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El Gobierno impulsa la primera gran ‘autopista’ del hidrógeno verde en Andalucía entre las provincias de Huelva y Sevilla

  • El Ministerio para la Transición Ecológica tramita por la vía de urgencia los primeros segmentos de la red troncal de hidrógeno, entre ellos, el de Huelva-Aznalcázar, de 59 kilómetros de longitud y que dará cobertura al proyecto Onuba de Moeve

 

La inversión de 1.000 millones de euros de Moeve en la primera fase del Valle del Hidrógeno Verde arrancaba en Huelva hace apenas dos semanas con la presencia del presidente del Gobierno y su homólogo en la Junta de Andalucía. Esta energía renovable está llamada a ser un motor de desarrollo económico para la comunidad autónoma, pero, para ello, necesita de tuberías que permitan sacar la producción al exterior y también de la red eléctrica necesaria para que la región se convierta en un suministrador de primer orden para el resto de Europa.

El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha dado un primer paso para que la primera autopista del hidrógeno verde de la comunidad sea una realidad. Así, la cartera que dirige Sara Aagesen ha informado este miércoles de que ya tramita los primeros segmentos de la Red troncal de hidrógeno, ligados a tres grandes proyectos: el de Moeve -denominado Onuba- en Huelva y otros dos en Aragón y el País Vasco.

Esta iniciativa responde a la petición de los promotores de los proyectos de hidrógeno para que a su vez anticipen sus decisiones de inversión, teniendo en cuenta que ya tienen la calificación de Proyectos de Interés Común Europeo y requerirán la inversión de unos 389 millones de euros.

Un tramo de 59 kilómetros que recibe casi 96 millones de euros

En lo que se refiere a Andalucía, esta intervención se refiere al Proyecto electrolizador Onuba (de Moeve), ubicado en Huelva, que instalará 300 MW y es beneficiario de una ayuda de 303,75 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Según ha informado el Ministerio, ha solicitado la aceleración del segmento Huelva-Aznalcázar, perteneciente al tramo Huelva-Almendralejo de la futura Red, con una longitud de 59 kilómetros, que requiere una inversión de 95,7 millones.

“Los ductos son facilitadores del corredor H2Med, que conectará la Península Ibérica con el centro de Europa, y su tramitación sigue la vía de urgencia, de modo que se reducen a la mitad los plazos del procedimiento. Todos ellos deberán superar su propia evaluación de impacto ambiental –aquí no se acorta el plazo de audiencia– y las obras tiene una duración prevista entre ocho meses y un año, según el caso”, ha indicado el Ministerio.

El Proyecto Onuba de Moeve, la gran inversión ya en marcha en la comunidad

La inversión de esta primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno de Moeve incluye la infraestructura asociada y el desarrollo de una planta fotovoltaica de autoconsumo. El proyecto, liderado por la compañía con una participación mayoritaria (51%), cuenta con una estructura accionarial “que combina experiencia industrial y financiera gracias a la incorporación de Hy24, el mayor fondo mundial especializado en hidrógeno renovable, y Cofides, la institución financiera público-privada española, como socios estratégicos con una participación conjunta del 29%”, señala Moeve en su web.

El 20% restante corresponde a una participación conjunta de Enagás Renovable, uno de los principales promotores europeos de proyectos de gas renovable, y Alter Enersun, compañía dedicada al desarrollo de instalaciones de generación de electricidad renovable.

Durante sus fases de desarrollo, construcción y puesta en marcha, el proyecto tendrá un impacto en el empleo en más de 8.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en toda la cadena de valor, y contribuirá a la actividad económica de más de 400 pymes y autónomos locales.

“Onuba tiene una capacidad de producción de aproximadamente 45.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable, evitando la emisión de unas 250.000 toneladas anuales de CO2, similares a las emisiones generadas por el parque automovilístico de combustión de las ciudades de Huelva, Cádiz y Jaén“, señala la compañía. El hidrógeno se podrá usar para la producción más sostenible de combustibles de automoción por carretera, aerolíneas y sector marítimo, además de para descarbonizar otras industrias.

De Huelva al Campo de Gibraltar

En su totalidad, el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde supone una inversión de más de 3.000 millones de euros y contará con dos centros de producción de hidrógeno verde en sus Energy Parks en Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Campo de Gibraltar, Cádiz). Este último, que supondrá la segunda fase, lleva por nombre Carteia.

Las plantas tendrán una capacidad combinada de electrólisis de 2 GW y producirán hasta 300.000 toneladas de hidrógeno verde al año. Asimismo, su construcción permitirá a Moeve impulsar la producción de biocombustibles 2G y productos derivados como el amoniaco y metanol verdes, que contribuirán a la descarbonización de nuestros clientes industriales y del sector del transporte pesado.




Andalucía lidera la construcción de viviendas en España al reducir las trabas y la burocracia

  • Se han levantado entre 171.500 y 178.800 hogares desde 2019 a 2025, superando a Madrid y Cataluña; es la tercera comunidad en el impulso a la Vivienda Protegida

 

La primera piedra para solucionar el problema de la vivienda en España, problema común en las comunidades y compartido por la propia Unión Europea, pasa por construir. Levantar más edificios para lograr casar una oferta ahora escasísima y una demanda muy elevada que provoca el gran desequilibrio en el mercado. Más ladrillo después del vacío de los últimos quince años, desde que reventara la burbuja inmobiliaria y el sector se precipitara por el abismo.

Desde entonces se ha ido multiplicando el precio hasta alcanzar números desorbitados fuera de la lógica que devoran la mayor parte del salario del ciudadano. Y por ello la preocupación ha escalado hasta la primera posición, destacándose como el gran problema señalado por todos los habitantes.

La Junta de Andalucía trabaja tanto para impulsar la construcción como para facilitarla, siendo el eje transversal de su estrategia a la que va sumando las reducciones fiscales, las ayudas especialmente a los jóvenes y la rehabilitación de numerosos inmuebles. Así ha conseguido que la comunidad lidere la obra nueva en toda España, por delante de Madrid y Cataluña.

Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), contrastados con los del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y el IECA, en la región se han levantado y/o proyectado entre 171.500 y 178.800 viviendas desde 2019 a 2025. Muy por encima de las 132.100 registradas en Madrid y las 114.200 de Cataluña.

