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Los pactos de Sánchez comprometen la obra pública en Andalucía

  • La patronal de la construcción alerta de que las cesiones al independentismo pueden restar inversiones a Andalucía, con infraestructuras pendientes desde hace décadas

Cada vez más sectores políticos, sociales y económicos andaluces recelan de los pactos alcanzados por Pedro Sánchez con los independentistas para acceder a la Moncloa. Unos acuerdos que no hacen más que ahondar en el agravio y que ponen en peligro el equilibrio territorial. Todavía queda mucha negociación para que el Ejecutivo de Sánchez intente sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero en Andalucía ya han saltado las alarmas ante posibles beneficios al País Vasco o Cataluña, territorios con formaciones secesionistas que sostienen a Sánchez en el poder.

En este contexto, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) alerta de que el agravio «ya existe» y apunta que a Andalucía «se le echa menos cuenta que a otras comunidades». «No es un tema nuevo, pero nos preocupa que se acreciente más con estos pactos», asegura a LA RAZÓN Arturo Coloma, gerente de esta patronal, además de lamentar que «jugamos con desventaja respecto a otras regiones» en cuanto a inversiones y financiación de infraestructuras largamente reclamadas. «Parece que cuesta mirar al sur y somos un territorio con grandes necesidades de comunicación tanto internamente como con el resto del Estado», sostiene.




Los gigantes de la construcción española consolidan su posición como referentes internacionales

  • Pese al ligero repunte de la inversión en suelo nacional a casusa de la llegada de los fondos Next Generation, las grandes empresas siguen enfocadas en la expansión de su negocio en el extranjero.

 

Una de las principales consecuencias de la crisis financiera de 2008 en España fue la súbita caída de la inversión pública. Y entre los sectores más afectados por este descenso destacó el de las infraestructuras, lo que provocó que las grandes compañías pusieran la vista en otros mercados más allá de sus fronteras con el fin de mantener un nivel similar de ingresos o incluso aumentarlo. Y este movimiento, a juzgar por lo sucedido durante los últimos 15 años, ha dado sus frutos, situando a las constructoras españolas entre las más importantes de su negocio a escala global.

Su progresiva expansión hacia el exterior sólo se ha visto frenada, ligeramente, por el repunte de la contratación pública registrado en España en 2022 como consecuencia de la llegada de los fondos europeos Next Generation. Ese año, el número de contratos internacionales de las seis grandes constructoras españolas (ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHLA), representó, según datos oficiales, el 81,1% del total, frente al 82,3% de 2021.

 

Un descenso suave que no supone un cambio drástico y que sigue manteniendo la actividad exterior de estas multinacionales por encima del 80%, un dato muy significativo. De hecho, en términos de volumen, se sigue manteniendo la tendencia alcista: estos seis grandes grupos constructores contabilizaron al cierre de 2022 más de 168.400 millones de euros en encargos internacionales, lo que supone un incremento interanual del 4,5%.

«En España, contamos con un alto nivel de formación técnica y profesional en el sector de ingeniería, lo que se refleja en la calidad y la innovación de los proyectos desarrollados», apuntan desde Ferrovial como una de las causas de la contratación de empresas españolas en el extranjero. «Esta excelencia en la ingeniería se complementa con un ecosistema de proveedores altamente cualificados, capaces de adaptarse a las demandas específicas de cada proyecto con eficiencia y flexibilidad».

Este potencial, según Laura Cózar, socia de la consultora Accuracy, especializada en infraestructuras y energía, lo están aprovechando en otros países debido a «la falta de proyectos y los obstáculos normativos, que han provocado que España haya perdido competitividad y dinamismo». Además, añade: «Si uno mira al panorama internacional, en el contexto actual es una anomalía regulatoria que a los contratos de obra pública no se les haya reincorporado la revisión de precios, o que la rentabilidad de las concesiones esté limitada a lo que la Administración considera razonable».

Otro de los motivos a los que apunta Ferrovial es el enfoque integral de las empresas españolas a la hora de poner en marcha proyectos, abarcando «desde la financiación hasta el diseño, pasando por la construcción, la operación y el mantenimiento». Esto contrasta con la concepción que tienen en otros países. Por ejemplo, añaden desde la multinacional, «en Estados Unidos, muchas empresas se especializan exclusivamente en una fase del proyecto, lo que obliga a contratar a múltiples entidades para cubrir todas las necesidades y coordinarlas eficazmente».

UN MERCADO ESTRATÉGICO

Norteamérica es, precisamente, uno de los enclaves fundamentales en la estrategia de expansión exterior de Ferrovial. Concretamente, según afirman, «más del 90% del valor de la entidad, en términos de equity value, procede de activos internacionales, y el 75% del valor de la compañía proviene de proyectos en suelo estadounidense y canadiense».

En Estados Unidos, Ferrovial está ejecutando una de sus obras más ambiciosas, la de la nueva terminal uno del Aeropuerto John Fitgerald Kennedy de Nueva York. En 2022, la compañía compró una participación en la concesión de este proyecto, que prevé convertir la terminal en una de las más sostenibles y avanzadas del mundo. La construcción concluirá en 2030 y, durante todo el proceso, creará más de 10.000 puestos de trabajo (6.000 de ellos, de construcción). Además, gracias a los acuerdos que ya se están cerrando con aerolíneas de todo el globo, se espera que reciba alrededor de 23 millones de pasajeros al año.

