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Sevilla: Análisis Juan Espada. Alcalde de Sevilla. Sevilla, una ciudad para invertir

Diario de Sevilla

  • El regidor socialista repasa todos los proyectos puestos en marcha en la ciudad y que marcan la hoja de ruta para el Plan Estratégico 2030

Una ciudad avanza cuando los planes de inversión de las empresas y los de la administración pública se coordinan bien en un gran esfuerzo colectivo. ¿Ése es el caso de Sevilla? Para responder a esta pregunta echemos un rápido vistazo a la situación actual.

En Palmas Altas, junto a los barrios de Los Bermejales, Heliópolis y Bellavista está a punto de concluir la mayor inversión privada que está ahora mismo en marcha en Andalucía. En el otro extremo de la ciudad, en el Higuerón Sur, junto a Pino Montano, Mercadona va a abrir su primer gran centro de venta on line de la comunidad autónoma y uno de los primeros de España. En Torreblanca y Sevilla Este, a la vez que toman forma proyectos de cientos de nuevas viviendas, Endesa está ejecutando una de sus mayores inversiones actuales con más de 50 millones de euros para soterrar la línea de alta tensión y recuperar espacios públicos para los vecinos mientras prepara una inversión aún mayor para hacer de Cartuja un parque tecnológico autosuficiente energéticamente pionero en España. En San Pablo, Emasesa, 100% pública, culmina este mes el mayor depósito de retenciones de Andalucía y una de las mayores infraestructuras hidráulicas urbanas de los últimos años; y a unos metros, tras una Avenida del Greco transformada por completo, la Fundación Cruzcampo culmina su centro gastronómico y su espacio de empleo que será la antesala de la transformación del entorno.

El Puerto sigue creciendo, la Zona Franca capta nuevas empresas y las instalaciones de los antiguos Astilleros están copadas casi al completo por empresas de construcción naval o de molinos eólicos. Mientras tanto, el aeropuerto inicia este verano el mayor plan de obras de las últimas décadas para dar respuesta a su enorme crecimiento y en las proximidades Ryanair construye el primer hangar para la reparación de su flota de aeronaves, un subsector que abre un potencial nicho de mercado aún no explotado por nuestra industria aeronáutica. Santa Justa, por su parte, ha reordenado todo su entorno con suelos residenciales y terciarios a la espera de la llegada del Metrocentro. En Ramón Carande una empresa invierte 70 millones de euros en una residencia de estudiantes de primer nivel; y a las puertas de Triana, Torre Sevilla se encuentra ya a pleno rendimiento. A sólo unos metros del nuevo Caixaforum, la Comisión Europea arranca su proyecto para construir la sede de su centro de investigaciones y la universidad ha iniciado las obras para el edificio de la Escuela Politécnica, dos nuevos impulsos para el Parque Científico y Tecnológico Cartuja que se ha consolidado como la auténtica imagen de la innovación made in Sevilla. Persán amplía sus instalaciones en el entorno de Palmete y en Hytasa se avanza en la ejecución de un gran centro de economía circular e innovación social con proyectos singulares. Las Naves de Renfe arrancan sus obras en San Jerónimo como nuevo centro de emprendimiento, y en Los Remedios, mientras el acuerdo con Altadis está cada vez más cerca, Batán está a punto de culminar su tramitación ambiental para que la ciudad avance hacia el puerto con nuevos usos no industriales que cualificarán ese entorno.

De Norte a Sur, de Este a Oeste. En Sevilla estamos consiguiendo entre todos ese equilibrio entre la inversión pública y la privada que necesita la ciudad para lograr la reactivación económica y el crecimiento del empleo. Somos una ciudad atractiva para las inversiones en distintos sectores, y hemos conseguido arrancar el motor de la inversión pública municipal, que estaba apagado. Así lo señala el último informe del Círculo de Empresas Andaluzas de Consultoría, Construcción y Obra Pública (Ceacop), que sitúa al Ayuntamiento y sus empresas como uno de los que lidera la recuperación de las adjudicaciones de obra pública. Aún estamos esperando a otras administraciones.

El año 2018, gracias a esta combinación de inversión pública y privada, se cerró con un volumen récord en la última década en licencias de obras. Más de 310 millones de euros en grandes proyectos que solicitaron 2.600 licencias y declaraciones responsables. Es el doble que cualquier año del periodo 2011/15. Y en los sectores más diversos: centros comerciales, espacios logísticos, innovación, equipamientos sanitarios, astilleros y el puerto, sector turístico…. Durante ese mismo año se tramitaron 2.200 licencias para nuevas viviendas, diez veces más que entre los años 2012 y 2014, un crecimiento que ahora se verá complementado con el nuevo plan municipal de vivienda que arranca.

