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Los ayuntamientos copan el 42% de la inversión en obra pública en Andalucía

Diario de Sevilla

  • Las adjudicaciones suben un 18% en 2018, hasta 1.325 millones, cifra lejana de los años precrisis
  • La patronal Ceacop dice que el gasto debería ser de 2.500 millones para ser aceptable

Por tercer año consecutivo, los ayuntamientos lideran la inversión en obra pública en Andalucía, y lo hacen además de forma muy significativa. Así, de los 1.325,3 millones que las Administraciones adjudicaron a las empresas en 2018, 567 correspondieron a las entidades locales, el 42% del total, según el informe presentado por la patronal del sector, el Círculo de Empresas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). También los municipios son los que más elevan su esfuerzo inversor, un 26%, frente al 21% de la Junta y el Gobierno central, y ello “a pesar de tener menos competencias en infraestructuras y, en teoría, menos recursos”, señala Ceacop.

En términos globales, las adjudicaciones en Andalucía continúan la senda de crecimiento ya registrada en 2017, y tras el fatídico 2016. La inversión total asciende a 1.325,3 millones de euros, un 18% más, una cifra que, según Daniel Fernández Menéndez, secretario general de Ceacop, está aún en el 40% “de la inversión tradicional en Andalucía”. “Entendemos –continúa– que 2.500 millones sería lo necesario para acometer las infraestructuras pendientes y conservar las ya existentes”.

MEDIO AMBIENTE INVIERTE 83 MILLONES PESE A RECAUDAR 120 MILLONES POR EL CANON DEL AGUA

La Junta de Andalucía recupera algo el pulso con 370,4 millones de euros, un 21% más, con Fomento doblando su apuesta hasta los 142,5 millones, aunque, según Ceacop aún “en un nivel muy por debajo del que tendría que estar”. La antigua Consejería de Medio Ambiente mantiene una inversión de 83,6 millones, similar a la del año pasado, que contrasta con los 120 millones que recauda por el llamado canon del agua, un impuesto destinado a sufragar obras de depuración. “Al mismo tiempo, estamos pagando sanciones europeas por no cumplir con nuestra obligación de depurar las aguas, lo que denota la incompetencia administrativa”, señala Fernández Melendez.

Otro elemento negativo, en lo que se refiere a la Junta, es la inversión en sanidad, que baja a 48,2 millones de euros, “y las listas de espera también se quitan con gasto en infraestructuras”, señala el secretario de Ceacop

Respecto al Gobierno central, que adjudicó 265 millones, un 21% más, prácticamente todo, un 86% corresponde a Fomento, y llama la atención la raquítica aportación de Medio Ambiente (ahora Transición Ecológica), de sólo 14 millones de euros, “el peor dato del informe”, ya que este departamento se encarga del cuidado de las playas, las costas, la cuenca del Guadalquivir y de depuradoras de interés general, como la de Nerja, “que no se están acometiendo”.

EL 65% DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS FUERON ANDALUZAS, EL MAYOR PORCENTAJE DESDE 2001

Para este año, sin cifras cerradas, se nota ya un parón evidente. El cambio de equipos en el Gobierno andaluz, el parón electoral en el central y la ausencia aún de presupestos en ambas administraciones han paralizado las adjudicaciones, lo que hace que la segunda mitad de año necesite un fuerte impulso para superar las cifras de 2018.

Ceacop destaca, por otro lado, que el porcentaje de empresas andaluzas adjudicatarias se haya situado en el 65%, el mayor porcentaje de la serie estadística, que comienza en 2001. Esto ha beneficiado, más o menos, a 800 empresas andaluzas y se aleja mucho del porcentaje del 60-70% tradicional que correspondía a firmas nacionales.

Según Ana Chocano, presidenta de Ceacop, “cuanto más se aleja una administración del ciudadano más disminuye el porcentaje de negocio para una empresa andaluza”, aunque este año el Gobierno central ha pasado del 30% al 44% para firmas de aquí, sin que la cifra absoluta sea especialmente significativa (120 millones).

