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Málaga y Huelva demandan más infraestructuras hidráulicas y de movilidad

  • Los presidentes de las dos diputaciones se reúnen en un encuentro organizado por el Grupo Joly y ponen de manifiesto “demandas históricas”, pero también un futuro común basado en el turismo y la energía sostenible

  • El PP de Málaga y Cádiz quieren llevar a Algeciras el tren litoral

  • Aeropuerto, tren a Sevilla, carretera a la Sierra y presa de Alcolea, las prioridades de Huelva

 

Distintas aguas bañan las costas de Málaga y Huelva, con dos realidades que pueden parecer encontradas, pero en la que, a poco que se miren con detenimiento, presentan muchas similitudes. Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, y David Toscano, homólogo a orillas del Tinto y el Odiel, han reclamado este miércoles las infraestructuras hidráulicas y de movilidad que requieren sus provincias en un desayuno coloquio organizado por el Grupo Joly –editor de este periódico–, con el patrocinio de Hidralia, en el Hotel Barceló de Málaga. 

“Demandas históricas” como el tren litoral de la Costa del Sol, la conexión ferroviaria Huelva-Sevilla en media hora, la mejora de la conexión por carretera con Extremadura, la supresión del peaje de la A-7 mientras llega el tren, la presa de Alcolea o desaladoras en Axarquía y Mijas han ocupado parte del debate entre los dirigentes supramunicipales en Atlántico y Mediterráneo, dos visiones de una Andalucía en común. 

Si bien ambas provincias parten de una situación distinta –Huelva no tiene falta de agua, sino de dónde almacenarla cuando cae, y Málaga cuenta con aeropuerto internacional y AVE, mientras que en Huelva se estudia un aeródromo privado y se tarda más en tren que en coche en llegar a Sevilla– el origen de estas carestías es similar “la falta de planificación y ejecución previa”. 

Sin embargo, no sólo en las reclamaciones Huelva y Málaga –o Málaga y Huelva, tanto monta, monta tanto– pueden darse la mano, también en los pilares del futuro encuentran ambas provincias un basamento similar sobre el que seguir construyendo su edificio. 

Por un lado, ambas ven un futuro próspero en la agricultura –fresas y frutos rojos por un lado, subtropicales, en el Mediterráneo–, en la industria –la mayor producción de hidrógeno verde, en Huelva; la tecnológica, en Málaga– o el turismo, “más me gustaría tenerlo todo el año, como en Málaga, nosotros estamos llenos en verano, pero en invierno… podéis mandar los que os sobren”, bromeaba Toscana acerca de las similitudes. 

Pero también en las medidas contra la posible despoblación y la soledad de los mayores en el interior han encontrado un punto común Salado y Toscano, toda vez que las administraciones que ambos dirigen deben encontrar soluciones donde no alcance los pequeños municipios. 

Cajeros automáticos en todos los pueblos, planes de turismo interior o teléfonos y actividades de acompañamiento que ambas provincias desarrollan con la intención de que hasta el último rincón que cuente con ayuntamiento de ambas provincias no pierda la vida y, sobre todo, que los que que allí permanezcan –esperando que sean cada vez más– lo hagan con la mayor calidad de vida. 




Los catorce ayuntamientos del entorno de Doñana recibirán entre 4 y 8 millones de euros para paliar el impacto de la reducción de los cultivos de regadío

  • El Ministerio para la Transición Ecológica acuerda repartir de forma proporcional los 70 millones de euros en inversiones para la renaturalización del territorio

El acuerdo firmado entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía sobre el futuro de Doñana ha dado este martes un paso adelante con el acuerdo sellado por el Ministerio para la Transición Ecológica y 14 municipios de la comarca, que recibirán inversiones por valor de 70 millones de euros para compensar los efectos económicos de la obligada reducción de hectáreas de regadío. Aunque dos de esos municipios han mostrado su disconformidad con los criterios de reparto (Almonte e Hinojos), todos han entrado finalmente en el pacto para evitar quedarse fuera de un plan que les permitirá disponer de entre 4 y 8 millones de euros, en función de una serie de variables como la población, la superficie o el PIB de cada localidad. Los detalles de este acuerdo los ha trasladado a los medios de comunicación el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras reunirse con los alcaldes en Sevilla.

Los alcaldes de Almonte e Hinojos habían reclamado un trato singular en el reparto por tratarse de los dos municipios con una mayor superficie incluida dentro del perímetro del Parque Nacional, pero el Ministerio ha considerado que ya reciben ayudas de otro tipo vinculadas a esa condición. Concretamente, Almonte pretendía recibir entre 18 y 27 millones de euros, mientras que Hinojos reclamaba entre 8,9 y 10,9 millones de euros. Sin embargo, el primero dispondrá finalmente de 8 millones (el máximo establecido) y el segundo recibirá 5,9 millones de euros.

