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Aprobados los Planes Hidrológicos de las cuencas intracomunitarias andaluzas

  • Tras participar en el Consejo Nacional del Agua, Crespo valora que “son una herramienta de presente y de futuro para acabar con el gran déficit de infraestructuras hidráulicas”

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha celebrado la aprobación en el seno del Consejo Nacional del Agua de los Planes Hidrológicos y los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación de las cuencas intracomunitarias andaluzas, como son Guadalete-Barbate, Tinto-Odiel-Piedras y las Mediterráneas.

La consejera ha explicado que “con los Planes Hidrológicos vamos a construir entre todos la Andalucía hídrica del futuro, contando con una inversión de 4.455 millones de euros en obras que tendrán, sin lugar a dudas, un importante impacto directo sobre la economía y sectores productivos, paliando los efectos de una sequía que ya es estructural en nuestra tierra”. Crespo ha subrayado que, “de esa cuantía total, la Junta de Andalucía aportará el 70% del total, o lo que es lo mismo, 3.097 millones de euros”.

Crespo ha aseverado que “vamos a hacer de Andalucía la primera comunidad autónoma de Europa en reutilización de aguas residuales, con el objetivo de poner a disposición de los regantes y zonas verdes de nuestros municipios y ciudades terciarios para obtener 140 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas”.

La consejera de Agricultura ha valorado que los Planes Hidrológicos, aprobados con un horizonte temporal fijado en el año 2027, “son una herramienta de presente y de futuro para acabar con el gran déficit de infraestructuras hidráulicas y, a la par, aumentar la seguridad frente a otro de los efectos del cambio climático, como son los fenómenos meteorológicos adversos”.

Crespo ha recalcado la importancia de esta nueva hoja de ruta en materia de agua en Andalucía, que recoge la pertinencia de utilizar todas las fuentes hídricas posibles, con una especial apuesta por la recuperación de las masas de agua y la garantía de riego con la puesta en marcha de terciarios para la obtención de aguas regeneradas, sin olvidar otras tan importantes como la desalación.

Los Planes Hidrológicos de las cuencas intracomunitarias andaluzas se han fijado también como objetivos fundamentales avanzar en la digitalización en materia de agua, así como en una mayor eficiencia hídrica y en nuevas tecnologías que aceleren estos procesos.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha dejado claro que “hemos logrado la aprobación de sendos instrumentos que son cruciales para garantizar el crecimiento sostenible de Andalucía y de sus sectores productivos, generando más de 67.000 empleos”. Crespo ha incidido en que “vamos a dotar a nuestra comunidad autónoma de todas las infraestructuras necesarias para el presente y el futuro, que vendrán a acabar con el déficit, mejorar la seguridad hídrica y el buen estado de las masas de agua, gracias a esta hoja de ruta marcada hasta 2027”.

Los Planes recogen las grandes infraestructuras que demandaba Andalucía en materia de depuración, saneamiento, las medidas y actuaciones de los decretos de sequía y las obras de abastecimiento que fueron declaradas de Interés de la Comunidad Autónoma. Además, favorecen la combinación de todas las fuentes hídricas, desde aguas regeneradas, a desalación, presas de regulación o interconexiones. Entre las infraestructuras destacan la construcción de las presas de Gibralmedina o Cerro Blanco, la incorporación, por primera vez en Huelva, de aguas regeneradas; una nueva desaladora en La Axarquía malagueña, la duplicación de la capacidad de la desaladora de Carbonera, así como los desglosados de las canalizaciones de la Presa de Rules, el Plan de Abastecimiento o la Presa de Alcolea, entre otras.

Una vez aprobados en el Consejo Nacional del Agua, queda el último y definitivo paso, que es su aprobación por parte del Consejo de ministros.




La Junta destina un 42 % de su inversión en obra pública al ámbito hídrico, según Crespo

  • La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha mostrado su satisfacción porque, como refleja el informe elaborado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), el 42% de la inversión de la Junta se realiza en el ámbito hídrico.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha afirmado que el gobierno andaluz destina un 42 % de su inversión en obra pública al ámbito hídrico, según ha informado este miércoles la Junta en una nota.

Crespo se ha mostrado satisfecha por este dato aportado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), y ha destacado que esto prueba el esfuerzo del gobierno autonómico, que persigue que “la sequía les coja trabajando y poniendo posibilidades encima de la mesa”.

