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La constructora vallisoletana Inexo se expande en Andalucía tras adquirir la granadina Grulop

  • Cada empresa mantendrá su marca, estructura y cartera de trabajo, que abarcan obra pública y para clientes privados

El grupo empresarial granadino Grulop, conformado por las constructoras Grulop 21 y AFC Construcciones y Contratas, ha sido adquirido por la compañía vallisoletana Inexo. La operación se enmarca en un plan que tiene como objeto “sumar sinergias y constituir un fuerte grupo constructor de ámbito nacional dedicado tanto al sector privado como a la obra pública”, señalan las empresas en una nota de prensa conjunta.

El acuerdo da total continuidad a cada firma, que mantendrá su marca, su propia estructura y equipos, así como sus carteras de trabajo, una con sede en Valladolid y realizando grandes infraestructuras principalmente de iniciativa privada en la zona centro, y la granadina dedicada a la obra pública fundamentalmente con actividad en Andalucía, aunque con presencia en todo el territorio nacional.

Esta operación supone la creación de un grupo cuya cifra de negocio se situará en torno a los 100 millones de euros anuales y una plantilla cercana a las 200 personas.

“La suma de estas compañías representa una oportunidad de expansión geográfica y de actividad, posicionándonos mejor en el mercado, potenciando el crecimiento de las empresas y resultando un proyecto más resiliente a medio y largo plazo”, explica Carlos López, hasta ahora CEO de Grulop, quién seguirá vinculado a la misma.

Por su parte, el CEO de Inexo –cargo que también asume en Grulop-, Javier Recio, se muestra muy satisfecho con la adquisición, “ya que es una de las empresas andaluzas con mayor solvencia y una cartera de negocio que supera los 100 millones de euros para los próximos ejercicios”.

Inexo se constituyó en 2012, dirigida por Javier Recio y Sergio Rello y con cerca de 100 empleados, se caracteriza por la ejecución de infraestructuras singulares y de gran complejidad, principalmente para clientes privados.

Por su parte, Grulop fue creada igualmente en 2012 y es el resultado de la experiencia del empresario Carlos López Navarrete, que decide poner en marcha esta iniciativa tras haber liderado anteriormente grandes proyectos dentro del sector de la construcción de obra pública.




La Junta apuesta por las zonas prioritarias para recuperar viviendas: “Hay que darle una nueva vida a los barrios”

 

“Daremos una nueva vida a los barrios”. Así lo ha defendido este miércoles la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, en el transcurso de un Foro Joly celebrado en Córdoba en el que ha repasado los asuntos prioritarios de su departamento y ha esbozado los ejes de su gestión para el próximo año.

A preguntas de la directora de El Día de Córdoba, Raquel Montenegro, que ha moderado el encuentro, la responsable autonómica ha incidido en las medidas que aplicará para aumentar el parque de vivienda asequible, entre ellas la declaración de zonas prioritarias, un recurso incluido en el anteproyecto de ley de vivienda de la Junta de Andalucía. El gobierno regional trabaja para, tras resolver las alegaciones, llevarlo en el primer semestre de 2025 al consejo de gobierno y, a continuación, iniciar la tramitación parlamentaria.




Los ingenieros de caminos señalan que el buen funcionamiento de las infraestructuras de Andalucía ha evitado riesgos mayores por la DANA

 

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha destacado este viernes que “las infraestructuras en la Comunidad han funcionado bien, han mitigado de manera significativa los efectos de las elevadas precipitaciones recogidas en los últimos días en su paso por Andalucía y, en muchos casos, evitado desastres mayores”. Y que “el nivel previo de sequía de la cuenca ha sido positivo porque ha ofrecido capacidad suficiente para retener el agua sin realizar ningún desembalse y se ha almacenado toda la lluvia caída aguas arriba”.

El gremio en Andalucía lamenta la primera víctima mortal de la DANA en Málaga, así como de una joven de Puente Genil entre los fallecidos en Valencia, y trasmite sus condolencias a los familiares y allegados. “Deseamos, asimismo, expresar nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas por este desastre natural que ha causado innumerables pérdidas materiales”.

El Colegio entiende que el desastre vivido por el paso de la DANA nos da varias pautas de aprendizaje a tomar en consideración:

  • En primer lugar, la necesidad de mejorar la prevención y la gestión de la catástrofe para adelantarnos y minimizar los riesgos.
  • Hacer respetar las directrices recogidas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones, principalmente en la ocupación de zonas inundables.
  • Y elevar las inversiones en infraestructuras que reduzcan el impacto de fenómenos climáticos, entre ellas dando soluciones alternativas y preventivas en las zonas donde los desarrollos de urbanizaciones hayan ocupado el flujo preferente de los ríos y ramblas.

Los ingenieros entienden que la DANA, entre otras consideraciones, ha evidenciado “la importancia crucial de las infraestructuras hidráulicas en servicio”.

Añade el colegio que “el nivel previo de sequía de la cuenca ha sido, en este caso, positivo, porque ha ofrecido capacidad suficiente para retener el agua sin realizar ningún desembalse y se ha almacenado toda la lluvia caída aguas arriba, sin incrementar los caudales de los ríos que llegan de la cuenca no regulada con las presas”. Los problemas detectados, según le ha trasladado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, han sido en la cuenca no regulada del Guadiana Menor, como la rambla de Guadix, y en arroyos no regulados en las provincias de Sevilla y Huelva, que han visto aumentar significativamente su caudal.

