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Aparente reactivación en el sector

Artículo de Opinión. CEACOP Informa

Los primeros meses del año han venido marcados por una serie de hitos que hacen vislumbrar brotes de reactivación en el sector de la construcción.

En el primer trimestre asistimos a un repunte en el número de licitaciones de obra pública, que se dispararon alcanzando 901 licitaciones. En el mes de marzo, una vez en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público se redujo el número de obras licitadas, manteniendo un ritmo más pausado hasta hoy.

Por otra parte, hemos notado en el último año un aumento de la actividad en edificación, gracias a la promoción residencial privada. Algunas poblaciones están experimentado un desarrollo urbanístico en sus áreas de expansión causado por el incremento de inversión privada en la ejecución de viviendas, que registran una alta demanda tras diez años de parón en el sector.

A esto le sumamos, los datos positivos de empleo que recoge la última Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según esta encuesta, en Andalucía el sector de la construcción ocupa a más de 190 mil trabajadores, algo que no ocurría desde el cuarto trimestre de 2011. Es un buen dato, pero la realidad es que apenas se ha alcanzado la mitad de la tasa de empleo que existía antes de la crisis. Entre 2008 y 2012 se destruyeron más de 300 mil empleos, lo que supuso un descenso del volumen total de trabajadores en el sector de la construcción en Andalucía del 69%.
Actualmente, uno de cada cuatro empleos en nuestra región lo genera el sector de la construcción, especialmente la promoción residencial. Dónde a pesar de crecer la ocupación
nos encontramos con el problema de falta de mano de obra cualificada en determinados oficios: gruistas, soladores, encofradores…, que solo son posibles aprender en las obras.

Todos estos indicadores nos permiten hablar de cierta reactivación, pero aún no de recuperación. En el caso de la obra pública, la incertidumbre política que provocan los inminentes procesos electorales en Andalucía (elecciones autonómicas y municipales), y los probables comicios generales, en los que nos veremos envueltos en los próximos meses, frenan irremediablemente la toma de decisiones e inversiones que demanda el sector, y tan necesarias para el desarrollo social, económico y productivo de la región.




“Prudencia en el resurgir del sector”

Anuario El Correo

pesar de las perspectivas de recuperación en el sector debemos ser prudentes, hemos pasado una década con volúmenes de inversión cada vez más reducidos, hasta llegar a 2016, año en el que la cifra de adjudicación de obra pública ha sido la más baja de toda la serie histórica en Andalucía, con poco más de 700 millones de euros adjudicados. Habíamos tocado fondo, y en 2017 pareció que empezó a reactivarse el sector de la construcción, en parte gracias a la activación de la promoción privada, pero las inversiones por parte de las administraciones fueron insuficientes, a pesar de los mensajes y las expectativas generadas. El problema que nos encontramos tras diez años de este forzado parón en la construcción es que han desaparecido en torno al 40 por ciento de las empresas constructoras de nuestra comunidad, y las que han sobrevivido lo han hecho diversificando su actividad o bien sus mercados.  Son muchas las empresas que han salido de las fronteras españolas buscando oportunidades de negocio en nuevos mercados menos saturados y con grandes infraestructuras por desarrollar. Sin embargo, esta opción no es una fórmula mágica para reactivar cualquier empresa, ya que las condiciones económicas y de organigrama para emprender proyectos internacionales hace que esta alternativa sea muy complicada para muchas pymes. Consecuentemente a esta desaparición de empresas ha ido aparejada la destrucción de miles de empleos en el sector. A pesar de la aparente recuperación del último año, el número de empleados en la construcción se encuentra a la mitad de los valores anteriores a la crisis y hay una notable dificultad para encontrar perfiles profesionales cualificados, ya que estos se aprendían en las obras. Los presupuestos para 2018 no son nada alentadores, o al menos en los términos necesarios para la recuperación de la obra pública, ya que se encuentran muy alejados aún de los 2.800 millones de euros de inversión que necesita la obra pública en Andalucía para poder hablar de recuperación. Las empresas defendemos que las administraciones inviertan más en infraestructuras y que realicen proyectos constructivos de calidad. Para ello es necesario una buena planificación. Si se invierte en esto se ahorra luego en la construcción y conllevará un menor coste el mantenimiento posterior de las infraestructuras.

