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CEACOP pide al futuro gobierno andaluz que se una al plan de pagos de deuda

Ceacop

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) ha pedido al futuro gobierno andaluz que apueste por la obra pública y que se adhiera al plan de pagos promovido por el Estado “para saldar las deudas pendientes de la Administración con las empresas”. 

Tras la asamblea de la organización celebrada hoy, su presidente, Enrique Figueroa, ha señalado en un comunicado que “el pago es una inyección económica para no seguir destruyendo empleo”, ya que servirá para “salvar empresas y autónomos”. 
Ha asegurado que las constructoras y consultoras andaluzas “no pueden soportar más demoras ni en la ejecución de las obras ni en los pagos pendientes por parte de las administraciones públicas”, ya que la actual deuda de la Junta con las compañías de obra pública alcanza los 1.200 millones, “a lo que se suman los 1.250 millones que adeudan los ayuntamientos”, según sus datos. 
Figueroa ha apuntado la necesidad de reorientar el gasto social porque en la actualidad “apoyando aquellos sectores productivos y dinamizadores, como lo es la obra pública”. 
En este sentido ha hecho un llamamiento al gobierno andaluz para que la Consejería de Obras Públicas “tenga una estabilidad importante y necesaria”, evitando los cambios de sus máximos responsables, “como ha pasado en la última legislatura y que ha ralentizado los ritos de contratación y toma de decisiones”. 
La organización ha recordado “los logros” de los últimos meses, que “en muchas ocasiones han estado a la vanguardia de las medidas acordadas en diferentes consejos de Gobierno”. 
Sin embargo, tras la destrucción de 350.000 empleos en el sector en Andalucía, consideran que el horizonte para 2012 es “totalmente desesperanzador y deja en situación de peligro a los 200.000 trabajadores que actualmente dependen de la construcción”. 
 
 



El Corredor Mediterráneo podría fortalecer el tejido productivo andaluz

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Obras Públicas (Ceacop) ha considerado “una buena noticia” que los ministros de Transporte de la Unión Europea hayan incluido entre las prioridades el Corredor Ferroviario Atlántico y, por primera vez el Mediterráneo desde Algeciras a Portbou. 

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Ceacop, Enrique Figueroa, ha indicado que esto supone “un fortalecimiento” de las infraestructuras andaluzas del transporte, “fortalece las capacidades competitivas y el tejido productivo de la región”.
En este sentido, ha indicado que todo presupuesto que se dirige a infraestructuras no puede entenderse nada más que como inversión “tanto para la región como para la propia administración”, ya que “el 60 por ciento de lo adjudicado a través de obras públicas lo recupera el Gobierno en forma de IVA, impuestos y tasas”. 
Asimismo, Figueroa ha apuntado que, además, en estos momentos para el sector es “vital” movilizar presupuestos en infraestructuras para “recuperar puestos de trabajo y la actividad de las constructores y consultoras que se han perdido por la caída de las inversiones públicas”. 
Sin embargo, ha llamado la atención sobre que “no se puede olvidar” que “hay que seguir luchando para integrar en esta red de transportes aquellos puertos y enclaves estratégicos que se han quedado fuera”. 
Cabe recordar que los ministros de Transporte de la Unión Europea han alcanzado este jueves un acuerdo político sobre la nueva lista de proyectos prioritarios de las redes transeuropeas de transportes, que se beneficiarán de financiación de la UE a cambio del compromiso de estar terminados en 2030, algo que para España, la lista incluye el Corredor Ferroviario Atlántico y, por primera vez el Mediterráneo desde Algeciras a Portbou. 
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha sido la única en oponerse al acuerdo al no incluir infraestructuras consideradas fundamentales por el nuevo Gobierno, especialmente el Corredor Central, que conectará España y Francia a través de un túnel por el centro de los Pirineos. Pastor reclamaba también la incorporación a la lista de los aeropuertos de Canarias, Alicante y Málaga, así como el puerto de Vigo. 
Bruselas quiere que todas las infraestructuras incluidas en la red básica, incluidos el Corredor Mediterráneo y el Atlántico, estén completadas en 2030. Para ello, ha propuesto movilizar 32.000 millones de euros del presupuesto comunitario durante el periodo 2014-2020. Con estos fondos se costeará entre el 20 por ciento y el 40 por ciento de los proyectos, especialmente los tramos transfronterizos. 
En el caso del Corredor Central, la Comisión está financiando el estudio preliminar del túnel que atravesará los Pirineos y calcula, basándose en experiencias anteriores, que una vez iniciadas las obras tardará en construirse “más de 20 años”, lo que incumpliría el requisito de que la infraestructura esté finalizada en 2030. De ahí su rechazo a incorporarlo a la lista de prioridades. 



