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Los ingenieros reconocen el Trambahía con el Premio a la Mejor Obra Pública de Andalucía

  • El galardón distingue el trabajo realizado para la construcción de este transporte que entró en servicio a finales del mes de octubre

El Trambahía, el tranvía de la Bahía de Cádiz, ha recibido esta noche el premio a la Mejor Obra de Pública de Andalucía dentro de la segunda edición de los Premios Obras de Ingeniería Andaluza que organiza la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP). El acto de entrega de estos reconocimientos, que ha tenido como escenario el Teatro Fundación Caja Granada, ha contado, entre otras autoridades, con la presencia del consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco y de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.

Este galardón ha reconocido al trabajo desempeñado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Obra Pública, como promotor de esta infraestructura, que entró en servicio a finales del mes de octubre, pero también a más de una treintena de ingenieros de caminos, canales y puertos, procedentes tanto de la administración como de las constructoras y consultoras que participaron en su diseño y construcción. Al respecto, la consejera Rocío Díaz ha agradecido a los ingenieros de caminos andaluces “este reconocimiento al empeño de la administración, de la mano de la Ingeniería, para que este modo de transporte tan ansiado se haya puesto en servicio”.

La comisión de los premios, que votó por unanimidad esta designación, ha valorado al tranvía por ser “un medio seguro y sostenible en la vertebración de la Bahía de Cádiz, así como por la singularidad de combinar trazado urbano, interurbano y ferroviario, en una actuación innovadora en el territorio español”. En ese sentido, han precisado que el carácter híbrido y bimodal del Trambahía ha condicionado su ejecución con la aplicación de soluciones constructivas que permiten su funcionamiento como tranvía en tramos urbanos y aprovechar la infraestructura ferroviaria existente para circular como tren de Cercanías en el área metropolitana, con la necesaria cooperación de las distintas administraciones, como la Junta de Andalucía, Renfe o Adif).

Asimismo, Rocío Díaz ha sido la encargada de entregar el Premio a la Defensa de la Ingeniería otorgado por los ingenieros de caminos andaluces a la exconsejera de Fomento Marifrán Carazo por la labor desempeñada en los últimos años. La nómina de premiados se completa con el premio a la mejor actuación de ingeniería de ámbito local, que ha recaído en la adecuación del entorno del conjunto monumental de la Alcazaba de Almería, que ha recogido la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el exalcalde y actual consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco; y con el premio al Mérito Colegial, que ha recibido Juan Escribano por 16 años de entrega al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 12 de ellos como representante provincial en Córdoba.




José Antonio Nieto anuncia que la Junta de Andalucía buscará fondos europeos para construir nuevas sedes judiciales

  • El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública asegura en el Foro Joly Andalucía que el “Primer Plan Estratégico de Justicia” pretende crear en los próximos años más de una veintena de nuevas sedes judiciales en Andalucía con una inversión de 700 millones

  • La iniciativa incluirá contratos de alquiler para sedes judiciales con Ayuntamientos y entidades privadas.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha anunciado este jueves en el Foro Joly Andalucía que la Junta de Andalucía está diseñando el Primer Plan Estratégico de Justicia de la historia de Andalucía, con el que se pretende crear en los próximos años más de una veintena de nuevas sedes judiciales y para el que se buscará, por primera vez, la financiación con fondos europeos. Este plan tendrá un coste de unos 700 millones y se financiará en un 25% con la venta de los edificios que dejen de utilizarse, mientras que otro 25% se articulará con acuerdos de concertación de obra pública con la colaboración del sector privado, otra parte contará con la colaboración de los Ayuntamientos, un 20% a través de arrendamientos reforzados, y un 5% se financiará con los fondos europeos para llegar a las zonas donde más se necesitan las infraestructuras judiciales, como las zonas rurales de la comunidad autónoma.

Durante su intervención en el Foro Joly Andalucía, patrocinado por Martín Casillas, el consejero de Justicia ha anunciado que su departamento está preparando el Primer Plan Estratégico de Justicia de la historia de Andalucía, que llevará aparejado un plan de infraestructuras que abordará definitivamente el problema más visible que tiene la Administración de Justicia. El objetivo del plan, ha afirmado, es abordar en una primera fase la puesta en marcha de una veintena de sedes judiciales, todo ello teniendo en cuenta que la comunidad se han levantado “24 sedes judiciales en 26 años” desde que se asumieron las competencias en materia de Justicia.

El consejero ha recordado que con un presupuesto para Justicia en el que se han asignado para 2023 unos 8,5 millones de euros para nuevas inversiones, la solución al problema pasa por plantear estas alternativas de financiación, dado que con este presupuesto se tardaría “100 años en cubrir el coste” del ambicioso plan de infraestructuras judiciales que ha anunciado.

Esa financiación, ha indicado Nieto, se obtendrá de varias formas, entre ellas con la venta de las sedes judiciales actuales que queden en desuso, como ocurrirá en Sevilla con el traslado a la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas, pero también con la colaboración “publico-privada” y, de la misma forma, recurriendo a los “fondos europeos”, que hasta ahora estaban vetados pero que el consejero cree que se podrán activar al menos para una parte de las construcciones que deben realizarse y que, según ha indicado, podrían financiar el 5% de este plan.

De la misma forma, ha explicado que se recurrirá a la firma de convenios con ayuntamientos con capacidad económica para que los Consistorios construyan las sedes y la Junta pague un alquiler, y en este sentido ya está negociando con varios ayuntamientos. Un último punto de este plan incluirá contratos de arrendamiento reforzado a largo plazo con la iniciativa privada, que podrían ser de 20 o 25 años.