En la zona del Guadalhorce ha habido problemas en las áreas inundables ocupadas, fundamentalmente. Asimismo, el nivel de precipitaciones extraordinario recogido tanto en Málaga como en Cádiz supone episodios puntuales, pero deben analizarse para mejorar la respuesta pública. El colegio plantea que habría que estudiar con objetividad las causas de las graves consecuencias de estas lluvias en cada zona, pero sin olvidar que nos hemos enfrentado a un episodio excepcional, que ha sido considerado “la peor DANA del siglo en España”.

Desde la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos instamos a todas las administraciones y a los agentes sociales a trabajar juntos y aunar esfuerzos para llevar adelante los proyectos necesarios. Solo con un compromiso conjunto podremos mejorar la resiliencia de nuestra región frente a eventos climáticos extremos y salvaguardar tanto a la población como el entorno. Reiteramos nuestro compromiso de aportar nuestro conocimiento técnico y nuestra experiencia para hacer posible este objetivo común.

“Planes de gestión del riesgo de inundación que busquen su reducción”

El colegio explica “que todas las infraestructuras bajo las competencias de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se planifican y proyectan con unos coeficientes de seguridad, aprobados por normas de obligado cumplimiento. Estos coeficientes existen para dimensionar o definir las infraestructuras en función de posibles riesgos. En el caso del agua se conoce como el ‘periodo de retorno de avenida de 500 años’, un valor con el que se calculan las infraestructuras que puedan estar sometidas a grandes masas de agua en función de la experiencia del último medio siglo. Construir infraestructuras por encima de estos coeficientes de seguridad nos llevaría a tener actuaciones insostenibles en espacio e inversión”.

“Es importante recordar que el riesgo cero no existe ante fenómenos meteorológicos de esta naturaleza, pero como Ingenieros aspiramos a reducirlo mejorando los sistemas de alerta temprana, la transmisión del conocimiento a la sociedad que vive en zonas inundables, el apoyo a la toma de decisiones y mediante la ejecución de infraestructuras que son necesarias para la mitigación del riesgo. La realización de planes de gestión del riesgo de inundación que busquen su reducción es un imperativo de la Directiva Marco Europea de 2007 sobre esta cuestión. La información y la predicción hidrológica en tiempo real mediante modelos adecuados y sistemas automáticos, y también los mapas de riesgo a los que la ciudadanía tiene acceso, desempeñan un papel clave en minimizar el impacto de estos eventos. En este sentido, la información y la educación permiten a la población y a los responsables de seguridad tomar decisiones más fundamentadas y rápidas en momentos críticos”.

“No obstante, este tipo de fenómenos nos recuerda la necesidad de dar un paso más para reducir eficazmente el riesgo y el impacto de futuras inundaciones. Las soluciones técnicas necesarias para ello ya están proyectadas y respaldadas por estudios exhaustivos; sin embargo, su realización depende de acuerdos y voluntad política, así como de la financiación adecuada para convertirlos en realidad. En los presupuestos de las administraciones se debería reflejar una partida permanente extraordinaria para conservación y limpieza de cauces y terrenos anexos a las zonas inundables, sobre todo en las áreas cercanas a las poblaciones. Un tema importante es que esta conservación, mantenimiento y limpieza de zonas de riesgo están bajo el control o gestión de diversas administraciones, hasta cinco en algunos puntos, por lo que el trabajo común y la coordinación para costear estas actuaciones y ponerlas en marcha debe ser un tema que preocupe”.

“A los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se nos inculca que debemos dar la mejor solución posible a los problemas planteados con los recursos que disponemos. Disponemos de conocimientos técnicos para paliar los efectos devastadores de la naturaleza, necesitamos destinar los recursos necesarios para alcanzar este objetivo. Y no nos quedemos en el tantas veces oído, ‘en obra civil, ya está todo hecho’ o ‘esa solución es muy cara’. Ha quedado en evidencia que no es así, no está todo hecho y las soluciones no son caras o baratas, son rentables o no. Porque ¿Cuánto nos va a costar ahora rehacernos de esta situación? Atrevámonos a compararlo con el coste de ejecutar los proyectos, que ya están planificados, y que

ayudarían a paliarla”.




Los Presupuestos de Andalucía para el año 2025 destinan 6,3 de cada 10 euros a políticas sociales

  • Las cuentas para el próximo año ascienden a 48.836,2 millones de euros, un incremento del 4,4% (2.065M€) respecto al último ejercicio
 

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2025, que asciende a 48.836,2 millones de euros y que incrementan en 2.065 millones de euros el aprobado para el pasado ejercicio, un 4,4% más, pese a contar con recursos limitados porque Andalucía recibe cada año 1.522 millones de euros menos de lo que le correspondería por el actual sistema de financiación autonómica.

Este Proyecto de Ley, que comienza ahora su tramitación en el Parlamento de Andalucía, busca seguir transformando Andalucía mediante unas cuentas pegadas a la realidad y centradas en la gestión para atender las necesidades más urgentes de los andaluces como la sanidad, la dependencia, la educación, el empleo y la vivienda. De hecho, las políticas sociales representan el 63,3% del Presupuesto y es el ámbito que más crece, dado que el grueso del incremento, unos 1.666 millones de euros, se destinarán a estas partidas.