Por otra parte, Ferrovial fue una de las compañías seleccionadas para el diseño de la construcción y financiación de un tramo de una línea del Metro de Toronto, en Canadá. La conocida como Ontario Line South Civil comprende un sistema de tránsito rápido y autónomo de unos 6,7 kilómetros que cuenta con siete estaciones, seis de ellas subterráneas.

En opinión de Cózar, la apuesta de Ferrovial por Norteamérica tiene mucho sentido en el actual contexto. Por un lado, Estados Unidos, «gracias a la los dos grandes programas lanzados por la Administración Biden en 2021 –la Ley Bipartidista de Infraestructura y la Inflation Reduction Act– movilizará el mayor monto de inversión en carreteras, agua, internet de alta velocidad y energía limpia en más de un siglo». En Canadá, como recuerda la experta, «más allá de tener un mercado activo de transacciones en el mercado secundario, durante los últimos años ha experimentado un aumento en las inversiones en infraestructura y proyectos de capital, consolidando su posición como un centro importante de construcción y desarrollo».

Todo esto influye en que otro de los gigantes españoles de las infraestructuras, OHLA, haya intensificado también su presencia en territorio norteamericano. De hecho, la compañía ha cerrado en Estados Unidos un contrato de 2.210 millones de euros para ejecutar el proyecto ferroviario de Purple Line, en Maryland. El objetivo, tal como señalan desde la firma española, es «transformar el transporte en la región de Washington DC, al añadir un servicio de tren ligero con un sistema de tránsito interconectado que evitará el desplazamiento de 17.000 vehículos diarios».

EUROPA Y LATINOAMÉRICA

En lo que respecta a la situación del mercado europeo, Cózar no es tan optimista. Principalmente, por «la falta de proyectos greenfield (construcción desde cero) en sectores clásicos como transporte y agua». Pese a ello, compañías españolas como la citada OHLA siguen encontrando oportunidades interesantes en el Viejo Continente.

Sin ir más lejos, recientemente ha llevado a cabo el Proyecto Ski, un nuevo trazado ferroviario desde la salida sur de los túneles del Follo Line hasta el sur de la ciudad de Ski, en Noruega. En total, 3,5 kilómetros de recorrido, con 13,6 kilómetros de vías, 40 desvíos y una infraestructura diseñada para que los trenes alcancen velocidades de hasta 250 kilómetros por hora.

Otro mercado en el que se siguen fijando las empresas nacionales es el latinoamericano. Sacyr, que experimentó un notable ascenso del peso de su cartera internacional en 2022, pasando del 80,6% al 85%, inició ese mismo año la gestión de la Ruta 78, llamada también Autopista del Sol, en Chile. La carretera, que une las ciudades de Santiago y San Antonio, es una de las más importantes del país. La constructora ha invertido 900 millones de dólares en su ampliación y modernización, de la que se beneficiarán 1,7 millones de personas.

FCC también aumentó su actividad exterior en 2022, cerrando pedidos en el extranjero por más de de 40.000 millones de euros. El mercado latinoamericano jugó un papel clave a la hora de conseguir esta cifra, con proyectos como el túnel Guillermo Gaviria Echeverri (también conocido como Túnel del Toyo), en Colombia, cuya excavación finalizó el pasado mes de octubre.

Este túnel, con cerca de 10 kilómetros de extensión, es el más largo de América y tiene como objetivo comunicar toda la región de Antioquía: desde su capital, Medellín, situada en el interior, hasta la zona costera del Golfo de Urabá. Gracias al trabajo de cerca de 2.000 personas, se han construido 18 túneles, 30 puentes y 17 kilómetros de vías. FCC, además de tener un papel protagonista en estas obras, ha desarrollado otras actividades complementarias, como el revestimiento y la pavimentación de diferentes tramos.

Pese a ser posiblemente el más mediático, ese no ha sido el único proyecto desarrollado por la empresa española en Latinoamérica. Sin ir más lejos, FCC ha sido una de las entidades implicadas en la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Callao (Perú).

Al margen de todas estas oportunidades de negocio que las multinacionales españolas siguen encontrando en suelo latinoamericano, Cózar opina que la salud de este mercado no es comparable a la de sus vecinos del norte, principalmente, por la «inestabilidad política generalizada». Incluso aquellos países con una mayor fortaleza institucional, como Chile y Colombia, se han visto afectados por esa inseguridad. Como muestra de ello, recuerda Cózar, «los 15 arbitrajes frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de empresas españolas contra estados de esa zona».

UN VALOR SEGURO

Más allá de las peculiaridades de cada mercado, todo lo relacionado con las infraestructuras que favorezcan a la descarbonización continúa siendo un valor seguro para las constructoras. Como también remarca Cózar, «todas las economías han reaccionado al impacto del cambio climático poniendo en marcha planes estratégicos que tienen detrás políticas industriales y económicas que exigen movilizar volúmenes muy significativos de capital». Incluso en el caso de tecnologías inmaduras, como el hidrógeno verde, «las administraciones están dispuestas a asumir el riesgo».

Un claro ejemplo de esta apuesta global por la consecución de la neutralidad climática es la cartera de proyectos internacionales energéticos de OHLA. En total, entre las obras ya ejecutadas y las que se encuentran actualmente en construcción, cuenta con 2.300 megavatios (MW) de potencia instalada, energía suficiente para abastecer a un millón de hogares al año.