En un acto celebrado en Córdoba en el que se clausuraba la Asamblea General de la Asociación de empresas fabricantes y de servicios de Córdoba (Asfaco), la consejera ha defendido en su discurso que el Ejecutivo andaluz apoya a la región en “un momento complicado marcado por los altos costes de producción y la escasez de agua, que afecta especialmente a las tierras secas como Andalucía ubicadas al sur del sur”.

Crespo ha hecho hincapié en que “las infraestructuras hidráulicas son fundamentales para el presente y el futuro de nuestra tierra”, no solo para la actividad agraria y el abastecimiento de la población, sino también para el desarrollo del sector turístico y el avance en la reducción de la huella hídrica del sector empresarial.

“Por tanto, invirtamos en agua y no desdeñemos ninguna fuente hídrica”, ha solicitado la consejera, para quien resulta vital aprovechar todos los recursos con el fin de evitar que “los territorios secos del sur quedemos en desventaja”.

En este mismo sentido, la responsable de Agua en Andalucía ha apostado por “luchar por una gobernanza de abajo hacia arriba de los fondos Next Generation para atraer inversiones y obtener nuevas posibilidades en el ámbito hídrico”.

En esta cita, en la que se eligió al nuevo presidente de Asfaco, Miguel Ángel Tamarit Almagro, Crespo también ha incidido en la que importancia de que “zonas secas como Andalucía, Extremadura o el Levante español” puedan percibir estas ayudas europeas.

Igualmente, ha resaltado el papel que desempeña el tejido empresarial en la dinamización de Andalucía y ha lamentado la “compleja situación” en la que se encuentran los productores del campo como consecuencia de los cambios que supone la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC).

En su opinión, estas cambios pueden “lastrar la economía de muchos agricultores” y ha insistido en la necesidad de una simplificación de la PAC “que tiene que ser una realidad aplicable a la renta de nuestros agricultores”




Carolina España anuncia que el Presupuesto de 2024 “consolidará la reforma fiscal iniciada en 2019”

  • La consejera explica las líneas generales de las cuentas, que darán prioridad a sanidad, educación y dependencia, y a combatir la “dramática situación” generada por la sequía

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha anunciado ante la Comisión de Hacienda del Parlamento que el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2024 “supondrá la consolidación de la reforma fiscal iniciada en 2019”. “Frente a la filosofía de subida de impuestos y asfixia a los ciudadanos, nuestro modelo apuesta por seguir ayudando a las familias con bajadas de impuestos, de una forma rigurosa y responsable”, ha señalado la consejera.

Carolina España, que comparecía para informar del proceso de elaboración del Presupuesto de la Junta para el próximo año, ha manifestado que el Gobierno andaluz ha “acabado con el agravio fiscal que sufríamos en Andalucía en comparación con otros territorios, y hemos pasado a convertirnos en la segunda comunidad de España en competitividad fiscal“.

La consejera ha recordado durante su intervención todas las medidas tributarias aplicadas en Andalucía, que afectan a todos los impuestos sobre los que la Junta de Andalucía tiene competencias normativas. “Gracias a estas medidas, hemos dejado cada año 925 millones de euros en manos de los ciudadanos, y sin embargo hemos aumentado la recaudación, gracias a que tenemos más contribuyentes en IRPF, se declaran más donaciones, hay más compraventas de inmuebles y más actividad económica, en general”.

Carolina España ha explicado que la política presupuestaria del Gobierno andaluz facilita la mejora del entorno institucional y aporta confianza y certidumbre a los agentes económicos a la hora de tomar decisiones que afectan a la inversión. “Nuestra política beneficia a todos los contribuyentes y prioriza el refuerzo presupuestario de las políticas sanitarias, educativas y sociales, así como el apoyo al tejido productivo”.

La consejera ha señalado, en este sentido, que las mayores dotaciones presupuestarias de las cuentas de 2024 corresponderán, “como en años anteriores, al gasto social, en particular a la sanidad, la educación y atención a la dependencia“. En ese sentido, ha señalado que el Presupuesto para 2024 dará “continuidad al esfuerzo que se viene desarrollando en materia sanitaria y en educación, tanto universitaria como no universitaria. Y también ocuparán un lugar primordial las inversiones en materia de agua”, ha indicado Carolina España, que ha calificado de “situación dramática” los efectos de la sequía en Andalucía.

“La política presupuestaria ejecutada por el Gobierno de la Junta de Andalucía desde 2019 está dando sus frutos; la estabilidad económica, la estabilidad política e institucional y la seguridad jurídica de un lado, y la rigurosidad de una gestión eficaz está aportando confianza y certidumbre en los agentes económicos y sociales, que viene acompaña de prosperidad y avances significativos“, ha indicado la consejera.

