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La política de cohesión europea ha aportado a Andalucía 43.400 millones desde 1986

  • Los fondos europeos diseñados para acercar la economía andaluza a la media de la UE han contribuido al desarrollo regional pero sin lograr el objetivo de convergencia planteado

 

En menos de dos semanas, el domingo 9 de junio, 6.754.636 andaluces (residan en las ocho provincias o en el extranjero) están llamados a votar en las elecciones al Parlamento Europeo, junto a unos 370 millones de electores de los 27 estados miembros de la Unión Europea.

Más allá de los 720 parlamentarios –15 más que hace cinco años– que se elegirán –61 de ellos en España en circunscripción única estatal–, lo que los andaluces se juegan son las políticas que han permitido financiar el desarrollo de la región en los últimos 38 años, periodo coincidente de la pertenencia de España a la UE.

Andalucía ha sido la comunidad autónoma que más fondos de la política de cohesión desarrollada por la Unión ha recibido en España. El cálculo no es nada sencillo, porque son fondos de gestión conjunta entre la Comisión Europea y los distintos estados perceptores. Según fuentes comunitarias, una reciente estimación realizada con datos oficiales sitúa el montante global recibido por Andalucía desde 1986 en 43.400 millones de euros en fondos para la cohesión, una cuantía que casi iguala el presupuesto récord de la Junta de Andalucía para 2024.

Las fuentes consultadas recalcan que, aunque se trate de “una aproximación”, ésta es “muy fiable”. De hecho, los datos en poder de este medio desglosados por tipo de fondo y por periodo de ejecución de la programación financiera comunitaria arrojan un sumatorio que ronda los 43.000 millones de euros, aunque se trata de los principales programas (faltan algunos que no son de cohesión) desarrollados en estos casi 40 años, la mayoría coincidentes con el propio desarrollo autonómico andaluz, puesto que la entrada en la entonces Comunidad Económica Europea se produjo al tiempo que comenzaba la segunda legislatura andaluza.

Los principales programas de cohesión en los que Andalucía ha recibido financiación europea son el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) –que cumplen ahora 50 años de ejecución–, los Fondos de Cohesión –que en 2024 celebran su trigésimo aniversario–, el Fondo Social Europeo, el Fondo Marítimo y de Pesca, el Fondo de ayuda a los más necesitados (Fead) y la Iniciativa de empleo juvenil (destinado a jóvenes que ni estudian ni trabajan).

La cuantía recibida de estos programas en Andalucía supera con mucho la de otras autonomías andaluzas. Así por ejemplo, con la misma estimación de 43.400 millones, Galicia recibió 18.500 millones, Castilla y León 14.600 o Cataluña 12.400. Una comparativa que da idea de la diferencia de financiación recibida, aunque hay que tener en cuenta que Andalucía es la región más poblada de España y la segunda con más territorio.

Los datos en poder de este periódico sitúan a los Feder como el programa que más financiación ha destinado a Andalucía, por encima de los 26.500 millones de euros. Le sigue el Fondo Social Europeo con más de 6.600 millones, el Fondo Agrario y de Desarrollo Rural, que supera los 5.800 millones. A gran distancia ya están el programa de Fondos de Cohesión, que se acerca a los 2.500 millones de euros.

Esta ingente dotación de fondos ha contribuido sin duda al desarrollo económico y social de Andalucía en estos casi cuarenta años, pero el objetivo de la política de cohesión, dotar de fondos que permiten alcanzar los objetivos de convergencia entre regiones de la UE, no se ha conseguido.

Así lo suscribe el catedrático de economía Francisco Ferraro, que subraya que en el tiempo transcurrido desde 1986, “Andalucía no ha convergido, sino que ha divergido respecto de la UE en términos de PIB per cápita”.

Ferraro cita, al ser preguntado por este periódico, un dato que tiene cercano: “Sólo entre los años 2000 y 2022, Andalucía ha perdido siete puntos porcentuales de convergencia, porque ha pasado del 67,7% al 60,7% de la renta per cápita de la UE”.

La divergencia, además, es bastante mayor respecto al conjunto de países que integran la OCDE o a Estados Unidos. “En relación al conjunto de España hemos conseguido mantener la posición que teníamos, con pequeñas variaciones”, explica Ferraro.

El también consejero editorial de Grupo Joly, editor de este periódico, considera que, “en términos de eficiencia, la aplicación de los fondos ha sido más o menos aceptable en sectores como la agricultura”, pero no “en los que buscaban el desarrollo económico regional”.

El uso de fondos en infraestructuras y de incentivo al empleo no lo estima este experto adecuado. “Se ha optado por una política análoga a la social, ofrecer muchas ayudas a empresas débiles, en vez de fortalecer los sectores que fuesen más competitivos”, sostiene Ferraro, que es especialmente crítico con el uso de fondos que “crearon empleo de forma efímera”. “Esto me parece un despilfarro”, añade categórico.

El catedrático cita como un ejemplo contrario el caso de Irlanda, donde se aplicaron los fondos esencialmente en educación, en vez de en infraestructuras y empleo que no permanece en el tejido productivo. “Irlanda, aun con el contexto de relación privilegiada con EEUU y de política fiscal amable con las empresas, sí ha logrado converger y superar la renta de la UE”.

Ferraro recuerda además que la responsabilidad del uso dado a estos fondos es compartida entre los distintos gobiernos estatales y de la Junta de Andalucía que ha habido en este largo periodo.