En este sentido, ocho de cada diez euros de lo que crece el presupuesto en 2025 se destinarán a Educación, Sanidad o Dependencia, a la vez que se siguen reforzando las partidas para hacer más competitivas nuestras empresas y mejorar las infraestructuras. Así, el gasto no financiero crece un 5,2%, por encima incluso de lo que se incrementa el presupuesto en general, y se sitúa en los 45.245 millones de euros.

Esta subida está propiciada por la marcha de la economía y por el aumento de la recaudación, lo que permite que más de tres cuartas partes del gasto del presupuesto se sustente con recursos propios. A ello se suma además el descenso del gasto financiero en un 4,4% y el endeudamiento neto en un 47,4%, mientras que las transferencias y los ingresos finalistas del Estado representan el 16,3% (7.952 millones de euros), incluidos 1.391 millones correspondientes al MRR (Next Generation).

En cuanto a inversiones, éstas suponen un total de 5.804 millones de euros para el próximo año, estando provincializado el 67% y siendo el presupuesto con mayor porcentaje y volumen de inversiones provincializadas desde 2019. 

En paralelo, los presupuestos para 2025 mantienen el refuerzo de los servicios públicos esenciales iniciado tras la llegada de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía. Así, se destinarán a gasto social 30.903 millones de euros, el 63% de las cuentas. Se trata de un incremento del 6,2% respecto al año anterior en sanidad, educación, empleo, igualdad, familias, vivienda, deporte o cultura, un 44,2% más que en 2018.

En este punto, destaca el esfuerzo de más de 800 millones de la Junta de Andalucía para facilitar a los andaluces el acceso a la vivienda, una cifra en la que se incluyen las partidas de las Consejerías de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda y el impacto del Plan Fiscal de la Vivienda, que incluye rebajas fiscales y deducciones de IRPF tanto para compra como para alquiler.

De igual modo, resalta que desde 2018 el presupuesto para Sanidad se ha incrementado en un 55%, y ahora se cuenta con 5.407 millones de euros más que hace seis años. Así, la Consejería de Salud y Consumo asume uno de cada tres euros del presupuesto andaluz, y en 2025 contará con 15.247 millones de euros (un 6,9% más respecto a 2024, dos puntos y medio por encima del incremento del presupuesto).

Refuerzo del personal sanitario

A este respecto, los fondos para el Servicio Andaluz de Salud aumentan en 980 millones de euros, lo que permitirá por ejemplo incrementar la plantilla estructural sanitaria en Andalucía en casi 7.000 personas a partir de 2025. Se trata de 2.382 efectivos del incremento aprobado este mismo año y los 1.275 del proceso de estabilización, ambos incorporados ya a las cuentas andaluzas, así como los 3.175 refuerzos asistenciales COVID que se suman a la plantilla y 157 nuevas plazas MIR.

Por su parte, el presupuesto de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad crece un 12,3% respecto a 2024 hasta alcanzar los 3.343 millones de euros, lo que representa el 7% del conjunto del presupuesto para este año. En este sentido, destaca el esfuerzo de la Junta de Andalucía para mejorar el sistema de atención a la dependencia que se materializa en duplicar el presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en los últimos seis años hasta alcanzar los 2.331 millones de euros en 2025.

Los fondos para Educación representan el 22,3%, es decir, más de dos de cada 10 euros del presupuesto. Así, los fondos para la Consejería de Desarrollo Educativo y las partidas destinadas a financiación de las universidades públicas andaluzas ascienden a 10.901 millones de euros, un 38% más que en 2018 y 354 millones de incremento respecto a 2024. Así, la Consejería de Educación contará con un presupuesto de 9.167,5 millones de euros, cifra en la que se incluyen por ejemplo 110 millones de euros más para educación infantil y primaria, y otros 249 millones de euros para la gratuidad del primer ciclo de infantil, que comenzará a aplicarse el próximo año.

Respecto a Educación Secundaria y Formación Profesional, se incrementan las partidas en 240 millones respecto a 2024, y se eleva la oferta en 71 nuevos ciclos formativos y de especialización. Se destinan además 18,3 millones para la ampliación en 330 efectivos de la plantilla docente de Formación Profesional, con lo que desde 2018 los estudiantes andaluces cuentan con más de 800 profesores nuevos.

Por otro lado, las políticas de apoyo al tejido productivo contarán en 2025 con 6.683 millones de euros, 350 millones más que el pasado ejercicio (un 5,5% más). Las políticas de Empleo y Trabajo autónomo se incrementan un 4,6%, por encima del aumento del presupuesto, hasta los 1.175 millones. En cuanto a la lucha contra el impacto de la sequía, las políticas de agua contarán con un presupuesto de 555 millones de euros, un 10,8% más que en 2024 (54 millones de incremento).

Asimismo, destaca el incremento en políticas de I+D+i, que suben un 11,7% hasta los 1.104 millones de euros, y las de Desarrollo Sostenible, que se incrementan hasta los 867 millones de euros (un 22,3% más). Por su parte, Justicia, Igualdad y Protección civil contarán con 813 millones de euros, mientras que un año más se refuerzan las partidas para cooperación y financiación de los ayuntamientos y entidades locales, que contarán con 3.972 millones de euros.

Así, destaca el Plan de Cooperación Municipal, que se incrementa en un 12,4% respecto a 2024 hasta alcanzar los 2.375 millones, mientras que la Patrica crece hasta los 535 millones de euros, demostrando de nuevo el profundo compromiso municipalista del Gobierno andaluz.

