es avanzar hacia una Comunidad Autónoma más posibilista en el ámbito hídrico”. En concreto, ha explicado que las cuentas en materia hídrica ascienden a 450 millones de euros que, sumados a los 68,6 millones previstos para modernización de regadíos, se elevan a 518 millones de euros para actuaciones relativas al agua. “Vamos en el camino correcto en un instrumento tan importante para luchar contra la sequía estructural que afecta a esta Comunidad Autónoma”, ha afirmado.

Bajada de impuestos

Durante su intervención en la comisión, la consejera se ha referido también a la rebaja fiscal que ha impulsado la Junta resaltando que la vocación del Gobierno andaluz “es quitar presión a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables” y que esta medida “redunda en sectores como la pesca y la agricultura, que en estos momentos tienen costes de producción muy elevados”.

Al hilo de esta cuestión, Carmen Crespo se ha mostrado convencida de que las medidas ligadas a cuestiones “de primera necesidad y costes de producción”, como la bajada del IVA de los insumos y la aplicación de la doble tarifa eléctrica para los regantes, “repercuten directamente en la cesta de la compra“. “Nos gustaría que el Estado nos acompañara en la bajada de impuestos de Andalucía reduciendo cuestiones importantes del día a día porque actualmente la cesta de la compra presenta dificultades para muchas familias”, ha apostillado.




Fomento dispondrá de 1.619 millones de euros para el impulso de la obra pública en Andalucía

  • Marifrán Carazo destaca el repunte del 57,6% de las cuentas de su consejería, que incluyen las ampliaciones de los metros andaluces

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha desgranado en la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía el presupuesto de la Consejería para 2023, que alcanza los 1.619 millones de euros, con un incremento del 56,7% con respecto a las cuentas prorrogadas de 2021. Marifrán Carazo ha defendido la apuesta del Gobierno andaluz “por la obra pública, porque sabemos de su importancia para impulsar el tejido productivo de Andalucía y más en estos tiempos de crisis en el que nos encontramos”.

“El año 2023 marcará un antes y un después en las políticas de movilidad y vivienda”, ha manifestado la titular de Fomento, que ha precisado que, dentro de estas partidas, cerca de mil millones de euros corresponderán exclusivamente a inversiones. Además, el grueso de las partidas irán dirigidas a “incentivar una movilidad más sostenible”.

Marifrán Carazo ha reivindicado que el próximo año será clave en las ampliaciones de los metros andaluces. “Las inversiones en tranvías y tranvías y metros, sin contar los costes de explotación, suman más de 140 millones euros”, ha recordado la consejera.

Los presupuestos para 2023 recogen 20,1 millones para iniciar las obras del Tramo Norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla, además de 350.000 euros para licitar la revisión del proyecto de la Línea 2. Asimismo, se contemplan 20,1 millones de euros para el Metro de Málaga y, en especial, para su ampliación al nuevo hospital. Por último, se acometerá la prolongación sur del Metro de Granada por Churriana de la Vega y Las Gabias, con 20 millones, además de otros 28 millones para la compra de nuevos trenes con cargo a los fondos europeos Next Generation. También se dará un impulso a los tranvías de Alcalá de Guadaíra y a la puesta a punto del tranvía de Jaén.

Marifrán Carazo ha indicado que esta inversión supone una apuesta por el transporte público, que también se traslada a los autobuses con iniciativas como la construcción de plataformas reservadas de acceso a las ciudades, como la construcción de las plataformas Sevilla-Salteras y Mairena del Aljarafe-Sevilla (3,3 millones), hacia la Universidad de Málaga y el PTA en Málaga (1,8 millones) o la VAU-10 que culminará la conexión de Granada con la Zubia (3,8 millones).

Otras inversiones destacadas son los más de 20 millones para reforma de estaciones como las de Huelva y Sevilla o los nuevos intercambiadores de transporte de Mojácar (Almería), El Puerto de Santa María (Cádiz), Huéscar (Granada), El Rocío (Huelva), Beas de Segura (Jaén) y Lebrija (Sevilla). Además se licitará la redacción del proyecto del intercambiador de la explanada de la estación en Málaga. Además, se contará con 3,4 millones para iniciar la adquisición de tres nuevos catamaranes para el servicio marítimo en la Bahía de Cádiz.

Marifrán Carazo ha incidido además “en la digitalización, que será clave en la gestión del transporte público”, que se plasmará en 2023 con la creación del futuro centro de gestión y control de transporte público y la implantación de avances tecnológicos en el uso de la tarjeta de transportes de Andalucía. Asimismo, se potenciará el desarrollo de vías ciclopeatonales en Andalucía con un presupuesto de 34,5 millones.

207 millones en seguridad vial

La consejera de Fomento ha puesto de relieve la importancia que se le ha dado a la seguridad vial en los presupuestos, lo que supone una seña de identidad de este Gobierno, ya que “con ello salvamos vidas, mejoramos la vertebración de Andalucía y generamos empleo en el sector de la construcción”. Marifrán Carazo ha informado de un presupuesto de 207 millones de euros en esta partida, casi el doble que el último ejercicio, con el que “conseguimos recuperar y superar el nivel de inversión en nuestras carreteras que había antes de la crisis de 2008 y que los anteriores gobiernos redujeron hasta dejarlo a la mitad en 2018”.

