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Las constructoras e ingenierías andaluzas se dan cita para conocer cómo reclamar la deuda

Ceacop

A pesar del Plan de pagos a proveedores y de la inyección económica del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), las constructoras e ingenierías andaluzas continúan sin poder levantar cabeza, ya que ninguno de estos mecanismos de pago ha resuelto el problema de la deuda que la Administración mantiene con las empresas de la obra civil. 

En torno a esta problemática, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) ha reunido a medio centenar de firmas andaluzas, afectadas por la morosidad pública, que han participado en una jornada donde han conocido diferentes opciones y los recursos legales para reclamar esta deuda judicialmente. Esta jornada se ha celebrado en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla. 
El presidente de CEACOP, Enrique Figueroa, ha subrayado al inicio de este acto que ?el plan de pagos a proveedores ha sido una oportunidad perdida, por parte de la Junta de Andalucía, que tenía en su mano la posibilidad de aliviar la sequía financiera de las empresas, pagándoles todo lo que se les debe de obras que se han ejecutado y que están en uso. Sin embargo se ha dejado escapar, jugando con la supervivencia de las constructoras e ingenierías andaluzas?.  En referencia al FLA, Figueroa ha animado a la Junta de Andalucía ?a seguir pagando, después de que entre el 27 y el 28 de diciembre el Gobierno autonómico abonara a las empresas cerca de 200 millones de euros de pagos pendientes. No obstante, aún quedan más de 500 millones de euros y que la Junta todavía no nos ha aclarado cómo va a pagar y cuándo. Y con esta incertidumbre las empresas lo tenemos muy difícil para permanecer vivos?. 
En la apertura de la jornada, el Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Abraham Carrascosa Martínez, ha lamentado que la Ley de Lucha contra la Morosidad, vendida hace unos meses ?a bombo y platillo?, ?no ha servido para nada, porque sencillamente se incumple y no hay ninguna consecuencia para la Administración?.
En su opinión, estamos ante un problema que crea un privilegio de la Administración y pone en peligro realmente la continuidad de las empresas; y, con ella, la de sus trabajadores y familias. Por lo que, ha subrayado, no se trata de una mera cuestión económica, sino de una cuestión social y de supervivencia. 
Una de las principales conclusiones de la jornada ha sido que lamentablemente la historia se repite, ya que a pesar de que la Administración ha ido pagando parcialmente su deuda, las empresas siguen trabajando sin tener claro un horizonte de cobro. 
A este respecto, el presidente de CEACOP ha añadido que ?la Administración debe ser ejemplarizante. Si aprueba una Ley, debe ser la primera en acatarla y velar así por su cumplimiento?. 
 



La Cámara de Cuentas da la razón a CEACOP y saca a la luz las irregularidades de la Junta

Ceacop

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) ha ofrecido su colaboración a la Cámara de Cuentas de Andalucía, institución que esta semana hacía público su informe ?Fiscalización sobre las inversiones reales en el presupuesto de la Junta de Andalucía. Especial referencia a la política de infraestructuras?. Este informe ha sacado a la luz las irregularidades en los contratos de obra pública gestionados por la Consejería de Fomento y Vivienda. El estudio exhaustivo de la política de infraestructuras de la Junta realizado por la Cámara ha puesto de manifiesto la no existencia de consignación presupuestaria para los trabajos contratados por la Consejería, así como los continuos incumplimientos de ejecución de los contratos previstos y la demora de los pagos.

Este informe respalda las denuncias que CEACOP viene pronunciando desde hace años, y da la razón a sus demandas ante la Administración andaluza.
La patronal andaluza ya ha iniciado conversaciones con la Cámara de Cuentas de Andalucía, a la que pone a su disposición la documentación y los informes con los que cuenta la asociación al objeto de esclarecer los hechos, ampliando la información que hasta el momento se conoce, ante la presunta infracción de la Ley. 
A pesar de que el escrito de la Cámara de Cuentas solo hace referencia a las actuaciones gestionadas por la Consejería de Fomento y Vivienda, CEACOP subraya que tienen constancia de que el tipo de irregularidades que detalla el informe no se quedan solo en el departamento dirigido por la consejera Cortés, sino que este tipo de incumplimientos también se cometen desde otros organismos de la Administración andaluza, como por ejemplo en la gestión de inversiones en infraestructuras hidráulicas. 
Ante la lectura de este documento, el presidente de CEACOP, Enrique Figueroa hace un llamamiento al Ejecutivo andaluz para que este informe ?no quede en papel mojado. Ahora le toca a la Administración, tanto a la Ejecutiva como a la Judicial, hacer un ejercicio de compromiso con la región y tomar las medidas oportunas para depurar responsabilidades, se hayan cometido los hechos denunciados tanto por acción como por omisión?. 
 