Estamos, además, agilizando los trámites administrativos a la hora de la concesión de las licencias para la apertura de negocios o a la ejecución de proyectos, facilitando así el emprendimiento, y hemos demostrado una gran capacidad de diálogo con el sector privado y con otras administraciones para desbloquear proyectos privados o público privados largamente enquistados.

Tenemos, como ciudad, que reivindicar este potencial. Contamos con un Ayuntamiento serio, riguroso, estable y saneado. Un sector privado pujante, con fuerza e ideas. Y una sociedad dispuesta a crecer y a mantener e incrementar progresivamente el peso que debe tener Sevilla en Andalucía y en España. Desde Sevilla lideramos una provincia que es la cuarta que más aporta al PIB nacional, sólo superada por Madrid, Barcelona y Valencia, y eso requiere que administraciones públicas y sector privado sigamos trabajando juntos con un modelo equilibrado y sostenible medioambiental y socialmente. Pero sostenible también por la búsqueda permanente de la diversificación de nuestro tejido productivo, de manera que nuestra economía se vuelva más fuerte frente a futuras crisis. Porque hemos aprendido del pasado.

Sigamos por tanto avanzando juntos buscando desde la unidad y la seguridad jurídica que esta reactivación económica venga acompañada de las infraestructuras que se requieren, de un modelo económico sostenible que apueste por la innovación y la especialización, de una reducción más acelerada aún del desempleo y, sobre todo, de un equilibrio social que permita que Sevilla ponga fin de una vez a las desigualdades que persisten desde hace ya demasiado tiempo. Para eso tenemos que fijar entre todos esa hoja de ruta compartida y ambiciosa para los próximos años que requiere la ciudad: el Plan Estratégico Sevilla 2030.




El volumen de inversión pública en Andalucía crece un 18% pero aún equivale al de 2001

El Confidencial

  • La patronal Ceacop certifica que los recursos de todas las AAPP para infraestructuras crecen en 2018 por segundo año. La nueva ley de contratos públicos dejó muchos de ellos desiertos

Cambio de tercio en el objeto de las críticas de los constructores andaluces, que llevan una década reivindicando sin descanso el alza en los presupuestos de obras públicas a todas las administraciones. Si tradicionalmente la patronal independiente Ceacop señalaba a la Junta de Andalucía como administración que menos esfuerzo venía realizando en infraestructuras, ahora es el Estado central quien ha recibido el grueso de las críticas. Todo en un año 2018 en el que, según el ya tradicional informe anual de adjudicaciones de esta asociación, la inversión agregada de todas las administraciones creció por segundo año consecutivo hasta 1.325 millones, un 18% más. Un nivel que, pese a aumentar, es aún bajísimo y equivale al del año 2001.

Es de hecho la tercera cifra más baja desde que arrancó el siglo. El informe, presentado ayer miércoles por la presidenta de Ceacop, Ana Chocano, sigue señalando al nivel de 2.500 millones anuales incluidas todas las administraciones como cota mínima para generar nuevas infraestructuras y mantener o modernizar las existentes. Un nivel al que no se ha llegado en los últimos ocho años. En concreto, y sobre las inversiones estatales, estas suponen 266 millones y han crecido un 21% respecto a 2017. Pero esa cifra es la tercera más baja de toda la serie desde 2001. Es cierto que Fomento eleva sus adjudicaciones (un 33% hasta 229 millones), pero el resto de departamentos ofrece unas cifras muy reducidas.

“Con un presupuesto ínfimo, el ministerio responsable de las obras medioambientales, el actual ministerio para la Transición Ecológica, destinó 14 millones a las obras de su competencia. Teniendo en cuenta que este ministerio es el responsable de la protección del litoral, la gestión del río Gualdaquivir o de obras de abastecimiento, esta inversión se queda muy por detrás de las necesidades de mejora y desarrollo de estas partidas”. Así ejemplifican los constructores la escasa dotación para infraestructuras empleada por el Gobierno central en Andalucía aparte del departamento que dirige José Luis Ábalos. Siete de los nueve departamentos ministeriales que adjudicaron obras en 2018 no llegaron a los 6 millones de euros.