 




El proyecto de metro sin concluir desde 1968 y que está bajo la lupa de Bruselas

  • Los tramos de la línea 1 se adjudicaron entre 1976 y 1979 y la inauguración fue en 2009

 

El primer informe municipal sobre la necesidad de un metro en Sevilla es del año 1968. Los tramos de la línea 1 entre La Plata y la Plaza Nueva se adjudicaron entre 1976 y 1979. La infraestructura, con otro itinerario, se inauguró, con un único tramo, en el año. El 2 de abril de 2009, en uno de los últimos actos de servicio de Manuel Chaves como presidente de la Junta, y con Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde, se inauguró la línea 1 del nuevo Metro de Sevilla, superficial en parte y aprovechando y utilizando obras del trazado antiguo. En menos tiempo, Valencia, con un área metropolitana similar a Sevilla, o Bilbao, con menos terreno, tienen una red completa. Sin salir de Andalucía, Málaga ha puesto esta semana la primera piedra de la prolongación de su línea 2. El Gobierno del PP ha tratado de impulsar todos los metros a su alcance pero ante los retrasos la sociedad civil ha llegado incluso al Parlamento Europeo. Ahora, la UE ha decidido que se mantenga abierta la petición para la construcción, por fin, de la infraestructura. «Esto permitirá que el Parlamento Europeo supervise el compromiso de las dos administraciones en favor de la red completa», señalaron desde la entidad Sevilla Quiere Metro.

La asociación informó recientemente de que el metro de Sevilla suma un nuevo «grave retraso» en el proyecto constructivo del tramo sur de la línea 3. La Junta apuntó al estudio de «alternativas de trazado» para explicar el retraso. La permanencia de la petición en el Parlamento Europeo obligará a las administraciones a rendir cuentas de los cronogramas.

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió mantener abierta una denuncia sobre la necesidad de ampliar las líneas de metro en la ciudad de Sevilla con la premisa de que se trata de la única ciudad europea de su tamaño sin una red completa. El presidente de Sevilla Quiere Metro, Manuel Alejandro Moreno Cano, pidió la colaboración de todas las instituciones para conseguir la financiación necesaria. La plataforma acudió en julio del 2022 a la misma comisión para apoyar la construcción de nuevas líneas para la capital. En abril de 2023, la entidad recibió un informe del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España que ratificaba la cofinanciación del tramo norte de la línea 3 de metro, sin compromiso con el resto de las líneas. La plataforma solicitó al Gobierno la cofinanciación para el tramo sur de la línea 3 y la línea 2 e instó a la Junta a finalizar la construcción del tramo sur de la línea 3 para 2024, así como a conseguir la financiación correspondiente para ello, y terminar el anteproyecto de la línea 2 para principios del 2026, de modo que pueda ser incluida en el siguiente programa del Feder.

El alcalde, José Luis Sanz, expresó su apoyo a la asociación y recordó que los proyectos «avanzan» gracias al «esfuerzo» del Gobierno andaluz del PP. Sanz pidió que el Gobierno central formalice su compromiso de cofinanciar las obras del tramo sur de la línea tres y de la línea, dos «de forma análoga» a lo ya acordado para el tramo norte de la línea tres del metro, esto es, al 50%. También pidió que la Junta «formalice su compromiso de acabar este año» la actualización normativa de los anteproyectos del tramo sur de la línea tres y busque «la parte de financiación que le corresponda». Sanz resaltó la importancia de la planificación para que las obras no colapsen la ciudad dada su envergadura.

Récords de viajeros sin nueva inversión

El metro de Sevilla pulverizó el pasado año su récord, con 20.429.032 pasajeros en 2023. La infraestructura lleva desde el primer año sobrepasando el volumen de pasajeros previsto. con una sola línea desde 2009 y sin inversión para más líneas o trenes. El eurodiputado del PP Europeo Juan Ignacio Zoido, pidió al Estado «que no anteponga intereses partidistas». En nombre del grupo Renew, osé Ramón Bauzá afirmó que le «consta el compromiso de la Junta y el alcalde». La eurodiputada socialista Cristina Maestre invitó a la plataforma y a la Junta «a abrir el margen de interlocución a otras fuentes de financiación más allá del Estado».




Educación ejecutó una inversión de 181,6 millones en obras en 2023, la mayor cifra en 14 años

  • La Consejería finalizó el año pasado más de 700 actuaciones de construcción, ampliación y mejora de infraestructuras educativas, entre las que destacan 374 obras de bioclimatización y energías renovables

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ejecutó en 2023 una inversión en obras en centros educativos públicos de 181,63 millones de euros, lo que representa la mayor cifra de ejecución en 14 años (desde 2009) y un incremento del 90% respecto al ejercicio de 2022.

De 2019 a 2023, la inversión en obras acumulada asciende a 480,51 millones de euros, con un promedio anual de 96,1 millones. En comparación con los cinco años anteriores -2014-2018-, cuando se ejecutaron 330,63 millones de euros -una media anual de 66,12 millones-, el incremento ha sido del 31%.

Según ha destacado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, “estos datos reflejan el compromiso del Gobierno andaluz con la mejora de las infraestructuras en los edificios docentes públicos y el esfuerzo de gestión realizado por la Agencia Pública Andaluza de Educación, que ha mejorado sus procedimientos internos y reforzado su personal para poder atender con más agilidad, eficiencia y eficacia las necesidades de los centros”.