Contexto económico

El presupuesto de 2025 se ha elaborado con unas previsiones de crecimiento del PIB andaluz para el año que viene del 2,4%, estimación que cuenta con el aval de la AIReF pese a que el organismo prevé un crecimiento superior una décima a esa estimación. Con respecto a la previsión de la reducción de la tasa de paro, se ha previsto en el 15,5%, en unas cuentas elaboradas con prudencia y rigor ante la incertidumbre de no contar con directrices claras por parte del Gobierno central sobre el déficit y la regla de gasto. Así, se ha partido de la cifra de regla de gasto comunicada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 3,2%, y optado por el equilibrio presupuestario.

En cuanto a los ingresos, los recursos procedentes del Sistema de Financiación Autonómica alcanzarán los 28.540 millones, un 3,7% más, subiendo por debajo de lo que crece el conjunto de ingresos. No obstante, esa subida no se debe a que el sistema haya cambiado, sino a que se está recaudando más, y a la falta de financiación que sufre Andalucía.

Con respecto a los incremento procedentes de los ingresos tributarios, se cifran en 23.397 millones. Destaca el incremento previsto para el ITP-AJD, un 33,4%, debido al buen comportamiento del mercado inmobiliario. Por su parte, la previsión de ingresos por transferencias finalistas y dependencia aumentan un 4,8% hasta llegar a los 1.984 millones, mientras que los fondos europeos estructurales serán de 3.204 millones y los ingresos del MRR quedan de manera prácticamente residual, 5,8 millones de euros, debido a que están ya todos prácticamente en ejecución.




Andalucía aprueba sus cuentas en equilibrio presupuestario ante la congelación de la nueva senda de déficit

 

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025 se aprobarán por primera vez en equilibrio presupuestario. Es decir, no se generará nuevo endeudamiento neto y los ingresos deberán corresponderse con los gastos previstos. Esta situación, que reduce aún más el margen de dinero disponible para servicios públicos o inversiones, se produce debido a la falta de acuerdo en el Congreso en torno a la nueva senda de déficit. Y puede ser aún peor. Si no hay cambios en los apoyos con los que cuenta el Ministerio, Andalucía tendrá que corregir sus cuentas para que se cierren en superávit, renunciando a 200 millones de euros de gasto.

La falta de un criterio de déficit claro es una de las incertidumbres que asumía la Consejería de Hacienda de Andalucía al elaborar el presupuesto. En estos momentos, legalmente le corresponde aprobarlo, como al resto de autonomías, en superávit del 0, 1 %. Es decir, los ingresos deben superar en millones de euros a los gastos.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda planteó una alternativa a las comunidades autónomas: corregir este criterio para dar más margen y fijar un déficit del 0,1%. El PP, junto a una mayoría de la oposición, tumbaron la medida en el Congreso, por lo que nunca llegó a entrar en vigor.

A la espera de si llega a algún acuerdo, la Junta de Andalucía ha optado por un criterio «prudente» y se ha quedado en un término medio. Ha optado por el equilibrio presupuestario, un planteamiento que asume que es posible que tenga que corregir a lo largo de los próximos meses renunciando a 200 millones de euros.

«Un territorio como Andalucía, al que le faltan 1.500 millones de euros todos los años no puede hacer un presupuesto con superávit donde nos sobre dinero para entregárselo al Gobierno. Nosotros hemos creído razonable hacerlo en equilibrio y si luego surge que hay que ir a un superávit no debe suponer un gran problema», explicó la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.




Las patronales de la construcción y la ingeniería exigen que las empresas públicas Tragsa y Tragsatec limiten sus encargos

El sector de la construcción y la ingeniería lleva tiempo expresando su creciente preocupación y descontento ante las prácticas y actuaciones de las empresas públicas TRAGSA y de su filial TRAGSATEC, ambas pertenecientes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y dependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El gremio lamenta que fueron creadas con el objetivo inicial de cubrir situaciones de emergencia y asistencia técnica en el ámbito rural, pero “han ampliado significativamente su ámbito de actuación, llegando a generar una competencia desleal con las empresas privadas del sector“.

La Federación Andaluza de empresarios de la Construcción (FADECO CONTRATISTAS) y la Asociación empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (ASICA) han formulado, conjuntamente, alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el régimen jurídico de las empresas públicas TRAGSA y de su filial TRAGSATEC, ambas pertenecientes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El periodo de audiencia publica de este documento concluyó el pasado día 23 de octubre.

Las patronales del sector de la ingeniería y de la construcción en Andalucía señalan que “las adjudicaciones directas de contratos a TRAGSA y TRAGSATEC – amparadas en algunos casos por la Ley de Contratos del Sector Público, y en otros en abierta ilegalidad – están provocando distorsiones en el mercado“. Estas empresas públicas no están sujetas a los mismos requisitos de competencia y procedimientos de licitación que las empresas privadas, lo que les otorga “una ventaja injusta”. Además, se acusa a estas entidades de adjudicarse proyectos que no corresponden a situaciones de urgencia, sino a obras y servicios que bien podrían ser ejecutados por empresas privadas a través de procesos competitivos y transparentes.