Muy intenso y productivo resultó ser el pasado 2025. Los visados de dirección de obra de vivienda nueva alcanzaron las 33.346 unidades en Andalucía, un 6,55% más respecto al mismo periodo del año anterior, cuando ya se había notado esa aceleración. Representa un 24,1% del total nacional, una cuarta parte del pastel, con Sevilla y Málaga como locomotoras del sector. Supera por un amplio margen a Madrid (23.000), Cataluña (21.000) y la Comunidad Valenciana (17.500).

Las palancas para apresurar el ritmo han sido la eliminación de varias trabas burocráticas que restaban agilidad y la movilización de suelo. La aprobación de la LISTA (Ley del Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía) en 2021, referente en modelo urbanístico, ha reducido pasos y unificado trámites. La Junta siempre lo ha defendido como el marco territorial y urbanístico más avanzado aprobado en España en 10 años.

Las claves del modelo urbanístico

Se ha sustituido la licencia administrativa por la declaración responsable y se ha instaurado el silencio administrativo positivo en el caso de superar un plazo sin respuesta. Se pasa de un modelo basado en el control previo al de verificación posterior.

Con respecto a la movilización del suelo público, se acaba de lanzar la mayor oferta para lograr la edificación de 3.700 hogares, de los que 2.964 serán protegidos (el 80,6%) y 714 libres. No puede haber solares vacíos ni terreno en desuso que pueden ser una casa o un piso. El Decreto-ley de medidas urgentes permite transformar en viviendas suelos y locales que antes tenían usos exclusivos terciarios (comerciales, oficinas) o de equipamiento (dotacionales), sin necesidad de emprender la larga tramitación de un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Para imprimir mayor velocidad y abordar un problema que refiere soluciones urgentes se ha fomentado la colaboración público-privada. El «grave problema» de la vivienda «necesita menos ideología y más gestión», sentencia el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para expresar la diferencia de la política entre la Administración autonómica y el Gobierno de España.

En cuanto a la Vivienda Protegida, se han multiplicado por cuatro la proyección de VPO con respecto al anterior mandato socialista. Se han impulsado de momento 18.300, siendo la tercera comunidad por detrás de Cataluña y Madrid. El objetivo es alcanzar 20.000 nuevas viviendas asequibles en cinco años. Podrían ser más porque cuenta con una bolsa de suelo con capacidad para más de 43.000.

De manera recurrente, las dificultades del acceso a un hogar ocupan la agenda política y social. En esta ocasión ha sido el desahucio de Mari Carmen, en Madrid, lo que ha provocado un temblor de tierra que sirve al presidente Pedro Sánchez para intentar aprobar su decreto de emergencia este martes.

La Junta, que ha otorgado una enorme relevancia a esta cuestión con la creación de una Consejería propia y el aumento significativo de la partida presupuestaria, considera que todas estas acciones ideológicas del Ejecutivo central sólo generan inseguridad en los propietarios, y por ello se retiran muchas de las viviendas del mercado, de ahí la subida del coste del alquiler. Sólo con la construcción de más edificios se podrán enfriar esos precios.




La Junta de Andalucía lanza la mayor oferta de suelo público en diez años: 3.700 pisos en cartera

  • El mapa de la vivienda asequible de la región muestra un enorme impulso a la VPO, con grandes inversiones en Granada y Sevilla y actuaciones «quirúrgicas» en Málaga

 

La Junta de Andalucía prepara su mayor oferta de suelo público para la construcción de viviendas protegidas de esta última década. Un fuerte impulso desde la administración autonómica para afrontar una situación desesperante, con una escasísima oferta tanto para compra como para alquiler y precios inaccesibles para un amplio sector de la población.

Esta gran licitación, mediante subasta y concurso, favorecerá la construcción de 3.678 nuevos hogares. El Plan de Enajenación 2026 de AVRA (la Agencia de Vivienda y Rehabilitación) pondrá en el mercado 735 inmuebles con un valor de 124,3 millones de euros. En cifras, serán 327 parcelas residenciales con capacidad para casi 3.700 viviendas, de las que 2.964 serán protegidas (el 80%) y 714 libres. 375.000 metros cuadrados de edificabilidad para elevar la oferta residencial en las ocho provincias.

ABC ha tenido acceso a ese plan para analizar al detalle, de manera pormenorizada, las actuaciones que se planean en cada uno de los territorios, en los diferentes municipios. El plan supone un espaldarazo a la Vivienda de Protección Oficial en el sur, donde se produce una mayor asfixia por los costes y la escasa oferta, y contempla grandes desembolsos en Granada y Sevilla. Jaén aparece como la ‘trinchera’ del suelo industrial, con el objetivo de reindustrializar espacios en Alcalá la Real y Huelma, y se actúa de manera quirúrgica en Málaga, donde el suelo cotiza a precio de oro.

Jerez, capital de la Vivienda Protegida

La provincia de Cádiz es la que recibirá un mayor impulso de este Plan de Enajenación, y encabeza tanto la inversión bruta como la capacidad para generar vivienda. Son 1.102 pisos en proyección, casi un tercio de esas 3.700 anunciadas. Y destaca sobremanera la intervención de Jerez de la Frontera, epicentro de la vivienda pública con 728 VPO, proyectadas sobre 16 parcelas (15,5 millones de euros). Jerez será la capital andaluza de la vivienda protegida y las actuaciones se concentran en Puerta Sur (más de 220 unidades) y el Sector 20 (Guadabajaque Este). Son bolsas de suelo para expandir la ciudad hacia el sur con costes accesibles.

En el Campo de Gibraltar, se desbloquean 120 VPO en San Roque mientras Algeciras sumará 93 viviendas en Los Tomates. El Puerto de Santa María ha logrado reactivar el histórico suelo de la Barriada José Antonio, derribada por ser un foco de conflictividad social por culpa del narcotráfico. Habrá 55 nuevos hogares.

Granada capital asume casi toda la inversión

Salvo una pincelada en Fuentevaqueros, casi todo el importe económico destinado al residencial será para cerrar dos ‘heridas urbanas’ históricas de la capital. La gran joya del plan es su actuación en el Cuartel de Mondragones, en el centro de la ciudad, donde AVRA saca a concurso la parcela del antiguo recinto militar (11,74 millones) para edificar 282 VPO. Además, una parcela anexa para 46 viviendas.