El compromiso del Gobierno es transferir esas ayudas en dos entregas, la primera de las cuales llegará a las arcas municipales a lo largo de 2024, y la segunda en 2025. Por su lado, los ayuntamientos se comprometen a ejecutar las inversiones comprometidas antes del fin de 2027. Los fondos podrán destinarse a proyectos relacionados con el ciclo del agua, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la renaturalización de los territorios o la sostenibilidad de los municipios.

Los ayuntamientos serán por tanto los primeros en recibir los fondos vinculados al pacto por Doñana sellado entre la Junta y el Ministerio, y que movilizará en conjunto del orden de 1.400 millones de euros en ayudas directas e inversiones para infraestructuras en las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz. Los fondos proceden a partes iguales de las administraciones autonómicas y central, mientras que la Diputación de Huelva sumará también una aportación.

Más allá de la financiación extra de la que dispondrán los ayuntamientos, la piedra angular del acuerdo es la subvención acordada para los agricultores de Doñana, de hasta 100.000 por hectárea, por transformar cultivos de regadío en secano o ecológicos y por proceder a su renaturalización.

La relación de municipios objeto de las ayudas del pacto es la siguiente: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado (Huelva), Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas, y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

El acuerdo supuso la retirada definitiva de la proposición de ley impulsada por el PP y Vox en el Parlamento andaluz que incluía una ampliación de los regadíos en el entorno de un parque muy castigado por la falta de agua. “Todos ganan y nadie pierde“, dijo entonces el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras firmar el pacto en noviembre pasado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

“UN FRAUDE A LOS CIUDADANOS DE DOÑANA”

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, exsocialista y ahora bajo las siglas de Ilusiona, ha sido muy crítico con las condiciones de reparto y ha tachado el mismo de “fraude clarísimo a los ciudadanos de Doñana” por parte del Ministerio, que ha “asumido” el criterio de la mayoría de alcaldes, “fundamentalmente del PSOE”, según palabras recogidas por la agencia Efe.

Por su parte, la alcaldesa de Hinojos (Huelva), Joaquina del Valle (PP), ha afeado al Ministerio que haya aceptado el acuerdo de la mayoría de municipios “sin mirar más criterios”. Ha defendido que Hinojos es la zona virgen de Doñana, con un 75 % de su término municipal de especial protección, que ha estado “cuidando” de que eso se mantenga, sin cultivos extensivos de frutos rojos ni pozos ilegales: “Tenemos el tesoro de Doñana, pero eso no se ha tenido en cuenta”.

El secretario de Estado, por su parte, le ha quitado importancia al malestar de dos de los catorce ayuntamientos beneficiarios y ha ironizado con el hecho de que “todo el mundo pueda quedar razonablemente insatisfecho“.




La inversión en obra pública sigue en auge con más de 3.540 millones en 2023

  • Un informe de la patronal Ceacop refleja que el Gobierno central lidera estas inversiones y sus actuaciones son las que más crecen con un 37%

La inversión en obra pública mantiene su músculo en Andalucía y durante el pasado año 2023 volvió a crecer por tercer año consecutivo con 3.548 millones de euros movilizados en infraestructuras, lo que supone un aumento del 3,3%. Pese a esta subida, el ritmo de crecimiento de la obra pública en la comunidad sufre una importante caída, ya que en el año 2022 el aumento fue de un 23%. Así se desprende del informe anual del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP), la patronal de las pequeñas y medianas constructoras.

Este balance sitúa al Gobierno central como el organismo líder en inversiones con 1.350 millones, lo que supone un 38% del total, por delante de los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, que suman 1.012 y 968 millones, respectivamente.

El resto se reparte entre otros entes, especialmente las diputaciones provinciales, con 137 millones y las universidades, con 33 millones. Solo el Ejecutivo central incrementó su inversión durante el ejercicio pasado con un alza del 37%, mientras que el resto de administraciones redujeron sus partidas en obras.

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Las constructoras andaluzas se quejan de su escasa participación
En términos relativos, el mayor retroceso se registra en las universidades, con una caída de la inversión del 34%, la diputaciones, con un 21% menos, y los consistorios, con un descenso del 15%, mientras que la reducción en el caso del Gobierno andaluz es del 2,3%. Pese al nivel de crecimiento continuado en obra pública de los últimos años, desde CEACOP se subraya que todavía se está muy lejos de los 4.300 millones que se invirtieron de media anual entre 2006 y 2009, justo ante de la última gran crisis económica.

Según el informe, la realidad es que la inversión actual apenas supone el 56% de ese periodo de explosión económica previo a la crisis en el que la construcción vivió su momento de esplendor.

Desde una perspectiva provincial, el ranking lo encabeza Cádiz con 777,6 millones de euros, seguida de Málaga y Sevilla, con 512,4 y 492,9 millones, respectivamente. A corta distancia se sitúan Granada, con 477,8 millones, y Almería, con 422,7. El sexto lugar lo ocupa Huelva, con 298,4 millones, ligeramente por delante de Córdoba, con 296,2, mientras que en último lugar sigue manteniéndose como la provincia con menos inversión Jaén, con solo 175,9 millones.