La consejera ha señalado, además, que esta política presupuestaria sólo tiene sentido, “acompañándola de una gestión responsable de las cuentas públicas, que nos ha permitido contener la deuda y sanear las finanzas de la comunidad, recuperando la solvencia y la reputación internacional de la Junta de Andalucía”.

Contención de la deuda

Además, la consejera Carolina España se ha referido también a los esfuerzos de la Junta por controlar el déficit y la deuda, esfuerzo que también se verá reflejado en los Presupuestos del próximo año. “La deuda de Andalucía está 3,4 puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas. Concretamente, se ha situado en el 20,3% sobre el PIB en el primer trimestre de este año, mientras que la media de las comunidades está en el 23,7%. Es el porcentaje de deuda sobre PIB en Andalucía más bajo desde septiembre de 2014″.

Además, ha recordado que Andalucía es, detrás sólo de Canarias y Asturias, la comunidad autónoma que tiene menos deuda por habitante, por detrás incluso de las comunidades con régimen foral propio: 4.323 euros, “muy lejos de la media de las comunidades autónomas, que se sitúa en 6.811 euros”.

“Y si la comparamos con Cataluña (con similar población y presupuesto que Andalucía) o Valencia (que tiene similares problemas de financiación que Andalucía), las diferencias entre la deuda por habitante de nuestra comunidad y la de estas otras dos comunidades se disparan por encima de los 6.500 euros”.

Fondos europeos

Carolina España se ha referido también a las ayudas europeas, que serán, ha dicho, “un pilar de singular importancia para el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2024”. En este sentido, ha llamado la atención sobre el hecho de que el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España se elaboró sin contar con las comunidades autónomas, y que, a pesar de ello, “Andalucía cumple con lealtad y ejecuta el plan de inversiones, cumpliendo con los hitos y objetivos que se han impuesto“.

Al cierre de 2022, ha recordado la consejera, “de los 3.937 millones de euros que Andalucía tiene asignados del MRR para ejecutar hasta 2026, ya se habían presupuestado 2.910 millones, un 74%. Estas cantidades van aumentando y en abril ya habíamos alcanzado el 80%”, ha indicado Carolina España, que ha añadido que “de todo el dinero del MRR que ha llegado a Andalucía, ya se ha puesto en marcha el 50%”.

Respecto a los fondos estructurales del marco comunitario 2021-2027, Carolina España ha recordado que éstos rondarán los 8.500 millones de euros. La consejera, en referencia al marco 2014-2020, ha recordado que Andalucía “ha multiplicado por cuatro, entre 2019 y 2022, la certificación de fondos europeos de la anterior etapa”.

“Estas fuentes de ingresos, los fondos europeos, son una oportunidad para propiciar la transformación de la economía de Andalucía hacia un modelo en el que la sostenibilidad sea la seña de identidad, y en el que la digitalización actúe como un instrumento de modernización y palanca de innovación del tejido empresarial, con vistas a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible”, ha señalado Carolina España.




Andalucía actualiza precios de materiales de construcción para evitar licitaciones desiertas

  • La Junta incorpora 1.446 referencias para alcanzar una base de 6.600 precios
  • La última revisión es de diciembre de 2021, sobre otra anterior de 2017
  • Se incorporan materiales sostenibles y de plazas, colegios y hospitales

La Junta de Andalucía ha actualizado la base de costes de la construcción, de forma que los departamentos de la administración andaluza dispongan de una guía de precios ajustada a la realidad actual y que no se queden licitaciones desiertas. La actualización afecta a 1.446 referencias de precios, entre ellos materias primas destinadas a rehabilitación y eficiencia energética, que hasta la fecha no figuraban, dando lugar a un banco de costes con unos 6.600 precios.

La administración autonómica ya estableció hace un año un mecanismo de revisión periódica de esta base de costes de la construcción, que no se actualizaba desde el año 2017. La última versión publicada, que se efectuó con precios unitarios actualizados a diciembre de 2021, incorporaba 5.053 precios básicos y 5.087 precios unitarios descompuestos, siendo de referencia casi exclusiva para el ámbito de la edificación de viviendas de promoción pública.

La Junta explica en una nota que se ha detectado la necesidad no sólo de actualizar nuevamente la base de costes, sino también de que se añadan nuevos materiales y sistemas constructivos o instalaciones de energías renovables (revestimiento de fachadas, placas solares…), entre otros factores.