La construcción es una industria más, con grandes capacidades de movilizar empleo y riqueza para nuestra sociedad. Pero la Ad-ministración parece que ha olvidado esto, nos han olvidado sin darse cuenta de que así también condenan al olvido y al abandono a los ciudadanos. La sociedad necesita de sus infraestructuras para desarrollarse en todos los planos de nuestro estado del bienestar. Las infraestructuras son pilares fundamentales para la sostenibilidad de nuestro modelo productivo, económico y social. Y si no se crean nuevas, no avanzaremos como sociedad; y si tampoco se mantiene el patrimonio que hemos construido, ¿de qué valdrán las inversiones y el esfuerzo que en su día dedicamos a construirlo?




Se reactivan las inversiones en infraestructuras

Abc

 

  • El 53% de las licitaciones en Andalucía en 2017 recayó en empresas de la Comunidad. El montante ascendió a 1.128 millones, un 57% más que en 2016

Por primera vez en una década, el panorama para el sector de la obra pública está cambiando y los presupuestos para ejecutar nuevas infraestructuras en Andalucía se animan con proyectos a más largo plazo. Y esto es gracias, en buena parte, a los planes que han entrado en el Presupuesto del Estado de 2018. El pasado año ya hubo un crecimiento, aunque insuficiente para las necesidades de la Comunidad. Los principales actores (las empresas de ingeniería civil), así lo confirman y aunque bendicen la llegada de nuevos fondos critican también la lentitud y exceso de burocracia y normativas con las que se aún ejecutan este tipo de obras en nuestro país. En muchos casos se trata de obras de infraestructuras necesarias que quedaron varadas con la llegada de la crisis, hace ya nueve años, y que a duras penas se están retomando en los últimos ejercicios presupuestarios. Pero los profesionales del sector no solo se refieren a las nuevas obras, también hacen hincapié en la necesidad de elevar las partidas para el mantenimiento de las ya existentes, deterioradas por el paso del tiempo y la falta de cuidados. No obstante, parece que la luz al final del túnel se vislumbra. Según los últimos datos disponibles correspondientes al pasado año, las adjudicaciones en infraestructuras por parte de las tres administraciones en Andalucía alcanzaron los 1.128 millones de euros, es decir, un 57% más que en 2016. Un porcentaje que, a priori, parece elevado, pero hay que tener en cuenta que se parte de cifras bajas para este tipo de actuaciones. Baste recordar que en 2015 la cuantía era prácticamente la misma (1.125 millones), y representó una bajada del 31% con respecto a 2014 y 2013, frenando en seco la escalada de esos dos anteriores ejercicios.