Buena parte del esfuerzo inversor se centró el año pasado en la ejecución del programa de Bioclimatización y Energías Renovables, que tiene como objetivo llevar a 430 centros educativos de toda Andalucía instalaciones de refrigeración adiabática para combatir el calor en las aulas en los meses de verano y placas solares fotovoltaicas que producen energía eléctrica renovable para el autoconsumo de los centros.

Actualmente ya han finalizado 374 de estas actuaciones y las restantes se encuentran en fase de construcción. Este programa ha contado con un presupuesto de 140 millones de euros, cofinanciado por la Unión Europea dentro del programa REACT-UE, fondos adicionales del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020.

Desde el año 2019 se han finalizado en Andalucía 2.123 obras de construcción, ampliación, reforma y modernización de centros educativos públicos. En 2023, en concreto, se concluyeron 703 actuaciones, entre las que destacan el nuevo Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez de Almería, el nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) de Maracena (Granada), el nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en la zona del Ensanche Sur de Huelva capital, las ampliaciones del IES Santa Bárbara de Málaga y del CEIP Isdabe del Mar de Estepona, en Málaga, además de la segunda fase del IES El Molinillo de Guillena (Sevilla).

También se han creado y mejorado espacios para ciclos formativos en los IES Salmedina de Chipiona y Las Salinas de San Fernando (Cádiz), se ha reformado el centro de educación primaria (CEPR) José Nogales de Aracena (Huelva) y se han ampliado y reformado espacios para la formación profesional en los IES Himilce de Linares y Puerta de Arenas de Campillo de Arenas (Jaén).

Junto a estas actuaciones, en 2023 se finalizaron también un total de 35 obras de retirada de amianto y 56 actuaciones de mejora de la climatización y el confort térmico de los centros mediante medidas pasivas (construcción de porches, cambio de ventanas, instalación de lamas, mejora de cubiertas, etc.) e instalaciones de calefacción, además de las 374 obras de Bioclimatización y Energías Renovables concluidas.

En la actualidad, la Consejería tiene alrededor de 200 obras en construcción por un importe de unos 137 millones de euros. Todas estas intervenciones se enmarcan en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.




Aprobado el IV Decreto de Sequía dotado con 217,6 millones de euros

  • El Gobierno andaluz ha destinado 517,6 millones al impulso de infraestructuras hídricas entre los cuatro decretos de emergencia

 

El Parlamento de Andalucía ha aprobado el IV Decreto de Sequía. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha explicado los detalles de un decreto ley que se ha dotado con 217,6 millones de euros en el que se establecen las prioridades del Gobierno andaluz ante la actual situación de sequía y las medidas a adoptar para prevenir escenarios más duros que pudieran producirse.

Esta iniciativa ha recibido el respaldo de la cámara autonómica, con lo que la iniciativa ha sido convalidada y la planificación que propone podrá ser desarrollada por la Junta de Andalucía. La consejera de Agricultura ha expresado su satisfacción y ha subrayado la política hídrica realizada por el Gobierno andaluz, que entre los cuatro decretos ha destinado a obras hidráulicas un total de 517,6 millones de euros. Crespo ha destacado que “llevamos cinco años adoptando medidas para paliar los efectos de la sequía para incrementar la disponibilidad hídrica para abastecimiento y los sectores productivos”. La consejera ha agradecido la apuesta del presidente del Gobierno de Andalucía, Juanma Moreno, por la puesta en marcha de actuaciones en materia de agua, así como el esfuerzo de la Consejería, el Comité de Expertos para la sequía, y la interlocución con el sector agrario y diferentes entidades.

Crespo ha resaltado que “con este Gobierno, Andalucía cuenta, por vez primera, con una planificación real, habiendo activado planes especiales de sequía y aprobando los planes hidrológicos en nuestras cuencas intracomunitarias”. Un programa de actuaciones que ha permitido, como ha recalcado la consejera, “que los dos primeros decretos de sequía se encuentren ya ejecutados al 90%, lo que supone decenas de actuaciones finalizadas y en ejecución”.

Asimismo, ha indicado que “lo que hemos conseguido con esta apuesta sin precedentes por la obra hidráulica en nuestra tierra es dotar a Andalucía de 252 hectómetros cúbicos de agua nueva, aliviando la presión sobre la población y nuestros sectores productivos en zonas muy castigadas por la sequía”.

En contraposición, ha explicado que “le habría venido muy bien a esta comunidad autónoma tener ejecutadas las 33 obras hidráulicas de interés del estado que tiene pendientes el Gobierno de España con Andalucía”. Para Crespo, “todos tenemos que arrimar el hombro por el agua y poner en marcha actuaciones, infraestructuras y medidas para amortiguar los efectos de la sequía”. No obstante, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha valorado el acuerdo para mantener reuniones semanales con el secretario de estado de Medio Ambiente para abordar la situación y acordar soluciones.

Respecto al IV Decreto de Sequía, Crespo ha afirmado que “nos va a permitir dotar a Andalucía de 81 hectómetros cúbicos adicionales a los ya conseguidos con los tres decretos de sequía anteriores”. La consejera ha señalado que “se trata del decreto más municipalista, con el que vamos a llegar a acuerdos con las diputaciones provinciales, por ejemplo, auxiliando para evitar las fugas de agua en las redes de abastecimiento”.