 



Entrevista a Enrique Figueroa, presidente de CEACOP

Arquisur

Entrevista realizada al presidente de CEACOP, Enrique Figueroa, en el 25 aniversario de la revista del sector Arquisur. 

– Son años difíciles para el sector de la construcción en general y para la obra pública en particular, con obras bajo mínimos. ¿Hasta cuándo cree que podrá mantener el actual nivel de actividad? 
 
Desgraciadamente, en estos momentos partimos de unos niveles de actividad prácticamente nulos. Por lo que lo que deseamos del futuro más inmediato es que se reactive el trabajo en el sector. Los recortes presupuestarios del Gobierno, tanto autonómico como central, han dejado bajo mínimos la actividad en la obra pública. A esto se suma la morosidad de la Administración, que desde hace años adeuda a las empresas el pago de los trabajos y las construcciones realizadas. 
Con este escenario tan desesperanzador, si la Administración no desbloquea inversiones en obra pública el único horizonte posible es que continúe la sangría de empresas y la destrucción de puestos de trabajo. 
 
– ¿Cuál es, a día de hoy, la realidad empresarial de las firmas de consultoría y obra pública? 
 
Desde el inicio de la crisis, se ha reducido a la mitad el número de empresas andaluzas dedicadas a la obra pública. La caída de las inversiones públicas también han tenido un efecto directo en el empleo, ya que la construcción es el sector que ha registrado las mayores cifras de destrucción de puestos de trabajo. Desde el inicio de la crisis han perdido su trabajo 300.000 profesionales en Andalucía, que además son irrecuperables. 
Como alternativa, las constructoras e ingenierías tienen puestas sus vistas en el mercado exterior, que en estos momentos ofrece mayores oportunidades que el andaluz, o incluso el nacional. Son numerosas las firmas andaluzas que están trabajando en países, sobre todo sudamericanos, como Perú, Panamá y Colombia. La internacionalización es sin duda una vía de escape para la supervivencia de muchas de nuestras empresas, pero no es un camino fácil, ya que exige grandes esfuerzos para la propia empresa y el requisito de contar con una estructura organizativa fuerte que soporte esta estrategia de negocio. 
 
– Las administraciones públicas han apostado en los últimos años por los recortes y la reprogramación de obras públicas. ¿Cree que es el camino correcto?
 
Rotundamente no. No se puede seguir castigando continuamente a las empresas. Como he mencionado anteriormente, las constructoras a ingenierías de obra pública hemos hecho grandes ejercicios de austeridad para afrontar la retirada de las inversiones pública. Hemos reducido nuestra estructura organizativa, nos hemos visto obligados a perder a parte de nuestro personal, que nos ha costado mucho formar y que es una mano de obra especialmente cualificada. En cuanto a la internacionalización, no podemos perder de vista que cuando una empresa se ve en la necesidad de salir al mercado exterior para mantener viva su actividad, Andalucía pierde el know how de las organizaciones que han puesto en pie las infraestructuras que hoy vertebran nuestra comunidad y que son un referente para otras regiones. 
Lamentablemente este plan de austeridad que las empresas hemos puesto en marcha no ha tenido su reflejo en el Gobierno. 
A pesar de la caída de la actividad económica y productiva de la región, la Comunidad andaluza sigue manteniendo más de 350 entes públicos, de los que se desconoce su coste y utilidad real. 
 
– ¿Cuáles son sus peticiones y demandas a la Junta de Andalucía para que se reactive la actividad en el sector?
 
