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Andalucía es líder en impulso de obra pública con inversiones al alza por tercer año consecutivo

  • La Política Hídrica, establecida como prioridad de trabajo de la Junta, contribuye al crecimiento económico y social de la región

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, ha participado hoy en Alameda (Málaga) en la clausura de la Asamblea Anual del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop),  donde ha resaltad el liderazgo nacional de la Comunidad Autónoma andaluza en el impulso de obra pública. “La Junta de Andalucía ha continuado creciendo en obra pública en 2023, sumando ya tres años consecutivos con inversiones al alza en este ámbito”, ha remarcado Vera.

En su intervención, la viceconsejera ha apuntado que “la apuesta sin precedentes de la Junta por las actuaciones relativas al Agua ha hecho posible que más del 40% de la obra pública andaluza esté ligada a proyectos de este ámbito”. “La Política Hídrica es una prioridad para el Gobierno de Juanma Moreno, que está contribuyendo así en gran medida a que la región pueda seguir creciendo”, ha subrayado Vera, quien ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha puesto en circulación 1.500 millones de euros para impulsar 1.097 obras relativas al Agua.

Consolación Vera ha afirmado que “Andalucía se encuentra hoy en el camino adecuado para avanzar hacia el necesario equilibrio del territorio gracias a la reactivación de la Política Hídrica que ha llevado a cabo la Junta en los últimos años”; y ha puesto en valor que esta apuesta del Gobierno regional “tiene un triple objetivo: combatir el déficit de infraestructuras, luchar contra la sequía y preparar a Andalucía para el cambio climático”. Asimismo, ha remarcado que “esta obra pública tiene un importante impacto positivo en el crecimiento económico y en la sociedad de la región, ya que contribuye a la generación de numerosos puestos de trabajo”.

En relación a Ceacop, Consolación Vera ha aplaudido “el importante papel que ejerce esta organización para la puesta en valor de un sector empresarial estratégico para el desarrollo de Andalucía”; y ha animado a los dirigentes de la entidad a “seguir adelante con una hoja de ruta que se han marcado para consolidar la colaboración público-privada en el ámbito de la construcción y dar mayor protagonismo a la obra pública”.

El acto de cierre de la asamblea ha contado también con la presencia del presidente y del gerente de Ceacop, Carlos López y Arturo Coloma, respectivamente. Además, entre otras personas también han asistido al cierre de este encuentro el director general de Infraestructuras del Agua, Álvaro Real; y el Delegado Territorial de Agricultura en Málaga, Fernando Fernández Tapia.

 
 
 



La Junta anuncia la construcción de más de 3.300 viviendas sostenibles de alquiler en Andalucía

  • Rocío Díaz afirma que se han desplegado todas las líneas del Plan Ecovivienda para aprovechar hasta el último euro de los fondos europeos

 

La Junta de Andalucía impulsará finalmente la construcción de más de 3.300 viviendas de alquiler social y energéticamente eficientes a través del Plan Ecovivienda. Así lo ha informado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, que ha puesto de manifiesto que el Gobierno andaluz está haciendo “un notable esfuerzo” para hacer buen uso de “la gran oportunidad” que suponen los fondos europeos Next Generation para impulsar la rehabilitación y la construcción de viviendas sostenibles en Andalucía.

Rocío Díaz ha hecho un repaso en la comisión de Fomento del Parlamento andaluz de las diferentes líneas de subvenciones que ha habilitado la Junta de Andalucía, con un montante global de casi 700 millones de euros. “Con estos fondos extraordinarios actuaremos en la rehabilitación energética de viviendas y bloques, pero también en la regeneración de barriadas degradadas y en incrementar la oferta de viviendas nuevas en alquiler a precio asequible”, ha manifestado la titular de Fomento.

Sobre este último punto, la consejera ha indicado que han logrado sumar 400 viviendas más a la línea 6 del Plan Ecovivienda en los últimos días. Tras las últimas gestiones, el Gobierno andaluz ha impulsado la construcción de más de 3.300 viviendas destinadas al alquiler a precio asequible repartidas en 68 promociones.

Rocío Díaz ha destacado “el trabajo realizado por el Gobierno andaluz para impulsar la colaboración entre administraciones”, ya que se trata de “terrenos de titularidad pública con los que ofrecemos respuesta a las necesidades y dificultades que los ciudadanos tienen para acceder al mercado de alquiler”. No obstante, pese a las buenas cifras, que mejoran las previsiones iniciales de la convocatoria (3.095 viviendas), la consejera ha advertido de que estas promociones habrían tenido más facilidades de financiación “si el Gobierno de España hubiera puesto en marcha el convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para permitir aplicar 4.000 millones de préstamos Next Generation”.

Rehabilitación de viviendas

Asimismo, ha mencionado los programas “desarrollados directamente para la rehabilitación y recuperación económica y social en entornos residenciales”, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los hogares andaluces. Rocío Díaz ha concretado que la línea 1 del Plan Ecovivienda, con subvenciones por valor de 100 millones de euros, permite “echar una mano a los ayuntamientos andaluces para modernizar barriadas con un parque de viviendas envejecido y escasamente adaptado a las necesidades actuales”.