Mil obras hídricas en Andalucía para reducir el gasto de agua y torcer el brazo a la sequía

 

La gestión del agua es estratégica en Andalucía porque es la base de su economía (agricultura y turismo) y la sequía no es un accidente cíclico sino una característica que define el clima de la comunidad autónoma que, además, seguirá aumentando por el alto impacto del cambio climático. La Junta impulsó en 2020 el Pacto Andaluz por el Agua, un plan de trabajo que se aprobó en el Parlamento, que contó con la participación de los sectores implicados, y que se está cumpliendo. A este plan se suma la implicación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, CHG, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, y de las empresas privadas.El resultado de todas estas medidas son más de mil obras hídricas que pretenden aprovechar mejor los recursos disponibles reduciendo el gasto de agua y regenerando el mayor volumen posible para la agricultura. Eso además de garantizar un mínimo vital de agua para las familias.La inversión que se está ejecutando es elevada; sólo la Junta de Andalucía ha invertido 1.500 millones de euros, el 70% de los cuales ya se han gastado. Hay 111 grandes obras finalizadas de depuración, abastecimiento en alta, de lucha contra la sequía y presas; 90 obras en ejecución, 52 en fase de licitación y se están redactando otros 244 proyectos de obras hídricas.Este zafarrancho de obras incluye un tipo de intervenciones que pueden resultar menores pero que, desde el punto de vista ecológico, tienen un alto impacto. Así, se han realizado más de 600 obras de restauración de los cauces de los ríos en las que se incluyen el Guadalmedina, el Guadalhorce, el Adra, y el Río Andarax. Y esto en lo que se refiere a los fondos movilizados por la Junta de Andalucía a los que se suman otros 630 millones en infraestructuras que dependen de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén.El discurso del presidente de la Junta, Juanma Moreno, pasa por defender el reconocimiento de la “singularidad hídrica” de Andalucía en el marco de la Unión Europea. Entiende que es importante para el progreso social y económico de la comunidad autónoma y por ello demanda que en la próxima legislatura, la Comisión Europea tenga un comisario de aguas, un empeño particularmente complicado ya que el problema del agua no se entiende bien en Bruselas.El argumento desde Andalucía pasa por defender que la huerta de Europa necesita un agua que no tiene para regar sus cultivos. Y eso a pesar de que están cumpliendo su parte. Porque en Andalucía se regenera el 17,5% de sus aguas, una capacidad que se ha cuadruplicado desde 2019 y que está por encima de la media de España, situada en el 11% y, sobre todo, supera con creces la media de Europa que sólo regenera el 5% del agua que consume. Desde el Gobierno andaluz entienden que este esfuerzo es su principal valor para demandar más inversiones en infraestructuras hídricas, así como otro tipo de medidas complementarias vía subvenciones.Sobre todo porque en los planes estratégicos de la Junta se incluye duplicar el volumen de agua regeneradas hasta 140 metros cúbicos al año para 2026, convirtiéndose así en la comunidad autónoma con mayor volumen de toda España.

Las depuradorasLa depuración del agua es uno de los principales problemas de gestión en Andalucía. De hecho, la Unión Europea tiene abiertos varios expedientes sancionadores al Reino de España por falta de depuración en sus aguas, entre ellas por la polémica que no termina de funcionar correctamente en Matalascañas, justamente al lado del Parque Nacional de Doñana. Los datos también hablan claros en este sentido: se depuran 56 hectómetros cúbicos al año, y el objetivo es sumar 116 hectómetros cúbicos al año.La buena noticia es que, al menos, las obras ejecutadas han logrado 252 hectómetros cúbicos más de agua en dos años y medio tanto para el abastecimiento de la población como para el regadío que han llegado hasta 17.300 hectáreas y más de 3,5 millones de andaluces.




La Junta envía al Ministerio de Transportes el estudio de conexión entre Santa Justa y San Pablo

  • Rocío Díaz asegura que el estudio busca “ganar tiempo” para que el Ministerio pueda saldar una demanda histórica con Sevilla

 

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha informado de que ya se ha enviado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el estudio para la conexión de la estación de tren de Santa Justa con el aeropuerto de San Pablo. Rocío Díaz confía en que este estudio “sirva de base al Gobierno de España para elaborar el proyecto y ejecutar una obra que es de su competencia”.

La consejera ha recordado en la comisión de Fomento del Parlamento que la Junta de Andalucía que este estudio se redactó con “el único objetivo de ganar tiempo, trabajando de manera coordinada con el Ministerio, en el marco de nuestras competencias”. En este sentido, ha recordado que el entonces ministro Ábalos dio su beneplácito a que fuera la Junta de Andalucía la que elaborara el estudio. “Una fórmula de colaboración entre administraciones que no es nueva, y que ya se había llevado a cabo en anteriores ocasiones dentro del ámbito ferroviario de competencia estatal, tanto con los anteriores gobiernos socialistas, como en la pasada legislatura, bajo el Gobierno de Juanma Moreno, con la redacción del estudio para crear el Cercanías en Bajo Andarax”.

Díaz ha lamentado que, cuando ya estaba licitado el estudio de conexión entre Santa Justa y San Pablo, el Ministerio de Transportes “cambiara de opinión” y encargara un estudio paralelo, por 642.000 euros, con un plazo de elaboración de dos años, y que “ahora mismo se encuentra en fase inicial, mientras que la Junta ya dispone del estudio de alternativas”.

La consejera ha recordado que la conexión de Santa Justa con San Pablo “es una de las grandes demandas históricas de la capital andaluza”. “Es necesario dar una respuesta urgente y rápida al desarrollo de esta conexión, porque Sevilla es la única entre las grandes capitales españolas que no tiene conexión ferroviaria al aeropuerto“, pese a ser uno de los destinos con mayor aumento de viajeros en los últimos años. Al respecto, ha recordado que en la última década ha triplicado el número de viajeros, pasando de los algo más de 3,5 millones en 2013 a los 8 millones de 2023, año en el que ha alcanzado su máximo histórico. “Un aeropuerto que, con su reciente ampliación, puede llegar a recibir 10 millones de pasajeros al año”.