Ampliar el espectro

Además, se ha ampliado el espectro de esta base de costes, que hasta ahora se ceñía a la vivienda, pero que a partir de ahora abarca espacios públicos urbanos (remodelación de plazas y calles) o los precios obtenidos de los acuerdos marco de las plataformas de contratación de los hospitales del Servicio Andaluz de Salud. También se han incorporado las unidades de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, responsable del parque público de la Junta; y de la Agencia Pública Andaluza de Educación, que gestiona las infraestructuras educativas.

Asimismo, se han revisado precios básicos. Incluyendo los datos según los últimos convenios de la construcción, se han solicitado precios de mercado en varias partidas para ajustarlas al escenario actual y se han adaptado los precios de referencia de los materiales de construcción afectados por la fluctuación de precios, como es el caso de la madera, el acero, el aluminio, el cobre, el hormigón, el vidrio o la porcelana.

Por último, se han actualizado las referencias a normas obsoletas, eliminado referencias a normativa derogada que ha dado lugar incluso a la eliminación de precios para su sustitución por otros que cumplan la normativa vigente

Ampliar el espectro

Además, se ha ampliado el espectro de esta base de costes, que hasta ahora se ceñía a la vivienda, pero que a partir de ahora abarca espacios públicos urbanos (remodelación de plazas y calles) o los precios obtenidos de los acuerdos marco de las plataformas de contratación de los hospitales del Servicio Andaluz de Salud. También se han incorporado las unidades de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, responsable del parque público de la Junta; y de la Agencia Pública Andaluza de Educación, que gestiona las infraestructuras educativas.

Asimismo, se han revisado precios básicos. Incluyendo los datos según los últimos convenios de la construcción, se han solicitado precios de mercado en varias partidas para ajustarlas al escenario actual y se han adaptado los precios de referencia de los materiales de construcción afectados por la fluctuación de precios, como es el caso de la madera, el acero, el aluminio, el cobre, el hormigón, el vidrio o la porcelana.

Por último, se han actualizado las referencias a normas obsoletas, eliminado referencias a normativa derogada que ha dado lugar incluso a la eliminación de precios para su sustitución por otros que cumplan la normativa vigente.




La UJA promueve la creación de dos infraestructuras reutilizando materiales de almazaras y minería

Dos grupos de investigación de la Universidad de Jaén, uno del ámbito de la energía solar fotovoltaica –Investigación y Desarrollo en Energía Solar– y el otro del ámbito de la Inteligencia Artificial –Sistemas Inteligentes y Minería de Datos–, con la participación de un tercer grupo de investigación del área de Arquitectura perteneciente a la Universidad de Málaga, desarrollan un proyecto por el que van a construir dos infraestructuras científicas concebidas como árboles biotecnológicos (Smart-Tree), reutilizando materiales de almazaras y de minas.

Estas infraestructuras producirán electricidad fotovoltaica y se ubicarán en espacios exteriores de los campus universitarios de Jaén y Linares, que actualmente no se utilizan, promoviendo su uso mediante la creación de entornos verdes y servicios conectivos (aparcamiento, carga de bicicletas y scooters, móviles, portátiles, Ipads, entre otros), según ha recogido la UJA en un comunicado.

“En cada uno de estos Smart-Tree se integrará un sistema fotovoltaico (FV) de tecnología bifacial y se modelará su comportamiento energético mediante técnicas de inteligencia artificial (IA)”, explican los investigadores responsables del proyecto, Jorge Aguilera y María José del Jesus.

Con el objetivo de incidir en el concepto de economía circular y reducir las materias primas utilizadas en el proceso constructivo, los “árboles biotecnológicos” se construirán reutilizando materiales y aplicando estrategias de diseño arquitectónico pasivo que contribuirán a reducir el consumo energético y mejorarán las condiciones de confort y el impacto ambiental en el entorno cercano. Además, serán prototipos escalables y adaptables a cualquier espacio público urbano y estarán dotados de vegetación natural y mobiliario urbano ergonómico.

“Tras un estudio inicial de espacios, necesidades y materiales disponibles para reutilizar, se ha determinado la instalación de dos estructuras biotecnológicas, una en el Campus Las Lagunillas de Jaén y otra en el Campus Científico-Tecnológico de Linares. Estas instalaciones permitirán transformar ubicaciones no utilizadas en la actualidad en dichos campus en espacios de descanso, de trabajo e incluso aulas docentes al aire libre. Dichas estructuras biotecnológicas se están diseñando considerando la reutilización de material relacionado con el olivar, como las almazaras para el caso de Jaén, y con las minas, en el caso de Linares)”, han indicado los investigadores de la UJA.