 

 El consejero se ha referido a la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla como el ejemplo con el que la Junta puede ser líder y ha afirmado que Sevilla tendrá el campus judicial más moderno y eficiente de España y será el “buque insignia” de la Justicia en Andalucía y en el que ha apuntado que el reto será realizar un “traslado modélico” de los órganos judiciales que está previsto que se inicie en junio próximo.

El coste en comunicaciones postales es de 10,5 millones

Nieto ha destacado que su departamento se ha marcado como uno de sus principales objetivos acabar con la “ineficiencia en el funcionamiento de la Justicia” y en este sentido ha puesto como ejemplo que sólo en las comunicaciones postales Andalucía se gasta cada año 10,5 millones, una cantidad que, según ha ironizado, no emplea ni la multinacional del comercio Amazón.

En este sentido, el responsable andaluz de Justicia ha afirmado que no es posible que se mantenga este gasto en comunicaciones postales, por lo que la Consejería se ha propuesto “rebajar en un 50%” dicha cantidad, ha aseverado Nieto, que ha puesto otros ejemplos como los 2,5 millones que la Consejería destina a la compra de papel, fotocopias, fax y burofax.

Por último, el consejero ha expuesto los tres “grandes retos” que debe afrontar Andalucía edn los próximos años y que, según ha referido, pasan por contar con “una Justicia ágil, rápida y que funcione bien; una Andalucía vertebrada, y una Administración Pública eficaz y modélica”.




Moreno adelanta que Andalucía movilizará otros 163 millones con un tercer Decreto de Sequía y pide al Gobierno una política del agua

  • El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presidido en el Palacio de San Telmo la reunión del Comité de Expertos de la Sequía

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha avanzado que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana el tercer Decreto de Sequía por valor de 163 millones de euros que contempla actuaciones y medidas que complementan a las ya aprobadas. Así, ha explicado que, de esa cantidad, más de 40 millones irán destinados a medidas y ayudas para el sector agroalimentario, a la vez que ha indicado que estos 163 millones se suman a los 141 que están movilizando los dos Decretos de Sequía que están en curso y que se enmarcan en el Plan SOS auxilio integral ante la sequía que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz.

En total son más de 300 millones los que se van a activar para paliar la situación de sequía con obras hídricas y para seguir respondiendo al grito de auxilio de agricultores y ganaderos.

Moreno, que ha presidido en el Palacio de San Telmo la reunión del Comité de Expertos de la Sequía, ha señalado que estamos atravesando una situación dramática y ha apuntado que los embalses andaluces están por debajo del 30% en términos generales, lo que está teniendo un impacto durísimo en el sector primario, en la agricultura, en la ganadería y también en los espacios naturales, la industria y el turismo.

De este modo, ha recordado que Andalucía tiene las competencias sobre el 33% de las cuencas de la región y que el otro 67% le corresponde al Estado por lo que ha insistido en la importancia de que el Gobierno de la Nación sea sensible y comprometa los recursos necesarios para poder responder a esta grave situación.

“No queda otra que redoblar esfuerzos para prevenir y afrontar esta durísima realidad, desplegando con diligencia las medidas que sean necesarias”.

En este punto, ha detallado algunas de las medidas que recoge este tercer Decreto entre las que se encuentran incrementar la declaración y ejecución de más obras hidráulicas de interés de la comunidad, prorrogar a 2023 la exención aprobada en 2022 del cobro del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua en la mayoría de situaciones o la aprobación de  una ayuda de 10 millones de apoyo a la renta y de liquidez para los más afectados por la sequía, que se van a financiar con fondos propios.

Además, ha aseverado que ayer se solicitó en la reunión con el Gobierno de España y dentro de la batería de propuestas para la Presidencia europea, que la UE ponga el acento en la Política de Agua y la sequía, activando el fondo de crisis de la Política Agraria Común para ayudas al sector y que se prorrogue la Medida 22. “Al asumir la Presidencia de la UE, España tiene una oportunidad única para promover una política del agua a escala europea que sea especialmente sensible con las zonas que padecen sequía estructural como el caso de Andalucía”.

Asimismo, se ha referido al PERTE de agua puesto en marcha por el Gobierno que ha calificado de insuficiente porque, según ha dicho, “carece de la agilidad que demanda la gravedad de la situación”. Con respecto a ello, ha puntualizado que solo para reparar las muchas fugas en las canalizaciones de abastecimiento el Estado ha concedido 12 millones de euros cuando la petición era de 70 millones.

Por ello, ha afirmado que es necesario que se aumente esta dotación y que el Gobierno de la Nación sea sensible e incremente estas partidas. A este respecto, le ha pedido, desde la máxima lealtad institucional, que asuma su responsabilidad, que se tome en serio la política del agua y que escuche a los agricultores y a los ganaderos, así como poder cooperar y colaborar para hacer un plan que sea sensato, razonable y riguroso.

El presidente andaluz ha manifestado que mañana se celebra la Mesa Nacional de la Sequía, pedida, entre otros, por Andalucía, a la vez que ha agregado que nos encontramos ante un asunto de Estado en el que todos nos jugamos mucho. “Hay un dato objetivo. Hasta la fecha, el Gobierno central solo ha respondido con un Decreto de Sequía por 9,7 millones, frente a los 141 millones de nuestros dos Decretos. Urge un compromiso mucho mayor con las infraestructuras hidráulicas pendientes desde hace demasiado tiempo”.

En relación con esto, ha incidido en que un mayor compromiso quiere decir acelerar las inversiones necesarias para que la comunidad andaluza pueda contar con una garantía hídrica con mayores capacidades y garantizar agua a la población y a los sectores productivos.

En este sentido, ha informado de que el próximo lunes la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, irá a Madrid para pedir de nuevo al Gobierno de la Nación que construya las principales obras pendientes en Andalucía entre las que se encuentran la Presa de Alcolea y el trasvase del Tinto-Odiel-Piedras que son claves. “Lo que no puede ser que es el embalse de Olivargas desde principio de diciembre haya desembalsado diez veces su capacidad. Es decir, se ha vaciado diez veces, perdiendo un agua fundamental para nuestra tierra”.