Entrevista a Ana Chocano, gerente de CEACOP

«Es increíble que el principal moroso sea la Administración»   
El Círculo de Empresas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), ha sido uno de los grandes perjudicados por la crisis, y reclama numerosos impagos a la Junta. Su gerente confía en que 2012 sea el último año de penuria.
?¿Qué haría si fuera presidenta de la Junta? 
?Primero ver qué necesidades tiene la sociedad. Y dado que ya no somos un país de ricos, tampoco de pobres, y unificando recursos y necesidades poner en marcha un plan con el objetivo claro de favorecer la creación de empleo.
?¿Cuáles son las principales dificultades por la que atraviesa la obra pública? 
?La principal es la falta de actividad. Hay muchas empresas que no pueden trabajar por falta de oferta. No hay expectativas de licitación de obra pública ni a corto ni a medio plazo, y algunas que están en marcha sufren los problemas de la reprogramación y de la falta de pago porque la Administración dice que tiene que cumplir los objetivos de déficit.
?¿El plan del Gobierno para pagar a los proveedores puede ser un alivio?
?Es la única forma de que pueda volver a existir algún tipo de actividad no sólo en el sector de la construcción sino en todos los sectores. Y es un dinero para pagar deudas.
?¿Tenía que haberse puesto en marcha mucho antes? 
?No. Es que no tendría que haber hecho falta. Lo que es increíble es que las administraciones públicas en España sean los principales morosos. Si no existiera el problema no sería necesaria la solución.



Los constructores andaluces se reúnen con Javier Arenas para analizar la situación del sector

La Junta Directiva del Círculo de Empresas Andaluzas, de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP), encabezada por su presidente Enrique Figueroa, ha celebrado esta mañana una reunión con el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, y con su equipo.

En este encuentro han planteado sobre la mesa la difícil situación que hoy por hoy vive el sector, y que ha arrastrado a la quiebra a 1.800 constructoras e ingenierías andaluzas, además de dejar en situación de peligro a 200.000 puestos de trabajo que engrosarán las alarmantes cifras de paro, si no se reactiva la obra pública. 
En palabras de Enrique Figueroa, ?el sector vive momentos realmente duros. La cada vez más creciente morosidad del Gobierno autonómico y de los ayuntamientos, junto a la caída de la inversión pública en infraestructuras y la paralización de los contratos están terminando por hundirnos?. 
CEACOP ha trasladado a Javier Arenas una propuesta de medidas concretas orientadas a reactivar el sector, para que sean incluidas en el programa electoral del partido. 
Entre estas medidas, los constructores subrayan la necesidad de que la Administración haga un reconocimiento expreso de la deuda a sus proveedores y concrete un calendario de pagos.  En esta línea, ponen de relieve que el Gobierno debería mostrar un escrupuloso respeto a la Ley de Lucha contra la Morosidad, en la misma medida que las empresas la cumplen. 
Por otra parte, CEACOP ha apuntado hacia la tramitación con carácter de urgencia de los créditos ICO como método de pago seguro a los proveedores, ante la falta de tesorería de la Administración. 
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha traslado a CEACOP su compromiso ya anunciado de reconocimiento de la deuda mediante la elaboración de un calendario de pago a los proveedores fiable y cumplible, además de impulsar la línea de créditos ICO para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos liquiden la deuda con las empresas, quienes están asfixiadas con la morosidad. Además, Arenas ha lamentado la dramática situación que atraviesa el sector, así como que la Junta de Andalucía haya dejado de ejecutar más de 7.000 millones de euros en inversiones de infraestructuras y obras públicas. 
Otra de las medidas debatidas es la recuperación de los compromisos de inversión en obra pública, pero sustentados en criterios de racionalización de las infraestructuras. Evaluar cada proyecto según su funcionalidad futura o calcular los costes sociales, económicos, así como los de conservación, deberían ser una exigencia antes de iniciar un proyecto, más aún en tiempos en que la inversión pública se inclina por políticas de austeridad. Pierde sentido la construcción de grandes aeropuertos o de tranvías y metros si carecen de pasajeros ni usuarios que justifiquen su funcionamiento. En cambio, para garantizar el estado de bienestar el gobierno debe garantizar la disponibilidad y el mantenimiento de infraestructuras básicas para la sociedad.
Por ello, los constructores defienden la necesidad de que en los planes de inversión, la rehabilitación de edificios y otras infraestructuras tengan un papel protagonista. 
Ponen también el acento en la necesidad de cumplimiento de la Ley de Aguas de Andalucía, una exigencia impuesta por la Unión Europea y que si en 2015 la Comunidad andaluza no la cumple, tendrá que hacer frente al pago de las multas correspondientes. 
Otras de las medidas destacadas en esta reunión han sido la exigencia de un replanteamiento de la CPP, la vigilancia de la ordenación del territorio, el fomento de la Ingeniería y el apremio por la puesta en marcha de planes de austeridad internos que adelgacen la estructura orgánica de la Administración. 
CEACOP ha solicitado esta misma reunión al resto de partidos políticos que incurren en las elecciones para la presidencia de la cámara autonómica este 25 de marzo. 