La consejera ha precisado que con esas partidas se buscará, además de la mejora de la seguridad vial, “lograr un mantenimiento más sostenible de nuestras carreteras y su conversión en corredores verdes”. Para ello, las cuentas autonómicas incluirán 53,3 millones de euros para la reparación del firme de autovías como la A-92 a través de asfaltos sostenibles Masai; la iluminación con energías limpias (eólica y solar) del Puente del Odiel de Huelva o el Puente del Alamillo en Sevilla, o la puesta en marcha de un plan para la reducción de ruidos mediante la instalación de pantallas acústicas y pavimentos fonoabsorbentes que alcanzarán los 20 millones de euros.

También se incluirán inversiones para finalizar la conexión de la Autovía del Almanzora con la autovía del Mediterráneo (A-7) y continuar las obras de la variante de Angosturas en Priego de Córdoba. Igualmente, se actuará en las carreteras de la provincia de Jaén a través de la ITI, con 50 millones para la mejora de la capacidad y la seguridad vial de las carreteras A-306 y A-311, el nuevo enlace al Parque Geolit en Mengíbar, el nuevo puente del Aguadero o las obras de finalización del acceso de Sorihuela de Guadalimar a la N-322. También con partidas en su mayoría de la ITI se incluye la finalización de las obras que unirán Vadollano con la red ferroviaria de interés general, lo que repercutirá en la conexión con el parque empresarial de Linares.

La consejera ha precisado que estas actuaciones han sido posibles gracias al banco de proyectos puesto en marcha al inicio de la legislatura pasada y que han abierto la posibilidad de poder invertir y actuar. “Sin proyectos no hay obras”, ha remarcado la titular de Fomento, que ha señalado que en los presupuestos de 2023 se trabajará en la redacción de proyectos como el soterramiento de la A-376 a su paso por Montequinto, en Sevilla; la mejora de la conexión Málaga-Ronda-Campillos, la mejora de la seguridad vial de la A-483 en su tramo desde El Rocío a Matalascañas; la revisión de tramos de la Autovía del Olivar como Martos-A-6051, la variante de Cabra o Navas del Selpillar-Lucena; la Ronda Norte de Córdoba, el desdoble de la A-391 en Roda (Cádiz); el acceso Norte a Almería o la mejora del acceso a la estación de esquí desde la A-395 en Granada, entre otras.

La consejera se ha detenido precisamente también en las partidas de Cetursa Sierra Nevada, que se ha sumado este año a las competencias de la Consejería de Fomento. Marifrán Carazo ha destacado la “inversiones sin precedentes” en la estación de esquí, con 32,7 millones de euros que se enmarcan dentro del plan estratégico para encumbrar a Sierra Nevada “como una de las grandes estaciones de Europa”.

457 millones para vivienda

El incremento de las partidas presupuestarias también tiene su reflejo en vivienda, con 457 millones de euros “dirigidas tanto a ayudar a las familias que lo necesitan al pago del alquiler, con 54,8 millones de euros, como a aumentar la oferta de vivienda a precio asequible”. Sobre esto último, Marifrán Carazo ha insistido en que “seguiremos adelante con las convocatorias de ayudas a promotores públicos y privados, con la que hemos promovido ya 3.000 viviendas en alquiler a precio asequible”, ya que asegura que es “la mejor forma de combatir la subida de precios en este sector es aumentar la oferta, no regular el mercado”.

Asimismo, se afrontará la rehabilitación de viviendas y barriadas, con 53 millones de euros para ejecutar la ITI de Cádiz, con 2.522 viviendas en ocho municipios de la provincia de Cádiz, e iniciar las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), con el que se actuará, junto a los ayuntamientos, en barriadas como Pescadería-El Patio en Almería; Santuario en Córdoba, Santa Adela en Granada, Carranque en Málaga, o Parque Alcosa y Pajaritos en Sevilla.

A estas inversiones se sumará el desarrollo del Plan Ecovivienda, el mecanismo ideado por la Consejería de Fomento para gestionar las fondos europeos Next Generation en materia de vivienda. Sólo para 2023 se han reservado 117 millones para las diversas líneas de ayudas para la rehabilitación y la construcción de viviendas bajo la base de la mejora de la eficiencia energética.

Marifrán Carazo ha remarcado que, además, se actuará en el parque público a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que cuenta con un presupuesto de 42,2 millones de euros. Este montante no sólo se destinará a obras de rehabilitación energética (16,3 millones), sino también a la promoción de vivienda nueva en alquiler en el centro de Sevilla (San Roque), en Cádiz (las 60 viviendas de Matadero y séptima fase de Cerro del Moro) y Alcalá la Real (Jaén), así como al desarrollo residencial en Dehesa de Ronda (Málaga), Huerta de Santa Isabel, en Córdoba, y el Cuartel de Mondragones, en Granada.

El presupuesto para la Junta de 2023 también tendrá como finalizada la consolidación de la Red Logística de Andalucía, que se retomó la pasada legislatura. La consejera ha hecho especial hincapié en inversiones que permitirán finalizar proyectos iniciados el año pasado, como los ocho millones de euros para la primera fase de urbanización del Puerto Seco de Antequera o los 8,2 millones para acometer la segunda fase de la Zona Intermodal del Sector San Roque del Área Logística Bahía de Algeciras.

A este impulso a la logística se incorpora también la primera partida de la Junta de Andalucía, de diez millones de euros, para el desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, así como otras partidas para el desarrollo del área logística de Níjar en Almería, El Higuerón en Córdoba, Puerto de Andalucía en Jaén –integrada por Bailén, Guarromán y Linares–, Majarabique en Sevilla y el área logística de Granada. Además, la consejera ha incidido en el compromiso del Gobierno andaluz en el impulso al proyecto Lógica en la Bahía de Cádiz.




