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Los constructores andaluces reclaman a la Junta 20 millones de euros por no aplicar la revisión de precios para atajar la inflación

  • Esta cantidad que les adeuda la Consejería de Educación por obras en colegios se suma a otros 30 millones por de mantenimiento de carreteras y actuaciones de emergencia

Las constructoras que han ejecutado obras en centros educativos andaluces en los últimos tres años reclaman a la Junta de Andalucía el pago de 20 millones de euros que les adeuda en concepto de la actualización de los precios a los que se comprometió el Gobierno de Juan Manuel Moreno para paliar la inflación a la que se enfrentaban estas empresas por el encarecimiento de los materiales derivados del covid y la guerra en Ucrania. Se trata de una veintena de pequeñas compañías que han ejecutado un millar de actuaciones y para las que esos ingresos condicionan buena parte de su supervivencia y las está llevando “al límite”, tal y como recalca el gerente de Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública), la patronal del sector, Arturo Coloma.

Los proyectos afectados se circunscriben a un acuerdo marco para nuevas infraestructuras educativas que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional suscribió en 2020, para un período de cuatro años, por 400 millones de euros. En total, explica Coloma, “se adjudicaron unos 2.000 proyectos que se vieron afectados por el incremento de los precios de los materiales de construcción y los costes energéticos”, derivados de la pandemia y de la invasión de Rusia a Ucrania. A estos expedientes, que afectan a toda la comunidad (en particular a las provincias de Sevilla, Málaga, Córdoba y Jaén), hay que sumar otros 30 millones dejados de ingresar porque la Administración tampoco aplicó la corrección en contratos de conservación de carreteras y de emergencia, que los constructores dan por perdidos.

 
 

Fue el propio Gobierno de Moreno quien anunció en 2022 la aprobación de un decreto para revisar hasta en un 20% el importe de los precios de los contratos y mitigar así los efectos de la construcción y destacó que se adelantaba al Ejecutivo central, a quien, el sector en toda España, estaba demandando que regulara la actualización de una manera general. Sin embargo, la Consejería de Desarrollo Educativo dejó de aplicar esa revisión de precios en junio de 2023, una decisión que ha afectado a mil expedientes, indica Coloma.

“La Administración está yendo en contra de sus propios actos, de sus propios acuerdos”, indica el gerente de la patronal. Desde la Consejería de Desarrollo Educativo se indica que “la Agencia Pública de Educación está desarrollando un proceso de análisis de la aplicación de las revisiones de precios en los contratos basados en el Acuerdo Marco de Obras, tras las dudas expresadas por la Intervención de la Junta de Andalucía”, un proceso, que, recalcan las fuentes consultadas “es arduo y complejo, y espera poder completarlo próximamente”.

Ceacop es pesimista a la hora de interpretar unos argumentos que, sostiene Coloma, les gustaría que le dieran en persona la consejera actual, Carmen Castillo -en el cargo desde julio de 2023-, con la que aún no se han reunido. “El problema es que no nos han informado de las razones por las que no se abonan las actualizaciones”, sostiene Coloma.

Las obras cuya revisión está pendiente son pequeñas. Oscilan entre los 50.000 y los 500.000 euros, de acuerdo con las cifras que ofrece el responsable de la patronal, pero para constructoras que son pequeñas y medianas empresas y que facturan entre 3 y 10 millones de euros, y que acumulen varios de esos expedientes, el impago de la revisión puede ser determinante para su futuro. “Podría suponer su quiebra”, sostiene. “Estas actuaciones, además, hay que hacerlas en coincidencia con las clases, por lo que para no interferir hay que trabajar fines de semana, o en horario nocturno, eso supone una planificación y un esfuerzo económico y de personal”, añade Coloma.

 
 

Este precedente está condicionando el nuevo acuerdo marco que se acaba de licitar por 200 millones de euros. “Estamos preocupados, porque a la vista de lo que ha pasado con el anterior, no nos fiamos de que no vayamos a volver a tener problemas”, señala Coloma. “Los contratistas se han presentado, porque muchos de ellos están especializados en el sector educativo y dependen de este tipo de obras, pero van a ir con pies de plomo, revisando cada uno de sus pasos y eso es incompatible con la agilidad que requieren este tipo de obras”, advierte.

