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Los metros de Sevilla, Málaga y Granada cambiarán en 2027: la Junta prepara nuevas obras, estaciones y ampliaciones

  • Las cuentas contemplan 250 millones de euros para la Línea 3 Norte de Sevilla, más de 45 millones para ampliar el metro de Málaga y nuevas actuaciones en Granada.

 

Los vecinos que utilizan el metro para ir al trabajo, estudiar o acudir a una consulta médica tienen varias novedades previstas para 2027. La Junta de Andalucía ha incluido nuevas inversiones en los metros de Sevilla, Málaga y Granada dentro de su proyecto de Presupuestos, aprobado el 30 de octubre de 2026. Las actuaciones combinan obras que ya están en marcha, nuevos tramos que se preparan y ampliaciones que todavía deben superar trámites administrativos. El calendario y el dinero disponible no serán iguales en las tres ciudades.

El Metro de Sevilla contará con 250 millones para avanzar en la Línea 3 Norte

Sevilla concentra una de las actuaciones ferroviarias más importantes de las cuentas autonómicas. El proyecto presupuestario reserva alrededor de 250 millones de euros para la Línea 3 Norte, incluyendo las aportaciones autonómicas y estatales. Durante 2027 está previsto continuar las obras de los tres primeros tramos, iniciar las correspondientes al cuarto y avanzar en la licitación del quinto. Esta ampliación tendrá 7,5 kilómetros de recorrido principal y 12 estaciones entre Pino Montano y Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1. Su ejecución completa cuenta con una inversión plurianual de unos 1.366 millones de euros.

 

La planificación también incluye avances para futuras líneas, aunque todavía no estén listas para construirse. La Junta pretende finalizar la documentación técnica de la Línea 3 Sur y continuar con el estudio informativo de la Línea 2. También contempla estudiar posibles prolongaciones de la Línea 1 hacia Bormujos y Dos Hermanas. En el caso del tramo sur, la administración ha incorporado modificaciones para Los Bermejales y Bellavista, como explicamos al analizar los cambios del trazado por Bellavista. Estas actuaciones siguen pendientes de completar su tramitación y no tienen fecha confirmada de comienzo de obras.

Málaga destinará más de 45 millones a prolongar el metro hasta el Hospital Civil

El Metro de Málaga continuará ampliándose hacia la zona del Hospital Civil y del futuro Hospital Virgen de la Esperanza. El presupuesto de 2027 contempla más de 45 millones de euros para esta prolongación, integrada en una actuación cuya inversión autonómica global alcanza los 244 millones. El nuevo recorrido tendrá aproximadamente 1,8 kilómetros completamente soterrados y tres estaciones: Hilera, La Trinidad y Hospital Civil. Su objetivo es mejorar el transporte público en Bailén-Miraflores y facilitar los desplazamientos hacia varios centros sanitarios. También se incluyen unos 900.000 euros para estudios y proyectos de futuras ampliaciones.

Los trabajos de los tres tramos ya estaban en ejecución durante 2026, por lo que la financiación permitirá continuar las obras durante el próximo ejercicio. Paralelamente, la Junta mantiene abierto el estudio informativo para decidir hacia dónde debería crecer después la red. Entre las alternativas analizadas aparecen el Parque Tecnológico de Andalucía, Ciudad Jardín y el corredor oriental hacia El Palo y Rincón de la Victoria. La previsión administrativa es seleccionar una propuesta para su exposición pública durante el primer semestre de 2027. Ninguna de estas futuras ampliaciones debe confundirse con una obra ya adjudicada, porque todavía faltan decisiones sobre trazado y proyecto constructivo.

Granada prepara la puesta en servicio de la ampliación sur hasta Las Gabias

En Granada, la principal novedad será la puesta en funcionamiento de la prolongación sur de la Línea 1. El proyecto presupuestario contempla una dotación de 27,87 millones de euros vinculada al metro y su explotación, además de partidas específicas para completar actuaciones. Entre ellas figuran aproximadamente 2,1 millones para talleres y cocheras auxiliares en Las Gabias. El nuevo recorrido sumará 4,6 kilómetros y siete paradas, conectando Armilla con Churriana de la Vega y Las Gabias. La Junta prevé su entrada en servicio durante 2027, aunque todavía no ha establecido una fecha concreta de apertura comercial.

El proyecto llega después de las pruebas de circulación realizadas durante 2026 para comprobar el funcionamiento de los trenes y las instalaciones. Andalucía Informa ya explicó cómo avanzaban los ensayos del metro hacia Las Gabias. Mientras tanto, la Agencia de Obra Pública contempla continuar con la redacción de proyectos para futuras prolongaciones hacia el norte y el centro. Estas actuaciones estarán condicionadas por los resultados del Plan Director del Metro de Granada, que debe definir las prioridades de crecimiento de la red. Por tanto, las futuras extensiones todavía se encuentran en fase de planificación.

Los Presupuestos de Andalucía para 2027 diferencian obras y nuevos proyectos

El esfuerzo inversor forma parte del presupuesto de la Consejería de Fomento y Movilidad, que contará con 1.332,6 millones de euros en 2027, un 12,8% más que el ejercicio anterior. Las políticas relacionadas con infraestructuras de transporte dispondrán de aproximadamente 1.285,8 millones. Sin embargo, esta cifra no corresponde exclusivamente a los metros de Sevilla, Málaga y Granada. También comprende actuaciones en carreteras, tranvías, intercambiadores y otras infraestructuras. Además, una parte del gasto ferroviario se dirige al funcionamiento de servicios existentes, no solo a construir nuevas líneas.

La diferencia entre los proyectos es importante. Sevilla y Málaga mantendrán obras de ampliación, mientras Granada prepara la puesta en servicio de una infraestructura y la planificación de futuras conexiones. Las cuentas todavía deben completar su tramitación parlamentaria para convertirse en ley, como sucede con otras medidas incluidas en los Presupuestos de Andalucía para 2027. La programación de las actuaciones también dependerá de licitaciones, contratos y autorizaciones técnicas. Los ciudadanos pueden consultar las previsiones en la documentación oficial del presupuesto, sin confundir las inversiones anunciadas con nuevas estaciones disponibles desde enero.

 




El Gobierno autonómico destinará 200 millones para renovar las carreteras andaluzas

  • El Consejo autoriza una inversión millonaria para el Plan de Asfaltado y mejoras en carreteras de Almería, Córdoba y Granada

 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado un nuevo límite en los compromisos de gasto, con lo que destinará 202 millones de euros a actuaciones en la red de carreteras de titularidad autonómica. Esta inversión incluye una nueva edición del Plan Extraordinario de Asfaltado, así como mejoras específicas en las carreteras de Valsequillo (Córdoba), el desdoble del acceso a Roquetas de Mar (Almería) y la salida de Fonelas (Granada), además de partidas para obras de emergencia.