Cádiz es la provincia que registra un mayor crecimiento debido a la enorme inversión efectuada por el Gobierno de la Nación, al pasar de 146,2 a 510,7 millones. En términos interanuales, solo tres provincias mejoran sus cifras con respecto a 2023, situándose también Cádiz en cabeza al crecer un 80%. Granada repunta un 50% y Huelva un 31%. Por contra, Sevilla retrocede un 17%, Córdoba el 16% y Almería un 12%, siendo Jaén y Málaga las que experimentan un mayor desplome con un 22% menos de inversión.

Por último, desde CEACOP se critica la decisión de no prorrogar el sistema de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras y la insuficiente modificación de la Ley de Contratos del Sector Público que, a su juicio, no resuelve la problemática de las situaciones sobrevenidas de subida de precios, lo que no va a frenar la actual sangría de licitaciones desiertas que solo en 2022 dejaron sin adjudicar en Andalucía el 5% de las obras licitadas, uno 240 millones que se dejaron de invertir.




El Gobierno margina a la construcción andaluza

  • La patronal del sector alerta de que el Ejecutivo central apenas otorga el 23% de sus adjudicaciones en Andalucía a empresas de la comunidad autónoma, mientras que en Cataluña y País Vasco se llega al 60%

 

Aunque el Gobierno central es la administración que más invierte en obra pública en Andalucía, por delante de los ayuntamientos y la Junta, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) expresó ayer su «frustración» por las escasas adjudicaciones del Ejecutivo a constructoras de la comunidad autónoma, una participación que tildó de «ridícula». «Es algo inaudito. El Gobierno no cuenta con las empresas locales y prioriza otras que no están aquí», señaló el gerente de Ceacop, Arturo Coloma. De hecho, según el informe de esta patronal relativo a 2023, el Gobierno apenas otorgó el 23% de sus adjudicaciones en Andalucía a compañías de la comunidad, mientras que en la rama de la consultoría el porcentaje alcanzó el 34%. Por el contrario, los ayuntamientos y diputaciones confiaron en las firmas regionales en más del 70% de sus obras y la propia Junta lo hizo en un 66%.

 



Las constructoras advierten sobre la mala conservación de las carreteras andaluzas

  • Ceacop lamenta la escasa inversión en infraestructuras públicas en la comunidad, 1.548 millones en 2023, y denuncia el “desprecio” del Gobierno central a las firmas de la región

Muchas carreteras de la región presentan un estado bastante defectuoso y suponen un problema de seguridad para los conductores que circulan por ellas. No es de extrañar teniendo en cuenta que las administraciones públicas dedican menos del 50% del presupuesto que haría falta para un mantenimiento anual de estas vías en una comunidad tan extensa como Andalucía.

Así lo denuncia el propio sector, según explicaban este miércoles los máximos responsables del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP). Su presidente y su gerente, Carlos López y Arturo Coloma, respectivamente, recordaban que la inversión necesaria para poder mantener la red de carreteras de la región (tanto la nacional, como la regional o la provincial y local) deberían superar los 400 millones de euros, mientras que en estos momentos no se alcanzan los 200 millones.

Por ejemplo, la Junta lleva a cabo algunos contratos de conservación consistentes en planes de choque que no alcanzan los 100 millones cuando, a juicio de Ceacop, le haría falta un presupuesto de unos 200 millones para mantener su red, que presenta importantes deficiencias, incluyendo en la A-92, que vertebra Andalucía transversalmente.

La organización empresarial lamenta además que, en muchos casos, el 70% del presupuesto de esta conservación se dedica al pago del personal dedicado a esta tarea, con lo que apenas quedan fondos para la reparación efectiva de las carreteras andaluzas.

La falta de mantenimiento de estas vías fue una de las denuncias realizadas por Ceacop en la presentación de su informe anual sobre inversión en obra pública en Andalucía en 2023, que volvió a crecer por tercer año consecutivo, si bien a un ritmo muy inferior al del ejercicio anterior. Así, el volumen económico del conjunto de todas las administraciones repuntó hasta los 3.548 millones de euros, lo que supone un 3,3% más con respecto a 2022, cuando la subida registrada fue del 23%.

En esta ocasión, es el Gobierno central el organismo más inversor, con 1.350 millones (38% del total), por delante de los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, que suman 1.012 y 968 millones respectivamente. El resto se reparte entre otros entes, especialmente las diputaciones provinciales (137 millones) y las universidades (33 millones).

Solo el Ejecutivo central ha incrementado la inversión con un alza del 37%, mientras que el resto ha reducido sus partidas. En términos relativos, el mayor retroceso se da en las universidades (-34%), diputaciones (-21%) y los consistorios (-15%), mientras que la reducción en el caso de la Junta es del 2,3%.

Carlos López calificó de “agridulce” estos datos, ya que “todavía estamos muy lejos de los 4.300 millones que se invirtieron de media anual entre 2006 y 2009, sobre todo, si consideramos el factor inflación, que supone un 43% desde 2006. Teniendo esto en cuenta, la realidad es que la inversión actual apenas supone el 56% del periodo mencionado”.

