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Los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año que viene rondarán los 50.000 millones

La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, adelantó que los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año que viene, serán presentados “por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el próximo martes en el Parlamento andaluz”. Todo ello, a pesar de que, tal y como han insistido responsables de su departamento a lo largo de las últimas semanas, “todavía no contamos con herramientas tan básicas como los adelantos a cuenta que nos tiene que facilitar el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)”.

A pesar de que, con toda probabilidad los PGE del año que viene serán prorrogados dada la imposibilidad material de cerrarlos con la investidura todavía pendiente de determinar su fecha, esas entregas a cuenta a las comunidades autónomas será aumentada, al mismo tiempo que se mantiene el objetivo del déficit en el 0,1%.

Con todo ello y las intenciones de la consejera de Hacienda adelantadas en la tarde de ayer de “centrar los Presupuestos del año que viene en Políticas Sociales, Educación y Sanidad”, se prevé que el crecimiento en el montante global de las cuentas públicas de la comunidad, dejen a estas muy próximas a los 50.000 millones de euros. Un capítulo más que sustancioso será el destinado, según España “a las inversiones hídricas, dado el compromiso que siempre hemos manifestado para terminar con los efectos que la sequía causa en Andalucía”.

No quiso ir más allá. No obstante, la cifra global será notablemente superior a los más de 45.000 millones que alcanzó el año pasado, cuando los más expansivos PGE, permitieron un aumento superior a los 5.000 millones (casi un 13% más) respecto a un 2021 en el que todavía se vivían los efectos de la pandemia. Para el año que viene, se prevé que el crecimiento sea ligeramente menor, aunque no se quedará demasiado por debajo de los 50.000 millones de euros, por lo que volverán a ser los mayores de toda la historia de la comunidad autónoma.

Si el año pasado se escucharon en el Parlamento sentencias como “los Presupuestos más sociales de la historia”; “un compromiso con las familias vulnerables”; “expansivos y pegados a la realidad de los andaluces” y “los mejores que ha tenido la comunidad , ya que responden a lo que quieren los andaluces”, este año volverán a hacerlo.




La Junta destina más de 47 millones de euros a adecuar los cauces de ríos y ramblas

  • La consejera de Agricultura destaca que se han retirado 417 toneladas de residuos a lo largo de 1.000 kilómetros, que han generado 60.000 jornales

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha explicado el esfuerzo inversor realizado por el Gobierno andaluz en la adecuación y mejora de cauces de ríos y ramblas de la comunidad autónoma, al destinar más de 47 millones de euros a obras de restauración y acondicionamiento en toda Andalucía en la presente legislatura. “Muchos ríos y ramblas jamás se habían tocado, y estaban en una situación lamentable”, ha afirmado Carmen Crespo, que ha destacado que “es muy importante lo que se ha hecho; vamos a seguir, porque en Andalucía hay muchos cauces y ríos”.

Crespo también ha precisado que estas intervenciones de la Junta de Andalucía han permitido realizar más de 600 actuaciones y mejorar más de 1.000 kilómetros. Los trabajos han hecho posible retirar en torno a 417 toneladas de residuos de cauces de las provincias de Almería y Granada, un proceso que ha generado más de 60.000 jornales. “Son muchos recursos, y necesitamos poder mantener los cauces durante muchos años”, ha aseverado.

Además, la consejera ha detallado que estas nuevas planificaciones se llevarán a cabo teniendo en cuenta aspectos ambientales relevantes, ya que son restauraciones geomorfológicas que mejoran el entorno eliminando especies invasoras y aportando otras autóctonas, todo ello teniendo en cuenta la biodiversidad de la zona y la no coincidencia con períodos de anidación de aves.

Asimismo, ha destacado la repercusiones ambientales y ha indicado que “con estas actuaciones, todo son beneficios, pues la intervención sobre los cauces de ríos y ramblas nos garantiza la posibilidad de tener un patrimonio ambiental adecuado y mejorar la seguridad, especialmente la de los agricultores, porque las zonas agrarias están cerca de los cauces de los ríos”.

Crespo ha agradecido la “colaboración absoluta” de los ayuntamientos y ha solicitado a las corporaciones que continúen implicadas también en el ámbito de la “vigilancia” de las ramblas y cauces que son objeto de adecuación. Para la consejera, esta labor de la administración local es “fundamental, y también la de los ciudadanos”.

Además, la consejera ha resaltado en el Parlamento andaluz el programa de limpieza, rehabilitación y mantenimiento de los cauces de ríos y ramblas en el Poniente almeriense, que cuenta con una financiación de cuatro millones de euros, y que incluye 60 actuaciones en municipios como El Ejido, Dalías, Berja, Adra, Roquetas de Mar, La Mojonera, Vícar y Balanegra. “Es una política que tenemos que seguir haciendo, porque nuestro patrimonio hidráulico debe en las mejores condiciones”, ha apostillado.




CEACOP acusa a la Junta de incumplir su propia normativa en las revisiones de precios a los contratos de conservación de carreteras

  • El Decreto-ley 4/2022 establece que dichos contratos sean revisados del mismo modo que los correspondientes a obras
  • La Consejería de Fomento está pagando la mano de obra en las conservaciones un 30% por debajo del convenio

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) lamenta que la Junta de Andalucía no esté aplicando las revisiones de precios en los contratos de conservación de carreteras, pese a estar recogido en el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, aprobado por el propio Gobierno autonómico. Dicha normativa establece que los contratos de conservación serán actualizados de igual modo que los correspondientes a obras, que se revisan en su totalidad y hasta su terminación, incluidas sus prórrogas llegado el caso.