Faltan profesionales formados
Según Ceacop, “hay un problema importante con la formación”, ya que para las empresas resulta bastante difícil encontrar perfiles adecuados tras diez años de parón en el que muchos abandonaron el sector. En un momento de repunte de la construcción, no se encuentran jóvenes que no estén preparados sencillamente porque no han tenido donde formarse. “Está la Fundación Laboral de la Construcción, sí, pero está fracasando”, dice Fernández Meléndez, que señala que la media de edad de los trabajadores es cada vez mayor. Por eso, la organización pide –ya lo ha comunicado a la Consejería de Empleo– una FP reglada para este tipo de trabajos, a lo que en principio la Junta parece estar receptiva.

La estrategia de retrasar las facturas
Después de que la legislación obligara a las administraciones a pagar en un plazo establecido a sus proveedores, la morosidad cayó significativamente, pero el año pasado se detectó un repunte gracias a un truco cada vez más usado. Según informa Ana Chocano, presidenta de Ceacop, “ahora se fuerza a las empresas a retrasar la facturación para así evitar incumplir la ley”. También denuncia Ceacop que las administraciones “no están entendiendo la ley de contratos”, entre otras cosas porque se están exigiendo cláusulas sociales pero se mantiene el criterio de la oferta más económica, algo contradictorio. Una de las consecuencias es que se ha triplicado el número de contratos desiertos –a los que no ha acudido ninguna empresa–, que ha pasado de 42 a 130.




Las constructoras de obras públicas brindan su colaboración a la Junta para realizar un nuevo plan de infraestructuras

La Vanguardia

La presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Obras Públicas (Ceacop), Ana Chocano, ha brindado a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio su colaboración para la realización de un nuevo plan de infraestructuras en la Comunidad y pide que “no se ralenticen” los trabajos iniciados.

En declaraciones a Europa Press, Chocano ha mostrado su deseo de que la elaboración de un documento que sustituya al Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista) no represente la paralización del sector. “Obviamente un cambio de gobierno ralentiza los procesos, pero esperamos que todas las infraestructuras en ejecución o pendientes de terminar sigan su desarrollo en los niveles marcados”, aunque ha advertido de que puede que “se amplíen los plazos de ejecución” de las mismas.

Por otra parte, Chocano ha llamado la atención sobre las declaraciones en comisión este pasado miércoles de la consejera del ramo, Marifran Carazo, en las que afirmaba que “faltaba mucho dinero que no aparece en los presupuestos y que están comprometidos” y ha advertido de que esto significará que “en 2019 la licitación nueva va a ser poca”.

Frente a esto, ha reclamado que en los próximos presupuestos de la Junta el montante dedicado a Fomento aumente para hacer frente a lo comprometido y para destinar “una parte del mismo a acometer nuevas obras que son necesarias en la Comunidad”.

En cuanto a los proyectos prioritarios, la presidenta de las constructoras de obras públicas ha señalado el foco puesto por parte de la Administración andaluza en los transportes metropolitanos y ha llamado a “poner en servicio” el tranvía de Jaén. También ha pedido que se liciten los planes de conservación integral de carreteras así como a acciones puntuales en el viario andaluz.

Por último, ha destacado que el sector necesita que se mantenga la actividad. “Las empresas han pasado once años en crisis y cuando atisbábamos una recuperación, ha llegado una cascada de elecciones que lo ralentizan todo”, ha advertido Chocano, quien ha subrayado que “las empresas siguen pagando nóminas e impuestos y necesitan que la rueda económica continúe”.




Sevilla: La patronal Ceacop pide celeridad en la reforma de los proyectos

Diario de Sevilla

  • Las empresas de la construcción señalan que Sevilla necesita con urgencia esta circunvalación para aliviar el tráfico

La presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Ana Chocano, reclamó ayer que se aceleren los trámites para culminar los reformados de los proyectos de los túneles de la SE-40 por la urgencia que tiene Sevilla en contar con esta vía rápida de comunicación y por la necesidad de actividad en el sector.

“Mejor si tardan semanas que meses porque el sector de la construcción necesita actividad y Sevilla necesita un anillo completo de circunvalación que resuelva los tráficos de media distancia y no los meta en la ciudad”, señaló Chocano.

En relación a los 144 millones que destina el Gobierno central en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, la presidenta de las empresas andaluzas de la construcción señala que, una vez que se aprueben con los apoyos políticos necesarios, lo importante es que esas inversiones que se destinan a la SE-40 (y todas) se cumplan al 100% y se gaste el dinero.