Y además, el desarrollo del barrio de la Azulejera, en el norte, donde sacan a concurso dos grandes parcelas para 292 viviendas de protección oficial (11,8 millones de euros).

Sevilla, entre la capital y la Rinconada

La capital apura sus últimos cartuchos urbanos, con el lanzamiento de 92 viviendas (9,5 millones), 90 de ellas cerca del aeropuerto de San Pablo, tras la recalificación en Pleno municipal de una parcela terciaria. En este polígono se sacan a subasta pequeñas parcelas para completar el tejido urbano.

El gran golpe llegará en la Rinconada, con el desarrollo de Pago de Enmedio. Salen a concurso dos macroparcelas (6,5 millones) para construir 320 VPO. En el interior se proyectan 58 viviendas en Casariche.

Alivio en la costa de Huelva

La provincia onubense es la segunda de Andalucía en cuanto a número de pisos proyectados. Hay tres focos principales: la capital, que concentra su desarrollo en el entorno del Parque Moret y en sector Seminario (donde la excavación arqueológica) y comprende 355 nuevas viviendas.

Jerez, Granada, Huelva y La Rinconada concentran más de 2.000 viviendas del nuevo suelo público de la Junta

Otras 238 para Lepe y 85 parcelas unifamiliares para Bonares. También se incluyen 14 más en Cartaya.

Jaén y su reindustrialización

Jaén es la provincia andaluza con menor problema de suelo, con los precios por metro cuadrado más bajos. Su condición de interior y la ausencia de grandes urbes le favorece en este apartado, marginando esa tensión a focos muy turísticos como Úbeda y Baeza o ciertas zonas de la capital.

La Junta ha optado aquí por sacar a subasta y concurso activos para reindustrializar el territorio, con las ofertas en el polígono El Chaparral de Alcalá la Real y los de Huelma y Villacarrillo.

En cuanto a la oferta residencial, se centra en la capital (211 viviendas), Cazorla (136) y Andújar (72).

Málaga, microintervención en un mercado asfixiado

El mercado de la vivienda malagueño es, sin discusión, el que plantea mayor problemática de toda la región. La media del precio de un piso es de 4.272 euros por metro cuadrado. El suelo disponible de la Junta de Andalucía es escaso y su valor es altísimo.

Proyecta 167 hogares en la capital (que salen a licitación por 11,39 millones) y la actuación principal se sitúa en la ampliación del sector universitario, en el barrio de Teatinos, donde AVRA licita a subasta su participación en proindiviso (un 38,6% de la copropiedad) de una parcela para 29 viviendas libres. También suelo en Trinidad-Perchel, junto al centro histórico.

En el litoral, se completa con suelo para 48 inmuebles en Algarrobo.

Almería, reactivación del centro histórico

La gran intervención de la Consejería en Almería tiene lugar en el centro histórico de la capital, en el barrio de San Cristóbal. A los pies del cerro y muy cerca de la Alcazaba, los trabajos para la reurbanización de esta zona se han prolongado durante 30 años. Allí se proyectan 91 viviendas (4,73 millones de euros).

En cuanto al interior, saldrán al mercado parcelas residenciales para levantar 34 hogares en Lubrín.

Córdoba, recursos para rematar proyectos iniciados

Es la provincia con menor cifra de licitación del Plan de Enajenación y enfoca sus recursos a rematar sectores ya iniciados. En la capital se sacará suelo para 69 viviendas (1,15 millones de euros) mediante la venta de parcelas para unifamiliares y pequeños bloques residenciales en la zona del Pretorio.

En Rute, la Junta ofrece suelo para 25 VPO de iniciativa municipal.

La actuación de la Consejería permitirá la creación de 735 activos patrimoniales valorados en 124,3 millones de euros, un movimiento estratégico diseñado para aliviar la asfixia del mercado inmobiliario y revitalizar el tejido industrial en las ocho provincias de la comunidad.

El verdadero examen de esta macrooperación urbanística comenzará tras el cierre de los pliegos: la agilidad administrativa para transformar los contratos en licencias de obra determinará si el plan logra convertirse en llaves reales en los próximos 18 a 24 meses.




La mitad de las obras previstas contra la sequía en Andalucía no se han llegado a tramitar

  • La Cámara de Cuentas advierte de fallos en la planificación de obras
  • La duración media prevista de las obras pasó de 11 a 16 meses

 

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha advertido sobre el elevado número de actuaciones anunciadas pero no tramitadas por la Junta de Andalucía para combatir la sequía, lo que evidencia, según su criterio, “debilidades en la planificación y en la priorización” de actuaciones destinadas a responder con eficacia a esta situación de emergencia hídrica.

Según un informe remitido a los medios de comunicación, el organismo fiscalizador constata que de las 110 obras previstas, la mitad, 55, no han sido objeto de tramitación. Las restantes han dado lugar a la ejecución de 70 expedientes de obras. El documento subraya el caso de 17 obras no iniciadas en las cuales se aduce la falta de disponibilidad presupuestaria priorizando otras obras.

Esta circunstancia, en palabras del órgano de control, “resulta contradictorio con la información contenida en los expedientes de tramitación de cada decreto” de medidas urgentes contra la sequía, que contemplaba que la financiación de las obras fuera mediante el canon de mejora, el cual garantizaba recursos suficientes para su ejecución.

De los 70 expedientes tramitados, catorce no constituyen estrictamente contratos de obras sino la prestación de un servicio que, en once casos, tienen por objeto la redacción del proyecto de obra. “Esto resulta determinante pues diez de estos expedientes tramitados se corresponden con diez obras previstas en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 2020, cuya ejecución estaba sin iniciar todavía“, recoge el informe.

El 0,18% de la inversión procede de la Junta de Andalucía

Respecto al importe de licitación de las obras tramitadas, éste ha alcanzado los 346,40 millones de euros. Su ejecución ha supuesto 326,31 millones de gasto comprometido, según los datos disponibles a junio de 2025. La diferencia obedece a modificados de contratos, revisiones de precios y rectificaciones en las certificaciones de obras, entre otras cuestiones, según apunta la Cámara andaluza de Cuentas. De esta cifra, 252,70 millones representan los recursos destinados hasta 2024.

En cuanto a la procedencia de los recursos empleados, el 70% de la financiación del gasto comprometido procede del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés; el 22% de fondos europeos Feder y el 8% del también europeo Feader; mientras que únicamente el 0,18% se financia con recursos propios de la Junta de Andalucía, detalla el informe.