Las empresas han recibido con indignación el hecho de que solo se estén reconociendo parcialmente las revisiones, dejando fuera la mayor parte de los capítulos de las certificaciones, en contra de lo contemplado en el decreto. De hecho, las propuestas de resolución apenas alcanzan el 20% de los importes que corresponden, lo que en la práctica supone enormes pérdidas para las compañías que desarrollan este cometido.

“Este cambio de criterio respecto a lo aprobado representa un jarro de agua fría para nuestras empresas, que han venido realizando los trabajos con el convencimiento de que se aplicaría el procedimiento recogido en esta normativa. Pese a que no resolvería la totalidad del impacto real que están soportando, representaría un avance importante”, afirma el gerente de la asociación, Arturo Coloma.

Una de las consecuencias más inmediatas que denuncia la organización es que la Administración autonómica está pagando actualmente la mano de obra de quienes realizan estas tareas un 30% por debajo del convenio, obligando a las empresas a subvencionar el servicio a pérdidas, sin que puedan soportarlo por más tiempo. “Nos parece una irresponsabilidad de la Junta de Andalucía fomentar la precariedad en el empleo de los trabajadores”, señala la organización.

Red de carreteras de la Junta

La reivindicación de CEACOP hace referencia a todas las conservaciones de la red de carreteras de la Junta de Andalucía. Sobre un importe de contratos que ronda los 250 millones de euros, la cantidad solicitada supone tan solo un 10%, pero lo que pretende reconocer el Gobierno regional no alcanza ni un 2%, a pesar de que el impacto medio de los sobrecostes es del orden del 30% para las adjudicatarias.

En caso de no reequilibrarse la situación, las empresas analizarán las medidas que se verían obligadas a adoptar. En lo concerniente a mano de obra en particular, se pueden llegar a plantear expedientes de regulación de empleo para adaptar las plantillas a los importes efectivamente recibidos por la Administración.

“Si bien inicialmente la Junta en general -y la Consejería de Fomento en concreto- mostró una buena predisposición para resolver las pérdidas ocasionadas por la enorme e imprevisible inflación, llegado el momento y más marcadamente en los últimos meses, se ha desvanecido en cálculos a la baja, recursos sobre las fórmulas a emplear y trabas en los expedientes, que en la práctica suponen menores cantidades a recibir y, en cualquier caso, dilación en los plazos de cobro”, subraya Coloma.

Abandono a las pymes

Para CEACOP, la Consejería deja en el abandono a las pymes andaluzas que velan por la seguridad vial y la seguridad de las carreteras -un trabajo altamente especializado no exento de riesgo-, obligándoles a perder más de 20 millones de euros por el incumplimiento de su propia normativa. Con ello, se ponen en riesgo las condiciones y el empleo del personal adscrito a las conservaciones, así como la viabilidad de las compañías del sector.

Desde la patronal se insiste en que la gestión de esta problemática no debería dar lugar a la judicialización de los expedientes, sino a la aplicación de las resoluciones del decreto de forma ágil, para que las empresas puedan compensar las pérdidas sufridas sin que los procesos se dilaten excesivamente en el tiempo.

Al margen de las conservaciones, tampoco se están revisando los contratos de emergencia, aunque inicialmente se previó y reconoció en dicho derecho.

Ante el complejo escenario que se ha generado, CEACOP y las compañías afectadas han solicitado una reunión de urgencia con la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, al objeto de trasladarle su malestar y exigirle una solución inmediata.

“Todos los afectados esperan una reunión urgente con la consejera con la esperanza de que se implique en la resolución del problema como era costumbre en la anterior etapa. Hemos notado un cambio de actitud del nuevo equipo de Gobierno, que parece que escoge el modelo de recorte que tan malas consecuencias trajo en el pasado”, concluyen desde la asociación.




Ceacop acusa a la Junta de incumplir su normativa en las revisiones de precios a contratos de conservación de carreteras

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha lamentado que la Junta de Andalucía “no esté aplicando las revisiones de precios en los contratos de conservación de carreteras, pese a estar recogido en el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, aprobado por el propio Gobierno autonómico”. Dicha normativa establece que los contratos de conservación serán actualizados de igual modo que los correspondientes a obras, que se revisan en su totalidad y hasta su terminación, incluidas sus prórrogas llegado el caso, según han explicado.

Desde Ceacop han expuesto que las empresas “han recibido con indignación el hecho de que solo se estén reconociendo parcialmente las revisiones, dejando fuera la mayor parte de los capítulos de las certificaciones, en contra de lo contemplado en el decreto”. “De hecho, las propuestas de resolución apenas alcanzan el 20 por ciento de los importes que corresponden, lo que en la práctica supone enormes pérdidas para las compañías que desarrollan este cometido”, han subrayado.