¿Qué obras se consideran importantes y, por ende, urgentes acometer en la Comunidad? La respuesta la da la presidenta de Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas para la Construcción, Consultoría y Obra Pública), Ana Chocano, que valora la reactivación del Plan de Depuración de aguas residuales para el que en 2017 se destinaron 50 millones de euros. Se trata de una actuación que deriva de una normativa de la Unión Europea que obligaba para finales de 2015 a que el 100% de los municipios depuraran sus aguas, si bien el Plan está especialmente dirigido a los menores de 2.000 habitantes. El corredor del Mediterráneo es otra asignatura pendiente. «De momento muere en Murcia; es prioritaria la obra ferroviaria Almería-Algeciras, para conectar su puerto con Centroeuropa y del que no hay aún fecha de presentación». Y es que, a su juicio, impulsar las zonas logísticas y los puertos con el ferrocarril es esencial para el desarrollo andaluz. «Creo que debería existir coordinación entre las administraciones para fijar prioridades en esta materia, contando con la asesoría de los técnicos», comenta Chocano. Que el tren es el eslabón más débil de la cadena de transportes de Andalucía es algo que todos los implicados lo tienen claro, tal y como lo manifestó el pasado mayo el consejero de Fomento, Felipe López, durante su intervención en un foro en Madrid. Sobre este déficit podrían preguntarle a los granadinos, que llevan tres años sin tren por las obras del AVE a Granada. Los trabajos que pararon el tráfico ferroviario iban a durar varios meses pero el retraso parece interminable. Se trata de una actuación de 125 kilómetros y presupuestada en 1.644 millones de euros y cuya fecha de inauguración depende ahora de las pruebas que debe realizar la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Reactivación de proyectos Las obras para el tranvía que conecte Alcalá de Guadaíra con la línea 1 del metro de Sevilla está asimismo pendiente del último tramo, para lo que hay presupuestados 11,7 millones que servirán para acabar una obra iniciada en febrero de 2008 y que ya acusa el vandalismo y los robos antes de haber entrado en servicio. Uno de los proyectos que puede reactivarse es la SE-40 de la que, tras diez años programada, solo están operativos cuatro tramos, otros dos están en obras y el resto, estancados. El Ministerio de Fomento ya tiene bastante avanzada la modificación de los proyectos de los túneles de la SE-40 para el paso de la autovía bajo el Guadalquivir, lo cual es clave para avanzar con esta infraestructura. Francisco Carmona, presidente de Fadeco Contratistas, cree que hay que agilizar la materialización de estos proyectos. «El periodo necesario para culminar grandes obras, entre 20 y 25 años, es un lapso de tiempo que podría comprometer seriamente el desarrollo de Andalucía, máxime cuando los procesos de transformación y las necesidades cambiantes de la sociedad se suceden en cortos periodos de tiempo, debido a la incidencia de las nuevas tecnologías y a la progresiva industrialización de los procesos», explica. Aunque asegura que 2018 se presenta «positivo», pone el dedo en la llaga al señalar que «a veces, lo proyectado y lo presupuestado no se corresponde con lo realmente ejecutado, siendo habitual que actuaciones previstas para un ejercicio se trasladen al siguiente». Carmona avisa del «déficit» que España arrastra en mantenimiento de infraestructuras «que debe corregirse mediante un plan integral, dado que no se trata solo de mantenerlas, sino también de mejorarlas y adaptarlas a los nuevos estándares de calidad y sostenibilidad económica». Y ello partiendo de la premisa de que las infraestructuras y los equipamientos «constituyen el principal activo patrimonial de un país», finaliza el representante de Fadeco Contratistas.

 




Huelva: La inversión pública repunta el 41% y sigue lejos de los mejores años

Huelva Información

  • La Junta supera al resto de las administraciones en sus gastos en la provincia de Huelva

Las distintas administraciones públicas, esto es, Gobierno central, Junta de Andalucía, los ayuntamientos, la Diputación y la universidad, invirtieron en Huelva el pasado ejercicio algo más de 74 millones de euros. Al menos así figura en el análisis conocido hace unos días por parte del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) que reflejaba una evolución más que positiva en los gastos en infraestructuras llevados a cabo por las distintas administraciones públicas en la provincia de Huelva y que confirman una tendencia al alza por tercer año consecutivo. Hasta aquí las noticias positivas; las negativas parten de la constatación de que se trata también de la cuarta menor cifra de la última década, lejos de los años dorados donde las inversiones dejaron en Huelva cantidades que se aproximaban a cuatro veces más de las que se contabilizaron en el ejercicio del año pasado.

De hecho, fue la Junta de Andalucía la que, en los distintos capítulos que contemplan sus competencias, invirtió en la provincia de Huelva, 2,2 millones de euros más que el Gobierno central, todo ello a pesar de que las competencias de éste en materia de infraestructuras, es notablemente superior al de aquella, ya que se ocupa de capítulos que suponen un volumen de gasto más que destacado, como la red principal de carreteras o el transporte ferroviario. Salvo las llevadas a cabo para la apertura y puesta en funcionamiento de la nueva estación (cuyas partidas más destacadas se invirtieron precisamente el año pasado) de lo pírrico de las cantidades que se destinan a ambas, dan buena cuenta los apenas 28 millones de euros que el Ejecutivo central tuvo a bien destinar a la provincia, aunque es de destacar el incremento de un 48% sobre lo que registró el año pasado, el peor de los últimos diez años. El estudio recogido en el Informe de Adjudicaciones de Obra Pública para Huelva, matiza que es el Ministerio de Fomento el responsable de unos 26,6 millones de euros, destinados principalmente a actuaciones en el Puerto de Huelva.