Estas ayudas supondrán la rehabilitación de casi a 5.000 viviendas en 23 barriadas de las ocho provincias andaluzas, entre las que se encuentra Zapillo y Alejandro Salazar, en Almería; Parque Figueroa, en Córdoba, Santa Adela, en Granada; o San José Artesano, en Algeciras; o Pajaritos, en Sevilla, entre otros. Un paso más se ha dado esta semana, con la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de las bases reguladoras, necesarias para que los vecinos puedan acceder a estas ayudas, según ha indicado la consejera.

Asimismo, ha hecho un repaso de las líneas de ayudas del Plan Ecovivienda que van destinadas a comunidades de propietarios y vecinos, con un volumen de 214 millones repartidos en cuatro programas: rehabilitación a nivel de edificio, mejora de la eficiencia energética en viviendas, elaboración del libro del edificio y la redacción de proyectos de rehabilitación.

La consejera ha señalado que, dada la buena acogida y el volumen de demanda, se ha decidido ampliar hasta el 26 de diciembre de 2024 el plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones para la rehabilitación de edificio y vivienda destinadas a ciudadanos. Asimismo, ha precisado que se han recibido hasta la fecha más de 31.000 solicitudes, de las que se han resuelto 18.462 de forma provisional.

De igual manera, ha animado a los interesados a que se informen de las ayudas del Plan Ecovivienda a través de las 27 oficinas de rehabilitación, puestas en marcha de la mano de los colegios profesionales (Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, el de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y el de Administradores de Fincas) o a través de la web https://rehabilitaandalucia.es/.

Por último, Rocío Díaz ha insistido en que los fondos europeos del Plan Ecovivienda suponen, además de “una gran oportunidad para modernizar el parque residencial”, un “acicate para impulsar nuestra economía”. “Es una herramienta fundamental para activar el sector de la rehabilitación y la construcción, generando empleo y fortaleciendo a nuestras empresas”, ha remarcado.

Asimismo, ha reiterado que se están llevando a cabo “un notable esfuerzo” por parte del personal de la Consejería de Fomento para “aprovechar bien este dinero procedente de Europa y en desplegar con la máxima agilidad cada una de las líneas de este plan”. “Son muchas las familias andaluzas que verán mejoradas sus condiciones de vida, ya que habitarán en hogares más confortables y eficientes”, ha finalizado.




“Doñana se va a recuperar”

 

-¿La Confederación sabe cuántas hectáreas se están regando de modo ilegal en el entorno de Doñana?

-Nosotros hacemos cada año dos pasadas por satélite en la zona de la Corona Forestal de Doñana, y tenemos constancia que ahora mismo hay entre 650 y 700 hectáreas fuera de la Superficie Agrícola Regable. Esta superficie la establece el Plan de la Corona, no sólo están en la parte que es de la Confederación, sino también de la Junta, porque este plan es de la Junta. Nosotros somos competentes en agua, la competencia en agricultura y ordenación del territorio es de la Junta y de los ayuntamientos; lo que hacemos es que comunicamos a esas administraciones cuál es la situación. En el caso de la Junta, además de competente en agricultura, también lo es en medio ambiente. Ahora bien, si nosotros vemos o comprobamos o recibimos una denuncia de que en esas hectáreas hay un punto de extracción de agua, actuamos e incoamos un expediente, pero lo que no tenemos es la competencia para levantar un invernadero.

-Pero en un pozo en activo sí.

-En el momento en el que hay un punto de extracción activo, actuamos. Doñana es complicado, no sé si habéis visto estos pozos, pero se hacen de noche, en terreno arenoso, se tapan, en fin que es complicado, no son tan visibles.

-¿Cuántos habéis cerrado hasta ahora?

-Desde que estamos aquí, se han cerrado 271 pozos ilegales y otros 450 que se ha sustituido la extracción subterránea por superficial. Ahora tenemos otros 400 pozos en cartera y, además, con el decreto de sequía podemos precintar de modo cautelar con todas las garantías legales en el momento que veamos que hay una extracción. Cuando terminemos con esto, entre cierre y sustitución por aguas superficiales, habremos cerrado de 1.050 a 1.060 pozos.

-¿La superficie de riego ilegal se ha ido reduciendo? ¿Se nota?

-Cuando nosotros llegamos aquí había 1.200 hectáreas fuera de Superficie Agrícola Regable, ahora son esas 650, y creo que en ello tiene mucho que vera la actuación decidida de la Confederación y del Ministerio de Transición Ecológica.

-¿Y sabemos cuántas hectáreas de riego legal hay en el entorno de Doñana?