CEACOP nombra a Arturo Coloma gerente de la asociación

• El nuevo responsable es miembro de la Junta Directiva desde hace siete años y cuenta con una dilatada experiencia en puestos de responsabilidad y gerencia en compañías del sector.

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) pone al frente de la gerencia de la asociación a Arturo Coloma Pérez, en de Ana Estella.

Coloma, además seguirá como miembro de la Junta Directiva de CEACOP, de la cual forma parte desde hace siete años.

De este modo, el órgano de gobierno de CEACOP queda compuesto por Carlos López Navarrete, presidente; Arturo Coloma Pérez, gerente y vocal de la Junta Directiva, Daniel Fernández Menéndez, secretario general; Antonio Martín García, tesorero; los vicepresidentes Manuel González Moles y Tomás Zurano Sánchez. Junto a ellos, están los vocales Juan Carlos Hernández Garvayo; Miguel Ángel Pérez Jiménez; Juan Acosta González; Julio Martínez Quesada; Juan Morales Carreño y José Manuel Hita Fernández.

Arturo Coloma es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional de San Telmo y diplomado en Buen Gobierno de Sociedades por el ICA (Instituto de Consejeros-Administradores), con un bagaje profesional de más de 30 años de experiencia como consejero y accionista en empresas del sector de la ingeniería, construcción, concesiones e inmobiliario. Asimismo, ha desempeñado los cargos de director general y gerente de grandes proyectos de ingeniería y construcción.

El nuevo gerente ocupa su cargo con el objetivo de dar continuidad a las acciones desarrolladas hasta ahora, insistiendo en la defensa de las constructoras y consultoras andaluzas y reivindicando el aumento de la inversión en obra pública. Igualmente, otro de sus objetivos es reforzar el papel de CEACOP, que en sus 27 años de existencia se ha convertido en la principal patronal del sector en Andalucía.

Coloma asegura que asume este reto con gran ilusión y responsabilidad, consciente del importante papel que tiene CEACOP en defensa de las empresas. “Debemos hacer frente a varias y complejas problemáticas que afectan seriamente a nuestro sector, para lo que la unión empresarial es vital en este cometido”.

 




La Junta subasta 453 parcelas para construir 900 viviendas por toda Andalucía

  • En la subasta de suelos residenciales para renta libre se incluyen 133 parcelas, con capacidad para 362 viviendas
  • La Junta de Andalucía reactiva las VPO de alquiler: promueve 10.000 más entre 2018 y 2026

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado esta semana la primera subasta ordinaria de suelos que realiza este año la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) con 453 parcelas disponibles. En esta convocatoria se han ofertado suelos en prácticamente todas las provincias de Andalucía para la construcción de 900 viviendas libres y protegidas, así como 126 parcelas para usos industrial, terciario o dotacional. Esta subasta se produce después de que se aprobara el Programa de Enajenación de Bienes de la agencia para 2023.

Los bienes a la venta, todos titularidad de AVRA, se ofertan en dos modalidades. Por una parte, mediante el sistema de subasta se licitan suelos residenciales de renta libre, así como parcelas para uso industrial, terciario y dotacional, locales y garajes. Los suelos para la promoción de vivienda protegida se ofrecen en la modalidad de concurso, según ha detallado la Junta en un comunicado.

Los suelos residenciales para vivienda protegida se presentan en la modalidad de concurso y son 85 parcelas con una superficie total de 23.591 metros cuadrados con capacidad para 538 viviendas. De estas parcelas, 17 están en la provincia de Huelva (Lepe, Bonares y la capital); dos en Cazorla (Jaén); 54 repartidas por los municipios malagueños de Cártama, Algarrobo y la capital, y las 12 parcelas restantes en la provincia de Sevilla (Casariche y La Rinconada). Estas 85 parcelas son para viviendas en régimen de protección y se venden a un precio total de 9.104.086 euros.

En la subasta de suelos residenciales para renta libre se incluyen 133 parcelas, con capacidad para 362 viviendas, que están localizadas en Oria (Almería), Jerez de la Frontera (Cádiz), Córdoba y Obejo, Cartaya y Bonares (Huelva), Jaén, La Carolina, Huelma y Peal de Becerro. También en Cártama, Rincón de la Victoria y Málaga capital, y por último, en Sevilla. Estas parcelas tienen una superficie de 64.007 metros cuadrados y su precio de venta suma 8.781.535 euros.