Plan Extraordinario de Asfaltado

Este nuevo límite de gasto posibilitará la reedición de los contratos de mejora integral de la red viaria correspondientes al Plan Extraordinario de Asfaltado. Este plan se estructura en 16 lotes, dos por provincia, y ya se encuentra en ejecución durante el año 2026, con una inversión de 151,5 millones de euros para la renovación del firme de cerca de mil kilómetros de carreteras autonómicas.

La prórroga de estos contratos, fijada por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, supondrá una partida de 181,5 millones de euros para 2027, permitiendo intervenir en otros mil kilómetros de la red viaria de la Junta, incluyendo vías de alta capacidad como la autovía Jerez-Sanlúcar (A-480).

Las actuaciones previstas abarcan desde la reparación de blandones y baches, el fresado y reposición del pavimento, hasta la recuperación de la explanada y capas inferiores del firme, el extendido de mezclas bituminosas, el sellado de pavimentos, el repintado de la señalización horizontal, la reposición o elevación de elementos de contención y balizamiento, la reposición de juntas de dilatación en estructuras y la reposición de espiras en estaciones de aforo.

Ampliación de la A-1051R4 en Roquetas de Mar

En otro orden de cosas, se destinarán 6,55 millones de euros en dos anualidades (3,8 millones en 2027 y 2,7 millones en 2028) para aumentar la capacidad de la carretera A-1051R4 en Almería.

Esta vía ha experimentado un incremento considerable del tráfico rodado, especialmente de vehículos pesados, debido al crecimiento urbanístico y al desarrollo de las zonas agroindustriales en el entorno de Roquetas de Mar, así como a la construcción del nuevo acceso al Centro Hospitalario de Alta Resolución.

Finalización de la carretera A-3278 en Valsequillo

Asimismo, se ha previsto una partida de cinco millones de euros, distribuida en dos anualidades (2,5 millones en 2027 y la otra mitad en 2028), para la terminación de las obras de la carretera A-3278, que conecta Valsequillo (Córdoba) con Monterrubio de La Serena (Badajoz). Esta actuación, que quedó a medio ejecutar, es importante para la vertebración de este municipio cordobés, que se encuentra alejado de vías de alta capacidad y depende casi en exclusiva de esta carretera para sus desplazamientos.

Finalmente, este acuerdo incorpora un montante de cinco millones de euros en dos anualidades para mejorar las características de seguridad y comodidad de la salida desde Fonelas por la carretera A-325 hacia la autovía A-92. Además, se ha asignado una partida de nueve millones de euros para expedientes de obras de emergencia en la red viaria.




El Parlamento Europeo pide más fondos para infraestructuras e incluye la conexión Huelva-Sevilla-Faro como prioritaria

  • Los eurodiputados han reclamado elevar el presupuesto comunitario destinado a grandes infraestructuras para el periodo 2028-2034 hasta los 91.280 millones de euros

 

La inclusión de la conexión ferroviaria entre Sevilla, Huelva y Faro en el anexo de infraestructuras prioritarias de la Unión Europea es la principal novedad para la provincia en la propuesta aprobada este martes por las comisiones de Transportes y de Industria del Parlamento Europeo. Este paso refuerza la consideración del eje transfronterizo con Portugal como proyecto de interés europeo apto para optar a fondos comunitarios del nuevo Mecanismo Conectar Europa (CEF), aunque la resolución precisa que no garantiza la concesión automática de las ayudas.

Los eurodiputados han reclamado elevar el presupuesto comunitario destinado a grandes infraestructuras para el periodo 2028-2034 hasta los 91.280 millones de euros. La cifra supone incrementar en cerca de 10.000 millones la dotación planteada inicialmente por la Comisión Europea, con el objetivo de dar prioridad a la eliminación de cuellos de botella y a la finalización de conexiones transfronterizas pendientes.

Reparto presupuestario y otros corredores beneficiados

La propuesta, que ha salido adelante con el respaldo de las comisiones parlamentarias tras cosechar 101 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones, plantea una distribución de los 91.280 millones de euros orientada a cubrir tres grandes áreas estratégicas. La mayor parte de la partida se destinaría al sector del transporte, con un montante de 37.960 millones de euros, mientras que los proyectos energéticos absorberían 33.530 millones de euros y los 19.780 millones restantes irían orientados a infraestructuras de movilidad militar.

Junto a la inclusión del eje Sevilla-Huelva-Faro, el Partido Popular Europeo ha puesto de relieve la ampliación del anexo de infraestructuras prioritarias para dar cabida a otras conexiones clave en la Península Ibérica. De este modo, la planificación comunitaria refuerza el peso de trazados como la Y vasca y el corredor mediterráneo, al tiempo que incorpora enlaces transfronterizos clave con Francia, entre los que figuran las líneas Burdeos-Dax-San Sebastián-Burgos/Bilbao/Zaragoza, Montpellier-Perpiñán-Barcelona-Valencia/Zaragoza, Pau-Canfranc-Zaragoza y Zaragoza-Toulouse.

Exigencias de seguridad y siguientes pasos

Entre las modificaciones al proyecto inicial de Bruselas figuran el refuerzo de la interoperabilidad y la digitalización ferroviaria, la seguridad de las infraestructuras estratégicas y la posibilidad de conceder mayores porcentajes de cofinanciación a proyectos que respondan simultáneamente a varios objetivos europeos.

La coponente del texto por la comisión de Transportes, la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia, defendió la necesidad de acelerar las inversiones para desplegar una red europea “interconectada, interoperable y segura”. Por su parte, el eurodiputado popular Borja Giménez Larraz enfatizó que “Europa debe analizar a fondo la política del Gobierno en la gestión ferroviaria. No puede limitarse a dar fondos para la construcción de nuevas infraestructuras, sin garantizar antes que las ya existentes se mantienen adecuadamente”.

Tras respaldar el texto, las comisiones aprobadas dieron luz verde, por 85 votos a favor, 24 en contra y 9 abstenciones, al mandato para negociar con los Gobiernos de los Veintisiete, que deberá recibir el visto bueno del pleno de la Eurocámara antes de iniciar las negociaciones interinstitucionales.




Andalucía afronta la temporada de borrascas con 92 obras hidráulicas del Estado pendientes

  • Las presas de Alcolea, Gibralmedina y San Calixto requieren actuaciones urgentes junto a desaladoras y depuradoras para reforzar el abastecimiento y la reutilización del agua

El pasado octubre lanzó su primer aviso. Temporales, tormentas, borrascas, danas, gota fría… los especialistas recurren a una diversa terminología para referirse a esa descarga abrupta de agua y viento que provoca un fuerte impacto en la península, especialmente en la cuenca mediterránea. Adám, que así se llamó el ‘fenómeno’ y su letra capitular demuestra que es solo el inicio, encendió la alarma en toda Andalucía y coloreó de naranja y rojo varias provincias como Málaga y Almería. Dejó más de 600 incidencias en un fin de semana. Y ahora regresan las lluvias.