–Hay de 19.400 a 19.600 hectáreas. El acuífero de Doñana se divide en cinco masas subterráneas; dos de ellas, el Manto Eólico de Doñana y Marismas del Guadalquivir, son las más sensibles desde el punto de vista medioambiental para el parque nacional. Y las tres situadas más al norte, Almonte, Rocina y Marismas, son donde se sitúan esas casi 20.000 hectáreas. La mayor parte está en Almonte, en torno a unas 9.600; en Marismas, que es para que nos entendamos la zona de los Hatos, hay 3.800, y en Rocina hay 5.700. Rocina es la que más problemas tiene tanto en explotación como en contaminación por nitratos. Hemos declarado tres de las cinco masas de agua en situación de sobreexplotación, y además Rocina con contaminación por nitratos, ésta es la del Condado de Huelva.

-¿Esa cantidad de hectáreas de regadío legal es sostenible para el parque de Doñana? ¿Las aguanta?

-Sí las aguanta. Si hay gobernanza, sí. Además con la estrategia marco, ahora hay 357 millones de euros, más de 357 millones porque van a ser más, para obras hidráulicas. Vamos a sustituir la explotación de aguas subterráneas por superficiales con el trasvase y con el recrecimiento del Agrio. por otra parte, Matalascañas tiene una concesión, perfectamente legal, de casi tres hectómetros cúbicos, son 2,65, que se extraen desde cinco puntos, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dice que esas extracciones pueden estar afectando a las lagunas cercanas y, en concreto, a la del Charco del Toro. Lo que vamos a hacer es cumplir con la sentencia, cerrar dos de esos sondeos, los más cercanos a las lagunas, y trasladarlos donde no afecten a las lagunas

-Estas son las lagunas que se secan de modo recurrente.

-Esas lagunas están sobre la masa de agua subterránea del Manto Eólico, y esa masa está en buen estado. Esas lagunas, con estas últimas precipitaciones, tienen agua, pero 13 años consecutivos de sequías o fuertes sequías en Doñana han afectado al agua superficial, igual que a las marismas. Y en las marismas tenemos otro proyecto, el de conectar el Caño del Guadiamar con las marismas, que es fundamental para que vuelva a entrar una fuente que, en realidad, se amputó. Yo creo que, con la gobernanza, con la lucha contra la ilegalidad, con estas obras y con el compromiso de los regantes, vamos a recuperar Doñana. Se va a recuperar Doñana.




En Andalucía hay más de 30.000 empleos sin cubrir por falta de perfiles cualificados

  • Según la Consejera de Empleo de la Junta, hay un desfase del 21% entre lo que demandan las empresas y lo que ofrece el mercado laboral
  • La alta tasa de paro juvenil, el abandono escolar y el aumento de los fijos discontinuos preocupa a políticos y economistas
  • Fátima Báñez, Rocío Blanco, Íñigo Sagardoy y Javier González de Lara presentan el noveno informe Human Capital sobre el mercado de trabajo

En España hay 156.000 empleos que no se cubren en las empresas por falta de candidatos cualificados, de los cuales entre 25.000 y 30.000 estarían en Andalucía, donde el número de parados alcanza los 700.000. Este hecho ha sido destacado por Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en la presentación del noveno informe Human Capital Outlook que elabora el Instituto de talento e innovación EY y Sagardoy Abogados.

El informe, que realiza un profundo análisis de lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo, repasa el volumen global de vacantes en nuestro país, así como la situación del desempleo juvenil, que roza el 40% en Andalucía y en España el 28%, ha destacado el presidente de la patronal, quien ha advertido que las empresas están demandando otros perfiles profesionales y al no encontrarlos en el mercado laboral perdemos competitividad.

Por su parte, Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha admitido que existe un desfase de hasta el 21% entre lo que ofrece el mercado laboral y lo que demandan las empresas, lo que le ha llevado a trabajar mano a mano con la Consejería de Educación para incrementar la inserción laboral. En este sentido, ha recordado que su departamento trabaja desde 2019 con los principales agentes económicos y sociales en la definición de un amplio catálogo de acciones formativas orientadas a capacitar a los futuros trabajadores y a cubrir los perfiles profesionales que las empresas demandan. Además, ha subrayado que la Consejería tiene en marcha varias líneas de actuaciones para respaldar la labor de estas empresas, entre ellas una importante línea de incentivos a la contratación indefinida que movilizará 145 millones de euros destinada, principalmente, a jóvenes y colectivos vulnerables.

Asimismo, la consejera ha destacado que al incremento en el número de vacantes hay que sumar otra tendencia: la elevada tasa de paro juvenil, que se sitúa en Andalucía en el 40% mientras que en Europa está en el 14,2%, lo que -a su juicio-exige buscar soluciones dentro del Pacto Social.

De igual forma, ha mostrado Blanco su preocupación por el incremento de los costes laborales y los resultados que ha tenido la reforma laboral, ya que tenía como objetivo acabar con la temporalidad pero -ha declarado-el incremento de la contratación indefinida esconde un aumento de los contratos a tiempo parcial y de fijos discontinuos.