Si la situación se enquista, en última instancia, las constructoras se plantean demandar a la Consejería de Desarrollo Educativo, tal y como adelantó Diario de Sevilla, aunque esa es una opción, que, como reconoce Coloma, preferirían no tener que elegir: “Esperamos no tener que llegar a presentar ninguna”.

En el caso de Educación, han decidido dar la batalla, pero para otro tipo de contratos como los de conservación de carreteras o los de emergencia, que también se incluían en el decreto de revisión la Junta, han perdido la esperanza. “Cuando llegó la hora de la ejecución de estos expedientes, no tendieron prácticamente no el 20% de los importes que nosotros solicitamos y que creíamos que se corregirían”, señala Coloma. Ceacop cifra en unos 30 millones de euro la cantidad que las empresas han dejado de ingresar al no aplicárseles la revisión y que, en total, afectaban a unas 40 obras de este tipo.




Las constructoras denuncian que la Junta les adeuda más de 20 millones por obras en los colegios

Más de una veintena de empresas que han ejecutado obras en los colegios de Sevilla, Málaga, Córdoba y Jaén, en su mayor parte, y también en el resto de Andalucía, denuncian que la Junta les adeuda más de 20 millones de euros por un millar de actuaciones que ya están ejecutadas. La indignación del sector es amplia y ha llevado a las empresas a preparar centenares de denuncias contra la consejería de Desarrollo Educativo.

El 21% de estas empresas afectadas son de Sevilla, seguido de Málaga (18%), Córdoba (15%), Jaén (15%), y en menor medida de Almería (13%), Granada (8%), Huelva (7%) y Cádiz (35). Algunas de estas empresas reclaman cantidades por obras que superan los 2 a 3 millones de euros, por lo que temen verse abocadas al cierre. En los demás casos, la Junta tiene deudas con cada empresa de un millón a un millón y medio de euros.




Puente de la SE-40: “Derivar la actividad económica hacia empresas públicas es un asunto gravísimo en España”

>> Las patronales de ingeniería denuncian ante la Audiencia Nacional la adjudicación, por segunda vez, de la redacción del proyecto del puente a la empresa pública Ineco ante la duda de la eficiencia del encargo, ya que en uno de los tramos de construcción subcontrataría el 100% de los trabajos además de no contar con experiencia en el levantamiento de este tipo de infraestructura

Hace bastantes años que el cierre de la ronda de circunvalación SE-40 se convirtió en un problema. Sobre todo desde principios de 2021, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decidió que la unión entre Coria y Dos Hermanas para salvar el río Guadalquivir no se hiciera mediante un túnel, como se proyectó en un principio, sino mediante un puente para cerrar este enlace. El famoso y polémico futuro puente de la SE-40 sufre nuevas demoras en sus plazos en lo que respecta a  la redacción del proyecto encargada a la empresa pública estatal INECO.

La Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica), que forma parte de la patronal de ingenierías CÍES ha llevado este caso ante la Audiencia Nacional. En Herrera en Cope Sevilla, Ignacio Sánchez de Mora, presidente de estas entidades ha explicado por qué consideran injusta e ilegal la adjudicación de este proyecto, por parte del Ministerio de Transporte, a la empresa pública INECO que tiene previsto subcontratar casi el 100% de los trabajos de uno de los tramos de construcción más complejos sobre el río.

“Defendemos los intereses del sector privado, pero también la necesidad de la infraestructura que es, obviamente, necesaria por la saturación del SE-30 y que trasciende a la propia Sevilla, ya que la necesita Andalucía y el resto de España al afectar a los tráficos internacionales con Portugal“, asegura el presidente de ASICA. Asegura que en España disponemos de ingenierías de consulta muy reputadas especialmente en el ámbito de los puentes, por lo que no entienden que para construir uno de los puentes más relevantes en España, en el siglo XXI, se encargue una empresa pública que no tiene ni una referencia en puentes. 