Entre las actuaciones del nuevo decreto, Crespo ha mencionado la reactivación de sondeos, por ejemplo, en Fuengirola, el río Guadalmansa o el canal del Guadarranque, sin olvidar las intervenciones que comenzarán de forma inmediata, como las obras para la mejora del abastecimiento en alta en el Valle del Almanzora, la garantía de abastecimiento a Santa Olalla del Cala (Huelva), y los núcleos onubenses de Cueva de la Mora y Monteblanco, en el término de Almonaster la Real.

Asimismo, este IV Decreto de Sequía incluye un segundo bloque de actuaciones prioritarias con obras a medio plazo, más allá del verano, además de la ayuda a zonas necesitadas fuera de las cuencas hidrográficas de competencia autonómica en municipios de Sevilla, Jaén y Córdoba.

El incremento de la desalación también será clave, auxiliando al estado con la ampliación de la desaladora de la Costa del Sol, en Marbella, que permitirá alcanzar hasta los 20 hectómetros cúbicos, que se complementa con la que está en marcha a raíz III Decreto de Sequía, por la que se está duplicando su capacidad de 6 a 12 hectómetros cúbicos. Su entrada en funcionamiento, junto a la finalización de las obras de la Estación de Bombeo de Rojas, beneficiará al conjunto de la Costa del Sol y, a través de la conducción en el norte de San Roque, al Campo de Gibraltar.

Además, la apuesta por la economía circular en numerosos puntos se refuerza con la construcción de nuevos terciarios en Jerez de la Frontera, el Bajo Guadalhorce, Antequera, Guadalhorce y Motril, con los que se pondrán en circulación 39 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas para la industria y los sectores productivos, preferentemente el agrícola.

La agricultura, protagonista en el IV Decreto de Sequía

Este IV Decreto de Sequía focaliza su atención en las necesidades actuales y de futuro del sector primario andaluz. En concreto, se incluyen ayudas a través de líneas directas, exenciones fiscales y nuevas infraestructuras para aportar la conexión a las aguas regeneradas a regantes y agricultores.

En este sentido, la gran novedad es la línea específica, por valor de 50 millones de euros, para la recuperación del potencial productivo para los cultivos más afectados por la sequía, mientras que para la ganadería se mantiene la excepción para la alimentación convencional del ganado ecológico por la situación de sequía.

Por último, la Junta de Andalucía asumirá las conexiones a las aguas regeneradas en las zonas regables de la margen izquierda del Bajo Guadalete-Costa Noroeste, Guadalhorce, Guaro, la cabecera del Guadalhorce en Antequera, Motril-Salobreña y áreas del Levante almeriense (Vera, Mojácar y Cuevas del Almanzora). Esta revitalización del uso de aguas regeneradas se suma a las ayudas de cuatro millones de euros para las comunidades de regantes en materia de asesoramiento para contribuir a su constitución y mantenimiento, y el mantenimiento de las exenciones en la cuota del canon de regulación.

Defensa de las reivindicaciones de los agricultores

La consejera ha aprovechado su intervención en el Parlamento de Andalucía para mostrar su “sorpresa por la negación de la oposición a aprobar una declaración conjunta y consensuada de apoyo a las justas reivindicaciones de nuestro sector agrario, que supone el 12% del PIB y el 10% del empleo de Andalucía”. Crespo ha aseverado que “piden mejoras tan comprensibles como menos burocracia, una mejor fiscalidad, más rentabilidad, posponer la obligatoriedad del cuaderno digital agrario o poder contar con materias activas alternativas”.

Crespo ha mostrado su esperanza de que “en el próximo Pleno del Parlamento de Andalucía podamos mostrar todos los grupos políticos una unión sin fisuras en la defensa de las reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos”.




El Parlamento andaluz aprueba el decreto ley de ayudas a pymes y autónomos

  • Antonio Sanz recalca que la finalidad del cambio es la de “ser útiles a los andaluces” y cumplir con las exigencias de la Unión Europea

 

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha destacado, durante el debate para la aprobación del Decreto Ley 1/2024 en el Parlamento de Andalucía, que “la finalidad es ser útiles a los andaluces”. Sanz ha explicado la necesidad de aprobar este decreto ley ante la modificación sufrida por el Reglamento de la Unión Europea 651/2014, para otorgar más flexibilidad a la hora de formular y ejecutar las ayudas, y por el que se concedió un plazo de seis meses para la adaptación de la normativa andaluza.

El consejero de la Presidencia ha sentenciado que con esta iniciativa “cumplimos con Europa, como no puede ser de otra forma, con un gobierno responsable como el nuestro, y lo más importante: seguimos ayudando y siendo útiles a los andaluces”.

Este decreto ley modifica cuatro decretos que establecen el marco regulador de las ayudas que concede la Junta. Se trata del Decreto 114/2014, que regula las ayudas a empresas para inversiones de Finalidad Regional; el Decreto 115/2014, que promueve el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas; el Decreto 185/2014, que se refiere a las ayudas para la investigación y el desarrollo de la innovación, y el Decreto 303/2015, que regula las ayudas para la protección del Medio Ambiente y el desarrollo energético sostenible. Estas cuatro normas son decretos de los años 2014 y 2015, sobre los que pivotan muchas de las ayudas que se conceden a nuestras pymes y autónomos.

Se trata de una normativa que introduce numerosos cambios en los cuatro decretos afectados, aunque destaca la ampliación para las empresas de la fórmula de cómputo de los costes subvencionables por la Junta, mediante el cálculo simplificado, para los proyectos ejecutados conforme a los planes de recuperación y resiliencia. Asimismo, se incluye el IVA en el cálculo de la ayuda y de los costes subvencionables.