Infraestructuras del agua

Las 92 obras hidráulicas del Estado pendientes en Andalucía

Presas, desaladoras, depuradoras, conducciones y encauzamientos que la Junta reclama al Gobierno. Las más urgentes, según la Junta, son las presas de Alcolea, Gibralmedina y San Calixto.

 

La comunidad afronta esta difícil temporada de borrascas, agravada en los últimos años por la consecuencia evidente del cambio climático, con serias deficiencias en sus infraestructuras hidráulicas dependientes del Estado. Una amarga crítica reiterada por el sector y denunciada por la Junta, que cifra en 92 los proyectos que requieren la actuación del Gobierno, alguna de forma urgente. La crisis de la pasada década frenó en seco las inversiones y, en estos últimos ocho años, el Ejecutivo de Pedro Sánchez apenas ha destinado partidas presupuestarias no ya para arrancar nuevas obras, sino para mantener, conservar, proteger y modernizar las ya existentes.

El listado de la administración andaluza incluye presas, pero también desaladoras, depuradoras y conducciones de abastecimientos. Por su parte, los ingenieros reclaman acelerar las actuaciones y mejorar el mantenimiento de las infraestructuras ante las sequías y los episodios de lluvias extremas. Insisten en que es más barato gastar ahora que arreglar los desperfectos con posterioridad, pues la factura se puede multiplicar por diez. Son 110 millones de euros los daños cuantificados en este último ‘arreón’. Además, hay presas dirigidas por personal no cualificado, como biólogos o informáticos, apuntan. «No se está cumpliendo el RPT. Los directores de explotación de presas tienen que ser ingenieros de Caminos cualificados. Es nuestra obligación moral denunciarlo pues esta situación supone un riesgo que no puede asumir la sociedad», concreta Alberto Marina, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía.

Los proyectos más urgentes

Los tres proyectos donde se pone mayor énfasis por su relevancia y la necesidad son las presas de Alcolea, en primer término, y las de Gibralmedina y San Calixto. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido al Miteco actualizar precios y dar permiso para que sea la propia Junta quien se encargue de la finalización de las obras. «Existe un convenio de financiación, una planificación e incluso una adjudicación para terminar la obra, además de una Declaración de Impacto Ambiental aprobada. Solo falta voluntad política», apunta el titular de este departamento.

De interés general del Estado, el Grupo Azvi ha presentado una propuesta de colaboración público-privada, que incluye el Canal de Trigueros y las instalaciones de tratamiento de agua y otras infraestructuras asociadas. El Ministerio sólo tiene que dar luz verde, y el dinero que debe invertir en esta competencia reservarlo para otras infraestructuras. Es clave para garantizar el agua a los andaluces en tiempos de sequía y laminar (retener y almacenar) ante las posibles avenidas del Río Odiel para así proteger municipios como Gibraleón o la propia capital.

La presa de San Calixto es necesaria para regular el caudal del Genil y que así no se inunden las poblaciones de Écija y Palma del Río. La de Gibralmedina (Cádiz) necesita de una inversión de casi 800 millones. El tren de borrascas de principios de este año provocó desbordes de ríos y arroyos y la evacuación de poblaciones como Grazalema y numerosas zonas de distintos municipios de la comunidad. El cambio climático alterna periodos largos de sequía con lluvias torrenciales que dificultan al extremo el control de los caudales. Por ello se demandan estas intervenciones, como también en Almería con la necesidad de laminar las avenidas y regular el río Antas, el encauzamiento del Almanzora o las actuaciones en el bajo Guadalhorce, para reducir el riesgo de inundaciones.

Sala de máquinas

Informes internos de la Dirección General del Agua apuntan que el 50% de las presas de titularidad estatal necesita actuaciones urgentes. Pero no sólo hay que invertir para construir nuevos embalses y reparar los actuales.

Regulación y aprovechamiento

Muchas de estas infraestructuras son necesarias para la regulación y el aprovechamiento de los recursos hídricos, especialmente ante los episodios de sequía. Alberto Marina incide en que «esa agua que tenemos en las presas es utilizada y depurada. El agua resultante de la depuración se puede reutilizar tanto para regadío como para otros usos. Incluso se podría reutilizar para consumo, pero hay que reutilizarla». Para esta actividad son necesarias las EDAR de San Roque y La Línea de la Concepción, además de la infraestructura existente en Málaga. También mejorar las conexiones entre cuencas próximas para garantizar el suministro, y resalta la de Málaga-Costa del Sol.

Para la depuración de aguas, las exigencias de la Junta se centran en las actuaciones en La Janda y Barbate, El Rocío, Hinojos, y la requerida ampliación de la EDAR de Almonte-Rociana, en Huelva. Los especialistas denuncian que hay estaciones de depuración de aguas en municipios de más de 1.000 habitantes que todavía no cuentan con tratamiento adecuado.

La desalación

La lluvia de estos dos últimos cursos ha funcionado como una cortina de agua sobre el principal problema de esta tierra: la escasez. El propio presidente de la Junta denunció un déficit hídrico estructural, de ahí la necesidad no sólo de acumular y de evitar filtraciones, sino de encontrar otras alternativas. Como la desalación. «Andalucía no puede tener sed porque tenemos muchos kilómetros de costa», apunta Marina. Es una solución porque con ella se garantiza que las reservas de agua se mantengan durante más tiempo, usando este elemento en principio para el regadío.

La comunidad se encuentra a la vanguardia en este apartado pero la falta de financiación ha ido mermando su capacidad. La Junta reclama la reparación de la desaladora de Carboneras I y la segunda prometida en ese lugar, además de la ampliación del Campo de Dalías I (también en Almería) . Las construcciones de la desaladora del Bajo Almanzora II y de la Costa del Sol Oriental y Occidental.

Es una solución más cara, pero a la vez representa una garantía para afrontar situaciones límite. La ósmosis inversa ha supuesto un avance enorme en cuanto al ahorro de costes y los medios actuales son mucho más adecuados desde el punto de vista medioambiental, asegura el ingeniero. Por último, queda pendiente para este curso la renovación de redes de abastecimiento y conducciones, como la conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera (Córdoba), la conducción Alcolea-Piedras (Huelva) y las líneas para suministrar a la Sierra Norte de Sevilla y la zona gaditana.

El tren de borrascas del invierno de 2026 dejó más de 11.000 personas desalojadas en Andalucía, daños en carreteras y caminos rurales y desperfectos en presas, canales, conducciones y cauces. La recuperación ha movilizado recursos de todas las administraciones: la Junta anunció cerca de 294 millones de euros para reparar caminos e infraestructuras del agua, mientras que el Gobierno central había destinado 619 millones a actuaciones de reconstrucción de cauces e infraestructuras hídricas, según los datos difundidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en julio.

Casi un año después, la comunidad afronta esta época sin la preparación adecuada y con sus infraestructuras sólidas y robustas, pero llenas de cicatrices ante las últimas embestidas. Sin la disposición necesaria para aguantar los temporales ni los (previsibles) largos años de sequía.