Sin relevo en la construcción

  • El sector del ladrillo está creciendo en empresas y contratos, pero los jóvenes no se quieren subir al andamio. La inmigración gana peso como solución a las vacantes

A finales de 2008, el sector de la construcción y afines acaparaba el 20% de ocupados en la provincia de Almería superando incluso el número de trabajadores de la agricultura en dos puntos. Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria cambió por completo el mercado laboral y el cierre de cientos de constructoras almerienses fue mermando esta proporción hasta un mínimo del 3,9% de los activos en Almería en el cuarto trimestre de 2013. Con el paso de los años, la aguda crisis del ladrillo se ha ido quedando atrás y se ha venido experimentando un ligero repunte en contrataciones y número de empresas situándose entre el 5 y 6% de los ocupados de la provincia a partir de 2014. En el régimen general de trabajadores había 8.082 afiliados en septiembre de 2016 y en ese mismo mes de este ejercicio han sido casi 11.500.

A pesar del crecimiento de los últimos años, los registros aún se quedan muy lejos de los más de 22.000 afiliados que había antes de que se desplomara el sector en 2009. No se trata de una peculiaridad de la provincia de Almería: en el conjunto de Andalucía, en ese año, había 266.536 afiliados del sector de la construcción; en octubre de este año, eran 219.261.

A nivel nacional ocurre lo mismo, desde 2013 ha crecido el número de empresas y afiliación y en 2021 se superó el millón de contratos en la construcción en las más de 139.000 empresas que representan el 10,5% del tejido productivo. Una vez superado el freno de la pandemia, la patronal está pendiente de la contención de la escalada de precios de la energía y materias primas, pero con la esperanza de que seguirán ganando volumen de negocio en los próximos años. Sin embargo, más allá de la incertidumbre por las perturbaciones en la cadena de suministros y la inflación, hay un problema social que preocupa y mucho desde hace tiempo: la falta de relevo generacional.

Este sector sufre la pirámide invertida: la mayoría de ocupados con más de 45 años

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) publicó un estudio reciente que alertaba de que la mayoría de constructoras tendrá dificultades para encontrar trabajadores y no es un desafío a largo plazo porque reconocen que ya se están quedando licitaciones desiertas porque no tienen mano de obra para asumir los proyectos. Los jóvenes no quieren subirse al andamio y desde 2014 el número de vacantes se ha disparado en la construcción alcanzando el 121%. Es uno de los sectores con mayor oferta de empleo sin cubrir y sufre la conocida “pirámide invertida” por la que la mayoría de ocupados se están concentrando en el tramo más cercano a la jubilación y cada vez hay menos por debajo de los 45 años. De hecho, los que inician andadura en el gremio y empiezan a formarse no bajan de los 40 años y han pasado ya por otros sectores.

Albañiles, peones, alicatadores, encofradores, ferrallistas, pintores y escayolistas, entre otros tantos oficios necesarios para las obras de edificación y reforma, son una especie en peligro de extinción y las empresas lo saben porque han ido mejorando la remuneración y horario. “Es necesaria la atracción de jóvenes, mujeres y trabajadores cualificados”. Es uno de los ejes del observatorio de la patronal que evidencia el impacto negativo de la falta de mano de obra. De ahí el empeño reciente en transmitir a la sociedad que es un sector cada vez más profesional e inclusivo, con grandes oportunidades para el empleo. “No somos capaces de atraer a jóvenes, de convencerlos de que pueden tener estabilidad y desarrollar una carrera laboral, la crisis de 2008 hizo mucho daño a la imagen del sector y tenemos un problema con esos prejuicios y los que arrastramos de siempre, esa etiqueta de trabajo muy duro para gente sin formación”. Lo explica el gerente de la Fundación Laboral de la Construcción en Andalucía, Juan Ignacio Vargas.

 

3.331 extranjeros en el sector, el 19,2% del total en las empresas de Almería

Esta entidad participada por la patronal y los sindicatos imparte los cursos para la capacitación de trabajadores y en el último año formaron a más de 11.250 en la comunidad, un 6% más que en 2020, siendo la región con mayor número de alumnos y seminarios. En la provincia almeriense fueron 841 profesionales en 2021, 751 en 2020 y 1.080 en 2019. En lo que va de año han superado los 900. Los últimos que han impartido han sido de pintura industrial en construcción y revestimientos con pasta y mortero, además de los ya habituales -y obligatorios por ley- de prevención de riesgos. Pero si capacitación es necesaria porque “las empresas quieren el personal formado y que tenga titulación”, la captación de jóvenes y mujeres, con un papel casi testimonial hoy, es vital para la supervivencia del sector.

Están impartiendo charlas en centros educativos y colectivos para acabar con esos estereotipos antes de que sea demasiado tarde. “La educación y la empresa tiene que ir de la mano y hoy están muy lejos”, comenta. Entiende que hay que cambiar el modelo productivo porque no parece lógico que en España casi el 30% de los menores de 25 años se encuentren desempleados, siendo el segundo porcentaje más alto de Europa por detrás de Grecia -datos del Eurostat-, y no quieran entrar en las empresas de construcción que ofrecen buena remuneración y convenios públicos, en definitiva mejores condiciones laborales que otros sectores como la hostelería y el comercio. José Antonio Virgil, formador de los trabajadores, confirma que profesionales de otros segmentos como la hostelería están entrando en la construcción, conscientes de que tienen mejor salario y horario, pero no son precisamente jóvenes y la mayoría están por encima de los 40 años. El perfil del alumno de los cursos de la Fundación Laboral en Andalucía es el de un hombre de entre 45 y 55 años. El 52% eran trabajadores en activo y un 15,9% procedían de otros países.