Para concluir, ha matizado que el recorte impuesto por el Gobierno de España del 50% del trasvase Tajo-Segura tampoco hace ningún bien porque viene a agravar aún más la situación en el Levante almeriense.




CHG señala que la “solución” en Doñana pasa por “la colaboración” entre administraciones y las infraestructuras

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha señalado este lunes que la “solución” para el Parque Nacional de Doñana pasa por acabar las infraestructuras del trasvase de la cuenta del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir y por otras actuaciones que se están llevando a cabo, así como por “la colaboración” entre administraciones, “trabajando cada una desde sus competencias”.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Sevilla tras la celebración de la segunda reunión del Pleno de la Comisión de Desembalse de la CHG, en las que ha explicado la Ley del Trasvase del 2018 del Tinto-Odiel-Piedras, “a la que tanto se apela, y de la que tanto se ha hablado últimamente, es una ley que es sobre todo de carácter ambiental, porque lo que quiere es recuperar los niveles ambientales de Doñana, en este caso del acuífero, y es una ley que está pensada para que aproximadamente 15 hectómetros cúbicos sean destinados a sustituir agua de regadío subterráneo con derechos consolidados por agua superficial”.

 
 

“Cualquier otra pretensión de intentar solucionar una posible o no posible legalización de nuevas hectáreas regables se sale fuera de la Ley del Trasvase”, ha afirmado Páez, que ha señalado que “en esta ley hay obras por concluir”, pero ha destacado que el desdoble del Túnel de San Silvestre “era una obra que este gobierno actualmente ha licitado, con 64 millones de euros”.

Ha aclarado que “quien piensa, gestiona y planifica el sitio donde va el agua de ese trasvasees la CHG”, que tiene recogido que el trasvase tiene que ir “sobre todo a dos zonas, una que ya está yendo, que es el Condado, porque la zona del Condado es una zona de recarga natural del acuífero, y por eso queremos que hay sustitución de aguas subterráneas por superficiales en esa zona, y luego otra zona que está en el entorno de Almonte, en la que hay dos conos de depresión importantes en el acuífero”.

Por lo tanto, “cualquier cuestión en la que se diga que ese trasvase soluciona los problemas de las hectáreas de regadío que están por venir en Huelva, es una cuestión que sencillamente no es verdad”, ha abundado Páez.

Asimismo, ha dicho que el actual plan hidrológico ha estado “un año a exposición pública, seis meses el esquema de temas importantes y seis meses el borrador del plan, y no ha habido alegaciones por parte de la Junta de Andalucía con respecto a una de nuestras medidas que le llamamos la piedra angular para el sostenimiento de la cuenca, que es que no ha lugar a nuevas hectáreas de regadío en ningún punto de la cuenca, que no estuviesen previamente planificadas”.

“La solución de Doñana pasa por la gobernanza, pasa por acabar las infraestructuras del trasvase, pero también pasa por acabar otras infraestructuras que estamos llevando a cabo”, ha subrayado, para añadir que las circunstancias de Doñana “se solucionan colaborando, trabajando cada una desde sus competencias, porque las competencias en el regadío, en la parte de la demarcación del Guadalquivir, las tiene la CHG, y la Junta de Andalucía tiene competencias de medio ambiente, de ordenación del territorio y de agricultura”.




Autorizada la ejecución de las agrupaciones de vertidos río Dílar y Norte a la EDAR de Los Vados

  • Los embalses andaluces se sitúan al 29,83% de la capacidad total tras registrar un descenso de 6 hm3 en la última semana

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del inicio inminente de dos nuevas obras de depuración para la provincia de Granada. Se trata de las agrupaciones de vertidos (AAVV) del río Dílar, en su segunda fase, y zona Norte a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Los Vados. Entre ambas actuaciones, la Junta va a invertir más de 21,7 millones de euros mientras que el número de beneficiarios asciende a 228.946 granadinos.

Con estos dos proyectos se dan respuesta a una demanda social y se pone fin, tras quince años de espera, a los problemas de depuración de aguas de los municipios granadinos de Vegas del Genil, Otura, Las Gabias, Churriana de la Vega y parte de Cúllar Vega y Alhendín, así como a las localidades de Jun, zona norte de Puliana y Güevéjar. Por tanto, se trata de obras importantes que aportarán un servicio público esencial, especialmente, al área metropolitana de Granada.

La primera de las actuaciones, la referida a la AAVV del río Dílar a la EDAR de Los Vados, contará con un total de 51 tramos diferentes, lo que viene a definir perfectamente la envergadura de esta obra que discurrirá por algo más de 18, 4 kilómetros. De hecho, en ella se contempla la ejecución de 22.900 metros de colectores, 480 pozos, 112 arquetas y un total de 9 aliviaderos de pluviales. El importe de estas obras supera los 16,2 millones de euros, tendrán un plazo de ejecución de veintidós meses y vendrá a generar 243 empleos verdes.

De otra parte, la segunda de las actuaciones, la correspondiente a la AAVV de la zona norte a la EDAR de Los Vados, cuenta con un importe superior a los 5,4 millones de euros y un plazo de ejecución de trece meses. Al igual que la anterior obra, cuenta con una gran complejidad, ya que contempla un total de 25 tramos diferentes y la dotación de 11.137 metros de colectores. Es más, debido al entramado de los colectores, se requiere adicionalmente la ejecución de 217 pozos y arquetas de registro, así como un total de 6 aliviaderos de pluviales.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha tomado conocimiento de la situación de la evolución de la sequía en Andalucía. El informe de situación hidrológica recoge que los embalses de Andalucía se encuentran actualmente al 29,8% al alcanzar los 3.570 hm3 de agua embalsada. Este volumen supone un descenso de 6 hm3 (-0,05%) con respecto a la semana pasada. Además, esta cantidad continúa estando muy por debajo de los registros de 2022, ya que en la misma semana del año pasado la comunidad autónoma andaluza alcanzaba los 3.811 hm3 (241 hm3 más que en 2023). Por ello, desde el Gobierno andaluz se insiste en la importancia de hacer un uso responsable del agua, especialmente en estos momentos de pertinaz sequía.