Rocío Díaz ha detallado el proceso de elaboración del estudio, en el que se han realizado más de 4.800 encuestas a los usuarios del aeropuerto y a sus trabajadores, además de a la población de barriadas y polígonos cercanos a los que se esta actuación dará servicio, con el objetivo de analizar la solución más adecuada.

Los resultados arrojados por el estudio de alternativas vienen a corroborar una evidencia. Tras analizar otros modos de conexión posibles –tranvía, metro o sistemas de autobús en plataforma reservada tipo BRT (Bus Rapid Transit)–, “recomienda, sin lugar a dudas, el ferrocarril como la solución más adecuada para realizar la conexión, lo que permite solicitar a Europa los fondos necesarios para su ejecución”.

Además, el estudio ofrece tres alternativas de trazado, siendo la primera la más optima, y por tanto, la que la Junta de Andalucía recomienda al Gobierno de España. Así, la consejera ha repasado con detalle cada una de las tres alternativas en la comisión del Parlamento.

La alternativa 1, de casi 5 kilómetros, uniría Santa Justa con el aeropuerto aprovechando el trazado de la actual línea C4 de trenes de Cercanías, con una estación intermedia a construir en el Parque Alcosa-Sevilla Este, para atender la demanda de estos barrios. La siguiente parada sería la estación del Palacio de Congreso (FIBES), y su desarrollo sería soterrado por el Bulevar del Arroyo de la Ranilla para girar a la izquierda y cruzar el Parque del Tamarguillo y la A-4.

La alternativa 2, de más de 6 kilómetros y medio, discurriría por el corredor previsto al norte de la Autovía A-4 para llegar finalmente a la futura estación del aeropuerto. Se trata de una nueva línea que iría en superficie y sin paradas intermedias.

La alternativa 3, con un trazado más corto, de algo más de 4 kilómetros, constituiría un ramal directo Santa Justa-Aeropuerto sin ninguna estación intermedia, discurriendo en superficie al norte de la Autovía A-4 salvo en las intersecciones de los ramales, donde se soterraría entre pantallas.

“La primera alternativa es la que implica mayor inversión, dado que es la que incluye recorrido soterrado y atiende a más población, respondiendo así a las demandas de movilidad de los vecinos de los barrios de Sevilla Este y del Parque Alcosa, pero es la más factible”. Díaz ha señalado que las conclusiones del estudio aluden a razones de demanda, ya que aportaría más del triple que las otras dos al contar con una parada intermedia en el barrio más poblado de Sevilla, lo que supondría más de 9.400 viajeros diarios.

Además, el estudio alude a que es la alternativa más rentable, ya que presenta mayor VAN (valor actual neto) y es la única en la que se estima la recuperación de la inversión en un periodo inferior a los 10 años, antes del fin de su vida útil. Por último, es una opción que permite asumir más riesgos, ya que es la más estable frente a posibles aumentos de costes, la disminución de ingresos y la disminución de la demanda.

Este estudio, que ha supuesto un coste por parte de la Junta de Andalucía de más de 260.000 euros, ha evaluado todos los factores que pueden afectar a su construcción, como la geología y geotecnia, el trazado, el drenaje, las estructuras y estaciones, los pasos a niveles y las obras subterráneas, el estudio de tráfico, los servicios afectados y las expropiaciones, la afección arqueológica y el análisis de cambio climático (mitigación y adaptación), de rentabilidad, multicriterio, y de riesgo y sensibilidad.




La Junta venderá parte de su patrimonio por 185 millones para renovar los partidos judiciales

La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía espera invertir 185 millones de euros como parte de la renovación de los 85 partidos judiciales que hay en la comunidad (156 edificios), fondos que obtendrá de la venta de patrimonio que actualmente tiene uso judicial. Ésta es una de las vías de financiación del plan de infraestructuras judiciales de Andalucía (2023-2030), en el que la Administración regional calcula que la inversión rondará los 1.500 millones de euros. Entre los objetivos que persigue el Gobierno andaluz está la reducción a la “mínima expresión” de los contratos de alquiler, pasando de los 96 actuales, con un coste de 17,3 millones de euros, a no más de siete contratos y 1,8 millones para alquiler.

Además de los 185 millones de la venta de patrimonio, la Consejería prevé destinar más de 700 millones procedentes de la colaboración público-privada y pública-pública; alrededor de 170 millones de autofinanciada –recursos propios de la Junta–; y alrededor de 45 millones de fondos europeos. Es el desglose ofrecido este miércoles por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la comisión de Justicia en el Parlamento andaluz, en la que ha pedido “confianza” a la oposición, que ha criticado la “improvisación” y la falta de memoria económica del plan.

“No nos vamos a esconder detrás de la burocracia. Lo vamos a hacer lo antes posible“, ha sostenido el consejero de Justicia, que ha animado a la oposición, especialmente al PSOE, a “sumarse al plan y dejar de estar en las excusas”. El plan prevé completar la red de Ciudades de la Justicia en todas las capitales andaluzas –se podrán en marcha las de Cádiz, Huelva, Granada, Jaén y Sevilla, que ya cuenta con un edificio en funcionamiento en Palmas Altas–; dotar a las ciudades de más de 100.000 habitantes de grandes complejos judiciales (Algeciras, Marbella, Roquetas de Mar, Dos Hermanas y Jerez de la Frontera); 34 actuaciones, entre obra nueva y rehabilitación, en las cabeceras de partidos judiciales, así como otras 16 en partidos de municipios más pequeños para mejorar sus instalaciones.