“Blanquear actuaciones”

FADECO y ASICA han denunciado que el proyecto de Real Decreto, objeto de las alegaciones, no es más que “un intento de blanquear muchas de las actuaciones que TRAGSA y TRAGSATEC vienen desarrollando en los últimos años, irregularmente, ofreciendo cobertura jurídica a lo que hasta ahora se venían haciendo por las vías de hecho”.

Las alegaciones presentadas, que han contado con el asesoramiento del catedrático de Derecho Administrativo de Sevilla, Juan Antonio Carrillo Donaire, en su formulación, se han centrado en destacar aquellos aspectos del proyecto de Real Decreto que ahondaban en materias y procedimientos que ambas entidades llevan denunciando desde hace años, al considerarlos “ilegales”:

  1. Se ha manifestado la falta de alusión expresa, en la regulación del régimen jurídico de TRAGSA y TRAGSATEC, al mecanismo de control “encargo a encargo”, exigiéndose que el documento de formalización del encargo acredite, obligatoriamente, la mayor eficiencia, en términos de rentabilidad económica, de la decisión de encargar frente a licitar.
  2. Se ha solicitado una regulación más precisa de las funciones de la Comisión de Control Conjunto previstas en el proyecto de Real Decreto, pues la propuesta de regulación no garantiza el control efectivo sobre la actividad de TRAGSA y TRAGSATEC como medio propio y de los encargos que recibe; control efectivo que solo existiría si la Comisión tuviera la función de aprobación previa de los encargos y de control del cumplimiento de estos.
  3. Se ha propuesto la modificación del modelo de representación de la Comisión de Control Conjunto para garantizar que todos los poderes adjudicadores puedan ejercer un control análogo conjunto efectivo sobre el medio propio TRAGSA-TRAGSATEC.
  4. Se ha exigido la eliminación de la regulación de dos supuestos de presunción de urgencia no previstos en la Ley de Contratos del Sector Público respecto a los cuales, además, no se hace referencia a que la declaración de urgencia, necesariamente, debe estar adecuadamente motivada.
  5. Se ha expuesto “el carácter irregular” de la regulación masiva de las tarifas de aquellos encargos que no están comprendidos en el objeto social de TRAGSA y TRAGSATEC para que, conforme se sucedan los encargos, las tarifas aprobadas abarquen más y más ámbitos de actuación; además de que el método de aprobación y regularización de estas tarifas “especiales”, es contradictorio con el procedimiento general de aprobación de estas.
  6. Se ha denunciado “la ilegal regulación” de los convenios de aportación establecida en el proyecto de Real Decreto, la cual es contraria al ordenamiento jurídico nacional y comunitario. Es ilegal que una Administración que no controla a TRAGSA ni a TRAGSATEC reciba y pague sus servicios porque otra que sí lo controla le “preste” su medio propio mediante un convenio de colaboración.
  7. Finalmente, se ha incidido en la preocupación que a ambas entidades genera el hecho de que el proyecto de Real Decreto permita sobrepasar el límite del 50% de subcontratación de las prestaciones parciales de los encargos, normalizando esta posibilidad con carácter ordinario y sin necesidad de motivación, para los supuestos previstos, en contradicción con lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público; exigiendo incorporar en el articulado una motivación reforzada cuando se requiera sobrepasar dicho límite.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe garantizar un mercado “justo y competitivo”

El sector de la construcción e ingeniería insta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del que dependen TRAGSA Y TRAGSATEC, a tomar medidas para garantizar un mercado justo y competitivo. Es fundamental que se promueva un entorno en el que tanto las empresas públicas como privadas puedan operar con reglas claras y equitativas, preservando así la salud del tejido empresarial y el empleo en el sector.

Las asociaciones empresariales firmantes de las alegaciones han expuesto que “la situación actual pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas privadas, especialmente pequeñas y medianas empresas, que no pueden competir en igualdad de condiciones frente a compañías públicas que operan con ventajas sustanciales” y han exigido una revisión urgente del marco regulador propuesto que, de mantenerse en sus actuales términos, consolidará las prácticas ilegales que en la actualidad se vienen dando, así como una redefinición de los límites de actuación de las empresas públicas para que su intervención se circunscriba exclusivamente a situaciones de emergencia o necesidades extraordinarias, tal como fue concebido originalmente.

Alegaciones de CEACOP

Igualmente, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) también ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el régimen jurídico de las empresas públicas TRAGSA y de su filial TRAGSATEC. Y señala la “gravedad” de la situación, ya que “el importe de adjudicación a medios propios en 2023 ascendió a más de 3.200 millones de euros, de los que a Tragsa y Tragsatec les corresponden 1.400 millones, en obras que deberían ser realizadas por las empresas constructoras en libre concurrencia y competencia”.

Coincidiendo en la mayoría de los asuntos alegados y en su fondo, las alegaciones de CEACOP refuerzan “que las competencias y actuaciones se adscriban estrictamente al ámbito y funcionalidades del ministerio, no convirtiéndose mediante artificios en un medio propio para cualquier administración y para hacer cualquier tipo de obra”.

Asimismo, “las obras de emergencia pueden ser realizadas por el sector de construcción, que es el que cuenta realmente con los medios y la tecnología para ello, tal y como contempla la Ley de Contratos del Sector Público”.




