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CEACOP denuncia que numerosos ayuntamientos y entes locales no están aplicando la revisión de precios establecida por el Gobierno y la Junta

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) denuncia que numerosos ayuntamientos y entidades locales no están aplicando las revisiones extraordinarias de precios puestas en marcha por el Estado y la Junta de Andalucía, lo que está provocando una situación muy compleja para las compañías del sector, al tiempo que muchas licitaciones van a quedar desiertas o sin realizarse , un hecho que viene creciendo desde hace más de un año.

Por ello, CEACOP insta a las entidades locales a que se acojan al sistema, al igual que están haciendo las administraciones central y autonómica, tal y como recoge la legislación vigente e incluso dictamina la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Si bien hay ayuntamientos que sí las están recogiendo, otros muchos están optando por el silencio administrativo o incluso denegándolas.

 “Lo que está sucediendo es duro e injusto. No resolver favorablemente las solicitudes de revisión e incluso más si cabe el silencio administrativo, está obligando a las empresas a recurrir a la vía judicial”, explica Arturo Coloma, gerente de la asociación.

Cabe recordar que la legislación extraordinaria (Real Decreto Ley 3/2022 y Decreto Ley 4/2022) aprobada por la imprevisible y muy significativa alza de precios durante 2021 y 2022, está sirviendo para paliar “muy levemente” la afección de la subida de costes a los contratos de obras que estaban en ejecución en 2022 o que fijasen los precios de contrato hasta marzo de 2023. La propia ley recoge en su motivación la causa en un incremento extraordinario de costes, incremento que era imprevisible en el momento de la licitación y que excedería del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar.

“El impacto real en los costes ha sido superior al 30% y esta legislación solo lo resuelve en una pequeña parte al no recoger las subidas de energía”, señala Coloma, quien advierte de que hay un porcentaje elevado de proyectos que “son inviables económicamente, poniendo en riesgo el futuro de las empresas y sus trabajadores”.

CEACOP pone el acento en la problemática que esto supone para las pequeñas y medianas empresas que trabajan para entidades locales, ya que son las que sufren directamente los efectos “y no tienen capacidad para soportar estas pérdidas”.

Según la patronal de la construcción, los ayuntamientos deberían, por encima de otras consideraciones, aplicar la legislación como hace el resto de las administraciones públicas y evitar el daño producido en los contratos afectados, así como la litigiosidad que conlleva, “que es costosa y tardía en el tiempo, lo cual no se pueden permitir las finanzas de las pequeñas empresas”, matiza el gerente de CEACOP.

La asociación valora positivamente la adhesión al sistema extraordinario de revisión de precios por la Junta de Andalucía e insiste en que las resoluciones sean “aprobadas y abonadas” con la mayor agilidad posible.

En cuanto a los ayuntamientos que han optado por el silencio administrativo, “tienen una oportunidad clara de responder favorablemente las solicitudes para así aportar la misma solución que se aplica en toda la obra pública en la comunidad autónoma de Andalucía y evitar daños evidentes a las empresas” insta Coloma.

Por último, CEACOP insiste en la necesidad de reimplantar una ley de revisión de precios de los contratos de obras públicas que permita resolver las situaciones notablemente inflacionarias que persisten y se puedan volver a presentar en el futuro, permitiendo a las compañías realizar y cumplir los contratos en condiciones de equilibrio presupuestario.




Consolación Vera, nueva viceconsejera de Agricultura tras la jubilación de su antecesor

  • Fue secretaria general de Agricultura esta legislatura antes de pasar a ser coordinadora general de Fondos Europeos y Proyección de la Ciudad del Ayuntamiento de Sevilla 

  • Sustituye en el cargo a Vicente Pérez García de Prado

  • Dimite el director general de Asistencia Sanitaria del SAS por motivos personales

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha nombrado este martes como nueva viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a Consolación Vera Sánchez (Sevilla, 1967).