 

LA JUNTA HA INVERTIDO EN 2017 MÁS QUE EL GOBIERNO PESE A TENER MENOS COMPETENCIAS

Frente a ellos, destaca el aumento de hasta un 153% en las inversiones de la administración autonómica, que le hacen superar los 31 millones de euros. Se trata de la cantidad más alta desde el año 2011, aunque de nuevo muy lejos de lo que se contabilizó apenas un año antes, cuando se triplicó dicha cantidad, o en los ejercicios de 2008 y 2009 en los que se superó el centenar de millones. Ceacop traslada a la Diputación de Huelva la capacidad de las empresas andaluzas para el desarrollo de obras públicas

La Consejería más activa en la provincia ha sido la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con una inversión superior a los 15 millones de euros, que han sido destinados en su mayoría al desarrollo de la Depuradora de Nerva-Río Tinto, actuación adjudicada por 11,7 millones de euros. Por detrás, queda la Consejería de Fomento y Vivienda, que ha invertido 5,7 millones en infraestructuras en la provincia, frente los 82 millones distribuidos en toda Andalucía.

Junto a los dos principales actores, también los ayuntamientos han respondido más que aceptablemente al tirón derivado de la recuperación de las magnitudes macroeconómicas, con una cantidad que supera los 13,6 millones de euros, un 21% superior a la del 2016 y que sería necesario viajar hasta el 2010 para encontrar una que lo superara, aunque es cierto que por aquel entonces lo hizo en cinco veces más.

Estas subidas contrastan con el desplome experimentado por las inversiones en el ente provincial que se deja un 88% sobre lo pastado un año antes. Ceacop señala que la Diputación de Huelva ha destinado cerca de 580.00 mil euros al desarrollo de obras en la provincia, casi el 70% ejecutadas por empresas andaluzas fuertemente ligadas a Huelva.

En resumen, los algo más de 74 millones que las distas administraciones destinaron a inversiones en la provincia, permiten ser razonablemente optimistas sobre las previsiones que deberán confirmarse en los próximos años. El cambio en el Ejecutivo y las promesas de que se arrinconarán la estrategia de recortes sufrida desde hace siete años, abundan a una posibilidad, cuya única amenaza parece surgir en las políticas de austeridad que continúan vigentes en las instituciones europeas.

En una reunión reciente mantenida por la presidenta de Ceacop, Ana Chocano, con los responsables de la Diputación de Huelva encabezados por su presidente, Ignacio Caraballo, se apuntó la preocupación de la patronal por algunos aspectos introducidos en los nuevos pliegos. La presidenta de Ceacop reconoció que con la entrada en vigor de la nueva ley se introducirán en los pliegos de licitación nuevas medidas de carácter social y medioambiental, con las que se mostró “muy de acuerdo”, ya que considera repercuten “en un beneficio social, pero que no deben verse afectadas por el coeficiente de baja en las adjudicaciones para que realmente supongan una medida de progreso social-medioambiental como pretende la nueva ley”.




Ceacop traslada a la Diputación la capacidad de las empresas andaluzas para el desarrollo de obras públicas

Ecodiario

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha mantenido una reunión con el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, con el objetivo de presentar y poner de manifiesto ante la Diputación “la capacidad y buena disposición” de las empresas andaluzas para el desarrollo de las infraestructuras en Andalucía.

Según ha informado Ceacop en una nota de prensa, el presidente de la Diputación, acompañado de la vicepresidenta de Coordinación y Políticas Transversales, María Eugenia Limón, y el responsable de Huelva Empresa, Ignacio Bourre, han repasado junto a la presidenta de Ceacop, Ana Chocano, los resultados del Informe de Adjudicaciones de Obra Pública en Huelva en 2017, año en el que Huelva vuelve a quedar en los últimos puestos del volumen de adjudicación con 74 millones, de un total de 1.128 millones de euros invertidos en Andalucía.