En este sentido, el gerente de la asociación, Arturo Coloma, ha afirmado que “este cambio de criterio respecto a lo aprobado representa un jarro de agua fría para nuestras empresas, que han venido realizando los trabajos con el convencimiento de que se aplicaría el procedimiento recogido en esta normativa. Pese a que no resolvería la totalidad del impacto real que están soportando, representaría un avance importante”.

Una de las consecuencias “más inmediatas” que denuncia la organización consiste en que la Administración autonómica “está pagando actualmente la mano de obra de quienes realizan estas tareas un 30 por ciento por debajo del convenio, obligando a las empresas a subvencionar el servicio a pérdidas, sin que puedan soportarlo por más tiempo”. “Nos parece una irresponsabilidad de la Junta de Andalucía fomentar la precariedad en el empleo de los trabajadores”, ha señalado la organización. RED DE CARRETERAS DE LA JUNTA

La reivindicación de Ceacop ha hecho referencia a todas las conservaciones de la red de carreteras de la Junta de Andalucía. “Sobre un importe de contratos que ronda los 250 millones de euros, la cantidad solicitada supone tan solo un diez por ciento, pero lo que pretende reconocer el Gobierno regional no alcanza ni un dos por ciento, a pesar de que el impacto medio de los sobrecostes es del orden del 30 por ciento para las adjudicatarias”, han explicado.

Además, han advertido de que, “en caso de no reequilibrarse la situación, las empresas analizarán las medidas que se verían obligadas a adoptar”. “En lo concerniente a mano de obra en particular, se pueden llegar a plantear expedientes de regulación de empleo para adaptar las plantillas a los importes efectivamente recibidos por la Administración”, han agregado.

En esta línea, Coloma ha subrayado que, “si bien inicialmente la Junta en general -y la Consejería de Fomento en concreto- mostró una buena predisposición para resolver las pérdidas ocasionadas por la enorme e imprevisible inflación”, cuando ha “llegado el momento y más marcadamente en los últimos meses, se ha desvanecido en cálculos a la baja, recursos sobre las fórmulas a emplear y trabas en los expedientes, que en la práctica suponen menores cantidades a recibir y, en cualquier caso, dilación en los plazos de cobro”. ABANDONO A LAS PYMES

Para Ceacop, la Consejería “deja en el abandono a las pymes andaluzas que velan por la seguridad vial y la seguridad de las carreteras –un trabajo altamente especializado no exento de riesgo–, obligándoles a perder más de 20 millones de euros por el incumplimiento de su propia normativa”. “Con ello, se ponen en riesgo las condiciones y el empleo del personal adscrito a las conservaciones, así como la viabilidad de las compañías del sector”, han expuesto.

Desde la patronal se ha insistido en que la gestión de esta problemática “no debería dar lugar a la judicialización de los expedientes, sino a la aplicación de las resoluciones del decreto de forma ágil, para que las empresas puedan compensar las pérdidas sufridas sin que los procesos se dilaten excesivamente en el tiempo”. “Al margen de las conservaciones, tampoco se están revisando los contratos de emergencia, aunque inicialmente se previó y reconoció en dicho derecho”, han agregado.

Ante este escenario, Ceacop y las compañías afectadas han solicitado una reunión de urgencia con la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, al objeto de “trasladarle su malestar y exigirle una solución inmediata”.

“Todos los afectados esperan una reunión urgente con la consejera con la esperanza de que se implique en la resolución del problema como era costumbre en la anterior etapa. Hemos notado un cambio de actitud del nuevo equipo de Gobierno, que parece que escoge el modelo de recorte que tan malas consecuencias trajo en el pasado”, han concluido desde la asociación.




El consumo de cemento cae un 1,6% en los nueve primeros meses

  • Se desploma un 9% en septiembre

 

El consumo de cemento en España acumula una caída del 1,6% en los primeros nueve meses del año, hasta las 10,95 millones de toneladas, en torno a 179.342 toneladas menos que en el mismo período de 2022, según reflejan los últimos datos publicados en la Estadística del Cemento.

En el mes de septiembre el retroceso se eleva al 9%, lo que supone un consumo de 1,14 millones de toneladas, siendo la cifra más baja del último lustro para este mes, con una pérdida de 111.950 toneladas.

La agrupación española de fabricantes de cemento Oficemen ha detallado que desde junio ya son cuatro los meses en retroceso, una situación que observan “con preocupación desde el sector y que marca un cambio de tendencia sobre los primeros meses del año”.

En concreto, el director general de Oficemen, Aniceto Zaragoza, ha explicado que en el trasfondo se perciben “no una, sino múltiples causas, un entorno internacional cada vez más incierto, la inflación, la incertidumbre política tras los procesos electorales”, que incide en la obra privada, por el grado de incertidumbre empresarial, y también en la ejecución de obra pública.

Las exportaciones de cemento en este periodo acumulan una caída del 3,4%, hasta las 4,12 millones de toneladas, mientras que las importaciones también han registrado una caída del 40,2%, hasta las 714.222 toneladas importadas en los nueve primeros meses de año.