En el apartado de suelos industriales, terciarios y dotacionales figuran 126 unidades, repartidas por las provincias de Almería (Serón), Cádiz (Medina Sidonia y Chipiona), Córdoba capital, Jaén (Alcalá la Real, Huelma, Linares y Torredonjimeno), Málaga (Rincón de la Victoria) y Sevilla (Alcalá de Guadaíra y la capital). En este caso se ofertan 169.939 metros cuadrados a un precio total de 18.260.656 euros.

Por último, la subasta incluye 109 locales y garajes en Benahadux (Almería), Cádiz capital y Sanlúcar de Barrameda, Guadix (Granada), Jaén, Ronda, Málaga y Sevilla, cuyos precios de venta suman 5.211.170 euros.

La oferta, cuyo contenido se puede consultar de manera pormenorizada en el portal web de AVRA, permanecerá abierta hasta el próximo 14 de septiembre, fecha en la que expira el plazo de presentación. Asimismo, las propuestas serán abiertas en acto público fijado para el 5 de octubre.




La Junta de Andalucía inicia la revisión del POTA, “desfasado” tras 17 años sin modificaciones

  • La redacción del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, a cargo de Manuel González Fustegueras, se alargará por un periodo de 32 meses y tendrá un coste de 2,6 millones de euros
  • Andalucía, la comunidad favorita de los españoles para mudarse
  • Juan Espadas le pide cita a Juanma Moreno para trasladarle “una propuesta concreta” sobre Doñana

El Consejo de Gobierno ha anunciado este martes el inicio de los trabajos para la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que lleva 17 años en vigor sin modificaciones y que desde la Junta se ha calificado de “desfasado”. Ya el pasado mes de marzo se conoció que el urbanista y arquitecto jerezano Manuel González Fustegueras ganó el concurso de asistencia técnica del nuevo POTA. 

Fustegueras, que redactó, entre otros planes, el de Sevilla, concursó con una unión temporal de empresas denominada Andalucía Ordenación Territorial, que incluye la suya, Territorio y Ciudad, y dos empresas catalana y de Castilla y León, especialistas en ingeniería y en análisis topográfico.

El nuevo plan se ha iniciado con la adjudicación del contrato de apoyo técnico para la redacción del mismo, que tendrá un coste de 2,6 millones de euros y una duración de 32 meses, según confirmó la consejera de Fomento, Rocío Díaz. 

Esta revisión del POTA quiere dar continuidad al “afán de renovación del marco legislativo en materia de ordenación del territorio” en la comunidad, ha informado en rueda de prensa el portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha recordado la aprobación en la pasada legislatura de la ley del suelo Lista y el posterior reglamento.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha dicho que el POTA estaba “desfasado” y ha garantizado que se hará con la máxima participación, para alcanzar un texto “con el mayor consenso posible”. Díaz ha explicado que al plazo que se ha propuesto la Junta para la redacción de este plan, “32 meses”, hay que añadir la tramitación parlamentaria.

 

Desafío de legislatura

La meta del Gobierno andaluz en este “desafío de legislatura” es contar con la participación de todos los sectores implicados, especialmente los ayuntamientos, “que son los que desarrollan los planes urbanísticos”. En este sentido, la consejera ha apuntado que sólo 135 municipios de los 785 que tiene Andalucía (el 17,1%) han aprobado con el POTA vigente planes generales de ordenación urbanística.

Por ello, uno de los objetivos del nuevo POTA será acabar con “la maraña administrativa”, facilitando así el incremento de las inversiones. “Queremos que sea un modelo constructivo, que ayude a la vertebración de Andalucía”, ha afirmado Rocío Díaz. 

El POTA vigente, que se aprobó en 2006, se concibió antes de que estallase la burbuja inmobiliaria, y como un desacelerador de la construcción. Uno de sus criterios más polémicos fue el conocido como 40-30, que impedía un aumento del suelo urbanizable más allá del 40% y un crecimiento de población de más del 30% en los primeros ocho años. Para muchos municipios pequeños y de interior con capacidad de crecer eso constituía un freno.

Su revisión servirá, según ha explicado este martes la consejera, para planificar cómo será el territorio andaluz en los próximos años dando respuesta a retos como la sostenibilidad, la demografía, la movilidad y el cambio climático, además de establecer un marco de coordinación de las políticas sectoriales que se despliegan en Andalucía.




