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Sevilla: Moreno añade la petición a la UE de inversiones en vivienda y electricidad a su demanda sobre agua

  • Solicita a la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, que agilice los trámites para agilizar la puesta en marcha de proyectos concretos

 

En la segunda jornada de la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado a las autoridades europeas la “urgencia” de contar con más recursos para infraestructuras hídricas, para las viviendas de promoción pública y para las infraestructuras de transportes en materia de electricidad que den salida a la energía verde generada.

Durante su intervención en Bruselas en el debate sobre Oportunidades de inversión para las ciudades y regiones, que se celebra en el Parlamento Europeo, Moreno ha defendido la necesidad de contar con más inversiones en infraestructuras hídricas para “aprovechar y reaprovechar” cada gota de agua, así como el transporte de electricidad “para poder dar salida al enorme potencial de energía verde generada” en el territorio andaluz.

Moreno ha intervenido en el plenario tras escuchar las palabras de la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, quien ha hablado de las inversiones de esta institución en los proyectos de cohesión de los territorios.

Tras destacar la importancia del BEI para la financiación de las regiones europeas y de las ciudades, el presidente andaluz le ha dicho a Calviño que es consciente de que conoce “muy bien” los problemas de España y las necesidades de financiación de Andalucía en un momento en que esta comunidad es “una oportunidad”.

Ha indicado que Andalucía es uno de los territorios “más expuesto” al cambio climático y a los efectos de la “terrible” sequía que está sufriendo la comunidad, por lo que ha reiterado que es muy importante que en la Unión Europea “se entienda” que el del agua no es un problema del sur sino de toda Europa.

Moreno se ha mostrado convencido de que con el apoyo del BEI, simplificando los trámites administrativos, y teniendo más eficiencia por parte de los gobiernos autonómicos y locales se podrán hacer “muchas y más cosas”.

El pleno del Comité de las Regiones ha incluido en el dictamen de Migración y Asilo dos enmiendas importantes que han sido propuestas por Andalucía. Una de ellas insta a crear la figura de regiones frontera exterior, para que se informe y consulte con estas regiones cualquier decisión en política migratoria de la UE y para que se habiliten instrumentos financieros para atender la llegada de migrantes y la otra le insta a agilizar los trámites para la homologación de títulos académicos de personas migrantes, de modo que se puedan aprovechar esos recursos que cada vez son más necesarios y retener talento.

Cumbre del clima

Previamente a esta intervención en la sesión plenaria del Comité de las Regiones, el presidente de la Junta de Andalucía, ha mantenido un encuentro con el presidente del CdR, Vasco Cordeiro, así como con el resto de participantes de la delegación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29).

La COP29 se celebrará en Bakú (Azerbaiyán) entre el 11 y el 22 de noviembre bajo los “pilares” de “potenciar la ambición y posibilitar la acción”, según han informado desde el Gobierno andaluz, desde donde han indicado que, bajo el lema Solidaridad por un Mundo Verde’ este encuentro de alto nivel tiene como objetivo “promover la colaboración entre países para alcanzar la transición energética”.

El presidente andaluz acudirá a la COP29 representando al Comité de las Regiones de la Unión Europea, por lo que Andalucía “volverá a tener voz en este importante evento”.




Licitada por más de 55 millones la conservación de más de 2.500 kilómetros de carreteras andaluzas

  • La consejera de Fomento, Rocío Díaz, eleva a casi 230 millones de euros el montante movilizado este año para renovar el 89% de estos contratos

 

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado por más de 55 millones de euros (55.494.645) la renovación de otros ocho contratos de servicios de conservación de las carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía. Estos ocho lotes garantizarán la vialidad de más de 2.500 kilómetros de carreteras de cuatro provincias andaluzas (Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla).

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado el intenso trabajo realizado por el Gobierno de Juanma Moreno, que “en apenas nueve meses, ha afrontado la renovación del 89% de los contratos de conservación de los más de 10.500 kilómetros de carreteras autonómicas en Andalucía”, con una inversión que se aproxima a los 230 millones de euros. “Hemos actuado con previsión para evitar que se repitieran los errores cometidos por los anteriores gobiernos, que en 2019 nos dejaron la mayoría de estos contratos caducados o a punto de caducar”, ha indicado Rocío Díaz, que ha recordado que incluso se tuvo que recurrir a contratos de emergencias para garantizar la transitabilidad de estas vías.

Los lotes incluidos garantizarán la vialidad de las carreteras de la zona norte y suroeste de la provincia de Córdoba (15,3 millones de euros para 770 kilómetros), la zona norte de Huelva (cerca de 5,9 millones para 291 kilómetros), las zonas norte, este y oeste de Málaga (21,6 millones para 909 kilómetros) y las zonas noreste y sureste de la provincia de Sevilla (12,6 millones para 587 kilómetros).

