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La inversión en obra pública crece hasta 3.548 millones en la región, pero el Gobierno vuelve a castigar a las empresas andaluzas

◼ El informe de CEACOP de 2023 refleja que el Ejecutivo central fue el mayor inversor con un 38% del total. aunque solo adjudicó el 24% a compañías con sede en la comunidad

La inversión en obra pública en Andalucía durante 2023 volvió a crecer por tercer año consecutivo, si bien a un ritmo muy inferior al del ejercicio anterior. Así, el volumen económico del conjunto de todas las administraciones repuntó hasta los 3.548 millones de euros, lo que supone un 3,3% más con respecto a 2022, cuando la subida registrada fue del 23%, según recoge el informe que elabora anualmente el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP).

Cuadro de texto: NOTA DE PRENSAEn esta ocasión, es el Gobierno central el organismo más inversor con 1.350 millones (38% del total), por delante de los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, que suman 1.012 y 968 millones respectivamente. El resto se reparte entre otros entes, especialmente las diputaciones provinciales (137 millones) y las universidades (33 millones).

Solo el Ejecutivo central ha incrementado la inversión con un alza del 37%, mientras que el resto ha reducido sus partidas. En términos relativos, el mayor retroceso se da en las universidades (-34%), diputaciones (-21%) y los consistorios (-15%), mientras que la reducción en el caso de la Junta es del 2,3%.

El presidente de CEACOP, Carlos López Navarrete, valora positivamente este nuevo crecimiento, pero advierte de que “todavía estamos muy lejos de los 4.300 millones que se invirtieron de media anual entre 2006 y 2009, sobre todo, si consideramos el factor inflación, que supone un 43% desde 2006. Teniendo esto en cuenta, la realidad es que la inversión actual apenas supone el 56% del periodo mencionado”.

En cualquier caso, el aspecto más negativo que se desprende del informe de CEACOP es la decreciente participación de la empresa andaluza en los contratos adjudicados. En 2023 apenas alcanzó un 52% del importe total, es decir, tres puntos porcentuales menos que el ejercicio anterior y muy lejos del 75% que reclama el sector regional.

Un hecho que, en gran medida, se debe a la política que viene aplicando el Gobierno central desde hace años: en la misma línea que en 2022, apenas otorga el 23% de sus adjudicaciones a compañías andaluzas. Poniendo el foco exclusivamente en la rama de consultoría el porcentaje es del 34%. Por el contrario, ayuntamientos y diputaciones confían a las firmas regionales más del 70% de sus obras y la propia Junta lo hace en un 66%, si bien este guarismo se reduce al 50% en proyectos de ingeniería.

El gerente de CEACOP, Arturo Coloma, defiende que “estas cifras deben mejorar de manera significativa, más aun teniendo en cuenta, por un lado, las magníficas compañías andaluzas con las que contamos y, por otro, que la mayoría de comunidades autónomas apoyan de manera decidida a su tejido empresarial, porque lo consideran prioritario para generar riqueza y empleo”.

Igualmente, expresa el “rechazo frontal” de la asociación “a que se admitan ofertas temerarias, ya que supone poner en riesgo la inversión a realizar, fuerzan la competencia con bajas excesivas dificultando las condiciones del sector y pueden, además, suponer la introducción de un criterio de subjetividad en las adjudicaciones al poderse admitir o no las justificaciones de temeridad que se presentan”.

Ranking provincial

Poniendo la lupa sobre las inversiones en las ocho provincias andaluzas, el ranking lo encabeza Cádiz con 777,6 millones de euros. El podio lo completan Málaga y Sevilla, con 512,4 y 492,9 millones. A corta distancia se sitúan Granada (477,8) y Almería (422,7). El sexto lugar lo ocupa Huelva (298,4) ligeramente por delante de Córdoba (296,2), mientras que en último lugar vuelve a aparecer Jaén con 175,9 millones.

