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Los impagos de la Junta «cierran» 2.000 empresas de obras en 2011

La crisis continúa agravándose en el sector de la construcción, prueba de ello son los datos aportados por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) que prevé el cierre de más de 2.000 constructoras en Andalucía cuando finalice 2011. 

El presidente de la asociación, Enrique Figueroa, explicó ayer en una entrevista concedida a este periódico que desde que en enero realizaran un estudio en el que se cifraba en el cierre de empresas de este ámbito en 1.800. Pero «los datos han cambiado ya que con el agravamiento del problema y la mayor ralentización en la realización de las obras estamos convencidos de que la cifra aumentará hasta incluso en más de 2.000 empresas, lo que conlleva que muchos trabajadores se queden en la calle».
«El panorama para las empresas no es halagüeño, la situación va mucho peor de lo que estaba previsto a principios de año, pues las circunstancias son mucho peores», afirmó, alegando que «además en lo que va de año estamos a cero en volumen de obra licitada y las empresas se ven forzadas a echar el cierre con las consecuencias que ello tiene». Asimismo, hace unos días, la Junta anunció la falta de disponibilidad económica para pagar las obras ejecutadas, la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, afirmó que «vamos a tener que suspender algunas obras, no a reprogramar, para concentrar los recursos y sacarles el mejor rendimiento, no tiene sentido mantener muchas obras a un ritmo muy bajo». 
La Consejería manifestó que pretende pactar con los constructores un aplazamiento de algunas de ellas. «Tendremos que hacer en cinco años lo que estaba previsto hacer en tres», explica Cruz, ya que de momento no se licita ninguna obra nueva, exceptuando los dos proyectos concedidos por el sistema de cofinanciación público-privada, la autovía Darro-Iznalloz y la ampliación del puerto deportivo de La Bajadilla en Marbella, que suman 284 millones de euros que financian los adjudicatarios. 
La Administración regional no dijo cuáles eran las obras afectadas, ya que los responsables de la Consejería están revisando las obras que ya están en marcha para determinar cuáles pueden retrasarse en el tiempo y cuáles conviene seguir adelante y mantener por tanto las disposiciones económicas. Aunque entre las obras posiblemente afectadas están las del tranvía de la Bahía de Cádiz y el metro de Málaga, donde dijeron se priorizará el acabado de los tramos de avanzada ejecución y se aplazarán aquellos que ya acumulan demora. 
Este «nuevo anuncio» motivó que desde el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) crezca la alerta ya que advierten de la «incertidumbre» en la que vive el sector desde que comenzara la crisis económica años atrás, un problema que se ve agravado por la «nula licitación» de la Junta y otras administraciones pública. 
El presidente de esta asociación, Figueroa, criticó que el Gobierno andaluz «donde dijo digo dice Diego» afirmando que «el problema es el mismo desde hace dos años, se reprograma se vuelve a reprogramar y ahora se van a suspender y nunca sabemos lo que tenemos por delante». 
Ceacop dijo además que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda «no ha concretado las obras que se paran ni las que continúan, solo ha nombrado algunas, por lo que seguimos sin saber qué ocurrirá realmente y a quién afectará». 
En este sentido, insistió en que «estamos en una incertidumbre, no sabemos adónde vamos a llegar, ya que a ello se suma que no se está licitando nada nuevo este año». Además, según advirtió, esto puede provocar el cierre de un mayor y más significativo número de empresas de la construcción «porque no tengan trabajo y no cobren las obras ejecutadas, lo que conlleva una importante pérdida de empleo». 
Figueroa afirmó que «es imposible» salvar la situación con la colaboración público-privada ya que «las obras que se van aprobando por la Junta tardan en ejecutarse y las empresas tienen que ir buscando financiación». 
Así, pidió al Gobierno andaluz que «no elija siempre las infraestructuras para los recortes», considerando que «hay más sitios para los recortes, no tienen que sufrir siempre las infraestructuras». 
Antiguas deudas 
De otro lado, el presidente de Ceacop recordó que la Junta de Andalucía les prometió el pago «en julio o agosto de este año» de 60 ó 70 millones de euros, aunque «no dijo a quién ni exactamente cuando, pero por el momento nadie lo ha recibido y el mes de julio ya ha pasado, aunque seguimos con la esperanza de que lo lleve a cabo en lo que queda de agosto». 
También lamentó que la Consejería de Obras Públicas haya demorado en cinco años más el pago de la «deuda antigua» que «lleva ya varios años de retraso». 
El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ya valoró el mes pasado el compromiso de pago de la deuda, anunciado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, exigiéndole una «mayor concreción» en el plan de pagos. 
Esta inyección económica podría suponer, según ya adelantaron desde Ceacop hace algunas semanas, «la reducción de las cifras de destrucción de puestos de trabajo y de empresas en el sector». 