Por otro lado, se adoptan nuevas reglas de acumulación en proyectos apoyados por Fondo Europeo de Defensa, y se incrementan los umbrales de aquellas ayudas en las que no es necesario contar con una decisión expresa de la Comisión Europea, “lo cual es evidente que beneficiará a numerosos pequeños y medianos empresarios andaluces”, ha recalcado el consejero.




Andalucía pacta con Murcia el traslado del agua en barco de la desaladora de Cartagena

 

La Junta de Andalucía ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de la Región de Murcia para que la desaladora de Escombreras, en Cartagena, sea la que proporcione el agua para el traslado en barco a los puertos de Carboneras, Málaga y Algeciras en caso de que sea necesaria tomar esta medida por la situación de sequía que padece Andalucía. El consejero portavoz del Ejecutivo autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, se ha referido a este asunto tras la celebración del Consejo de Gobierno y ha aclarado que “aún estamos en conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Segura” que debe dar el visto bueno para el envío de los excedentes de as instalaciones cartageneras.

La planta murciana, propiedad de la empresa Hydro Management, perteneciente al grupo ACS, es una de las más grandes del país y tiene capacidad para producir más de 22,8 hectómetros cúbicos de agua desalada, aunque en la actualidad apenas si supera los 2 hectómetros cúbicos por las restricciones en los riegos que mantiene la Confederación Hidrográfica del Segura a los regantes que compran el agua.

De dónde procede el agua que trasladarían los barcos en caso de ser necesarios es uno de los aspectos que deberán definir el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el encuentro que mantendrá este mes para buscar soluciones a la situación de escasez.

Este viernes, Ribera ha precisado que la situación andaluza es distinta a la de Cataluña, donde la demanda de agua está muy concentrada en la zona de Barcelona, aunque ha apuntado que una opción puede ser la del transporte por barco. “Hay que ver cuáles son las alternativas y obviamente una de ellas puede ser algo parecido a esto”, ha reconocido la vicepresidenta.

“El viernes pasado hable con el presidente Moreno Bonilla y quedamos en que tendrían que ir perfilando con mucha más precisión cuáles son las alternativas para cada uno de los emplazamientos que puedan tener riesgo y sobre esa base hablaremos la próxima semana o la siguiente”, ha explicado.

También Fernández-Pacheco ha confirmado que “las conversaciones entre las dos administraciones se producen de manera constante desde hace tiempo” y ha adelantado “primero un encuentro telemático entre Moreno y Ribera, para después mantener una reunión presencial”.

La planta de Sagunto, propiedad estatal

En el caso de Cataluña, el Gobierno central ha acordado con la Generalitat de Cataluña que el agua que llegue a Barcelona sea de la desaladora de Sagunto, que es propiedad de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y tiene una capacidad de producción total de 22.900 metros cúbicos al día, si bien en estos momentos, con las instalaciones actuales, está habilitada para derivar 7.200 m3/día.

La infraestructura de Sagunto está “infrautilizada” en estos momentos porque funciona al 10% de su capacidad, de manera que el aumento de la producción para destinarla a Cataluña “no compite” con los “usos locales” del agua en la Comunitat Valenciana.

Gobierno y Generalitat acordaron que el coste de aumentar la capacidad de la desaladora lo asumirá el propio Estado, si bien el precio de transportarla en barcos y distribuirla en Cataluña correrá a cargo de la Generalitat, sin concretar cantidades.

Gobierno y Generalitat plantean hacer el transporte con dos barcos, en una operación que supone 12 horas de carga del agua en cada embarcación. Así, cada día podrían llegar entre uno y dos barcos a Barcelona, con hasta 40.000 metros cúbicos diarios en total.




La Junta autoriza 83 millones para contratos de conservación de carreteras en siete provincias

  • Andalucía se convierte la primera comunidad que incluye la revisión excepcional de precios para el mantenimiento de la red viaria

El Consejo de Gobierno ha autorizado más de 83 millones de euros (en concreto, 83.088.847 euros) para iniciar la contratación de 12 servicios de conservación de carreteras en siete provincias andaluzas (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla). Con esta autorización, el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, inicia el proceso de renovación de los 36 contratos de mantenimiento que velan por la vialidad de los más de 10.500 kilómetros de red de carreteras de titularidad autonómica.

Los nuevos contratos tendrán una vigencia de tres años más una posible prórroga de dos años más y cuentan con dos novedades con respecto a los anteriores. La primera es que Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma que ha realizado una revisión excepcional de los precios en los contratos de conservación. Con ello, se atiende una petición del sector, que había solicitado una ayuda que compensara la subida de los costes de los materiales. En segundo lugar, se han introducido mejoras en los contratos para garantizar que las empresas adjudicatarias hagan frente a sus obligaciones salariales con el personal de los servicios de conservación.

Así, el Gobierno andaluz inicia el proceso de contratación con suficiente antelación, para así evitar repetir el escenario vivido a principios de 2019, cuando fue necesario recurrir a contratos de emergencia debido a que los servicios de mantenimiento que estaban vigentes habían expirado o estaban a punto de expirar porque el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía no los renovó en plazo.