Respecto a las diferentes cuencas del territorio andaluz, la demarcación hidrográfica del Guadalquivir registra un volumen de agua embalsada de 2.074 hm3 tras incrementarse ésta en 3 hm3 (+0,04) con respecto a la pasada semana. Sin embargo, en comparación con las cifras del pasado año hay 279 hm3 menos que la misma semana de 2022.

Las cuencas mediterráneas andaluzas cuentan con 448 hm3 (al 38,6% de su capacidad) tras producirse un descenso de 2 hm3 y, por su parte, Guadalete-Barbate reduce su agua embalsada en 2hm3 (-0,12%) y se sitúa en 492 hm3 que supone el 30% de su capacidad. Por último, la cuenca Tinto-Odiel-Piedras-Chanza ha experimentado un descenso de 5 hm3 en la última semana, lo que sitúa el agua embalsada en 556 hm3 que supone el 51,9% del total de su capacidad.




Juanma Moreno dice adiós a Marifrán Carazo, la consejera de la Lista y revulsivo de los Metros andaluces

  • Se despide en un Consejo de Gobierno especial, celebrado en Sierra Nevada, para centrarse en la carrera por la Alcaldía de Granada

  • La sustituta, que será mujer y granadina, se conocerá antes del Consejo de Gobierno de la semana que viene

  • Juanma Moreno, sobre el asunto Barveal: “Está todo en orden”

Un Consejo de Gobierno de altura. Y tanto que es así. La foto de familia más alta de la historia a más de 2.600 metros de altitud en Borreguiles, la reunión en el edificio de Cetursa Sierra Nevada a 2.078, y encima en una tercera planta. La Junta se ha subido no solo al techo de Andalucía, sino de la Península Ibérica para despedir a la “consejera granadina de Fomento”, uno de los múltiples calificativos y cariños que le ha dedicado Juanma Moreno a Marifrán Carazo esta mañana en su último cónclave como miembro del ejecutivo autonómico. La Consejera dice adiós para centrarse en su carrera hacia la Alcaldía de Granada en la que competirá con el actual incumbente Paco Cuenca, del PSOE, en una batalla que ya ha comenzado sin cuartel en marquesinas y cartelería por toda la ciudad. El recambio de Carazo al frente de Fomento no será, eso sí, efectivo hasta la próxima semana. La previsión es que el lunes presente la dimisión y el mismo martes se anuncie a la sustituta, que será “mujer y granadina” como expresó en su momento el presidente de la Junta, y que tome posesión antes del siguiente Consejo de Gobierno.

La rueda de prensa posterior al Consejo fue un verdadero acto de homenaje. Con las pistas de Sierra Nevada al fondo y ante un sol que castigaba como si fuera mayo, Moreno y Carazo aguantaron la emoción ante tanto piropo de ida y vuelta. “Ha sido la mejor consejera de Fomento de la historia de Andalucía”, soltó el presidente sin tampoco muchos preámbulos antes de su comparecencia, en la que se habló de gestión de casi cinco años más que de los acuerdos alcanzados en el propio Consejo. Ni se mencionaron. “Has dejado el listón en lo más alto”, continuó alabando poco después, recordando que “el sector nos ha pedido que no dieras el paso” de dejar la Consejería para presentarse a la Alcaldía de Granada.

Dolor de corazón

“No es fácil renunciar a ella en el gobierno, no es fácil cuando es una persona tan comprometida, eficiente y que ha contado con un equipo tan sólido”, enumeró Juanma Moreno ante sus consejeros en un atril montado en plena plaza de Andalucía de Sierra Nevada. El presidente no escondió que “es un momento complejo” para él, pero dijo “aceptar retos personales y los caminos que quiere emprender”. “Ella ha tenido claro que su objetivo era mejorar Granada y esa es su pasión y compromiso”. “Es de las mejores gestoras que hay en el Gobierno y es un dolor de corazón desprenderme de ella”, remató el presidente de la Junta antes de despedirla con un afectuoso “estaré a tu ‘laíto'” en referencia a la campaña electoral pero también a la amistad que les une y que se puso de manifiesto.

 
 
 

Y así Carazo tomó la palabra “emocionada”, aunque contenida. Solo al final de su comparecencia, una vez empezó a saludar a los consejeros y a hacerse las fotos de rigor dejó escapar alguna pequeña lágrima. La congoja se notaba en muchos de los colaboradores o de las personas que han estado a su cargo estos casi cinco años como consejera. “Gracias por haberme dejado elegir”, le dijo al presidente Moreno al referirse a su elección de ser candidata a la Alcaldía de Granada, a lo que añadió que seguirá trabajando por Andalucía desde Granada si acaba con el bastón de mando en la plaza del Carmen. “Quiero ser la primera alcaldesa de Granada”.

“No ha sido fácil”. Ese fue el resumen de Carazo de su mandato en Fomento y Vivienda ya que “hemos topado con muchas cuestiones, una pandemia y ahora una crisis de inflación que ha afectado a nuestro sector”. Por ello destacó la importancia que ha tenido “la licitación de la obra pública” como “motor económico” y por los “esfuerzos realizados por sacar proyectos adelante”.