Las administraciones locales, en año preelectoral, han sido las que más han tirado del carro, y se sitúan en primer lugar. “Solo las adjudicaciones municipales suponen el 42% de la inversión total en la comunidad autónoma, destinado 567,9 millones de euros a obra pública. Y esto a pesar de tener menos competencias en el ámbito de las infraestructuras, y en teoría, menos recursos que los ministerios y consejerías”, señala el comunicado que acompaña al informe. Los ayuntamientos de Málaga y Sevilla han sido los que han destinado mayores partidas a la mejora de infraestructuras municipales. En ambas provincias se han adjudicado actuaciones por valor de 160 millones de euros destinados principalmente a la conservación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas y mejoras en instalaciones. En el otro extremo se sitúan las provincias de Jaén, Almería y Huelva.

Por lo que respecta a la Junta, varias de cal y varias de arena. En la parte positiva, que el departamento de Fomento casi duplicó la inversión realizada en 2017, aunque se queda en una cifra aún escasa en términos históricos: 142 millones. Sobre el otro gran departamento inversor, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ceacop vuelve a insistir en que se destinen a obras hidráulicas los recursos anuales que recauda la Junta por el canon del agua en todos los recibos.

“La consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dispone de 120 millones de euros anuales a través del canon del Agua, destinados a ejecutar las 300 obras de interés general incluidas en el Plan de Depuración y Saneamiento de Andalucía. Sin embargo, una parte importante de estos fondos no se están empleando, ya que sta consejería sólo ha adjudicado 83,6 millones de euros que se han repartido tanto entre obras de depuración y saneamiento como de otra tipología: limpieza de cauces, protección de márgenes o arreglo de caminos rurales”.

Efecto de la nueva ley de contratos públicos
Junto a las puras cifras, Ceacop también ha evaluado el impacto de la entrada en vigor a inicios de 2018 de la nueva ley de contratos del sector público. El resultado fue, inicialmente y por parte de todas las administraciones, la licitación acelerada de un gran número de contratos antes de esa entrada en vigor. Ello obligó a muchas empresa a elegir a cuál concurrir ante la falta de capacidad económica para asumir las garantías financieras de todos ellos al ser de golpe. “Observamos que el número de obras desiertas se ha triplicado, y el número de contratos desistidos se ha duplicado respecto a 2017. Estas cifras vienen a evidenciar deficiencias en la gestión y la falta de adecuación en los contratos a la nueva normativa”. Ceacop ya criticó a inicios del pasado año que se estaba produciendo esa acumulación de licitaciones y del impacto que iba a tener para las pymes.

Además, se critica desde esta patronal no integrada en la CEA (la CEOE andaluza), “la nueva Ley establece una serie demejoras para garantizar la concurrencia de las pymes a los contratos, pero estas nuevas medidas suponen costes añadidos, que deben asumir las empresas, y que dan como resultado que se siga adjudicando en función del precio y no a la mejor relación calidad precio como señala la nueva norma”.




«La Junta de Andalucía tiene en un cajón 300 millones sin gastar que aún no ha encontrado»

Abc

  • La patronal de la construcción denunucia que la administración cobra impuestos para construir depuradoras que luego no ejecuta

La Junta recauda cada año decenas de millones de euros de los andaluces en su recibo del agua para cumplir con el mandato de la Unión Europea de depurar y sanear el agua que se consume. Sin embargo, denuncian desde Ceacop, la administración andaluza por ahora no ha construido las depuradoras que deberían haber acometido con ese dinero.

«En Andalucía hay 120 millones de euros que recauda la Junta para la construcción de depuradoras y Europa nos está sancionando por no tenerlas hechas. Resulta que la Consejería que tiene esa atribuciones solo adjudica 83 millones de los 120 de los que dispone», denuncian en Ceacop. Para colmo, de esos 83 millones que sí gasta, «no lo hace al cien por cien en la construcción de depuradoras porque también se destina ese dinero a redacción de proyectos o a limpieza de cauces», explica la presidenta de la patronal de la construcción, Ana Chocano.

«Han dejado ociosos este año 40 millones de euros; 60 en 2017; más de 50 en 2016… Nos ponemos a sumar y al final hay una caja por ahí en la Junta que parece que nuevo Gobierno aún no ha descubierto y que tiene 300 millones de euros para destinar en obras de depuración y saneamiento», indica Chocano, quien pide a la Junta que busque ese dinero y «nos den trabajo. Queremos trabajar. Si hay un nicho donde hay dinero, empléese».