“Vamos a tratar de impedirlo, por eso interpusimos un recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales que anuló el encargo a INECO en la primera adjudicación, teniendo esta que anular las subcontrataciones que había iniciado“. Fue entonces cuando solicitaron, según Sánchez de Mora, que sacaran la adjudicación al mercado, algo que no ha ocurrido, ya que han vuelto a encargar el proyecto a esta empresa. “Hemos pedido acceso al expediente para ver como podemos detenerlo, ya que subcontrataron el 100% de la parte complicada del puente, que es la que se acerca al río, no entendemos la interposición de la figura de la empresa púbica“. 

El pleito que han iniciado va más allá de este encargo, aunque se base en él, asegura el representante de las ingenierías, que explica que “derivar la actividad económica hacia empresas públicas restando del tamaño del mercado privado es un asunto gravísimo en España“. Explica que INECO tiene una cartera de encargos de 2024 de mil millones de euros y TRAGSA, otra empresa del estado, tiene una cartera de 4 mil millones, “millones que podrían estar en el mercado de las empresas de ingenierías y de la construcción y que no están“. 

“Queremos que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la eficiencia del encargo, porque la ley permite que el encargo a un medio propio justifique su eficiencia una vez y eso le permite recibir encargos de todo tipo, pero nosotros sostenemos que la eficiencia se tiene que medir encargo a encargo, valga de ejemplo este puente de la SE-40“. Hacen un llamamiento a que otras patronales se sumen para la defensa del mercado, asegurando que van a intentar, por todos los medios, que no se retrase más el plazo final para la puesta en servicio de la SE-40.




Las ingenierías denuncian ante la Audiencia Nacional el nuevo encargo del puente de la SE-40 a la estatal Ineco

  • Las patronales de ingeniería interponen un contencioso y estudian acciones para detener el nuevo encargo del puente publicado este miércoles por 13,1 millones .
  • Pretenden que la Justicia se pronuncie acerca de la eficiencia de los encargos a las empresas públicas y acote los límites de subcontratación
  • El Gobierno encarga por segunda vez a Ineco el puente de la SE-40
 

Las patronales de ingeniería prosiguen su batalla contra el Ministerio de Transporte por los encargos del proyectos del puente de la SE-40 a la empresa estatal Ineco. Han llevado ante ante la Audiencia Nacional la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre el recurso que habían interpuesto relativo al encargo por parte del Ministerio de Transportes a la empresa pública INECO para la redacción del proyecto constructivo del cierre sur de la ronda SE-40, que incluye un puente extraordinario sobre el Guadalquivir.

Los denunciantes son las patronales CÍES (federación en la que se integra la andaluza ASICA) y CEACOP.




Las patronales de ingeniería, contra Óscar Puente: denuncian el encargo del puente de la autovía SE40 ante la Audiencia Nacional

Foto. Ministerio de Fomento. Proyecto puente S40 Sevilla
  • Pretenden que la Justicia se pronuncie acerca de la eficiencia de los encargos a las empresas públicas y acote los límites de subcontratación

Las patronales CÍES (federación en la que se integra la andaluza ASICA) y CEACOP han llevado ante la justicia la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre el recurso en materia de contratación que habían interpuesto relativo al encargo por parte del Ministerio de Transportes a la empresa pública INECO para la redacción del proyecto constructivo del cierre sur de la ronda SE-40, que incluye un puente extraordinario sobre el Guadalquivir.

El pasado mes de noviembre, dicho Tribunal -dependiente del Ministerio de Hacienda- estimó parcialmente las alegaciones de las ingenierías privadas y anuló el encargo. Tras incorporar la metodología BIM, tal y como solicitó el Tribunal, el Consejo de Ministros del 17 de diciembre lo volvió a autorizar. El nuevo encargo, por valor 13,1 millones de euros, se publicó ayer en la plataforma de contratación del sector público.

Ante esta situación, las organizaciones empresariales han decidido proseguir en sus acciones de defensa del sector y llevar el caso ante la Audiencia Nacional, al entender que se vulnera la ley de régimen jurídico del sector público y la de contratos del sector público. En concreto, esgrimen que no está justificada la mayor eficiencia y eficacia del encargo directo frente a la licitación pública (INECO no tiene experiencia en diseño de puentes y el encargo es más caro que una licitación) y consideran que se infringe el límite legal del 50% de la subcontratación, al pretender subcontratar la mayor parte de los servicios (un 60,87%, que con el nuevo encargo será aún mayor), sin la debida motivación de las excepciones que permitirían superar el mencionado tope. Por último, tampoco están motivadas las razones de urgencia y seguridad que, eventualmente, pudieran aconsejar emplear la técnica excepcional del encargo en lugar de la licitación. En este sentido, hay que recordar que la orden de estudio para resolver el paso sur de la ronda SE-40 data de julio de 1995.