La ‘disolución’ del Grupo Otero: administración concursal y millonarias reclamaciones

  • El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga emite un auto en que declara el concurso de acreedores de esta empresa de construcción de viviendas de lujo que se creó en la Costa del Sol y que tenía un ambicioso plan de expansión nacional

“Por el contrario, y a pesar de las noticias aparecidas en prensa, no necesitamos acudir a un proceso preconcursal, siendo el principal objetivo de esta compañía continuar con todos los proyectos en curso”. Han pasado aproximadamente cuatro meses desde que el CEO del Grupo Otero, Rubén Otero, remitiese esta carta a sus clientes y hace tan sólo un par de semanas el juzgado de los Mercantil número 2 de Málaga declaraba el concurso de acreedores que confirmaba el desplome de esta compañía especializada en la construcción de viviendas de lujo.

Según el auto emitido el pasado 23 de mayo, y al que ha tenido acceso El Confidencial, se acuerda la “disolución” de la sociedad y “el cese de sus administradores”, que son “sustituidos” por una administración concursal.

En la resolución se refleja que el procedimiento “ha sido instado por el propio deudor”, que “inicialmente ha solicitado la liquidación”; y se destaca que se “acuerda la suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio”.

 

Los administradores, apoderados y representantes, “de hecho o de derecho”, del Grupo Otero tienen el deber de comparecer ante la autoridad judicial y la administración concursal “cuantas veces sean requeridos”. Están obligados a “colaborar e informar” en todo lo “necesario o conveniente” para el interés del concurso, “poniendo a disposición de la Administración del Concurso los libros, documentos y registros correspondientes”.

 

Esta obligación, acuerda la autoridad judicial, se extiende “a los cargos de la sociedad deudora que lo hubieran sido en los dos años anteriores a la declaración de concurso”.

 

Los administradores, apoderados y representantes de la firma tienen la obligación de colaborar e informar a los administradores

 

Los acreedores, por su parte, disponen de un mes, contado desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la decisión del juzgado, para que comuniquen a la administración concursal sus reclamaciones a la constructora; mientras que el informe elaborado por los administradores designados deberá concluir en un plazo de dos meses.

 

El auto, además, recoge que se debe dar parte de la situación del Grupo Otero a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y también del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Cifras récord

La compañía encomendó su “reestructuración” a un bufete de abogados que anunciaba la “elaboración de planes de viabilidad futura” para tratar de contener a los acreedores. Proveedores de materiales y servicios, así como clientes, que comenzaron a asesorarme legalmente para emprender acciones en los tribunales.

En una misiva remitida a los afectados, en un porcentaje importante, pymes del ámbito de la construcción, se les emplazaba a una reunión —presencial o por videoconferencia— en la que serán informados de “propuestas concretas”.

Los representantes legales de Otero Builder SL, la mercantil con la que en 2017 comenzó a gestarse el grupo que después conformaron cinco empresas —OBC, Otero, Lagoom, Urbatech y Atrium—, inició una “reestructuración” de la compañía que ya ha sido “debidamente” comunicado al juzgado de lo Mercantil de Málaga.

 

El objetivo era “salvar la declaración de concurso ante la situación de insolvencia provocada directamente por los sobrecostes en obra”. Como en otras comunicaciones anteriores, se recurría a la presente coyuntura para justificar su caída súbita, aunque siempre obviaban que hechos como el aumento de precios de los materiales, la inflación y el conflicto de Ucrania, influyen severamente en el sector desde hace más de un año. No obstante, no impidieron que la empresa siguiese apostando una gestión expansiva, sin contracción del gasto, a lo largo de todo 2022. A lo que hay que añadir que la propia compañía informó de que había superado los 500 millones de volumen de negocio y en sus propios canales de información publicitaban cifras récord.

 

Grupo Otero se presentaba como “líder en la construcción de viviendas de lujo en la Costa del Sol”, eran muy importantes. “Más de 130 millones de euros en cartera de obras”, “190 unidades” de casas exclusivas por “250 millones”, “500 proyectos entregados” y el “objetivo” de edificar más inmuebles destinados a “alquileres asequibles”.

Pagarés devueltos

“¿Quién podía suponer lo que ha pasado?”, se preguntaban los propietarios de una de las empresas proveedoras, que se enfrenta al posible impago de 1,5 millones de euros. “Llevábamos más de siete años trabajando con ellos y nunca habíamos tenido un problema. Sólo el año pasado, en una decena de obras”, insistían, para recalcar su asombro por lo sucedido contando que “hemos colaborado en obras muy importantes”.