Los contratos que se han licitado recientemente tendrán una vigencia de tres años, más una posible prórroga de dos años más, con un incremento medio del presupuesto del 13%. En caso de recurrir a esta prórroga, la inversión prevista se elevaría de los 55,5 millones iniciales a los 80 millones de euros. Las empresas interesadas en su ejecución tienen hasta el 4 o 5 de noviembre, según los lotes, para presentar sus ofertas en la plataforma electrónica de la administración (Sirec).

Los nuevos contratos de conservación introducen varias mejoras. La principal novedad es la revisión ordinaria de precios, conforme a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta posibilidad, ya recogida con carácter general para los nuevos contratos de servicio, se suma a la revisión excepcional de precios de conservación realizada durante 2023, atendiendo una petición del sector, que había solicitado un incremento de las partidas que compensara la subida de los costes de los materiales.

Asimismo, se incorporan mejoras en materia laboral que favorecerán que las empresas hagan frente, con garantías, a las obligaciones salariales respecto al personal de los servicios de conservación. Con ello, no sólo se vela por un buen servicio de 24 horas los 365 días al año, sino también por unas condiciones dignas de la plantilla.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda afronta así la tercera fase del proceso de renovación de los contratos de conservación de carreteras. A principios de este año se licitaron los primeros 12 lotes, que ya están adjudicados y en ejecución, mientras que el pasado verano se sacaron a concurso otros 12 contratos, que se encuentra en fase de evaluación de las ofertas presentadas. Con todo ello, se han movilizado 228 millones para la renovación de 32 de los 36 contratos de conservación. Los cuatro restantes se renovarán cuando se vaya aproximando la fecha de vencimiento, entre 2025 y 2027.

La red viaria andaluza es la segunda en extensión de todo el territorio nacional. A ello se añade que el porcentaje de carreteras de gran capacidad es muy elevado, lo que supone dedicar más recursos a su conservación. Las labores de conservación son vitales para asegurar que la movilidad se realice en condiciones de comodidad y seguridad vial para los usuarios, y conllevan la realización de un conjunto de intervenciones de diversa índole: reparaciones en el pavimento, limpieza y mantenimiento de elementos de drenaje, apoyo al control de maleza en márgenes y poda de medianas en autovías, mantenimiento de la señalización, conservación y reparación de sistemas de balizamiento y defensas.

Las operaciones de conservación tienen como misión garantizar que las carreteras se encuentren en condiciones normales de vialidad y seguridad. Las empresas adjudicatarias realizarán, en primer lugar, todas las actividades y operaciones de ayuda a la vialidad, reparación de elementos dañados y ayuda a la explotación. En este apartado se incluye el mantenimiento de las instalaciones generales necesarias para llevar a cabo los servicios de conservación y explotación. Asimismo, mantendrán las vías en condiciones de funcionalidad. Por último, se incluyen actuaciones en circunstancias excepcionales que hagan necesaria la intervención inmediata de los equipos.




Transportes adjudica 40 millones de euros para carreteras en Andalucía

  • El Ministerio apuesta por el mantenimiento preventivo de los firmes de vías convencionales para garantizar la calidad, seguridad vial, sostenibilidad y durabilidad de la infraestructura.

 

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado varios lotes para la mejora del firme en las carreteras andaluzas por valor de 40 millones de euros, según ha avanzado Radio Sevilla. Este gasto forma parte de un contrato de servicios de 84,3 millones de euros, que incluye también obras en Extremadura y Castilla-La Mancha, para el mantenimiento preventivo y la mejora de los firmes de las carreteras convencionales pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado.

El objeto principal del contrato, dividido en 8 lotes, es mejorar las características superficiales y estructurales de los firmes de estas vías. También se podrán incluir actuaciones en autovías o autopistas, siempre y cuando esté debidamente justificado.

Se han previsto actuaciones tales como fresado y reposición, microaglomerado, refuerzos, reparación de blandones y baches, reciclado y sellado, así como el repintado de marcas viales y la impermeabilización de estructuras, en caso de ser necesario.

Contratos de tres años con prórroga

El plazo inicial de los contratos es de tres años, con una prórroga adicional de otros dos. Se ha estimado la mejora de un total de 500 km de calzada. La programación, acorde al presupuesto asignado por lote, podrá verse modificada en caso de ver la necesidad de incluir actuaciones en firmes cuyo estado pudiera entrañar un peligro para la seguridad vial o requiriese de una actuación inmediata debido a un deterioro del pavimento superior a lo previsto.

En las provincias de Córdoba y Sevilla, se destirán 14,25 millones de euros, para actuar en vías como la A-4 o la A49, la N-630 o la A-45, entre otras. En Cádiz y Huelva, 8,33 millones, para la A-49, la A.4, 9,72 millones de euros en Granada y Jaén, para la A-44 o la A-32, y 7,67 millones de euros en las provincias de Almería y Málaga para la A-45 y la A-92 entre otras vías.