Los constructores recuerdan que el dinero destinado a depuradoras no puede dedicarse a nada más: «Es un dinero finalista, no se puede dedicar a otra cosa», explicó el secretario general de Ceacop, Daniel Fernández, quien insistió en que la Consejería de Medio Ambiente -hoy Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural- está recaudando decenas de millones pero invierte solo una parte.

Impuestos
«Para nosotros es dramático. Pagamos impuestos para tener una inversión en depuración y tratamiento de aguas y al mismo tiempo todos los ciudadanos pagamos sanciones que nos impone ya la Unión Europea», indicó Fernández, lo que demuestra «una incompetencia absoluta de la administración que recauda el dinero vía impuestos, no es capaz de ejecutar sus infraestructuras, no se gasta el dinero y otra vez con el dinero de los ciudadanos paga las sanciones que nos impone Europa».

El secretario general de Ceacop añade el hecho de que Andalucía «sigue contaminando y sin adecuar las aguas que pueden ser reutilizadas en Agricultura y otras necesidades porque somos un país con un déficit hídrico muy importante».

Las sanciones a las que se refieren en Ceacop son ya una realidad a la que se enfrentan los andaluces. Así, el año pasado la UE sancionó a la Junta de Andalucía por la falta de tratamiento en las aguas de Matalascañas, Isla Cristina, Nerja, Alhaurín el Grande, Coín, Barbate o Tarifa, donde debían haberse construído depuradoras. La multa, de doce millones, es ampliable en 10,9 millones por cada semestre de retraso en la puesta en marcha de medidas correctoras.

Denuncia
Por su parte, desde el Foro Saneamiento Costa del Sol semuestran sorprendidos de que la Junta les quiera responsabilizar a ellos de la falta de depuradoras que, aseguran, son resposabilidad del gobierno andaluz. «La Junta de Andalucía lleva desde 2011 cobrando un canon de saneamiento. Se trata de un canon solidario, y finalista. Solidario porque lo pagan todos los andaluces, tengan o no depuradoras en sus municipios. Finalista porque debe ser invertido en las depuradoras. Hasta última etapa de 2018 se estima que se han recaudado más de 600 millones de euros en Andalucía, siendo Málaga la capital que más aporta».

Explica el Foro además que «los ayuntamientos lo único que hacen es recaudar y entregar ese dinero a la Junta de Andalucía, son meros cobradores, no tienen el poder de invertir ese dinero».




Córdoba: Las entidades locales tiran de la licitación de obra pública en 2018

El Día de Córdoba

  • La inversión del conjunto de las administraciones en Córdoba crece un 9% en 2018 hasta los 118, millones de euros

La licitación de obra pública ha remontado en Córdoba a lo largo del año 2018 según el informe elaborado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción (Ceacop). Y lo ha hecho sobre todo gracias a los ayuntamientos, que han elevado sus inversiones a lo largo del año pasado.

Así, de los 118 millones de euros que las administraciones públicas dejaron en Córdoba, 39% vino de los ayuntamientos. Los consistorios, de hecho, fueron los que más dinero invirtieron en obra pública, un total de 46,3 millones de euros, según el estudio de Ceacop.

La cercanía de las elecciones municipales, –que se celebran en mayo de este año– es una de las claves por las que las entidades locales han incrementado sus recursos en licitación pública, pues la mayoría del gasto se concentra en los periodos previos a las citas electorales.

En total, el conjunto de las administraciones públicas dejaron en Córdoba 118 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% con respecto a la inversión de 2017, que se quedó en 108 millones. Córdoba se sitúa en la parte media de la tabla en cuanto al dinero que recibió de las administraciones.

A la cabeza se encuentra Sevilla, con 345 millones de euros, seguida de Málaga, con 309. El farolillo rojo del ranking andaluz es Jaén, con solo 64 millones por parte de las administraciones.

Tras los ayuntamientos, la Junta de Andalucía ha sido la administración con mejores datos en Córdoba, donde se invirtieron en 2018 un total de 38,1 millones de euros. A lo largo del ejercicio pasado, por ejemplo, se iniciaron las obras del Hospital de Alta Resolución de Palma del Río. Otro de los grandes proyectos de la Junta en Córdoba durante 2018 fue la primera fase de la reforma del Palacio de Congresos, que abrió sus puertas a lo largo del ejercicio pasado.