Una de nuestras peticiones más clamorosas a la Junta de Andalucía es que debe terminar de pagar a sus proveedores la deuda que mantiene con ellos. Si bien a finales de diciembre la Administración andaluza abonó cerca de 200 millones de euros a las firmas que nos dedicamos a obra pública, todavía quedan por pagar más de 500 millones de euros, de actuaciones que ya están finalizadas. Demandamos al Ejecutivo un calendario de pago comprometido, ya que desconocemos cuándo se abonará este grueso de la deuda que aún queda pendiente. 
 
– ¿Qué medidas o programas especialmente dirigidos a incentivar esta actividad se deberían poner en marcha? 
 

Necesitamos que la construcción siga viva, pero con cabeza. Los planes de infraestructuras tienen que sostenerse sobre criterios de racionalización. No podemos permitir que los gestores públicos eliminen, gratuitamente, las previsiones económicas dirigidas a obras públicas, porque lo que está detrás de estos recortes son carreteras que se dejarán de mantener poniendo en peligro la seguridad vial, a la par que una vía desatendida provoca un incremento del consumo de neumáticos y combustible.

 
Que el escenario presupuestario actual obligue a hacer ejercicios de austeridad, no significa que se abandonen las infraestructuras que ya están construidas. En Andalucía hay miles de kilómetros de carreteras que mantener, también es necesario reforzar el mantenimiento de los edificios y el parque de infraestructuras que ya tenemos construidos. Siempre será menos costoso mantener una construcción, que repararla porque se abandone su mantenimiento. 
Sobra decir, que tanto la rehabilitación de viviendas como el mantenimiento de carreteras, son unas fuentes de generación de empleo rápida, solucionando así el mayor problema de nuestra región. 
Dentro del déficit actual de infraestructuras también se encuentra todo el conjunto de depuradoras y dotaciones hidráulicas que tenemos que construir entre 2013 y 2014 para cumplir con la norma europea de depuración de aguas urbanas, con la que la Junta se comprometió, porque si en 2015 no están finalizadas todas las obras, tendremos que hacer frente a las sanciones correspondientes.
Esta racionalización es la misma que se debe dirigir a las políticas de empleo para que los esfuerzos sean mantener la actividad de los sectores productivos. Permítanme que sea reiterativo, pero es muy doloroso ver cómo la Administración anuncia recortes y planes de austeridad, pero somos las empresas a las que no nos ha quedado más remedio que despedir a nuestros trabajadores, las que hemos tenido que cerrar oficinas y refinanciarnos para atender las obligaciones de pago con nuestros proveedores. Y todo se vuelve permisividad y pierde rigor cuando pasamos de lo privado a lo público.
 
– Arquisur cumple 25 años informando sobre el sector de la construcción. Ceacop es algo más joven, cuenta ahora con 16 años de actividad. ¿Podría hacer balance de estos años? 
 
El hecho de que hoy por hoy CEACOP sea una voz de referencia en la obra pública es gracias a la confianza que las empresas asociadas depositan en nuestro trabajo. CEACOP es una asociación que no vive de las subvenciones, sino que su financiación depende de las cuotas de sus asociados. Y a pesar de que las constructoras e ingenierías están pasando los peores años que recordamos en el sector, hoy en día somos la agrupación que representa al mayor número de empresas andaluzas del sector. Este dato hace que seamos la asociación más poderosa en la obra pública de nuestra comunidad.
Si bien en los comienzos de esta asociación hemos mantenido reuniones con organismos públicos donde nuestras demandas se dirigían a la defensa de que las empresas andaluzas tuvieran una mayor participación en las adjudicaciones de obra pública, en los últimos años ha ido ganando mayor protagonismo la reclamación de un calendario de pagos que dé solución a la morosidad de la Administración con sus proveedores. 
Incluso hemos llevado esta demanda al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, e iniciado un procedimiento administrativo presentado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Tras estas acciones, en los últimos días hemos visto los primeros resultados, y el Gobierno autonómico ha comenzado a pagar tímidamente parte de esta deuda, procediendo al pago de unos 200 millones de euros, aunque aún quedan más de 500 millones de euros que la Junta adeuda a constructoras e ingenierías.
No quiero terminar sin subrayar que siempre que en todos nuestros encuentros institucionales siempre hemos puesto sobre la mesa propuestas de acciones que ayuden al sector a seguir siendo tan importante para la economía andaluza, la creación de empleo y evitar que desaparezcan más empresas, con lo que ello conlleva. Y decir que estamos a disposición de las administraciones para poder hacer lo máximo para este sector. 
 