Empresarios acuden a la Fiscalía por el impago de las obras públicas

Los constructores de obra pública que forman parte de Ceacop han tenido que recurrir al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, para pedirle que intervenga ante la deuda que tiene contraída la Administración con estos empresarios en Sevilla y provincia y en el resto de Andalucía. 

De momento están cuantificando la deuda con sus intereses de demora y preparando toda la documentación para aportarla a la Fiscalía con el objeto de que tome cartas en el asunto debido a los continuos retrasos de los pagos de las diferentes administraciones a sus proveedores, incumpliendo la Ley de Lucha contra la Morosidad; además de la falta de reconocimiento por parte de los organismos contratantes de obras ya ejecutadas. 
Las constructoras e ingenierías de la obra civil apuntan a la morosidad de la Administración como una más de las causas claves de su situación de asfixia económica. En los últimos tres años, las deudas que soportan las empresas de la obra pública han crecido un 36%. Del total de la deuda, el 75% es directamente de pagos pendientes de organismos públicos por obras contratadas y ejecutadas. «Este dato pone de relieve, una vez más ?dicen en Ceacop? , que las administraciones públicas incumplen en mayor medida la Ley de Lucha contra la Morosidad, mientras que el control judicial es más estricto sobre las empresas privadas para cumplir con la legalidad». 
A ello hay que sumar que la inversión pública en infraestructuras en Sevilla ha descendido un 51% entre 2009 y 2010. 
Sólo en la provincia de Sevilla y según Ceacop, 16.000 trabajadores de la obra pública están a punto de perder su empleo actual y 400 constructoras e ingenierías irán a la quiebra. 
En total, en 2009 la inversión llegó a 1.419.908.113 euros mientras que el año pasado descendió a 691.960.765 euros. De esas cantidades hay que resaltar que los mayores descensos los registraron el Gobierno central y la Junta de Andalucía, con un 59%, seguidos por los ayuntamientos (30%) mientras que la Diputación subió la cuantía un 94% y las universidades un 9%. 
El Gobierno central ha recortado a más de la mitad su presupuesto de contratación de infraestructuras a lo que hay que añadir que las actuaciones de mayor presupuesto contratadas entre 2009 y 2010 están paradas en su ejecución actualmente, como por ejemplo la SE-40 y el tercer carril de la A-49. La Junta de Andalucía ha reducido la inversión en obra pública en Sevilla casi un 60%. Entre los contratos de obra pública de esos años se incluyen obras de las que en los últimos días hemos conocido que se está cuestionando su ejecución, por problemas de financiación. Es el caso de la conexión AVE Santa Justa-Aeropuerto y el túnel de Los Alcores, ambas infraestructuras suman 400 millones de euros y su ejecución se está cuestionando. 
La inversión ha quedado en manos de las Diputaciones, que han tenido capacidad de contratación gracias a planes de fomento del empleo, como el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) y el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL). 
Sin embargo, muchas de las actuaciones financiadas por estos fondos se han limitado, según Ceacop a rehacer infraestructuras que ya estaban construidas. Tampoco se han dirigido al mantenimiento del empleo existente, ya que estos fondos han primado las nuevas contrataciones. Ha habido empresas que se han encontrado en la tesitura de tener que despedir a trabajadores en plantilla para tener que contratar a desempleados, con el fin de acceder a estos contratos de obras. Pero estas nuevas contrataciones tampoco han sido de larga duración, ya que han estado condicionadas por el corto plazo de las obras. 
En cuanto a las actuaciones de mayor presupuesto adjudicadas en 2010 en Sevilla (actualmente reprogramadas o paradas en su ejecución por falta de financiación) Ceacop cita la línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz, tramo Utrera Aeropuerto de Jerez de la Frontera, la conexión tranviaria de la línea 1 de Metro de Sevilla con Alcalá de Guadaíra y las actuaciones del eje ferroviario transversal de Andalucía.
Como consecuencia de toda esta situación, las empresas de obra pública están en una situación límite provocada por la caída de la inversión en infraestructuras, las reprogramaciones de trabajos y la demora de los pagos por obras en marcha y finalizadas. 



Los constructores de obra pública demandan a la Junta concreción en su plan de pagos

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) han valorado el compromiso de pago de la deuda, anunciado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, la semana pasada, aunque ha pedido a la Junta de Andalucía una mayor “concreción en su plan de pagos”. 