Obligados a echar el freno

En 2011, una de cada cuatro obras públicas se encontraba parada al cien por cien. En estas cifras no están incluidas otras tantas actuaciones que aunque no se hayan paralizado, sí que han ralentizado su ritmo de ejecución, a causa de la retirada de las inversiones públicas. 

En pocos años, los planes de austeridad económica puestos en marcha por las administraciones han vuelto completamente del revés a un sector estratégico y puntero en Andalucía. La obra pública ha pasado de ser una de las principales fuentes de empleo y motor de crecimiento económico, a sufrir los mayores recortes de presupuestos públicos, que han reducido su actividad al mínimo. 
La mala salud que hoy por hoy atraviesa el sector tiene su reflejo directo en las cifras de destrucción de empresas y puestos de trabajo. Así, en los últimos 3 años han sido 18.000 las empresas de obra pública que cesaron su actividad. Mientras que las que se han mantenido a flote, se han visto obligadas a reducir sus plantillas a la mitad a la vista de la actual situación de parones y reprogramaciones.
Siempre se recorta en infraestructuras. Cuando se trata de obras públicas, en muchas ocasiones el Gobierno confunde inversión con gasto. Sin embargo, los presupuestos dirigidos a las infraestructuras no sólo se traducen en creación de puestos de trabajo, sino que revierten directamente en la propia Administración en forma de IVA, impuestos, etc. 
En cambio hay otras dotaciones presupuestarias públicas, como la campaña de compra de ordenadores portátiles para fines escolares o la proliferación de empresas públicas, fundaciones, organismos que nadie sabe para qué están y para qué sirven, etc. Que suponen un gasto que ?muere? en sí mismo. 
En los últimos años, la inversión de la Junta de Andalucía en obras públicas no ha hecho más que decrecer año a año. Es alarmante ver cómo en 2011 la inversión de la Junta en infraestructuras no fue mucho más del 20% de lo adjudicado en 2008, dando marcha atrás al calendario hasta llevar a la región a los niveles de adjudicación de hace 9 años (casi una década). Si al menos esta estrategia significara una vuelta atrás para coger impulso, pero no es así, ya que en 2012 el presupuesto de la consejería de Obras Públicas y Vivienda caerá un 25% más, enquistando aún más la dramática situación de miles de empresas que temen por su supervivencia.
Las constructoras y consultoras coinciden en que el horizonte a corto y medio plazo es desesperanzador si el gobierno no pone en marcha medidas reales de reactivación de las infraestructuras públicas. 
Frente a estas demandas, la estrategia de inversión de la Junta de Andalucía para 2012 apunta hacia las políticas sociales, escudándose en que las dotaciones presupuestarias del gobierno autonómico deben primar la garantía de los derechos sociales.
Desde el conjunto de las empresas de ingeniería y construcción no podemos estar más de acuerdo con el Gobierno Autonómico en que los derechos sociales son la prioridad a garantizar. Y para una comunidad autónoma con un 31% de paro el primer derecho por el que su Gobierno debe luchar es el derecho a trabajar. El mantenimiento del estado de bienestar pasa porque todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a trabajar, solo así lograremos que vuelva a circular la economía, reactivar el comercio, movilizar ingresos y tasas públicas…
Sin duda, en estos momentos no hay otra demanda que se pida más al unísono desde todos los estamentos de la sociedad: todos tenemos los mismos derechos y todos queremos trabajar, y cobrar por el trabajo que hacemos (aunque hoy por hoy la realidad es que la Administración no nos está pagando) y que sabemos desarrollar con profesionalidad. Prueba del rigor y de la calidad de nuestro trabajo son las infraestructuras, carreteras, puertos, ferrocarriles? que ha día de hoy disfrutamos y que son un referente para otras regiones (españolas y extranjeras) que sitúan a las constructoras e ingenierías andaluzas como modelos a seguir. 
Estas constructoras e ingenierías son las que la Junta va a terminar de hundir a base de recortar la inversión en infraestructuras, de no pagarle por los trabajos ejecutados y por los servicios desempeñados, además de imponerles insalvables restricciones presupuestarias.
Echar el freno en obra pública no significa ni mucho menos que nos quedemos como estamos, sino que este parón tiene un efecto demoledor que puede tumbar aún más al sector. Así, desde el conjunto de las constructoras y consultoras nos tememos que aumentarán las estadísticas de las cientos de empresas que ya han desaparecido y de los miles de puestos de trabajo que ya se han destruido por el incumplimiento del compromiso inversor de la Junta y otros organismos públicos.