Retrasos en la ejecución de las actuaciones

Por su parte, el grado de ejecución hasta 2024 de los 70 expedientes correspondientes a 55 obras tramitadas ha sido del 83%. Las obras de emergencia han alcanzado un nivel de ejecución del 85% en relación con unas obligaciones reconocidas por importe de 119,38 millones de euros.

La duración media prevista de las obras tramitadas era de 10,59 meses, pero la real alcanzó un promedio de 16,11 meses, lo que “supone una ampliación significativa de los plazos inicialmente programados, motivada principalmente por las prórrogas autorizadas durante su ejecución“. En 39 de los 70 expedientes tramitados se han producido 54 ampliaciones de plazo.

Recomendaciones del órgano fiscalizador

Con este diagnóstico, la Cámara de Cuentas recomienda “priorizar las obras de los sistemas de explotación en los que la situación de sequía persiste, a partir de unos criterios previamente establecidos, aun cuando se haya producido una mejora coyuntural del nivel de agua embalsada”.

En segundo lugar, “impulsar la tramitación y ejecución de las obras pendientes” previstas en los decretos de sequía, evaluando de forma expresa las causas de aquellas que no hayan sido iniciadas y adoptando las medidas necesarias para su puesta en marcha cuando resulten técnica y financieramente viables.




Los materiales de construcción se encarecen y comprometen los contratos

  • Las constructoras no cotizadas alertan de incrementos cercanos al 40% en materiales bituminosos y energía

Los costes vuelven a convertirse en un problema para las empresas constructoras. Los materiales bituminosos se han encarecido un 38% entre enero y julio de 2026, mientras que la energía acumula una subida del 37% en apenas siete meses, según los datos adelantados por el Instituto Valenciano de la Edificación recogidos por Anci, la asociación que representa a las constructoras no cotizadas.

El encarecimiento se extiende a buena parte de los materiales utilizados por el sector. El aluminio y el acero corrugado presentan incrementos del 19% en los siete primeros meses del año, mientras que los materiales cerámicos cuestan un 11% más. Las empresas atribuyen esta evolución tanto al incremento de los costes de producción como al transporte.

Anci advierte de la velocidad a la que se está produciendo el aumento. Según la organización, durante los siete primeros meses del año los materiales de construcción se han encarecido prácticamente lo mismo que durante los dos años de escalada inflacionista provocada por la pandemia y posteriormente por la guerra de Ucrania.

La asociación vincula este nuevo episodio de inflación de costes con la guerra en Oriente Medio y, particularmente, con el conflicto en Irán. El impacto de la situación internacional sobre los precios energéticos se está trasladando así progresivamente a los materiales necesarios para ejecutar las obras.

El problema podría extenderse próximamente a los costes laborales. Anci apunta al repunte general de la inflación, que alcanzó el 4,3% en agosto debido especialmente a la evolución de los combustibles, y considera que esta subida terminará repercutiendo a corto plazo en el coste de la mano de obra.

Las carreteras, entre las obras más afectadas

El impacto no es igual en todos los tipos de proyectos. Según los cálculos de Anci, los sobrecostes alcanzan alrededor del 13% en las obras de carreteras y se elevan hasta una horquilla del 20% al 23% en los trabajos destinados específicamente a la renovación o rehabilitación de firmes.

Esta situación resulta especialmente problemática para los proyectos que fueron adjudicados antes de la actual crisis de precios y cuyos contratos no contemplan mecanismos ordinarios de revisión. En estos casos, las constructoras tienen que afrontar costes de ejecución muy superiores a los utilizados inicialmente para calcular sus ofertas.

La organización empresarial advierte de que estos contratos presentan un “riesgo elevado de ruptura del equilibrio económico”, ante la dificultad de absorber unas subidas de costes que no estaban previstas en el momento de la adjudicación.

La situación es todavía más compleja en determinadas obras actualmente en ejecución que fueron adjudicadas antes de 2021. En estos contratos, el nuevo episodio inflacionista se suma a las subidas acumuladas durante los últimos años y eleva los sobrecostes a entre el 27% y el 55% respecto al precio de adjudicación original.

Existe además una diferencia entre ese incremento y las compensaciones disponibles. El mecanismo excepcional de revisión de precios limita al 20% la compensación máxima, por lo que en los proyectos más afectados una parte significativa del encarecimiento tendría que ser asumida por las propias empresas.

Las constructoras piden medidas urgentes

Anci compara el escenario actual con el vivido durante 2021 y 2022, cuando la escalada del precio de las materias primas y de la energía llegó a comprometer tanto la licitación de nuevos proyectos como la viabilidad económica de obras que ya estaban en ejecución.

Aquella crisis llevó a aprobar mecanismos excepcionales de revisión de precios para determinados contratos públicos. Las constructoras consideran que el rápido encarecimiento registrado durante 2026 vuelve a justificar una intervención similar para evitar problemas en proyectos actualmente en marcha.

“La situación de alza de precios de energía y materiales, sobrevenida e impredecible, consecuencia del conflicto en Irán, requiere plantear medidas, de carácter urgente y excepcional, que aseguren la viabilidad de los contratos públicos en ejecución”, sostiene Anci.




Andalucía tiene la tercera tasa más alta de absentismo laboral en la construcción

  • El dinamismo de esta actividad en la región, unido a la elevada edad de los trabajadores ha aumentado el nivel de ausencias en el tajo

 

La tasa de absentismo en Andalucía se situó en el 7,4% en el primer trimestre de 2026, dos décimas porcentuales por debajo de la media nacional, establecida en el 7,62%. A pesar del aumento de las bajas en este periodo -se ha registrado una subida del 0,6%- la región mantiene su lugar en la parte inferior de la tabla como la sexta con menos ausencias en el trabajo junto con Valencia, según el informe periódico realizado por la consultora laboral Adecco.

Sin embargo, es llamativo que aunque la tasa general de absentismo es muy contenida, aumenta según la actividad. Es el caso de la construcción, donde se sitúa en el 7,7%, convirtiéndose en la tercera más alta del país, como señala este mismo análisis. El motivo es el alto dinamismo que viene presentado el sector con grandes desarrollos en marcha de obra nueva y miles de trabajos de reparación, rehabilitación y reforma en edificios ya habitados. Ese aumento de la ocupación, unido a la elevada edad de los trabajadores ha provocado el aumento de las ausencias en el trabajo.