Según ha recordado Ceacop en una nota, desde hace meses, la asociación venía reclamando una respuesta en esta línea por parte de la Junta de Andalucía, por lo que confía en que esta inyección económica permita “reducir las cifras de destrucción de puestos de trabajo y de empresas en el sector”. 

Después de este anuncio, los constructores andaluces están a la espera de conocer los detalles concretos del plan económico de la Junta de Andalucía para abordar el resto de la deuda, esto es, calendario y criterios de selección de los pagos prioritarios, consejerías y empresas públicas incluidas en el plan, reconocimiento y cuantificación de la deuda total de la Junta de Andalucía, entre otras cuestiones. 

En paralelo, Ceacop pide al resto de consejerías que, al igual que la de Obras Públicas, “hagan un esfuerzo inversor para pagar a sus proveedores las cantidades económicas que les adeudan y así minimizar la situación de asfixia económica que atraviesan”. 

Para concretar estas cuestiones, Ceacop tiene previsto reunirse con las consejerías de las que dependen las mayores inversiones en la obra pública en Andalucía, con el enfoque claro de “alcanzar soluciones que ayuden a esclarecer la incertidumbre que hoy por hoy afecta a la realidad del escenario en el que trabajamos”. 



La Fiscalía investigará las denuncias de impago de obras públicas

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) anunció ayer que llevará ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) casos concretos de expedientes de obra impagados por las distintas administraciones públicas. Según explicó ayer Enrique Figueroa, presidente de Ceacop, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se comprometió el pasado lunes a abrir diligencias indagatorias de los casos concretos que las empresas de obra pública, a través de Ceacop, les demanden, en los que haya indicios de algún tipo de irregularidad.

El propio fiscal confirmó ayer a este periódico que “investigará” los casos concretos que les demanden, aunque aclaró que no va a abrir una “investigación generalizada” de todas las obras públicas, “ni una auditoría penal de ninguna administración”. 
García Calderón explicó que si llega algún caso concreto: “Analizaremos la responsabilidad penal, civil, o contable, sin generalizar,” que pueda derivarse. Asimismo, aclaró que hay obras que no cuentan con expediente y en las que falta el reconocimiento de deuda, y otras que están financiadas con subvenciones, partidas presupuestarias concretas o fondos europeos, y que tienen un expediente de cuyo incumplimiento “podrían derivarse responsabilidades contables e incluso penales”, como una posible malversación impropia de fondos públicos. 
2.000 millones 
Los responsables de Ceacop transmitieron el pasado lunes a la fiscalía la “grave problemática” que atraviesan con “más de 2.000 millones de euros de impagos por parte de las Administraciones”. Uno de los casos concretos que los gestores de Ceacop reseñaron ayer fue los impagos de la obra del Metro de Granada, cuyas certificaciones llevan sin ser pagadas desde octubre de 2010. Figueroa aseguró que los impagos están provocando la destrucción diaria de 280 empleos en el sector de la construcción en el primer trimestre del año, y que si los impagos se mantienen podrían destruirse otros 60.000 empleos a lo largo de 2011. 
Ceacop va a comunicar a sus 350 empresas asociadas la posibilidad de demandar ante la Fiscalía los incumplimientos de los contratos de obras. 



La obra pública destruirá 8.000 empleos en Granada por los impagos y la falta de licitación