“De las inversiones que se destinan año tras año en los presupuestos a infraestructuras es interesante ver lo que se ejecuta realmente, porque si no se convierten en el cuento de la lechera”, afirma.

Y señala que los Presupuestos Generales del Estado son ley y, por tanto, hay que cumplirlos. “Los Presupuestos son una ley que respetamos poco. Si es ley hay que cumplir todo lo que se presupuesta, el 100%, y no únicamente un porcentaje”. En relación al proyecto de los túneles, Chocano confía en que se construya este paso esencial bajo el río puesto que el contrato se adjudicó en su día, hace ya varios años.

Desde Ceacop se estima que si el Ministerio de Fomento quisiera otra opción diferente a los túneles habría empezado el procedimiento para rescindir todos los contratos.

Varios expertos del sector consultados por este periódico critican el tiempo que está tardando el Ministerio de Fomento en redactar los modificados de los proyectos de los tuneles de la SE-40, a pesar de que un modificado no se tarda tanto en hacer y pese a que el ministro De la Serna anunció en su día que la obra era inminente.

Respecto al proyecto de presupuestos estatales, los expertos consideran que 144 millones para los túneles son una cantidad “irrisoria” para hacer frente a los 700 a 800 millones que cuestan los túneles.

Los expertos confían en que el Ministerio de Fomento exprese con claridad su decisión sobre la SE-40.




Constructores de obra pública piden al nuevo Gobierno andaluz un “importante” presupuesto para inversiones públicas

Europa Press

La presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Obras Públicas (Ceacop), Ana Chocano, ha pedido este lunes a los responsables del nuevo Gobierno andaluz en materia de inversiones en infraestructuras de transporte y medio ambiente que “peleen por conseguir el mayor volumen de presupuesto” para estas materias, al tiempo que ha pedido que se ejecute “al cien por cien”.

En declaraciones a Europa Press, Chocano ha destacado “el cambio importante” en la posición de Ordenación del territorio, que “antes estaba en Medio Ambiente”, mientras que ahora estarán en Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

La presidenta de Ceacop ha señalado “las grandes necesidades” en infraestructuras que tiene Andalucía y ha insistido en la necesidad de contar con un presupuesto importante porque “solo para conservación de lo hecho –vías de comunicación, sistema de transporte metropolitano, abastecimiento y saneamiento de agua, limpieza de cauces o conservación de medio ambiente– se ocupa gran parte del presupuesto”.

De igual manera, ha indicado que “lo primero” será sentarse con los responsables de estas materias para saber las prioridades y poder “actuar sobre ellas”, al tiempo que ha ofrecido la colaboración de Ceacop para “cuánto necesiten”, tanto “en el intercambio de puntos de vista como de apoyo en la gestión”.




Entrevista a Ana Chocano. Presidente de Ceacop

Blog DETEA

  1. Lleva algo más de un año al frente de CEACOP, y la conoce perfectamente ya que se encuentra vinculada a la organización desde hace 15 años, ¿cómo evalúa el trabajo que realiza la asociación y el papel que desempeña?

La asociación ha realizado una labor encomiable durante sus más de 22 años de existencia. Hemos pasado diferentes momentos, a veces especialmente difíciles debido a la coyuntura económica que afectó a todos los sectores de actividad, sobre todo al nuestro.  Pero a pesar de las adversas circunstancias, Ceacop no ha cesado su actividad y su empeño como defensora de los intereses de las empresas de la construcción y la ingeniería en Andalucía.

Para ello hemos contado con el apoyo de todas nuestras empresas asociadas, que han logrado sobreponerse a estas circunstancias adversas. Y también es necesario mencionar a todas las que no han conseguido superar el momento y que hasta sus últimos esfuerzos lo intentaron. De ellas hemos aprendido mucho.

Pero sobre todo debemos destacar el empuje de los empresarios que están detrás de las empresas; ellos son los verdaderamente importantes. Los que se han empeñado todo este tiempo en sacar adelante sus empresas pensando sobre todo en sus trabajadores.

Nuestro objetivo es poner de relieve el trabajo de las empresas andaluzas, de nuestros asociados, destacar su capacidad técnica y humana para ejecutar las infraestructuras necesarias para el desarrollo de nuestra región, colaborando así en el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial y en la creación de empleo.