Cuatro lotes para Andalucía

Lote 1 (14,25 millones de euros): Andalucía occidental I

– Córdoba: A-4; A-45; CO-31; CO-32; N-331; N-331R; N-4; N-420; N-432; N-432A; N-432R; N-437; N-4A; N-502; N-502A.

– Sevilla: A-4; A-49; A-66; AP-4; AP-4A; N-339; N-4; N-433; N-4A; N-630; N-630A; SE-20; SE-30; SE-40.

Lote 2 (8,33 millones de euros): Andalucía occidental II

– Cádiz: A-4; A-48; A-7S; CA-31; CA-32; CA-33; CA-34; CA-35; CA-36; CA-37; N-340; N-346; N-349; N-350; N-351; N-357; N-4; N-4A; NR-4.

– Huelva: A-49; H-30; H-31; N-431; N-433; N-433A; N-435: N-435A; N-442; N-444; N-445; N-446.

Lote 3 (9,72 millones de euros): Andalucía oriental I

– Granada: A-44; A-7S; GR-14; GR-16; GR-30; GR-43; N-323; N-323A; N- 340; N-340A; N-432; N-432A.

– Jaén: A-32; A-4; A-44; GR-30; N-322; N-322A; N-323; N-323A; N-4A.

Lote 4 (7,67 millones de euros): Andalucía oriental II

– Almería: A-7S; A-92; AL-14; N-340A; N-347AL; A-7S; N-340A; N-341.

– Málaga: A-45; A-7S; MA-20; MA-22; MA-23; MA-24; N-331; N-340.




La Junta invierte 55 millones en la conservación de más de 2.500 kilómetros de carreteras andaluzas

  • El Consejo de Gobierno autoriza renovar otros ocho contratos para garantizar la vialidad de la red, que recogen un aumento de partidas

 

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto superior a los 55 millones de euros (en concreto, 55.494.645 euros) para la renovación de otros ocho contratos de servicios de conservación de las carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía. Con esta última remesa, el Gobierno andaluz ha iniciado en apenas nueve meses la renovación del 89% de los 36 contratos de mantenimiento de los más de 10.500 kilómetros de la red viaria autonómica, evitando de esta manera que se reproduzca la situación vivida a principios de 2019, cuando la mayoría de los contratos estaban caducados o en riesgo de caducar.

Estos ocho lotes garantizarán la vialidad de más de 2.500 kilómetros de carreteras de cuatro provincias andaluzas (Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla). Estos contratos tendrán una vigencia de tres años, más una posible prórroga de dos años más, con un incremento medio del presupuesto del 13%. En caso de recurrir a esta prórroga, la inversión prevista se elevaría de los 55,5 millones iniciales a los 80 millones.

Andalucía ha incluido como novedad la revisión ordinaria de precios, conforme a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta posibilidad, ya recogida con carácter general para los nuevos contratos de servicio, se suma a la revisión excepcional de precios de conservación realizada durante 2023, atendiendo una petición del sector, que había solicitado un incremento de las partidas que compensara la subida de los costes de los materiales.

Además, estos contratos han introducido mejoras en materia laboral que favorecerán que las empresas hagan frente con garantías a las obligaciones salariales con el personal de los servicios de conservación. Con ello, no sólo se vela por un buen servicio de 24 horas los 365 días al año, sino también por unas condiciones dignas de la plantilla. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda afronta así la tercera fase del proceso de renovación de los contratos de conservación de carreteras. A principios de año se licitaron los primeros 12 lotes, que ya están adjudicados y en marcha, mientras que en verano se sacaron a concurso otros 12 contratos, que están en fase de evaluación de las ofertas presentadas.

Con esta renovación se pretende evitar la situación vivida a principios de 2019, cuando el Gobierno andaluz, recién iniciada la legislatura, se vio obligado a recurrir a contratos de emergencia debido a que la mayoría de las conservaciones estaban caducadas o a punto de expirar sin posibilidad alguna de prórroga.

Los lotes incluidos en esta tercera fase garantizarán la vialidad de las carreteras de las zonas Norte y Suroeste de la provincia de Córdoba (15,3 millones de euros para 770 kilómetros), la zona Norte de Huelva (cerca de 5,9 millones para 291 kilómetros), las zonas Norte, Este y Oeste de Málaga (21,6 millones para 909 kilómetros) y las zonas Noreste y Sureste de la provincia de Sevilla (12,6 millones para 587 kilómetros).