 



CEACOP anima a la Junta a que termine de pagar la deuda que tiene con sus proveedores

Ceacop

Entre el 27 y el 28 de diciembre de 2012, la Junta de Andalucía ha pagado a sus proveedores parte de la deuda económica que mantenía con ellos, gracias a la inyección económica procedente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

A pesar de que el Ejecutivo andaluz no ha hecho público qué volumen de deuda ha abonado, 

el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) estima que la cantidad pagada por las agencias públicas y departamentos de la Junta de Andalucía a las empresas constructoras y consultoras ha podido alcanzar los 200 millones de euros. Con este movimiento económico, el Gobierno autonómico ha dado una respuesta, al menos parcial, a una demanda ya histórica de las empresas dedicadas a la obra pública. Desde hace años, la Junta de Andalucía dejó de pagar a estas empresas la construcción de infraestructuras finalizadas y que están en servicio, incumpliendo así los compromisos de pago firmados en los contratos. 

El presidente de CEACOP, Enrique Figueroa apunta que aunque este pago ha facilitado algo de alivio financiero a las empresas, ?el problema no está resuelto, sino que el compromiso de pago debe ser del 100%,  ya que todavía quedan más de 500 millones de euros que la Junta no ha pagado a las empresas y que no sabemos cuándo se abonarán?.
Desde la patronal andaluza apremian al Ejecutivo autonómico a que formule y ponga en marcha el mecanismo de pago que crea oportuno, con la prioridad de liberar a las empresas de la asfixia económica. Hoy por hoy, las empresas de obra pública se encuentran doblemente castigadas por la restrictiva situación actual, ya que además de la deuda las constructoras y consultoras tienen enfrente un mercado financiero que les cierra las puertas a las posibilidades de financiación. 
A mediados de 2012 CEACOP coordinó una reclamación ante el Registro general de la Junta de Andalucía, donde las empresas denunciaron de forma conjunta el impago de obras ejecutadas, con aprobación técnica firmada por los responsables de la Junta que certifican la finalización de los trabajos, y que no se han abonado. Además, hay firmas andaluzas que a continuación han recurrido a los tribunales como última vía para poder cobrar las cantidades que le adeuda la Administración. Para la reclamación de los pagos pendientes, las empresas tienen a su favor la Ley de Lucha contra la Morosidad, (Ley 15/2010, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales), que a partir del 1 de enero de 2013 se vuelve mucho más restrictiva y acota los plazos de pago a 30 días en el caso de contratos con la Administración pública, y 60 días en las operaciones comerciales entre empresas privadas.
 
 



Los constructores andaluces aseguran que el “banco malo” “solo beneficia a las entidades financieras

Ceacop

Los constructores andaluces, a través del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), han asegurado que el “banco malo” “solo beneficia a las entidades financieras” y han pedido al Gobierno “una mayor protección de la actividad de las empresas que se dedican a la obra pública frente a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb)”. 

En una nota, Ceacop ha recordado que con el objetivo de “sanear las empresas, la Sareb adquiere todos aquellos activos tóxicos de las entidades financieras liberándolas así de su carga”. 
Sin embargo, lamenta que esta liberalización “no alcanza a las empresas, que mantienen su deuda con el banco, por lo que en el tejido empresarial sigue estando asfixiado económicamente y por ello muchas empresas de obra pública se encuentran abocadas al cierre”. 
Ceacop reclama al Gobierno que “la protección financiera no puede limitarse solo a los bancos, sino que las empresas también deben estar cubiertas por el Sareb para liberarlas de las cargas financieras provocadas por la crisis, ya que de la supervivencia de las empresas también dependen el mantenimiento de sus plantillas”.



«Las constructoras ya están yendo a los Tribunales para cobrar»

Ceacop

Los impagos y la paralización de la obra pública vaticinan un 2013 muy duro para este sector, que desde el inicio de la crisis ya ha visto cómo desaparecen más del 50% de las compañías. «Ha llegado el momento de que la Administración Pública se enfrente a este problema con realismo, se establezca un plan de pagos coherente y se reprogramen las obras que actualmente están paralizadas», indican Enrique Figueroa y Ana Chocano, presidente y gerente, respectivamente, del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). 