Casi el 20% de inmigrantes

La población de otros países está ganando peso en el sector como principal solución, de momento, a las múltiples vacantes. En Almería el número de extranjeros en este oficio no ha dejado de crecer en los últimos años pasando de poco más de 1.800 en 2015 a 2.900 en 2019 y en septiembre se contabilizaron 3.331 afiliados, lo que se traduce en casi el 20% de los trabajadores de la construcción de la provincia que eran 17.300 en septiembre. Es un avance muy significativo, con una tendencia al alza y con mayor énfasis en Almería y Málaga sobre el resto de provincias andaluzas. En la última campaña agrícola en la provincia, más del 60% de los contratados eran inmigrantes, un colectivo sobre el que se cimenta el milagro de la huerta de Europa. En la construcción todo apunta a que también jugarán un papel decisivo en los próximos años. El gerente de la Fundación Laboral detalla que en Andalucía la mayoría de los empleados extranjeros proceden de Marruecos y el norte de África, mientras que a nivel nacional es mayor la proporción de ocupados de los países sudamericanos.

Con la población inmigrante si estarían incorporándose jóvenes al gremio y la patronal quiere aprovechar el nuevo reglamento de extranjería para captarlos con la fórmula de arraigo por formación. Así se lo han propuesto recientemente a la Seguridad Social para que puedan tener autorización de residencia un año realizando los cursos de la Fundación que les garantizan un contrato con salario por convenio. Más del 70% de los alumnos en Almería son extranjeros, lo que ha obligado a los profesores a adaptar el aprendizaje para que no haya barreras lingüísticas con gráficos e ilustraciones sobre los conceptos básicos. Paco Almansa, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, explica que este colectivo es indispensable para el futuro de la construcción y donde ya no hay relevo y lo ejemplifica en el agro, pero también en nichos como el de los camioneros. El sector necesita más testimonios como el de José Miguel Galiano, de 30 años, o el de su hermano de 25, que ponen en valor el oficio y destacan su buena retribución y condiciones laborales. “No lo cambio por nada y el que quiera trabajar aquí puede hacerlo”.

Juan Ignacio Vargas: “No somos capaces de atraer a los jóvenes y las empresas necesitan mano de obra”

El gerente de la Fundación Laboral de la Construcción en Andalucía, Juan Ignacio Vargas, reconoce el importante problema que tiene el sector con el relevo generacional. “Nos está pasando que no somos capaces de atraer a los jóvenes y las empresas necesitan mano de obra que no encuentran. Tenemos una pirámide inversa con la edad por la que en la parte baja que son los jóvenes apenas hay y a partir de los 45 años hacia arriba crece hasta el tramo más cercano a la jubilación en el que se concentran la mayoría de profesionales”. A su juicio, la construcción ha evolucionado mucho en los últimos años, sobre todo en su vertiente industrial, con la incorporación de tecnologías que antes no existían, pero se sigue asociando a un trabajo duro, para personas sin formación y un oficio para hombres. “Nos está costando mucho superar esos prejuicios de la sociedad y convencer a los jóvenes y mujeres para que se incorporen a un mercado que tiene infinidad de oportunidades hoy. Te permite progresar con formación, tener un buen sueldo y estabilidad laboral”, argumenta Juan Ignacio Vargas. De ahí que la cuota de trabajadores inmigrantes haya crecido de forma exponencial como se pone de manifiesto en los cursos de la Fundación en los que superan el 70% en Almería. Uno de los focos de captación de la patronal pasa por las mujeres.

“El sector ha cambiado mucho y ha avanzado en maquinaria, no tiene limitaciones. En la ayuda a domicilio hay cuidadoras que levantan a personas de 80 kilos de peso, así que podrían levantar un saco de cemento sin problemas”. En este sentido, la Fundación tiene un departamento de empleo que incide en la formación previa muy práctica para que cuando se incorporen a las empresas no tengan que empezar de cero. “La incorporación al mercado laboral es muy falta, el que quiera encuentra trabajo. La formación los capacita para encontrar empleo o montar su propia empresa”, añade. Además de los cursos de prevención de riesgos laborales que son obligatorios por ley para las empresas, la Fundación expide los certificados de profesionalidad que capacitan con titulación en cualquiera de los oficios del gremio: albañil, ferrallista, encofrador, electricista, fontanero… Los últimos cursos realizados en Almería son de pintura industrial y revestimientos con pasta y morteros. “Cada vez hay menos gente en las obras sin formar porque las empresas quieren mano de obra cualificada y con titulación”. La Fundación Laboral de la Construcción imparte charlas en institutos y entidades sociales con el objetivo de acabar con los estereotipos y captar a futuros profesionales.

José Antonio Virgil: “Los que están entrando en la construcción están por encima de los 40 años”

José Antonio Virgil es uno de los formadores en prevención de los cursos de la Fundación Laboral de la Construcción y conoce muy bien el perfil de los trabajadores que se incorporan a los diferentes oficios. De ahí que sea consciente de que cada vez es más difícil encontrar personal, especialmente en los trabajos más duros como ocurre con la cimentación de estructuras de edificios que tiene más déficit de personal incluso que la albañilería o solería. Sobre esa falta de relevo generacional asegura que “los más jóvenes que están entrando en la construcción tienen más de 40 años”. De ahí que cada vez sean más los alumnos inmigrantes en los cursos que imparten y que se han tenido que adaptar a esta situación. “En Almería hay más porcentaje de trabajadores inmigrantes que en otras provincias, a veces más de la mitad de los participantes no hablan demasiado bien español y por eso recurrimos a ilustraciones con los conceptos básicos”, añade. Explica que junto al colectivo de extranjeros, este sector se está nutriendo cada vez más de los trabajadores de la hostelería que cambian de oficio por la mayor remuneración y mejores horarios. “Son jornadas laborales que acaban a las seis de la tarde y los viernes a mediodía”, concluye.