Córdoba: Los empresarios avisan de la falta de mano de obra pese a la elevada tasa de desempleo

 

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de España , Gerardo Cuerva, ha lamentado este jueves en Córdoba que el Gobierno de España, con sus últimas medidas, se esté “centrando” en “más presión fiscal y, sin embargo, no en contención del gasto”. Cuerva, que ha asistido a la reelección de Antonio Díaz como presidente de los empresarios cordobeses, ha advertido además de que “no vale jugar con la representatividad” de las organizaciones empresariales en “este momento tan complicado”, dada la “incertidumbre a la que estamos expuestos”.

Además, según ha señalado, “nos estamos encontrando” medidas del Gobierno de la Nación, como “el plan fiscal estructural, que han presentado hace dos noches” y, “desgraciadamente, nos seguimos centrando en más presión fiscal sin que haya contención del gasto”. Por eso, según ha argumentado, “noticias como las que hemos visto en estos tiempos, sin entrar en valoraciones jurídicas, no acompañan a la certidumbre y estabilidad que necesita el mundo de la empresa” y “que necesita la sociedad”, lo que le ha llevado a solicitar “al Gobierno de España que ponga todos los recursos para crear ese clima, ese caldo, ese entorno adecuado para que la actividad empresarial pueda ejercer su fin”.




Moreno destaca las nuevas infraestructuras a pesar de la “infrafinanciación” de Andalucía

– El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha destacado este lunes, durante la inauguración de una obra de infraestructura en la provincia de Sevilla, la labor de su Gobierno para ponerlas en marcha pese a no contar con los recursos económicos que “merecen” los andaluces porque su comunidad está “infrafinanciada”.

Moreno ha inaugurado, junto a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y el presidente de la Diputación de Sevilla y alcalde de La Rinconada (Sevilla), Javier Fernández, el Viaducto del Pago de Enmedio, una obra que afianza la principal ruta de acceso a la capital de municipios como La Rinconada, Brenes, La Algaba o Alcalá del Río, con una población de más de 100.000 habitantes.

“A veces nos encontramos muchos obstáculos. El primer obstáculo que me encuentro son los recursos económicos. No tenemos los recursos económicos que nos merecemos los andaluces porque estamos infrafinanciados, y a pesar de eso hacemos un esfuerzo, una inversión potente y directa y buscando los recursos prácticamente debajo de las piedras”, ha subrayado en su discurso el presidente de la Junta.

Ha precisado que el del viaducto ha supuesto un esfuerzo presupuestario “excepcional” que le gustaría que fuese apreciado por los municipios y ha destacado que su Gobierno “sigue cumpliendo con la provincia” de Sevilla, que ha tenido un impacto presupuestario por parte del Gobierno andaluz de 2.859 millones de euros desde 2019.

Según el presidente andaluz, no existía una cifra similar prácticamente desde la Expo 92, y ha añadido que su Gobierno seguirá esforzándose en la apuesta por las infraestructuras sevillanas, entre las que ha citado las líneas del Metro de Sevilla o el tranvía de Alcalá de Guadaíra.

Moreno ha reconocido que la obra que hoy se inaugura ha sido “muy cara” porque ha requerido de un “esfuerzo más que considerable” para salvar obstáculos y que tenga un “nulo impacto medioambiental”, de forma que la inversión ha sido de 30 millones de euros para un trayecto de 1,3 kilómetros.

Ha recordado que la idea del nuevo vial nació hace 17 años y las obras comenzaron en 2020 y sufrieron demoras debido principalmente a la pandemia, y ha añadido que “bien está lo que bien acaba”, y desde hoy la provincia de Sevilla cuenta con una nueva infraestructura que responde a las demandas de los vecinos de varios municipios y la capital.

Sobre el agua y tras destacar que en los últimos días haya llovido en Andalucía, ha señalado que los embalses siguen en torno al 30 por ciento en la cuenca del Guadalquivir, en la provincia de Málaga al 14 por ciento, y en la de Almería en torno al siete u ocho por ciento del total.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Sevilla ha indicado en su intervención que los ciudadanos quieren que las administraciones sen “ágiles y útiles” a la hora de poner en marcha las obras, y ha mostrado sus satisfacción por haber dado respuesta a una “demanda histórica” de esta zona, al tiempo que ha pedido a la Junta colaboración para el resto de los proyectos que están pendientes.

Una infraestructura fundamental para una población de más de 100.000 habitantes

El viaducto del Pago de Enmedio, que será utilizado a diario por unos 30.000 vehículos, se alza sobre el nuevo barrio de La Unión por sonde están creciendo la localidads sevillana de La Rinconada y el núcleo San José de la Rinconada, una estructura elevada, cuyas obras comenzaron en 2020 y cuyo coste supera los 25 millones de euros.

Esta estructura elevada es fundamental para afianzar la autovía como principal ruta de acceso a la capital de municipios como La Rinconada, Brenes, La Algaba o Alcalá del Río, con una población de más de 100.000 habitantes, y da continuidad al tronco de la autovía, además de contar con dos nuevos ramales en el enlace norte, el de salida desde Sevilla hacia San José y el de incorporación desde La Rinconada hacia Sevilla.

Este tramo en obras sobre los terrenos de Pago de Enmedio –la zona de expansión entre los núcleos de La Rinconada y San José– da continuidad a un eje principal de ocho kilómetros de entrada segura y fluida a la capital, denominado Vial Metropolitano de Acceso Norte a Sevilla (A-8009), que cuenta con dos carriles por sentido de circulación.