 

Inversiones

La rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno estuvo dedicado a resaltar el balance de cerca de cinco años de gestión de Marifrán Carazo al frente de la Consejería de Fomento. Juanma Moreno destacó la puesta en marcha de la LISTA, la  Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, como uno de los hitos fundamentales de la granadina la frente de la cartera de infraestructuras, donde el tema estrella suelen ser los trenes. Así, Moreno puso en valor la reciente inauguración el lunes de la llegada del Metro de Málaga a la estación de Atarazanas, así como el inicio del proyecto de la línea 3 del Metro de Sevilla, la reactivación del Tranvía de Alcalá de Guadaira y Jaén, la puesta en marcha del Trambahía en Cádiz, y del inicio “inminente” de las obras de ampliación Sur del Metro de Granada. En total, 220 nuevos proyectos durante el mandato de Carazo.

Aun así, todo el Consejo de Gobierno y la comparecencia posterior tuvieron un marcado carácter local, granadino. Había que ‘vender’ el producto de la gestión de Marifrán Carazo en Fomento como aval para las elecciones municipales del próximo mayo. El presidente Moreno puso la cifra bien a las claras: 1.490 millones de euros invertidos por la Junta de Andalucía en la provincia de Granada en los primeros cuatro años de legislatura, a los que según el máximo dirigente habrá que añadir otros 1.304 en los próximos para alcanzar los 2.795 en total en actuaciones comprometidas. 689 han sido solo del área de Fomento y Vivienda y que han generado, según sus datos, 14.300 empleos en este periodo.

Vivienda y Lista

Aunque quien más puso datos sobre la mesa fue la aún consejera de Fomento. Destacó sobre todo la obra de la que más se congratula, la LISTA, de la que destacó que ya hay 111 mesas de trabajo en municipios andaluces que han “emprendido un camino más seguro, ágil y sencillo para tramitar su nuevos Planes Generales”, y donde incluyó Granada capital para desbloquear el suyo después de dos décadas. Y como retos en vivienda fijó para la próxima consejera aprovechar los fondos Next Generation de la Unión Europea para alcanzar el objetivo de construir hasta 10.000 VPO en Andalucía después de las 3.000 edificadas bajo el sello de Carazo.

Más trenes

Carazo se marcha con la espina clavada de no poder poner la primera piedra de las obras de ampliación Sur del Metro de Granada, que empezarán en semanas (estaba previsto que fuera “durante este segundo trimestre del año”), y cuya inversión es de 109 millones de euros. Al menos deja encaminada la redacción también del proyecto de extensión Norte por Atarfe. Aunque también se va con el ‘pero’ de no haber mantenido con el Gobierno una reunión para lo que ella siempre ha llamado “debatir el mapa ferroviario de Andalucía”: “Hay que seguir exigiendo al Gobierno central inversiones en el ferrocarril en Andalucía, fortalecer las Medias Distancias y los Cercanías, y los corredores”, insistió Carazo a Moreno.

 
 



La inversión en obra pública crece en Andalucía hasta los 3.434 millones en 2022 pero se disparan las licitaciones desiertas

  • Ayuntamientos y Junta suman casi el 64% del importe de las adjudicaciones del pasado ejercicio, mientras que el Gobierno eleva un 81% los fondos, pero solo contrató el 23% a compañías andaluzas. Ceacop alerta de que las empresas continúan afrontando una situación difícil por el alza del precio de los materiales, lo que se traduce en que han quedado desiertas licitaciones por valor de 240 millones, el 182% más.

La inversión en obra pública en Andalucía ha vuelto a crecer de manera sostenida por segundo año consecutivo, a pesar de la difícil coyuntura económica. Así lo refleja el informe elaborado por Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública), que recoge que el importe de las adjudicaciones repuntó en 2022 un 23% con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 3.434,6 millones de euros.

Poniendo la lupa sobre las distintas administraciones, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía acapararon casi el 64% del importe de las obras. En concreto, los consistorios mantuvieron su esfuerzo inversor y volvieron a ser, por tercer año consecutivo, el organismo con mayor aportación con 1.198,9 millones de euros, es decir, el 34,9% total. A continuación, se situó el Ejecutivo autonómico, al sumar 991 millones, lo que representa el 28,9%.

Por su parte, el Gobierno central fue responsable del 28,7% de los contratos de obras y consultoría que se han adjudicado en el conjunto de la región, con 986,6 millones de euros, siendo la segunda mayor cifra desde 2009, aunque, en opinión del presidente de Ceacop, Carlos López, “este montante sigue estando muy por debajo de las necesidades de la comunidad en materia de infraestructuras”.

De este modo, el crecimiento experimentado en 2022 se apoya principalmente en los Ayuntamientos y la Junta, que aumentan sus inversiones en términos interanuales en un 17,4% y 0,27%, respectivamente; si bien es el Ejecutivo central el que presenta una subida mayor, con un 81% más de gasto en comparación con 2021, aunque sólo adjudicó el 23% del total a empresas andaluzas.

El resto de la inversión se reparte entre diputaciones, con adjudicaciones por importe de 174,6 millones y un aumento del 6,6% respecto al año anterior; universidades, con 50,7 millones y una bajada interanual del 21%; y otros organismos, que invirtieron un 125% más, hasta los 32,6 millones de euros.

En cuanto a la distribución total por provincias, Málaga lidera el ranking con un 19,1% de los 3.434 millones de euros, seguida de Sevilla (17,4%), Almería (14,1%) y Cádiz (12,6%). Ya por debajo de los dos dígitos, aparecen Córdoba (9,4%), Granada (9,3%) y Huelva y Jaén, ambas con un 6,6%.