Desde la asociación hacemos un seguimiento a las inversiones en obra pública en nuestra tierra, y trabajamos para que las administraciones inviertan más en infraestructuras y realicen proyectos constructivos de calidad. Estamos convencidos de que invertir en infraestructuras es la mejor inversión de carácter social que se puede hacer, y con esta meta trabajamos.

  1. ¿Cuánta necesidad de obra pública tiene Andalucía en la actualidad?

En Andalucía existen muchas infraestructuras por ejecutar, tenemos a medias el plan de saneamiento de los municipios, el corredor mediterráneo o el desarrollo de las redes de transportes colectivos en las áreas metropolitanas más pobladas, entre otras actuaciones.

Además, tenemos la necesidad de conservar las infraestructuras ya existentes. Es muy importante un plan de renovación de firmes que permita mantener nuestra red de carreteras de acuerdo con los parámetros de calidad y seguridad, la reposición de las redes de abastecimiento de agua, la renovación del parque público de viviendas o un plan de conservación de edificios dotacionales: centros docentes, centros de salud, etc.

  1. ¿Qué infraestructuras son prioritarias en este momento según su criterio?

Por citar algunas actuaciones pendientes y de gran relevancia para el desarrollo de nuestra región podemos destacar el Corredor Mediterráneo. En estos momentos es primordial la conexión mediante línea ferroviaria desde Algeciras hasta Almería, y de aquí a Murcia para conectar Andalucía con el resto de Europa a través del Corredor Mediterráneo. Es inexplicable la lentitud en la ejecución de esta infraestructura fundamental para nuestra región y para la cohesión territorial.

Es imprescindible que se reestablezca la conexión por tren entre Antequera y Granada, cerrada al tráfico desde 2015, la conexión entre Granada y Almería, y que se construya la vía que debe comunicar Almería y Murcia.

Otra de las asignaturas pendientes es el Plan de Depuración y Saneamiento de Andalucía, que se encuentra a medias. De las 300 actuaciones declaradas de interés para la Comunidad por el Consejo de Gobierno en octubre de 2010, apenas se ha actuado sobre un 40%, con las consiguientes consecuencias negativas tanto a nivel ambiental como económico para Andalucía. Además de suponer un incumplimiento de las directas europeas, que suponen procedimientos sancionadores e incluso multas.

  1. En los últimos tiempos parece que están aumentando las licitaciones de obra pública, ¿a qué cree que se debe? ¿cuál es para usted la importancia de que esto se esté produciendo?

Es esta una percepción no del todo cierta, basada en dos hechos principalmente.

Uno fue el que experimentamos a principio de año con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. En este caso, los primeros días del mes de marzo asistimos a una concentración del número de licitaciones provocado por la entrada en vigor de la nueva Ley el día 9 de dicho mes. Este hecho fue debido a que las administraciones no habían adaptado a tiempo los pliegos de licitación conforme las exigencias de la nueva ley de contratos, y se vieron obligados a licitar muchas de las actuaciones previstas para 2018 con premura, antes de que la nueva norma fuese efectiva. Esto supuso en su momento que las empresas nos viésemos colapsadas a la hora de presentar nuestras proposiciones en plazos ajustados. Y sin embargo aún hoy muchos de estos procedimientos de contratación se encuentran aún sin adjudicar.

Por otro lado, las elecciones andaluzas también han supuesto otro espejismo de repunte en la licitación. En época electoral se aumenta el número de licitaciones y de anuncios de próximas obras. Si las convocatorias electorales sirven para ejecutar las infraestructuras que necesitamos, bienvenidas sean, pero nuestra experiencia nos dice que una cosa es lo que se anuncia y se licita, y otra cosa es lo que se adjudica y se ejecuta. 

La realidad es que las inversiones públicas siguen siendo insuficientes, y aún quedan lejos de los 2.800 millones de euros anuales que necesitaría la obra pública en nuestra región para hablar de recuperación del sector.

 ¿Cómo beneficia la unión entre empresas del sector y las relaciones entre las mismas en el crecimiento de la industria constructora?

El tamaño de las empresas constructoras e ingenierías andaluzas es pequeño en comparación con las empresas del sector a nivel mundial. Por lo cual se hace necesario aunar esfuerzos si queremos ser más fuertes y competitivas, especialmente en mercados fuera de Andalucía.