La red viaria andaluza es la segunda en extensión de todo el territorio nacional. A ello se añade que el porcentaje de vías de gran capacidad es muy elevado, lo que obliga a dedicar más recursos a su conservación. Las labores de conservación son vitales para asegurar que la movilidad se realice en condiciones de comodidad y seguridad vial para los usuarios, y conllevan la realización de un conjunto de intervenciones de diversa índole: reparaciones en el pavimento, limpieza y mantenimiento de elementos de drenaje, apoyo al control de maleza en márgenes y poda de medianas en autovías, mantenimiento de la señalización, conservación y reparación de sistemas de balizamiento y defensas.

Las operaciones de conservación tienen como misión garantizar que las carreteras se encuentren en condiciones normales de vialidad y seguridad. Las empresas adjudicatarias realizarán, en primer lugar, todas las actividades y operaciones de ayuda a la vialidad, reparación de elementos dañados y ayuda a la explotación. En este apartado se incluye el mantenimiento de instalaciones generales necesarias para llevar a cabo los servicios de conservación y explotación. Asimismo, mantendrán las vías en condiciones de funcionalidad. Por último, se incluyen actuaciones en circunstancias excepcionales que hagan necesaria la intervención inmediata de los equipos.




La construcción de la LAV Murcia-Almería avanza con ayuda de BIM

  • La Región de Murcia y el norte de Almería tendrá la primera red del país de Cercanías en ancho estándar

 

Adif, entidad pública del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 9,4 millones de euros un contrato para la construcción de una nueva estación ferroviaria de Totana, que supondrá un impulso para el servicio de Cercanías de la Región de Murcia y el norte de Almería, el primero del país en ancho estándar, y un paso más en el desarrollo de la LAV Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo que conecta con Europa. Esta conexión no solo reducirá los tiempos de viaje, sino que también facilitará una mayor integración de Almería con otras ciudades españolas y europeas, potenciando el desarrollo económico y turístico de la provincia andaluza. Para su desarrollo Adif, centrado en su Plan Estratégico 2030, se ha servido de innovadoras tecnologías como BIM (Building Information Modeling).

La nueva estación, situada a unos 500 metros de la actual, dispondrá de un edificio de viajeros y dos andenes. Será accesible y sostenible, estará integrada en el entorno y fomentará el transporte de proximidad de la ciudad y la Región y su multimodalidad, al aumentar las posibilidades de enlazar el ferrocarril con otros modos de transporte. Es el penúltimo trabajo de obra pública del corredor de Alta Velocidad entre Almería y Murcia en obras. La última será la estación de Vera Almanzora, cuya previsión es que esté operativa en 2026.

Con esta infraestructura en marcha, el servicio de Cercanías se prestará por la nueva línea de alta velocidad, lo que le permitirá incrementar su capacidad de circulación y confiabilidad. Contará con seis nuevas estaciones, cinco de ellas en desarrollo: Alhama de Murcia, Librilla, Lorca San Diego, Almendricos y Alcantarilla. Además, al integrarse en una red ferroviaria de ancho estándar, las obras en Totana y en otras estaciones del Corredor Mediterráneo fomentarán el uso del tren como una alternativa de transporte más sostenible frente a los vehículos privados o la circulación aérea. Esto beneficiará a la provincia de Almería al reducir la dependencia de otros medios de transporte y ofrecer una opción más ecológica.

 

Y en esta apuesta de Adif por modernizar las infraestructuras ferroviarias e impulsar la movilidad sostenible, la metodología BIM juega un papel protagonista. “La implementación de BIM forma parte del Plan Estratégico 2030 de Adif, que es un plan tremendamente ambicioso. Pretende optimizar la competitividad y sostenibilidad de la compañía en el sector de la gestión y explotación de las infraestructuras ferroviarias, dando respuesta a los retos de futuro”, reconoce Javier Lozano López, Subdirector BIM y de Continuidad Digital en Adif en una entrevista para la sección AbiertoXObras de la empresa especializada Espacio BIM (www.espaciobim.com).

Gracias a BIM se consigue administrar toda información detallada de una edificación o infraestructura, desde su diseño hasta su mantenimiento, con la finalidad de evitar la pérdida de recursos y administrar de forma más exacta el tiempo en la construcción, o eludir costes innecesarios en futuras remodelaciones. Así, tal y como asevera Borja Sánchez Ortega, Director de Proyectos y Director del Máster BIM Manager Internacional (+VR) de la mencionada empresa., “BIM permitirá a Adif centralizar toda la información de la nueva estación ferroviaria de Totana (geométrica, documental, etcétera) en un modelo digital desarrollado por todos los agentes que intervienen”.

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La Junta de Andalucía recauda 192 millones menos de IRPF que el Estado por la rebaja fiscal

 

Andalucía aumentó la recaudación total por IRPF un 9,8% en 2022 (incluidos todos los conceptos, cuota líquida, retenciones de no declarantes y otros), después de aplicar una deflactación (reducción de un 4,3% de la base imponible hasta 35.000 euros), reducir los tipos marginales y el tramo más alto (más de 120.000 euros) y mejorar de forma generalizada de las deducciones.