Ceacop destaca especialmente su “frustración por el desprecio del Gobierno central en los concursos públicos”. Así, denuncia “la política que viene aplicando la Administración nacional desde hace años”: el pasado ejercicio apenas otorgó el 23% de sus adjudicaciones a compañías andaluzas. Por el contrario, ayuntamientos y diputaciones confían a las firmas regionales más del 70% de sus obras y la propia Junta lo hace en un 66%, si bien este guarismo se reduce al 50% en proyectos de ingeniería.

En total, la participación de las empresas andaluzas en los contratos con todas las administraciones en 2023 apenas alcanzó un 52% de las adjudicaciones, es decir, tres puntos porcentuales menos que el ejercicio anterior y muy lejos del 75% que reclama el sector regional.

Por otra parte, la organización empresarial lamentó que muchos ayuntamientos estén obviando los decretos nacionales y regionales aprobados sobre la revisión de precios para compensar el fuerte aumento de los costes tras la guerra de Ucrania. “Es incomprensible que los alcaldes estén dando la espalda a sus empresarios locales y permitiendo que sus empresas se hundan o tengan que recurrir a los tribunales para empezar un largo procedimiento que les dará la razón cuando sea demasiado tarde”.

Junto a ello, Ceacop expresa el “rechazo frontal” de la asociación “a que se admitan ofertas temerarias, ya que supone poner en riesgo la inversión a realizar, fuerzan la competencia con bajas excesivas dificultando las condiciones del sector y pueden, además, suponer la introducción de un criterio de subjetividad en las adjudicaciones al poderse admitir o no las justificaciones de temeridad que se presentan”.

Cádiz, la que más inversión estatal recibió en 2023

Inversión pública según la administración adjudicadora en 2022 y 2023. Cifras en millones de euros.

Poniendo la lupa sobre las inversiones en las ocho provincias andaluzas, el ranking lo encabeza Cádiz con 777,6 millones de euros. El podio lo completan Málaga y Sevilla, con 512,4 y 492,9 millones. A corta distancia se sitúan Granada (477,8) y Almería (422,7). El sexto lugar lo ocupa Huelva (298,4) ligeramente por delante de Córdoba (296,2), mientras que en último lugar vuelve a aparecer Jaén con 175,9 millones.

El fuerte repunte de Cádiz se debe en su totalidad a la enorme inversión efectuada por el Gobierno, al pasar de 146,2 a 510,7 millones de euros. Entre los principales proyectos sobresalen una nueva terminal de contenedores en la capital, el enlace de Tres Caminos en San Fernando, la renovación de la línea ferroviaria Boadilla-Algeciras y obras portuarias y de instalaciones en el puerto de Algeciras, así como las depuradoras San Roque-Campo de Gibraltar y Barbate-Zahara de los Atunes.

En términos interanuales, solo tres provincias mejoran sus cifras con respecto a 2023, situándose también Cádiz en cabeza al crecer un 80%. Granada repunta un 50% y Huelva un 31%. Por el contrario, donde más empeoran los números es en Jaén y Málaga, con un desplome en ambos casos del 22% en lo que se refiere a inversión recibida. Por último, Sevilla retrocede un 17%, Córdoba el 16% y Almería un 12%.

Enlace a la noticia completa: EL CONFIDENCIAL 




La inversión en obra pública crece hasta 3.548 millones en la región, pero el Gobierno vuelve a castigar a las empresas andaluzas

◼ El informe de CEACOP de 2023 refleja que el Ejecutivo central fue el mayor inversor con un 38% del total. aunque solo adjudicó el 24% a compañías con sede en la comunidad

La inversión en obra pública en Andalucía durante 2023 volvió a crecer por tercer año consecutivo, si bien a un ritmo muy inferior al del ejercicio anterior. Así, el volumen económico del conjunto de todas las administraciones repuntó hasta los 3.548 millones de euros, lo que supone un 3,3% más con respecto a 2022, cuando la subida registrada fue del 23%, según recoge el informe que elabora anualmente el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP).

Cuadro de texto: NOTA DE PRENSAEn esta ocasión, es el Gobierno central el organismo más inversor con 1.350 millones (38% del total), por delante de los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, que suman 1.012 y 968 millones respectivamente. El resto se reparte entre otros entes, especialmente las diputaciones provinciales (137 millones) y las universidades (33 millones).

Solo el Ejecutivo central ha incrementado la inversión con un alza del 37%, mientras que el resto ha reducido sus partidas. En términos relativos, el mayor retroceso se da en las universidades (-34%), diputaciones (-21%) y los consistorios (-15%), mientras que la reducción en el caso de la Junta es del 2,3%.

El presidente de CEACOP, Carlos López Navarrete, valora positivamente este nuevo crecimiento, pero advierte de que “todavía estamos muy lejos de los 4.300 millones que se invirtieron de media anual entre 2006 y 2009, sobre todo, si consideramos el factor inflación, que supone un 43% desde 2006. Teniendo esto en cuenta, la realidad es que la inversión actual apenas supone el 56% del periodo mencionado”.