Vera Sánchez se convierte en la nueva número dos del departamento que dirige Carmen Crespo por jubilación de su antecesor en el cargo, Vicente Pérez García de Prado (Villafranca de Córdoba, 1958), según ha explicado este martes el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Social y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Preguntado por los periodistas por los motivos del relevo en un cargo de la relevancia como es el número dos del organigrama de una Consejería, Fernández-Pacheco ha explicado que “el anterior viceconsejero se ha jubilado, por eso se incorpora esta mujer funcionaria”, de cuya trayectoria ha añadido que “hasta hace bien poco era secretaria general de Agricultura”.

Consolación Vera Sánchez es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y diplomada en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo, según una nota del Gobierno andaluz, de cuyo currículum ha destacado que ocupó el puesto de funcionaria del Cuerpo de Gestión de Hacienda y de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.

De su trayectoria profesional cuenta sus inicios como asesora jurídica en diversas empresas del sector de la ingeniería, antes de continuar como subinspectora de la Delegación Especial en Madrid de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en Sevilla, organismo donde ha sido jefa de Sección Técnica y jefa de Área Jurídica y Patrimonial de la Secretaría General, así como jefa de Área de Régimen de Usuarios de la Comisaría de Aguas y secretaria general.

Sus responsabilidades en el seno del Gobierno andaluz le han llevado a ejercer, en la pasada legislatura, como directora general de Ayudas Directas y de Mercados de la Consejería de Agricultura.

En la actual legislatura desempeñó el cargo de secretaria general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, hasta el pasado mes de julio, fecha en la que se convirtió en coordinadora general de Fondos Europeos y Proyección de la Ciudad del Ayuntamiento de Sevilla.

 



La AP-4 entre Cádiz y Sevilla se libra del peaje en 2024: España logra un acuerdo con Bruselas y evita el pago por su uso

España ha logrado en Bruselas un acuerdo importante que evitará el uso de peajes en las autovías del país a partir de 2024, algo a lo que el Gobierno se comprometió en una versión anterior del plan de recuperación. Según avanza esta mañana El País, finalmente en las carreteras españolas no habrá que pagar después de que la Comisión Europea aceptara algunas de las alternativas propuestas por el Ejecutivo para no introducir estos pagos en algunas vías del país.

En declaraciones a la prensa antes de explicar las prioridades de la Presidencia española ante la comisión de Transporte del Parlamento Europeo, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, reiteró que “la voluntad” del Ejecutivo español es “no aplicar ningún sistema de pago por uso en las autopistas”, y remarcó que “las condiciones que se daban en el momento que se planteó esta medida no son las mismas que en la actualidad”.

“Nos consta que la Comisión está analizando, nos consta que podemos compartir ese criterio y ese análisis y, desde luego, esa visión compartida nos permite ser optimistas”, afirmó.

Ya dentro de la sala y a preguntas del eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá sobre esta cuestión, Sánchez reiteró que “no se va a implantar por parte del Gobierno de España ningún sistema de pago por uso en las carreteras”, y añadió que”“nunca se ha dicho que fuera una exigencia de la Unión Europea”.

Además, subrayó que este asunto “se está negociando en el marco de la adenda del plan de recuperación”, en unas conversaciones en las que Bruselas y el Gobierno están “avanzando en otras propuestas que pueden permitir el mismo objetivo sin un sistema” de peajes.

Un compromiso recogido en el plan

El compromiso de los peajes constaba en el plan de recuperación español dentro del hito número 3, según el cual España debía crear “un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de ‘quien contamina paga'”, tal y como se leía el documento del plan.

Este hito está vinculado, en concreto, al pago del sexto tramo del fondo de recuperación, por el que España recibiría 8.000 millones de euros.