Hace unos días, la consejera de Economía, Carolina España, atribuía este crecimiento a un círculo virtuoso muy conocido por los economistas: al dejar la administración más dinero en el bolsillo de los contribuyentes, la actividad económica se vuelve más dinámica, se genera riqueza, se eleva el número de personas que pagan impuestos y mejora la recaudación.

 

Y, efectivamente, la Junta de Andalucía recaudó más por impuestos en 2022, pero lo hizo por debajo de la media de las comunidades autónomas de régimen común y por debajo de la recaudación del propio Estado en términos equivalentes, lo que se conoce como recaudación normativa en el sistema de financiación.

El aumento medio en las comunidades de régimen común fue del 10,3% (0,5 puntos superior al andaluz), según los últimos datos de liquidación publicados por el Ministerio de Hacienda.

Y por primera vez desde 2011 el Estado recauda más que la administración autonómica por el IRPF. Recordemos que a cada administración le corresponde un 50% de la cuota, y la Junta tiene capacidad normativa sobre su parte.

Las rebajas de la administración autonómica han hecho que recaude 192 millones menos (ver gráfico) que el Estado central en 2022 (que elevó sus ingresos un 13,5%, 3,7 puntos porcentuales más que la Junta).

Solo un año antes, en 2021, Andalucía había ingresado 54 millones más. La merma en solo un ejercicio, es de 246 millones de euros.

En 2018, último ejercicio con Gobierno del PSOE, la Junta recaudaba 152 millones más que el Estado y poco a poco esta diferencia ha ido bajando hasta invertirse las tornas.

Esto, recordemos, tiene dos caras: más dinero en manos de los contribuyentes y menos recaudación de la que se hubiera obtenido sin cambios normativos. En lo relativo a la recaudacion del IRPF, el Estado, desde 2018, ha elevado el líquido obtenido un 41% y la Junta siete puntos menos, un 34%, lo que evidencia la diferente política fiscal de ambas administraciones.

La segunda parte de la tesis de la Junta, el aumento del número de contribuyentes, parece tener más visos de realidad, a tenor de los datos. Según la estadística de declarantes de la Agencia Tributaria, en 2022 hubo 176.000 contribuyentes más, hasta casi 4,1 millones de pagadores de IRPF.

Es un 4,5% más, un incremento superior al de la media estatal (+3,63%). La tendencia es que Andalucía incremente su peso en el país, algo que lleva ocurriendo desde 2018. En 2022, el 22,5% de los que abonaron el impuesto eran residentes en Andalucía, frente al 22% de 2021. El número es grande (superior al la proporción de la población andaluza en el conjunto del Estado), pero otra cosa es el abono: en Andalucía las rentas de más de 60.000 euros aportan el 33,4% de la recaudación total, mientras que en Cataluña esta cifra asciende al 44% y en Madrid al 55,7%. Una gran parte de los contribuyentes de la región, unos 1,6 millones, no hacen la declaración al no llegar a la renta necesaria.

Pero, si la fotografía sigue siendo desfavorable por razones históricas, la tendencia parece buena: más de la mitad del aumento de contribuyentes, unos 90.000, se corresponden con rentas superiores a los 30.000 euros.

Los impuestos cedidos

En 2022, la Junta de Andalucía no solo redujo el IRPF sino que lanzó una batería de rebajas fiscales en los impuestos cedidos, aquellos que son de titularidad estatal pero cuya competencia normativa y recaudatoria corresponde a la administración general. Son Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Patrimonio y el tributo sobre actividades de juego.

En ese ejercicio la Junta tocó algo Sucesiones y Donaciones (la reforma importante ya la hizo en 2019), Transmisiones Patrimoniales (impuesto muy vinculado a la actividad ya que grava la compraventa de vivienda) y actos jurídicos documentados (también muy ligado al dinamismo económico). Patrimonio fue bonificado al 100% más tarde, por lo que en 2022 la recaudación no se vio alterada por ningún cambio de normativa.

En conjunto, la Junta de Andalucía recaudó por todos estos impuestos ese año, según los datos definitios de la Inspección del Ministerio de Hacienda, 2.407 millones de euros, un 5,9% más, o lo que es lo mismo, 133 millones más. También, en este caso, aumentan los ingresos, pero lo hacen menos que en el conjunto de autonomías de régimen común. De media, estas recaudan un 11% más, un crecimiento que es casi el doble. La consecuencia es que Andalucía pasa de ser la receptora del 14,4% de estos tributos al 13,7% en solo un año. De haber mantenido su peso, habría recaudado 118 millones más.