En cualquier caso, el aspecto más negativo que se desprende del informe de CEACOP es la decreciente participación de la empresa andaluza en los contratos adjudicados. En 2023 apenas alcanzó un 52% del importe total, es decir, tres puntos porcentuales menos que el ejercicio anterior y muy lejos del 75% que reclama el sector regional.

Un hecho que, en gran medida, se debe a la política que viene aplicando el Gobierno central desde hace años: en la misma línea que en 2022, apenas otorga el 23% de sus adjudicaciones a compañías andaluzas. Poniendo el foco exclusivamente en la rama de consultoría el porcentaje es del 34%. Por el contrario, ayuntamientos y diputaciones confían a las firmas regionales más del 70% de sus obras y la propia Junta lo hace en un 66%, si bien este guarismo se reduce al 50% en proyectos de ingeniería.

El gerente de CEACOP, Arturo Coloma, defiende que “estas cifras deben mejorar de manera significativa, más aun teniendo en cuenta, por un lado, las magníficas compañías andaluzas con las que contamos y, por otro, que la mayoría de comunidades autónomas apoyan de manera decidida a su tejido empresarial, porque lo consideran prioritario para generar riqueza y empleo”.

Igualmente, expresa el “rechazo frontal” de la asociación “a que se admitan ofertas temerarias, ya que supone poner en riesgo la inversión a realizar, fuerzan la competencia con bajas excesivas dificultando las condiciones del sector y pueden, además, suponer la introducción de un criterio de subjetividad en las adjudicaciones al poderse admitir o no las justificaciones de temeridad que se presentan”.

Ranking provincial

Poniendo la lupa sobre las inversiones en las ocho provincias andaluzas, el ranking lo encabeza Cádiz con 777,6 millones de euros. El podio lo completan Málaga y Sevilla, con 512,4 y 492,9 millones. A corta distancia se sitúan Granada (477,8) y Almería (422,7). El sexto lugar lo ocupa Huelva (298,4) ligeramente por delante de Córdoba (296,2), mientras que en último lugar vuelve a aparecer Jaén con 175,9 millones.

El fuerte repunte de Cádiz se debe en su totalidad a la enorme inversión efectuada por el Gobierno de la Nación, al pasar de 146,2 a 510,7 millones de euros. Entre los principales proyectos sobresalen una nueva terminal de contenedores en la capital, el enlace de Tres Caminos en San Fernando, la renovación de la línea ferroviaria Boadilla-Algeciras y obras portuarias y de instalaciones en el puerto de Algeciras, así como las depuradoras San Roque-Campo de Gibraltar y Barbate-Zahara de los Atunes.

En términos interanuales, solo tres provincias mejoran sus cifras con respecto a 2023, situándose también Cádiz en cabeza al crecer un 80%. Granada repunta un 50% y Huelva un 31%. Por el contrario, donde más empeoran los números es en Jaén y Málaga, con un desplome en ambos casos del 22% en lo que se refiere a inversión recibida. Por último, Sevilla retrocede un 17%, Córdoba el 16% y Almería un 12%.




Las constructoras andaluzas denuncian su discriminación en las obras del Gobierno central en la región

  • El Ejecutivo central sólo les adjudica el 23% de las inversiones que ejecuta en Andalucía, mientras que los ayuntamientos y la Junta les dan más del 65%
  • «Es una frustración porque las empresas catalanas y vascas se llevan el 60% de las obras públicas en sus comunidades», critica Ceacop
  • La inversión pública en Sevilla cae un 17% y se queda en menos de 500 millones

 

Las empresas andaluzas han sido discriminadas por el Gobierno central en las adjudicaciones de obra pública en 2023. Esa es la conclusión rotunda del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), que ha presentado este miércoles el informe de adjudicaciones del pasado año, según el cual el Gobierno central adjudicó en la región 1.352 millones de euros en licitaciones y sólo el 23% de ese volumen de inversión recayó en empresas andaluzas.

De los 3.548 millones de euros de obra pública que se adjudicaron en 2023 en Andalucía, el máximo inversor fue el Gobierno central, con 1.352 millones (38,1%), seguido de los ayuntamientos, con 1.012 millones (28,5%) y la Junta de Andalucía, con 968,1 millones (27,3%). Las diputaciones, universidades y otros organismos suman más del 6% del volumen de adjudicación. Teniendo en cuenta la inflación de los últimos años, la inversión pública «razonable» en Andalucía hubiera sido 6.000 millones de euros anuales, según Ceacop.

Carlos López, presidente de Ceacop, ha reclamado una mayor participación de las empresas andaluzas del sector en los contratos públicos del Gobierno central, argumentando que conocen bien los proyectos, generan riqueza y empleo estable en la región y tienen una experiencia demostrada al haber participado en las grandes infraestructuras de la comunidad. «Las empresas multinacionales vienen aquí a hacer una obra y se van», ha argumentado López, quien ha lamentado que el Gobierno central haya adjudicado el 77% del volumen de inversión en la región a empresas que no son andaluzas.