“No se licita, no se contrata y no se paga”. Así es como resumió el presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultorías y Obras Públicas (Ceacop), Enrique Figueroa, la “alarmante” situación que soportan las constructoras de obra civil de la provincia, que afrontarán un año muy difícil si las administraciones públicas no ponen coto a los impagos que acumulan con el sector privado y priorizan la adjudicación de infraestructuras. De hecho, Figueroa fue más allá y detalló cuáles podrían ser las consecuencias en Granada si persisten los males que afectan al sector: a lo largo de 2011 cesarán su actividad más de 200 empresas granadinas de obra civil. Además, la desaparición de estas constructoras, el 30% de las que operan en la actualidad en la provincia, tendría un coste muy elevado para el empleo, ya que supondría la destrucción de 8.000 puestos de trabajo. 
El principal problema, según explicó el presidente de Ceacop, es la “bestial” caída de la adjudicación de obras por parte de las distintas administraciones públicas. A lo largo de 2010 las instituciones invirtieron en Granada un total de 477 millones de euros, un 13% menos que en 2009. Entre las administraciones, es la Junta de Andalucía la que más ha recortado su partida para infraestructuras, reduciéndola un 49%, pasaron de los 216,9 millones de 2009 a los 111,3 de 2010. El conjunto de los ayuntamientos también ajustaron su nivel de inversiones un 23% (de 129,9 millones se pasó a 100,6). Y sólo el Gobierno central, que en 2009 licitó la “irrisoria” cifra de 78,4 millones de euros, aumentó el año pasado el nivel de inversión un 162%, hasta los 205,7 millones de euros. 
Pese a que Granada no es la provincia más afectada -en el conjunto regional el descenso de las adjudicaciones alcanza el 70%-, el presidente de Ceacop dejó claro que esos 477 millones de euros invertidos en la provincia “no han servido para reavivar la actividad de las empresas dedicadas a la obra civil”. Sobre todo porque, para calcular la inversión “real” en la provincia, a esa cantidad habría que restar, entre otras cosas, las cantidades pendientes de pago por parte de la administración. 
Porque los impagos están dejando a muchas empresas al borde de la quiebra. “Hay que concienciar a las administraciones de que tienen que buscar una solución a los problemas de pago, porque están llevando a las empresas al cierre”, aseguró Figueroa, que matizó que la deuda que mantiene la Junta con las empresas andaluzas (superior a los 1.000 millones), tiene una antigüedad media de dos años. “La situación es insoportable y las empresas ya no tienen margen de maniobra”. 
De hecho, la gerente de Ceacop, Ana Chocano, aseguró que en el caso de empresas como las adjudicatarias del Metro, que siguen trabajando pese a los retrasos en los pagos de la Junta de Andalucía, “tienen que poner dinero para trabajar”. El problema es que la “capacidad de financiación es finita”, lo que significa que “si las administraciones no solucionan los calendarios de pago, no tendrán más remedio que parar”. Hasta la fecha, ya se han visto obligadas a recortar plantilla, ya que según Ceacop las adjudicatarias del Metro han recortado en los últimos 6 meses un 70% de los empleos directos e indirectos. 
Enrique Figueroa insistió en que ya ha llegado la hora “de que se empiecen a exigir responsabilidades y que las administraciones respondan con lo suyo, porque no se puede contratar una obra sin dinero”. El presidente de Ceacop también recordó que las instituciones, en un momento que exige austeridad, tienen que tener claras sus prioridades. “Es muy fácil recortar en infraestructuras”, indicó Figueroa, que señaló el error de las administraciones y les exigió que los recortes se dirijan a todo aquello que no sea productivo. “Las inversiones tienen que dedicarse a cosas productivas, que generen empleo y riqueza”. 
Por lo pronto, las administraciones no han tomado nota de las necesidades del sector. El presidente de Ceacop señaló que, en materia de adjudicaciones, este 2011 “está siendo mucho peor que 2010, que ya fue mucho peor que 2009”. La gerente del Círculo de Empresas fue todavía más pesimista al asegurar que la escasez de inversión indica que “no hay proyectos de futuro” para las constructoras de obra civil.



La falta de obra pública y la morosidad ponen en peligro a 2.500 empleos

La ausencia de obras públicas en la provincia pone en peligro a buena parte del subsector de la construcción que se dedica a ellas 