Andalucía reforzará la vigilancia de las empresas que pactan precios para manipular las licitaciones públicas

  • La Agencia de la Competencia reforzará en 2027 la detección de prácticas colusorias porque pueden suponer hasta un 60% de sobrecoste para las arcas públicas

 

La Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía se ha fijado para 2027, entre otros objetivos, reforzar la detección de prácticas colusorias en las licitaciones públicas. Según recoge la memoria presupuestaria de este organismo para el próximo año, se pretende «avanzar hacia un enfoque más preventivo, analítico y coordinado, que permita identificar con mayor antelación indicios de colusión y mejorar la eficacia de la respuesta institucional».

No se trata de una práctica sencilla pese estar muy extendida en los procesos de licitación pública de todas las administraciones. La propia Agencia reconoce que «afectan muy significativamente» a los contratos que ofrecen las administraciones y que acaban generando un incremento de precios y reducción de calidad.

Uno de los casos recientes más conocidos fue el conocido como «cártel del fuego», una supuesta trama de concertación de precios y reparto de licitaciones públicas entre empresas de extinción de incendios forestales activa entre 1999 y 2018 y que tuvo presencia, entre otros lugares de España, en Andalucía.

En el próximo ejercicio presupuestario, la Agencia de la Competencia se centrará en la prevención de cárteles de licitación y de acuerdos restrictivos entre operadores para «asegurar que los fondos públicos se asignen en condiciones de competencia efectiva, transparencia y máxima eficiencia».

En este sentido, se plantea la mejora de los mecanismos de coordinación con los órganos de contratación, mesas de contratación y órganos consultivos competentes, con el objetivo de facilitar la detección temprana de indicios de conductas anticompetitivas, homogeneizar criterios de actuación y reducir los tiempos de respuesta cuando se aprecien riesgos para la competencia en procedimientos de contratación.

El muestreo es una de las prácticas más habituales por lo que se recurrirá «al uso de herramientas de análisis económico, tratamiento de información y cribado de licitaciones públicas, orientadas a detectar patrones de comportamiento potencialmente colusorios».

Según datos de la propia Agencia, los acuerdos entre competidores –la denominada colusión en las licitaciones públicas– tienen un altísimo coste para la eficiencia del gasto público. En concreto, se estima que los procedimientos viciados por conductas anticompetitivas soportan un sobrecoste de hasta un 60 % respecto de aquellos desarrollados en condiciones de competencia efectiva.

El segundo dato que refuerza la trascendencia de este tipo de prácticas es que última memoria anual de la institución apunta que prácticamente la mitad de los asuntos recibidos se refieren a presuntas prácticas colusorias en la contratación pública.

El mencionado documento también aporta datos relevantes que ayudan a contextualizar la magnitud del problema. «Con relación a 2024, el número de informes solicitados por los distintos órganos de contratación del sector público andaluz fue de 11, habiéndose confirmado, por parte del Departamento de Investigación de esta ACREA, el carácter fundado de los indicios en 5 de las licitaciones afectadas».

Abundando en este asunto, señala que «el número de empresas a que se refieren los indicios de manipulación de las licitaciones ascendió a 12 y el valor estimado de los contratos afectados (IVA incluido) se ha elevado a 108.763.139,33 euros».

Pese a ello, solo se abrieron cuatro expedientes sancionadores . en el año 2024, último del que hay datos públicos: dos de ellos a presuntas prácticas anticompetitivas realizadas por operadores del transporte de personas (taxis), uno a presuntos acuerdos entre competidores con el objeto de falsear licitaciones públicas y, por último, uno motivado por la negativa de un operador a someterse a una inspección ordenada por el director del Departamento de Investigación y que ha derivado en la incoación de un expediente por obstrucción.

Junto a la lucha contra las prácticas colusorias, hay otro reto pendiente en el que la Agencia pondrá «especial atención», como son las restricciones al acceso y ejercicio de actividades económicas, las trabas administrativas desproporcionadas, los requisitos no justificados, las barreras derivadas de intervenciones locales, los efectos de determinadas ayudas públicas o subvenciones sobre la neutralidad competitiva y las regulaciones sectoriales con incidencia relevante sobre el funcionamiento de los mercados.

En este sentido, el vicepresidente segundo Manuel Gavira, ya anunció un plan de desregulación en el que se analizarán 461 normas y casi 1.000 procedimientos para disminuir la burocracia.




Arturo Coloma: “En infraestructuras se está invirtiendo la mitad de lo que es necesario”

  • El secretario general de la patronal andaluza de obra pública advierte de que recuperar la confianza en el ferrocarril será complicado y reclama un modelo estable de conservación

Arturo Coloma, ingeniero y secretario general del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), atiende a ElConfidencial en la celebración del 30 aniversario de esta patronal. La cita llega con el debate sobre la seguridad ferroviaria abierto tras los accidentes de Adamuz y Urda, y a tres de las elecciones generales. El directivo evita pronunciarse sobre las causas técnicas de los siniestros, pero advierte de que recuperar la confianza de los viajeros será complicado y reclama una revisión de las prioridades de inversión: primero conservar adecuadamente las infraestructuras existentes y después abordar otras nuevas.

La advertencia llega cuando la adjudicación de obra pública en Andalucía ha alcanzado su mayor volumen desde 2009, con más de 4.500 millones de euros en 2025. Una recuperación que Coloma considera insuficiente y cuya continuidad pone en duda ante el próximo final de los fondos europeos extraordinarios.

PREGUNTA. Ceacop lleva tres décadas reclamando más inversión en obra pública y, especialmente en los últimos años, en conservación. ¿Han tenido que pasar dos desgracias este año para que les escuchen?

R. Parece que sí, pero está por ver si lo hacen. Con el primer accidente, lamentablemente, no parece que se reaccionara con la sensibilidad que se hubiera requerido. Estos sucesos han servido para poner sobre la mesa las cifras reales de conservación necesarias, con cantidades muy superiores a las que se están destinando, tanto en carreteras como en ferrocarriles y obras hidráulicas. Son tres ámbitos en los que los posibles fallos pueden tener consecuencias muy graves, como lamentablemente hemos podido observar.

Necesitamos que escuchen mucho más a las empresas y a los técnicos. España tiene una ingeniería y una construcción de enorme prestigio internacional. Nuestras empresas trabajan con éxito en Europa, América y otros mercados, y ese conocimiento debe aprovecharse. La política tiene que establecer las prioridades, decidir dónde van unas infraestructuras, pero no meterse en cómo se gestionan técnicamente, cómo se construyen o cómo se conservan. Necesitamos más técnicos, más empresas y menos política en la gestión de las infraestructuras.

Arturo Coloma en la sede de Ceacop.
Arturo Coloma en la sede de Ceacop.

P. ¿Qué ha pasado para que el AVE, que era una bandera de España, sea hoy motivo de preocupación, no porque se llegue tarde, sino por algo tan trágico como lo que hemos visto?