Coyuntura difícil
Para el presidente de Ceacop, “los resultados obtenidos en 2022 son positivos en un año marcado por una coyuntura difícil por el alza desorbitado de los materiales, un hecho que se ha visto agravado por el aumento de los costes energéticos y la invasión de Ucrania”. En este sentido, resalta que “una vez más, se demuestra la capacidad del sector para reponerse y mantener el ritmo de creación de riqueza y empleo, con algo más de 200.000 personas ocupadas el pasado año”.

No obstante, Carlos López lamenta que, pese a la subida de las inversiones, el porcentaje de adjudicaciones a empresas andaluzas en 2022 se situó en el 55%, un punto porcentual menos que en el ejercicio anterior, “rompiendo así la tendencia positiva de los últimos años y muy lejos de nuestro objetivo de alcanzar el 60%”. “Este índice es especialmente bajo en el caso del Gobierno central, que tan sólo contrató un 23% de las obras con compañías de la región”, denuncia.

Obras desiertas
Al margen de los niveles de inversión, el presidente de la patronal advierte de que “la situación de las empresas sigue siendo complicada debido a que están teniendo que hacer frente a la enorme subida del precio de los materiales y son las que están aguantando el sobrecoste en las obras, una situación que se ha traducido en que muchas licitaciones se hayan declarado desiertas durante el pasado ejercicio”.

En concreto, la asociación detalla que un 5% de las obras se quedaron sin adjudicar en 2022, lo que supone en términos económicos que se han dejado de invertir casi 240 millones de euros (un 182% más con respecto a 2021), siendo Cádiz la provincia más afectada, seguida de Sevilla y Málaga. “Los ayuntamientos son los que han tenido mayor dificultad para sacar adelante los proyectos, porque cuentan con menor margen para modificar los presupuestos”, apunta la gerente de la entidad, Ana Estella.

Según Estella, “es inasumible que en una comunidad como Andalucía, con el déficit de infraestructuras que arrastra y con el peso poblacional que tiene en el conjunto de España, se queden sin ejecutar esas inversiones por el desequilibrio de precios, aun habiendo fondos disponibles; además de que se corre el riesgo de que esta situación provoque un cambio de tendencia en materia de licitaciones”.

Desde Ceacop se lamenta, igualmente, que empresas públicas como Tragsa o Ineco están siendo adjudicatarias de obras que han quedado desiertas, pero por importes superiores al de la licitación inicial. “Desde hace años están haciendo competencia desleal a las empresas no sólo dentro de España, sino en otros países, yendo en contra del espíritu de la ley de contratos del sector público. En el caso de Tragsa la situación es aún más grave porque ya hay una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública) que, salvo supuestos de estricta urgencia, no puede ejecutar contratos de obra en zonas o núcleos urbanos”.

Fondos sin ejecutar
En paralelo, Carlos López advierte de un riesgo añadido: “Esta situación que se está produciendo amenaza el plan de recuperación diseñado al amparo de los fondos Next Generation, que, como es conocido, tiene como meta temporal 2026 y obliga a que los proyectos deben estar iniciados necesariamente en 2023. De momento, la asignación y puesta en valor de estos recursos están muy por debajo de los objetivos marcados y la exigencia del calendario obliga a intensificar la gestión por parte de los responsables públicos para no perder los fondos y la oportunidad histórica de transformación”.

Es por ello que la gerente de Ceacop añade que “hay que mantener en el tiempo y reforzar los mecanismos de revisión de precios de las obras tanto de la Administración central como autonómica y hay que desligarlos de la lucha política, porque las empresas necesitan seguridad y certeza. El sector necesita seguir recibiendo oxígeno como motor de la economía, generador de empleo y vertebrador del resto de actividades como son la ingeniería, construcción y mantenimiento de infraestructuras, clave todo ello para la sociedad”.




Andalucía aprueba la primera Ley de Economía Circular de España: claves de una norma para la reutilización de productos

  • La votación final en el Parlamento andaluz ha contado con los votos a favor del PP y del PSOE y el rechazo de Vox.
  • ​La norma contempla beneficios fiscales, simplificación de trámites, medidas para el tratamiento de escombros y un plazo de dos años para que los ayuntamientos adapten sus ordenanzas.

El Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles a la primera Ley de Economía Circular de la comunidad, pionera también en España, una norma que entrará en vigor a finales de abril y que pretende cambiar el modelo de gestión lineal de los residuos por uno circular para que estos “dejen de ser un problema para el medio ambiente y se conviertan en una oportunidad”.

La ley, ha destacado el consejero de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, contribuirá a un “gran ahorro” económico de las familias y creará empleo a través de nuevos nichos de mercado, como la producción de biomasa o agrocombustible a partir del compost o de residuos agrícolas.

El debate final en la Cámara andaluza ha concluido con los votos a favor del PP y del PSOE, el rechazo de Vox y la abstención de Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Qué persigue la norma

El objetivo de esta ley es que los residuos se conviertan en productos, reduciendo su impacto contaminante y favoreciendo la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático. Ello implicará una menor extracción de materias primas, una disminución de residuos en los vertederos y, en consecuencia, un menor impacto ambiental.

Igualmente, se analizará el ciclo de vida de los productos, servicios y obras para estudiar cada una de sus etapas. Y se impulsará también el modelo circular en la obra pública.

Norma municipalista

Fernández-Pacheco ha defendido esta como una ley “municipalista”, que ha contado con el apoyo de los ayuntamientos, a los que se les ofrecerán los instrumentos de planificación necesarios en el ámbito local. En concreto, la nueva norma establece un plazo de dos años para que los consistorios andaluces adapten sus ordenanzas en materia de gestión de residuos y fomento de la economía circular.

Empresas

La norma reduce a menos de la mitad los requisitos para que las inversiones empresariales de economía circular sean declaradas de interés estratégico. Así, se considerarán como tales las que generen 25 empleos a tiempo completo con una inversión superior a diez millones de euros, frente a los 50 empleos y 25 millones de inversión que establece el decreto ley de inversiones estratégicas.