«Estamos viviendo una situación límite». Así resumió ayer la gerente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Ana Chocano, la coyuntura actual que vive este sector en Córdoba. Según un estudio realizado por este colectivo, unos 2.500 empleos vinculados con esta actividad en la provincia corren un serio peligro de desaparecer antes de que termine el año por la falta de inversión en obra pública y la elevada morosidad de las Administraciones a la hora de pagar a las empresas por actuaciones ya realizadas. 
En ese informe también se indica que unas 110 compañías de este sector en Córdoba pueden cerrar sus puertas a lo largo de 2011 por estos factores. Esta cifra supone en torno a un 30% del tejido productivo que en la provincia se dedica a la obra pública. A eso suman las industrias auxiliares que dependen de estas firmas. 
Chocano denunció que la licitación de las instituciones está «estancada» en Córdoba, siendo las previsiones para los próximos meses bastante negativas debido a los recortes presupuestarios anunciados por los distintos poderes públicos. 
Resaltó la paradoja de que apenas se invierta en nuevos equipamientos cuando «en Andalucía y en Córdoba hay un claro déficit de infraestructuras».
Desde Ceacop,se señaló que 2010 fue el «peor» año en cuanto a las cifras de licitación de obra pública en Córdoba desde que hay estadísticas oficiales. Durante el pasado año, se adjudicaron actuaciones en la provincia por un valor de 229,76 millones de euros, frente a los 357,5 que se invirtieron en 2009, lo que supone un descenso interanual del 36%. 
El Gobierno central es el que redujo en mayor medida su gasto, al destinar a Córdoba tan sólo algo más de 36 millones, un 58% menos que en 2009. «Es una cifra irrisoria», subrayó Chocano. No mucho mejores son las inversiones de la Junta, que cayeron un 52%, hasta quedarse en 55,4 millones. 
Según el estudio, Córdoba es la penúltima provincia de la comunidad en partidas destinadas a infraestructuras por parte del Ejecutivo de José Antonio Griñán. La gerente de Ceacop reclamó a la Junta más esfuerzo inversor para Córdoba con el fin de compensar estos desequilibrios. 
Una situación algo diferente fue la que se vivió en 2010 con los entes municipales. Los consistorios y la Diputación desembolsaron 131,8 millones. Esta cuantía es un 13% inferior a la de 2009, una bajada que está lejos de la experimentada por la Junta y el Gobierno debido a los fondos «anticrisis». La patronal teme que este año haya una caída en la inversión en obras municipales al no continuar estos programas. Los ayuntamientos más inversores fueron el de Córdoba, Aguilar de la Frontera, Lucena y Palma del Río, siendo la edificación de VPO los proyectos mayoritarios. 
Dudas en el sector 
La elevada morosidad de las Administraciones es otro de los caballos de batalla para este sector. En el informe no se incluyen datos de Córdoba, pero sí se detalla que hay obras en Andalucía que llevan dos años hechas y aún no se han cobrado. La deuda que acumula la Junta, según Ceacop, es de 950 millones mientras la de los ayuntamientos ronda los 1.000. 
El retraso en la ejecución de varios proyectos y las enormes dificultades al acceder al crédito son otros de los problemas que acechan a estas empresas. Ceacop también reclamó a las instituciones que adjudiquen más obras a empresas andaluzas, un grupo de firmas que acumularon dos de cada tres proyectos adjudicados en Córdoba durante el pasado año. 
De cara al futuro, las perspectivas son «desesperanzadoras», debido a que las Administraciones ya han anunciado planes de recorte del gasto a corto y medio plazo. Con estos datos, los responsables de Ceacop calculan que serán necesarios al menos tres años para que este campo productivo se recupere.
Otras iniciativas de las instituciones despiertan dudas en este sector. Es el caso de la colaboración público-privada, auspiciada por la Junta para proyectos como la Ciudad de la Justicia o la Ronda Norte. Chocano puso en tela de juicio que un elevado número de compañías vayan a presentarse a esos concursos debido a los problemas para obtener financiación por parte de la banca y la alta morosidad actual de los poderes públicos. 



Las constructoras advierten que el sector perderá otros 2.000 empleos este año

La profunda crisis que atraviesa el sector de la construcción se llevará por delante otros 2.000 empleos este año, salvo sorpresas de última hora. En una coyuntura de impagos por parte de las administraciones y escasa ejecución de obra pública, las empresas dedicadas a este sector calculan que a final de año habrá desaparecido otro tercio de ellas, llevándose esos puestos de trabajo consigo

Ese es el cálculo elaborado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) a partir de las estadísticas oficiales. Según el Círculo, en los dos últimos años han desaparecido unas 1.800 empresas andaluzas del ramo, un tercio de las existentes, una progresión negativa que empeorará en 2011, en el que se espera que desaparezca otro porcentaje igual de empresas. En el caso de Huelva, provincia en la que hay 107 empresas clasificadas para ejecutar obra pública, esto se traducirá en el cierre de 32 compañías. Y el sector no prevé mejorías en los próximos años: según una encuesta reciente, la mayor parte de ellas calculan que los próximos dos o tres años no habrá avances.
Frente a ello, el sector de la construcción continúa demandando la reactivación de la licitación oficial, en caída libre en medio de reprogramaciones y aplazamientos de las actuaciones previstas ante la falta de presupuesto en las administraciones. Según los datos recopilados por Ceacop, el importe adjudicado de obra pública en la provincia en 2010 cayó un 46,3% respecto a 2009, quedándose en 156 millones de euros.
El presidente de Ceacop, Enrique Figueroa, destacó ayer que la situación de parálisis de la obra pública es “especialmente grave” en la provincia, donde, dejando a un lado la infraestructura ferroviaria de la estación del AVE, “la única obra de cierto nivel, la carretera San Bartolomé-Alosno está parada”; la presa de Alcolea sigue pendiente de los terrenos, y el desdoble de la nacional 435 o los accesos a las playas están a la espera desde hace años. A ello se suma el pase de obras de peso tanto estatales como autonómicas a la fórmula de colaboración público-privada, que “sólo beneficiará a las empresas de gran tamaño, quedando fuera la mayoría de las andaluzas”, ya que, al tener que aportar la adjudicataria la financiación de la obra (para recuperarla en un plazo aproximado de 25 años), las pequeñas y medianas empresas sólo podrán acceder de la mano de las grandes y en pequeños porcentajes.
A este problema de falta de trabajo se suma una demanda continua de los constructores en los últimos meses: el pago de las cantidades pendientes. Ceacop calcula en 950 millones de euros la deuda de la Junta de Andalucía con las constructoras de la comunidad autónoma, una cantidad que corresponde a obras antiguas “ya ejecutadas pero pendientes de pago”. Figueroa acusa además a la Administración autonómica de no reconocer parte de esa deuda para que no compute como déficit en sus cuentas. En cuanto a los ayuntamientos, cifra la cantidad pendiente de abono en unos 1.000 millones de euros en Andalucía y la demora se sitúa “fácilmente” en años. Ello a pesar de que, según la Ley de Morosidad, el plazo de pago debería situarse en 60 días: “Nosotros tenemos que pagar a nuestros proveedores en 60 días, pero las administraciones no hacen lo mismo con nosotros”.
Esta situación será puesta en conocimiento del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con el que Ceacop ha pedido ya una reunión. Esta iniciativa se suma a la emprendida por la Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva (AECO) que ya está preparando la reclamación judicial de las cantidades pendientes a las administraciones. 
Además de esa reclamación judicial, Ceacop hace otra petición: que se permita a Andalucía aumentar su endeudamiento para hacer frente a los pagos pendientes. También reclaman que se recorten gastos corrientes, “la Administración tiene que adelgazar a la fuerza, porque para gestionar 2.000 millones no hacen falta los mismo recursos que para gestionar 5.000”. O que se liciten obras de menor tamaño para que las empresas pequeñas puedan acceder a ellas. 