La recaudación de los impuestos cedidos sube la mitad que en la media de autonomías de régimen común

Curiosamente, en Sucesiones aumenta la recaudación de 2021 a 2022 en 2,3 millones, hasta 261 millones (+0,9%), frente al retroceso general del 0,9%, debido a las rebajas más importantes en Castilla y León, Madrid y Baleares. Pero el tajo en este impuesto ya había ocurrido con Susana Díaz en el Gobierno en 2018 (cuando pasó de 364 a 299 millones) y en el primer año de Juanma Moreno (de 299 a 261 millones). En el impuesto de Patrimonio los ingresos aumentaron en 2022 un 11,6% (hasta 122 millones), pero en la media de comunidades subieron un 15,1%. En 2023, debido a la bonificación del 100% del impuesto, la recaudación se ha desplomado un 88%, hasta una cifra residual de 14 millones.

En Transmisiones Patrimoniales la Junta recaudó en 2022 1.511 millones, un 13,9% más, frente al 15,6% de subida general; en tasas sobre el juego se ingresaron 115 millones, un 27,4% más (ligeramente superior a la media, con un alza del 26,4%); y donde más distancia hubo entre Andalucía y el resto de comunidades fue en Actuos Jurídicos Documentados. Se recaudaron 464 millones, un 2,6% más, cuando de media el crecimiento fue del 11,5%.

 

Informe de la Airef

Según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicado el pasado mes de abril esta tendencia se mantendrá en los próximos años sin cambios normativos. La entidad supervisora cifra en 362 millones la merma en la recaudación total (255 correspondientes al IRPF y el resto en Sucesiones, Patrimonio e Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados). Hay que tener en cuenta que Patrimonio fue suprimido en 2023 y equiparado para 2024 al impuesto de las grandes fortunas (para patrimonios superiores a dos millones de euros) por lo que en este impuesto previsiblemente la pérdida de ingresos será menor. La Airef también prevé, por otro lado, que en el periodo 2023-2028 el gasto se tenga que incrementar solo por la remuneraciòn de asalariados en 353 millones.

Diego Martínez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, y caracterizado por su postura crítica con la política fiscal de la Junta, destaca entre sus aspectos positivos “la eficacia del mensaje de estabilidad política que transmite; es un intangible de notable valor económico”. Y, entre los negativos, “la inconsistencia que supone rebajar impuestos, dañando la recaudación por ello (aunque se diga lo contrario), y pedir simultáneamente más financiación autonómica; también el tono ultraexpansivo del gasto, que desemboca en importantes déficits públicos”.




La patronal CEACOP denuncia que la Junta de Andalucía no atiende la revisión de precios en las obras de los colegios

CEACOP (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública) denuncia que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta no está atendiendo los expedientes de revisión de precios de obras realizadas en centros escolares de la comunidad, una situación que está generando “importantes pérdidas” y llevando al “límite” a numerosas compañías del sector.

Los proyectos afectados se incluyen en el acuerdo marco para nuevas infraestructuras educativas que ha servido para canalizar una inversión extraordinaria en el equipamiento de los centros escolares de casi 400 millones de euros desde comienzos de 2020 hasta abril de 2024. Las obras realizadas -más de 2.000 por toda Andalucía- fueron adjudicadas a principios de 2020, por lo que se han visto afectadas de lleno por la extraordinaria subida de precios de los materiales y de los costes energéticos derivados, primero por la pandemia y, posteriormente, por el conflicto en Ucrania.




Entrevista a Manuel Alejandro Cardenete: “La rendición de cuentas es baja”

  • El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía hace balance de sus cien días al frente del organismo autonómico con Diario JAÉN

 

alora la unanimidad que cosechó en el Parlamento de Andalucía la propuesta de su nombre para el cargo. Entre sus objetivos para el mandato, que será de tres años, destaca dar mayor visibilidad al organismo autónomo para aumentar la fiscalización e introducir la inteligencia artificial al proceso.

—Supera los cien días al frente de la Cámara de Cuentas.

—Uno de los tres pilares sobre los que quiero pivotar la gestión es la visibilidad para lograr mi segundo objetivo de este mandato, que es la rendición de cuentas de las entidades locales. En Andalucía no es obligatoria y tiene la peor ratio, no llega al 50%, pero hay comunidades en las que, por ley, la rendición de cuentas está vinculada a la percepción de subvenciones, por lo que en esas no hay ayuntamiento que no quiera rendir cuentas. El tercer pilar es la introducción de la inteligencia artificial para incrementar el volumen de fiscalización. Gestionamos 60.000 millones de euros y son 1.675 entidades con 121 funcionarios. Incorporamos tecnología o no podremos mantener el ritmo, ni mucho menos aumentarlo.

—Recibió un apoyo unánime.