Aunque reconocen que la consejera de Obras Públicas, Elena Cortés, tiene «poca capacidad de maniobra porque el presupuesto es muy escaso», ambos consideran que hasta el momento «no ha mostrado una actitud proactiva para, al menos, concluir lo que está adjudicado y reducir la morosidad». 
En este momento, la prioridad es resolver los pagos pendientes. «Hay una deuda oficial de 150 millones y otros 500 millones que la Junta de Andalucía ni siquiera ha reconocido», apunta Enrique Figueroa. Detalla que «el Plan Ola solo ha pagado hasta septiembre, cuando estaba recogido por contrato que se cobraría en 45 días», mientras que hay una «enorme incertidumbre» sobre qué se está pagando con el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico). Gracias al rescate autonómico, la Junta ha abonado una porción de la deuda con las constructoras (en torno a 200 millones). 
Entre el 27 y el 28 de diciembre, algunos organismos de la Junta, como la Agencia de Obra Pública, liquidaron una parte de las certificaciones. «Ahora nuestra reivindicación es que el Ejecutivo continúe en este camino, pues muchos empresarios están acudiendo a los tribunales para reclamar sus facturas». 
El segundo frente es clarificar la situación actual de las infraestructuras públicas en marcha. «Están todas las obras paradas ?salvo los metros de Málaga y Granada gracias a los fondos del BEI? y las empresas ya no cuentan con capacidad financiera, por lo que los bancos no tienen argumentos para dar más margen a estas compañías». Por ello, «si es necesario, hay que rescindir de mutuo acuerdo las obras que no se vayan a concluir indemnizando a las empresas afectadas». 
Por último, Ceacop cree que hay que poner en marcha un plan de mantenimiento de infraestructuras. «La Consejería está empeñada en el plan de la bicicleta ?afirma Chocano?, pero no tenemos ni la orografía ni el clima de Holanda, lo que sí padecemos son tramos de carretera muy transitados y con un peligroso déficit de conservación». 
 
 



Sr. Presidente, esto no son políticas sociales

ABC

Y van cuatro. 2013 será el cuarto año consecutivo que la Junta de Andalucía recorta su inversión en la construcción y mantenimiento de infraestructuras públicas. Y así no se protegen las políticas sociales sino todo lo contrario.