El fuerte repunte de Cádiz se debe en su totalidad a la enorme inversión efectuada por el Gobierno de la Nación, al pasar de 146,2 a 510,7 millones de euros. Entre los principales proyectos sobresalen una nueva terminal de contenedores en la capital, el enlace de Tres Caminos en San Fernando, la renovación de la línea ferroviaria Boadilla-Algeciras y obras portuarias y de instalaciones en el puerto de Algeciras, así como las depuradoras San Roque-Campo de Gibraltar y Barbate-Zahara de los Atunes.

En términos interanuales, solo tres provincias mejoran sus cifras con respecto a 2023, situándose también Cádiz en cabeza al crecer un 80%. Granada repunta un 50% y Huelva un 31%. Por el contrario, donde más empeoran los números es en Jaén y Málaga, con un desplome en ambos casos del 22% en lo que se refiere a inversión recibida. Por último, Sevilla retrocede un 17%, Córdoba el 16% y Almería un 12%.




La Junta destaca el potencial de la obra pública hídrica como generador de riqueza y empleo

  • La viceconsejera comenta con miembros de Ceacop la gran apuesta del Gobierno andaluz por impulsar actuaciones contra la sequía

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) encabezados por su presidente, Carlos López, con quienes ha abordado “el gran potencial que tiene la obra pública hídrica para generar riqueza y empleo en el territorio andaluz en un momento tan complicado como el actual”. “Desde la Junta de Andalucía estamos trabajando, en el marco de nuestras competencias e incluso más allá, con el fin de dar a los ciudadanos los recursos que necesitan para que la economía siga funcionando y para reducir al mínimo el impacto que pueda tener la sequía como lastre del desarrollo de la región”, ha apuntado.

Además de la viceconsejera y el presidente de Ceacop, también han asistido a la reunión el secretario general, el gerente y el tesorero de esta entidad, Daniel Fernández, Arturo Coloma y Antonio Martín, respectivamente; y el secretario general de Agua de la Consejería, Ramiro Angulo.

Durante el encuentro, Consolación Vera ha puesto en valor la gran apuesta que el Gobierno andaluz viene haciendo por el impulso de proyectos hídricos, que concentran el 42% del total de la obra pública de la Junta. “Estamos en un período de sequía muy complicado que dura ya un lustro”, ha lamentado la viceconsejera, quien ha resaltado que el Ejecutivo autonómico “ha puesto en marcha ya más de un millar de actuaciones en materia hídrica que buscan mejorar la resiliencia del territorio andaluz a esta situación que ya es estructural para la Comunidad Autónoma”.

En este mismo sentido, Vera ha recordado que la Junta ha aprobado ya cuatro Decretos de Sequía “que reúnen numerosas iniciativas y una gran inversión de fondos para hacer frente a la escasez de agua”. “Más de 517 millones de euros en medidas contra la sequía sumando los cuatro decretos”, ha concretado.

Como ha recalcado Consolación Vera, “el objetivo que nos hemos marcado es avanzar hacia el necesario equilibrio hídrico de Andalucía, un equilibrio que nos permita afrontar con mayores garantías los períodos de escasez que vengan en el futuro”. “El agua es imprescindible no solo para beber, sino también para comer, porque es la base de la agricultura, y también para poder mantener en activo otros sectores que son esenciales para nuestra economía, como la industria o el turismo”, ha comentado la viceconsejera.




Los pactos de Sánchez comprometen la obra pública en Andalucía

  • La patronal de la construcción alerta de que las cesiones al independentismo pueden restar inversiones a Andalucía, con infraestructuras pendientes desde hace décadas

Cada vez más sectores políticos, sociales y económicos andaluces recelan de los pactos alcanzados por Pedro Sánchez con los independentistas para acceder a la Moncloa. Unos acuerdos que no hacen más que ahondar en el agravio y que ponen en peligro el equilibrio territorial. Todavía queda mucha negociación para que el Ejecutivo de Sánchez intente sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero en Andalucía ya han saltado las alarmas ante posibles beneficios al País Vasco o Cataluña, territorios con formaciones secesionistas que sostienen a Sánchez en el poder.