—Fue una sorpresa, no tanto en el Parlamento, donde me apoyaron todos los grupos con los 106 parlamentarios, que eso forma parte del guion habitual, pero sí que el respaldo fuera unánime en el pleno, algo que hacía bastantes legislaturas que no ocurría. Me siento doblemente reforzado, pero también con la responsabilidad de mantener ese consenso.

—¿En qué situación están los informes pendientes referentes a las ayudas de la covid-19?

—Se publicaron y auditaron los de ayudas a instituciones culturales, a residencias de mayores y de personas con discapacidad, y de contratación de personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Todos ellos favorables. Hay uno pendiente que no sé si estará antes de que empiece el verano. Hay que tener en cuenta que cualquier informe de la Cámara requiere de siete pasos en un sistema muy garantista donde, una vez se hace el análisis por parte del cuerpo de auditores, se le da la oportunidad al órgano fiscalizado de que explique cualquier cuestión que deba ser aclarada. Si no está antes, lo estará después de verano.

—A tenor de los últimos datos, Andalucía lidera la bajada del paro nacional. ¿Cómo de importante es para la economía?

—Andalucía cambió hace unos años en positivo a la hora de converger con España. En el mercado laboral, en el Producto Interior Bruto (PIB), en las exportaciones… Esa es la senda a seguir. El dinero no entiende de política, en dinero entiende de tranquilidad y transparencia, un sistema estable y presupuestos anuales. Eso se nota. Por poner un pero, el mercado laboral español necesita una pensada para que las tasas de paro sean de un solo dígito. Ese debe ser el objetivo de un país como España, que es una potencia de la Unión Europea.

—El Ayuntamiento de Jaén capital tiene una deuda importante. ¿Cuál es la visión del presidente de la Cámara de Cuentas?

—La Cámara hace auditoría de cuentas, en este caso financiera, no solamente fiscalización, sino también operativa y de cumplimiento. Es decir, que los procesos se hagan bien y que el dinero se destine a lo que se tiene que destinar. En la parte financiera, parte del trabajo es analizar y ver qué pasa para, precisamente, ayudar a cualquier tipo de administración local en su gestión, sea grande, pequeña o pequeñísima. A partir de ahí, son los ayuntamientos, las diputaciones, las empresas públicas o la Consejería de turno la que tiene que tomar decisiones. Eso es absolutamente político. La Cámara de Cuentas puede decir que algo no va bien. Analiza los 785 ayuntamientos, por lo que tiene una visión periférica de lo que se puede mejorar. No somos los hombres de negro, sino que ponemos negro sobre blanco y, a partir de ahí, que cada administración tome sus decisiones.

—No castiga “mala praxis”.

—Los informes van al Tribunal de Cuentas. Si detecta que hay responsabilidad contable, si inicia el procedimiento y tiene un recorrido judicial, pero de eso no se encarga la Cámara de Cuentas.

—El endeudamiento lastra cualquier tipo de inversión propia.

—Quien está endeudado no puede hacer cosas por su cuenta.

—¿No recomienda la Cámara de Cuentas de Andalucía fórmulas para reducir deuda?

—En Economía y Ciencia Social, que estudia la asignación de recursos, se trabaja con un presupuesto. Los ayuntamientos son plenamente autónomos, pueden decidir qué hacer con el dinero, si lo invierten en un parque, en una piscina pública o en arreglar rotondas. La Cámara puede poner encima de la mesa qué ratios son o empiezan a ser preocupantes, dónde está la línea que no hay que cruzar, que ya supone un riesgo. A partir de ahí, la decisión es de los ayuntamientos.

—Presidirá la Cámara de Cuentas de Andalucía durante los próximos tres años. ¿Cuál es el perfil idóneo para el cargo?

—No lo digo yo, lo dice la ley. Para ser consejero, no presidente, hay que ser una persona de reconocido prestigio en el campo del derecho, la economía y la empresa. Los siete consejeros son personas con un recorrido profesional. Tradicionalmente, los que conforman la Cámara de Cuentas procedemos habitualmente del mundo académico. Es un perfil muy clásico. Debe ser una persona técnica y lo más independiente posible en el sentido político. El presidente no debe posicionarse, sino ser escéptico, porque perdería automáticamente la autoridad y eso es algo que se tiene que preservar sí o sí.




Fomento y el sector cementero colaboran para hacer más sostenibles los materiales de construcción Rocío Díaz destaca que se refuerza la cooperación del Gobierno andaluz con empresas del sector en el uso de nuevas tecnologías

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz; la presidenta de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA) y vicepresidenta del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), Carmen Díaz, han renovado la firma del protocolo de colaboración en materia de actividades científicas, técnicas, profesionales y divulgativas. Rocío Díaz ha destacado que “la firma de este protocolo viene a revalidar la cooperación entre la Junta de Andalucía y las empresas del sector”.