En el resto de sectores las cosas son más moderadas. Para la industria es del 7% (+0,7 puntos porcentuales), de un 7,4% para los servicios (+0,5 p.p. interanuales). En esta evolución ha pesado mucho el crecimiento de las bajas médicas, conocidas como incapacidades temporales, que ha sido del 5,8% del total (un 0,4% más que en 2025). Pero el porcentaje no es aplicable a todas las actividades económicas.

Respecto a las demás autonomías, las tasas de absentismo más bajas se registran en Islas Baleares, con un 6,2%, la Comunidad de Madrid, con un 6,5% y La Rioja, con una tasa del 6,7%. Por el contrario, País Vasco se mantiene como territorio con mayor nivel de ausencias en el tajo. El porcentaje escala hasta el 9,9% tras una última subida de cuatro décimas. Le sigue Canarias, con el 9,4% y Asturias con un 9,3%.

«La presión sobre este problema sigue explicándose por la incidencia y duración de los procesos de baja médica, vinculadas al envejecimiento de la población ocupada, al peso creciente de la salud mental y a la duración media de la incapacidad temporal», señala Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute, que ha sido el departamento encargado de realizar el trabajo.

El informa aclara que los datos incluidos se han elaborado a partir de las cifras oficiales de la Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR) del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Sobre esta base, se ha realizado un análisis de la incidencia y los accidentes laborales según sexo y edad, gravedad, comunidad autónoma y sector.

El 99,2% de los accidentes laborales son de carácter leve, los mortales supone el 0,1% del total

Al analizar el número de accidentes, a nivel nacional en el primer trimestre del año se contabilizan 122.588 durante la jornada de trabajo (-10,08% intertrimestral; +0,45% interanual) y 21.245 accidentes in itinere (-16,65% intertrimestral; +5,99% interanual). Esto fija una tasa de 195 accidentes diarios por cada 100.000 afiliados (-2,2% interanual).

En cuanto a la gravedad, el 99,2% de los ocurridos durante la jornada laboral son de carácter leve, con 121.627 casos, mientras que entre los accidentes in itinere los leves representan el 99%, con 21.030 casos. Por su parte, los accidentes mortales en jornada de trabajo apenas suponen el 0,1% del total, con 146 casos (-1,35% intertrimestral; +11,45% interanual).

Por regiones, las mayores tasas de siniestralidad laboral se registran en Navarra, con una incidencia de 321 accidentes en jornada por 100.000 afiliados (+9,2% interanual), La Rioja, con 258 (-7,9% interanual), y Castilla-La Mancha, con 256 (-4,8% interanual).

En el extremo contrario, los niveles de incidencia más bajos se encuentran en la Comunidad de Madrid, con 155 (-1,6% interanual), Cataluña, con 167 accidentes (-0,8% interanual) y Canarias, con 192 (-8,6%). En el caso de Andalucía, la incidencia es de 209 accidentes en jornada por 100.000 afiliados y mes que está por encima de l media a pesar del descenso del 2,8% registrado en el primer trimestre.

Por grupos de edad, a nivel nacional, los trabajadores más jóvenes, de entre 16 y 19 años, presentan la mayor incidencia de accidentes con baja durante la jornada laboral, tanto entre los hombres, con un índice de 402, como entre las mujeres, con 152.

En cuanto a los sectores de actividad, la construcción registra la mayor incidencia de accidentes laborales, con 426 (-1,94% interanual). A continuación, se sitúan la industria, con 345 (-1,54% interanual), y el sector agrario, con 289 (-1,21% interanual). Por su parte, los servicios presenta la incidencia más baja, con 148 (-1,51% interanual).




El Estado estudiará llevar el tercer carril de la AP-4 a Cádiz

  • El delegado del Gobierno asegura que la ampliación de la autopista no está cerrada y que se analizarán todas las propuestas
  • “Ahora mismo es un proyecto provisional sometido a información pública”

 

La ampliación de la AP-4 planteada por el Gobierno de España no es definitiva. Aún hay margen de mejora. Las propuestas de la Junta y los empresarios sevillanos para que el anhelado tercer carril llegue hasta Cádiz no se descartan. Al contrario. El Ejecutivo central se compromete a tenerlas en cuenta en el proceso de información al que se someterá el proyecto, que por ahora es provisional. Un rayo de luz para rehabilitar una infraestructura clave en el desarrollo económico de la Baja Andalucía que desde la eliminación del peaje en 2020 sufre las consecuencias del incremento de tráfico y, sobre todo, del uso de vehículos pesados, lo que además de agravar su conservación provoca retenciones diarias.

La autopista que une Sevilla y Cádiz acapara, un verano más, titulares. Es en esta época del año cuando los conductores más sufren sus limitaciones, agravadas desde que hace seis años se eliminó el peaje. Por tal motivo, llegados estos meses la Junta de Andalucía y la Cámara de Comercio de Sevilla inciden en la necesidad de acabar con estos problemas, que repercuten en la conexión directa de las dos provincias.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha respondido a estas inquietudes, convertidas ya en reclamaciones históricas. Lo ha hecho dos días después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobara provisionalmente el documento técnico y el estudio de impacto ambiental del proyecto del tercer carril de la mencionada autopista entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan. Tras dicho trámite, el expediente se someterá a información pública.

Retraso acumulado

Dicho anuncio ha sido contestado por el Gobierno andaluz y la Cámara de Comercio con contundentes críticas (por el retraso acumulado) y por la solicitud de mejoras en el proyecto inicial. Entre ellas se encuentra la necesidad de que el tercer carril –en ambas sentidos– no se limite al municipio sevillano de Las Cabezas, sino que llegue hasta la propia Cádiz, con la intención de sacarle el mayor provecho a la AP-4.

Ante las exigencias, el delegado del Gobierno central ha mostrado una actitud receptiva. En una entrevista a concedida este miércoles a La Ser, ha asegurado que “todas las alegaciones que presenten administraciones, asociaciones o particulares serán estudiadas técnicamente antes de aprobar la solución definitiva”. Aunque en sus declaraciones no ha mencionado explícitamente la ampliación del tercer carril hasta la capital gaditana, esta propuesta es la que formula la entidad que preside Francisco Herrero. En este punto, Fernández ha enviado un mensaje de tranquilidad a todas las administraciones y entidades a las que concierne esta importante mejora: “Ahora mismo es un proyecto provisional sometido a información pública”.