1.800 empresas de obra pública irán a la quiebra en 2011

– Un mínimo de 1.800 empresas (el 22,8% del total) cesarán su actividad en 2011 si los gobiernos nacional, autonómico y local no ponen en marcha medidas que realmente reactiven su actividad. 

– La caída del 38% de la inversión en infraestructuras públicas (entre los años 2009 y 2010), la paralización total del 24,5% de las obras contratadas, así como la morosidad de la Administración, dibujan este horizonte totalmente desesperanzador para las constructoras e ingenierías. 
El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción Consultoría y Obras Pública (Ceacop) ha presentado en Sevilla los datos obtenidos a través del ?I Estudio de la Situación de las Empresas Andaluzas de Obra Pública?, encargado a la empresa de investigación andaluza Instituto de Investigación, Marketing y Comunicación (IMC), de reconocido prestigio, y que recoge las estadísticas más representativas de la situación actual y la del futuro más inmediato de una elevada muestra representativa de las constructoras e ingenierías de obra pública en Andalucía (empresas asociadas y no asociadas a Ceacop). 
El trabajo de campo se ha centrado en entrevistas realizadas durante los tres primeros meses de 2011 con gerentes y puestos directivos de constructoras y consultoras de obra pública, quienes afirman que un mínimo de 1.800 empresas (el 22,8% del total) cesarán su actividad este año si el gobierno no pone en marcha medidas que realmente reactiven su actividad. Según las cifras facilitadas por las empresas para el Estudio, la principal causa de la desaparición de estas compañías es la caída de la inversión en infraestructuras públicas. 
A este aspecto, Ceacop apunta que la caída de adjudicaciones en Andalucía entre los años 2009 y 2010 ha sido de un 38%.
En cuanto a la paralización de las obras, el Estudio cifra en un 24,5% de las contratadas las que se encuentran sin actividad al 100%. A esto hay que sumar otras tantas que han descendido su ritmo de ejecución considerablemente, frente a lo previsto sobre la contratación inicial. Esto perjudica directamente a la planificación de recursos (materiales y humanos) de las empresas, que durante meses han hecho esfuerzos para mantener a sus trabajadores a la espera de que se pongan en marcha las obras contratadas, pero que, a la vista de la actual situación de parones y reprogramaciones, no han tenido más remedio que vender todos sus activos posibles y reducir sus plantillas
Así, de 2008 a 2010, el descenso de plantilla en las empresas de obra pública ha sido de un 42%, donde el 71,6% de los empleos destruidos ha sido de aquellos puestos de trabajo de baja cualificación. 
Además, las empresas apuntan a la morosidad de la Administración como una más de las causas claves de su situación de asfixia económica. En los últimos 3 años, las deudas que soportan las empresas de la obra pública ha crecido un 36%, donde, del total de la deuda, el 75% es directamente de pagos pendientes de organismos públicos por obras contratadas y ejecutadas. Este dato pone de relieve, una vez más, que las administraciones públicas, incumplen en mayor medida la Ley de Lucha contra la Morosidad, frente a las empresas privadas. 
Respecto a las medidas de recuperación y cambios anunciados por el gobierno, según las valoraciones extraídas del Estudio, para las empresas no han significado más que la destrucción de empleo y el aumento de la incertidumbre. De hecho, cerca del 50% de los directivos de las empresas entrevistadas, afirman que la crisis todavía durará 3 años más. 
Por ello, las empresas dibujan un horizonte a corto y medio plazo totalmente desesperanzador si el gobierno no pone en marcha medidas reales de reactivación de las infraestructuras públicas, ya que a las 1.800 empresas que se ven abocadas a la quiebra en el momento actual, les seguirán otras tantas, con la consecuente destrucción de empleo, si desde el gobierno no se apoya al sector para su supervivencia. 