José Miguel Galiano: “He pasado por muchos oficios y ahora tengo el mejor, no lo cambio por otro”

José Miguel Galiano lleva poco más de un año en la construcción. No fue un flechazo a primera vista, nunca había estado en sus planes subirse al andamio hasta hace bien poco. Pero después de una década de oficios que lo han ido llevado desde la hostelería a los almacenes agrícolas, ha dado con la profesión que quiere para su futuro. Es peón de albañil y cada día se enfrenta a su trabajo con la mayor ilusión con el objetivo de ir formándose y algún día montar su propia empresa. “He pasado por muchos oficios y ahora tengo el mejor, no lo cambio por ningún otro”, argumenta este joven de 30 años que comparte empresa con su padre y también con su hermano de 25. Son los más jóvenes de una plantilla que en algunos periodos de actividad alcanza el centenar de obreros con una presencia cada vez más importante de extranjeros, en su mayoría de Europa del Este. “Las empresas no encuentran españoles que quieran dedicarse a este sector y tienen que buscar inmigrantes. Hay que incentivar a los jóvenes o el oficio se acabará perdiendo”, afirma.

José Miguel reconoce que el oficio es duro, pero compensa, sobre todo por los horarios. “No trabajas fines de semana, ni festivos, los viernes acabamos a mediodía y el resto a las seis de la tarde. Para mí tener eso es calidad de vida porque he estado de camarero y de mozo en almacenes desde primera hora de la mañana hasta la una de la madrugada”. Este joven pone en valor la capacidad de aprendizaje del sector y de poder ir creciendo profesionalmente. “Aquí aprendes todos los días, a mi me gusta pegarme al oficial de primera y conocer todos los entresijos, mi idea es formarme y prosperar, por eso también estoy haciendo cursos”. Este vecino de Roquetas invita a los jóvenes a probar y superar prejuicios sobre la construcción: “Falta mano de obra, todo el que quiera trabajar aquí puede hacerlo, hay muchas oportunidades laborales”, concluye. 




Sostenibilidad destina casi 22 millones al Plan de modernización de infraestructuras Infoca

  • En el marco de este plan, en total se invertirán 5,2 millones de euros al Centro de Defensa Forestal Hernán-Valle de Guadix (Granada), de los que 2,6 millones están consignados en el presupuesto de 2023 y el resto en las cuentas de este ejercicio

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul destina un total de 21,9 millones de euros del presupuesto andaluz para 2023 al Plan de modernización de infraestructuras Infoca, que contempla la construcción y rehabilitación de centros y subcentros de defensa forestal, centros operativos territoriales y provinciales, helipistas y otros edificios. Así lo ha explicado el consejero Ramón Fernández-Pacheco, en respuesta a una pregunta oral el Pleno del Parlamento de Andalucía.

Tal y como ha señalado durante su intervención, “en el marco de este plan, el Gobierno andaluz va a invertir en total 5,2 millones de euros, de los que 2,6 están consignados en el presupuesto andaluz para 2023, en la construcción de un Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) en Hernán-Valle de Guadix (Granada), cuyas obras han comenzado esta semana y tienen un plazo de ejecución de 18 meses”.

Según ha explicado Fernández-Pacheco, “este CEDEFO será un punto fundamental para el control de toda la zona este de Andalucía, ya que, en un punto estratégico, se ubicarán todos los medios existentes del Plan Infoca para poder controlar y extinguir de forma más rápida los incendios forestales que se originen en las provincias de Granada, Almería, Jaén y Málaga”.

Así, ha detallado que, entre las actuaciones previstas, se pretende acondicionar y ampliar la pista de aterrizaje actual para permitir el estacionamiento de dos avionetas y seis helicópteros; al tiempo que se ejecutarán dos nuevas plataformas para medios aéreos e instalaciones complementarias para su repostaje, lo que ocupará una superficie de unos 86.090 metros cuadrados.

Ha explicado que el centro tendrá una superficie total de 13,5 hectáreas y en este se proyecta la construcción de tres edificaciones. Así, habrá un edificio principal, que reunirá los usos propios de la actividad del CEDEFO; otro para la estancia temporal de los pilotos; así como una tercera nave para el estacionamiento, repostaje y llenado de camiones, en donde habrá espacios de maniobra, acceso y preparación física

Además, ha indicado que en el contrato de obras contempla un proyecto de eficiencia energética basado en el empleo de medidas de ahorro energético y reducción de emisión de gases de efecto invernadero.

En esta línea, Fernández-Pacheco ha recordado que la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul destinará en estas cuentas un total de 230 millones de euros en materia de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos, lo que supondrá un 15 por ciento más.

Asimismo, ha añadido que, de ellos, 223 millones serán para prevención y extinción de incendios, lo que supone un 33 por ciento más que en 2018. Al respecto ha resaltado que casi 125 millones irán destinados a prevención.

Por último, el consejero de Sostenibilidad ha destacado que el Gobierno andaluz realiza una apuesta inequívoca por el desarrollo sostenible y la conservación del patrimonio natural, “por lo que no es casualidad que esta Consejería cuente con el presupuesto más alto de la historia, casi 800 millones de euros”, ha abundado.