Para 2013, la Administración autonómica dejará de invertir en Andalucía un 20% de lo que anunció para 2012. La excusa del Gobierno andaluz, para recortar sobre lo ya recortado es, en sus palabras, que la restricción presupuestaria obliga a priorizar las políticas sociales, como son el empleo, la educación y la sanidad. Y estamos de acuerdo en este planteamiento, pero hay algo que hace aguas en este plan si a continuación el Ejecutivo presume de que la inversión en infraestructuras es algo que no tiene cabida en estos presupuestos y perfectamente prescindible. 
Empecemos por el empleo. Andalucía lidera la tasa de desempleo nacional con un 35,4% de parados. Está claro que la lucha contra el desempleo tiene que ser la principal preocupación de este Gobierno. ¿Por qué entonces se paraliza la actividad de un sector que es motor de empleo, como lo es la obra pública? Los planes de empleo que se han probado hasta ahora no sirven, porque año tras año la tasa de desempleo escala hacia valores más altos, a la vez que perdemos profesionales, que nos ha costado mucho formar, y que buscan una salida laboral en el mercado extranjero. Urge poner en marcha ya una hoja de ruta que enfoque los esfuerzos económicos hacia destinos realmente productivos. Se trata de generar actividad en focos de empleo y riqueza para la región y no de desaprovechar los escasos recursos públicos que aún quedan. Y la construcción, en épocas anteriores en que sí contaba con un apoyo público firme y una estrategia inversora positiva, ha demostrado cómo es capaz de movilizar el empleo.
Parece como si este Gobierno se sintiera cómodo en la dinámica de las oportunidades perdidas. Como el caso del plan de pago a proveedores. La Junta de Andalucía mantiene con sus proveedores de la obra pública una deuda histórica por trabajos finalizados y no pagados a causa de la no disponibilidad presupuestaria. En el primer semestre del año, la Administración andaluza tuvo en su mano una inyección económica de 2.700 millones de euros para pagar a sus contratistas. Sin embargo, la Junta cerró las puertas a que las constructoras e ingenierías pudieran facturar todo lo que tenían pendiente de pago, y sin factura a los ojos de la Junta no existe la deuda. Por esta maniobra financiera se han quedado sin pagar 800 millones de euros, que aún a día de hoy la Junta debe a empresas andaluzas que han puesto en pie las autovías, líneas férreas, puertos? que hoy disfrutamos. 
En cuanto a la educación y la sanidad, ni lo uno ni lo otro se pueden asegurar sin las infraestructuras básicas. Cuando se recorta en obras públicas, no nos equivoquemos, no sólo se dejan de construir carreteras (que ya de por sí son necesarias para mantener el empleo y asegurar el transporte entre poblaciones), sino que se queda en el aire la construcción y el mantenimiento de hospitales, centros de salud, colegios, institutos, centros de formación? es decir, todo el conjunto de infraestructuras básico para que la actividad docente se pueda desarrollar y la atención sanitaria se pueda garantizar en condiciones aceptables. 
Las infraestructuras cumplen un fin social incuestionable. De hecho, detrás de la construcción de cualquiera de estas obras está la necesidad de responder a un bien público. Un colegio se construye cuando se prevé que la población infantil de un núcleo urbano crecerá lo suficiente como para demandar la disponibilidad de infraestructuras educativas. O al menos debería ser así. En el lado contrario están los aeropuertos sin pasajeros ni aviones, los pabellones municipales y auditorios que construyeron los ayuntamientos gracias a unos mal aprovechados fondos de Plan E o Proteja y que ahora no tienen presupuesto para mantener abiertos?
Necesitamos que la construcción siga viva, pero con cabeza. Los planes de infraestructuras tienen que sostenerse sobre criterios de racionalización. No podemos permitir que los gestores públicos eliminen, gratuitamente, las previsiones económicas dirigidas a obras públicas, porque lo que está detrás de estos recortes son carreteras que se dejarán de mantener poniendo en peligro la seguridad vial, a la par que una vía desatendida provoca un incremento del consumo de neumáticos y combustible. Además, hay redes viarias que necesitamos construir para unir núcleos de población aislados. Dentro del déficit actual de infraestructuras también se encuentra todo el conjunto de depuradoras y dotaciones hidráulicas que tenemos que construir entre 2013 y 2014 para cumplir con la norma europea de depuración de aguas urbanas, con la que la Junta se comprometió, porque si en 2015 no están finalizadas todas las obras, tendremos que hacer frente a las sanciones correspondientes.
Esta racionalización es la misma que se debe dirigir a las políticas de empleo para que los esfuerzos sean mantener la actividad de los sectores productivos. Permítanme que sea reiterativo, pero es muy doloroso ver cómo la Administración anuncia recortes y planes de austeridad, pero somos las empresas a las que no nos ha quedado más remedio que despedir a nuestros trabajadores, las que hemos tenido que cerrar oficinas y refinanciarnos para atender las obligaciones de pago con nuestros proveedores. Y todo se vuelve permisividad y pierde rigor cuando pasamos de lo privado a lo público.
No perdamos de vista que son presupuestos públicos, es decir, de todos, y los gestores públicos deben garantizar los derechos de todos los ciudadanos y si el principal derecho es el derecho al trabajo, todos queremos trabajar, incluso los trabajadores de la construcción, así que, por favor, no nos excluya de sus planes Sr. Griñán. 



CEACOP acusa a la Junta de frenar el desarrollo con el recorte de inversión

Europa Press

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, CEACOP, ha arremetido hoy contra el recorte de la inversión en un 20 % recogida en los presupuestos de Andalucía para el 2013, y ha advertido de que así se frena el desarrollo de la comunidad. 