Además, se prevén bonificaciones fiscales para los productos recuperados o reparados; las empresas de transformación, distribución alimentaria o restauración que reduzcan de forma verificable los desperdicios de alimentos; para la prevención y recogida de basuras marinas; y para empresas, domicilios, comunidades de vecinos u otros usuarios que adopten sistemas de compostaje de bioresiduos.

También se creará un registro de inscripción voluntaria en el que las empresas puedan declarar el coste del ciclo de vida de un determinado bien y detallen el impacto ambiental que ha tenido su fabricación y producción. Esto, defiende la Junta, supondrá un “plus” en los procesos de contratación pública y una “ventaja competitiva” de cara a los clientes, “cada vez más exigentes con la sostenibilidad de los productos que compran”.

Se recogen igualmente como prioritarios el aluminio, el acero, el cemento y los productos químicos, por lo que el uso de estos materiales tendrá una consideración especial por parte de la Administración, lo que permitirá, por ejemplo, una agilización de los trámites administrativos.

Vivienda

Una vez entre en vigor la norma, las nuevas viviendas y edificios públicos deberán regirse por criterios de eficiencia y ahorro del agua, siendo ecoeficientes y garantizando el confort térmico y la reducción del consumo energético. Además, las nuevas urbanizaciones deberán apostar por pavimentos permeables y medidas de recuperación y reutilización de las aguas pluviales y el uso de tanques de tormenta.

Residuos peligrosos

La norma aprobada este miércoles recoge la prohibición de entrada de residuos peligrosos procedentes de fuera de Andalucía cuando el destino sea un vertedero andaluz. La Junta sí asumirá los que generen las empresas andaluzas, que serán tratados en los vertederos autorizados de la comunidad. Pero, insiste la Consejería del ramo, “no vamos a almacenar productos peligrosos de fuera de nuestro territorio”.

Otros objetivos

La Ley de Economía Circular apuesta por el consumo de proximidad, especialmente en la contratación pública; establece cómo reciclar o reutilizar los bienes no vendidos para que no contaminen; prevé la reducción de alimentos que, aun siendo aptos para el consumo, no cumplan los criterios de comercialización por calibre, color o estética.

También garantiza que los fabricantes ofrezcan piezas de repuesto y fomenta que se vuelva a las reparaciones más allá de las obligaciones legales. Se establecen fondos de conectividad digital, que permitirán que los equipos informáticos cuyas prestaciones queden obsoletas para usos empresariales puedan ser cedidos a la comunidad educativa.

Y se establecen medidas para la reducción de producción de residuos de deconstrucción y demolición y la mejora de su tratamiento. Entre ellas, fianzas a nivel municipal, a tramitar junto con la licencia de obras, que serán devueltas a los promotores de las obras una vez que acrediten que los escombros han sido tratados por un agente autorizado, lo que evitará el acopio de estos materiales en cunetas y espacios naturales.

Sanciones

La norma establece sanciones que oscilan entre los 30.000 y los 120.000 euros, o bien hasta el doble del beneficio obtenido por la conducta infractora, así como la clausura de instalaciones, cierres temporales entre tres y cinco años, inhabilitaciones para ejercer la actividad entre uno y cinco años, y medidas provisionales para casos de urgencia. Se trata siempre de sanciones administrativas que no pueden aplicarse cuando se hayan abierto casos penales. Además, los inspectores serán funcionarios considerados como agentes de la autoridad.




Andalucía moviliza 1.500 millones en obras para frenar la sequía

  • Se ejecutan 300 obras de depuración y obras de abastecimiento en 215 municipios

Es la “legislatura del agua” y lo hace saber el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Día Mundial del Agua, con la movilización de 1.500 millones de euros en obras para luchar contra la sequía. En este momento hay 300 obras de depuración y obras de abastecimiento “en cada rincón de Andalucía”, en 215 municipios.

Durante la inauguración de una nueva estación de bombeo en Écija (Sevilla), Moreno ha afirmado que en Andalucía por su situación geográfica y también por el cambio climático se están perdiendo precipitaciones año tras año, por lo que ha reiterado que hay que ser audaces, intentar minimizar y ser eficientes con el consumo del agua en todos los ámbitos. Para ello se están llevando a cabo obras de gran consistencia para el futuro como son las desaladoras, las depuradoras y también intentando a toda costa evitar la pérdida del agua que, según ha matizado, en algunas zonas de la comunidad andaluza alcanza el 40%.

Y es que para el Gobierno de Juanma Moreno el agua es una cuestión prioritaria en Andalucía. El presidente de la Junta ha indicado que este año el agua seguirá liderando el impulso de la obra pública en Andalucía con la previsión de licitar más de 400 millones en infraestructuras hidráulicas. “Un esfuerzo con el que queremos configurar, año tras año, y a lo largo de esta Legislatura un mala hídrico andaluz caracterizado por la previsión y que aporte seguridad al futuro de nuestros pueblos y ciudades”, ha agregado.

 

“¿De dónde sacamos el agua?”, se ha preguntado Moreno, quien ha advertido de la importancia de que llueva durante los próximos meses. “Ahora se abre una ventana de oportunidades en abril, pero si no llueve nos iríamos a un verano sin precipitaciones. A ver si hay suerte y en abril, una vez pase la Semana Santa puestos a pedir, llueve y se recuperan los acuíferos”, ha comentado.

“Esfuerzo de todos”

Hay zonas en Andalucía en las que se produce en torno a un 40% de pérdida de agua en la red de abastecimiento, por lo que ha pedido hacer un “esfuerzo colectivo”, en el que se involucren todos los municipios y las diputaciones para evitar que continúen con esas pérdidas de agua.