Luz verde a la tramitación de la nueva Ley de Economía Circular en el Parlamento de Andalucía

  • Fernández-Pacheco: “Esta normativa municipalista es una herramienta fundamental para compatibilizar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente”

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a la tramitación del proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA), con la que se pretende apostar por la sostenibilidad medioambiental como una gran oportunidad para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo mediante la optimización de los recursos. Un texto muy participado como resultado del diálogo, consenso y escucha activa entre diferentes instituciones, asociaciones, agentes económicos y sociales y ciudadanos.

Según ha señalado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, durante su comparecencia en sede parlamentaria, “se trata de una ley municipalista que recoge medidas para la implementación de las estrategias locales en materia de residuos. Además, es una herramienta fundamental que emana de los principios de la Revolución Verde para compatibilizar el desarrollo económico con la protección de nuestros entornos naturales”.

Así, ha explicado que es “una ley pionera con la que Andalucía marcará el paso hacia una economía verde, ofreciendo instrumentos de planificación a los ayuntamientos para que éstos elaboren, aprueben, implanten y ejecuten en materia de residuos”.

Con respecto al contenido, Fernández-Pacheco ha indicado que durante el proceso de tramitación se recibieron 777 aportaciones, de las que se han incorporado al texto casi el 40%. Asimismo, ha reconocido que para su desarrollo se han tomado como referencia las directrices que la Comisión Europea ha marcado, por lo que está alineado con el Pacto Verde Europeo en el horizonte 2030 y se enmarca en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que promueve la ONU.

El texto se estructura en una exposición de motivos, un total de 87 artículos divididos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Además, introduce referencias directas a la normativa nacional en materia de residuos tras la aprobación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Asimismo, ha detallado que hay varios capítulos específicos importantes. Por un lado, uno que se dedica a la gestión de la basura marina, una parte muy importante en el marco de la economía azul, puesto que los puertos y los pescadores gestionan una gran cantidad de residuos y es necesario ofrecer un marco normativo que favorezca esta recogida de basura marina y el posterior tratamiento de los residuos.

Por otro lado, existe un capítulo específico sobre los biorresiduos ya que, en el marco del contexto geopolítico actual de dependencia energética, se podría avanzar en autosuficiencia energética para obtener bio combustible como alternativa a los combustibles fósiles mediante el uso de biorresiduos.

La LECA como reclamo al emprendimiento

Tal y como ha sostenido el consejero de Sostenibilidad, “la Ley de Economía Circular supone un valor añadido como reclamo al emprendimiento porque favorece la creación de nuevas empresas que dan servicio a nuevos procesos de tratamiento de residuos”.

Según ha explicado, “se trata de un circuito que favorece nuevos nichos de mercado, generando empleo verde y riqueza, en definitiva, un modelo de economía circular con el que se consumirán menos materias primas en los procesos, ya que pueden emplearse materiales provenientes de flujos de salida de otros”.

El objetivo del Gobierno andaluz es que este modelo de economía dote de un marco legal a empresas e instituciones para lograr una Andalucía más sostenible; alargar la vida útil de los productos para producir menos residuos, así como optimizar los procesos productivos de las empresas, permitiendo que se reutilicen las materias primas.

Para alcanzar este objetivo, la Administración autonómica quiere contar con las empresas como eje vertebrador de este cambio de modelo productivo; con las entidades locales, para que los ayuntamientos tengan las herramientas necesarias para convertir el residuo en oportunidad; y con la sociedad como motor de cambio para que el modelo circular sea una realidad.

En este sentido, el consejero de Sostenibilidad ha insistido en que “el futuro pasa por la racionalización de las materias primas y la optimización de los residuos”, a lo que ha añadido que “si queremos legar un mundo sostenible medioambientalmente a las nuevas generaciones, debemos cambiar el modelo de gestión lineal por un modelo circular, puesto que los recursos naturales son finitos”.

“Caminar hacia la consecución del residuo cero”

En la misma línea, ha destacado que “la cultura del usar y tirar es insostenible, por lo que debemos caminar hacia la consecución del residuo cero“. Para ello, es necesario que las administraciones públicas trabajen de manera coordinada, buscando la complicidad del sector privado y la colaboración del conjunto de la sociedad.

Al respecto, ha resaltado que el objetivo del Gobierno andaluz es seguir seduciendo a los inversores y continuar atrayendo empresas a la comunidad. En este sentido, ha señalado que la LECA fomenta la implantación de industrias sostenibles y la contratación pública ecológica, lo que repercute en la creación de empleo verde.

Una ley equilibrada que ofrece las máximas garantías

“Este texto no invade la autonomía local ni las competencias estatales en la materia que nos ocupa; es decir, es una ley equilibrada que ofrece las máximas garantías“, ha señalado Fernández-Pacheco.

Así, ha avanzado que esto no sucederá en el futuro con la nueva normativa, ya que favorecerá y facilitará a las empresas la implantación de la economía circular en sus procesos productivos sin medidas restrictivas con el objetivo de que no pierdan en competitividad ni rompan la unidad de mercado a nivel nacional.

De otro lado, ha indicado que en el Título III del texto se incorpora una medida para favorecer la implantación de proyectos empresariales de economía circular que podrán ser declarados de interés estratégico por el Decreto 4/2019. Además, estos proyectos, que se gestionarán a través de la Oficina Andaluza de Economía Circular, contarán con una tramitación prioritaria y se beneficiarán de una reducción de los requisitos exigidos.

De otro lado, ha desgranado que este proyecto de ley recoge un Registro Público Andaluz voluntario que se pondrá a disposición de cualquiera quien quiera consultar el ciclo de vida de cada proceso de economía circular e incorpora el Centro de Innovación Digital como un espacio para que instituciones públicas y empresas den impulso a la investigación, innovación y a las prácticas de economía circular en el sector privado.