El AVE andaluz cumple dos décadas en vía muerta tras enterrar casi 300 millones

  • El Eje Ferroviario Transversal de Andalucía presentado por el gobierno de Manuel Chaves buscaba conectar todas las ciudades de Andalucía por tren entre sí, pero quedó parado sine díe por la crisis de 2008 y no se ha revivido. 
  • Adif cancela la circulación de las líneas de alta velocidad entre Madrid y el Levante
  • Adif aprueba la llegada de Ouigo a Murcia, Valladolid y Andalucía a lo largo de 2024
  • La guerra interminable de la estación de Toledo que aplaza el AVE a Extremadura

Corría el año 2004 y en los despachos de la Junta de Andalucía comenzaba a fraguarse una de las infraestructuras que hoy, dos décadas después, parecen estar condenadas para siempre. Acabada la autovía A-92 tras más de diez años de obras, el Ejecutivo socialista de entonces buscaba poner en marcha una nueva gran infraestructura regional que vender políticamente y encontró en el ferrocarril su aliado. Así surgió el Eje Ferroviario Transversal de Andalucía (EFTA), una nueva línea que permitiría recorrer los 500 kilómetros de distancia entre el este y oeste de la comunidad en unas tres horas y media. Pero, como muchas de las obras que se planificaron durante el ladrillo, acabó siendo pasto de la crisis económica de 2008 tras enterrar 280 millones en distintos tramos que no han visto pasar ese tren. 

Para avanzar en la construcción de esta línea, el entonces presidente de la comunidad, Manuel Chaves, anunció la creación de la empresa pública Ferrocarriles de la Junta de Andalucía —ahora Agencia de Obra Pública de Andalucía—. El gobierno regional lo vendió como un eje que “contribuiría a reforzar la vertebración del territorio andaluz”, al coser un trazado casi recto entre Huelva, Sevilla, Málaga, Granada y Almería a un mínimo de 250 kilómetros por hora. 

Objetivo: Sevilla-Málaga en 55 minutos

La Junta asumió las obras del tramo más importante del recorrido, el que uniría Sevilla y Antequera (Málaga), con vistas a marcarse el tanto de conectar las dos mayores ciudades andaluzas, separadas por 129 kilómetros, en unos 55 minutos. El resto de tramos los ejecutaría el Estado. Para su construcción presupuestó un trazado de 1.300 millones de euros que nunca llegó a ejecutar por completo: al llegar la crisis económica de 2008, todos los planes se fueron al traste. 

Tras años de parálisis, la Junta suspendió las obras en 2013, cuando se había ejecutado un 60% del trayecto entre Antequera y Sevilla, unos 76 kilómetros. Las excavadoras llegaron hasta Marchena, un municipio a 40 kilómetros de la capital andaluza, hasta donde se ejecutó toda la plataforma de vía. Para llevar a cabo estos tramos se invirtieron unos 287 millones de euros, incluidas las indemnizaciones por rescisión de contratos con empresas adjudicatarias que nunca llegaron a comenzarlas pese a haber ganado los contratos. 

Desde Marchena a Sevilla, el tramo más complejo, quedó bloqueado. La salida de la capital hispalense debía realizarse mediante túnel que conectase la estación de Santa Justa con el aeropuerto, un tramo de 10 kilómetros que iba a costar 274 millones de euros y que nunca vio la luz. Tampoco sus consiguientes, en los alrededores de Carmona, que debían ejecutarse de forma subterránea y que elevaban la factura otros 127 millones. Pero por si fuera poco, en 2014 se conoció que Bruselas había abierto un expediente a la Junta por incumplir la normativa ambiental al no encargar un estudio para un tramo que afectaba a una zona protegida para aves. 

El Estado está ejecutando sus tramos

Mientras el proyecto de la Junta de Andalucía sigue guardado en un cajón, los tramos competencia del Estado siguen adelante con sus obras. Entre Antequera y Granada se remodeló la vía —a excepción de un pequeño tramo en Loja que requiere de una variante multimillonaria— para facilitar la llegada de los trenes de alta velocidad. El tramo Granada-Almería será renovado por completo con una inversión de más de 500 millones de euros, mientras Adif continúa con las obras del Corredor Mediterráneo para extender esta ruta hacia Murcia. 

El único tramo responsabilidad de la administración central que no ha registrado avances es el que unirá Huelva con Sevilla, pendiente de un informe ambiental. Aprovechando ese vacío y después de que Portugal apoyase la recuperación de la conexión por tren entre el Algarve y Huelva, el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, hizo un ademán de querer recuperar el Eje Transversal durante la precampaña electoral de las pasadas elecciones locales de mayo, aunque desde su Gobierno no se han vuelto a desvelar más novedades al respecto. 

El plan B para conectar Sevilla y Málaga, ya en marcha

Estas intenciones parecen complicadas de cuadrar con los planes que tiene en marcha el Ministerio de Transportes, que a través de su sociedad pública Adif, está construyendo un enlace en Almodóvar del Río, en las proximidades de Córdoba, para poder conectar Sevilla y Málaga por tren de alta velocidad aprovechando las líneas que ya llegan a sendas ciudades. Este ‘bypass’ permitirá ahorrar unos 20 minutos respecto a los 95 minutos de duración del trayecto actual, que requiere de entrar en Córdoba e invertir el sentido de la tracción. 

Las malas relaciones entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transportes han provocado que el único acuerdo alcanzado por ambas partes en estos años sea la cesión de un tramo casi finalizado de 9,3 kilómetros del Eje Transversal tras una catástrofe medioambiental. En 2018, un temporal de lluvia se llevó por delante el puente del Río Blanco, en Aguadulce (Sevilla), suspendiendo la circulación de trenes hasta que se arreglasen las instalaciones. 