Por último, en cuanto a la inauguración de la estación de bombeo en Osuna, el presidente ha asegurado que era una obra “muy necesaria y esperada por todos”. Alrededor de 50 millones de euros ha destinado la Junta a la mejora del abastecimiento de la Sierra Sur de Sevilla, presupuesto que eleva este proyecto como una de las actuaciones de mayor calado previstas en materia hidráulica en la provincia.




Córdoba: La inversión en obra pública sube más de un 62% en Córdoba en el último año

La inversión en obra pública ha crecido más de un 62% en Córdoba durante el último año, hasta alcanzar los 321,4 millones de euros, una cifra que deja muy lejos los apenas 198,2 millones de 2021. De esta forma, la aportación de la provincia al total invertido en Andalucía se queda en el 9,4%, en una situación intermedia y distante de provincias como Málaga, Sevilla, Almería y Cádiz, todas en dobles dígitos, aunque por encima del resto. El gasto de los contratos de las diferentes administraciones en la región llegó a 3.434,6 millones, con un crecimiento anual del 23% que deja atrás la caída sufrida en 2020 por la irrupción de la pandemia.

En el incremento anotado en Córdoba ha tenido mucho que ver el notable aumento de la aportación durante el pasado ejercicio del Gobierno Central y la Junta de Andalucía -ambos pasan de los 100 millones, con peso mayor del Ejecutivo andaluz-, pues tanto la Diputación como los distintos ayuntamientos han continuado en cifras similares, según los datos aportados a El Día por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). De hecho, de los mismos se desprende que los consistorios cordobeses son los que menos invierten en infraestructuras en su provincia, junto a los de Jaén.

Así, el informe refleja que la inversión de los ayuntamientos ascendió a 63,6 millones de euros, con una caída respecto al año anterior de un 5,9% (en 2021 el gasto fue de 67,6, por los 74,9 de 2020). Tira del carro el consistorio de la capital, con un gasto de más de 24 millones, por delante de los de Fernán Núñez y Montilla, que superan ambos por poco los tres millones que rozan los de Priego de Córdoba y Lucena. Como dato positivo, según señala Ceacop, más del 83% de los proyectos los ejecutan empresas andaluzas. 

Algo que repite la Junta, que pasa por ser el primer organismo por volumen de inversión en Córdoba, con un gasto de 119 millones de euros que dobla el del año anterior (crecimiento del 98%). Las principales infraestructuras corresponden a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que ha hecho una importante inversión en todas las provincias en materia hídrica, siendo los proyectos de agrupación de vertidos y depuración de aguas en varios municipios la partida de mayor dotación presupuestaria.

Pero para crecimiento inversor, el experimentado desde el Gobierno de España y sus distintos ministerios, que alcanza el 233% tras pasar de un gasto de apenas 30 millones a los 110 destinados a infraestructuras en 2022 en la provincia. Su principal actuación corresponde al proyecto constructivo y de ejecución del by pass de Almodóvar del Río para conectar la Línea de Alta Velocidad entre Sevilla y Málaga sin necesidad de entrar en la estación de Córdoba, que tiene una partida de 14 millones de euros. Ceacop destaca en este caso que, en el global de Andalucía, apenas el 23% de estos proyectos los hacen compañías andaluzas.

La cuarta administración en gasto es la Diputación, que en el último balance tuvo un gasto de 25,6 millones con una disminución del 26% respecto al año anterior, cuando el rozó los 35. Apenas significativa son las partidas destinadas a obra pública por las universidades -un millón, en línea a lo invertido un año antes- y el apartado de otros, que esta vez se quedó en 1,1 millones cuando en 2021 estuvo cerca de los dos. Entre todos los organismos, el total de obras adjudicadas rondó las 600, si bien muchas otras salieron a licitación y aún siguen pendientes de resolución -caso de la de mayor presupuesto, el tanque de tormentas de Emacsa en el Balcón del Guadalquivir- o simplemente ya quedaron desiertas.

Casi medio centenar de obras desiertas

Porque como informa Ceacop, “el alza desorbitado de los materiales”, unido al “aumento de los costes energéticos y la invasión de Ucrania”, ha provocado que sean muchas las obras que han quedado sin adjudicar en el pasado ejercicio. La asociación detalla que en Andalucía ha sido un 5% de los contratos los que han quedado desiertos, lo que supone una cantidad en torno a los 240 millones (un 182% más que en 2021).

Córdoba, sin embargo, no está entre las provincias más afectadas. En concreto, el pasado año se quedaron desiertas 44 obras, por un valor de 14,10 millones de euros. Las administraciones más afectadas fueron los ayuntamientos (9,97), seguidos por la Diputación (casi 3,7). De forma testimonial aparecen el Gobierno (unos 40.000 euros) y la Junta (20.000), mientras que el grupo de otros aglutina cerca de 375.000 euros.

La obra pública de mayor presupuesto que no ha tenido candidatos en la provincia fue licitada por la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa). Se trata de la fase dos -de las cuatro de que consta el proyecto final- de la obra modernización y mejora de la primera conducción de abastecimiento de agua a la ciudad, con la que se pretende aumentar la garantía de abastecimiento y capacidad de transporte de agua bruta. El presupuesto base de licitación ascendía a 3,1 millones de euros.

Lejos de los números de Córdoba están Cádiz, la provincia de largo más afectada al sumar obras sin adjudicar por valor de más de 76 millones de euros, seguidas de Sevilla (48,3) y Málaga (44,1). También por encima de la provincia cordobesa se sitúa Huelva (18,1), mientras que ligeramente por debajo, y prácticamente en un pañuelo, quedan Almería (12,8), Granada (12,2) y Jaén (11,2). A nivel regional, las obras desiertas suman algo más de 237 millones, con los ayuntamientos y el Gobierno central a la cabeza.