«Hemos recuperado el nivel de empleo prepandemia pero han caído un 5,8% el número de horas trabajadas, lo cual es un mal dato para la productividad», ha lamentado Rocío Blanco, quien ha recordado que la temporalidad no baja porque la media de contratación es de 48,5 días.

Salario Mínimo Interprofesional

En cuanto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, un 54% desde 2019, la consejera no duda de su incidencia sobre la creación de empleo, cifrando en 163.000 los puestos de trabajo que se han dejado de crear. «Eso no se ha compensado con un aumento de la productividad porque los perfiles profesionales no están muy formados», matiza.

Ha denuncia Rocío Blanco el hecho de que el Gobierno central esté abusando de los decretos leyes en su dinámica reformadora, lo que conculca la autonomía de las partes, haciendo referencia el último decreto ley que pretendió aprobar el Gobierno para establecer la prevalencia del convenio sectorial sobre el nacional.

 
 

De otro lado, Fátima Báñez ha destacado que el informe de EY y Sagardoy habla de la situación del mercado de trabajo, de las novedades jurisprudenciales y normativas a nivel europeo y español, así como la gestión de las personas, que son el factor fundamental para poder crecer y competir en los próximos años. «Creemos que Andalucía, por las condiciones que tiene de estabilidad política y dinamismo empresarial, se puede convertir de aquí a 2030 en el hub de talento de Europa», ha indicado la exministra de Trabajo y hoy presidente de la Fundación CEOE. Báñez ha destacado la evolución positiva de Andalucía, tanto en su PIB, convergencia o exportaciones.

Por su parte, el presidente de Sagardoy Abogados, Íñigo Sagardoy, ha dicho que este informe, que ha contado con la colaboración de BBVA Research, destaca el impacto de la reducción de la jornada laboral, la concentración de los fijos discontinuos en las empresas de trabajo temporal (ETT) y el incremento de las voluntarias bajas en el mercado de trabajo, registrándose tasas de absentismo «preocupantes».

Rafael Domenech, economista de BBVA Research, ha manifestado que el impacto de la reducción de la jornada laboral sin reducir el salario afectará, de llevarse a cabo, a ocho millones de asalariados. Los costes laborales unitarios aumentarían en 7 décimas en dos años, algo que se vería compensado por el dinamismo del empleo. En cuanto a la reforma laboral, ha confirmado que la tasa de temporalidad bajó en 2022 y en 2023 al menos el 22,4% de los trabajadores se vieron afectados por algún contrato fijo discontinuo. De otro lado, este economista ha indicado que más que la tasa de paro juvenil le preocupa la alta tasa de abandono, disputándonos el primer puesto con Rumanía.




Salud ha invertido más de 2.000 millones desde 2019 en modernizar infraestructuras

La consejera de Salud, Catalina García, ha destacado este lunes que su departamento ha invertido desde 2019 más de 2.000 millones de euros, en alrededor de 1.800 actuaciones para “modernizar infraestructuras y poner a la vanguardia la sanidad andaluza”.

Así lo ha manifestado en Palos de la Frontera (Huelva), donde ha inaugurado las obras de ampliación y reforma realizadas en el centro de salud de la localidad, gracias a las cuales se han incrementado las consultas médicas y de enfermería, entre otros espacios asistenciales, y ampliado los servicios a la ciudadanía con la incorporación de una nueva sala de Fisioterapia y Rehabilitación.

“En 2019, cuando llegamos al Gobierno andaluz, encontramos unas infraestructuras tanto en Atención Primaria como Hospitalaria muy deficitarias y obsoletas. Desde ese año, han sido más de 2.000 millones los invertidos. Nos queda mucho por hacer, aunque, sin duda, el esfuerzo realizado es notorio y palpable”, ha dicho.

Por otro lado, cuestionada por las críticas del PSOE en relación con las listas de espera en hospitales como el Juan Ramón Jiménez de Huelva, ha recordado que la Junta ha presentado un plan de garantía sanitaria, que estará en vigor hasta final de año, que “dotado con 280 millones de euros va a permitir reducir la lista de espera en pacientes fuera de decreto en un 60 %”.

La distribución del paquete, ha indicado, se hace dependiendo de la lista de espera que tenga cada centro sanitario: “Hemos reconocido un problema, hemos puesto soluciones y hemos dicho que vamos a poner en marcha también un grupo de trabajo para hacer un análisis de la situación en Andalucía de las listas de espera, de los decretos de garantía, de la cronicidad del envejecimiento de la población y a qué nos enfrentamos hoy y a qué nos vamos a enfrentar mañana para tener perfectamente programado el futuro de la lista de espera en Andalucía”.




Garántia bate el récord de nuevos avales en 2023 con 233 millones

 

La sociedad de avales andaluza Garántia ha superado ya los niveles de actividad históricos que logró en 2020 debido al apoyo que dio a las empresas andaluzas con motivo del Covid.