Para tratar de recuperar cuanto antes la normalidad en los tráficos de Media Distancia que unen las dos ciudades, Adif y la Junta encontraron entonces una solución alternativa: conectar la línea convencional a la plataforma ya construida del Eje Transversal, aprovechando que en ese tramo iban paralelas. Tras un año de tiras y aflojas, ambas partes aprobaron la cesión de los terrenos del ferrocarril que nunca llegó a ejecutarse por 28 millones. Mientras tanto, el resto de tramos continúan viendo pasar el tiempo, que no los trenes, con un futuro cada vez más complicado. 




Las aguas residuales como solución a la sequía en Andalucía

Los embalses de Andalucía se encuentran en la actualidad al 20% de su capacidad. La andaluza es la comunidad española que más está sufriendo los efectos de la sequía, de hecho, la pasada primavera, en el norte de Córdoba, ya vieron como se vaciaba el primer embalse del país, y hay más de un centenar de municipios con restricciones. Lo peor es que los andaluces se empiezan a acostumbrar a esta estampa de sequía, una situación que no tiene visos de mejorar. Hace diez años, los pantanos de la región estaban al 48% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Los pantanos de Cantabria, La Rioja Castilla-La Mancha y Murcia tampoco llegan al 30% de su capacidad, según el último informe del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) con fecha del 2 de octubre; mientras que Asturias disfruta de una buena situación al encontrarse sus embalses a más del 76%. Esta es la única comunidad del país cuyos embalses están a más del 60% de su capacidad.

Con este panorama, algunos expertos ven en la desalación de agua marina y la reutilización de aguas residuales dos posibles soluciones eficientes y sostenibles ante la sequía. De hecho, un 9% del agua potable que sale por los grifos del país procede ya del mar y un porcentaje similar de aguas residuales procedentes de los váteres son depuradas con una gran calidad, según datos de la Asociación Española de Desalación y Reutilización.

Tradicionalmente, la reutilización de las aguas residuales depuradas se han mantenido alejada del ámbito residencial, pero la sequía y la consecuente dificultad para movilizar los recursos hídricos convencionales hacen que las aguas regeneradas sean una opción cada vez más plausible para minimizar los efectos de la escasez de agua.

“Está claro que las aguas residuales serían de gran ayuda para mitigar la falta de recursos hídricos, sobre todo en una época con una anomalía climatológica transitoria como pueda ser una sequía. Pero no sólo serían una ayuda las aguas residuales: hacer un mejor uso del agua es esencial“, comenta el biólogo andaluz Francisco Mora Aguilar, especialista en el ciclo integral del agua y la ingeniería ambiental, con experiencia a nivel nacional e internacional. 

Mora asegura que, una vez tratada y adecuada, este agua puede tener un uso urbano (riego de parques y jardines, baldeo de calles o limpieza de alcantarillado), un uso industrial (aguas de proceso y limpieza, torres de refrigeración), agrícola (riego de cultivos), ambientales (recarga de acuíferos) o, incluso, un uso recreativo (riego en campos de golf y sistema de aguas ornamentales).

Andalucía aprovecha sólo el 5% de sus aguas residuales

A pesar de sus grandes posibilidades, Andalucía sólo reutiliza el 5,21% de sus aguas residuales tratadas, una cifra por debajo de la media nacional, que roza el 11%, según los último datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al año 2020. En el caso de Andalucía, hablamos de 99.968 metros cúbicos al día reutilizados de los 1.915.525 metros cúbicos al día tratados.

A pesar de este porcentaje tan bajo, Andalucía no es la que presenta peores datos, sino que se sitúa, aproximadamente, en la mitad de la tabla, en el puesto número ocho de una lista con 19 comunidades autónomas. Regiones como La Rioja, Extremadura, Ceuta y Melilla no reutilizan sus aguas tratadas (0%); mientras que la Región de Murcia, por el contrario, aprovecha el 91,38% de las aguas residuales tratadas, la gran mayoría de ellas en el sector de la agricultura. Le sigue arriba de esta lista la Islas Baleares, que reutiliza el 45,42%, según datos del INE.

Francisco Mora, jefe de servicios generales de Mantenimiento y Medio Ambiente de Agro Sevilla Aceitunas en La Roda de Andalucía (Sevilla) y miembro del Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía (COBA), asegura que los datos sobre el aprovechamiento de las aguas tratadas en Andalucía han mejorado desde 2020, aunque no existen cifras oficiales actualizadas de esta cuantificación, salvo los datos del INE de hace tres años. “No es fácil calcular estos porcentajes debido a los diferentes entes públicos y privados de los cuales es necesario recabar la información. Esperemos que pronto se pueda disponer de estos datos”.

La Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) estima que casi el 62% del agua regenerada en el país se emplea en agricultura; el 18% en jardines y zonas de ocio; un 2% en industria, limpieza de alcantarillado y baldeo de calles; y un 0,82% en la recarga de acuíferos.