Según el estudio recogido en el Informe de Adjudicaciones de Obra Pública para Huelva, el Gobierno central aumentó su dotación para la provincia onubense en 28,7 millones de euros, siendo el Ministerio de Fomento el responsable de unos 26,6 millones de euros, destinados principalmente a actuaciones en el puerto de Huelva.

Por su parte, la contratación de obra pública de la Junta de Andalucía también aumentó “significativamente, siendo la administración más inversora”, ya que adjudicó 31 millones de euros, siendo las empresas andaluzas las responsables de más de la mitad.

A diferencia de lo que ocurriese en años anteriores, en 2017 la Consejería más activa en la provincia ha sido la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con una inversión superior a los 15 millones de euros, que han sido destinados en su mayoría al desarrollo de la Depuradora de Nerva-Río Tinto, actuación adjudicada por 11,7 millones de euros.

Como han proseguido, por detrás, queda la Consejería de Fomento y Vivienda, que ha invertido 5,7 millones en infraestructuras en la provincia, frente los 82 millones distribuidos en toda Andalucía.En cuanto a los entes locales, Ceacop señala que la Diputación de Huelva ha destinado cerca de 580.00 mil euros al desarrollo de obras en la provincia, casi el 70 por ciento ejecutadas por empresas andaluzas fuertemente ligadas a Huelva.

Otros de los asuntos tratados en la reunión ha sido la nueva Ley de Contratos del Sector Público. La patronal ha expresado su preocupación por algunos aspectos introducidos en los nuevos pliegos.

La presidenta de Ceacop ha puesto de manifiesto que con la entrada en vigor de la nueva ley se introducirán en los pliegos de licitación nuevas medidas de carácter social y medioambiental, con las que se ha mostrado “muy de acuerdo”, ya que considera repercuten “en un beneficio social, pero que no deben verse afectadas por el coeficiente de baja en las adjudicaciones para que realmente supongan una medida de progreso social-medioambiental como pretende la nueva ley”.

Para finalizar la reunión, Ceacop se ha ofrecido a colaborar con la Diputación de Huelva y Huelva Empresa, en beneficio de las empresas onubenses, como parte esencial en las infraestructuras necesarias ejecutar para el desarrollo económico y social de Huelva.

Ceacop es el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública y aglutina actualmente a más de 250 empresas vinculadas. Centrada en la potenciación de la construcción andaluza, interlocutor entre la Administración Pública y las empresas de este sector, tiene como objetivo fomentar el entramado económico andaluz y potenciar la actividad empresarial de nuestra región.




Las licitaciones caen el 83,40% tras la Ley de Contratos

El Correo de Andalucía

  • Ceacop denuncia que con la entrada en vigor de la norma en Andalucía apenas se autorizan obras públicas desde el 9 de marzo

Las licitaciones registradas en Andalucía han descendido el 83,40 por ciento tras la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, según los datos ofrecidos por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción Consultoría y Obra Pública (Ceacop), que ha alertado de los efectos que puede tener la incertidumbre política en las futuras licitaciones públicas.

De esta forma, según los datos facilitados por Ceacop a la agencia Europa Press, las licitaciones entre el 2 de enero al 8 de marzo de 2018, cuando entró en vigor esta norma, en un período de 65 días, en Andalucía fueron 901, de las que 129 fueron de consultoría y 772 de construcción.

Por el contrario, entre el 9 de marzo al el 30 de mayo de 2018, en un período de 82 días tras la entrada en vigor de la Ley de Contratos, en Andalucía se registraron 149 licitaciones, de las que 19 son de consultoría y 130 licitaciones de construcción. Ello supone un descenso del 83,40 por ciento en el número de licitaciones.

La presidenta de Ceacop, Ana Chocano, quien ya había advertido de una parálisis en la licitación con la entrada en vigor de esta norma, ha explicado a Europa Press que en las semanas anteriores «se registró una avalancha, pero a partir del día 9 y en los primeros 20 días no se licitaba nada nuevo y después se está empezando a licitar pero con cuentagotas, muy poco a poco, y con muchas reservas».

Chocano considera que la ley «es muy larga y tiene muchas indefiniciones», por lo que mientras no se desarrolle el reglamento, «las cosas siguen abiertas, por lo que se tiene que concretar con la práctica».