En este contexto, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) alerta de que el agravio «ya existe» y apunta que a Andalucía «se le echa menos cuenta que a otras comunidades». «No es un tema nuevo, pero nos preocupa que se acreciente más con estos pactos», asegura a LA RAZÓN Arturo Coloma, gerente de esta patronal, además de lamentar que «jugamos con desventaja respecto a otras regiones» en cuanto a inversiones y financiación de infraestructuras largamente reclamadas. «Parece que cuesta mirar al sur y somos un territorio con grandes necesidades de comunicación tanto internamente como con el resto del Estado», sostiene.




Ceacop alerta de posibles recortes en infraestructuras en Andalucía por los acuerdos del nuevo Gobierno

  • La patronal de la obra civil afirma que los pactos recogen concesiones a ciertas comunidades en detrimento del resto
  • La obra pública andaluza crece hasta los 3.434 millones, pero se disparan las licitaciones desiertas

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha expresado su preocupación ante “los posibles recortes presupuestarios en materia de infraestructuras y menores asignaciones a Andalucía”, todo ello derivado del pacto de Gobierno central en el que “se recogen concesiones a ciertas comunidades autónomas, lo cual irá en detrimento del resto”.

Desde Ceacop, además, se alerta no solo de un recorte de la obra pública, sino de los riesgos que entraña lo anunciado en cuestiones como la condonación de deudas, la mejora de financiación autonómica y los pactos fiscales para algunas regiones, “generando privilegios para ciudadanos y empresas en determinadas partes de España”.

Un escenario altamente preocupante al que se añaden las previsibles necesidades de reducir el déficit presupuestario del Estado español con indicaciones desde Bruselas.

“Esperamos que, en caso de ajustes, no vuelva a ser nuestro sector sobre el que recaigan los mismos. Nuestras actuaciones generan empleo, presentan un importante retorno fiscal hacia Hacienda vía impuestos y dinamizan el conjunto de la actividad económica, tal y como se ha comprobado en los últimos años”, explica Arturo Coloma, gerente de la patronal andaluza.

Las grandes infraestructuras que necesita acometer Andalucía, sobre todo en el sector del agua y del transporte (con especial relevancia de las líneas de metro que se tienen que desarrollar), requieren, afirma Ceacop, de financiación del Estado. “En caso de que tuviera que acometerlas la Junta de Andalucía en su totalidad, el ritmo sería muy lento y comprometería toda la capacidad inversora para las obras necesarias de mejora y equipamiento básicos, al igual que para la conservación del inventario público”, matiza Coloma.

La economía en general y el sector constructor en concreto “requieren un marco estable y previsible desde el punto de vista presupuestario”. “Otro tanto sucede en cuanto a la normativa, para que las empresas puedan organizarse y desarrollar sus estrategias, así como, por un lado, posibilitar las inversiones privadas en vivienda y equipamiento industrial y, por otro, participar eventualmente en fórmulas de colaboración público-privada”, señala Ceacop.

Revisión de precios

Todos los problemas mencionados pueden agravar la situación respecto a la tardanza en la resolución de los expedientes de cobro de las revisiones de precios extraordinarias, un hecho que está afectando a numerosas compañías andaluzas. “Por ello -subraya Coloma, seguimos insistiendo en la necesidad de un sistema de revisión estable que ponga solución a las situaciones imprevisiblemente inflacionarias que puedan ir presentándose”.

Desde CEACOP recalcamos que nuestro sector ofrece su máxima disposición para realizar y mantener las infraestructuras, con una colaboración leal en la que se reconozca la importancia y compromiso del tejido empresarial, tanto en la eficiencia de sus actuaciones como en su contribución al empleo y desarrollo de los territorios.