Es por eso por lo que dentro de la asociación propiciamos las sinergias para la formación de UTE´s y alianzas estratégicas para que nuestras empresas aprovechen sus fortalezas dentro y fuera de Andalucía.

  1. El pasado mes de noviembre nos acompañó a la gala de nuestro 30 Aniversario, donde repasamos brevemente la situación de la industria y la trayectoria de nuestra empresa, ¿dónde sitúa a Detea actualmente en el sector?

Sin duda, DETEA es un ejemplo de superación y saber hacer. Después se superar una época difícil, que como decíamos nos tocó vivir especialmente a las empresas del sector de la construcción, DETEA se ha reinventado, ha diversificado sus líneas de actividad, y se ha hecho más fuerte. Es una empresa altamente solvente y con mucha proyección de futuro.

  1. ¿Qué puntos clave quedan por mejorar en la región para favorecer un mayor crecimiento del sector?

Fundamentalmente aumentar el volumen de inversión en obra pública, construir las infraestructuras pendientes y necesarias para el desarrollo socioeconómico de nuestra región, así como invertir en la conservación de lo ya construido.

La mejora del sector pasa también por mejorar la forma de contratar. Bajo el paraguas de la nueva ley, las adjudicaciones deben responder a una mejor relación calidad- precio, y no al precio más bajo, evitando así contratos irrealizables por precio. Exigimos una mayor planificación de los proyectos a ejecutar, que se ajusten a la realidad y las necesidades reales.

De igual modo, acabar con la competencia desleal a las que nos enfrentamos con las empresas públicas. Las Administraciones deben minimizar sus encargos a sus medios propios, que son menos eficientes, y licitar en procedimientos dirigidos a la empresa privada.




Ceacop y Asica advierten de “los problemas” de la Ley de Contratos del Sector Público tras ochos meses en vigor

La Vanguardia

La Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) y el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) han advertido este martes de “la avalancha” de licitaciones (229 contratos) que se produjo una vez que entró en vigor la Ley de Contratos del Sector Público en marzo de este año que “perjudicó” a las empresas al ver “limitada su capacidad de respuesta”.

En una nota, Ceacop y Asica han señalado que si las actuaciones se hubiesen licitado “en tiempos espaciados”, las empresas hubieran podido presentar sus ofertas “a un mayor número de contratos, con la consiguiente mayor probabilidad de optar a Estos”.

Otro de los aspectos más destacables de la esta ley es que, a pesar de que se establece que la adjudicación de las ofertas, debe responder a una mejor relación calidad-precio, con objeto de evitar contratos irrealizables por precio; no obstante, “muchas licitaciones siguen siendo el precio el único factor determinante en la adjudicación”.

Las patronales han resaltado que “en muchos casos no está bien definida la baja temeraria, como es el caso de las licitaciones de AENA. Este organismo sigue adjudicando al precio más bajo a través de las subastas electrócnicas sin límites”.

De esta manera, han insistido en que la nueva normativa no ha mejorado el panorama de la contratación pública. “Esta nueva ley no ha cambiado en lo sustancial gran cosa, ya que se sigue optando en la mayoría de los casos por una subasta encubierta y además sin atajar las grandes bajas a las que nos vemos obligados las empresas a licitar, porque no se está aplicando de forma totalmente correcta por parte de los órganos de contratación”, ha subrayado.

Por otro lado, han señalado que la nueva ley ha introducido en los contratos públicos consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo, que deben estar “supeditadas” a que se relacione con el objeto del contrato a celebrar. “Pero a menudo no lo están, y suponen un lastre para la empresa que tiene que ejecutar el contrato, cargándoles con unos gastos que no les corresponden”, han advertido.

Además, deben “lidiar” con la dificultad que existe para la presentación de las ofertas de modo electrónico como establece la norma. Según han explicado, existe “una desorganización generalizada en muchas administraciones que impiden entregar las ofertas electrónicamente”.

La otra gran batalla de las empresas de construcción e ingeniería es la competencia desleal a la que se enfrentan con las empresas públicas. En la nueva normativa se recoge la limitación de encargos a los empresas y agencias públicas, pero esta situación sigue “sin resolverse”.