«A ninguna Administración le gusta licitar algo que no se atiene a la normativa, por lo que repasan todos los pliegos y se retrasa todo mucho», explicó Chocano, quien apunta que se están «acumulando sin licitar» numerosos proyectos de obra pública.

Recordó que esta ley se aprobó en el Congreso en noviembre en 2017 «y ha tardado en entrar en vigor seis meses, y en ese tiempo se podrían haber adaptado todos los pliegos, ha habido tiempo, pero el 95 por ciento de las administraciones no ha cambiado nada».

Chocano explica que a ello se une la «incertidumbre política y que no están aprobados los presupuestos». «Estamos en junio y existe mucha incertidumbre», lamentó la presidenta de Ceacop.




Ceacop critica el “bluf” que supone el Plan de Inversiones de Carreteras “que sigue inalcanzable para las pymes”

El Economista

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha criticado el “bluf” que supone el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) que “sigue sin definirse y sin licitarse nada tras casi un año de su presentación” y que “sigue siendo inalcanzable para las pequeñas y medianas empresas de la construcción”, ha lamentado la presidente de Ceacop, Ana Chocano.

En declaraciones a Europa Press, Chocano ha lamentado que este plan “se presentó a medida de todas las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35, se ha dirigido a esos grandes grupos que estaban dimensionados”, toda vez que el plan “estaba financiado por el sector privado, bajo el paraguas de la colaboración público privada”.

La dirigente empresarial ha explicado que “el tamaño de las inversiones esta inalcanzable para las pymes”. “La pyme no puede entrar en esos proyectos porque no tiene capacidad financiera ni tiene tamaño”, se ha lamentado.

Asimismo, ha advertido de que este plan “entra en contradicción con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que aboga por que las pymes participen en todos los procesos de contratación pública”.

Chocano ha explicado que en julio va a hacer un año del inicio de dicho plan y ha apuntado que “en varias ocasiones se han hecho anuncios de que se iba a actuar, con unos primeros contratos en Murcia o Santander, pero la realidad es que no se ha licitado nada”.

Asimismo, han pedido que el Ministerio de Fomento “publique la lista de actuaciones, y todavía estamos esperando respuesta, aunque al final las hemos conocido extraoficialmente”.

Además, ha indicado que el Ministerio “recientemente ha anunciado que se cambiarán sustancialmente las condiciones económicas e introducen como parte importante el llamado ‘riesgo de tráfico'”. Así, según ha explicado, “anteriormente el riesgo estaba vinculado a la calidad del servicio, de forma que si das una buena calidad, cobras, pero ahora se han cambiado las condiciones y se ha introducido el riesgo de tráfico, donde las empresas van a cobrar en función del número de vehículos que pasen, como un ‘peaje en sombra'”.

“Ante esta situación nueva, los financiadores hay que volver a analizar todos los riesgos y ver si es factible ese proyecto”, ha indicado Chocano, quien ha recordado que “para que estas obras de infraestructura no computen en el déficit, el adjudicatario tiene que asumir riesgos”.

Chocano ha apuntado que este plan “se anunció para crear expectativas, pero diez meses después es un ‘bluf’, y no está definido en absoluto”.

Ha apuntado que en Andalucía había varias actuaciones incluidas en el PIC, como regenerar el firme y la conservación de un tramo de la A4, o algún tramo de la SE-40, “pero para ello era necesario rescindir contratos que estaban previamente en vigor”.

“Se trata de actuaciones donde la más pequeña de todas asciende a más de 100 millones de euros, y eso es muy complicado, incluso para un grupo de empresas, que deben poner 100 millones de euros e inmovilizar esa cantidad para acometer el proyecto”, se ha lamentado Chocano, quien ha aseverado que estas empresas “son constructoras, no financiadoras”.