R. Son muchas cosas. Creo que no se ha sabido actualizar el nivel de mantenimiento necesario para el incremento del tráfico, especialmente en los últimos años. Y quizá no se ha tenido suficientemente en cuenta el riesgo que implica una infraestructura que hasta ahora había funcionado sin grandes problemas.

No quiero meterme en el campo de los técnicos, porque todo esto es muy complicado de analizar, pero sí parece que hay algo de falta de sensibilidad sobre la gravedad que supone no tener un sistema absolutamente seguro. En este último accidente, creo que lo que más se ha puesto de relieve es la no actualización a tiempo de un sistema de seguridad de la circulación, el ERTMS, que debería haber estado implantado mucho antes.

P. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha llegado a decir que no viajará en AVE hasta que haya una auditoría. ¿Debe haberla?

R. Restituir la confianza va a ser complicado. Después del primer accidente, los ciudadanos pudieron pensar que se habían tomado las medidas necesarias. No digo que no se tomaran, pero el segundo ha supuesto otro golpe muy importante.

No será suficiente con una auditoría. Habrá que explicar, asegurar y demostrar que las cosas se están haciendo bien. No basta con destituir a alguien o anunciar una actuación. Como decía un amigo mío, la confianza es como la pasta de dientes: es muy fácil sacarla del tubo, pero volver a meterla resulta complicadísimo. También hace falta concienciación en toda la cadena de responsabilidades. Los procedimientos son esenciales, pero no podemos perder nunca la conciencia del riesgo.

P. ¿La conservación ha sido siempre la hermana pobre de las infraestructuras?

R. Sí. Es mucho más agradable inaugurar una autovía y anunciar los kilómetros que se ponen en servicio que hablar de conservación, porque eso se nota menos. Pero tenemos un patrimonio de infraestructuras enorme y hay que mantenerlo. Nosotros insistimos en que se está invirtiendo aproximadamente la mitad de lo necesario. Y lo decimos tanto para Andalucía como para el conjunto de España. En el ferrocarril, por ejemplo, hay que analizar la inversión teniendo en cuenta el número de viajeros, la frecuencia de los trenes, los kilómetros de red, su antigüedad y la inflación.

Arturo Coloma (Ceacop), durante la entrevista.
Arturo Coloma (Ceacop), durante la entrevista.

P. En el caso de las carreteras, Ceacop calcula que mantener los 23.000 kilómetros de la red andaluza requiere unos 550 millones al año. ¿Cuánto se gasta realmente entre Estado, Junta y diputaciones?

R. Según nuestras estimaciones, Andalucía necesita 560 millones de euros anuales para conservar adecuadamente sus carreteras. De esa cantidad, 120 millones corresponden a la red del Estado, 250 millones a la de la Junta y 190 millones a las diputaciones. Para el conjunto de España calculamos unas necesidades de 4.000 millones anuales.

La administración que más claramente ha reaccionado ha sido la Junta de Andalucía, que ha incorporado una partida extraordinaria de 140 millones de euros para este año y el próximo, hasta alcanzar los 234 millones anuales, una cifra próxima a lo que consideramos necesario. Las diputaciones necesitan más recursos y el Estado sigue siendo el más rezagado.

Pero lo fundamental es que estas cantidades se mantengan todos los años. Parchear no es conservar. No sirve esperar a que una carretera esté deteriorada para echarle una capa de aglomerado y hacerle un lavado de cara. La conservación debe ser una prioridad presupuestaria permanente.

P. La adjudicación de obra pública en Andalucía superó los 4.500 millones de euros en 2025, un 23% más y el mayor volumen desde 2009. ¿Es una recuperación sólida?

R. Este año 2026 también va a ser bueno. El volumen de licitación ha sido muy alto y esperamos cifras superiores a las del ejercicio anterior. Pero puede ser una situación coyuntural. Nosotros defendemos que Andalucía no debería bajar de los 4.500 millones de euros anuales, incluyendo la conservación. Me parece un mínimo. El problema es que durante estos años hemos dependido mucho de los fondos europeos, tanto estructurales como Next Generation.

Cuando analizamos la inversión financiada con recursos ordinarios de los presupuestos, vemos que tiene un peso relativamente pequeño. Y eso preocupa porque los fondos extraordinarios se terminan.

P. ¿Teme que vuelva a desplomarse la obra pública en 2027?

R. Tenemos sombras sobre el futuro. No tanto sobre 2026, porque las obras ya están adjudicadas, sino sobre lo que las administraciones puedan licitar en 2027, que será determinante para la actividad de 2028.

Los fondos extraordinarios han sostenido buena parte de la contratación. Si desaparecen y no se sustituyen con recursos propios, podemos encontrarnos con una caída importante.

Carlos López y Arturo Coloma, presidente y secretario general de Ceacop.
Carlos López y Arturo Coloma, presidente y secretario general de Ceacop.

P. ¿Cómo se reparten esos 4.500 millones entre las administraciones?

R. En 2025, aproximadamente 1.500 millones correspondieron al Gobierno central, otros 1.400 millones a la Junta y una cantidad similar a los ayuntamientos. Las diputaciones adjudicaron alrededor de 170 millones.

Está bastante equilibrado. Hay ejercicios en los que la Junta es el principal inversor y otros en los que lo es el Estado. Los ayuntamientos han ganado mucho protagonismo en los últimos años.

P. Han denunciado que casi 300 licitaciones, por 116 millones de euros, habían quedado desiertas. ¿Las administraciones siguen sacando concursos con precios irreales?

R. Sí. Hay dos problemas fundamentales. El primero es que los procedimientos administrativos son muy lentos. Puedes encargar un proyecto en 2020 y sacarlo a licitación varios años después, cuando los costes han subido un 40% o un 50%. Las administraciones están empezando a reaccionar actualizando sus bancos de precios, pero queda mucho por hacer.

El segundo problema es la ausencia de mecanismos adecuados de revisión de precios. Si una obra dura menos de un año, normalmente no tiene revisión. Y si el betún sube más de un 50%, como ha ocurrido, o los trabajos de aglomerado se encarecen un 25%, la empresa asume un riesgo enorme. Necesitamos recuperar un sistema de revisión de precios en la contratación pública. Ahora mismo es un problemón.

P. Tenemos enfrente un ejemplo, el puente del Centenario. Tenía que haber acabado en 2023, vamos a llegar a 2027 y la adjudicataria dijo que el aumento de costes era inasumible. ¿Qué lectura hacen?

R. Es un ejemplo de exceso de burocracia y, en mi opinión, de utilización de un procedimiento inadecuado. Se planteó como una obra de emergencia, pero después no se ha desarrollado como tal. Creo que habría sido mucho mejor hacer un proyecto bien definido de actualización del puente y sustitución de los tirantes, y tramitar una contratación ordinaria. Con una fórmula adecuada de revisión de precios, probablemente estaría terminado hace mucho tiempo. Era una obra que debía durar dos años y llevamos cerca de seis. Y no se ve el final.