La obra abarca un tramo de 1,3 kilómetros de longitud e incluye la construcción de dos viaductos de doble calzada, el primero de ellos el viaducto sur, de 590 metros de longitud, que salva los terrenos de desarrollo urbanístico y el parque situado en la zona de Pago de Enmedio.

El viaducto norte, de 178 metros, salva la glorieta del enlace norte con la vía autonómica que une La Rinconada con la estación de San José (A-8001).

Los puentes se han construido con una tipología mixta que reúne la técnica in situ y el prefabricado, con costillas laterales que apuntalan y aligeran los voladizos para profundizar en la integración en el paisaje urbano. Los estribos de las estructuras también están diseñados para la integración, de forma que se doten de vegetación. EFE




Málaga y Sevilla estarán conectadas por tren en hora y media a partir de 2025

 

Debía haberse puesto en marcha en 2021, pero no será hasta este 2025 cuando el bypass de Almódovar del Río (Córdoba) esté en funcionamiento. La obra, que permitirá conectar Málaga y Sevilla en algo más de hora y media, unos 20 minutos menos de lo que se tarda en la actualidad, estará terminada e incorporada al servicio el próximo año, según ha explicado Óscar Puente, ministro de Transportes, tras una reunión con la Consejera de Fomento, Rocío Díaz, este viernes en Granada.

Mucho se ha hablado de esta variante desde que en 2020 empezaran las obras, cuyo presupuesto ha ascendido desde los 11,9 millones por los que se licitó hasta, al menos, 28 millones de euros, según lo comunicado por Adif a este medio en febrero de este año. Entonces, ya se habían dispensado 14 millones y quedaba por disponer una cantidad similar en concepto de montaje de vías, electrificación, control de tráfico y señalización.

Este bypass de Almodovar fue la opción barata elegida para recortar los tiempos entre Sevilla, Málaga y Granada, evitando pasar por la estación de Córdoba; después de que en 2013 el Gobierno de Rajoy tumbase una línea de AVE que podría unir Málaga y Sevilla en 55 minutos. Esta obra, además, era la menos cara de las dos opciones que se barajaban en Almódovar, la primera era una curva menos cerrada, pero también más compleja.

En 2023, Juanma Moreno anunció que la Junta de Andalucía iniciaría los estudios y las posibilidades de financiación de un proyecto de AVE directo entre Sevilla y Málaga para conectar ambas capitales en menos de una hora (50 o 55 minutos). Recogiendo el que inició su antecesor socialista Manuel Chaves en 2004 tras un acuerdo firmado con el Ministerio de Fomento que entonces dirigía Magdalena Álvarez (PSOE) y que el Gobierno andaluz de Chaves llegó a invertir 277 millones de euros en su ejecución, que se quedó sin culminar.

Estas obras iniciadas corresponden al llamado llamado Eje Ferroviario Transversal andaluz entre Sevilla y Antequera que se paralizó en 2013 y que costaba entonces 1.300 millones de euros. Lo importante es que aquel compromiso de la Junta y aquellos contratos siguen vigentes a día de hoy. En la última década no se culminado esta obra y tampoco se ha renunciado a ella formalmente.

La Junta llegó a invertir 277 millones de euros en la ejecución de 75 kilómetros de plataformas terrizas entre Marchena y Antequera. El trazado total entre Sevilla y Antequera medía 128 kilómetros, un tramo del llamado Eje Ferroviario Transversal andaluz, cuyas obras se paralizaron por los recortes y la crisis.

Aunque la red ferroviaria es de competencia estatal, la Junta de Andalucía asumió en mayo de 2004 la construcción de la conexión por Alta velocidad entre Sevilla y Antequera, como parte del Eje Ferroviario Transversal andaluz, llamado a cumplir la histórica asignatura pendiente de conectar por tren las capitales andaluzas en el menor tiempo posible.

Los tiempos previstos de esta Alta Velocidad de ese Eje eran 55 minutos de trayecto entre Sevilla y Málaga, y 75 minutos entre Sevilla y Granada. El proyecto del eje partía de Huelva y acababa en Almería, puntos a los que tampoco llega la Alta Velocidad.

La Junta alegó en su día que “las reprogramaciones de obras de infraestructuras causadas por la dura crisis económica (2009-2013) impidieron la ejecución de alguno de los tramos adjudicados pero no iniciados entre Sevilla-Santa Justa y Marchena (los de mayor complejidad técnica y coste económico por la solución subterránea adoptada en el acceso a Sevilla y el paso por la Cornisa de los Alcores), suspendiéndose de manera temporal en 2013 todas las actuaciones pendientes en el mencionado tramo Sevilla-Antequera”.

Moreno recordó que hay una parte de las plataformas hechas que ya se podrían utilizar y resaltó el “impacto económico” que supondría para ambas ciudades y para el resto de Andalucía, ya que la mayor circulación interna en la comunidad se da entre ambos lugares.

El Gobierno andaluz actual de Juanma Moreno (PP) está dispuesto incluso a poner sus recursos propios, con la colaboración de otras administraciones, para que ese “sueño” de la Alta Velocidad entre ambas ciudades se pueda poner en marcha, aunque hasta ahora no ha encontrado “el calor” del Gobierno de la nación.

Málaga y Sevilla suponen casi el 45 por ciento del PIB andaluz y son “dos grandes motores tremendamente complementarios”, por lo que es necesario abordar su conectividad “de una manera ágil”, añadió el presidente andaluz.