“El hecho de tener una climatología con la menor pluviometría de Europa, ha hecho prioritario el aprovechamiento de cualquier recurso de agua disponible y, en este caso, el agua regenerada es un agua con diferentes usos que puede ser de nuevo aprovechada”, comenta Mora. “En la Región de Murcia han tomado ventaja con respecto a otras comunidades autonómicas y son un referente en el uso del agua regenerada a nivel nacional. En Andalucía, estoy seguro de que ha mejorado ese registro que data del año 2020″.

El biólogo apunta que en España se debería tener como referentes para continuar avanzando en este sentido a países que también sufren “condiciones climatológicas de estrés hídrico cíclicamente acusadas como puedan ser Israel, Australia, California, y de los cuales se pueden aprender a mejorar usos y ratios”.

“En Andalucía ya se están poniendo en marcha iniciativas para fomentar el aprovechamiento de las aguas residuales, pero es cierto que llegamos tarde para tomar medidas preventivas y se tiende a tomar medidas correctivas”, explica Francisco Mora. “Los recursos hídricos disponibles en Andalucía son generalmente insuficientes para satisfacer las necesidades que la sociedad actualmente demanda de agua en cantidad y calidad. Este déficit hídrico crea la necesidad de adoptar una serie de medidas que mejoren la gestión del recurso a través del ahorro de agua y el mejor aprovechamiento del recurso existente. Además de estas medidas, es necesario abordar actuaciones encaminadas a incrementar los recursos propios, y, en este marco, cabe la reutilización de las aguas residuales urbanas depuradas, algo que ya recoge el Acuerdo Andaluz por el Agua“, continúa el biólogo.

¿Es este agua apta para el consumo humano?

Según diferentes expertos, la tecnología actual ya es capaz de depurar el agua del váter con una calidad también suficiente para beberla, pero la legislación española no lo permite de momento, algo que sí ocurre en otros puntos del planeta como California (EE.UU), Singapur o Namibia. Estos expertos apuntan a un problema de confianza, es decir, todavía existen muchos recelos en la sociedad sobre el uso de un recurso sacado de las aguas residuales.

El uso del agua regenerada para el consumo humano está generando una gran debate a nivel europeo “debido a los potenciales riesgos microbiológicos-sanitarios”, explica Francisco Mora. No obstante, los altos niveles de excelencia técnica que están alcanzando las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)  permiten obtener un agua depurada de tan elevada calidad que puede ser devuelta al río, aguas arriba, para mezclarse con el agua cruda y ser captada por las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). “De hecho, es más que probable que el agua del río que llega a las ETAP esté mucho más contaminada que la que sale de las EDAR. Por todo ello, una vez sometida a un nuevo y riguroso tratamiento, sería perfectamente apta para los diferentes usos, incluso el humano”, asegura el biólogo andaluz.

Por otro lado, según datos de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, en España hay más de 770 desaladoras con capacidad para generar más de 100 metros cúbicos al día y cien de ellas de más de 10.000 metros cúbicos al día. En la actualidad, el 21% de todo el agua desalada se destina a la agricultura.

En este sentido, el real decreto ley 4/2023 contra la sequía aprobada en mayo por el Gobierno central con ayudas para agricultores incluye 440 millones de euros para la construcción de tres nuevas plantas desalinizadoras, una en Almería, otra en Málaga y una tercera en Blanes (Girona), además de otras medidas para que la reutilización de agua crezca un 150% de aquí a 2027.

Beneficios de las aguas residuales 

Un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y GRID-Arendal titulado Aguas residuales. Convertir el problema en solución, pone el acento en cómo, con las políticas adecuadas, las aguas residuales podrían proporcionar energía alternativa a 500 millones de personas, suministrar más de 10 veces el agua que proporciona la actual capacidad mundial de desalación y compensar más del 10% del uso mundial de fertilizantes.

“El informe insta a que gobiernos y empresas fomenten el tratamiento de las aguas residuales bajo una perspectiva de economía circular, en lugar de como un problema del que hay que deshacerse, porque el tratamiento y la reutilización eficaces de las aguas residuales reportan múltiples beneficios, como nuevas fuentes de ingresos, nuevos puestos de trabajo y una reducción del volumen de aguas residuales producidas”, explican desde la Asociación Española de Desalación y Reutilización.

Esta organización señala como principales beneficios de la reutilización del agua la reducción de la demanda de agua dulce, especialmente para usos no potables y el suministro constante de agua en regiones con estrés hídrico.

“Se calcula que en 2030 se necesitará el 160% del agua disponible en el mundo para satisfacer la demanda, por lo que el uso de recursos hídricos no convencionales está fuera de toda duda“, apuntan desde la Asociación Española de Desalación y Reutilización. “No debemos dejar que la oportunidad desaparezca por el desagüe. Debemos convertir las aguas residuales en fuente alternativa de agua limpia, energía y nutrientes importantes”.

Cataluña como referente

El área metropolitana de Barcelona lleva a cabo desde hace un tiempo una serie de iniciativas en torno a la reutilización indirecta del agua regenerada. Uno de los ejemplos más sonado es el del río Llobregat, donde la desembocadura del Prat, cerca de la desembocadura, trata las aguas residuales con las tecnologías más avanzadas y, una vez libres de contaminantes, las bombea por una cañería río arriba y vuelve a mezclarlas con el caudal fluvial. Esta mezcla se produce varios kilómetros antes de la planta potabilizadora de Sant Joan Despí, que capta y trata agua del río Llobregat para canalizarla en el sistema de abastecimiento de Barcelona.