Pagos de facturas: muy largo me lo fiáis

Uno de los colectivos profesionales que más está sufriendo las consecuencia de la crisis económica y el recorte en los presupuestos de la Consejería que dirige Josefina Cruz es el del mantenimiento y conservación de las carreteras de la Junta. Y es que la demora en los pagos cada vez es mayor, lo que repercute negativamente en la viabilidad de las compañías. 

Las empresas que tienen asignadas la conservación y el mantenimiento de las carretera por cuenta de la Junta de Andalucía que presentaron facturas en octubre del pasado año están recibiendo el conforme a las certificaciones con vencimiento en enero del año 2013, es decir, una diferencia de 15 meses, según informaciones a la que ha tenido acceso el portavoz de Infraestructuras del PP-A, Jaime Raynaud. 
«Es una situación ?afirma Jaime Raynaud que se está dando en un sector, el de conservación y mantenimiento de carreteras, donde muchos empresarios no tienen fuelle para aguantar, en el que trabajan 800 personas de forma directa, repartidas en varias empresas. que tienen serias dificultades para mantener los empleos». 
Y existe un riesgo añadido, subraya, «que estamos jugando con la seguridad vial, con la seguridad de los usuarios de las carreteras. La situación es realmente angustiosa». 
El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obras Pública (Ceacop), denunció en su último boletín de noticias que «los presupuestos de la Junta dejan en el aire el futuro de la obra pública». Si en 2011 el presupuesto de la Consejería de Obras Públicas sufría una caída del 43,1 por ciento respecto al año anterior, en el presente 2012 la reducción es de un 25,3 por ciento, con lo que la caída total de 2010 a 2012 ha sido de 832,9 millones de euros. Y en el mismo boletín de noticias dedicaba un comentario a la problemática concreta de las empresas de conservación de carreteras. 
Según Ceacop, la decisión de la Junta de adelantar al 30 de noviembre el cierre del ejercicio contable de 2011, «podría debilitar aún más las cuentas autonómicas» para el presente año. «Esta maniobra ?añade? deja fuera de la contabilidad aquellas certificaciones correspondientes al último trimestre de 2011 y que no se reconocerán hasta bien entrado 2012. Sólo en el caso de las certificaciones de los contratos de conservación de carreteras que actualmente están en vigor, se dejarán de contabilizar cerca de cinco millones de euros». 
Resaltan los empresarios del sector de la obra pública que las certificaciones de las conservaciones que no se reconocieron en el ejercicio 2011 «suponen el 0,05 por ciento del conste del personal de la Junta (unos 9.900 millones al año). El sector público ?insiste Ceacop? ha sido el único que no ha dejado de crecer en estos años de crisis, aumentando el número de trabajadores públicos así como la dotación presupuestaria que a ello se imputa. De este modo ?subraya? se sacrifican las inversiones y el empleo en sectores productivos (como la construcción) a costa de no acometer políticas de austeridad internas, aunque sean mínimas». 