Pero el Gobierno, en el marco de la adenda al plan de recuperación, planteó a Bruselas “una serie de propuestas alternativas”, en palabras de la ministra, que van “en la línea de reforzar muchas medidas que ya se han aplicado”, como “incentivar el transporte ferroviario” o “incentivar también el transporte público”.

Si la Comisión Europea aprueba el plan de recuperación revisado, España tendrá acceso a otros 84.000 millones de euros en créditos y a 10.000 millones de euros en nuevas transferencias que se sumarán a los 70.000 millones ya disponibles.




Carolina España: “Hemos ejecutado ya más del 91% de los fondos europeos del marco 2014-2020”

  • La consejera destaca durante su comparecencia ante el pleno del Parlamento el ritmo de certificaciones alcanzado por el Ejecutivo andaluz

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado durante su comparecencia ante el pleno del Parlamento que los fondos europeos estructurales del marco 2014-2020 “han sido ya ejecutados en un altísimo grado” y que “a 30 de junio de 2023 se había alcanzado una ejecución acumulada de más del 91%, lo que supone 10.173 millones de euros”.

La consejera ha añadido que “La Junta de Andalucía ha conseguido revertir la herencia socialista, que llegó incluso a hacer peligrar la suspensión de pagos de la Unión Europea en los dos principales programas, FEDER y FEADER, pues se amenazó la llegada de 5.750 millones de euros debido a las graves deficiencias detectadas en las auditorías de la Intervención General dentro de los sistemas de gestión y prevención del fraude”. Así, ha apuntado que, “ahora, gracias a la eficacia de los servicios públicos y a la voluntad del Gobierno de la Junta, hemos cumplido ya con muchos de los hitos y objetivos marcados por la UE”.

Carolina España ha destacado en su intervención parlamentaria que, cuando llegó el Gobierno de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía, “nos encontramos con que, a 31 de diciembre de 2018, las certificaciones acumuladas ascendían a tan sólo 1.509 millones de euros en cinco años, lo que suponía un media de certificación de apenas 300 millones al año. Tan sólo se había certificado el uso de dos de cada diez euros de financiación europea entre 2014 y 2018″.

La consejera ha añadido que “esa situación derivaba del retraso enorme generado por el colapso en los procedimientos de contratación y en las convocatorias de subvenciones”. “Un ejemplo muy claro”, ha recalcado, “fue la partida ‘Inversiones forestales’ del programa FEADER, pues de los 400 millones programados sólo se habían certificado menos de 25 millones en 2018”.

España ha subrayado que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía resolvió el problema evitando la suspensión de pagos mediante la puesta en marcha de un Plan de Acción de Mejora, implementado en 2019, 2020 y 2021, que permitió aprobar el examen de la Intervención General que previamente había detectado la certificación de manera irregular por errores de gestión del Gobierno socialista de 134,8 millones en cinco años, por lo que hubo que devolver estas partidas impactando en el décifit de la comunidad y retrasando la ejecución de los fondos a partir de 2019.

Sin embargo, ha explicado la consejera, el “Gobierno de la Junta ha transformado por completo la situación que heredó, pues las certificaciones se han multiplicado hasta alcanzar los 2.177 de 2022. La consejera ha resaltado que, incluso, hay programas como el Fondo Social Europeo en los que “prácticamente se ha completado su inversión al cierre de 2022, con un nivel de certificación del 89% un año antes de su finalización”.

“Esto se ha logrado”, ha agregado España, con la mejora de los procedimientos de gestión, la ampliación y especialización de la plantilla destinada a la gestión de los fondos europeos, y el aumento de la inversión anual de fondos europeos para garantizar la ejecución completa al final del marco. Se gastarán todos los fondos, contando no sólo con que vamos muy bien en certificaciones sino que, además, contamos con un amplio plazo ya que disponemos, en lo que se refiere al FEADER, hasta 2025″.

España ha asegurado que, “ahora, Andalucía sí cumple con Europa: los fondos europeos se emplearán hasta el último céntimo para lograr que Andalucía siga en la misma senda de crecimiento y progreso que comenzó hace cuatro años, y continúe avanzando en convergencia”.