Las patronales estudian ya el nuevo encargo (el anterior fue cuestionado por la intervención), pedirán acceso inmediato al expediente y anuncian que emprenderán las actuaciones necesarias hasta conseguir que los proyectos sean licitados bajo la libre concurrencia de las empresas privadas de ingeniería.

El sector de la ingeniería, junto con numerosas patronales (entre ellas la propia CEOE), vienen denunciando en los últimos años el aumento de adjudicaciones directas por parte de las Administraciones a las empresas públicas.

En el caso de INECO, su facturación en 2024 ascendió a 476 millones frente a los 442 millones del ejercicio anterior. Una cifra récord que, según las estimaciones, volverá a crecer, una vez que al cierre de 2024 su cartera de contratos ha rozado los 1.000 millones de euros.

 



Las ingenierías llevan a la Audiencia Nacional el dedazo a Ineco del puente de la SE-40 de Sevilla

Las patronales CÍES (federación en la que se integra la andaluza ASICA) y CEACOP han llevado ante la justicia la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre el recurso en materia de contratación que habían interpuesto relativo al encargo por parte del Ministerio de Transportes a la empresa pública INECO para la redacción del proyecto constructivo del cierre sur de la ronda SE-40, que incluye un puente extraordinario sobre el Guadalquivir.

El pasado mes de noviembre, dicho Tribunal -dependiente del Ministerio de Hacienda- estimó parcialmente las alegaciones de las ingenierías privadas y anuló el encargo. Tras incorporar la metodología BIM, tal y como solicitó el Tribunal, el Consejo de Ministros del 17 de diciembre lo volvió a autorizar. El nuevo encargo, por valor 13,1 millones de euros, se publicó ayer en la plataforma de contratación del sector público.

 

Ante esta situación, las organizaciones empresariales han decidido proseguir en sus acciones de defensa del sector y llevar el caso ante la Audiencia Nacional, al entender que se vulnera la ley de régimen jurídico del sector público y la de contratos del sector público. En concreto, esgrimen que no está justificada la mayor eficiencia y eficacia del encargo directo frente a la licitación pública (INECO no tiene experiencia en diseño de puentes y el encargo es más caro que una licitación) y consideran que se infringe el límite legal del 50% de la subcontratación, al pretender subcontratar la mayor parte de los servicios (un 60,87%, que con el nuevo encargo será aún mayor), sin la debida motivación de las excepciones que permitirían superar el mencionado tope. Por último, tampoco están motivadas las razones de urgencia y seguridad que, eventualmente, pudieran aconsejar emplear la técnica excepcional del encargo en lugar de la licitación. En este sentido, hay que recordar que la orden de estudio para resolver el paso sur de la ronda SE-40 data de julio de 1995.

Las patronales estudian ya el nuevo encargo (el anterior fue cuestionado por la intervención), pedirán acceso inmediato al expediente y anuncian que emprenderán las actuaciones necesarias hasta conseguir que los proyectos sean licitados bajo la libre concurrencia de las empresas privadas de ingeniería.

El sector de la ingeniería, junto con numerosas patronales (entre ellas la propia CEOE), vienen denunciando en los últimos años el aumento de adjudicaciones directas por parte de las Administraciones a las empresas públicas. En el caso de INECO, su facturación en 2024 ascendió a 476 millones frente a los 442 millones del ejercicio anterior. Una cifra récord que, según las estimaciones, volverá a crecer, una vez que al cierre de 2024 su cartera de contratos ha rozado los 1.000 millones de euros.




CEACOP y la US firman un convenio para impulsar la titulación de ingeniero y el empleo en el sector de la construcción

La Universidad de Sevilla y CEACOP han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha iniciativas y acciones con el objetivo de fomentar las titulaciones en ingeniería, especialmente el Grado de Ingeniería Civil y el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, de su empleabilidad, la formación práctica en empresas andaluzas y promover proyectos de innovación e investigación.