Estos datos suponen «una gran frustración del sector por el desprecio absoluto del Gobierno central al no dejarnos participar en infraestructuras que se adjudican y ejecutan en Andalucía. A pesar de que llamamos a muchas puertas, una vez más el porcentaje de obras públicas que se adjudican en Andalucía a empresas locales no llega al 23%, un porcentaje ridículo y preocupante», ha indicado.

Ayuntamientos y Junta de Andalucía

Ceacop valora positivamente que los ayuntamientos hayan adjudicado el 69% de sus obras a empresas andaluzas, en tanto que las diputaciones alcanzaron el 82% y la Junta de Andalucía el 67%. «Son infraestructuras similares a las que adjudica el Gobierno central. Estamos avalados para trabajar para la Junta de Andalucía y no para el Estado. Esto no obedece a problemas de capacidad, sino a que cuando las decisiones se toman en Madrid pues el Gobierno central parece que está más en manos de las empresas que cotizan en Bolsa o de empresas de otras comunidades, que sí tienen la oportunidad de trabajar en Andalucía mientras que nosotros no podemos hacerlo en las suyas».

«Aspiramos a alcanzar el 75% de la inversión pública en la región porque tenemos solvencia, capacidad y medios», ha indicado el presidente de Ceacop, quien ha recordado las empresas catalanas y vascas se adjudican casi el 60% de la obra pública que se licita en sus comunidades autónomas. «En Cataluña las empresas locales tienen un plus en las adjudicaciones públicas. Es un agravio comparativo porque el Gobierno central no nos permite trabajar en nuestra casa», ha sentenciado López.

Bajas temerarias y revisión de precios

Por otra parte, Ceacop ha querido llamar la atención sobre la admisión en concursos de ofertas temerarias, algo -que ha dicho- «tiene un efecto negativo en las infraestructuras y empresas porque empobrece al sector». Esta patronal afirma que estas prácticas favorecen que finalmente se produzcan «dedazos» en las adjudicaciones.

Asimismo, lamentan estas empresas que la revisión de precios que recogieron decretos del Gobierno central y de la Junta de Andalucía para compensar la subida de precios de las materias primas tras el Covid y la guerra de Ucrania no están teniendo los resultados esperados. «Las obras se han hecho y ahora muchos expedientes de petición de revisión de precios tienen la callada por respuesta, sobre todo por parte de los ayuntamientos», ha añadido Carlos López, quien ha calificado de «falta de responsabilidad» dejar este asunto en manos de los tribunales y esperar a que se resuelvan estos contenciosos dentro de tres años, sobre todo cuando se trata de pymes, algunas del mismo pueblo donde se ejecutan las obras»

En cuanto a la Junta de Andalucía, asegura que está revisando precios pero con mucha lentitud. «La Consejería de Fomento se está poniendo al día, pero la de Agricultura no está informando, y lo mismo pasa con Educación o Sanidad», aseguran las empresas.

Mantenimiento de carreteras

Preocupa y mucho a Ceacop el «abandono del mantenimiento de las carreteras», poniendo como ejemplo el estado de la A-92. Para esta patronal, está muy bien que hayan mejorado las infraestructuras educativas, sanitarias y de depuración, entre otras, pero no en detrimento de la red de carreteras, que de no arreglarse cada año exigirán una inversión mayor en el futuro. Arturo Coloma, gerente de Ceacop, calcula que todas las administraciones dedican en Andalucía algo menos de 200 millones de euros al mantenimiento de carreteras, cuando esa cantidad debería alcanzar los 400 millones de euros.

Por último, las empresas de Ceacop, entre las que hay ingenierías y constructoras, denuncian «el uso abusivo y fraudulento por parte de las administraciones de empresas públicas como Tragsa e Ineco», lo que les ha llevado a estudiar acciones legales. «Cuando hay cualquier problema con un contrato, en lugar de sacarlo de nuevo a licitación, se adjudica directamente por tres veces su coste inicial a Ineco o Tragsa, que luego terminan subcontratando, lo cual es un despilfarro de dinero público», se lamenta Coloma.




Andalucía está a la cola en reparto por habitante de los fondos Next Generation

  • Un estudio de Esade pone de relieve que aunque sea la que tiene mayor dotación, en la distribución per cápita sale queda muy perjudicada

  • Las grandes empresas acaparan el 60% de los fondos Next Generation

 

Andalucía es la comunidad autónoma española que más cuantía total tiene asignada con cargo al programa de Fondos Next Generation UE, pero una comparativa con el resto de territorios atendiendo a la población la sitúa a la cola del reparto.

Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por los profesores Manuel Hidalgo, Jorge Galindo y Javier Martínez para Esade que se difunde hoy jueves.

Este estudio ha logrado recopilar los datos de asignación y licitación, un trabajo complicado porque no hay un lugar centralizado para esta información.