En contraposición a estos números, el consejero ha señalado que en los años de gobierno socialista en la Junta se hicieron doce rehabilitaciones y 22 nuevas sedes judiciales, unos números que llevaron al Ejecutivo de Juanma Moreno, en palabras del consejero, a diseñar el plan de infraestructuras judiciales con el fin de parar el “colapso” al que “irreversiblemente” se encaminaba la justicia andaluza de no tomarse medidas tanto en lo referente a los edificios como en sostenibilidad y digitalización de los mismos. “Hay que pasar de la justicia del papel a la del dato”, ha puntualizado José Antonio Nieto.

El plan incluye, además de 60 actuaciones entre obra nueva y rehabilitación de sedes, intervenciones de mejora de accesibilidad en los edificios judiciales, así como de sostenibilidad medioambiental, para disponer de inmuebles eficientes energéticamente; igualmente, se van a realizar trabajos para mejorar la asistencia a víctimas vulnerables. Esto va suponer que se actuará en 100% de los partidos judiciales andaluces, según lo expuesto por el consejero en línea con la presentación de este plan en San Telmo con Juanma Moreno hace dos meses.

Críticas de la oposición

Por parte del PSOE, el diputado Víctor Manuel Torres ha afeado a la Consejería que presente un “plan fake“, un “cuentacuento”, ha dicho, ya que el documento es “un power point inconsistente” que “no está publicado ni el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”. El parlamentario socialista ha lamentado que el plan es “muy opca” y ha reprochado al consejero Nieto que pida “un auto de fe”.

En las filas de Vox, la diputada Cristina Jiménez ha calificado el plan de “pintar en la luna”, ya que no viene acompañado de una memoria económica, al tiempo que ha reclamado que no sólo se aborden “sedes dignas sino también la eficiencia organizativa”. Por parte del PP, Daniel Castillo ha asegurado que la planificación es una “revolución histórica” frente a la “desidia y abandono” de los socialistas en los más de 20 años que gestionaron las competencias en materia de justicia.

“Ahora tenemos una propuesta creíble que costará llevarla adelante, pero la ilusión de la Consejería se verá recompensada con el apoyo del sector de la judicatura y de los ciudadanos”, ha dicho. En este sentido, el consejero Nieto ha asegurado que “me va a costar trabajo, pero más a la oposición criticarlo“. “Este plan sigue abierto. Pídannos la información que quieran. Les daremos la memoria económica, pero no nos vamos a esconder detrás de la burocracia. Lo vamos a hacer lo antes posible”, ha sentenciado.




El camino a la playa en Andalucía, lleno de baches: A-49, A-92 y N-4 presentan un mantenimiento “lamentable”

  • La patronal de obra pública Ceacop alerta sobre el mal estado de las carreteras andaluzas, que deberían recibir 400 millones de inversión al año a repartir entre Estado y Junta y solo perciben “la cuarta parte”

Muchos andaluces miran ya las playas como un desahogo para estos fines de semana previos a las vacaciones. El buen tiempo -la semana que viene se alcanzarán los 32 grados en Sevilla, según la Aemet-, la corta distancia a la costa y el tiempo transcurrido desde el último verano hacen que sea una opción más que viable para los que quieren desconectar unas horas de la rutina diaria.

Pero el camino a la arena y el mar está lleno de baches, un problema que no se va a solucionar de aquí a dos meses, cuando los flujos de vehículos se intensifiquen por los que huyen de la ciudad a causa del calor. Conducir por la N-4 -hacia Cádiz-, la A-92 -con destino Málaga, Granada o Almería- o la A-49 -para ir a Huelva o Portugal- es una experiencia que no deja indiferente al conductor. Son continuos los tramos con socavones que no solo dificultan el tráfico, sino que son un auténtico problema a la hora de garantizar la seguridad vial.

Así lo constatan desde el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). “Es una realidad absoluta, el estado de mantenimiento de las carreteras es lamentable”, asegura el secretario general de la organización patronal, Daniel Fernández.

En manos de Gobierno central y Junta

Esta organización ya denunció en la presentación de resultados de 2023 que las administraciones competentes -Gobierno central y Junta de Andalucía, que gestionan en la comunidad unos 3.500 y 10.000 kilómetros, respectivamente- deberían destinar 400 millones de euros al mantenimiento de carreteras, 200 millones cada uno. “En la actualidad, solo se realiza una cuarta parte de la inversión necesaria”, lamenta.

Por eso, apunta, hay que hacer una distinción entre la conservación y el mantenimiento. “Las administraciones tienden a hablar de conservación y el mantenimiento y y no son lo mismo“, explica. La primera de ellas se refiere a la señalización, la reposición de barreras estropeadas o el desbroce de las cunetas, entre otras cuestiones, “y esa se gestiona bien”. Mientras que el mantenimiento sí se refiere específicamente al firme y, en esto, tanto la Administración central como la autonómica suspenden, según Ceacop.

Seguridad vial

“Es como el que tiene un coche y lo lava, pero no le cambia el aceite; pues lo mismo va a pasar con las carreteras si no se cuidan de manera constante, que van a gripar; además, nos va a costar cinco veces más, porque reparar es más caro que mantener”, ejemplifica Fernández.