Esto es posible gracias al Plan de emergencia en situaciones de sequía de Cataluña que la Generalitat aprobó en 2020. Hasta entonces, solo se utilizaban caudales de agua regenerada con fines agrícolas, de limpieza y riego urbano o medioambientales.

Otro caso destacado es el de Sant Cugat del Vallès, donde la normativa municipal obliga desde 2020 a construir los edificios con ocho viviendas o más con un doble sistema de cañerías. Esto permite que las aguas grises (la de las duchas, bañeras y lavamanos) se almacenen y se traten en el mismo edificio para ser aprovechadas para la cisterna de los retretes. A pesar de haber tenido una gran aceptación a nivel local, el proyecto no se ha reproducido en otros puntos cercanos.

“Probablemente estas prácticas no se han extendido al resto del país por el encarecimiento económico de las instalaciones en los propios edificios, aunque el beneficio medioambiental sea elevado”, apunta Mora, quien asegura que desconoce si existen iniciativas similares a las de Cataluña en Andalucía, aunque no las descarta debido a la implicación y concienciación cada vez mayor de los arquitectos, ingenieros, biólogos y otros profesionales pluridisciplinares.




La Junta destina 475 millones a las ampliaciones de los metros y puesta en servicio de los tranvías

  • Rocío Díaz destaca el impulso inversor en transporte metropolitano durante la inauguración del congreso Urban Mobility en Sevilla

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha cifrado en 475 millones de euros destinados este año en contratos para la ampliación de los metros andaluces y la puesta en servicio de los tranvías de Alcalá de Guadaíra y Jaén. Rocío Díaz ha participado este mediodía en la ceremonia inaugural de Urban Mobility Days, que se celebra del 4 al 6 de octubre en el Palacio de Congresos de Sevilla.

Rocío Díaz ha desgranado el trabajo desarrollado en Andalucía para el fomento del transporte público y que se ha visto reflejado en el desarrollo de infraestructuras que acumulaban años de retrasos. “El Gobierno de Juanma Moreno consiguió poner en servicio hace un año el Trambahía de Cádiz y está trabajando duro para hacer lo mismo con los tranvías de Jaén y Alcalá de Guadaíra“, ha indicado, no sin antes recordar los contratos adjudicados este año.

Asimismo, ha manifestado que este año ha sido el de los metros andaluces, con la llegada del Metro de Málaga al centro de la ciudad, el inicio hace siete meses de las obras del Tramo Norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla y el comienzo en noviembre de la Prolongación Sur del Metro de Granada, a los que se sumará la próxima adjudicación de la prolongación de la Línea 2 del Metro de Málaga al nuevo hospital. “El Gobierno andaluz ha sido consciente desde el primer momento de la necesidad que tiene nuestra comunidad de mejorar las infraestructuras de transporte público”, ha expresado la consejera, que también ha mencionado el impulso que se ha dado en la construcción de intercambiadores de transporte.

La estrategia de planificación en Andalucía ha tenido como protagonista principal las áreas metropolitanas, que presentan variados problemas de movilidad. En este sentido, la Consejería de Fomento se encuentra embarcada actualmente en la redacción de los planes de movilidad sostenible para fomentar el transporte público y facilitar el desplazamiento de personas y mercancías.

La consejera ha descrito el enfoque que el actual Gobierno andaluz ha impregnado a las políticas de movilidad, con el establecimiento de criterios de sostenibilidad en la planificación de infraestructuras; buscando la intermodalidad e impulsando la colaboración público—privada y la digitalitación del transporte. Sobre este punto, la Consejería de Fomento está apostando por la innovación, como mecanismos para disponer de información en tiempo real del transporte público, nuevos sistemas de pago que sustituyan la compra tradicional del billete o un centro de gestión y control del tráfico de todos los transportes públicos que operan en Andalucía.




Los constructores denuncian que muchos ayuntamientos no aplican la revisión de precios

  • Resaltan que muchas licitaciones van a quedar desiertas o sin realizarse por al no hacerse efectivas las medidas acordadas por el Gobierno y la Junta
  • Los sobrecostes dejan desiertas obras públicas por 237 millones en Andalucía

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) denuncia que numerosos ayuntamientos y entidades locales no están aplicando las revisiones extraordinarias de precios puestas en marcha por el Estado y la Junta de Andalucía, lo que está provocando una situación muy compleja para las compañías del sector, al tiempo que muchas licitaciones van a quedar desiertas o sin realizarse , un hecho que viene creciendo desde hace más de un año.

Por ello, Cacop insta a las entidades locales a que se acojan al sistema, al igual que están haciendo las administraciones central y autonómica, tal y como recoge la legislación vigente e incluso dictamina la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Si bien hay ayuntamientos que sí las están recogiendo, otros muchos están optando por el silencio administrativo o incluso denegándolas.

Por ello, Cacop insta a las entidades locales a que se acojan al sistema, al igual que están haciendo las administraciones central y autonómica, tal y como recoge la legislación vigente e incluso dictamina la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Si bien hay ayuntamientos que sí las están recogiendo, otros muchos están optando por el silencio administrativo o incluso denegándolas.