P. ¿Qué le parece la gestión del Ministerio?

R. Yo llamo al puente del Centenario «el monumento a la indolencia». Los sevillanos están perdiendo muchísimo tiempo para cruzar de un lado al otro del río y los camiones tienen que buscar recorridos alternativos. Es impresentable. El Ministerio no ha reaccionado como debería. Y los sevillanos tenemos una capacidad de aguante impresionante. Parece que nos conformamos con pensar que algún día se terminará.

No me creo los plazos que se están anunciando. Todavía quedan actuaciones pendientes y habrá que ver cómo se contratan y ejecutan. Creo que nos quedan, como mínimo, otros dos años de problemas.

Celebración del 30 aniversario de Ceacop.
Celebración del 30 aniversario de Ceacop.

P. Ceacop también denuncia los encargos directos a empresas públicas como Tragsa o Ineco, que alcanzaron 454 millones de euros en Andalucía en 2025, casi 300 de ellos de la Junta. ¿Qué perjuicio causan?

R. Suponen una competencia desleal. Es un sistema muy ágil para la administración, pero una parte importante del mercado deja de salir a licitación conforme a los procedimientos ordinarios de contratación pública. Se hurta a la libre competencia.

Entendemos que las administraciones recurran a estos medios propios porque los procedimientos convencionales son lentos, especialmente cuando tienen que ejecutar fondos europeos dentro de unos plazos. Pero eso no justifica que las empresas privadas no puedan competir. Además, hemos visto situaciones en las que una obra que podría ejecutar una empresa privada por un determinado importe acaba encargándose a un medio propio por una cantidad muy superior.

P. Pero el ciudadano puede preguntarse por qué no debe ejecutar una empresa pública una obra financiada con dinero público.

R. Porque lo razonable es que todos compitan en igualdad de condiciones y que la administración pueda elegir la mejor oferta. Una empresa privada asume unas responsabilidades contractuales y tiene una experiencia de ejecución que no siempre se reproduce en esos encargos. No se trata de impedir que las empresas públicas trabajen, sino de que las reglas sean iguales para todos.

P. Las empresas andaluzas consiguieron el 48% de las adjudicaciones de 2025, pero apenas el 25% de los contratos del Estado. ¿Por qué?

R. Tiene mucho que ver con el tamaño de las obras, la proximidad y también con una cuestión cultural. En los ayuntamientos, la participación de las empresas andaluzas ronda el 75%; en las diputaciones puede acercarse al 90%; en la Junta suele situarse entre el 50% y el 60%. Pero en el Estado no conseguimos superar ese 25%.

Cuanto mayor es la obra, más dificultades encuentra una empresa andaluza para resultar adjudicataria. Parece que existe una mayor confianza en las grandes constructoras de fuera. Además, los órganos de decisión del Estado están en Madrid, más alejados del territorio y de nuestras empresas. Y eso ocurre a pesar de que las constructoras andaluzas se han tecnificado muchísimo y tienen capacidad para competir en proyectos de gran envergadura. 

P. Ceacop nació con unas 40 empresas y hoy agrupa a más de 250, con 1.400 millones de facturación y 10.000 trabajadores. ¿Cómo ha cambiado el sector en estas tres décadas?

R. La fundación de Ceacop supuso pasar de un tejido de constructoras con un papel de segundo rango a ser adjudicatarios directos. La empresa que va a hacer el aglomerado, que sea el contratista directo, y no un segundo eslabón. La empresa familiar que sabía hacer movimiento de tierras hoy tiene ingenieros y economistas y compite a nivel nacional e internacional. Cuando se fundó, estábamos en cifras de inversión que, actualizadas, podían ser de unos 1.500 millones. Ahora estamos cerca de los 5.000.

P. Hace cinco años Ceacop elaboró una lista de infraestructuras pendientes y pidió que las inversiones se decidieran con criterios técnicos y no políticos. ¿Qué ha sido de aquella reivindicación?

R. Sigue plenamente vigente. El problema es que coges una lista de infraestructuras necesarias de hace diez años y prácticamente siguen siendo las mismas. No avanzamos al ritmo que deberíamos. La SE-40 es un buen ejemplo. No es una infraestructura exclusivamente sevillana. Por ahí pasan las conexiones de Huelva y Cádiz con Madrid y Extremadura. Es un cuello de botella para Andalucía y llevamos cerca de veinticinco años sin resolverlo. Lo mismo sucede con el Metro de Sevilla. No podemos aceptar que completar una infraestructura de esa importancia sea algo que vaya a llevar veinte o treinta años.

P. También se cumplen casi treinta años de la promesa de conectar Sevilla y Málaga por alta velocidad. ¿Tiene sentido recuperar aquel proyecto?

R. Claro que tiene sentido. A mí me tocó personalmente vivir parte de aquella etapa. Teníamos adjudicado un tramo que finalmente nunca llegó a ejecutarse. Incluso se plantearon alternativas más económicas, aprovechando trazados en superficie, pero no se hicieron. El sueño de conectar Sevilla con Málaga en tres cuartos de hora y con Granada en una hora quedó abandonado.

Y tenemos ejemplos todavía más llamativos. El baipás de Almodóvar del Río, de apenas 1,7 kilómetros, lleva años en construcción. Eso no es un problema de capacidad técnica, sino de complejidad administrativa y contractual.

Obras del bypass frente a Almodóvar del Río. Foto: José Luis Losa
Obras del bypass frente a Almodóvar del Río. Foto: José Luis Losa

P. ¿El problema de Andalucía es entonces la falta de dinero o la incapacidad para ejecutar las obras?

R. Las dos cosas. Hay proyectos que necesitan inversiones extraordinarias, pero también tenemos un sistema burocrático que dificulta enormemente su ejecución. Los corredores ferroviarios europeos son muy ambiciosos, pero no estamos siendo capaces de mantener adecuadamente lo que ya tenemos construido. Hay una distancia enorme entre lo que se promete y los recursos disponibles.

Personalmente, cuando hablo de los 4.500 millones anuales como mínimo, pienso que Andalucía necesitaría incluso 6.000 millones para acometer las infraestructuras pendientes a un ritmo razonable. La movilidad de la Costa del Sol, el Metro de Sevilla o las conexiones ferroviarias requieren soluciones distintas. No descarto que haya que explorar fórmulas concesionales en determinados proyectos, aunque no soy partidario de aplicarlas de manera generalizada.

P. El agua será otra de las grandes prioridades de la próxima legislatura andaluza. ¿Qué inversiones hacen falta?

R. Queda muchísimo por hacer. Tenemos que completar las infraestructuras de depuración, mejorar los abastecimientos, ampliar la reutilización de aguas, desarrollar regadíos y abordar actuaciones hidráulicas pendientes.

También necesitamos conservar las presas existentes, a las que este país le ha puesto una cruz dogmática, y estudiar las nuevas infraestructuras de regulación que sean necesarias. Las presas no solo permiten disponer de agua para la agricultura; también pueden desempeñar una función importante frente a las avenidas. La inversión hidráulica de la Junta puede llegar a superar a la de Fomento y convertirse en uno de los principales capítulos de obra pública.