Por último, Asica y Ceacop se han ofrecido a colaborar con la Administración para confeccionar los pliegos de concursos públicos. “La ley necesita aún más tiempo para que todos aprendamos, y si este camino lo emprendemos conjuntamente será más productivo”, ha subrayado.




¿Qué hacemos con la plantilla masculina?

Abc

  • Empresas critican que en contratos públicos se puntúen criterios como los planes de igualdad

Dos patronales que representan a un tejido profesional muy cualificado de Andalucía, el de los ingenieros, consultores de obras y pymes constructoras, han comparecido esta mañana de forma conjunta para denunciar «los incumplimientos» en que se están produciendo en la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) por parte de distintas administraciones y empresas públicas.

Se trata de Ceacop (el Círculo de Empresas Andaluzas para la Construcción, Consultoría y Obra Pública) y Asica (la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía), que aglutinan a casi 300 proveedores de la Administración Pública (250 la primera y 32 la segunda).

Los presidentes de ambas organizaciones, Ana Chocano, en Ceacop, e Ignacio Sánchez de Mora, en Asica, han hecho un balance de los nueve meses pasados desde la entrada en vigor de la citada Ley, en el que han destacado varios problemas: el «colapso de licitaciones» ques e produjo por la entrada en vigor de la nueva norma; que en las adjudicaciones «siga primando el precio en lugar de la relación calidad/ precio»; la «dificultad para la presentación de ofertas de modo electrónico», como exige la Ley, por falta de medios en las administraciones, especialmente los ayuntamientos; y que siga existiendo «competencia desleal con el sector privado» por parte de las emrpesas públicas, a pesar de que la Ley lo limita.

Criterios «incoherentes»
Uno de los aspectos que han destacado se refiere a «los criterios añadidos» de tipo social, medioambiental o ético, que puntúan en los pliegos de los contratos públicos licitados por las administraciones. En este asunto, estos representantes destacan que algunos de ellos «no son coherentes ni tienen ninguna vinculación con el objeto del concurso».

Como ejemplos, han señalado que en algunos contratos públicos se puntúa más a la empresa que tenga un plan de igualdad que implique un reparto equilibrado de los puestos de trabajo que genere.

«¿Qué hacemos con la plantilla masculina?» en casos en los que se tiene que contratar a mujeres para cumplir con este requisito si se quiere obtener más puntuación en el baremo, ha aseverado Ignacio de Mora.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el proyecto de ampliación de la Línea 1 del Metro de Sevilla, en el que se pide que el 40% de los técnicos sean mujeres y que el 40% de las horas trabajadas sean realizadas por mujeres.

¿Van a poner un contador de horas en las empresas? Son casos absurdos en los que se invita al juego del mentiroso. Consideramos que la igualdad es positiva, pero que sea coherente con el mundo real y vinculada al objeto del contrato», ha subrayado Ana Chocano.

En este sentido, los portavoces han recriminado a la administración que no cumpla estos criterios que exige a la empresa privada. «¿Por qué las empresas públicas no cumplen los planes de igualdad?», es la pregunta que formulan a los responsables públicos.

Otros ejemplos que han puesto sobre la mesa es un contrato de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en el que se exige «una jefa de obras mujer», sin detallar su cualificación, o, en otro terreno, la contratación por parte de un ayuntamiento de cinco trabajadores menores de 25 años de la propia localidad donde se realizaba la obra, pese a que no existían en la oficina pública de empleo parados de esa edad para los oficios demandados.

La puntuaciónde que se utilice un coche eléctrico en el proyecto es otro criterio que barema más, y que supone «un sobrecoste para las empresas».

Para cumplir estas exigencias, Asica y Ceacop pide que las baremaciones la calidad puntúa al 80% y el precio, al 20%. En este sentido denuncian, que pese a que la nueva ley prima las ofertas que equilibran ambas cosas, «se siguen adjudicando las obras públicas por precio» y, en algunos casos, «subastando» los contratos, como sucedía con la anterior Ley.