El estado de la N-4 es ejemplo de ello, sobre todo en tramos de la provincia más alejados de la capital, incluso en Córdoba. “Es la que peor está porque hay tramos que llevan prácticamente 40 años sin reparar“, subraya Fernández, quien recuerda la importancia que esto tiene además para la seguridad vial. No en vano, hace unos días, Mapfre presentó un informe de Fundación Mapfre que subrayaba que salvar 300 vidas al año en España sería posible invirtiendo 1.800 millones de euros en mejorar las carreteras secundarias. La parte de la autovía que era una concesión -el tramo que tenía peaje entre Sevilla y Cádiz- que ha pasado a manos públicas “sí está mejor porque se ha ido conservando en el tiempo”.

En el caso de la A-92, se han realizado obras en algunos tramos a través de fondos europeos vinculados al uso de mezclas sostenibles para el firme de la carretera, “pero está también fatal, porque solo se ha reparado un 10% del total del trazado”. También la A-49 se encuentran llena de baches, sobre todo en los tramos intermedios, que dificultan la circulación y que son especialmente peligrosos para las personas que viajan en motocicleta. Son constantes las críticas en redes sociales sobre el estado de esta carretera.

“En general, las zonas más afectadas son los tramos más antiguos y también los que se encuentran más alejados de las capitales de provincia”, abunda el secretario general de Ceacop. En cualquier caso, alerta de la situación de la última carretera construida en Andalucía, que une Jerez de la Frontera con Los Barrios, “que actualmente no está mal, pero que se va deteriorando sin que se intervenga en ella”. “Los políticos tienden a cortar cintas y luego miran hacia otro lado; es mejor mantener bien las que se tienen que abrir carreteras nuevas”, opina Fernández.

Ausencia de fondos europeos

La causa de este escenario: la práctica ausencia de fondos europeos para invertir en el mantenimiento de las carreteras. “Las inversiones van destinadas al impulso del transporte sostenible, como el ferrocarril o el metro, porque la carretera está mal vista; se percibe como sinónimo de contaminación“, asegura Fernández, quien añade que desde la patronal están de acuerdo con la sostenibilidad, “si bien la implantación de esos modelos requieren de un horizonte de 50 años y, mientras tanto, hay que hacer algo”.

“Europa ya hizo grandes inversiones en las carreteras españolas hace décadas y ahora les toca al Estado y a la Junta mantenerlas”, concluye Fernández.

Impuesto a los carburantes, “impuesto justo”

En España existe un impuesto al carburante que desde Ceacop tildan como “impuesto justo, ya que quien más usa la carretera es el que más paga”. Por ello, exigen que parte de esta tasa, que se destina a usos como la sanidad o la educación, se dirija al mantenimiento de carreteras. “No queremos que se quite a otras partidas necesarias, pero se podría destinar una pequeña parte a mejorar el estado del asfalto para garantizar además la seguridad vial”, subraya Daniel Fernández.

https://www.elcorreoweb.es/andalucia/2024/05/05/carreteras-playa-andalucia-baches-mantenimiento-ceacop-101835455.html




Carmen Crespo dimite para ir en las listas europeas y Fernández Pacheco asume las competencias de su Consejería

  • La Ley establece que es incompatible figurar en la lista y ser miembro del Gobierno andaluz por lo que la dimisión se produjo ayer
  • Juanma Moreno nombrará un sustituto definitivo en una remodelación de Gobierno que se llevará a cabo en julio

 

La consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, presentó su dimisión a última hora de ayer al ser incompatible su presencia en el Gobierno andaluz y su inclusión en los puestos de cabecera de la candidatura del PP a las elecciones europeas. Tras formalizarse esta salida, el presidente andaluz, Juanma Moreno, asignará sus competencias a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, dirigida por Ramón Fernández Pacheco, mientras diseña una remodelación de gobierno que está prevista para el mes de julio, después de las elecciones europeas. En principio, según fuentes consultadas, el planteamiento sigue siendo que sean cambios mínimos, siguiendo la línea del Gobierno andaluz durante los últimos años. Pero no se descarta que puedan producirse más ajustes en el seno del Ejecutivo.

El planteamiento del presidente andaluz, una vez que se acordó con la dirección de Génova la incorporación de Carmen Crespo, fue que se mantuviera en el cargo el «máximo tiempo posible» con idea de hacer un proceso de relevo pausado y tranquilo. Sin embargo, la legislación electoral no deja realmente margen alguno. Al contrario de lo que ocurre por ejemplo con la ministra Teresa Ribera, que podría mantenerse más tiempo en el cargo, en el caso de un miembro de un Consejo de Gobierno autonómico la legislación establece que es inelegible.

 

Así lo fija la Ley Orgánica de Régimen Electoral en su artículo 210 bis que establece que los miembros de los consejos de gobierno de una comunidad autónoma son inelegibles para el Parlamento europeo. De forma que la salida de la consejera debe producirse en el mismo momento en el que se formalice la candidatura. El plazo máximo por tanto es el próximo lunes día 6 de mayo. Para esta fecha puede seguir como parlamentaria en la Cámara autonómica pero no como miembro del Consejo de Gobierno.

En ese momento, el Gobierno andaluz sufrirá un ajuste mínimo. La estructura de la Consejería se mantendrá y las competencias se distribuirán quedando la firma en manos del consejero Ramón Fernández Pacheco. Será una medida temporal, hasta el próximo verano. Juanma Moreno prevé acometer entonces, tras las elecciones europeas la remodelación que inicialmente sólo afectará al relevo de Carmen Crespo. No obstante, no se descarta que puedan realizarse más ajustes coincidiendo además con el ecuador de la legislatura de Juanma Moreno.