Al menos, un talante de diálogo para un problema que no admite más tiempo de espera. Las palabras del delegado del Gobierno invitan a pensar que aún no hay nada cerrado y que se pueden admitir mejoras, como las planteadas por la Junta y los empresarios. “La propuesta actual responde a criterios estrictamente técnicos. El procedimiento se encuentra todavía en fase de información pública”, ha aclarado. Criterios técnicos, por tanto, que son susceptibles de ser mejorados con las peticiones de un sector tan importante en el tejido económico como el empresarial.

85.000 vehículos a diario

Lo que queda claro es que, con independencia de que tales propuestas se incluyan después en el proyecto definitivo, la ampliación de la AP-4 va tarde. Como ha ocurrido en otras infraestructuras –el ejemplo más cercano es la red ferroviaria de alta velocidad– la liberación de esta autopista se hizo sin las intervenciones necesarias para garantizar que diera respuesta al más que previsible aumento de tráfico. Seis años después los datos avalan el fatal augurio. La eliminación del peaje (reclamada en su día por los alcaldes del Bajo Guadalquivir) ha conllevado a que la circulación haya aumentado un 50% respecto a la que se registraba en 2019 y a que el uso que hacen los camiones de esta vía fundamental de comunicación se triplique. En números redondos, 85.000 vehículos usan diariamente la AP-4, una densidad que tiene efectos más que palpables: firme cada vez en peor estado y retenciones diarias, especialmente en estos días de vacaciones veraniegas.

Por tales motivos, el consejero de Fomento y Movilidad de la Junta, Mario Muñoz-Atanet, ante el anuncio del ministerio ha lamentado que se haya tardado más de seis años en comenzar los trámites de la ampliación, ya que desde que se eliminó el peaje fueron más que visibles las consecuencias. Una vez que el expediente se someta a información pública quedan la tramitación ambiental y la redacción del proyecto constructivo. De ahí que desde el Gobierno andaluz se pida la mayor agilidad. Una solicitud no falta de razón, si se tiene en cuenta que el ministerio ha empleado dos años en la fase inicial.

Medidas provisionales

Ante esta lentitud y la necesidad de paliar un problema que sufren miles de sevillanos y gaditanos a diario, el titular de Fomento propone medidas provisionales. Por ahora, la solución dada desde el Gobierno ha sido habilitar un tercer carril en un tramo de tres kilómetros los fines de semana de verano.

El tercer carril en la autopista propuesto por el ministerio que dirige Óscar Puente tendrá, en principio, 34,4 kilómetros de largo. Irá desde la conexión de la AP-4 con Dos Hermanas al entorno del enlace de Las Cabezas de San Juan con la carretera A-471, que lleva hasta las localidades gaditanas de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota. La inversión, según ha detallado el delegado del Gobierno, es de 225 millones de euros.




La Junta, Seiasa y los regantes firman los convenios para realizar las obras del Plan RegadíA por 138 millones de euros

  • Fernández-Pacheco subraya «la colaboración ejemplar» para llevar a cabo once proyectos fundamentales de modernización del regadío

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y comunidades de regantes han firmado este jueves los convenios para realizar las once obras beneficiarias del Plan de Modernización de Regadíos de Andalucía (RegadíA), una actuación destinada a mejorar la eficiencia hídrica, fomentar la innovación tecnológica e impulsar la transición energética y la adaptación al clima frente a los periodos de escasez de agua.

Durante el acto, en el que ha participado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, el presidente de Seiasa, Francisco Rodríguez, y los representantes de las comunidades de regantes beneficiarias, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que este programa moviliza una inversión de 138,3 millones de euros.

El consejero ha subrayado que este plan supone «una de las mayores apuestas por el regadío en Andalucía en los últimos años que, a través de un modelo de colaboración ejemplar entre el Estado, la Junta y los regantes podremos multiplicar el impacto de cada euro invertido». Se van a beneficiar de este programa 14.490 regantes y 102.495 hectáreas.

Con relación a la financiación, la Junta de Andalucía aporta 52,5 millones de euros, el 50 por ciento del coste de las obras, mientras que Seiasa destina el 20 por ciento y las comunidades de regantes, el 30 por ciento restante.

Proyectos en seis provincias

Este plan se traduce en actuaciones concretas en seis provincias a través de 11 grandes proyectos de modernización, de los cuales cuatro están en la provincia de Córdoba (uno compartido con la provincia de Sevilla), dos en Almería, dos en Jaén, uno en Cádiz, uno en Granada y otro en Sevilla.

Los proyectos beneficiarios son los siguientes: la ampliación de planta de tratamiento de aguas de riego de la Balsa del Sapo, en Almería, el proyecto de plantas solares fotovoltaicas para bombeo de aguas regeneradas y centro de control en la comunidad de regantes de la zona norte de Huércal-Overa, en Almería; o la mejora de la eficiencia hídrica-energética de las instalaciones de la zona regable del Guadalcacín, en Cádiz.

En Córdoba, se unen la instalación de planta solar fotovoltaica sobre suelo en la comunidad de regantes Canal margen izquierda río Bembézar; la balsa de almacenamiento de la comunidad de regantes de Fuente Palmera en los términos municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera; la balsa de almacenamiento de Zamacón para la modernización y consolidación de la zona regable Genil-Cabra (córdoba) y la modernización y mejora de la red de riego de la comunidad de regantes Margen izquierda del Genil, una actuación que comprende las provincias de Córdoba y Sevilla.

Se añaden también a la obra de la colectividad Cuevas del Campo fase III de la comunidad de regantes Pozo Alcón, Hinojares y Cuvas del Campo, en Granada, la modernización de las infraestructuras de riego de la comunidad de regantes Sector V subsector I de Vegas Medias Guadalquivir, en Jaén; la modernización de los regadíos de las Vegas del Guadalquivir, Vegas Altas sector VIII, también en Jaén; y la modernización y mejora del sistema de riego de la comunidad de regantes del Bajo

Guadalquivir, fase I, en Sevilla.