Desde 2021 y hasta cierre de enero de 2024, los datos del estudio indican que de los 80.000 millones de euros asignados, España ha convocado 56.344 millones de euros (un 70%) y concedido 32.925 millones (un 41%).Un 72% de las concesiones a empresas (excluyendo autónomos, personas físicas, etcétera) se concentran en el 1% de receptores: unas 1.540. Dentro de estos, el que más acumula se lleva un 42%.

Por comunidades autónomas, Andalucía y la Comunidad Valenciana lideran la asignación total de fondos, con más de 1.200 millones cada una. En concreto, se han asignado fondos a Andalucía por valor de 1.273,1 millones de euros, frente a los 1.271,5 millones para Valencia. Cataluña, la Comunidad de Madrid y el País Vasco también presentan cifras significativas, superando los 800 millones, según los autores. 

El trabajo dirigido por el profesor de la Universidad Pablo de Olavide incide, no obstante, que una revisión de los fondos por habitantes da un resultado muy distinto: “Si lo miramos per capita, la lista la encabezan País Vasco, Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León o La Rioja (todas por encima de 300 euros per capita) en contraste con Cataluña, Andalucía, Madrid o Navarra (90 euros)”.

En esa línea, Andalucía pasa de primera comunidad en fondos totales a quinta por la cola en el reparto por habitante, con 150,3 euros per cápita. El reparto por población sólo es peor para Melilla (142,3 euros), la Comunidad de Madrid (130,8), Navarra (89,5) y Ceuta (18,3). Cataluña queda justo antes de Andalucia, con 158,3 euros per cápita.

Por sectores, el estudio detalla que, de los 16.000 millones de euros otorgados por subvenciones y licitaciones que tienen asignada una afiliación sectorial concreta (para el resto no hay datos), más de 4.000 millones (un 25%) se dedicaron a la construcción.

Necesidad de acelerar

Las conclusiones de los autores también señalan que el ritmo de ejecución no es el adecuado. “Si evaluamos este ritmo desde un punto de vista estrictamente temporal, diríamos que para cumplir en plazos debería acelerar sensiblemente”, advierten los autores, que, en términos comparativos, señalan que “salta a la vista que hay diferencias muy considerables entre territorios y sectores”, afirman.

El estudio también alerta de que otra manera de valorar estos resultados es que “la  ejecución de los fondos se ha adaptado a la estructura preexistente, siguiendo un ritmo similar al que podíamos anticipar de  antemano, yendo por los caminos de menor resistencia: las entidades y Administraciones con mayor experiencia adquirida, capacidad interna construida, y vinculadas a los componentes del Plan más  articulados (PERTEs VEC o de microchip, el Kit Digital o agencias  de energía, por ejemplo) son las que han podido responder de manera más ágil a las altas exigencias de objetivos y ejecución dispuestas por parte del Plan europeo original”.




La Junta licita por 83 millones la conservación de más de 3.500 kilómetros de carreteras andaluzas

  • Los nuevos contratos incrementarán su presupuesto un 13% de media y tendrán una vigencia de tres años con opción de prórroga

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha sacado a concurso la contratación de los servicios de conservación de 3.500 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica. La licitación de estos contratos, repartidos en 12 lotes, supone el comienzo de la renovación de los 36 contratos de mantenimiento que velan por la vialidad de los más de 10.500 kilómetros de red viaria de titularidad autonómica.

Los nuevos contratos tendrán una vigencia de tres años, más una posible prórroga de dos años más, incrementándose el presupuesto en una media del 13%. Estos lotes cuentan con dos novedades con respecto a los anteriores. El primero es que Andalucía incluye ya la revisión ordinaria de precios, conforme a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público publicada en mayo del pasado año.

Esta posibilidad, ya recogida con carácter general para los nuevos contratos de servicios que reúnan una serie de condicionantes, se suma a la revisión excepcional de precios de conservación realizada durante 2023, atendiendo una petición del sector, que había solicitado un incremento de las partidas que compensara la subida de los costes de los materiales. “La seguridad vial en nuestras carreteras debe prevalecer ante todo y, por ello, se ha priorizado en unos contratos que sean competitivos y acorde a las necesidades de la red viaria”, ha afirmado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.

Además, la consejera ha añadido que en estos contratos se han introducido mejoras en materia laboral que van a favorecer que las empresas adjudicatarias puedan hacer frente con garantías a sus obligaciones salariales con el personal de los servicios de conservación. Al respecto, ha defendido que “no sólo se defiende un buen servicio de 24 horas los 365 días al año, sino también unas condiciones dignas a la plantilla de los servicios de conservación que demuestra en cada momento su valía”.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda inicia ahora este proceso de contratación para evitar así repetir la situación producida a principios de 2019, cuando el Gobierno de Juanma Moreno se vió obligado a recurrir a contratos de emergencia debido a que la mayoría de los contratos de conservación de la red viaria de titularidad autonómica estaban caducados o a punto de expirar, y sin posibilidad alguna de recurrir a una prórroga.