Casi 43 millones destinados a acciones sobre economía circular

De otro lado, el titular del ramo ha desglosado el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2023 en el marco de la economía circular y la gestión de residuos, al que se destinan casi 43 millones de euros a través de distintas acciones.

En concreto, ha detallado que casi 24 millones están consignados para la implantación del contenedor marrón y la mejora de instalaciones de tratamientos de residuos, a través de subvenciones para las entidades locales. Y otros 18 millones para nuevas infraestructuras como la construcción de puntos limpios y sellados de vertederos.

En definitiva, el consejero de Sostenibilidad ha sostenido que el Gobierno andaluz quiere situar a la comunidad andaluza como referente de una economía más limpia y competitiva, que garantice el mejor legado medioambiental a las nuevas generaciones. “Una Andalucía que pise el acelerador hacia un modelo de producción y comercialización sostenible, que salvaguarde el medio ambiente y frene los efectos del cambio climático, rompiendo el ciclo actual del usar y tirar”, ha abundado.




El Gobierno andaluz destina 1,3 millones de euros a mejorar la accesibilidad de las sedes judiciales

  • La inversión incluye obras para eliminar barreras, mejorar señalizaciones o instalar bucles magnéticos en los mostradores de atención al público para personas sordas

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública destinará hasta 2026 más de 1,3 millones de euros a actuaciones en las sedes judiciales andaluzas para mejorar su accesibilidad, en el marco del III Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2021-2026. Esta inversión contempla obras para eliminar barreras arquitectónicas, la mejora de las señalizaciones, la traducción de resoluciones judiciales a lenguaje fácil para personas con problemas de comprensión o la instalación de bucles magnéticos en mostradores de atención al público, un sistema que permite a las personas sordas que utilicen audífonos o implantes cocleares escuchar con claridad en sus prótesis al funcionario que le atiende con nitidez.

El consejero de Justicia, Jose Antonio Nieto, ha mostrado su compromiso con garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad a un servicio público como es la Justicia durante la reunión que ha mantenido con el presidente de la asociación Cota Cero, Javier García.

Las actuaciones del III Plan de Acción Integral en sedes judiciales contemplan una inversión anual de 180.000 euros hasta 2026 para siete tipos de actuaciones: estudios de accesibilidad para conocer las deficiencias que presentan los edificios que albergan los juzgados, redacción de planes de accesibilidad para paliar esas deficiencias, obras de eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de señalización accesible, traducir resoluciones judiciales a lenguaje fácil, instalación de bucles magnéticos y creación de salas Gesell.

Este año en concreto se están realizado estudios de accesibilidad en seis sedes: cuatro en Jaén (la Audiencia, Linares, Úbeda y Cazorla), una en Málaga (Marbella) y una en Sevilla (Dos Hermanas), con una inversión de 19.217,22 euros. Durante 2023, los estudios y planes de accesibilidad se extenderán a más juzgados para tener el diagnóstico de las obras a acometer en cada uno de los inmuebles estudiados.

Además, durante 2022, se destinarán 13.692,40 euros a instalar sistemas de bucles magnéticos en mostradores de los registros civiles de Jerez, Algeciras, Córdoba, Granada, Huelva, Ayamonte, Alcalá la Real, Andújar, Cazorla, Málaga, Marbella y Sevilla, así como en otros servicios de atención al público como los de la Audiencia y el Decanato de Almería, los juzgados de Motril y Cádiz o el Juzgado de Guardia de Córdoba. La implantación de estos sistemas también continuará en los próximos años.

En 2023 está previsto también implantar señalización accesible, comenzando con los Servicios de Asistencia a las Víctimas de Andalucía (SAVA) y ejecutar nuevas Salas Gesell con financiación del Pacto de Estado de Violencia de Género. Desde 2019, se han multiplicado por cuatro este tipo de espacios que ofrecen un entorno seguro a las mujeres denunciantes de malos tratos y a sus hijos para grabar su declaración y evitar la doble victimización que supone tener que revivir varias veces los hechos durante el proceso. Así, actualmente hay 26 salas Gesell en los juzgados andaluces.

Igualmente, para el año que viene está previsto que comience a funcionar el servicio de traducción a método de lectura fácil de los documentos que así se requieran por parte de los órganos judiciales, con el fin de garantizar su comprensión por parte de personas con discapacidad intelectual o dificultades para entender las resoluciones. Actualmente, el contrato para la prestación de este servicio se encuentra en licitación.




CEACOP alerta de que las empresas no pueden asumir los sobrecostes de las infraestructuras

Las empresas del sector de la construcción de momento son las que están asumiendo los sobrecostes de las obras, “en un ejercicio de valentía y responsabilidad con los contratos firmados, sus empresas y plantillas”, ha destacado la gerente de CEACOP, Ana Estella. Pero esta situación es insostenible, las empresas no pueden presentar ofertas porque el coste de los contratos es inasumible.

CEACOP exige responsabilidad y consenso a todas las administraciones para salir lo antes posible de la situación de incertidumbre que pone en riesgo a la obra pública. Asimismo pide a la administración que se revise la base de precios de los contratos para que sea acorde a los precios actuales de mercado. 

 




El plan de infraestructuras de Andalucía prevé 233 millones para los puertos

El nuevo Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (Pitma) aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno de Andalucía prevé la inversión de 233 millones en los puertos andaluces los próximos ocho años. De esta partida estimada, 92 millones están asignados a la colaboración pública-privada; 73 millones se esperan de Europa (52 del nuevo marco Feder y 21 millones de Feder 2014-2020); y 43 millones, de los presupuestos andaluces, entre otras fuentes.