Junta y ayuntamientos disparan a 1.950 millones su deuda con constructoras

Las constructoras han dicho basta a la Junta y a los ayuntamientos morosos. Ya no están dispuestas a cargar durante más tiempo con el peso de una crisis que lleva tres años triturando sus cuentas de resultados y diezmando sus plantillas. Para colmo de males, las pocas obras que realizan no se les abonan, superando con creces el plazo máximo de 60 días de pago a proveedores que marca la Ley de Lucha contra la Morosidad.
El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) denunció ayer que la Administración autonómica y las corporaciones locales acumulan ya una deuda que roza los 2.000 millones de euros, de los cuales 950 corresponden a la Junta y los 1.000 restantes a los consistorios. En la mayoría de los casos, se amontonan facturas pendientes de pagar desde hace más de dos años, según advirtió en una rueda de prensa su presidente, Enrique Figueroa, que no ahorró calificativos apocalípticos para dibujar el estado de colapso en el que vive el sector.
Como la gravedad de la tormenta económica no admite más prórroga, desde este colectivo, que agrupa a unas 350 empresas, se mostraron decididos a reclamar a la Fiscalía que actúe de oficio con los gestores públicos al ser incapaces de poner al día a las administraciones en los pagos pendientes. «Al menos queremos cobrar lo que hemos hecho», demandó la gerente de esta organización empresarial, Ana Chocano.
Recursos contra la Junta
La denuncia de Ceacop no se quedó en un lamento victimista y amenazó con pedir, a través de la vía contencioso-administrativa o por la penal, que gestores sean inhabilitados para ejercer un cargo público por vulnerar impunemente la norma y conducir a multitud de empresas «a la ruina».
A la Junta de Andalucía le empiezan a pasar factura sus recortes en inversiones
A la Junta de Andalucía le empiezan a pasar factura sus recortes en inversiones. Con el plante de Ceacop son ya dos las organizaciones que en apenas cuatro días salen en tromba contra el Gobierno de José Antonio Griñán por la excesiva morosidad de la Junta, que ha reducido bruscamente, en torno a un 65 por ciento, la adjudicación de obra pública entre 2008 y 2010. El pasado viernes la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) cifraba en 1.646 millones los números rojos que arrastra con contratistas de infraestructuras y equipamientos sanitarios.
Los responsables de las constructoras repiten los datos como una letanía de desastres. Ceacop calcula que están en peligro 60.000 puestos de trabajo en el sector. De los 4.300 millones de euros a los que ascienden los trabajos adjudicados los últimos tres años, la Junta de Andalucía aún adeuda a las constructoras casi una cuarta parte. Chocano la acusó de «ocultar deliberadamente su deuda con proveedores» para evitar que se dispare el déficit de la comunidad.
Restricciones de Hacienda
El problema radica en que la Consejería de Hacienda no da el visto bueno a las liquidaciones de obras para que no computen como endeudamiento, lo que se traduce a su vez en un cerrojazo del grifo de la Banca cuando las empresas acuden a pedirle financiación, expuso. Al no reconocerse como deuda, no se pagan las obras y, en el horizonte más optimista, no se saldarán antes de cuatro años, según se desprende de las conversaciones que las constructoras mantienen con los responsables autonómicos. Para Ceacop, el dinero gastado en planes «anticrisis» habría tenido más utilidad si se hubiese empleado en pagar la deuda de los ayuntamientos.
El mayor volumen de deuda que arrastra la Junta corresponde a la Consejería de Obras Pública, que adeuda 600 millones a las constructoras y no paga desde noviembre. Le siguen las consejerías de Medio Ambiente (150 millones) y Salud (que debe 90 millones y sus proveedores tardan de media 300 días en cobrar).
El Gobierno andaluz dice que resolverá el impago, pero no aclara cómo ni cuándo
La consejera de Presidencia, Mar Moreno, reaccionó ayer con buenas intenciones ante el plante del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública por el impago de las obras. Aseguró que está convencida de que, «como siempre sucede», la Consejería de Obras Públicas y la organizaciones empresariales de constructores resolverán este problema.
«Dentro del cauce de diálogo habitual de la Consejería de Obras Públicas se va a encontrar solución a todos y cada uno de los problemas», sentenció la consejera de Presidencia. Asimismo, quiso dejar claro que el nivel de ejecución y de inversión, así como la apuesta que ha realizado la Junta en los últimos años por la obra pública, ha sido «muy intenso y superior» a la media del resto de comunidades autónomas. «Hay que poner en valor ese esfuerzo por mantener la actividad inversora, que ha sido una decisión política de la Junta de Andalucía», insistió la también portavoz del Gobierno andaluz.