En 2023, con un crecimiento de un 9%, Garántia alcanzó los 233 millones de euros concedidos en nuevos avales, superando su cota de 2020 de 218,5 millones. El número de operaciones creció en 2023 un 12,8%, con más de 3.000 avales concedidos en un año. Con estas cifras de actividad, Garántia impulsó su cartera hasta los 814 millones de euros de riesgo con un crecimiento de más del 11%.

El sector servicios e industrial fueron los que más avales solicitaron con destino a la inversión, y en especial en el ámbito rural y de poblaciones con menor densidad. Un 72% de los nuevos avales se destinó a financiar inversiones fijas o productivas, según informa Garántia en una nota de prensa.

La participación del sector industrial en las nuevas operaciones concedidas creció más de un 40% hasta alcanzar una nueva cota en el segmento total de negocio del 14%.

Muchas operaciones en el ámbito rural y entre autónomos

Un 76% de la financiación se concedió en el ámbito rural o en poblaciones con menor densidad fortaleciendo el papel de Garántia como agente económico y financiero activo para combatir la despoblación en las áreas rurales.

“Especialmente significativo es el crecimiento y liderazgo de Garántia en el apoyo a los eslabones más débiles del tejido empresarial como son los autónomos y las empresas con mayores dificultades de acceso a la financiación como son las de menor tamaño y las de reciente creación”, señala Garantia.

Así, un 47% de los préstamos y créditos se otorgaron a autónomos, que concentraban al cierre un importe avalado de 366 millones de euros, y en el segmento de apoyo a las empresas de reciente creación sumaron a diciembre 2.788 entre pymes y autónomos.

Igualmente, Garántia posibilitó la financiación a las empresas de menor tamaño por encima de otras SGR del país, con 9.962 empresas avaladas de hasta 10 trabajadores, y 10.540 empresas con hasta 3 millones de euros de facturación.

Y también a lo largo de 2023 siguió creciendo el respaldo a la inversión con 1.296 nuevas operaciones, y al sector agroalimentario con 55 millones de euros.

Consejo de administración y accionariado

El Consejo de Administración de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), que preside Javier González de Lara y cuyo director general es Antonio Vega, ha contado con la incorporación como nuevo miembro de José Manuel Alba Torres, Secretario General Economía de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía.

Este Consejo está, además, integrado por representantes de los principales agentes económicos andaluces, de las Cámaras de Comercio, Confederaciones Empresariales, Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), además de entidades financieras, economistas de la región y miembros de la Universidad.

Tras la última ampliación de capital y las nuevas aportaciones de capital de pymes y autónomos y de la Junta de Andalucía, ambos grupos incrementan en Garántia su participación al 48,4% (24.500 socios, un 60% más que en 2017) y 30,7%, respectivamente. Por su parte, las entidades financieras, bancos y cooperativas de crédito colaboradoras, mantienen el 19,1% del accionariado, y otros socios protectores el 1,8%.

Apoyo récord desde 2017 a empresas andaluzas y ampliación de capital

Desde su constitución en 2017 hasta ahora, el volumen de financiación que se ha concedido anualmente a través del aval de Garántia ha crecido un 182%, consolidándose por encima de los 200 millones en nuevas operaciones cada año. La cartera de avales en vigor crece en este periodo más del doble (+121%), hasta alcanzar los 814 millones de euros.

En este periodo de seis años la entidad ha inducido una inversión de 1.400 millones de euros, lo que ha contribuido al empleo con la creación o mantenimiento de 57.000 puestos de trabajo en la economía andaluza, marcando un impacto positivo y en constante crecimiento.

“El crecimiento desde la constitución de Garántia pone en valor el papel de la SGR de servicio público en apoyo de la financiación que necesitan las empresas andaluzas, y en las mejores condiciones posibles, autónomos y pymes andaluces, y nuestra cada vez mayor contribución a la inversión y a la creación de empleo en nuestra comunidad”, señala la sociedad.

 



Ni Cataluña ni Andalucía, el dinero va y viene de Madrid

Ni Cataluña ni Andalucía, si una comunidad merece ser llamada locomotora de España ésa es Madrid, es la que más dinero aporta a la cesta común que se reparte entre los gobiernos autonómicos, pero también es la más beneficiada por las inversiones estatales, tanto que el Ejecutivo central gasta allí el doble en infraestructuras ferroviarias que en las provincias andaluzas y catalanas. Lo mismo ocurre con las aeroportuarias y las de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding nacional. 

Esta realidad se extrae de las tablas que el Ministerio de Hacienda, a través del Instituto de Estudios Fiscales, ha publicado esta semana para elaborar las llamadas balanzas fiscales, un asunto que encanta a los partidos catalanes porque de ellas se extraería la conclusión de que Cataluña recibe mucho menos de lo que aporta. Es el llamado déficit fiscal catalán, la clave de bóveda sobre el que se asienta el agravio que se formuló bajo el lema España nos roba.