Las «facturas sin contabilizar» del Gobierno de Griñán

Las empresas de obra pública y su industria auxiliar son uno de los sectores más castigados por la crisis económica. Al recorte de inversiones por parte del Estado y de la Junta ?el presupuesto de la Consejería de Obra Pública ha caído más de un 60 por ciento entre los presupuestos de 2011 y 2012? se unen los impagos de las administraciones. Por unos y otros motivos en la comunidad andaluza quebraron el año pasado en torno a 2.000 empresas, según los datos recabados por el Círculo de Empresas Andaluzas de Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). Desde que comenzó a arreciar la crisis a principios de 2008, consideran que el impacto ha sido de unos 200.000 desempleados.

En la deuda que mantiene el Gobierno andaluz con las empresas de este sector hay baile de cifras. Y turbidez en las cuentas. Ceacop y la Cámara de Contratistas de Andalucía coinciden en la cifra de 1.200 millones. Sin embargo, la Junta sólo reconoce en torno a 300. ¿A qué se debe este abultado desfase? La gerente de Ceacop, Ana Chocano, aseguró ayer a este periódico que «hay facturas de obra pública que la Junta no está contabilizando. Hay deuda pendiente de cobro, pero que no se suma». Uno de los factores ?aunque no el único? que explicarían este desfase económico son las desviaciones presupuestarias en las obras, que en muchos casos están acordadas técnicamente, pero no dotadas presupuestariamente. Para la Junta no contaría en su débito, «para nosotros, sí», expresan desde Ceacop. 
Más del 50 por ciento del débito lo acumula la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, pero prácticamente todas las consejerías ?Medio Ambiente, Salud, Educación…? tienen deudas por infraestructuras pendientes con el sector. El horizonte es un apagón en la licitación en el próximo año y medio.
Ni hay acuerdo en la deuda ni hay calendario de pagos con el sector, a pesar de que la patronal de obra pública lo lleva reclamando desde hace más de un año. Hubo un principio de entendimiento para saldar la deuda en cinco años, pero quedó parado. Las empresas lo que buscan es cobrar al menos las cantidades facturadas después del verano de 2011 porque todo lo anterior se computa como deuda antigua y el cobro es aún más improbable. 
Hay pagos que se remontan a cuatro o cinco años. El montante global de la deuda ya ni sube porque las empresas no pueden seguir tirando de pulmón financiero. El grifo del crédito también está cerrado. «La Junta se está financiando a costa de las empresas», desliza la gerente de Ceacop. Obras Públicas, junto con Sanidad ?los suministradores de productos sanitarios y la industria farmacéutica reclaman 2.400 millones de euros? suponen las dos principales patas deudoras de la Administración andaluza. Y también los dos sectores que pueden concentrar, según viene avisando el PP desde hace meses, el mayor volumen de deuda opaca. 
Y, mientras, los datos de deuda que ofrece el Banco de España sitúan a Andalucía por debajo de la media del resto de comunidades autónomas. La cuestión es que estos indicadores no miden las facturas sin contabilizar, trabajos comprometidos pero que aún no han entrado en el sistema de pagos pendientes de la Administración autonómica. Es lo que el PP denomina «facturas en los cajones» y por lo que acusa a la Junta de estar en «suspensión de pagos». La mejor manera de aclarar la situación real de las comunidades es que éstas reconozcan públicamente la deuda global adquirida con los proveedores. La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, no ofreció ayer una cifra de a cuánto puede ascender esta cantidad. Sí aseguró que en la Administración andaluza no existe el concepto «facturas en los cajones». 