Los mensajes del presidente andaluz tras la inclusión de Carmen Crespo en la candidatura europea del PP son claros: unidad, estabilidad y continuidad; refuerzo del papel de la dirección popular autonómica a nivel estatal e incremento de la interlocución y de la voz de Andalucía en temas claves que se dirimen en Bruselas como la agricultura o la sequía. De ahí que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llegara al Parlamento andaluz, acompañado de la consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Rural, y del portavoz del PP, Toni Martín.

«Estamos satisfechos por la inclusión de Carmen Crespo en la lista. Necesitábamos una voz autorizada en Bruselas. Viene a reforzar una línea de trabajo que llevamos manteniendo desde hace años para que a la hora de analizar a nivel europeo la situación extraordinaria de la sequía o la política agraria Andalucía sea tenida en cuenta. Que estemos presentes en las decisiones que se adopten. Y para eso, Carmen Crespo es la persona más idónea», apuntó el presidente andaluz, quien subrayó que «cada decisión en Bruselas sobre el campo, el agua o la ganadería impacta en Andalucía».

Pero hay un segundo mensaje tras la imagen del presidente con la consejera y tras sus declaraciones. Juanma Moreno quiere mantener una imagen de «estabilidad y continuidad». Así lo ha hecho cada vez que se ha producido un relevo en el Gobierno andaluz por salidas puntuales, la última la de la ex consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ahora alcaldesa de Granada. «Somos un equipo, trabajamos como un equipo y seguiremos trabajando como hasta ahora», incidió en este sentido el presidente andaluz descartando así que la salida de Carmen Crespo, que lleva como consejera desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia en 2019, vaya a acarrear cambios de fondo o una remodelación.

El presidente de la Junta esquiva de momento cualquier mensaje que pueda implicar una crisis de gobierno o un giro en las políticas que se vienen aplicando durante esta legislatura. Pese a esto, y dado el margen de tiempo que Juanma Moreno se ha dado para definir el relevo, no es descartable que se pueda aprovechar para realizar otros ajustes en el Gobierno sea de nombres o de las competencias que desempeñan.

Tanto el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, como el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, agradecieron a Carmen Crespo el trabajo realizado durante todos estos años. Su sustitución se llevará a cabo de forma pausada y progresiva. En primera instancia, cuando se confirme la incompatibilidad, las funciones serán asumidas por otra Consejería. Y más adelante se llevará a cabo un relevo en el Gobierno.




Jarquil facturará más de 200 M este año tras su apuesta por las obras hidráulicas

  • La constructora almeriense ha crecido este año un 50% hasta lograr ventas por 188 millones de euros gracias a la obra residencial. No obstante, quiere acelerar su diversificación

 

Las obras que el Gobierno y la Junta de Andalucía están poniendo en marcha para luchar contra la sequía están impulsando un cambio destacado en algunas constructoras, que están intensificando sus áreas medioambientales. Ese es el caso de la constructora andaluza Jarquil, que este año va a dar un giro estratégico en su negocio para centrarse en las obras hidráulicas, frente a negocio clásico de construcción de viviendas.

Así lo ha explicado este lunes el director general de Negocio de Jarquil, Diego Chacón, en una comparecencia informativa en la nueva sede de la compañía, en el edificio que hasta ahora ocupaba la agencia pública Extenda en la Cartuja.

La firma de origen almeriense, con más de 35 años de historia, ha decidido dar este salto estratégico tras un año récord en su historia, al haber conseguido incrementar su facturación un 50% desde los 113 millones del año anterior a los 188 millones con los que ha cerrado el último ejercicio.

La firma, con sedes en Madrid, Sevilla, Málaga, Almería y Sevilla, cuenta con una plantilla fija de más de 550 personas, si bien genera empleo indirecto aproximadamente para unas 3.000 personas en sus distintas obras a nivel nacional.

 

Sin embargo, el objetivo para este año de la constructora no es crecer, sino consolidar el negocio y buscar un equilibrio en el peso de la obra residencial, que representa en torno al 60% del total, con un impulso de la obra civil, industrial y logística, que ahora supone el 20%, enfocada a las hidráulicas aprovechando las licitaciones de la Junta y del Ministerio para hacer frente a la sequía.

En esta línea, durante el año 2023 y en el apartado de contratación, destaca la de contratación de las infraestructuras del agua, como las nuevas EDAR de Grazalema (Cádiz) y Guadalcázar (Córdoba).

A estas infraestructuras, se suman otras obras singulares de carácter medioambiental, como la transformación de las Laderas del Conquero, en Huelva, obra concluida a finales de 2023; y especialmente el sellado del vertedero de Torremolinos (Málaga), el último de Andalucía, un proyecto de gran envergadura, cuyas obras finalizarán a lo largo de 2024. En este sentido, Jarquil también ha acometido las obras de abastecimiento de agua desalada de El Ejido (Almería), para la Dirección General de Aguas de la Junta de Andalucía; así como las estaciones depuradoras de aguas residuales de Talaván (Cáceres), La Malahá (Granada) y Mojácar (Almería), lo que muestra su amplia experiencia en este tipo de proyectos.

El otro 20% del negocio lo representa el denominado sector no residencial, donde se incluyen las residencias de estudiantes y de personas mayores, que se han revitalizado desde el año 2021 y supone un importante nicho de mercado, según Chacón.

En la actualidad, la constructora almeriense cuenta con cinco grandes áreas de trabajo: Obra Civil, Edificación Industrial y Logística, Edificación Residencial, Rehabilitación y Eficiencia Energética, así como Edificación No Residencial, que engloba hoteles, residencias de estudiantes y personas mayores, palacios de congresos, centros comerciales y, en general, cualquier edificación de naturaleza singular. En total, a día de hoy, se están ejecutando 61 obras en todo el territorio nacional, siendo especialmente destacables la implantación en provincias como Almería y Sevilla, así como la Costa del Sol, Granada o Córdoba, además de Madrid.