Las empresas de la construcción alertan de posibles recortes en obras por los pacto de Sánchez

  • Las grandes infraestructuras que necesita acometer Andalucía requieren de financiación del Estado

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha expresado este miércoles su preocupación ante los posibles recortes presupuestarios en materia de infraestructuras y menores asignaciones a Andalucía, todo ello derivado del pacto de Gobierno central en el que se recogen concesiones a ciertas comunidades autónomas, lo cual “irá en detrimento del resto”.

Desde Ceacop, además, alertan no sólo de un recorte de la obra pública, sino que advierten igualmente de que los “riesgos” que entraña lo anunciado en cuestiones como la condonación de deudas y la mejora de financiación autonómica y los pactos fiscales para algunas regiones, generando privilegios para ciudadanos y empresas en determinadas partes de España, informa la entidad en una nota de prensa.

Un escenario “altamente preocupante” al que se añaden las previsibles necesidades de reducir el déficit presupuestario del Estado español con indicaciones desde Bruselas. “Esperamos que, en caso de ajustes, no vuelva a ser nuestro sector sobre el que recaigan los mismos. Nuestras actuaciones generan empleo, presentan un importante retorno fiscal hacia Hacienda vía impuestos y dinamizan el conjunto de la actividad económica, tal y como se ha comprobado en los últimos años”, explica Arturo Coloma, gerente de la patronal andaluza.




Constructoras andaluzas temen recortes en infraestructuras por los acuerdos de Sánchez

  • El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública advierte del previsible trato de favor a determinadas autonomías

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha dado la voz de alarma «ante los posibles recortes presupuestarios en materia de infraestructuras y menores asignaciones a Andalucía que pueden derivarse del pacto de Gobierno central en el que se recogen concesiones a ciertas comunidades autónomas, lo cual irá en detrimento del resto».

Desde Ceacop, además, alerta no solo de un recorte de la obra pública, sino que advierte igualmente de que «los riesgos que entraña lo anunciado en cuestiones como la condonación de deudas y la mejora de financiación autonómica y los pactos fiscales para algunas regiones, generando privilegios para ciudadanos y empresas en determinadas partes de España. Un escenario altamente preocupante al que se añaden las previsibles necesidades de reducir el déficit presupuestario del Estado español con indicaciones desde Bruselas».

«Esperamos que, en caso de ajustes, no vuelva a ser nuestro sector sobre el que recaigan los mismos. Nuestras actuaciones generan empleo, presentan un importante retorno fiscal hacia Hacienda vía impuestos y dinamizan el conjunto de la actividad económica, tal y como se ha comprobado en los últimos años», explica Arturo Coloma, gerente de Ceacop.

Las grandes infraestructuras que necesita acometer Andalucía, sobre todo en el sector del agua y del transporte (con especial relevancia de las líneas de metro que se tienen que desarrollar), requieren de financiación del Estado. «En caso de que tuviera que acometerlas la Junta de Andalucía en su totalidad, el ritmo sería muy lento y comprometería toda la capacidad inversora para las obras necesarias de mejora y equipamiento básicos, al igual que para la conservación del inventario público», matiza Coloma.

Desde Ceacop, además, alerta no solo de un recorte de la obra pública, sino que advierte igualmente de que «los riesgos que entraña lo anunciado en cuestiones como la condonación de deudas y la mejora de financiación autonómica y los pactos fiscales para algunas regiones, generando privilegios para ciudadanos y empresas en determinadas partes de España. Un escenario altamente preocupante al que se añaden las previsibles necesidades de reducir el déficit presupuestario del Estado español con indicaciones desde Bruselas».

«Esperamos que, en caso de ajustes, no vuelva a ser nuestro sector sobre el que recaigan los mismos. Nuestras actuaciones generan empleo, presentan un importante retorno fiscal hacia Hacienda vía impuestos y dinamizan el conjunto de la actividad económica, tal y como se ha comprobado en los últimos años», explica Arturo Coloma, gerente de Ceacop.