Los constructores ponen en manos de la Fiscalía la deuda de las administraciones

Califican de “insostenible” la situación que viven a causa del impago “reiterado” de las administraciones y no están dispuestos a seguir cerrando empresas y perder trabajadores por culpa de unas deudas que sólo en la provincia superan ya los 180 millones. Los constructores han decidido poner en manos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo que consideran un incumplimiento “sistemático” en las obligaciones de pago, para que sea la Justicia la que finalmente decida “si hay responsabilidad penal e incluso malversación de fondos”. Así lo decidieron los representantes del sector tras la reunión que hace unos días tuvo lugar entre los máximos dirigentes del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) y la Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva (Aeco).

Ambas patronales exigen al Ejecutivo andaluz que “pague y que controle” las deudas de los otros entes de menor escala. Asímismo, reclaman a la Administración que establezca los mecanismos necesarios para que se resuelvan estas deudas. Y es que desde ambas asociaciones se entiende que “no es de recibo” que los ayuntamientos perciban transferencias económicas del Estado o de la Comunidad Autónoma, participaciones en los impuestos, créditos, ayudas, subvenciones para actividades o nuevas obras, cuando aún no han atendido a las deudas pendientes. Por ello exigen un “mayor control” de la legalidad en las contrataciones, obligando al “riguroso cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público”, que exige garantías antes de contratar las obras, entre las que se incluye la certificación de existencia de crédito, así como la fiscalización previa de la intervención, recuerda el presidente de Aeco, Javier Mateo.
Desde el sector se insiste en que ya en el año 2007 los contratos de obras públicas se encontraban con trabas administrativas que dilataban los plazos de facturación de los trabajos ejecutados. Así, el pago a las empresas “se pierde en un limbo”, que va de las consejerías licitadoras correspondientes a la de Hacienda y Administración Pública que (según denuncia Mateo) se escuda en que mientras no se reciban órdenes de pago reconocidas por las distintas consejerías, no se pueden contabilizar esos compromisos y, por tanto, abonarlos. En definitiva, un bucle administrativo en el que las empresas se llevan la peor parte
La situación ha llegado al límite porque se ha convertido en “sistemático” el incumplimiento de los plazos de pago que fija la ley de lucha contra la morosidad por parte de la Junta y otros organismos públicos, establecidos en 50 días para la Administración. “Estamos al límite y eso nos ha llevado a dejar estas irregularidades en manos de la Fiscalía del TSJA, con el objetivo de que investiguen estos casos y actúe de oficio contra los responsables políticos o administrativos concretos que han gestionado los recursos públicos en estos años y se analice la responsabilidad penal, civil o contable derivada de los impagos y por malversación de los fondos públicos”, advierte Mateo.
El sector exige con contundencia la elaboración de un plan de pagos creíble y recrimina “las empresas no somos entidades financieras para sufragar las obras”.
Aeco y Ceacop han querido aunar esfuerzos mediante actuaciones conjuntas al objeto de prestar su máximo apoyo a constructoras y consultoras. Así , en su primera reunión no han querido dejar pasar la ocasión para manifestar públicamente sus reivindicaciones que centran en reclamar responsabilidad al Estado, a la Junta de Andalucía y a la mayoría de los ayuntamientos, que se han convertido en las principales deudoras de las empresas del ramo. Recuerdan que la mayoría de las empresas del sector de la construcción tienen problemas de financiación debido a sus deudores y afirman que esta situación ya es “inadmisible”.



CEACOP y AECO estrechan lazos

EXIGEN A LA ADMINISTRACIÓN QUE ATIENDA SUS COMPROMISOS DE PAGO, PARA PONER FIN A LA INSOSTENIBLE SITUACIÓN QUE VIVEN LAS CONSTRUCTORAS Y CONSULTORAS. 