A día de hoy, la compañía cuenta con una importante cartera de obras contratadas por importe superior a los 200 millones de euros y prevé cerrar el año 2024 con una contratación de 250 millones de euros.

 
 



Rocío Díaz: “Andalucía está infrafinanciada en infraestructuras”

  • Entrevista en Despierta Andalucía a la consejera de Fomento en la que vuelve a reclamar una reunión con el ministro de Transportes para impulsar “proyectos fundamentales como la ampliación del tren litoral”

 

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Diaz, en una entrevista en Despierta Andalucía ha dicho que en Andalucía ocurre algo inédito al ampliar a la vez las líneas de metro de Málaga, Sevilla y Granada. “Ahora mismo lo que está ocurriendo en Andalucía es algo inédito, porque estamos ampliando las tres líneas de metro de la comunidad. La de Granada estamos ya en ese primer tramo de la ampliación sur, pero este mismo viernes vamos a iniciar el segundo tramo. Así que también una buena noticia para Granada y los granadinos. El de Málaga, también hemos iniciado esa ampliación hasta el hospital civil y vamos a seguir avanzando porque pronto también podremos licitar el siguiente tramo y trabajamos en el siguiente. Pero tampoco me quiero olvidar de los dos tranvías que hemos tenido que poner a punto y estamos intentando sacar de ese cajón desastre en el que estaban sumidos como son el tranvía de Alcalá de Guadaira y el de Jaén, tranvías que han estado completamente olvidados”.

La consejera ha reiterado que el tranvía de Jaén estará en pruebas este año. “Es algo necesario y podremos tenerlo en marcha en 2025”, ha señalado.

Con respecto a la ampliación del metro de Sevilla Rocío Díaz ha dicho que “es una obra compleja de seis tramos, pronto iniciaremos el tramo dos y licitaremos el tres pero hay que completar los seis. Se van  a ir haciendo tramos a la vez para que sea todo más fácil para los ciudadanos“

Precisamente en el acto de colocación de la primera piedra de la línea 3 del metro sevillano, Rocío Díaz coincidió con el ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien la consejera reclama una reunión.

“Tan solo pude saludarlo, no tengo cita, me gustaría que el ministro escuchara a Andalucía y escuche a los andaluces porque las infraestructuras hay que sacarlas adelante. Estamos infrafinanciados en infraestructuras en Andalucía. Se reune con otras comunidades autónomas y financia a otras comunidades. MI objetivo es seguir intentándolo con el mayor consenso. Andalucía no es menos que nadie, no es más que nadie pero tampoco menos”, ha dicho. 

Otra reivindicación desde Andalucía es el tren del litoral que pretende unir desde la Costa del Sol hasta Algeciras, una infraestructura que el ministro de Transportes aseguró, en unas declaraciones que “no es posible hacer y para la que no existían estudios”. Unas declaraciones que Rocío Díaz considera “desafortunadas”. “Es una línea de tren que está dando buenos resultados y reclamamos desde hace tiempo esa ampliación. Sería muy beneficioso por temas de movilidad y medio ambientales, porque quitaría coches de la carretera. Pero es que sí existen esos informes  Yo creo que el ministro está desinformado o no quiso pararse a hablar de una infraestructura. Por eso le exijo rigor. Vamos a seguir reclamándola”. 

Con respecto a la vivienda, medio millar de jóvenes andaluces han solicitado a la Junta de Andalucía el aval hipotecario del 15% para poder comprar su primera vivienda. Este aval se puede pedir en cualquiera de las cerca de 2.500 oficinas de las ocho entidades bancarias acogidas al programa, que son Caixabank, Cajamar, Cajasur, Caja Rural de Granada, Caja Rural del Sur, Ibercaja, Santander y Unicaja.

Para optar a esta garantía hipotecaría, los solicitantes deben estar empadronados en un municipio de Andalucía, tener hasta 35 años de edad y destinar la vivienda a domicilio habitual durante al menos dos años. Sólo se prestan garantías hipotecarias para adquirientes de primera vivienda, ya sea libre o protegida; o sea nueva o usada.

Son los datos que ha facilitado Rocío Díaz que ha recordado que Andalucía ha sido “pionera” en la aplicación de esta medida en la que “estamos esperando al Gobierno, que sólo promete pero no concreta”.

En materia de vivienda, la consejera de Fomento ha asegurado que la Ley de Vivienda Estatal “ayuda poco o nada” ya que es “intervencionista”, en palabras de Rocío Díaz. Ante esta situación, la Junta ha remarcado que está trabajando en una Ley de Vivienda que “nazca del consenso” para un “tema tan sensible”.

En relación con el bono joven de alquiler, la responsable autonómica ha prometido que “pronto” estará resuelto al 100%. Por el momento, se han tramitado 9.000 ayudas y se han abonado 8.000 bonos. Fueron más de 17.000 las solicitudes recibidas para un total de 11.400 ayudas posibles.




Las universidades andaluzas contarán con 80 millones de la Junta para mejorar sus infraestructuras

  • El Gobierno andaluz aprobó este martes el Plan de Infraestructuras 24-27 para las universidades públicas

 

El Gobierno andaluz aprobó ayer el Plan de Infraestructuras 24-27 para las universidades públicas, dotado inicialmente con 80 millones para cuatro años, que se distribuirán en un máximo de 20 millones por cada ejercicio para acometer mejoras de instalaciones y actuaciones prioritarias en los campus. El diseño y desarrollo de este instrumento está contemplado en el modelo de financiación consensuado con toda la comunidad universitaria, que tiene tres ejes de actuación, el primero de ellos estos 80 millones, procedentes de transferencias de financiación de la Junta no ejecutadas por las instituciones académicas.