No obstante, el mismo día que se conocía la publicación, el martes pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartó en el Senado que Cataluña vaya a contar un régimen fiscal singular, como el País Vasco y Navarra. Lo que sea del nuevo Sistema de Financiación Autonómica será común. Sólo unas horas después, el adelanto de las elecciones catalanas dio al traste con todo ello, con la negociación de modelo de financiación, con las reclamaciones independentistas sobre los impuestos. Hasta el 12 de mayo que se celebren los comicios al Parlament, España queda congelada y de su resultado dependerá la legislatura y que se conserven los acuerdos con Junts y ERC tal como se firmaron con motivo de la investidura de Pedro Sánchez.

Madrid es donde más se invierte en trenes, vía férreas, aeropuertos y sociedades estatales industriales

Pero la publicación de los saldos fiscales relativos al año 2021 dejan un buen reguero de datos y de conclusiones. La balanza fiscal no es más que la diferencia entre el beneficio que una comunidad obtiene de la Administración y su contribución tributaria a ésta. Es decir, cuánto pagan sus ciudadanos mediante impuestos y cuánto reciben, tanto del Gobierno central por medio de sus inversiones como para nutrir a la administración autonómica, que es la que presta los servicios sanitarios, educativos y sociales. Se trata de un cálculo controvertido para el que hay no hay unanimidad de modelos, en última instancia, y sólo demuestra que el Estado español es un Estado redistributivo que reparte entre ciudadanos y no entre territorios.

Adif y Renfe

Si sólo nos fijamos en las inversiones de las 92 empresas públicas del Gobierno central, que es uno de los elementos de las balanzas, Madrid es la que sale mejor parada, mientras que Andalucía no recibe ni el peso que tiene su población en el conjunto del país. Así, en el año 2021, el Ejecutivo invirtió 4.222 millones de euros en todo el país, pero sólo un 11% fue al sur, 489 millones de euros. Ese año el peso de la población andaluza fue del 17,7%. Madrid recibió el 20%, un porcentaje muy por encima de su población y Cataluña, el 12%, también inferior a su porción poblacional.

El grueso de las inversiones de las empresas del Gobierno son las ferroviarias, tanto las que hace Adif como Renfe. De éstas dos, en Andalucía se invirtieron 231 millones de euros, sólo el 9,4% de los 2.442 millones que gastaron estas empresas públicas. De nuevo Madrid fue la más beneficiada. Adif y Renfe se gastaron en el centro el 21% de sus presupuestos de inversiones. En Cataluña fue del 11%.

Lo mismo ocurre con las otras dos grandes partidas inversoras, las aeroportuarias y las de la SEPI. En aeropuertos, Madrid se llevó 121 millones de euros de los 799,8 millones totales, mientras que a Andalucía llegaron 65,5 millones. En cuanto a las industriales, la SEPI invirtió 41,3 millones de euros en nuestra comunidad; 50,4 millones en Madrid, y 41,3 millones en Cataluña.  

La inversión de las empresas públicas sólo es un factor, y menor, de cómo se distribuye el dinero en los distintos territorios. El Sistema de Financiación Autonómico (SFA) es los sustancial, y en ese aspecto Madrid es la mayor contribuyente al modelo. Este reparto está compuesto de una cesta de cuatro fondos, de los cuales el más importante es el de Garantía, que trata de igualar y colmar las necesidades de gastos sanitario, educativo y social. Si Andalucía recibió de este fondo un total de 4.965 millones de euros, Madrid aportó 4.618 millones de euros, son la cara y la cruz del sistema, la comunidad cuyo saldo positivo es mayor y la del balance negativo más amplio.

Cataluña es el siguiente contribuyente neto, con una aportación de 1.697 millones de euros, aunque esta comunidad iguala bastante su balance porque se beneficia del último fondo, el de Competitividad, ideado para las comunidades ricas, pero especialmente para la Generalitat. 

La causa de estas diferencias no es otra que la riqueza media que tienen los habitantes de un territorio. Si en Madrid y en Cataluña hay rentas más altas y empresas más notables, el Estado recauda más por los distintos impuestos. Andalucía tiene la renta per cápita más baja del país, también la de mayor desempleo, de ahí que sea la más beneficiadas en términos absolutos del sistema.

Eso no significa que esté infrafinanciada, porque es de las comunidades que menos dinero por habitante recibe de un sistema que, de por sí, es insuficiente para atender los enormes gastos sociales de las autonomías. No obstante, 2021 no fue un año malo en ese sentido, porque los fondos Covid suplieron muchas deficiencias en las comunidades, a la vez que era el Gobierno central el que asumía el coste en deuda para liberar a los ejecutivos regionales de incurrir. 