La reordenación de la Junta agrava la crisis de las empresas de obra públicas

La demora en la fusión de agencias en las consejerías afecta a la adjudicación y financiación de nuevos proyectos de infraestructura.

La crisis económica y el obligado recorte de inversiones en el Gobierno central y en la Junta de Andalucía está poniendo en grave peligro la supervivencia de un sector otrora floreciente, como es el de las empresas de obra pública. Y como todo es susceptible de empeorar, a la drástica reducción de adjudicaciones de proyectos y a la morosidad en los pagos, se ha unido el proceso de reordenación del sector público con la fusión de agencias que no termina de cerrarse, lo que a su vez provoca un aplazamiento de las licitaciones.
Este cúmulo de circunstancias adversas ha sido puesto de manifiesto en declaraciones a ABC por el presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Enrique Figueroa, que se muestra bastante pesimista y no duda en pronunciar la palabra «ruina» cuando se refiere al futuro del sector.
Uno de los colectivos profesionales que más está sufriendo las consecuencias de la crisis económica es el que concentra su actividad como clientes de la Administración en lo que se refiere a la ejecución de medianos y grandes proyectos de infraestructura, en todos los campos de la actividad. Y no sólo la crisis les ha llevado a la situación actual. «Nosotros ?resalta Enrique Figueroa? nos quejamos de que en dos años ha habido cinco consejeros de Obras Públicas en la Junta de Andalucía, y eso influye porque a su vez supone que hay cambios en todos los estamentos y conlleva una paralización. El sector, de por sí, está muy mal. Llevamos 2009 y 2010 con una contratación mínima, y esas contrataciones después de han reprogramado».
Otro problema añadido son los cobros. «Por parte de la Junta de Andalucía están superatrasados. Eso incide en las empresas, que están pasando unos momentos graves. Si continúa esta problemática, que esperamos que se solucione pronto, la situación de las empresas pasará a ser mortal. Algunas ?subraya Figueroa? van a morir en el camino».
La alternativa del Gobierno andaluz al recorte presupuestario en las consejerías más inversoras, léase Obras Públicas y Vivienda y Medio Ambiente, fue el sistema de la financiación público-privada.
Pero el presidente de Ceacop no lo ve claro. «La financiación público privada todavía está en pañales. Sólo ha salido una obra a través de esa modalidad, y la solución no es para hoy. Son proyectos que se van a iniciar con mucha suerte en el segundo semestre del año que viene. Eso quiere decir que el panorama para este año y para el 2001 no pude ser más malo para el sector. Siempre se puede empeorar. Aunque ya nos lo han puesto tan difícil que es hasta complicado empeorarlo».
La conclusión de Enrique Figueroa es elocuente: «En la Junta no hay dinero. De la fórmula aquella de que tú contratabas una obra y la hacías nos dicen que nos olvidemos, porque lo que va a salir es la colaboración público-privada y poco más. Pero para este sistema la banca te exige que ponga un veinte por ciento del importe de la obra. Y encima de que las empresas no cobran, que tienen un montón de deuda pendiente de pago por la Administración, esto lo complica aún más».
Según los datos de Ceacop, «las empresas han bajado su facturación en el pasado año hasta un 30 por ciento y las perspectivas para el presente es que con un poco de suerte la facturación se reduzca en un 50 por ciento con respecto al año pasado, que ya fue un año malo. Esto está llevando a muchas empresas del sector a la ruina. Como decimos en esta tierra ?enfatiza Figueroa? se ha unido el hambre con las ganas de comer».
El último eslabón de esta cadena de contratiempos es la reordenación de la Administración andaluza, el denominado «decreto del enchufismo», muy criticado por los sindicatos de funcionarios y que propicia la fusión de entes públicos, tales como Egmasa y la Agencia Andaluza del Agua.
Aprobada la reordenación a través de una Ley, las nuevas agencias carecen aún de estatutos para su pleno funcionamiento, circunstancia que según Ceacop afectan a las contrataciones y a la financiación de los nuevos proyectos