El presupuesto de la financiación de las universidades aumentará «considerablemente» con los otros dos ejes, que están actualmente «en fase de concreción», según la Junta.

En esta primera línea de actuación, para seleccionar las iniciativas, el Gobierno andaluz ha establecido seis criterios y se podrán acoger a esta herramienta aquellas intervenciones en ejecución y que hayan sido autorizadas en el Plan de Inversiones 2020-2023. También se primará que las inversiones previstas cuenten con proyectos ya definidos y con la tramitación administrativa en un estado avanzado que haga posible su ejecución entre los años 2024 y 2025. Además, se pondrá el acento en las remodelaciones y adecuaciones de infraestructuras ya existentes, especialmente de aquellas que sean consecuencia de la cesión gratuita de otras administraciones, así como las actuaciones que se tengan que llevar a cabo con carácter urgente para posibilitar la implantación de títulos incluidos en la nueva programación académica.




La Junta aprueba el Plan de Infraestructuras para las universidades, dotado inicialmente con 80 millones

  • La cantidad podrá incrementarse con financiación europea y fondos propios extraordinarios para llevar a cabo nuevas actuaciones

 

El Consejo de Gobierno ha fijado los criterios del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras para el conjunto del sistema público universitario, que cuenta con una dotación inicial de 80 millones de euros y una vigencia de cuatro años, así como los criterios para distribuir estos recursos.

El diseño y desarrollo de este instrumento están contemplados en el modelo de financiación consensuado con toda la comunidad universitaria y se articula a través de tres ejes de actuación, el primero de los cuales se corresponde con esta dotación inicial de 80 millones procedente de transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por las instituciones académicas, y los otros dos se encuentran actualmente en fase de concreción y permitirán incrementar considerablemente ese presupuesto.

Esos 80 millones circunscritos a esta primera línea de actuación se distribuirán en un máximo de 20 millones por cada ejercicio y para todo el sistema público y permitirán a las diez universidades públicas acometer mejoras de instalaciones e infraestructuras consideradas prioritarias para sus diferentes campus. Para seleccionar las iniciativas, el Gobierno andaluz ha establecido seis criterios y, atendiendo a ellos, se podrán acoger a esta herramienta aquellas intervenciones en ejecución y que hayan sido autorizadas en el Plan de Inversiones 2020-2023. También se primará que las inversiones previstas cuenten con proyectos ya definidos y con la tramitación administrativa en un estado avanzado que haga posible su ejecución entre los años 2024 y 2025.

De igual modo, se pondrá el acento en las remodelaciones y adecuaciones de infraestructuras ya existentes, especialmente de aquellas que sean consecuencia de la cesión gratuita de otras administraciones, así como las actuaciones que se tengan que llevar a cabo con carácter urgente para posibilitar la implantación de títulos incluidos en la nueva programación académica aprobada por la Junta de Andalucía.

Asimismo, se elegirán de forma preferente las inversiones que sean resultado de las auditorías energéticas realizadas por las universidades y que tengan como objetivo reducir el consumo de energía y aumentar la confortabilidad de la comunidad universitaria. Por último, se podrán sufragar con estos recursos aquellas infraestructuras o inversiones que, previa justificación de su necesidad por parte de la universidad en cuestión, se consideren esenciales.

De forma paralela a la tramitación de este plan extraordinario, el Gobierno andaluz ya trabaja, en colaboración con las instituciones académicas públicas desde el mes de febrero, en la elección de iniciativas consideradas estratégicas y necesarias con el fin de agilizar la toma de decisiones y de ponerlas en marcha lo antes posible. Esta decisión se ha adoptado teniendo en cuenta que la renovación y modernización de las instalaciones universitarias contribuirá a fortalecer la competitividad del sistema y mejorará la docencia y la actividad investigadora y de transferencia de conocimiento.

El Consejo Andaluz de Universidades deberá tener conocimiento de la ejecución de los proyectos financiados con cargo al plan y cualquier modificación de las iniciativas implicará remitir una nueva solicitud a la Junta de Andalucía para su validación.

Para poder beneficiarse del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras 2024-2027, la Junta de Andalucía ha incluido en el documento tres requisitos de carácter financiero que tendrán que cumplir estas instituciones académicas. El primero fija la obligación de disponer de transferencias autonómicas no ejecutadas a 31 de diciembre del año anterior a la ejecución de la inversión, mientras que el segundo exige a las universidades contar con un presupuesto (o prórroga) en situación de equilibrio en términos de contabilidad nacional. En tercer lugar, se determina la necesidad de presentar para el ejercicio en el que se solicita la autorización una previsión de liquidación presupuestaria en equilibrio y un saldo positivo de transferencias no ejecutadas de la Junta de Andalucía.

Ejes del Plan Extraordinario de Inversiones

Al margen de las transferencias no ejecutadas, la Consejería de Universidad trabaja en la definición de las otras dos vías de financiación. La segunda contará con financiación europea y dará cobertura a intervenciones de transformación digital y energética de edificios y dependencias universitarias. En este caso, ya se explora la posibilidad de que las instituciones académicas opten por primera vez al programa de incentivos en materia de eficiencia energética en las administraciones que convoca la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas.

Para la tercera vía se contempla el impulso de nuevos proyectos apoyados con fondos propios extraordinarios de la Junta en función de su viabilidad económica y técnica. Para ello ya se están analizando posibles alternativas.