Estos proyectos permitirán incorporar nuevas tecnologías para optimizar cada gota de agua. Se incluyen actuaciones de eficiencia hídrica y energética, instalaciones fotovoltaicas para reducir los costes energéticos de las explotaciones, infraestructuras de almacenamiento que aumentan la capacidad de regulación y ofrecen mayor seguridad a los regantes, y también sistemas inteligentes de control y digitalización que permitirán conocer en tiempo real los consumos y mejorar la gestión del recurso.

Apuesta inequívoca por el regadío

«Hablamos, en definitiva, de modernizar el regadío para hacerlo más competitivo, más rentable y también más respetuoso con el medio ambiente», ha afirmado Fernández-Pacheco, para quien el Plan RegadíA «no es una actuación aislada». Según ha explicado, forma parte de «una estrategia mucho más amplia» para seguir fortaleciendo el regadío andaluz.

De hecho, el Gobierno andaluz va a impulsar la Ley del Regadío Sostenible de Andalucía y va a destinar 165 millones al Plan PARRA, que construirá terciarios y conducciones para llevar el agua regenerada desde las depuradoras hasta las comunidades de regantes. También ha aprobado ayudas de 12 millones de euros para la construcción de balsas. Una estrategia que va a movilizar más de 300 millones de euros y que supone «una apuesta inequívoca por el regadío».

Junto a ello, el consejero ha agradecido el compromiso de las comunidades de regantes, asegurando que son «un ejemplo de responsabilidad». «Habéis demostrado que la gestión colectiva del agua funciona; habéis sabido adaptaros a circunstancias muy difíciles y seguir produciendo alimentos de calidad incluso en los momentos más complicados. Y ese esfuerzo merece el respaldo de las administraciones», ha subrayado.




Un «error humano» retrasa cerca de 90 obras hidráulicas y servicios de la Junta de Andalucía

  • Agricultura asume que tendrá que volver a licitar depuradoras y otras actuaciones por más de 280 millones por un fallo en la publicación en el boletín de la UE

Un «error humano» obliga a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía a anular y licitar de nuevo cerca de 90 obras hidráulicas y servicios de ingeniería valorados en más de 280 millones de euros que se encontraban en diferentes fases de contratación. Las alarmas saltaron tras comprobarse que, durante dos años, entre febrero de 2024 y marzo de 2026, no se publicaron los correspondientes anuncios en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), un requisito indispensable para todas las licitaciones de obras públicas de envergadura comunitaria.

El origen de este «contratiempo administrativo», como lo ha calificado la Consejería de la Junta de Andalucía, obedece a un cambio en el programa informático del departamento en el que se registran las contrataciones. Durante el proceso de transición de la plataforma informática, se dio erróneamente por hecho que los anuncios de proyectos estaban publicados en el boletín de la UE, cuando en realidad nunca llegaron a difundirse en el órgano comunitario, precisaron a ABC desde Agricultura.

En total, la incidencia técnica ha afectado a 112 expedientes distintos que suman casi 362 millones de euros, de los que 81,8 millones corresponden a 26 encargos ya adjudicados que van a seguir adelante (ocho contratos de obra, quince direcciones de obra y tres servicios). Desde el departamento que dirige el consejero Ramón Fernández-Pacheco, recién renovado en su cargo tras la constitución del nuevo Gobierno del PP y Vox presidido por Juanma Moreno, han admitido que esta anomalía tendrá como inevitable consecuencia «el retraso de las actuaciones» hídricas programadas en el territorio andaluz.

El Ejecutivo autonómico aclara en que, en ningún caso, «se perderán» las inversiones programadas para paliar la sequía y optimizar la red de saneamiento. La mayor parte de los proyectos afectados (86 obras y servicios técnicos) tendrán que ser revisados exhaustivamente y, casi con total seguridad, su tramitación administrativa se retrotraerá al punto de partida para emprender un nuevo concurso.

La drástica decisión de anular los concursos se tomó tras solicitar informes jurídicos de urgencia. Al detectar el error, el departamento de Agricultura solicitó un dictamen a los letrados de la Junta. Los servicios jurídicos dictaminaron que la omisión de publicidad en el boletín comunitario convertía a los proyectos no adjudicados en nulos de pleno derecho, haciendo inviable continuar con el procedimiento. «Esta situación obliga a revisar y, en algunos casos, a volver a licitar determinadas actuaciones hidráulicas», reconocen desde la Consejería.

Seguridad jurídica para las obras adjudicadas

Al margen de la anulación generalizada de los expedientes en trámite, obras y servicios que ya habían sido formalmente adjudicadas por un importe global de 81,8 millones de euros no se van a ver interrumpidos. La Consejería ha decidido que estas actuaciones sigan su curso para garantizar la seguridad jurídica del proceso y no causar perjuicios económicos ni a las empresas adjudicatarias ni a los propios proyectos, que en gran parte corresponden a necesarias estaciones depuradoras de agua en distintos municipios andaluces.

Dentro de este bloque de contratos afectados sobresale la mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Huelva, cuya inversión supera los 36,2 millones de euros y que fue adjudicada en octubre de 2025. Este proyecto, declarado de Interés de la Comunidad Autónoma en 2010, busca adecuar la EDAR a las condiciones exigidas para cumplir con los parámetros normativos de reducción de nitrógeno y fósforo, al encuadrarse la aglomeración urbana de Huelva en la Zona Sensible denominada Desembocadura del Río Tinto.

Vuelta a la casilla de salida

En el lado opuesto de la balanza se encuentran las infraestructuras que tendrán que esperar y volver a la casilla de salida. Es el caso de la esperada nueva EDAR y los colectores de Villanueva del Río y Minas, en la provincia de Sevilla, una infraestructura valorada en 24,2 millones de euros cuyo inicio de contratación fue autorizado por el Consejo de Gobierno andaluz en enero de 2026. Idéntica suerte de parálisis sufrirá la nueva EDAR de Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba, que la Junta sacó a licitación pública hace justo un año y que ahora queda anulada de raíz.

Responsables de la Consejería de Agricultura se reunieron a finales de junio con las principales patronales para explicarles el fallo

Para atajar el descontento de la industria de la obra pública, la cúpula de la Consejería de Agricultura inició a finales del pasado mes de junio una ronda urgente de contactos con el sector. Fuentes de la Consejería explican que, tan pronto como recibieron los informes jurídicos, se reunieron con las principales patronales de infraestructuras hidráulicas y de ingeniería para «darles a conocer la situación de manera directa» y evitar la desconfianza del tejido productivo.