Andalucía tendrá unos presupuestos “expansivos” en 2024 para “seguir creciendo pese a la sequía”

La incertidumbre política nacional no impedirá que Andalucía cuente con unos presupuestos en 2024. Así lo ha reiterado este miércoles la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, quien ha descartado que la comunidad vaya a prorrogar los presupuestos de 2023, al tiempo que ha adelantado de que las cuentas en las que trabaja su departamento serán “expansivas” al haber “aumentado la recaudación fiscal en 2023 por la subida de los precios”. “Andalucía va a hacer el presupuesto para 2024 que necesita la región para seguir creciendo por encima de la media, pese a la sequía”, ha afirmado

España ha reconocido que la Junta no conoce “cuáles serán las entregas a cuenta que vamos a recibir en el año 2024 ni los objetivos de déficit a cumplir”, apuntando que esa información “la hace llegar el Ejecutivo central para poder elaborar los presupuestos, pero al estar en funciones no se ha celebrado el correspondiente Consejo de Política Fiscal y Financiera”.

No obstante, España ha asegurado que “aunque hay comunidades autónomas que se están planteando prorrogar presupuestos, nosotros no”, resaltando que, según los cálculos de los técnicos de la Consejería que dirige respecto a las entregas a cuenta “lo que vamos a recibir en 2024 es superior, como consecuencia de la liquidación de 2022, año en el que la inflación elevó la recaudación”.

“Estamos preparando unos presupuestos expansivos. Quiero tranquilizar a los andaluces y trasladar que tendrán un presupuesto como se merece Andalucía”, ha concluido.

Los presupuestos de Andalucía se aprueben generalmente a finales de octubre e inician su tramitación parlamentaria en noviembre para que estén aprobados a finales de diciembre y entren en vigor al inicio del año.




Se quintiplica la adjudicación de obras públicas hidráulicas hasta los 423 millones en 2022 frente a los 83,6 millones de 2018

  • Como ha explicado en comisión parlamentaria, el Gobierno andaluz alcanzó el pasado año un “récord histórico” en adjudicación de obra pública en materia de agua, ya que el 42% de los contratos adjudicados por la Junta hacían referencia a infraestructuras hidráulicas como recoge el informe del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop).

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha destacado que, en comparación con gobiernos anteriores, “el Gobierno andaluz ha quintuplicado (+405%) la adjudicación de obra pública en materia de infraestructuras de agua”.

En concreto, en 2018 se invirtieron 83,6 millones de euros en este tipo de contratos; mientras que en 2022 el actual Ejecutivo andaluz alcanzó los 423 millones de euros para el mismo fin gracias “al esfuerzo titánico realizado por el equipo de agua de la Consejería”. “Estas adjudicaciones nos permiten actuar a corto, medio y largo plazo en infraestructuras hidráulicas que son importantes para Andalucía y, al mismo tiempo, crear empleo”, ha subrayado la responsable de Agua.

En lo que respecta al futuro, la consejera ha adelantado que en los próximos meses se van a licitar nuevos contratos de obras y proyectos de infraestructuras del agua por valor de 300 millones de euros. “Hablamos por tanto de récord sobre récord y de posicionar el agua como prioridad absoluta para la Junta de Andalucía”, ha apuntado Crespo.

A modo de resumen, la responsable de Agua ha afirmado que en Andalucía “se ha actuado en las presas y en los regadíos” y se han alcanzado “hitos importantes” en el ámbito de las aguas regeneradas. Además, Crespo ha apuntado que los trabajos realizados en adecuación y restauración ambiental de cauces sirven para “evitar situaciones que no son deseables” como consecuencia de la posible llegada de DANAs al territorio andaluz.