El convenio busca contribuir al fomento de la profesión de ingeniero, mediante distintas acciones. Pone el foco en la formación práctica de los estudiantes, a través de distintas iniciativas como dotación de becas, realización de trabajos de fin de grado, prácticas en empresas o premios y reconocimientos. Así mismo, impulsa la colaboración mediante cursos especializados, jornadas y proyectos de investigación e innovación.

El acto que se ha celebrado en el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento de  la Universidad de Sevilla, ha contado con la presencia del vicerrector de Transferencia del Conocimiento, Manuel Rosa, y el gerente de CEACOP, Arturo Coloma Pérez, firmantes del convenio, y el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla, Andrés Sáez -acompañados de representantes de ambas entidades-.

Desde la Universidad, el vicerrector hizo hincapié en la importancia de este convenio para fomentar la profesión “ya que sin estudiantes no hay profesión” y puso en valor al sector de la construcción como motor económico.

Por su parte el gerente de CEACOP resaltó la importancia de este tipo de acuerdos para “el desarrollo del sector, despertando vocaciones y contribuyendo a la formación de una nueva generación de profesionales”.

Este convenio responde a la apuesta decidida de CEACOP de estrechar lazos con las escuelas de ingenieros, para poner para poner en valor la profesión, despertar vocaciones, al mismo tiempo que contribuir a la puesta en marcha de proyectos de investigación que impulsen el desarrollo sostenible del sector, de forma que se mejoren los procesos constructivos, mejorando la calidad, la seguridad y el tiempo de vida de las infraestructuras.




La patronal de construcción Ceacop critica una “congelación debido a la inflación” en la inversión de la Junta para 2025

El gerente de la patronal constructora Ceacop, Arturo Coloma, ha advertido que “a pesar de haber aumentado los presupuestos un 4% respecto al actual ejercicio, se ha congelado la inversión en la cifra de 5.804 millones de euros, lo que supone una bajada del 3% debido a la inflación”.

Así lo ha recogido la entidad en una nota sobre la comparecencia de Coloma este martes en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para abordar el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2025.

Además, el gerente de la patronal ha mantenido que “si se tiene en cuenta que los precios de la construcción se han incrementado en los últimos años en un 30%, al mantener las cifras, la inversión actual es un 30% inferior”. Coloma ha destacado que la inversión en obra pública es “una fórmula eficaz y segura” que permitirá “dinamizar” la economía y la creación de puestos de trabajo, ya que “cada millón de euros invertido en infraestructuras, genera más de 15 empleos, y además en muy corto espacio de tiempo”. Además, ha destacado que el “60% de lo invertido retorna a la Administración vía tasas, impuestos y tributos”, y que todo lo construido queda “al servicio de la sociedad”.

Asimismo, Coloma ha destacado que “es vital incrementar la inversión, la ejecución presupuestaria al 100% y recuperar la inversión autofinanciada”, –que ha disminuido un 25% respecto a los anteriores presupuestos–. “Las nuevas infraestructuras, así como la conservación de las ya existentes, no puede quedar supeditadas a la dependencia de que puedan acogerse o no a algún programa europeo o fuente de financiación adicional, porque cuando no lleguen esos fondos qué vamos a hacer”.

El gerente de Ceacop ha manifestado “la necesidad de incrementar las partidas de conservación y mantenimiento de todas las infraestructuras”, ya que “las reparaciones derivadas del deterioro son muchísimo más costosas que el mantenimiento”. En materia de carreteras la patronal ha estimado que “se necesitan 275 millones de euros anuales para el sustento y reposición del firme de la red viaria competencia de la Junta”, y la realidad que han presentado es que “apenas alcanza los 156 millones de euros, con una reducción del 7% respecto al año pasado”.




Sevilla: La patronal de la construcción Ceacop también reclama el tercer carril de la A-49

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) también respalda el tercer carril de la autovía a Huelva (A-49) y la necesidad de continuar con este proyecto hasta Huelva.