La posibilidad de una conexión directa de AVE se asemejaría a “un puente aéreo” y supondría “un impulso que atraería enormes beneficios” a la comunidad, agregó Moreno.




Trenes y carreteras pendientes, la agenda de la Junta frente a Óscar Puente

 

La reunión se va a celebrar en Granada en un clima de entendimiento porque la alcaldesa de esa ciudad, Marifrán Carazo, ha logrado el compromiso del ministro de Transportes, Óscar Puente, para integrar el tren en la ciudad en un proyecto que va a suponer un revulsivo para la capital nazarí y ocho localidades de su área metropolitana. Antes de esa cita, Puente se reunirá con la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, para tratar las principales urgencias de movilidad en Andalucía que, según el Gobierno autonómico pasan por la red AVE y las autovías A-7, AP-4 y A-49, además de mostrar la “indignación” de Andalucía por el estado de la escasa red ferroviaria que no vertebra la comunidad más poblada de España, lo que supone un problema para sus ciudadanos pero, sobre todo, para su desarrollo económico.

Por el momento, el encuentro ya tiene un saldo positivo. El ministerio informó ayer de los avances para la renovación y adaptación de la línea ferroviaria entre Granada y Almería para su inclusión en el Corredor Mediterráneo. Una licitación de 17,2 millones de euros para redacción de los proyectos para la “renovación integral y acondicionamiento de 180 kilómetros”, infraestructura clave porque permitirá una alternativa al Ramal Central, la única vía con la que contaban los transportistas desde el Puerto de Algeciras para cruzar el país hasta la frontera francesa (pasando por Madrid y Zaragoza).

Los trenes

La situación ferroviaria de Andalucía es mejorable. A las pocas conexiones existentes se suma el mal estado de la red y los continuos retrasos y quejas de los usuarios que han tenido su punto álgido en el pasado verano con la acumulación de turistas. La Junta de Andalucía demanda actuaciones concretas en la red AVE: Integración del AVE Almería que forma parte del Corredor Mediterráneo, el AVE Sevilla-Málaga que no tiene una conexión eficiente, así como el AVE Huelva-Sevilla que llegue hasta Faro. 

Pero también plantea la necesidad de mejorar la conexión de cercanías en Córdoba para llegar hasta el Parque Joyero, así como la de Sevilla para ampliar las paradas en los polígonos industriales y llevar la línea de la Isla de la Cartuja hasta Blas Infante. 

Una de las principales demandas pasa por el desarrollo del Corredor Mediterráneo a lo largo de toda la comunidad autónoma, empezando por el tramo ferroviario Lorca-Pulpí donde Adif adjudicó obras para la plataforma de 31,1 kilómetros de alta velocidad pero están pendientes los proyectos de montaje de vía, señalización y seguridad. Desde el punto de vista económico también es urgente la línea ferroviaria Huelva-Zafra porque conecta Extremadura con el Puerto de Huelva. También hay un interés económico, por la huerta almeriense, en el tramo Madrid-Alcázar de San Juan-Linares y Almería. 

No hay que olvidar la polémica sobre el tren litoral Málaga-Fuengirola-Estepona, un proyecto que conectaría el litoral de la Costa del Sol Occidental y al que el ministerio, por el momento, se opone por su elevado coste.

Las carreteras

La red de infraestructuras viarias que depende del ministerio también va a estar este viernes presente en la reunión que van a mantener el ministro de Transportes y la consejera de Fomento. Sobre todo porque hay muchos accesos que la Junta entiende que son estratégicos y prioritarios. 

Empezando por la autovía A-7, la del Mediterráneo, que está en mal estado por el intenso tráfico de camiones exportadores de hortalizas que soporta. La Junta reclama también un tercer carril para aumentar la capacidad entre Almería y el poniente, además de avanzar en la nueva conexión con el Puerto de Almería, cuyo contrato de redacción de proyecto se adjudicó el 22 de junio de 2024, ya que es el único puerto de interés del Estado sin conexión directa por autovía. 

La Junta también plantea demandas de la A-7 en Málaga, provincia en la que está saturada y tiene problemas de capacidad y seguridad. En esta provincia, las demandas se centran en las nuevas conexiones de la AP-7 con los municipios de la Costa del Sol, así como impulsar medidas para bonificar el peaje para residentes y trabajadores ya que, según la Junta, es uno de los más caros de España y no ofrece alternativa de transporte público.

En Huelva, la A-49 sólo tiene tres carriles en el área metropolitana de Sevilla pero no en la provincia onubense. También se reclama una vía de acceso que permita el acceso al Chare de Lepe.

Un problema similar hay en Cádiz donde la AP-4 sólo tiene previsto el tercer carril en la provincia sevillana, dejando fuera da la gaditana. También es clave en esta provincia la finalización del enlace de Tres Caminos en el término municipal de Puerto Real. 

El principal problema de Córdoba está en la N-431 que debería convertirse en la autovía N-81 Badajoz-Córdoba-Granada, ya que el tramo que une Espiel y Badajoz acumula retrasos de más de 30 meses.

Las circunvalaciones son el principal problema que detecta la Junta en Sevilla y por eso reclama el impulso a las obras de la SE-40, con retrasos acumulados frente a la total saturación de la SE-30. Hay en redacción varios proyectos, como el puente Dos Hermanas-Coria (cruce del Guadalquivir), el arco noroeste Espartinas-Valencina y en el tramo Valencina-Salteras.