P. ¿De qué cantidades estamos hablando?

R. Durante muchos años, el organismo encargado de estas infraestructuras apenas adjudicaba unos 40 o 50 millones de euros anuales. Hubo un ejercicio excepcional, 2022, en el que llegó a unos 400 millones, pero durante los últimos tres años la media ha estado alrededor de 140 o 150 millones. La planificación y las necesidades detectadas permitirían situar esa inversión por encima de los 400 millones anuales, incluso acercarse a los 500 millones.

Pero para conseguirlo no basta con disponer de presupuesto. Hace falta reforzar la estructura administrativa, los equipos técnicos y la capacidad de gestión. Esa organización todavía no tiene los medios necesarios para multiplicar de esa manera su actividad.

P. Después de treinta años de reivindicaciones, ¿qué promesa de las administraciones está cansado de escuchar?

R. Más que promesas, hay asuntos en los que ni siquiera nos escuchan. Seguimos reclamando una revisión de precios adecuada, cambios en los procedimientos de adjudicación y que se eviten las bajas temerarias, porque adjudicar una obra muy por debajo de su coste acaba provocando problemas de ejecución.

Y, si hablamos de infraestructuras concretas, la SE-40 es probablemente el mejor ejemplo de una promesa que nunca termina de cumplirse en Andalucía.




Andalucía suma 458,1 millones de euros en concursos vacíos de ofertas

  • La comunidad deja sin adjudicar numerosos proyectos en licitaciones públicas por pliegos rígidos y precios fuera de mercado

 

La necesidad de compatibilizar los trabajos con la actividad portuaria obligó a dividir la actuación en dos ámbitos, manteniendo en servicio la Estación de Pasajeros del Muelle Ciudad que separa ambas zonas.

En la primera fase de la obra, la más próxima al Muelle Alfonso XIII, ya se está ejecutando la pavimentación, comenzando por el área destinada al estacionamiento de autobuses de cruceros.

En este espacio se creará un área peatonal para disfrute de la ciudadanía con vistas hacia los atraques de grandes cruceros y se reservará una franja para la futura plataforma del tranvía que transcurrirá paralelamente al actual carril bici. Entre ambas zonas habrá una franja verde ajardinada y arbolada que servirá de atenuador acústico frente al tráfico de la Avenida del Puerto.

Habrá una zona próxima al muelle, de 25 metros de ancho, que quedará reservada al tránsito de pasajeros debido al código internacional para la protección de los buques e instalaciones portuarias (PBIP), también conocido como ISPS, sus siglas en inglés.

La zona de atraque, en cualquier caso, será visible dado que el cerramiento que la separará del espacio reservado será acristalado, y accesible en aquellos momentos en que se realicen eventos abiertos al público en general y no existan cruceros atracados.

Zonas de restauración

Al inicio de este paseo, junto a la nueva plaza creada en el extremo del Muelle Ciudad próximo a la Plaza de Sevilla, se contempla la implantación de un módulo de hostelería con terraza exterior que servirá como un motor dinamizador de la zona y que deberá respetar las condiciones establecidas en la normativa urbanística aplicable.

Por otro lado, hay un segundo módulo de hostelería proyectado junto a la Terminal Satélite de Cruceros, con vocación de convertirse en un espacio de recepción para los cruceristas directamente conectado con el Casco Histórico de la ciudad.

El traslado a la nueva terminal de contenedores será en 2027

El traslado a la nueva terminal de contenedores será en 2027, momento en el que puedan empezar las obras de la fase dos de las obras de integración Muelle-Ciudad. La nueva terminal de contenedores es la piedra angular del futuro Puerto de la Bahía de Cádiz.

Cuenta con mil metros de línea de atraque con 16 metros de calado y una superficie de 39 hectáreas, en dos fases. En una tercera, la línea de atraque se incrementa en 715 metros y la superficie asciende a 46 hectáreas.Su objetivo primordial es potenciar el tráfico de contenedores con una terminal moderna y preparada para acoger a grandes buques. Contará con más calado y superficie que la actual y consolidará al puerto como motor socioeconómico.

Y hay que sumarle una razón más que es todo un reto para la Administración en la actual era de la digitalización. «El gran desafío es conocer mucho mejor el mercado al que se dirige antes de publicar», explica Xavier Piccinini, director general de Intescia–DoubleTrade España. Plataformas de inteligencia comercial como DoubleTrade permiten cruzar objeto del contrato, códigos CPV, organismos, territorios, adjudicatarios anteriores, importes e históricos para ampliar ese mapa de potenciales proveedores. Se trata de aprovechar información pública, a menudo dispersa entre miles de expedientes, para reducir el riesgo de impugnaciones o concursos desiertos.

El gran reto de la Administración es identificar a los proveedores potenciales con plataformas de inteligencia comercial

En muchas ocasiones no se identifica a los proveedores potenciales y ese concurso queda desierto. La Administración puede volver a convocarla, modificar determinadas condiciones cuando proceda legalmente o buscar otras soluciones previstas en la normativa. Pero la consecuencia práctica puede ser un retraso en la ejecución de una obra, en la puesta en marcha de un servicio o en la adquisición de un suministro. Hasta se pueden perder los fondos de recuperación europeos como los Next Generation.

El lastre de los pliegos rígidos

Entre las mayores licitaciones desiertas figuran la construcción y explotación del Mercado Municipal de Teatinos de Málaga, con una inversión en construcción estimada en 5,6 millones de euros y más de 490,5 millones de euros de impacto económico para la ciudad. Ante la falta de interés privado, el Ayuntamiento ha vuelto a sacarlo a concurso, con una propuesta que ofrece mayor flexibilidad.

A nivel provincial, Málaga es la que más dinero acaba en licitaciones desiertas, con 168,3 millones de euros. Le sigue Cádiz, con 89,9 millones de euros; Sevilla, con 71,2 millones de euros; Jaén 38,7 millones, Córdoba 28,2 millones; Almería 25,8 millones; Granada 22,4 millones y Huelva 13,3 millones.

Precios públicos fuera de mercado

Entre los proyectos sin adjudicación, destacan el aparcamiento en calle Marbella en Ronda (Málaga), por valor de 56,8 millones; el proyecto fotovoltaico de la Universidad de Málaga (32,1); una residencia universitaria (10,7) o el Servicio de atención a personas sin hogar en la ciudad (10,3), además del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros de Ronda (4,5). En Cádiz hay una oferta por parte de Navantia sin adjudicar para los servicios de manipulación de cargas suspendidas y la construcción de un nuevo edificio administrativo en la avenida de Andalucía y la plaza de la Constitución (Ministerio de Hacienda).

En Sevilla quedó desierto el proyecto para la rehabilitación de la antigua Fábrica de Vidrio de La Trinidad, primera fase, entre la avenida de Miraflores y la Carretera Carmona. También se paró por este motivo la rehabilitación del Pabellón Real para uso expositivo y centro de estudios de arquitectura, incluido su mantenimiento. En Jaén se frenó la residencia universitaria en la antigua Escuela Politécnica de Linares y en Almería la cafetería del edificio central de la Universidad.