 “Desde Ceacop confirmamos la necesidad de esta ampliación dada la magnitud del tráfico existente, tanto a diario como en los periodos estivales y los fines de semana, entre la ciudad de Sevilla y Huelva”, asegura el gerente Arturo Coloma. La patronal explica que la intensidad de vehículos que circulan por esta autovía se debe no solo a la cantidad de personas que trabajan a diario entre Sevilla y Huelva, sino también al tráfico de mercancías “puesto que la salida de vehículos de la industria y del Puerto de Huelva se realiza mediante esta vía y es prácticamente la única carretera” disponible entre ambas provincias. 

A esto se suma, continúa Ceacop, la ausencia de sistemas alternativos de movilidad para mover estos tráficos, ya que no existe un transporte por ferrocarril fluido. Sobre este punto, la patronal recuerda que no hay fecha de estudio de la prolongación de la Alta Velocidad a Huelva, pese a que “esta prolongación ferroviaria hacia Huelva permitiría una relación de tráfico de pasajeros diaria”.

En referencia a la reciente respuesta del Gobierno central sobre una supuesta reducción del tráfico, Ceacop recuerda que la necesidad del tercer carril de la A-49 se detectó hace 20 años. “Podemos hacer cálculos que justifiquen que el tráfico sigue siendo mayor o menor que hace cinco años, pero es que hace 20 años ya estaba detectada esta necesidad”. 

La patronal insiste en que no hay ninguna duda de que la intensidad del tráfico es muy intensa. “La realidad es que el tráfico es muy intenso, que el deterioro que se puede producir de la carretera es también muy notable y que los fines de semana en verano andamos con el sufrimiento de los carriles adicionales en el sentido contrario, con los problemas que esto conlleva de problemas de seguridad de vial, de diaria y constante incomodidad y pérdida de tiempo de todas las personas y mercancías que utilizan esta vía, que es la única”. 

“Por lo tanto, sí al tercer carril y sí cuanto antes. Huelva requiere de esta infraestructura al igual que otras muchas que tiene pendientes y relegadas desde hace mucho tiempo”, concluye Coloma.

El proyecto estatal de prolongar este tercer carril en los 40 kilómetros que distan entre Sanlúcar la Mayor y La Palma del Condado parece tener los días contados, a juzgar por la útima respuesta del Ejecutivo central a Vox el pasado octubre. Así consta en la respuesta parlamentaria a la diputada de Vox por Sevilla en el Congreso, Reyes Romero. El Gobierno central sostiene que sólo se harán los tramos del tercer carril que se justifiquen porque en los últimos años no se ha detectado “un incremento significativo” de tráfico e incluso “el tráfico ha disminuido” en algunos tramos. 

Según las estadísticas gubernamentales, de 2019 a 2022 el tramo sevillano de Pilas (kilómetro 26) ha registrado un descenso del 2,66% en la intensidad media de tráfico (IMD), y que esos porcentajes negativos son superiores en los tramos que corresponden a Huelva: una bajada del 15,85% en el kilómetro 33, del 3,86% en el kilómetro 73,45 y del 5,13% en el kilómetro 76,8. El único leve incremento (+0,66%) se da en la zona de Huelva del kilómetro 52.

El Gobierno ha presentado estas conclusiones sin tener en cuenta las estadísticas más actualizadas de la A-49 en 2023 y 2024, ya que solo analiza el tráfico en esta carretera con datos de 2022 comparados con la anualidad anterior a la pandemia (2019).




La Junta movilizará 1.500 millones para la construcción y reformas de todas las sedes judiciales de Andalucía

Un total de 1.500 millones. Es lo que movilizará la Consejería de Justicia con el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, diseñado para construir o reformar sedes en el 100% de los 85 partidos judiciales de Andalucía.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, lo ha presentado este miércoles ante CEACOP en Sevilla donde ha llamado a los empresarios de la construcción a aprovechar la «oportunidad de negocio» que supone este plan, ya que sostiene que las más de 160 actuaciones previstas generarán 18.000 empleos a tiempo completo, un retorno fiscal de casi 400 millones para la Administración Pública y una aportación al PIB andaluz de más de 1.100 millones.

El Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que «es ya una realidad», se ha diseñado en colaboración de todos los operadores jurídicos para definir las necesidades con el objetivo de que «nadie nos pueda decir que la Justicia no funciona porque las sedes están mal». Pero también recogiendo las propuestas de las empresas sobre fórmulas innovadoras para financiarlo.

En los 27 años transcurridos desde que Andalucía recibió las competencias en Justicia, sólo se han hecho 22 sedes judiciales. Un ritmo que no permite solucionar los déficits existentes, según se destaca desde la Consejería.

Las limitaciones presupuestarias han sido tradicionalmente el principal obstáculo para acometer más actuaciones. Por ello, Nieto ha puesto en valor la búsqueda de fórmulas innovadoras de financiación que por primera vez serán explotadas para desarrollar las más de 160 actuaciones de este plan entre construcciones nuevas, rehabilitaciones de edificios y reformas para mejorar la accesibilidad, la digitalización, la eficiencia energética y la ordenación de espacios para adecuar las sedes existentes a las necesidades de la Justicia del s siglo XXI.

Fondos europeos y colaboración público-privadas

Entre estas fórmulas innovadoras de financiación ha destacado que por primera vez se destinarán fondos europeos a obras en edificios judiciales, así como la colaboración con ayuntamientos y diputaciones.

Así, la Consejería ya ha suscrito nueve protocolos y convenios con entidades locales para que éstas asuman la construcción de edificios municipales a cambio de ceder su uso a la Consejería de Justicia durante 30 años cobrando un canon anual con el que no solo recuperarán la inversión, sino que obtendrán un beneficio. Con esta fórmula ya están en marcha proyectos como el de Roquetas de Mar (Almería).

La tercera vía es la colaboración público-privada, en la que Nieto ha querido centrarse ante un foro de empresarios y que ha defendido «sin complejos, desde la transparencia». Así, ha detallado que es la vía que va a permitir desbloquear grandes proyectos que llevan décadas en el cajón como las Ciudades de la Justicia de Cádiz, Jaén y Huelva mediante una fórmula poco explotada hasta ahora como la concesión de obra pública.

Durante el encuentro, Nieto ha citado otros proyectos fuera de las capitales cuyas obras ya se han adjudicado como la construcción de la nueva sede de Órgiva, en Granada, a la que concurrieron 13 empresas, o la reforma de los juzgados de Aguilar de la Frontera, en Córdoba.

Ciudad de la Justicia de Sevilla

En otras ha apuntado se están ultimando los proyectos de ejecución, con la previsión de iniciar las obras durante 2025, como los nuevos edificios judiciales de Algeciras (Cádiz), Huércal-Overa (Almería) y Villacarrillo (Jaén), la reforma de los juzgados de Montilla (Córdoba) o adecuación de los edificios B, C, D, E y F del campus de Palmas Altas para la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que se ha sacado a licitación de manera conjunta por 1.879.491 euros.

«El reto es que todas las obras del Plan de Infraestructuras Judiciales estén al menos iniciadas en 2030», ha afirmado el consejero, quien ha incidido en que es una oportunidad no sólo para grandes constructoras y consultoras de obra pública, sino también para medianas y pequeñas empresas.

Prueba de ello es que más de 60 empresas han concurrido a las licitaciones convocadas hasta ahora, por lo que a juicio del consejero hay interés en el sector gracias también a la estabilidad y la seguridad jurídica que ofrece Andalucía.

Para Nieto, el Plan de Infraestructuras Judiciales es un motor de impulso económico tanto por la actividad y el empleo que generará como por la contribución que supondrá para mejorar la prestación de un servicio que es «el cimiento de nuestra democracia», ya que cuanto más ágil y eficaz sea el sistema judicial mejor contribuirá al desarrollo de una Andalucía líder que atraiga proyectos e inversiones.

El presidente de CEACOP ha agradecido al consejero que haya inaugurado estos encuentros y ha puesto en valor su exposición ya que ha reconocido que las infraestructuras judiciales son grandes desconocidas para el sector. Ha coincidido con el consejero en que suponen una oportunidad y ha abogado por lograr que sean empresas andaluzas quienes desarrollen los importantes proyectos previstos para que la inversión se quede en Andalucía.