Los doce servicios de conservación se han licitado divididos en dos contratos con seis lotes. Las empresas interesadas se pueden presentar a todos los lotes, pero sólo puede ser adjudicatario de uno en cada contrato. Con esta medida se trata de que sean varias empresas las que asuman estos servicios de conservación integral de carreteras y que, por tanto, haya un mayor reparto en el propio sector.

Estos lotes garantizarán la vialidad de las carreteras de las zonas Centro, Norte y Este de la provincia de Almería, las zonas Noroeste y Suroeste de la provincia de Cádiz, la zona Oeste de la provincia de Córdoba, la zona Norte y Sur de la provincia de Granada, la zona Sureste de la provincia de Huelva, la zona Sur y Sureste de la provincia de Jaén, y la zona Sur de la provincia de Sevilla. Progresivamente se licitarán el resto de contratos de servicios de las ocho provincias hasta alcanzar los 36 lotes que cubren los más de 10.500 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica.

La red viaria andaluza es la segunda en extensión de todo el territorio nacional. A ello se añade que el porcentaje de vías de gran capacidad es muy elevado, lo que obliga a dedicar más recursos a su conservación. Las labores de conservación son fundamentales para asegurar que la movilidad por las carreteras andaluzas siga realizándose en condiciones de comodidad y seguridad vial para los usuarios, y conllevan la realización de un conjunto de intervenciones de muy diversa tipología: refuerzo y rehabilitación de firmes, renovación de pavimento, elevación de rasante, mejora de intersecciones, mejora de drenaje, ordenación de accesos, control de maleza en márgenes, poda de medianas en autovías, señalización, conservación y reparación de sistemas de balizamiento y defensas.

Los servicios de las diversas operaciones de conservación tienen como principal misión garantizar que las carreteras se encuentren en condiciones normales de vialidad y seguridad. Para ello, las empresas adjudicatarias realizarán, en primer lugar, todas las actividades y operaciones de ayuda a la vialidad, reparación de elementos dañados y ayuda a la explotación. En este apartado se incluye el mantenimiento de las instalaciones generales necesarias para poder llevar a cabo los servicios de conservación y explotación.

Asimismo, desarrollarán las operaciones de conservación necesarias para mantener las carreteras en condiciones de funcionalidad, como las reparaciones de firmes, las mejoras de arcenes, la limpieza, la reposición y colocación de elementos de señalización vertical y balizamiento, el repintado de marcas viales, la reparación de obras de fábrica, la protección o,en su caso, reconstrucción de cunetas o cursos de agua, la reparación y colocación de elementos de defensa o vallas de cerramiento, la mejora de márgenes o estabilización de taludes o el control de vegetación. Por último, se incluyen actuaciones en circunstancias excepcionales que hagan necesaria la intervención inmediata de los equipos de conservación.




La Junta destaca el potencial de la obra pública hídrica como generador de riqueza y empleo

  • La viceconsejera comenta con miembros de Ceacop la gran apuesta del Gobierno andaluz por impulsar actuaciones contra la sequía

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) encabezados por su presidente, Carlos López, con quienes ha abordado “el gran potencial que tiene la obra pública hídrica para generar riqueza y empleo en el territorio andaluz en un momento tan complicado como el actual”. “Desde la Junta de Andalucía estamos trabajando, en el marco de nuestras competencias e incluso más allá, con el fin de dar a los ciudadanos los recursos que necesitan para que la economía siga funcionando y para reducir al mínimo el impacto que pueda tener la sequía como lastre del desarrollo de la región”, ha apuntado.

Además de la viceconsejera y el presidente de Ceacop, también han asistido a la reunión el secretario general, el gerente y el tesorero de esta entidad, Daniel Fernández, Arturo Coloma y Antonio Martín, respectivamente; y el secretario general de Agua de la Consejería, Ramiro Angulo.

Durante el encuentro, Consolación Vera ha puesto en valor la gran apuesta que el Gobierno andaluz viene haciendo por el impulso de proyectos hídricos, que concentran el 42% del total de la obra pública de la Junta. “Estamos en un período de sequía muy complicado que dura ya un lustro”, ha lamentado la viceconsejera, quien ha resaltado que el Ejecutivo autonómico “ha puesto en marcha ya más de un millar de actuaciones en materia hídrica que buscan mejorar la resiliencia del territorio andaluz a esta situación que ya es estructural para la Comunidad Autónoma”.

En este mismo sentido, Vera ha recordado que la Junta ha aprobado ya cuatro Decretos de Sequía “que reúnen numerosas iniciativas y una gran inversión de fondos para hacer frente a la escasez de agua”. “Más de 517 millones de euros en medidas contra la sequía sumando los cuatro decretos”, ha concretado.

Como ha recalcado Consolación Vera, “el objetivo que nos hemos marcado es avanzar hacia el necesario equilibrio hídrico de Andalucía, un equilibrio que nos permita afrontar con mayores garantías los períodos de escasez que vengan en el futuro”. “El agua es imprescindible no solo para beber, sino también para comer, porque es la base de la agricultura, y también para poder mantener en activo otros sectores que son esenciales para nuestra economía, como la industria o el turismo”, ha comentado la viceconsejera.