Las administraciones necesitan ejecutar obras, prestar servicios y adquirir suministros, pero una parte de los contratos que sacan al mercado no encuentra adjudicatario. Esto deriva en retrasos, pérdidas de fondos europeos, sobrecostes finales y hasta en paralizaciones de proyectos que no terminan de ver la luz. Un sumidero de dinero público que se ha convertido en uno de los principales retos de Gobierno, Junta y sobre todo ayuntamientos.




El Gobierno nombra a Isabel Mayo López nueva delegada en Andalucía en sustitución de Pedro Fernández

  • Fernández va a encabezar la lista del PSOE-A al Senado por la provincia de Granada

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Isabel Mayo López como nueva delegada del Gobierno de España en Andalucía en relevo de Pedro Fernández, quien va a encabezar la lista del PSOE-A al Senado por la provincia de Granada en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según ha indicado el ejecutivo en una nota, Mayo López es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y funcionaria del Cuerpo de Gestión Administrativa y del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía.

Entre sus cargos destaca el haber sido viceconsejera de Justicia e Interior, entre julio 2017 y enero 2019; directora general de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía, entre noviembre 2010 y julio 2015, y subdelegada de Sevilla en funciones desde febrero de 2023 a enero 2024.

Asimismo, ha ocupado el puesto de secretaria general técnica de la Consejería de Cultura, entre julio 2015 y julio 2017; y de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, entre abril y octubre 2010, de la Junta de Andalucía. Cuenta con el curso universitario de posgrado de Experto en Administración Pública, cuenta en su formación con el curso de Liderazgo Público del Instituto Nacional de Administración Pública y el de Habilidades Directivas del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAPP).

Por otro lado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la resolución de los ceses de los subdelegados de provincias de Almería, José María Martín; Córdoba, Ana López; Granada, José Antonio Montilla; Málaga, Javier Salas, y Sevilla, Francisco Toscano.




El Consejo de Gobierno nombra a Ricardo Ruiz director general de Dominio Público Hidráulico

 
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Ricardo Ruiz Antúnez como director general de Dominio Público Hidráulico de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Nacido en Motril (Granada) en 1972, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada (UGR) y cuenta con un Máster en Evaluación de Impacto Ambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Andalucía.

Inició su trayectoria profesional en el sector privado, participando en la ejecución y desarrollo de infraestructuras hidráulicas, viarias y portuarias, adquiriendo una sólida experiencia técnica en el ámbito de las obras públicas. En 2003 ingresó en el Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Junta de Andalucía, desarrollando desde entonces su trayectoria, vinculada fundamentalmente a la planificación, gestión y explotación de infraestructuras hidráulicas y recursos hídricos.

En su carrera ha desempeñado distintas responsabilidades técnicas y directivas en este ámbito. En sus primeros años como funcionario asumió la Jefatura del Departamento de Obras Hidráulicas en la Delegación Provincial de Sevilla. En 2008 fue nombrado director del Sistema de Explotación Guadalhorce-Limonero, en la Delegación Territorial de Málaga, responsabilidad desde la que participó en la gestión y explotación de infraestructuras hidráulicas estratégicas para la garantía de los recursos hídricos.

En 2019 se incorporó a la Dirección General de Recursos Hídricos como subdirector de Planificación, etapa en la que se culminó la aprobación de los vigentes planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, instrumento esencial para la planificación y gestión sostenible del agua. En 2024 regresó a Málaga para asumir la Comisaría de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, puesto que ha desempeñado hasta la actualidad, consolidando una trayectoria profesional caracterizada por su especialización en materia hidráulica, su experiencia en la gestión de los recursos hídricos y su conocimiento de los principales instrumentos de planificación y administración del agua en Andalucía.




La Junta llevará 50 millones para inversiones extras y gasto financiero de las universidades en el Presupuesto 2027

  • Para el gasto en infraestructuras se exige que supere la cota del millón de euros y que ese importe supere su remanente de tesorería
  • Se requiere tesorería negativa para refinanciar el gasto no productivo

 

El proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2027 incluirá 50 millones para las universidades públicas andaluzas con objeto de que puedan afrontar el gasto de inversiones extraordinarias, así como su saneamiento financiero, medida que anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Parlamento hace dos semanas.

Ese medio centenar de millones, que no están desglosados por conceptos, serán para préstamos finalistas, lo que supone que es un dinero exclusivo para esos dos propósitos, pero igualmente es un dinero que deberán reembolsar a las arcas autonómicas las universidades.

La exigencia es tal que el proyecto de Presupuestos de la Junta advierte de que “el incumplimiento del carácter finalista determinará la devolución anticipada de las cantidades indebidamente aplicadas”.

La Disposición Adicional Vigésimoquinta del anteproyecto de las cuentas del próximo año que apruebe el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dibuja las definiciones de cada uno de los dos conceptos para los cuales el Gobierno andaluz ha previsto estos recursos extras.

El requisito para que una inversión extraordinaria, considerada así a aquella cuya ejecución excede el año, se considere que sobrepasa la capacidad de financiación de una universidad serán aquellas cuyo importe supere el millón de euros y esta cantidad supere el remanente de tesorería.

En este sentido, fuentes del Gobierno andaluz precisan que se excluyen las inversiones de “reposición y de mantenimiento”.

En el caso de los gastos financieros exigirá la Junta de Andalucía que se trate de “obligaciones de pago exigibles vinculadas” a inversiones ya hechas o se estén haciendo, además de que la universidad solicitante tenga un remanente de tesorería para gastos generales en negativo.

Fuentes del Gobierno andaluz argumentan que la inclusión de este apartado para que los centros universitarios afronten inversiones extras responde a que en el modelo actual de financiación de las universidades públicas “no incorpora la financiación para acometer actuaciones de inversión de dimensión extraordinaria”.

Reivindica la Administración autonómica que el apoyo financiero para aliviar los costes de la inversión responde a que el apartado puramente físico de las universidades, incluidos ahí los equipamientos y las instalaciones, supone “un condicionante directo” para aspectos cualitativos de la enseñanza universitaria como sería “la calidad de la docencia y de la investigación”.

En cuanto a las condiciones financieras de estos préstamos serán una carencia de capital e intereses de hasta un año, mientras que el plazo de amortización será de 21 años, incluido ahí el periodo de carencia. El tipo de interés de estas operaciones financieras será como mínimo de un 1,98%.

En el caso de los gastos financieros el periodo de carencia será de tres años, y el tipo de interés aplicable será de un mínimo del 1%.

Las solicitudes y los planes económicos-financieros deberán informarlos la Consejería de Universidades, quien remitirá el expediente a la Consejería de Hacienda para su análisis y, si procede, tramitación de la propuesta de concesión al Consejo de Gobierno.