PROYECTOS HIDRÁULICOS

Como ejemplo de las actuaciones que está impulsando el Gobierno andaluz, Carmen Crespo se ha referido a proyectos de mejorar del abastecimiento en alta entre los que se encuentran obras de acceso al agua desalada “de necesidad imperiosa” que inicialmente eran de interés del Estado pero que se han declarado de interés de la Comunidad Autónoma para poder ponerlas en marcha.

Además, la consejera se ha referido también, entre otras iniciativas, a la mejora del abastecimiento en alta de la Sierra Sur de Sevilla, a la Autovía del Agua de Málaga y a las actuaciones encaminadas a la mejora de la eficiencia y garantía de abastecimiento en alta de la Sierra de Huelva. En el caso de las actuaciones en territorio onubense, cuya primera fase se encuentran al 85% de ejecución, el proyecto incluye las obras de entrada de agua de abastecimiento a los depósitos municipales de Higuera de la Sierra parcialmente entregadas ya.

Por otro lado, como ha explicado Carmen Crespo, desde la Junta se han impulsado proyectos para enfrentar la situación de sequía en el territorio autonómico que benefician a más de 3,2 millones de andaluces que residen en 81 municipios. “Esto ha sido posible porque los dos primeros decretos de sequía se encuentran al 75% de ejecución y ya estamos actuando en el tercero, a través del Consejo de Gobierno, comenzando obras fundamentales relacionadas, entre otras cuestiones, con tratamientos terciarios de depuradoras”, ha subrayado.




La Junta contra la sequía: El 42 % de las inversión en infraestructuras se destina al agua

Las infraestructuras hídricas suponen el 42 por ciento del total de la inversión en obra pública de la Junta de Andalucía, según la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, quien ha asegurado que la administración está haciendo “todo lo que está en su mano” para la lucha contra la sequía.

En su comparecencia en el Parlamento andaluz, Crespo ha descrito la situación de “sequía estructural” y ha advertido de que la lucha contra esta situación corresponde a todas las administraciones, desde las locales a la autonómica, sin olvidar la gran responsabilidad que tiene el Estado y la Unión Europea.

Al déficit inversor en infraestructuras hidráulicas en Andalucía por parte del Estado, la consejera ha recordado las “posibilidades” que ofrecería la apuesta por la inversión por parte de la UE, que debe tener presente, según ha explicado, que la comunidad andaluza es “la despensa” de Europa con su soberanía alimentaria.

Ha recordado que estas exigencias ya han sido elevadas por el presidente andaluz, Juanma Moreno, a las instancias superiores -Estado y UE-, por lo que ha reiterado la necesidad de “trabajar juntos” porque desde la Junta “ya estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano” y ahora es el momento de “los demás también lo hagan”.

Crespo, que ha abogado por lograr el “equilibrio hídrico” ante una situación de “metasequía equivalente” a la del año 1995, ha lamentado que si se hubieran “hecho los deberes” en infraestructuras en etapas anteriores “la cosa estaría de otra manera”.

“Antes la política la hidráulica brilló por su ausencia”, ha apuntado Crespo, quien ha citado que Andalucía tendrá sus planes para las cuencas propias, dentro del impulso del Consejo Nacional del Agua, por un montante de 4.500 millones de euros hasta el año 2027 “para prepararnos para un futuro más halagüeño”.

Ha recordado que el presidente de la Junta fue “visionario” nadas más llegar al Gobierno andaluz con el asunto de la sequía y en 2019 se abordaron los primeros planes especiales de sequía que finalizaron en 2021 y 2022, pero que no se hacían desde 2010.

Tras advertir de que una prueba de la apuesta del Gobierno andaluz es el “refuerzo” del equipo de agua, la titular de Agricultura ha recordado que la Junta está pagando aún las sanciones de 14,5 millones de euros por parte de la UE por las depuradoras que no se hicieron pese a estar comprometidas.