Ceacop lamenta que en infraestructuras “PGE llevan muchos años quedando por detrás de las necesidades de Andalucía”

La Vanguardia

  • Lamenta que la reunión Gobierno-Junta “tiene horizonte a medio plazo porque no da tiempo a meterlo en los PGE”

La presidenta del Circulo del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Ana Chocano, ha lamentado que, en materia de infraestructuras, “los Presupuestos Generales del Estado (PGE) llevan muchos años quedando muy por detrás de las necesidades reales de Andalucía”, por lo que ha reiterado su petición de aumento de las inversiones para la comunidad andaluza.

En declaraciones a Europa Press, Chocano ha valorado asimismo la reunión mantenida esta semana entre el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, para aumentar las inversiones en la comunidad andaluza, un encuentro del que “nos hemos enterado a toro pasado”, y sobre la que lamentan “no poder haberle hecho llegar nuestras propuestas y demandas”.

Sobre dicha reunión, ha reconocido que no sabe “cuál es la conclusión” de dicho encuentro, aunque considera que la reunión Gobierno-Junta “queremos pensar que es una reunión de trabajo que tiene horizonte a medio plazo porque no da tiempo a meterlo en los PGE”.

“Nos hubiera gustado que nos hubiera avisado antes y conocerla con más antelación, y aunque es verdad que el consejero ha hecho muy bien su trabajo y ha reivindicado inversiones al Gobierno central para Andalucía, si lo hubiéramos sabido con tiempo, hubiéramos acompañado, apoyado y aportado ideas y lo que haga falta, pero a estas alturas, nos tememos que los PGE están aprobados y el Ministerio no va incluir las peticiones, porque no da tiempo a incluirlas en el presupuesto”, ha añadido Chocano, quien espera que esas demandas “sean de cara a 2019 y 2020, a medio plazo, pero no para 2018”.

Ha recordado que los constructores “queremos más inversiones en infraestructuras, y que se ejecuten, ya sea vía prórroga presupuestaria o vía presupuestos nuevos”.

A su juicio, al margen del debate político, “la realidad es que hay que ver qué hace falta y dónde se aplica y cómo se consigue el dinero para ejecutar las infraestructuras necesarias, independientemente de los kilómetros cuadrados y los habitantes que haya”, toda vez que “las zonas más pobladas necesitan más infraestructuras que las zonas menos pobladas, salvo en los casos de medida para la repoblación”.

Chocano considera que “los políticos deben establecer líneas de actuación y son los técnicos los que deben valorar las necesidades de infraestructuras y cuánto valen, y así debe ser el reparto de tareas, pues desde que los políticos se han metido a planificadores, las políticas en esta materia son desastrosas”.

Así, ha lamentado que en materia de infraestructuras “los PGE llevan muchos años quedando muy por debajo de las necesidades reales de Andalucía” y ha citado como ejemplo “la dotación ínfima para Andalucía dentro del Corredor Mediterráneo, o el hecho de que Granada lleve más de tres años sin comunicación por ferrocarril y no haya horizonte para acabar con su aislamiento ferroviario; o que la SE-40 no se termine”.

“Hay muchos debes en la cuenta de Andalucía que no vemos reflejados en los presupuestos”, ha lamentado Chocano, quien ha agregado que “también la Junta debe aumentar las inversiones en infraestructuras; cada uno debe asumir su parte”. Asimismo, ha agregado que el sector “quiere colaborar activamente y en positivo con todas las administraciones”.




Ceacop indica a la Junta que “con que se cumpla la ley estatal de pagar en menos de 30 días nos damos por satisfechos”

La Vanguardia

  • El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha indicado a la Junta que, “si se presenta la oportunidad”, le dirá que les incluya en el decreto andaluz de garantía de tiempos de pago, por el que la Junta se compromete a pagar en menos de 20 días a sus proveedores, aunque ha dejado claro que “con que las administraciones cumplieran la ley estatal de pagar en menos de 30 días nos daríamos por satisfechos”.

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha indicado a la Junta que, “si se presenta la oportunidad”, le dirá que les incluya en el decreto andaluz de garantía de tiempos de pago, por el que la Junta se compromete a pagar en menos de 20 días a sus proveedores, aunque ha dejado claro que “con que las administraciones cumplieran la ley estatal de pagar en menos de 30 días nos daríamos por satisfechos”.