Los doce servicios de conservación se publicarán en el perfil del contratante divididos en dos contratos con seis lotes. Estos lotes garantizarán la vialidad de las carreteras de las zonas centro, norte y este de la provincia de Almería, las zonas noroeste y suroeste de la provincia de Cádiz; la zona oeste de la provincia de Córdoba; las zonas norte y sur de la provincia de Granada; la zona sureste de la provincia de Huelva, las zonas sur y sureste de la provincia de Jaén; y la zona sur de la provincia de Sevilla. Progresivamente se licitarán el resto de contratos de servicios de las ocho provincias.

Así, para las tres zonas de Almería se destinan 16.474.716,84 euros (5,8 M€ para la norte, 4,7 M€ para la este y 5,9 M€ para la centro); para las dos de Cádiz, 11.897.456,89 euros (4,5 M€ para la noroeste y 7,3 M€ para la suroeste; para las dos de la provincia de Granada, 16.698.630,23 euros (7,1 M€ para la zona sur y 9,5 para la norte); y 17.573.558,1 euros para las dos de Jaén (para la zona sureste, 6,6 M€ y para la sur, 10,9 M€). Además, para la zona oeste de Córdoba se destinan 6.944.140,75 euros, para el sureste de la provincia de Huelva, 6.061.830,13 euros, y para la zona sur de la provincia de Sevilla, un total de 7.438.514,47 euros.

La red viaria andaluza es la segunda en extensión de todo el territorio nacional. A ello se añade que el porcentaje de vías de gran capacidad es muy elevado, lo que obliga a dedicar de forma creciente más recursos a su conservación. Las labores de conservación son fundamentales para asegurar que la movilidad por las carreteras andaluzas siga realizándose en condiciones de comodidad y seguridad vial para los usuarios, y conllevan la realización de un conjunto de intervenciones de muy diversa tipología: refuerzo y rehabilitación de firmes, renovación de pavimento, elevación de rasante, mejora de intersecciones, mejora de drenaje, ordenación de accesos, control de maleza en márgenes, poda de medianas en autovías, señalización, conservación y reparación de sistemas de balizamiento y defensas.

Los contratos de servicios de las diversas operaciones de conservación, denominados habitualmente como conservaciones integrales, incluyen la presencia de técnicos, operarios, maquinaria y materiales para la realización de tareas de conservación cuya finalidad es facilitar la gestión de la infraestructura a la Administración autonómica con una asistencia técnica cualificada y el aseguramiento de la vialidad. Los contratos garantizarán, por tanto, la vialidad de estas carreteras, es decir, darán una ágil y rápida respuesta las 24 horas del día a las incidencias que se presenten en la red como accidentes de tráfico, cortes de carreteras o inclemencias meteorológicas.




La Junta destina 217 millones en su cuarto decreto contra la sequía

  • Acomete acciones urgentes para realizar sondeos, ampliar desaladoras y apostar por la regeneración de aguas para poner en circulación 81 hectómetros más

  • La sequía se hace cotidiana en Andalucía

  • Estas son las medidas del cuarto decreto contra la sequía de la Junta de Andalucía

 

La Junta de Andalucía aprobado en el Consejo de Gobierno de este lunes su cuarto decreto de sequía, que contempla 217,8 millones para acometer de manera urgente nuevas acciones contra la sequía. Este nuevo paquete de medidas pretende poner en circulación 81 hectómetros cúbicos más de consumo para la población y los sectores productivos.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha detallado que con este nuevo decreto, que también incluye medidas urgentes, administrativas y fiscales de apoyo al sector agrario, el Gobierno de Juanma Moreno supera los 500 millones de euros de inversión para combatir los efectos de la escasez de agua.

En materia de inversiones hídricas, el decreto incluye una serie de actuaciones inmediatas y prioritarias que estarán concluidas el próximo verano, destina 40 millones de euros a una nueva vía de colaboración con los municipios más pequeños a través de convenios con las diputaciones provinciales para paliar las fugas en la red y apuesta por las aguas regeneradas para garantizar el suministro a los sectores productivos. Crespo ha destacado que todo ello “permitirá dotar a la comunidad de 81 hectómetros cúbicos de agua nueva” a través de la recuperación de sondeos, la desalación y el incremento de las aguas regeneradas.

 

En concreto, este cuarto decreto de sequía del Gobierno andaluz incluye el inicio inmediato de obras en las comarcas malagueñas de la Axarquía, Guadalhorce y la Costa del Sol, el Campo de Gibraltar, el Levante de Almería, Guadalete y Barbate y Béznar y Rules en Granada. En el caso de la Axarquía, se mejorará el abastecimiento con la ETAP del Trapiche y las desalobradoras portátiles para los sondeos de Fuengirola, el río Guadalmansa y el canal del Guarranque, así como las conducciones para el aprovechamiento de los recursos subterráneos del Bajo Guadalhorce.

Por su parte, en el Valle del Almanzora de Almería se iniciarán de forma inmediata obras de abastecimiento en alta, así como la mejora de la garantía de abastecimiento a Santa Olalla del Cala (Huelva) y a los núcleos onubenses de Cueva de la Mora y Monteblanco, en el término de Almonaster la Real. En Cádiz se pondrá en marcha ya la toma flotante del embalse de Guadarranque.