En un comunicado, el presidente del CEACOP, Enrique Figueroa, ha alertado de que la decisión de reducir las inversiones la padecen los trabajadores, a los que se le “recorta la posibilidad de trabajar en cualquier sitio y llevan a la ruina a miles de empresas que quedan secas de actividad”. 
“Nos convierten en subsidiados”, ha recriminado el CEACOP a la Junta y, tras reclamarle trabajo, le pregunta: “¿Qué mejor fomento del empleo que no destruirlo?”. 
Ha denunciado que las inversiones sufren recortes desde hace tres años y ha apuntado que en el año 2009 las administraciones adjudicaron obra en Andalucía por 4.500 millones y en el 2001 por importe de 1.500 millones, con lo que se ha retrocedido una década en tres años, según esta patronal de la construcción. 
Asimismo, ha reivindicado que la construcción ha sido el motor de la economía andaluza, “le pese a quien le pese”, y ha defendido la “honradez” de sus “trabajadores”, que durante la etapa de bonanza han ejecutado obras que como mucho dejaban unos márgenes a los empresarios del tres por ciento. 
Ha recordado que en los últimos dos años han cerrado 25.000 empresas y 300.000 trabajadores de todos los oficios que engloba el sector de la construcción han perdido su empleo desde el inicio de la crisis. 
 



Ceacop apremia a la Junta a utilizar el FLA para pagar lo que debe a sus proveedores

Ceacop

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) apremia a la Junta de Andalucía a que destine la inyección económica del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a pagar la deuda que mantiene con las empresas de obra pública y cumplir así los compromisos de pago firmados con sus proveedores. 

En una nota, el presidente de la patronal de obra pública, Enrique Figueroa, subraya que “ya no caben más plazos, la situación es límite”, toda vez que “en estos años han desaparecido 25.000 empresas y se ha destruido más empleo del que en estos momentos hay”. 
¿A qué espera la Junta para pagar a las empresas lo que les debe? Porque las obras están finalizadas, con aprobación técnica y hasta en servicio, pero no pagadas”, se ha preguntado Figueroa. 
Los constructores apuntan que “el primer paso que debe dar el Gobierno autonómico es reconocer esta deuda”. 
Figueroa señala que “la Administración andaluza debe hacer un reconocimiento expreso de su deuda para consignarlo en el presupuesto, es una condición necesaria para atender las facturas reclamadas, si no es así, a ojos de la Junta esta deuda no existe”. 
“Ya nos pasó con el plan de pagos a proveedores del Gobierno central; una oportunidad perdida para toda la obra pública, que la Junta dejó escapar por no reconocer sus deudas. Ahora no podemos dejar que vuelva a pasar porque, al igual que antes, está en peligro la supervivencia de muchos trabajadores y empresas andaluzas”, asevera. 
El presidente de Ceacop añade que “el Ejecutivo autonómico está jugando con la seguridad jurídica y la credibilidad de la región. En el primer trimestre de 2013 entra en vigor la directiva europea en materia de morosidad que penaliza a las autonomías que excedan el plazo de 30 días para el pago a sus proveedores y hoy por hoy la Junta lo sobrepasa con creces, y entonces qué pasará”. 
Agrega que la obra pública “es de los sectores más castigados por la caída de las inversiones públicas y las restricciones presupuestarias, y está a la cabeza en lo que a destrucción de empleo se refiere”, tras lo que apunta que en los últimos cuatro años, la inversión en infraestructuras se ha recortado un 77 por ciento. 
 
 



Ceacop pide que la Junta ponga en marcha las obras programadas y que cumplan con los compromisos

El presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Enrique Figueroa, ha reclamado este jueves a la Administración andaluza que ponga en marcha las obras programadas y, en concreto, los tramos previstos de las autovías de Iznalloz-Darro, del Almanzora, del Olivar y Huelva-Ayamonte; así como que cumplan con los compromisos adquiridos. 

En declaraciones a Europa Press, Figueroa ha señalado que las obras están “todas paradas” y para algún tramo, como el de Estepa para la Autovía del Olivar “ni se ha abierto la plica”. 
Además, ha instado a realizar estudios mas pormenorarizados para futuras inversiones porque “la colaboración público-privada no es la solución” en este momento financiero. “Para cuatro o cinco grandes empresas nacionales quizás si, pero para las andaluces esto no nos soluciona”, ha subrayado. 
Por último, ha llamado la atención sobre la “inseguridad jurídica” que nace ante la falta de incumplimiento con los acuerdos firmados y programados de cara a nuevas inversiones.