Tras conocer que dicho decreto se ampliará en junio a las pymes turísticas y a los beneficiarios de ayudas a la vivienda, la presidenta de Ceacop, Ana Chocano, ha apuntado, a declaraciones a Europa Press, que no tienen pensado remitir ninguna petición por escrito pero apunta que “si se nos presenta la oportunidad, se lo diremos” pero ha insistido en que se darán “por tremendamente satisfechos con que tanto la Junta como el resto de administraciones cumplieran la ley estatal, que contempla el pago en menos de 30 días”.

“Con que la Junta y todas las administraciones cumplan la ley estatal de 2013, actualmente en vigor, que establece un plazo de pago a proveedores menor a 30 días, nos haría felicísimos y contentos, nos conformaríamos y nos daríamos por totalmente satisfechos”, ha insistido Chocano, quien ha valorado que la Junta articule el sistema de garantía de pago donde se contempla el pago a 20 días a los proveedores, en lugar de 30 días.

Chocano ha lamentado que las administraciones “incumplen la ley de plazos”, algo que “pasa con frecuencia para nuestra desgracia”.

Ha recordado que en la ley estatal “hay procedimientos similares al establecido por la Junta para adelantar el cobro a entidades financieras”, pero ha apuntado que “el problema es que las entidades no quieren pagar las facturas porque no tienen suficientes garantías y nos piden que aportemos una garantía, de forma que pedimos a las administraciones que cumplan la ley estrictamente, que hagan la transferencia o nos den un documento para que podamos negociar sobre la marcha con el banco, sin tener que aportar garantía extra”.

“Si ahora nos pagara a 20 días, estaríamos encantados de la vida y nos gustaría muchísimo, pero nos damos por satisfechos con que nos paguen a 30 días a todos los proveedores de las administraciones públicas”, ha aseverado Chocano, quien ha precisado que “a veces el plazo de cobro es por encima de 60 días”.

Chocano ha explicado que “tampoco las deudas acumuladas son muy altas porque la actividad en la construcción es escasa, y además existe la posibilidad, si la obra nos se puede hacer o el contrato no se puede continuar, de que se sienten las dos partes y se negocie suspenderlo temporalmente, lo cual provoca que no haya deuda”.

“Pedimos a las administraciones que utilicen las herramientas que la ley prevé”, ha apuntado.




Ceacop augura parálisis en las licitaciones de obra pública en 2018 en España

La Vanguardia

El Círculo de Empresas Andaluzas de la construcción, consultoría y obra pública Ceacop ha denunciado hoy que las administraciones no han adaptado sus pliegos de licitación de obra pública a la nueva Ley de contratos del sector público, lo que supondrá una paralización de las licitaciones hasta septiembre.

En rueda de prensa, la presidenta de Ceacop, Ana Chocano, y el secretario general, Daniel Fernández, han presentado un informe de adjudicación de obra pública en Andalucía en 2017 y se han referido a los primeros efectos de la puesta en marcha de la nueva Ley de contratos del sector publico, en aplicación de la directiva europea.

El principal problema es que ninguna administración ha adaptado sus pliegos de licitación de obra a la nueva Ley de contratos del sector público, a pesar de que la dicha norma se aprobó en diciembre de 2017 y recogía un plazo de cuatro meses para la adaptación.

Esta demora y “falta de profesionalidad” de todas las administraciones se ha traducido en que se han licitado 389 contratos hasta marzo y, sin embargo, en la primera semana de abril solo se han licitado once, ya que se ha acabado el plazo de adaptación a la ley y se debe hacer con los pliegos adaptados.

Por este motivo el secretario general de Ceacop ha augurado que las licitaciones de obra pública se paralizarán hasta septiembre y considerado una “vergüenza” que las administraciones no hayan adaptado en los plazos legales los pliegos de contratación.

También se han quejado los dirigentes de esta patronal de que no se haya licitado ningún contrato de los 5.000 millones presupuestados por el Gobierno central en el plan de inversiones en carreteras, aprobado hace casi un año.

Igualmente, han censurado que las exigencias económicas para acceder a esos contratos vayan a dejar fuera a las pymes, que solo tendrán opción como subcontratistas. EFE