En el día de ayer, se reunieron en Huelva, los máximos dirigentes de CEACOP y de AECO, concretamente Enrique Figueroa y Ana Chocano, Presidente y Gerente de CEACOP, Javier Mateo y Priscila Moreno, Presidente y Secretaria General de AECO, respectivamente. 
Con la intención de colaborar, ambas instituciones quieren con este acercamiento aunar esfuerzos mediante actuaciones conjuntas al objeto de prestar su máximo apoyo a constructoras y consultoras.
En este primer encuentro, no han querido dejar pasar la ocasión para manifestar públicamente sus reivindicaciones: reclaman responsabilidad al Estado, a la Junta de Andalucía y a la mayoría de los ayuntamientos, que se han convertido en los principales deudores de las empresas del ramo. Recuerdan que la mayoría de las empresas del sector de la construcción tienen problemas de financiación debido a sus deudores y afirman que esta situación ya es insostenible.
Por ello exigen al Ejecutivo Andaluz que pague y que controle las deudas de los otros entes de menor escala. Así mismo, reclaman a la Administración que establezca los mecanismos necesarios para que se resuelvan estas deudas. Ambas asociaciones subrayan que no es de recibo que los ayuntamientos reciban transferencias económicas del Estado o de la Comunidad Autónoma, participaciones en los impuestos, créditos, ayudas, subvenciones para actividades o nuevas obras, cuando aún no han atendido a las deudas pendientes.
Por ello exigen un mayor control de la legalidad en las contrataciones, obligando al riguroso cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, que exige garantías antes de contratar las obras, entre las que se incluye la certificación de existencia de crédito, así como la fiscalización previa de la intervención.
Estas activas patronales afirman que ya desde el año 2007, los contratos de obras públicas se encuentran con trabas administrativas que dilatan los plazos de facturación de los trabajos ejecutados. Así, el pago a las empresas se pierde en un limbo que va de las consejerías licitadoras correspondientes a la de Hacienda y Administración Pública que se escuda en que mientras no se reciban órdenes de pago reconocidas por las distintas consejerías, no se puede contabilizar esos compromisos y abonarlos. En definitiva un bucle administrativo en el que las empresas se llevan la peor parte. 
Asimismo, denuncian el sistemático incumplimiento de los plazos de pago que fija la Ley de lucha contra la morosidad por parte de la Junta y otros organismos públicos, establecidos en 50 días para la Administración. 
Por todo lo expuesto, AECO apoya la iniciativa de CEACOP para poner estas irregularidades en manos del Fiscal Superior de Justicia adscrito al Tribunal Superior de Justicia Autonómico, con el objetivo de que investigue estos casos y actúe de oficio contra los responsables políticos o administrativos concretos que han gestionado los recursos públicos en estos años y se analice la responsabilidad penal, civil o contable derivada de los impagos y por malversación de los fondos públicos. 
Mateo exige con contundencia la elaboración de un plan de pagos creíble y recriminó ?que no somos entidades financieras para sufragar las obras?.
AECO advierte que la morosidad sumada al tijeretazo en las licitaciones y a las reprogramaciones en la obra pública está ocasionando el cierre indiscriminado de las empresas constructoras onubenses y así lo constata la cifra actual de desempleados. Por su parte, CEACOP destaca que esta situación es generalizada al conjunto de las constructoras y consultoras de Andalucía. 
Las constructoras defienden de nuevo la inversión pública como ?el arma más potente? que puede tener un gobierno para potenciar el crecimiento, tanto ?por su carácter anticíclico? como por su impacto ?inmediato? sobre la actividad económica y el empleo. Por cada millón de euros desembolsados en infraestructuras, el retorno fiscal para la Administración Pública es de 570.000 euros, y por cada millón que se recorta, 18 puestos de trabajo menos.



La patronal de obra pública ve la orden como un «nuevo mazazo»

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) calificó ayer como «un nuevo mazazo» la orden de la Intervención General de la Junta de Andalucía para dejar de contabilizar y pagar las facturas pendientes con sus proveedores hasta nuevo aviso. 

El presidente del colectivo, Enrique Figueroa, denunció, en declaraciones a ABC, que esta directriz supone «una seria amenaza para 200.000 personas que trabajan en la obra pública». Actualmente, advierte, la Administración autonómica «está tardando más de un año en pagar», una situación que se ve agravada por la reprogramación de las obras debido a los recortes.

Figueroa señala que las empresas que se dedican a la conservación de las carreteras autonómicas sufren demoras en los pagos superiores a los cinco meses, pese a que la nueva Ley de Morosidad establece un plazo máximo de 30 días para atender las facturas. En los próximos días se reunirá con responsables de la Consjería de Obras Públicas para intentar arrancarle un calendario de pagos para la deuda pendiente.