Crespo ha indicado que de las 300 obras de depuración declaradas de interés todas están comenzadas y muchas en ejecución hasta el punto de que la sanción ya está actualmente en 600.000 euros y ha apuntado que la apuesta por el agua es dar “oportunidades” a los agricultores, a la industria y también al turismo.

Desde las filas de la oposición, tanto los dirigentes de Adelante Andalucía como Por Andalucía han lamentado que desde el Gobierno andaluz “se mire a Europa” para reclamar infraestructuras hídricas mientras que ha aprobado una iniciativa que intenta “secar” los acuíferos de Doñana.

Por parte del PSOE, la diputada Ana María Romero ha asegurado que el Gobierno del PP lleva cinco años en el poder en Andalucía “con una homilía llorona” contra el Gobierno de la Nación, y en vez de aplicar sus competencias en materia de agua se dedique a “azuzar” el enfrentamiento entre las administraciones.

Tras denunciar que la Junta tiene el 60 por ciento del presupuesto del agua sin ejecutar, la parlamentaria socialista ha destacado que muchos municipios de Andalucía están sin abastecimiento garantizado, cuando en otras comunidades autónomas se financia a los municipios para esta garantía.




Crespo urge a agilizar la ejecución de las desaladoras de la Costa del Sol Oriental-Axarquía y Bajo Almanzora II

  • La Junta y el Estado perfilan el acuerdo que conjugará el trabajo de concesión privada con la financiación fijada para la desaladora pública en la comarca malagueña

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha mantenido una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán, para abordar la necesidad de aportar una mayor celeridad para que se inicien, cuanto antes, los proyectos de desalación que, a petición de Andalucía, se han incluido en el Decreto de Sequía del Ejecutivo central. Se trata de las futuras desaladoras de Costa del Sol Oriental-Axarquía y Bajo Almanzora II.

Con respecto a la desaladora de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, en la reunión se han visto los posibles avances para poder conjugar el trabajo técnico ya realizado por la Junta de Andalucía en materia de concesiones de la desaladora privada con la financiación que, a petición de la comunidad autónoma andaluza, se ha fijado en el Decreto de Sequía del Gobierno de España para el impulso de una desaladora pública en la comarca malagueña de La Axarquía, ya que ésta tendría ventajas para el sector agrícola, a futuro, al contar con el agua bonificada.

De otra parte, la consejera también aprovechó la reunión hablar de las obras de protección y reparación previstas en la desaladora del Bajo Almanzora, en la provincia de Almería. Crespo ha mostrado su “preocupación” por el retraso que acumulan las mismas, a pesar de estar ya adjudicadas, y ha solicitado información detallada acerca de la planificación que el Estado ha otorgado a éstas, así como la reactivación de las obras “cuanto antes”.

De igual modo, Crespo y Morán han acordado activar los grupos de trabajo técnicos para decidir los proyectos y ubicaciones más idóneos para acortar los plazos de las futuras desaladoras de la Costa del Sol Oriental-La Axarquía y la del Bajo Almanzora II. La consejera ha explicado que “lo lógico es que se establezca un protocolo entre ambas partes para hacer realidad una obra que es una demanda social de los sectores productivos y las administraciones de la comarca ante el déficit hídrico existente”.

Para el Gobierno andaluz es importante que se aproveche el conocimiento técnico que ya tiene avanzado la iniciativa privada, sobre la viabilidad e idoneidad de la desaladora, así como las alternativas existentes en lo que a tratamiento, capacidad y aplicación de las nuevas tecnologías se refiere y de ahí que se lo hayan hecho saber al Ministerio con el fin de conjugar la mejor opción para la comarca.