Las grandes infraestructuras que necesita acometer Andalucía, sobre todo en el sector del agua y del transporte (con especial relevancia de las líneas de metro que se tienen que desarrollar), requieren de financiación del Estado. «En caso de que tuviera que acometerlas la Junta de Andalucía en su totalidad, el ritmo sería muy lento y comprometería toda la capacidad inversora para las obras necesarias de mejora y equipamiento básicos, al igual que para la conservación del inventario público», matiza Coloma.

La economía en general y el sector constructor en concreto requieren un marco estable y previsible desde el punto de vista presupuestario. Otro tanto sucede en cuanto a la normativa, para que las empresas puedan organizarse y desarrollar sus estrategias, así como, por un lado, posibilitar las inversiones privadas en vivienda y equipamiento industrial y, por otro, participar eventualmente en fórmulas de colaboración público-privada.

Revisión de precios

Todos los problemas mencionados pueden agravar la situación respecto a la tardanza en la resolución de los expedientes de cobro de las revisiones de precios extraordinarias, un hecho que está afectando a numerosas compañías andaluzas. «Por ello -subraya Coloma, seguimos insistiendo en la necesidad de un sistema de revisión estable que ponga solución a las situaciones imprevisiblemente inflacionarias que puedan ir presentándose».

Desde Ceaceop recalcamos que nuestro sector ofrece su máxima disposición para realizar y mantener las infraestructuras, con una colaboración leal en la que se reconozca la importancia y compromiso del tejido empresarial, tanto en la eficiencia de sus actuaciones como en su contribución al empleo y desarrollo de los territorios.




La inversión pública en Málaga cae a niveles de la pandemia

  • En lo que va de año, las administraciones han licitado proyectos por valor de 467 millones de euros en la provincia

 

En lo que va de año, las administraciones públicas han licitado en la provincia proyectos por valor de 467 millones de euros. Proyectos que se sacan a concurso público para que las empresas interesadas en hacer las obras presenten sus propuestas. Pues bien, la inversión en obra pública en lo que va de año ha caído a niveles de 2020 (año en el que, por la pandemia, la actividad constructiva se paralizó).

Es más, el dato actual ha caído casi a la mitad si lo comparamos con 2021 (con 340 millones menos) y ha caído en casi 170 millones respecto al año pasado, según el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop).

MAYOR DESEMPLEO

Las cifras confirman el descenso de la inversión en obra pública, algo que tienen consecuencias como esta que apunta en COPE Málaga el gerente de Ceacop, Arturo Coloma: “Se traduce en una menor actividad, por tanto en un mayor desempleo, y también en dificultades para las empresas”.

Si hoy se licitan menos proyectos, en unos años veremos que se están haciendo menos obras, porque lo que hoy se saca a concurso, no empieza a construirse hasta pasados unos años.

ADMINISTRACIONES MÁS Y MENOS INVERSORAS

¿Y cuáles son las administraciones más y menos inversoras en Málaga? A la cabeza están los ayuntamientos: en los primeros nueve meses del año han sacado a concurso proyectos por valor de 260 millones de euros en toda la provincia. En segundo lugar, la Junta de Andalucía, con licitaciones que alcanzan casi 150 millones de euros.

Y, en tercer lugar, el Gobierno central, con obras públicas por valor de solo 47 millones de euros (una cifra inferior, incluso, a la del año de la pandemia). “Lo que necesita Andalucía es un compromiso grande por parte del Estado, que es el que puede ayudar a acometer las grandes infraestructuras”, asegura Coloma.

La inversión en obra pública en Málaga está en descenso. Se hacen cada vez menos obras y, además, las constructoras se encuentran con un problema: que el presupuesto por el que las administraciones adjudican sus obras no es suficiente para hacer frente al alza de los precios. Y, por eso, en algunos casos hay empresas que renuncian a hacer la obra que habían ganado en concurso.