Relataron a este periódico que el pasado 25 de enero debían haber hecho efectivos pagarés `por 370.000 euros, pero que las obligaciones de pago fueron devueltas por el banco, una circunstancia que también les ocurrió en diciembre. “Entonces nos dijeron que había habido un contratiempo, que no nos preocupásemos y que se sumaría al importe que deberían satisfacer en febrero”. Pero cuando el segundo impago despertó las sospechas y pidieron nuevamente explicaciones, la respuesta les inquietó aún más: “Dijeron que había habido problemas financieros”.

Cuatro meses después, en los cristales de la sede principal de la compañía en la capital malagueña, cuelgan letreros de “se alquila”

“En aplicación de la cláusula cuarta del contrato —que no se describe en la carta remitida en este caso—, amparándonos en la doctrina del Tribunal Supremo y el principio de ‘rebus sic stantibus’ —figura jurídica que establece que un acuerdo será vigente mientras se mantengan las condiciones iniciales—”, afirmaba el CEO de la empresa, que defendía su postestad para aplicar un incremento al precio de las viviendas de lujo.

 

Y en este contexto de desplome de la empresa, se informaba a sus empleados que iniciaba un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que conllevaba un “despido colectivo” ante su situación “absolutamente insostenible”.

La rumorología en torno a la presunta quiebra de la firma fue creciendo, al igual que las quejas de los empresarios consultados, que se que se quejan de la falta de información por parte del Grupo Otero. “Llamas y nadie sabe nada”, apuntaba uno de ellos. Cuatro meses después, en los cristales de la sede principal de la compañía en la capital malagueña, ubicada en la Alameda Principal, cuelgan letreros de “se alquila”.

Los clientes con casas a medio hacer y sin entregar también recibieron cartas en las que la firma les instaba a renegociar las cantidades de la compra aduciendo que “la evolución de los precios de las materias primas y la energía es difícilmente predecible, y trasciende del ámbito puramente económico hacia la geopolítica”, por lo que “ha supuesto un aumento de la inflación a nivel global desde mediados de 2021 al 2022.

“En aplicación de la cláusula cuarta del contrato —que no se describe en la carta remitida en este caso—, amparándonos en la doctrina del Tribunal Supremo y el principio de ‘rebus sic stantibus’ —figura jurídica que establece que un acuerdo será vigente mientras se mantengan las condiciones iniciales—”, afirmaba el CEO de la empresa, que defendía su postestad para aplicar un incremento al precio de las viviendas de lujo.

Y en este contexto de desplome de la empresa, se informaba a sus empleados que iniciaba un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que conllevaba un “despido colectivo” ante su situación “absolutamente insostenible”.




El Parlamento andaluz apoya la conexión ferroviaria Córdoba-Jaén-Granada e integrarla en Corredor Mediterráneo

El Pleno del Parlamento ha mostrado este jueves su apoyo al acuerdo del Parlamento Europeo para que “una futura conexión ferroviaria entre Córdoba, Jaén y Granada se integre en la red básica ampliada 2040 de trenes de pasajeros y mercancías, equipados con el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (Ertms)”.

Así consta en una proposición de Ley del PP-A, que ha sido apoyada en su totalidad por PSOE-A y Vox, mientras que Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía se han abstenido en algunos puntos.

La Cámara andaluza también ha avalado el acuerdo del Parlamento Europeo, que promovió el Grupo Parlamentario Popular Europeo, para que “una futura conexión ferroviaria entre Granada-Motril forme parte de la red Global 2050” por estimar que “cumple con todos los requisitos” para su inclusión en la modificación de la Red Transeuropea de Transportes.

Asimismo, se ha pedido la inclusión de una línea ferroviaria de alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro en la red básica ampliada 2040 de la Red Transeuropea.

Así, se ha pedido que el Gobierno andaluz trabaje con el Gobierno de España para reclamar ante la Unión Europea “todos los acuerdos interadministrativos y estudios” para la materialización de las infraestructuras entre Córdoba, Jaén y Granada y su conexión con Motril, al igual que la de Sevilla-Huelva-Faro, así como fijar “un calendario realista de las actuaciones”, tener “las suficientes dotaciones presupuestarias anuales para la futura ejecución” y que “se trabaje coordinadamente para la consecución de fondos europeos”.

Por último, la Cámara ha reclamado “incluir en la red básica (2030) el tramo Utrera-Granada-Almería (transporte ferroviario de pasajeros y mercancías de alta velocidad), así como la necesidad urgente de acelerar el proyecto de AVE Almería- Murcia, que conectará con los Pirineos a través del Corredor Mediterráneo y, mediante esta infraestructura ferroviaria, con los países del Este europeo”.