En otro orden de cosas y, una vez firmado el convenio entre el Estado y la Junta de Andalucía del Desglosado 9 de la presa granadina de Rules, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico su “intranquilidad por el retraso que acumula la redacción del proyecto del Desglosado 3 de las canalizaciones de Rules”. Para Crespo, “está en riesgo, de no agilizarse, que pueda financiarse con fondos Next Generation”, por lo que solicita “celeridad para que pueda salir a licitación”. La Consejería alcanzó un acuerdo con los regantes del Bajo Guadalfeo de Granada para financiar la parte económica que les correspondía aportar.




La Junta apuesta por la colaboración público-privada para las ciudades de la Justicia de Jaén, Cádiz y Marbella

  • Nieto ha detallado el Plan de Infraestructuras Judiciales, que prevé vías alternativas de financiación y la reducción del coste de los contratos de alquiler a cambio de ampliar su duración

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública está explorando vías alternativas de financiación para poner en marcha el Plan de Infraestructuras Judiciales que, entre otras medidas, apostará por la colaboración público-privada para la ejecución de las ciudades de la Justicia de Jaén, Cádiz y Marbella (Málaga). Otra de las medidas es la reducción de los costes de los contratos de alquiler a cambio de extender la duración de los mismos.

Así lo ha anunciado en la Comisión parlamentaria el consejero, José Antonio Nieto, quien entre las posibles alternativas para obtener recursos con los que acometer el citado plan se ha referido además a los fondos europeos o acuerdos con ayuntamientos “para que asuman la inversión de las obras que amortizarán con la renta que la Junta pague luego por el edificio”, como el que se firmará con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) próximamente.

Par el consejero, que ha recordado que en 26 años desde que Andalucía tiene las competencias de Justicia transferidas solo se han construido 22 sedes nuevas “y algunas ya se han quedado pequeñas, como la Ciudad de la Justicia de Almería o la de Málaga”, la prioridad es que “se preste el servicio en condiciones idóneas”, al tiempo que ha señalado que “no siempre económicamente es la mejor solución construir edificios en propiedad”. Por ello, ha abogado por un equilibrio entre sedes de titularidad pública y arrendadas. “No rechazamos la vía del alquiler pero creemos que se puede mejorar”, ha añadido.

Alquileres a largo plazo

En este sentido, ha señalado que ha consensuado con Hacienda la ampliación en plazo de los contratos de alquiler, ya que hasta ahora solo permitía suscribir contratos de alquiler por cuatro años más uno prorrogable, algo que es “comprensible para edificios destinados a oficinas pero no para los juzgados, que hay que adaptarlos a las necesidades específicas y tenemos que meter el coste de las obras en el contrato”.

Así, la Consejería de Justicia podrá firmar alquileres a 10 años (más dos prorrogables), con lo que el objetivo es lograr una rebaja en el precio por parte de los propietarios que a cambio se garantizan contratos más estables.

De esta forma, la Consejería negociará contratos de larga duración para el alquiler de sedes judiciales con el objetivo de rebajar mínimo un 20% la renta a pagar, una medida que se aplicará tanto a los nuevos arrendamientos como a los actualmente en vigor mediante una revisión de las condiciones con los propietarios. Esta una de las medidas para hacer más eficiente la gestión de los recursos disponibles que contempla el Plan de Infraestructuras Judiciales, junto a la construcción de nuevas sedes.

Propuestas sobre prioridades

Así, ha reiterado su compromiso de impulsar una veintena de proyectos en esta legislatura, entre ellos las ciudades de la Justicia de las cinco capitales que aún no tienen -entre ellas la de Sevilla a partir de septiembre-, así como una red de sedes en ciudades medias. No obstante, ha pedido a los grupos parlamentarios propuestas sobre las prioridades que consideren necesarias para cada provincia, así como se ha comprometido a convocarlos “trimestralmente” para hacer un seguimiento del plan”.




Juanma Moreno alerta de que Andalucía perderá siete puntos de su PIB y 140.000 empleos en 2024 si persiste la sequía

«La sequía es sinónimo de ruina. Si el año que viene lloviera lo mismo que este 2023, la economía andaluza perdería siete puntos de su PIB y 140.000 empleos». Es lo que ha asegurado este lunes el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, que ha reclamado un plan especial de inversión hidráulica.