 




El sector de la construcción vive tiempos de cambios y de momentos agridulces

 
  • Artículo de Opinión de Arturo Coloma Pérez. Gerente de CEACOP (Círculo de Empresas Andaluzas de Obra Pública, Consultoría y Obra Pública)

En 2022 asistimos a un incremento de la inversión en infraestructuras nunca visto en la última década, al alcanzar en Andalucía los 3.434 millones de euros. Un dato positivo que presumíamos que daría estabilidad al sector después de períodos convulsos con presupuestos cicateros, que no solo hacían tambalear la estabilidad de las empresas, sino también el desarrollo de nuestra región, ya que se quedaban sin ejecutar proyectos vitales.

Sin embargo, al margen de estos niveles de inversión satisfactorios del pasado ejercicio, volvemos a atravesar un camino peligroso, donde con mucho cuidado tenemos que ver dónde ponemos los pies. El sector debe afrontar varios problemas que pueden poner en riesgo la viabilidad de las empresas.

Desde 2020 asistimos a una situación inédita: una profunda crisis sanitaria derivada del Covid con sus ya conocidas consecuencias; una escalada del precio de las materias primas sin precedentes; una subida de los tipos de interés; falta de mano de obra, graves incertidumbres durante varios meses en torno al abastecimiento de los materiales; una crisis energética con costes inasumibles; y una crítica situación geopolítica, primero con la invasión de Ucrania y recientemente con el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio.

Licitaciones desiertas

De todos esos polvos, estos lodos. Aunque es cierto que aumentó la inversión en obra pública, también ha repuntado el número de licitaciones desiertas. Solo en Andalucía quedaron sin invertir 250 millones de euros el año pasado, o lo que es lo mismo, quedaron sin hacerse infraestructuras necesarias. ¿El motivo? Los números no salen.

Y es que, pese a la aprobación de una normativa estatal y autonómica -que venía a intentar paliar parcialmente el desequilibrio presupuestario en los contratos de obra pública debido a la inflación-, la solución no está siendo todo lo eficaz que debería.

De hecho, las empresas nos hemos encontrado ante la negativa de muchos entes públicos a aplicar la legislación vigente de revisión de precios, especialmente los ayuntamientos en Andalucía.

La norma del estado apenas resuelve la mitad del problema de incremento de precios y algunos organismos han aplicado tan solo el 20% de estas revisiones, por lo que no cubren ni el 3% del incremento experimentado, que en muchos casos ha sido superior al 30%.

Esto quiere decir que, una vez más (y ya van unas cuantas), somos las compañías del sector de la construcción las que estamos soportando prácticamente en su totalidad el incremento de costes en las obras.

Competencia desleal

Esta situación se agrava si tenemos en cuenta que se está produciendo un aumento significativo de encargos de obras públicas a empresas estatales, lo cual va en detrimento de las carteras de trabajo del sector privado. En ese sentido, es inaceptable que la Administración esté licitando proyectos que no reciben ofertas al saberse de antemano que no van a poder ejecutarse por ser a todas luces deficitarias. ¿La solución? Se adjudican directamente los contratos a las empresas públicas TRAGSA e INECO, pero por un importe superior al de licitación, incurriendo en competencia desleal.

A pesar de los desfavorables condicionantes, las empresas hemos mantenido la actividad, produciendo, creando empleo y generando riqueza para nuestro territorio. Primero, en un ejercicio de responsabilidad por parte de los empresarios -cuyo papel nunca me cansaré de poner en valor-, conscientes que de ellos dependen sus trabajadores y sus familias; y segundo, porque entendemos que la construcción es un pilar fundamental de la economía, motor de arrastre de otros sectores productivos, cuya paralización puede causar un tsunami: la desaparición de tejido empresarial y, en consecuencia, del empleo.