Este nuevo protocolo actualiza un acuerdo anterior suscrito en 2020 dada la necesidad de adecuarlo a los muchos cambios tecnológicos en el campo de los materiales de construcción en general y en el del cemento en particular, así como su necesaria adecuación a los parámetros de sostenibilidad.

La consejera ha subrayado la importancia que el Gobierno de Juanma Moreno da a la sostenibilidad y ha recordado que la Consejería de Fomento ya puso en marcha el Sello Verde, “un distintivo de calidad con el que se incentivan a las empresas para alcanzar la excelencia ambiental en la ejecución de todas las obras”. Para ello, ha destacado, las aplicaciones que se están desarrollando desde el IECA y el empeño de las empresas en adecuarse a esas nuevas técnicas de construcción “nos van a permitir construir de una manera más sostenible, construir mejor y adecuarnos a las nuevas necesidades que nos plantea la sociedad”.

Díaz ha aprovechado para resaltar el impulso que el Gobierno andaluz ha dado a las licitaciones y al desarrollo de los proyectos, “para que Andalucía siga avanzando de la mano de sectores tan estratégicos, como el de los fabricantes del cemento dentro de la estrategia de Revolución Verde de la Junta de Andalucía”, ha señalado.

Por su parte, la presidenta de AFCA y vicepresidenta del IECA, Carmen Díaz, ha recalcado que con la renovación del acuerdo firmado en 2020 con la Consejería de Fomento, “el sector cementero andaluz reitera su compromiso con la Junta de Andalucía en contribuir a la descarbonización del sector de la construcción aportando soluciones técnicas y, fabricando cementos y hormigones, que son materiales fundamentales para la resistencia y durabilidad de nuestras estructuras, más sostenibles”.

Junto a la consejera de Fomento, la de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA) y del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), han estado presentes el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz Atanet; el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano; el director general de Infraestructuras del Transporte, Eduardo Gutiérrez; y el director gerente de la Agencia de Obra Pública, José María Rivera.




La nueva ley de vivienda de Andalucía contrarrestará la norma estatal y reducirá el déficit de nuevas promociones

La subida de los precios de la vivienda en venta y en alquiler especialmente en los grandes núcleos urbanos y el crecimiento constante del número de viviendas con fines turísticos se están consolidando como una de las prioridades sociales en la población y como la base de protestas como las registradas las últimas semanas en Cádiz o Málaga. Ante este fenómeno, señalado especialmente por los grupos de la oposición en el Parlamento, la Junta de Andalucía mantiene una línea argumental clara: el problema tiene su origen en la ley estatal que ha provocado una caída de la oferta residencial y como respuesta el Gobierno andaluz promoverá en las próximas semanas su primera ley de vivienda, que sustituirá la aprobada por el Parlamento autonómico en el año 2010.

«El problema de la vivienda es que la inseguridad jurídica ha provocado que se dispare el precio de la compra y alquiler de vivienda por una normativa estatal intervencionista y la falta de obra nueva en los últimos años», resumió la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, quien puso encima de la mesa los últimos datos elaborados por el Banco de España.

Según el último informe, fechado el pasado mes de abril, en estos momentos hay un déficit de obra nueva para atender la demanda de en torno a 60.000 viviendas, una cifra que aumentará en otras 30.000 unidades entre 2024 y 2025. En total, faltarán 90.000 nuevas viviendas.

Revertir esta tendencia será uno de los objetivos de la nueva ley andaluza de vivienda que aprobará el Consejo de Gobierno en julio y que pretende fijar un marco normativo completamente opuesto al del Gobierno de España: «La ley andaluza viene a reparar el daño de la ley estatal y a favorecer el acceso de los andaluces a una vivienda. Será un cambio sustancial en las políticas de vivienda, para hacer real y efectivo el derecho de los andaluces a una vivienda digna y adecuada». Sí tiene decidido la Junta que no tendrá elementos intervencionistas y que en ningún caso, como reclaman PSOE o Por Andalucía, la comunidad autónoma se acogerá a la posibilidad de declarar zonas tensionadas prevista en la normativa estatal.

Viviendas turísticas

Los grupos de la oposición aprovecharon la comparecencia en el Parlamento además para volver a denunciar la «falta de regulación» en torno a las viviendas con fines turísticos y la «insuficiencia» del decreto aprobado el pasado mes de febrero por la Consejería de Turismo y Cultura.

En este sentido, la consejera Rocío Díaz defendió las posibilidades que abre el decreto autonómico a los ayuntamientos. Coincidiendo con este debate, en Cádiz, el PP Andaluz, puso como ejemplo a este ayuntamiento por su decisión de suspender cualquier nueva licencia de vivienda turística en el casco antiguo, una posibilidad que otros ayuntamientos como es el caso de Sevilla estiman que no es posible con el actual marco jurídico.