La Diputación de Córdoba es la tercera administración con más inversión en la provincia, un total de 26 millones de euros, según los datos de Ceacop.

LA JUNTA DE ANDALUCÍA ES LA SEGUNDA ADMINISTRACIÓN QUE MÁS HA INVERTIDO

La institución provincial cuenta con distintos programas de actuaciones y proyectos de obra pública que realiza anualmente en la mayoría de los municipios y que tienen que ver sobre todo con la mejora de carreteras e infraestructuras.

El Gobierno central sigue siendo la administración pública que menos invierte en la provincia y a lo largo de 2018 destinó 6,9 millones de euros. Solo Granada percibió menos cantidad: 4,5 millones. La obra para la salida de la A-4 es la única actuación prácticamente que ha ejecutado el Ministerio de Fomento en la provincia durante el año pasado, además de las actuaciones de mejora del asfaltado precisamente en esta autovía.

Una vez más, Sevilla se lleva el gato al agua en cuanto a inversión por parte del Estado, con 89 millones de euros, 14 veces más que Córdoba.

La provincia se sitúa prácticamente todos los años a la cola en inversión por parte del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a pesar de que sigue habiendo un número significativo de obras y equipamientos pendientes en la provincia.

Por último, las universidades invirtieron en Córdoba en 2018 un total de 644.759 euros, según Ceacop.




Fomento estudia cómo ampliar el puente del Centenario al cambiar los cordones que lo sostienen

Abc

  • El director general de Carreteras confirma que el ministerio del ramo sigue analizando cómo llevar a cabo la obra en Sevilla

El director general de Carreteras del Ministerio de Fomento sigue estudiando la ampliación del puente del Centenario de Sevilla para lo que aprovecharía la revisión de esta infraestructura y el cambio de los tirantes metálicos que lo sostienen. Así se lo ha comunicado este alto cargo del Gobierno central a Ceacop -la patronal de la construcción en Andalucía- en una reunión reciente.

El plan no es algo nuevo.Como ya adelantó ABC, el Gobierno de Pedro Sánchez se plantea la ampliación de este puente hace tiempo. Así, el año pasado el ministerio del Fomento, José Luis Ábalos, anunció de forma sorpresiva el proyecto que pretendía añadir varios carriles al puente que salva el río Guadalquivir por la parte sur de la ciudad. Entonces el departamento de Ábalos explicó que reconfigurando los tirantes y haciendo que sostuviesen el puente por el exterior se podría llegar a tener tres carriles por sentido y no dos como se tiene ahora al que se suma uno reversible.

En una respuesta planteada por el popular Ricardo Tarno, el Gobierno aclaró entonces que «se van a acometer, no solo los trabajos especiales de inspección y auscultación, sino también los de elaboración de un documento a nivel de anteproyecto, en el que se analice la viabilidad técnica y económica de la sustitución de tirantes con la alternativa de ubicarlos exteriormente a la plataforma actual para permitir un mejor aprovechamiento de ésta y que, además, sea compatible con posibles ampliaciones futuras de la estructura». De acuerdo a lo que el director general de Carreteras le ha explicado a la patronal de la construcción andaluza, el plan sigue en pie y se estudia su viabilidad.

Desde Ceacop destacan que el proyecto que pretende el Ministerio es de parecido calado al que se llevó a cabo en el puente de Rande, en Vigo. «Ese puente tenía la misma dificultad que el del Centenario de Sevilla», indican en Ceacop, de modo que, creen, es una opción «viable» el añadir más carriles.




Jaén: Jaén, a la cola en adjudicación de obra pública durante 2018

Andalucía Información

  • La provincia, con 64,6 millones contratados entre todas las Administraciones, apenas recibió el 4,8% del total andaluz

La provincia de Jaén fue duramente castigada en 2018 por la adjudicación de obra pública. En concreto, según los datos difundidos ayer por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP), la contratación de obra de todas las Administraciones públicas en la provincia fue de 64,6 millones de euros,lo que apenas supone el 4,8% del total andaluz. Además, otro dato que refleja el agravio sufrido por Jaén es que la siguiente provincia en volumen de adjudicación fue Granada, con 92,5 millones, mientras que provincias como Sevilla o Málaga recibieron contratos por más de 300 millones. En el análisis por Administraciones, la Junta de Andalucía fue la más inversora en la provincia durante el pasado año, con 31,9 millones de euros, casi la mitad del total provincial. No obstante, este porcentaje del 8,6% es el más bajo de todas las provincias andaluzas. En segundo lugar aparecen los ayuntamientos de la provincia, que contrataron por valor de 14 millones de euros, aunque su porcentaje también está a la cola en el ránking regional. La Diputación de Jaén, por su parte, adjudicó obras por 8,2 millones y es la cuarta más inversora en Andalucía, según los datos de CEACOP.