Por todo lo anterior, es fundamental el incremento de la inversión, pero también la revisión de precios. En caso contrario, nuestras infraestructuras se verán castigadas, afectando a nuestra economía y, por tanto, al conjunto de los andaluces.




Constructoras andaluzas alertan de despidos si no se revisan costes laborales en contratos de conservación de carreteras

 
  • Las empresas cifran el perjuicio en 20 millones y denuncian que la Junta les paga la mano de obra un 30% por debajo de convenio
  • Fomento asegura que compensa el sobrecoste de materiales, pero que el decreto estatal excluye a las unidades de personal

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) denuncia en un comunicado que la Junta de Andalucía “no esté aplicando las revisiones de precios en los contratos de conservación de carreteras, pese a estar recogido en el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, aprobado por el propio Gobierno autonómico”. Los constructores recuerdan que esa normativa establece que los contratos de conservación “serán actualizados de igual modo que los correspondientes a obras, que se revisan en su totalidad y hasta su terminación, incluidas sus prórrogas llegado el caso”. El caballo de batalla está en el incremento de los costes laborales que soportan. Se estima que las empresas pierden 20 millones de euros con la situación actual, lo que puede llevar a regulaciones de empleo.

La Consejería de Fomento ha explicado que Andalucía “es de las únicas comunidades autónomas que ha considerado la revisión excepcional de precios de los contratos de conservación, pero amparado en el RDL estatal 3/2022 de 1 de marzo que contempla paliar exclusivamente la subida de precios de los materiales de construcción, no así de las unidades de personal adscritas a la conservación”.

Las constructoras alegan sin embargo que “la Administración autonómica está pagando actualmente la mano de obra de quienes realizan estas tareas un 30% por debajo del convenio, obligando a las empresas a subvencionar el servicio a pérdidas”.

Menos del 20%

CEACOP explica que en la práctica “solo se están reconociendo parcialmente las revisiones, dejando fuera la mayor parte de los capítulos de las certificaciones, en contra de lo contemplado en el decreto”. De hecho, denuncia la patronal, las propuestas de resolución apenas alcanzan el 20% de los importes que corresponden, “lo que en la práctica supone enormes pérdidas para las compañías”.

Sobre un importe de contratos que ronda los 250 millones de euros, la cantidad solicitada en las revisiones supone tan solo un 10%, “pero lo que pretende reconocer el Gobierno regional no alcanza ni un 2%, a pesar de que el impacto medio de los sobrecostes es del orden del 30% para las adjudicatarias”, siempre según datos de CEACOP.

Impacto

“Este cambio de criterio respecto a lo aprobado representa un jarro de agua fría para nuestras empresas, que han venido realizando los trabajos con el convencimiento de que se aplicaría el procedimiento recogido en esta normativa. Pese a que no resolvería la totalidad del impacto real que están soportando, representaría un avance importante”, afirma el gerente de la asociación, Arturo Coloma.

CEACOP y las compañías afectadas han solicitado una reunión de urgencia con la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, al objeto de trasladarle su malestar y exigir una solución inmediata.

Licitaciones desiertas

Recientemente la patronal ya denunció que “numerosos ayuntamientos y entidades locales no están aplicando las revisiones extraordinarias de precios puestas en marcha por el Estado y la Junta de Andalucía”, lo que además de poner en apuros a las empresas provoca que “muchas licitaciones van a quedar desiertas

CEACOP acusa a la Junta de incumplir su propia normativa en las revisiones de precios a los contratos de conservación de carreteras

  • El Decreto-ley 4/2022 establece que dichos contratos sean revisados del mismo modo que los correspondientes a obras
  • La Consejería de Fomento está pagando la mano de obra en las conservaciones un 30% por debajo del convenio

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) lamenta que la Junta de Andalucía no esté aplicando las revisiones de precios en los contratos de conservación de carreteras, pese a estar recogido en el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, aprobado por el propio Gobierno autonómico. Dicha normativa establece que los contratos de conservación serán actualizados de igual modo que los correspondientes a obras, que se revisan en su totalidad y hasta su terminación, incluidas sus prórrogas llegado el caso.