Constructoras e ingenierías denuncian incumplimientos de la ley de contratos públicos

Diario de Sevilla

  • Asica y Ceacop afirman que sigue primando el criterio económico sobre el de la calidad.
  • Se quejan de un exceso de requisitos sociales y medioambientales que no tienen relación alguna con los proyectos

Se supone que la relación entre la Administración y sus proveedores cambió el 9 de marzo, cuando entró en vigor la nueva ley de contratos públicos, nacida con dos años de retraso de tres directivas de la UE. En esencia, la filosofía europea, asumida por España, es la de cambiar una práctica que estaba generando muchos problemas: la contratación de obras y servicios primando el precio por encima de la calidad de la oferta. La normativa española, calificada por el propio sector como “una buena ley” y que salió adelante por consenso en el Congreso, introdujo un punto de esperanza entre muchos empresarios.

LA SEMANA PREVIA AL 9 DE MARZO SE LICITARON 229 PROYECTOS, ALGO ANORMAL, AL NO HABER PLIEGOS ADAPTADOS A LA LEY

Pues bien, después más de siete meses de vida, constructores e ingenieros denuncian muchas deficiencias en la aplicación de la ley y algunos incumplimientos. La Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) y el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) criticaron, sobre todo, que la práctica habitual de las administraciones siga siendo la contratación por precio. “Optan por subastas encubiertas”, señala Ana Chocano, presidenta de Ceacop, y eso “obliga a las empresas a grandes bajas (descuentos) si quieren ser elegidas”. Las dos asociaciones piden establecer un mínimo por debajo del cual sea imposible ofertar

A eso se le suma, denuncian, que aprovechen un resquicio legal para exigir requisitos medioambientales o sociales que “no tienen que ver con el objeto del proyecto” y que implican un coste adicional para las empresas, un problema que se suma a la necesidad de presentar la oferta más barata. Ponen ejemplos: se exigen planes de igualdad que las propias ofertantes no tienen; se pide que el 40% de los técnicos de una obra sean mujeres y también el 40% de las horas de trabajo (“¿Cómo medimos eso? Son exigencias absurdas e irrealizables); un ayuntamiento pidió que cinco contratados de su municipio fueran menores de 25 años. Resulta que no había perfiles en el pueblo de esa edad adecuados para la obra y la empresa tuvo que hacerlo constatar con notario en el Servicio Andaluz de Empleo para luego no tener problemas. La Agencia de Puertos de Andalucía exigió en una ocasión que una jefe de obra fuera mujer. “Si una empresa no tiene ese perfil, tiene que buscarlo fuera, con el coste adicional que eso supone”, afirma Ignacio Sánchez de Mora, presidente de Asica. En medio ambiente, da puntos en muchas ocasiones adquirir un coche eléctrico, aunque no tenga que ver con el contrato en sí.

EL 90% DE LAS ADMINISTRACIONES TODAVÍA NO HACE LA TRAMITACIÓN DE FORMA DIGITAL, A PESAR DE QUE ASÍ LO EXIGE LA LEY

Ello se produce en un contexto en el que sigue primando el criterio economicista, pese a que la ley va en sentido contrario. Además, el 90% de los contratantes “no publica su planificación anual”, algo que exige la ley para permitir a las empresas disponer de una visión global de cómo está el mercado. También una abrumadora mayoría incumple la exigencia de la tramitación digital, especialmente los ayuntamientos, que alegan que “no tienen los medios a los que obliga la ley”. Tanto Ceacop como Asica se quejan de que, cuando es al revés, las empresas se ven obligadas a adaptarse. En lo que se refiere a los trabajos intelectuales -como las redacciones de proyecto- Asica sigue detectando la competencia desleal de las agencias públicas, que “deben someterse íntegramente a la ley de contratos del sector público” y dejar de subcontratar el 100% de los trabajos a terceros.

Lo cierto es que estas deficiencias vienen del propio nacimiento de la ley, tal y como recuerda Chocano. La previsión fue tan escasa que, ante la ausencia de pliegos adaptados a la nueva ley, entre el 1 y el 8 de marzo, la semana previa a su aplicación, se licitaron nada menos que 229 contratos, cuando la media es de entre 25 y 40. Ese “colapso” provocó que las empresas tuvieran limitada su capacidad de respuesta, pues se venían obligadas a elegir a que ofertas podían presentarse.