Una de las citas determinantes tuvo lugar el 25 de junio con los máximos responsables de la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía, Ceuta y Melilla (Asica). En dicho encuentro, la viceconsejera de Agricultura, Consolación Vera Sánchez, y el secretario general del Agua, Ramiro Angulo Sánchez, explicaron el impacto técnico de la incidencia en los 105 expedientes y reiteraron que la Junta está actuando con «la máxima diligencia» para corregir los procedimientos y solventar el fallo de registro.

Encarecimiento de los materiales

Los portavoces del departamento de Fernández-Pacheco expusieron que tienen capacidad operativa para que todas las obras no adjudicadas sean reprogramadas y estén publicadas en curso de licitación «en menos de dos meses y medio». Desde Agricultura indicaron que algunos responsables del sector les solicitaron expresamente que no sacaran todas las actuaciones afectadas de una tacada, al objeto de permitir que las compañías dispongan de capacidad técnica y solvencia para concurrir a todos los concursos.

Paradójicamente, este error administrativo ofrece una inesperada ventana de oportunidad para el sector privado. La revisión de los concursos posibilita revisar al alza los presupuestos de licitación, desfasados tras la escalada inflacionista que ha encarecido los precios de los materiales desde 2024. Este aumento global de costes se ha visto especialmente tensionado por la crisis logística derivada de incidentes geopolíticos como el cierre del Estrecho de Ormuz debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, una escalada bélica que ha restringido el comercio mundial de productos que van mucho más allá del petróleo y el gas natural.

Finalmente, desde la Consejería de Agricultura defienden que han operado con total transparencia de cara a los operadores y la opinión pública para exponer el error. «La incidencia no cuestiona la necesidad, la utilidad ni la viabilidad de las obras hidráulicas programadas», afirman con contundencia. Asimismo, puntualizan para concluir que «el compromiso del Gobierno andaluz con las infraestructuras hidráulicas y con la ejecución de las inversiones en materia de agua es incuestionable».




El 74% de las empresas andaluzas prevén reforzar sus plantillas y aumentar su negocio

  • Una encuesta de Deloitte a directores financieros revela prudencia en las inversiones por las tensiones geopolíticas, el aumento de costes y la desaceleración de la economía

 

Más de dos tercios de las empresas andaluzas anticipan incrementos en sus plantillas, reforzando las expectativas de crecimiento y actividad económica, según la encuesta realizada por Deloitte a directores financieros (CFO) de compañías radicadas en esta comunidad autónoma, que confirman que el tejido empresarial regional encara los próximos meses con una combinación de prudencia y confianza. El pulso de los directores financieros de las principales compañías de la región refleja un escenario de estabilidad con perspectivas de crecimiento progresivo, en el que la gestión del riesgo convive con una clara apuesta por el desarrollo.

La muestra analizada incluye un total de 35 compañías de sectores que abarcan desde los bienes de consumo a construcción, energía, industrial, retail, sector público y tecnología. Dentro de esas empresas hay empresas familiares, propiedad de fondos de capital privado, del Estado, respalda por capital riesgo e incluso cotizadas. Los resultados reflejan una mejora gradual de la percepción empresarial: cerca de cuatro de cada diez compañías se muestran más optimistas que hace tres meses, mientras que algo más de un tercio mantiene sus expectativas sin cambios.

Las empresas familiares, que constituyen el grupo más numeroso, muestran una mayor inclinación al optimismo relativo, mientras que las respaldas por capital riesgo están más divididas. Por sectores, los bienes de consumo y la industria destacan por su mayor número de respuestas optimistas, mientras que otros sectores presentan una mayor dispersión por percepciones.

Las previsiones apuntan a un crecimiento moderado pero sostenido. Las compañías anticipan incrementos tanto en ingresos como en márgenes operativos, aunque estos últimos continúan sometidos a presión. En paralelo, el empleo emerge como uno de los principales vectores positivos. En este sentido, el 74% de las empresas prevé ampliar sus plantillas de forma gradual, consolidando una estrategia de crecimiento que sitúa en el centro el talento y las capacidades internas.

Prudencia en las inversiones

El impulso inversor se mantiene, aunque bajo criterios de cautela. Las compañías mantienen sus planes de crecimiento y expansión, lo que pone de manifiesto una visión positiva sobre sus perspectivas de negocio. Factores como las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los precios energéticos y de materias primas, la desaceleración de la economía europea o el aumento de los costes laborales continúan condicionando la toma de decisiones. Los CFO muestran una fuerte preocupación por las interrupciones en transporte y logística, los cambios en la política comercial, la escalada de conflictos en Oriente Medio y los impactos en el suministro energético.

Las expectativas de inflación se sitúan mayoritariamente en un rango del 2,5 al 4%, tanto en España como en la zona Euro. Esta previsión es coherente con un escenario de moderación inflacionista, aunque por encima de los objetivos del Banco Central Europeo. En lo que respecta al nivel de incertidumbre, la mayoría de los CFO los califica como alto o muy alto, lo que confirma la persistencia de un entorno complejo y cambiante. De hecho, la mayoría de los encuestados considera que no es buen momento para asumir mayores riesgos en el balance, lo que evidencia una estrategia financiera conservadora.

Desde el punto de vista estratégico, las prioridades de las compañías muestran una orientación clara hacia el crecimiento sostenible. Entre las principales palancas destacan el refuerzo de la base de clientes, el impulso del crecimiento orgánico y la mejora de la productividad. Asimismo, la digitalización y la optimización de costes se consolidan como elementos clave para mejorar la competitividad. A ello se suma el foco en la captación y desarrollo de talento, así como en la mejora del flujo de caja, aspectos que adquieren un protagonismo creciente en la función financiera.

“Las empresas andaluzas están demostrando su capacidad para adaptarse a un entorno económico exigente sin renunciar a sus objetivos de crecimiento. La función financiera está asumiendo un papel cada vez más estratégico en la toma de decisiones, contribuyendo a reforzar la resiliencia y la competitividad de las organizaciones. De cara al futuro, la apuesta por el talento, la eficiencia y la digitalización será clave para impulsar un crecimiento sostenible y generar nuevas oportunidades de negocio”, señala José Pérez Paniagua, socio de Audit & Assurance de Deloitte