Las empresas han recibido con indignación el hecho de que solo se estén reconociendo parcialmente las revisiones, dejando fuera la mayor parte de los capítulos de las certificaciones, en contra de lo contemplado en el decreto. De hecho, las propuestas de resolución apenas alcanzan el 20% de los importes que corresponden, lo que en la práctica supone enormes pérdidas para las compañías que desarrollan este cometido.

“Este cambio de criterio respecto a lo aprobado representa un jarro de agua fría para nuestras empresas, que han venido realizando los trabajos con el convencimiento de que se aplicaría el procedimiento recogido en esta normativa. Pese a que no resolvería la totalidad del impacto real que están soportando, representaría un avance importante”, afirma el gerente de la asociación, Arturo Coloma.

Una de las consecuencias más inmediatas que denuncia la organización es que la Administración autonómica está pagando actualmente la mano de obra de quienes realizan estas tareas un 30% por debajo del convenio, obligando a las empresas a subvencionar el servicio a pérdidas, sin que puedan soportarlo por más tiempo. “Nos parece una irresponsabilidad de la Junta de Andalucía fomentar la precariedad en el empleo de los trabajadores”, señala la organización.

Red de carreteras de la Junta

La reivindicación de CEACOP hace referencia a todas las conservaciones de la red de carreteras de la Junta de Andalucía. Sobre un importe de contratos que ronda los 250 millones de euros, la cantidad solicitada supone tan solo un 10%, pero lo que pretende reconocer el Gobierno regional no alcanza ni un 2%, a pesar de que el impacto medio de los sobrecostes es del orden del 30% para las adjudicatarias.

En caso de no reequilibrarse la situación, las empresas analizarán las medidas que se verían obligadas a adoptar. En lo concerniente a mano de obra en particular, se pueden llegar a plantear expedientes de regulación de empleo para adaptar las plantillas a los importes efectivamente recibidos por la Administración.

“Si bien inicialmente la Junta en general -y la Consejería de Fomento en concreto- mostró una buena predisposición para resolver las pérdidas ocasionadas por la enorme e imprevisible inflación, llegado el momento y más marcadamente en los últimos meses, se ha desvanecido en cálculos a la baja, recursos sobre las fórmulas a emplear y trabas en los expedientes, que en la práctica suponen menores cantidades a recibir y, en cualquier caso, dilación en los plazos de cobro”, subraya Coloma.

Abandono a las pymes

Para CEACOP, la Consejería deja en el abandono a las pymes andaluzas que velan por la seguridad vial y la seguridad de las carreteras -un trabajo altamente especializado no exento de riesgo-, obligándoles a perder más de 20 millones de euros por el incumplimiento de su propia normativa. Con ello, se ponen en riesgo las condiciones y el empleo del personal adscrito a las conservaciones, así como la viabilidad de las compañías del sector.

Desde la patronal se insiste en que la gestión de esta problemática no debería dar lugar a la judicialización de los expedientes, sino a la aplicación de las resoluciones del decreto de forma ágil, para que las empresas puedan compensar las pérdidas sufridas sin que los procesos se dilaten excesivamente en el tiempo.

Al margen de las conservaciones, tampoco se están revisando los contratos de emergencia, aunque inicialmente se previó y reconoció en dicho derecho.

Ante el complejo escenario que se ha generado, CEACOP y las compañías afectadas han solicitado una reunión de urgencia con la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, al objeto de trasladarle su malestar y exigirle una solución inmediata.

“Todos los afectados esperan una reunión urgente con la consejera con la esperanza de que se implique en la resolución del problema como era costumbre en la anterior etapa. Hemos notado un cambio de actitud del nuevo equipo de Gobierno, que parece que escoge el modelo de recorte que tan malas consecuencias trajo en el pasado”, concluyen desde la asociación.