Asica y Ceacop se ofrecen a colaborar con las administraciones para solucionar estas deficiencias: “la ley necesita aún más tiempo para que todos aprendamos, y si este camino lo emprendemos conjuntamente será más productivo”, se señala desde las dos organizaciones




Ceacop califica la Ley de Contratación Pública de “subasta encubierta”

Cadena Ser

  • El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Obra Pública y Asica denuncian su elevado grado de incumplimiento

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra pública (Ceacop) y la asociación de ingenieros consultores andaluces (Asica) consideran que la Ley de la Contratación del Sector Público, en vigor desde el pasado mes de marzo, es una “subasta encubierta” y que no ha cambiado sustancialmente respecto al anterior texto normativo, ha manifestado Ana Chocano, presidenta de Ceacop, durante la presentación de las conclusiones que ambas entidades han hecho este martes en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga.

Ceacop y Asica han criticado el incumpliendo de la citada Ley “en un elevado porcentaje” y han solicitado a las administraciones que aspectos como la igualdad, la inserción laboral de jóvenes o medioambientales, sean “coherentes y asumidos también por las empresas públicas”.

Además, ambos organismos han propuesto que “lo económico no sea lo determinante en la oferta pública y que se estableza un importe mínimo para concurrir a la licitación”, tal y como ha destacado Ignacio Sánchez de Mora, presidente de Asica.

Tanto Ceacop como Asica han lamentado que el 90% de los contratantes aún no tengan publicada la programación anual de inversiones y la falta de previsión de los poderes públicos a pesar de que la entrada en vigor de la Ley se ha producido con varios años de retraso.




Asica y Ceacop cargan contra la Ley de contratación pública

Expansión

  • Las patronales de ingeniería y construcción critican las alteraciones que ha provocado la nueva normativa que arrancó el pasado marzo.

La Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) y el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), que suman más de 300 empresas representadas del sector, manifestaron ayer públicamente su descontento con el funcionamiento del sistema de contratación pública a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público el pasado mes de marzo.

Sus representantes pusieron sobre la mesa la “avalancha” de licitaciones -hasta 229 contratos- que se produjo una vez que entró en vigor la ley, que “perjudicó” a las empresas al ver “limitada su capacidad de respuesta”. “Si las actuaciones se hubiesen licitado en tiempos espaciados”, las empresas hubieran podido presentar sus ofertas “a un mayor número de contratos, con lo que hubiera aumentado la probabilidad de optar a ellos”.El precio, único factorA juicio de las consultoras de ingeniería y de las constructoras, otro de los aspectos más destacables de la esta ley es que, a pesar de que se establece que la adjudicación de las ofertas, debe responder a una mejor relación calidad-precio, con objeto de evitar contratos irrealizables por precio; no obstante, “muchas licitaciones siguen siendo el precio el único factor determinante en la adjudicación”. Ignacio Sánchez de Mora, por Asica, como Ana Chocano, por parte de Ceacop, pusieron otros ejemplos de las repercusiones negativas de la ley, como que en que “en muchos casos no está bien definida la baja temeraria, como es el caso de las licitaciones de Aena. Esta empresa sigue adjudicando al precio más bajo a través de las subastas electrónicas sin límites”. Ambos dirigentes patronales, insistieron ayer en que la nueva normativa no ha mejorado el panorama de la contratación pública. “Esta nueva ley no ha cambiado en lo sustancial gran cosa, ya que se sigue optando en la mayoría de los casos por una subasta encubierta y además sin atajar las grandes bajas a las que nos vemos obligados las empresas a licitar, porque no se está aplicando de forma totalmente correcta por parte de los órganos de contratación”, subrayaron.Lastre para las empresasPara las empresas del sector, la nueva normativa ha introducido en los contratos públicos consideraciones de tipo social, medioambiental o de innovación, que estan “supeditadas” a que se relacione con el objeto del contrato a celebrar. “Pero a menudo no lo están, y suponen un lastre para la empresa que tiene que ejecutar el contrato, cargándoles con unos gastos que no les corresponden”, advierten. Además, deben “lidiar” con la dificultad que existe para la presentación de las ofertas de modo electrónico como establece la norma. Según explicaron ayer, existe “una desorganización generalizada que impiden entregar las ofertas electrónicamente”. La otra gran batalla de las empresas de construcción e ingeniería es la competencia desleal de las empresas públicas. En la nueva normativa se recoge la limitación de encargos a los empresas y agencias públicas, pero esta situación sigue “sin resolverse”.