CANAL SUR TV. La inversión en obra pública en Andalucía crece un 3% en 2023, alcanzado los 3.548 millones de euros

 




Moreno afirma que el Plan de Infraestructuras Judiciales es la mayor apuesta por la modernización de la Justicia en Andalucía

  • El Plan cuenta con una inversión de 1.500 millones y es clave para tener una Justicia moderna, ágil y eficaz

 

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha indicado que el Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía 2023-2030 contará con una inversión de 1.500 millones de euros para que la comunidad andaluza tenga un modelo propio de Servicio Público de Justicia, para que los cerca de diez mil profesionales que ejercen su actividad en los juzgados andaluces lo hagan en unas condiciones óptimas de servicio y para que los 1,2 millones de asuntos que se tramitan cada año lo hagan con la mayor diligencia y seguridad.

Moreno ha señalado que este Plan supone la mayor apuesta de un Gobierno en España por la modernización de la Justicia, a la vez que ha destacado que ninguna comunidad ha invertido más en menos tiempos y en más Partidos Judiciales.

De este modo, ha explicado que esto supone un cambio total que creará nuevos ecosistemas para una Justicia moderna, digital y donde se ofrezca un trabajo ágil y eficaz. “La última finalidad es que los andaluces disfruten de una justicia rápida y de calidad, especialmente las personas vulnerables y con menos recursos, mejorando la Justicia Gratuita y garantizando la plena accesibilidad”.

En este sentido, ha indicado que se trata de una apuesta por una Justicia que proyecte eficacia y seguridad, algo que ha considerado imprescindible para generar confianza y para contribuir al desarrollo de Andalucía, a la atracción de inversiones y al bienestar de la sociedad.

El presidente andaluz ha subrayado que en 2019 cuando llegaron al Gobierno andaluz se encontraron una Administración de Justicia sin rumbo y sin un modelo para resolver los problemas que dificultaban el trabajo de los profesionales y que eternizaban los procedimientos a los ciudadanos.

Así, ha manifestado que el Ejecutivo andaluz tuvo que asumir medidas de emergencia, poner en marcha planes de choque y resolver lo más urgente para poder acometer lo importante.

De esta forma, ha explicado que se pusieron en marcha soluciones para Partidos Judiciales como Barbate, Almuñécar o Lebrija, se inició la construcción de la sede de Lucena y se demostró el nivel de compromiso de la Junta con la compra por 70 millones del Campus de Palmas Altas para que acogiera la Ciudad de la Justicia de Sevilla.

A este respecto, ha informado que se ha abordado el estudio y el análisis de las necesidades, se han estudiado los costes y la financiación y se ha dialogado hasta la saciedad para aprovechar cada euro y cada proyecto.

Moreno ha incidido en que se va a actuar en los 85 Partidos Judiciales, sin ninguna excepción, y que todas las capitales tendrán su Ciudad de la Justicia, ya que, según, ha apuntado, “tras veintisiete años de competencias tan solo Málaga, Almería y Córdoba la tienen”.

“Ya está en marcha la de Sevilla, ampliaremos la de Málaga, se ha publicado el estudio de viabilidad de Jaén, se trabaja en el proyecto de Cádiz y el de Granada, tras la compra del edificio emblemático El Cubo, y en Huelva se va a firmar en los próximos días el convenio con el Ayuntamiento para la cesión del suelo”.

Además, ha avanzado que se van a impulsar los grandes Complejos Judiciales para las ciudades de más de cien mil habitantes entre las que se encuentran Roquetas, Jerez, Marbella o Dos Hermanas y que se reforzará la vertebración construyendo o rehabilitando las sedes de las cabeceras de comarca con treinta y cuatro actuaciones.

En relación con los Partidos Judiciales más pequeños ha informado que se van a impulsar dieciséis actuaciones para mejorar sus instalaciones y que en total se van a construir o a ampliar cuarenta y dos edificios, a rehabilitar en profundidad otros dieciocho y a mejorar sustancialmente el resto. “Esto va a redundar en una mejora de la calidad de los edificios y en el incremento de un 90% de su espacio”.

En cuanto a la forma de pagar esto ha insistido en que la fórmula es la de ser eficientes en la gestión de los recursos públicos, asumiendo la importancia de actuar en la Justicia y siendo disruptivos y audaces.

El presidente de la Junta ha puntualizado que se va a invertir para evitar el gasto constante de obras de emergencias y que se van a reducir al máximo los alquileres de las sedes judiciales, pasando de sesenta y seis a solo seis, y de gastar 17 millones al año a menos de 2 millones, a lo que se suma que se reinvertirán los recursos de las sedes liberadas.

En este punto, ha aludido a la importancia de aprovechar la colaboración institucional, público-privada, que permitirá construir once de las cuarenta y dos nuevas sedes, y ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos y las diputaciones a este respecto.

Para concluir, ha mencionado el impulso que se va a dar a nuevas modalidades de contrato como la Concesión de Obra Pública para relanzar los grandes proyectos estancados como los de Jaén, Cádiz y Huelva. “Quiero destacar que, por primera vez, Andalucía podrá usar fondos europeos para sedes judiciales”.

El acto ha contado con la presencia del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; del presidente del TSJA, Lorenzo de Río; de la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, y de los presidentes de las Audiencias Provinciales, entre otras autoridades.