La colaboración público-privada es la fuente de financiación que más crece y representa “un peso importante” en el Pitma, mostrando así la apuesta de la Junta de Andalucía por la entrada de fondos privados en infraestructuras autonómicas: representan 1.381 millones de euros del total de 7.766 millones estimados para ejecutar este plan estratégico 2030.

Estas cuantías se refieren, no obstante, a estimaciones, ya que en este Pitma “es eminentemente estratégico y su ejecución estará determinada por la disponibilidad presupuestaria para su financiación, dentro de la cual destaca la financiación mediante los diferentes mecanismos contemplados por la UE”, según se refleja en el documento aprobado.

Seis programas para mejorar los puertos andaluces

El Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) se articula en torno a nueve líneas estratégicas. Entre ellas, las medidas previstas para mejorar del Sistema Portuario Andaluz están incluidas en la línea estratégica 8 (LE8), que contempla seis programas:

  • Programa para el desarrollo del transporte marítimo de mercancías en puertos autonómicos, con un presupuesto asignado de 8.108.000,00 euros
  • La adaptación del sistema portuario a los efectos del cambio climático, y mantenimiento de la operatividad, con un presupuesto estimado de 47.196.000 euros
  • Mejora de las condiciones operativas de la actividad pesquera profesional, con una inversión prevista a ocho años de 23.405.000 euros
  • Completar y mejorar las infraestructuras y servicios náutico recreativos, con una inversión de 96.443.000 euros
  • Programa para reforzar la relación puerto ciudad, con 55.367.000 millones
  • Potenciación del transporte marítimo de pasajeros y las actividades turísticas y recreativas de carácter marítimo, con un presupuesto estimado de 3.189.000 euros

La mayor inversión: la actividad náutica-recreativa

El programa del sistema portuario andaluz con mayor financiación está destinado a las infraestructuras y servicios náuticos recreativos. La Junta de Andalucía, en su plan estratégico, prevé destinar 96 millones de euros en el plazo de diez años a medidas encaminadas a mejorar y completar las infraestructuras de estos servicios en el litoral andaluz. 

Entre otros aspectos, este programa promueve la oferta de puertos recreativos que se localizan fundamentalmente en la Costa del Sol, litoral de Granada y la aglomeración urbana de Málaga, con actuaciones pueden implicar la ampliación exterior de los puertos existentes o la construcción de puertos de nueva planta.

También se prevé la adecuación de las infraestructuras, servicios a la flota y tripulaciones recreativas a las necesidades de adaptación a los efectos del cambio climático, con actuaciones de especial relevancia en los puertos de las provincias de Huelva y Cádiz.

23,4 millones para mejorar las condiciones de la pesca

El programa encaminado a mejorar las condiciones de la actividad pesquera en Andalucía recibirá 23,4 millones de año en el marco del plan estratégico 2030. Entre otras actuaciones se prevé el incremento de la capacidad de atraque para estancia y operación de flota pesquera artesanal en los puertos pesqueros de mayor actividad como Bonanza (Sanlúcar de Barrameda).

Del mismo modo, el Pitma refleja, entre otras medidas, la dotación de nuevos cuartos de armadores, tendidos de redes y otros edificios, equipamientos e instalaciones para el desarrollo de la actividad pesquera, planteándose actuaciones de especial relevancia en puertos como Isla Cristina, Conil, Barbate, Marbella o Estepona. Así como la adecuación o construcción de nuevos edificios para control y comercialización de la actividad pesquera en puertos como Ayamonte, Isla Cristina, Conil, y Roquetas de Mar.

En este programa dirigido a las operaciones de pesca “se prestará atención específica a los requerimientos en materia portuaria de la acuicultura marina, en creciente expansión por el litoral andaluz”, así como a las intervenciones para potenciar “las actividades turísticas directamente relacionadas con la pesca” para propiciar la diversificación socioeconómica del sector

Adaptación de los puertos andaluces al cambio climático

El sistema portuario andaluz puede quedar muy afectado climático y la subida del nivel del mar. Ante estas previsiones, el plan estratégico de la Junta de Andalucía incluye actuaciones orientadas a adaptar estas infraestructuras, además de garantizar la operatividad de sus instalaciones y edificios. Este programa de adaptación  de los puertos andaluces al cambio climático tiene asignada una financiación estimada de 47 millones de euros.

Entre otros avances, esta el plan estratégico impulsa una programación temporal y económica con intervenciones periódicas para restituir los calados. Ello implica un “gran esfuerzo inversor, que contribuye, además, a la regeneración de las playas mediante la aportación de los sedimentos retirados a los emplazamientos indicados por el órgano competente”.

Red andaluza: siete puertos estatales y 34 autonómicos

El sistema portuario autonómico andaluz está constituido por 34 puertos y espacios portuarios, gestionados directa e indirectamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. A ellos se suman los siete puertos de interés general del Estado (Huelva, Sevilla, Bahía de Cádiz, Bahía de Algeciras, Málaga, Motril y Almería), que son básicamente soporte del tráfico marítimo de personas y mercancías.

Los puertos autonómicos andaluces prestan actividades pesqueras y náutico-recreativas, constituyendo Garrucha (Almería) la única instalación con tráfico comercial de mercancías relevante, mientras algunos puertos de las provincias de Huelva y Cádiz son también soporte de tráfico marítimo regular de pasajeros con cierta relevancia a escala local.