Junto a ello, el cuarto decreto de sequía incluye un segundo bloque de actuaciones prioritarias con obras a medio plazo, más allá del verano, así como el auxilio a zonas necesitadas fuera de las cuencas hidrográficas de competencia autonómica, para ayudar a municipios de Sevilla, Jaén y Córdoba. Se trata de la mejora en la ETAP de Lora del Río, la mejora de garantía de abastecimiento en alta de la pedanía de la Ermita Nueva en Alcalá la Real (Jaén) y la adecuación del bombeo en la ETAP de Iznájar y la conexión eléctrica de sondeos en Fuente Alhama en la provincia de Córdoba.

También se apuesta por la llegada de agua en barcos en situaciones extremas, para lo que se establece también como prioritaria la recuperación de las tomas de los puertos de Algeciras y Carboneras, una vez que los trabajos para la de Málaga están ya avanzados.

El incremento de la desalación también será clave, con la ampliación de la desaladora de la Costa del Sol, en Marbella, para alcanzar hasta los 20 hectómetros. La Junta prevé que su entrada en funcionamiento, junto a la finalización de las obras de la Estación de Bombeo de Rojas, paliarán la situación actual de la Costa del Sol.

Más agua para el sector agrícola

Por su parte, la Junta estima que la construcción de nuevos terciarios en Jerez de la Frontera, el Bajo Guadalhorce, Antequera, Gualdahorce y Motril permitirán poner en circulación 39 hectómetros cúbicos para los sectores productivos y la industria, siendo preferente el sector agrícola.

Además de estas actuaciones, el cuarto decreto de sequía incluye ayudas al sector primario andaluz a través de líneas directas, exenciones fiscales y nuevas infraestructuras para aportar la conexión a las aguas regeneradas a los regantes y agricultores.

Crespo ha destacado que la gran novedad es la línea específica dotada con 50 millones de euros para recuperar el potencial productivo para los cultivos más afectados por la sequía, mientras que para la ganadería se mantiene la excepción para la alimentación convencional del ganado ecológico por la situación de sequía.

Además el Gobierno andaluz asumirá la puesta en marcha de las conexiones a las aguas regeneradas en las zonas regables de la margen izquierda del Bajo Guadalete-Costa Noroeste, Guadalhorce, Guaro, la cabecera del Guadalhorce en Antequera, Motril-Salobreña y zonas del Levante almeriense (Vera, Mojácar y Cuevas del Almanzora).

La Junta subraya que esta revitalización del uso de aguas regeneradas se suma a las ayudas por cuatro millones de euros para las comunidades de regantes en materia de asesoramiento para contribuir a su constitución y mantenimiento, así como a las exenciones en la cuota del canon de regulación que se mantienen.

Urge a las otras administraciones “a ponerse las pilas y rápido”

La consejera ha destacado que con este cuarto decreto de sequía la Junta está “llegando hasta el límite de nuestras posibilidades”, por lo que ha apelado al resto de administraciones públicas, en especial al Gobierno, para que “se pongan también las pilas y rápido”.

En este sentido, Crespo ha informado de que este mismo martes habrá una nueva reunión con el Ministerio para abordar las necesidades urgentes para hacer frente a la sequía, en la que Andalucía volverá a plantear el trasvase de cinco hectómetros cúbicos para Almería, el apoyo con la desaladadora de Marbella, la negociación con Portugal del trasvase de Alqueva y la posibilidad de recurrir a barcos para garantizar el abastecimiento “si hiciera falta”.

“Hay obras importantísimas, 33 de interés del Estado, que hay que poner en marcha con urgencia porque en caso contrario Andalucía tendrá dificultades en el futuro y hay que prepararla porque la sequía ya es estructural en una zona específica afectada por el cambio climático como es Andalucía”, ha concluido Crespo.




Rocío Blanco resalta que la digitalización hará más atractivo el sector de la construcción para los jóvenes

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, concluyó las jornadas ‘Construcción y digitalización del sector’ en Granada, resaltando el crecimiento del sector de la construcción con un aumento de 10,676 afiliados a la Seguridad Social en 2023, un 4.9% superior a la media andaluza en todos los sectores.

A pesar de este avance, Blanco señaló la dificultad de las empresas para encontrar profesionales, especialmente entre los jóvenes, quienes, según destacó, muestran preferencia por trabajar en otros sectores.

En este sentido, la consejera ha hecho referencia a que “entre 2008 a 2022, los menores de 30 años han pasado de representar el 25,2 por ciento de ocupados en el sector de la construcción, al 9,2“.

Ha añadido que “es necesario trasladar a la sociedad que la construcción es un sector que ofrece condiciones laborales adecuadas y salarios muy dignos“, señalando que se calculan 700.000 puestos sin cubrir en este sector, como consecuencia del relevo generacional.

La digitalización es una de las transformaciones que están acometiendo las empresas de la construcción que está influyendo notablemente en la mejora de la imagen del sector y para atraer talento.

Así, uno de los principales temas que se han abordado en estas jornadas han sido los referidos a la necesidad de formación especializada en nuevas tecnologías aplicadas a la construcción.

Debemos ser capaces de “ofrecer programas formativos atractivos –ha señalado Rocío Blanco– para que el enorme capital humano de Andalucía forme parte de este potente motor económico para Andalucía”.

Por último, la responsable de Empleo de la Junta ha subrayado algunos de los beneficios de incorporar nuevas tecnologías al sector de la construcción.

Entre otros, la capacidad de atraer talento femenino, ya que “eliminan la brecha de género al proporcionar un entorno de trabajo más equitativo y accesible”, así como para la reducción de riesgos laborales en situaciones de mayor peligro, como los trabajos en altura.