«Tenemos que estar atendidos por los poderes públicos. Como presidente andaluz no permitiré que Andalucía quede abandonada«, ha añadido en un encuentro en Madrid organizado por El Mundo, donde ha hecho balance del primer año de su segunda legislatura como presidente subrayando la sequía como la principal amenaza para la economía andaluza.

Frente a ello, el Gobierno andaluz ha impulsado tres decretos de sequía movilizando 4.000 millones de euros y 542 obras hídricas, 77 de ellas de competencia estatal de las que se ha hecho cargo la Junta de Andalucía. «Andalucía ha salido al rescate de las obras que Sánchez no ha sido capaz de ejecutar para garantizar la viabilidad del sector agrícola y ganadero», ha dicho.

Ante esta situación «ruinosa» -ha continuado-, «sorprende que el Gobierno haya rebajado un 11.7% el presupuesto de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir», una decisión «política» que evidencia que «urge cambiar de estilo de gobierno».

«Se debe atajar este problema como un reto inaplazable. El futuro Gobierno central debe afrontar el déficit del agua. Andalucía tiene una singularidad en el ámbito hídrico y tiene que ser atendida por los poderes públicos», ha subrayado apelando a las instituciones europeas y españolas.

«No se puede permitir que una de las tierras con más capacidad de desarrollo quede abandonada por la carencia del agua que va a ir a más por el cambio climático», ha recalcado Juanma Moreno. Para ello, ha llamado a la estabilidad como sinónimo de crecimiento al ser «la mejor inversión que puede hacer el ciudadano para el desarrollo de su país».

«No vamos a consentir ni un insulto más«

En este sentido, se ha referido al Proyecto de Ley de regadíos en Doñana afirmando que «se ha utilizado el aparato del Estado para denostar la imagen de Andalucía y de los agricultores de Huelva. No vamos a consentir ninguna mentira ni injerencia más ya que hemos sido testigos como desde el Gobierno nos han llamado golfos o terroristas medioambientales. A través del insulto no se llega a nada», ha zanjado.

De cara al 23J, Juanma Moreno ha llamado a la reflexión a la ciudadanía para que se pregunten si quieren un Gobierno central «estable, viable y sensato. Si es lo que queremos, debemos optar por el proyecto político del PP para lo que necesitamos el respaldo de una mayoría social fuerte en España», ha explicado apelando a un «cambio urgente en España de la mano de Alberto Nuñez Feijóo para que nuestro país recupere el progreso».

Un año de mandato

Juanma Moreno ha recordado que hace un año los andaluces otorgaron una amplia mayoría social para consolidar el proyecto de cambio del PP en Andalucía, lo que fue «un respaldo de los andaluces a la gestión y una apuesta por la moderación y el acuerdo». Fruto de la gestión, ha destacado, Andalucía cuenta hoy con su tasa de paro más baja del 2008 y lidera el número de autónomos en España desde del 2020, superando a Cataluña y la Comunidad de Madrid.

Además, se ha impulsado como potencia turística apostando por un turismo diverso que rompa la estacionalidad, lo que ha hecho que este año se mejore el récord andaluz de visitantes al superar 33 millones.

A todo ello se suma la aprobación de siete leyes, entre ellas la de la Atención Temprana o la Economía Circular junto con seis reformas fiscales que hacen que Andalucía sea la segunda región de España con menos presión fiscal.

Bajo una gestión reformista, Juanma Moreno ha afirmado que dichas políticas ya tienen calado en el desarrollo económico y social de Andalucía lo que hacen que sea una de las comunidades con más capacidad para competir: «Andalucía está cambiando. La economía y la imagen se ha transformado haciendo que los andaluces se sientan orgullosos y quieran emprender un futuro mejor en su tierra».