«Lo que está sucediendo es duro e injusto. No resolver favorablemente las solicitudes de revisión e incluso más si cabe el silencio administrativo, está obligando a las empresas a recurrir a la vía judicial», explica Arturo Coloma, gerente de la asociación.

Cabe recordar que la legislación extraordinaria (Real Decreto Ley 3/2022 y Decreto Ley 4/2022) aprobada por la imprevisible y muy significativa alza de precios durante 2021 y 2022, está sirviendo para paliar «muy levemente» la afección de la subida de costes a los contratos de obras que estaban en ejecución en 2022 o que fijasen los precios de contrato hasta marzo de 2023. La propia ley recoge en su motivación la causa en un incremento extraordinario de costes, incremento que era imprevisible en el momento de la licitación y que excedería del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar.

Impacto en los costes

«El impacto real en los costes ha sido superior al 30% y esta legislación solo lo resuelve en una pequeña parte al no recoger las subidas de energía», señala Coloma, quien advierte de que hay un porcentaje elevado de proyectos que «son inviables económicamente, poniendo en riesgo el futuro de las empresas y sus trabajadores».

Ceacop pone el acento en la problemática que esto supone para las pequeñas y medianas empresas que trabajan para entidades locales, ya que son las que sufren directamente los efectos «y no tienen capacidad para soportar estas pérdidas». Según la patronal de la construcción, los ayuntamientos deberían, por encima de otras consideraciones, aplicar la legislación como hace el resto de las administraciones públicas y evitar el daño producido en los contratos afectados, así como la litigiosidad que conlleva, «que es costosa y tardía en el tiempo, lo cual no se pueden permitir las finanzas de las pequeñas empresas», matiza el gerente de Ceacop.

La asociación valora positivamente la adhesión al sistema extraordinario de revisión de precios por la Junta de Andalucía e insiste en que las resoluciones sean «aprobadas y abonadas» con la mayor agilidad posible.

https://sevilla.abc.es/andalucia/constructores-denuncian-ayuntamientos-aplican-revision-precios-20230926204119-nts.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F




Caos en la obra pública: los municipios se resisten a revisar los precios

  • La patronal de la construcción advierte a los ayuntamientos que muchas licitaciones «van a quedar desiertas o sin realizarse»

La invasión de Ucrania por parte de Rusia hace ya un año puso a las claras la guerra energética que Moscú llevaba librando con los países de la UE desde hacía meses. El precio de la electricidad tocó techo y, como consecuencia, el de las materias primas. A mediados de 2022, los precios de los materiales de construcción eran un 38% superior a los de 2020, por lo que las administraciones se vieron obligadas a revisar los contratos de obra pública para que los contratistas no paralizasen proyectos ya firmados y puestos en marcha, y no se destruyese empleo.

El Ministerio de Transportes aprobó en marzo de 2022 un decreto de revisión de precios de materiales «en un contexto de alza de precios extraordinaria de las materias primas que no pudieron ser tenidas en cuenta por las empresas a la hora de preparar sus ofertas». Posteriormente, las comunidades asumieron este decreto, sacando su propia norma. La andaluza estuvo apunto de ser recurrida por el TC, pero finalmente la Junta pudo mantener su decreto una vez modificados tres de sus puntos.

Sin embargo, «numerosos ayuntamientos no están aplicando la norma». Así lo denunciado el Círculo de Empresas Andaluzas de Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP), en una nota de prensa, en la que han instado a las entidades locales a que se acojan al sistema, al igual que están haciendo las administraciones central y autonómica. Muchos ayuntamientos, denuncian, «están optando por el silencio administrativo o incluso denegando las revisiones».

«Lo que está sucediendo es duro e injusto. No resolver favorablemente las solicitudes de revisión e incluso más si cabe el silencio administrativo, está obligando a las empresas a recurrir a la vía judicial», explica el gerente de la asociación, Arturo Coloma, quien también advierte que «muchas licitaciones están quedando desiertas o sin realizarse».

Desde CEACOP también explican que este decreto de revisión de precios no es la panacea ya que, «el impacto real en los costes ha sido superior al 30%», por lo que «esta legislación solo lo resuelve en una pequeña parte al no recoger las subidas de energía».

Coloma advierte también que hay un porcentaje elevado de proyectos que «son inviables económicamente, poniendo en riesgo el futuro de las empresas y sus trabajadores». Ceacop pone el acento en la problemática que esto supone para las pequeñas y medianas empresas que trabajan para entidades locales, ya que son las que sufren directamente los efectos «y no tienen capacidad para soportar estas pérdidas».

Según la patronal de la construcción, los ayuntamientos deberían, por encima de otras consideraciones, aplicar la legislación y evitar el daño producido en los contratos afectados, así como la litigiosidad que conlleva, «que es costosa y tardía en el tiempo, lo cual no se pueden permitir las finanzas de las pequeñas empresas», matiza el gerente de Ceacop. A los ayuntamientos que están optando al silencio administrativo les recuerda que tienen la oportunidad de aplicar la ley andaluza y «así evitar daños evidentes a las empresas»

https://www.larazon.es/andalucia/caos-obra-publica-municipios-resisten-revisar-precios_202309276513a9d198383a0001a0a2ca.html