La inversión de Andalucía en infraestructuras sanitarias crecerá este año un 334% respecto a 2018

  • Catalina García destaca el valor de la colaboración público-privada como vía para fomentar la promoción de la salud, la prevención o la investigación

 

La Consejería de Salud y Consumo destinará en 2024 un total de 556,8 millones de euros a inversiones en infraestructuras sanitarias, lo que supone un incremento del 32% con respecto a 2023 y de un 334% si se compara con el año 2018. “Se trata de la mayor partida económica en unos Presupuestos de la Junta de Andalucía destinados a crecer en sanidad”, ha señalado la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, durante una ponencia en el IV Foro Económico Español en Andalucía. El encuentro está organizado por El Español e Invertia y en el mismo se han tratado diversos aspectos sobre la transformación de la comunidad autónoma.

Catalina García ha destacado la colaboración público-privada como vía para fomentar la promoción de la salud, la prevención o la investigación. En el marco de la segunda jornada de este foro, ha señalado cómo las cuentas para 2024 suponen un aumento del 3% respecto al año anterior, llegando a los 14.246 millones de euros, 400 millones más que en 2023 y 4.402 más que en 2018 (un 45% más).

“Superamos también el 7,5% del PIB, un dato histórico que evidencia que nuestro compromiso no son sólo palabras. Lo demostramos con certezas que trascienden de estas declaraciones, es un hecho que son mejoras para la ciudadanía, y ese es nuestro orgullo”, ha dicho.

El proyecto de los Presupuestos de 2024 contempla un gasto por habitante en sanidad de 1.695,96 euros. Esto significa un 4,11% más que en 2023 (1.629 euros) y un 45,08% más que en 2018 (1.169 euros). “Casi 527 euros más por habitante desde 2018”, ha agregado la consejera.

Durante su intervención, la titular de Salud y Consumo ha expresado la apuesta del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la Atención Primaria, cuya partida supone un 36% del presupuesto total. “Somos conscientes de que aún tiene margen de mejora, pero que se va reduciendo porque trabajamos por la renovación de sus infraestructuras. Este año, con 77,34 millones de euros para reformas y ampliaciones, pero también para la apertura de nuevos centros de salud y consultorios. Se trata de 55 proyectos que supondrán una inversión total de 225 millones de euros”, ha señalado Catalina García, que ha apuntado cómo en 2024 se destinarán cerca de 5.000 millones del presupuesto a la Atención Primaria. “Seguimos analizando y detectando en qué podemos mejorar, qué podemos hacer. Porque nuestro compromiso parte de la confianza que se ha depositado en este Gobierno para que nuestra comunidad siga creciendo”, ha añadido.

Durante su intervención la consejera también ha dado datos relativos a Atención Especializada y ha precisado que en 2024 se destinarán 8.887 millones de euros para este nivel asistencial, un 4,36% más que el año anterior. También se ha referido al esfuerzo no sólo económico (163,3 millones en 2024, un 109% más que en 2018), sino también de los profesionales en la apuesta por la continuidad asistencial para dar respuesta a las listas de espera. “En cinco años y gracias a dicho compromiso, hemos superado las 300.000 intervenciones quirúrgicas con medios propios, un 15% más que en 2018; los 9,9 millones de consultas externas, un 17% más que en 2018, y los 7,6 millones de pruebas diagnósticas ‘extra’, un 2,2% más“, ha matizado.

Renovación de equipamiento

Catalina García ha expuesto la renovación del equipamiento tecnológico en Andalucía “tras encontrar una alta obsolescencia cuando llegamos al Gobierno de Andalucía en 2019”. A modo de ejemplo ha citado la incorporación de 12 PET-TAC, 10 de ellos en sitios que antes no existían, como Almería, Jaén o Huelva; la adquisición de 32 resonancias magnéticas, 17 en nuevas ubicaciones; la de 90 nuevos TAC, 17 de ellos en sitios que antes no existían, o 37 mamógrafos de alta resolución para cribar a mujeres jóvenes, 6 en nuevas ubicaciones.

“En radioterapia, la sanidad andaluza también ha ganado 29 sistemas de guiado por imagen en 29 hospitales que antes no disponían de esos aparatos, y ha incorporado 32 aceleradores lineales de radioterapia, 6 de ellos en nuevas ubicaciones, así como un nuevo sistema de radiocirugía de precisión y 8 equipos para braquiterapia. En este momento les hablo de atención al cáncer, para la que hemos invertido sólo en tecnología 157,4 millones de euros”, ha apostillado, al tiempo que ha recordado que en el ámbito quirúrgico se han adquirido 8 robots, que suponen una mejora de la precisión, la reducción de los tiempos de ingreso, y que aportan un plus en la recuperación de los pacientes.

Para concluir, Catalina García ha señalado que “la humanización de nuestra sanidad pasa por la mejora continua. Desde la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía disponemos de las herramientas para que cada euro invertido sea garante de nuestra apuesta por la prevención, la detección precoz y la asistencia de calidad”.