Mal parado sale también el Gobierno central, que en 2018 sólo contrató obras en Jaén por 7,2 millones de euros, el 2,7% del total andaluz (sólo por delante de Granada). Finalmente, la Universidad de Jaén (UJA) contrató obras por 2,2 millones de euros. Andalucía Por segundo año consecutivo, la contratación de obra pública creció en Andalucía. En 2018 las inversiones aumentaron alcanzando los 1.325,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 18% respecto al volumen adjudicado en 2017, año en el que la inversión se situó en 1.128 millones de euros. Gobierno central, Junta de Andalucía y ayuntamientos han aumentado sus inversiones en infraestructuras, respecto al año anterior. Pero han sido los entes locales los responsables del mayor incremento en los presupuestos. Solo las adjudicaciones municipales suponen el 42% de la inversión total en la comunidad autónoma, destinado 567,9 millones de euros a obra pública. Y esto a pesar de tener menos competencias en el ámbito de las infraestructuras, y en teoría, menos recursos que los ministerios y consejerías.




La contratación de obra pública crece en Andalucía un 18% en 2018 y alcanza los 1.325,3 millones de euros, según Ceacop

La Vanguardia

La contratación de obra pública creció en 2018 por segundo año consecutivo en Andalucía, de forma que las inversiones alcanzaron los 1.325,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 18% respecto al volumen adjudicado en 2017, que fue de 1.128 millones de euros, según el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop).

Así se desprende del Informe Anual de Adjudicaciones en Andalucía 2018 que ha presentado Ceacop este miércoles, donde se detallan las cifras de contratación en obra pública en la región por parte de Gobierno central, Junta de Andalucía, ayuntamientos, diputaciones y universidades.

Aunque tanto el Gobierno central, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos han aumentado sus inversiones en infraestructuras respecto al año anterior, han sido los entes locales los responsables del mayor incremento en los presupuestos, según informa Ceacop en una nota.

Así, sólo las adjudicaciones municipales suponen el 42% de la inversión total en la comunidad autónoma, destinando un total de 567,9 millones de euros a obra pública.

De esta manera, los ayuntamientos siguen la senda de crecimiento iniciada en 2017, y aumentan su inversión respecto a ese año en torno al 26%. Además, el 65% de los contratos fueron adjudicados a empresas andaluzas, lo que, según destaca Ceacop, lleva aparejado un “crecimiento y estabilidad” en el empleo y en el tejido productivo.

Los ayuntamientos de Málaga y Sevilla han sido los que han destinado mayores partidas a la mejora de infraestructuras municipales. Así, en ambas provincias se han adjudicado actuaciones por valor de 160 millones de euros destinados, principalmente, a la conservación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas y mejoras en instalaciones, según precisa Ceacop, que avisa de que, en el otro extremo, se sitúan las provincias de Jaén, Almería y Huelva.

LA JUNTA AUMENTA UN 21% SU INVERSIÓN

La Junta de Andalucía ocupa el segundo lugar con una inversión de 370,4 millones de euros, un 21% más que lo invertido en 2017, siendo la Consejería de Fomento y Vivienda la responsable de la mayor partida presupuestaria, al destinar 142,5 millones de euros a obra pública.

De esta manera, en 2018, la Consejería de Fomento y Vivienda recupera el liderazgo de años anteriores, “casi duplicando” la inversión de 2017, pero, según Ceacop, mantiene un presupuesto “por debajo de las necesidades de inversión real no sólo en la creación de nuevas infraestructuras, sino en el mantenimiento de las existentes, tanto en vías de comunicación como el parque público de vivienda”.

La ya desaparecida Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio queda relegada a una segunda posición con un presupuesto de 83,6 millones de euros, manteniendo en 2018 una inversión similar a la del ejercicio anterior.

Desde Ceacop recuerdan que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dispone de 120 millones de euros anuales a través del ‘canon del agua’, destinados a ejecutar las 300 obras de interés general incluidas en el Plan de Depuración y Saneamiento de Andalucía.

Sin embargo, según Ceacop, “una parte importante de estos fondos no se están empleando”, ya que esta consejería “sólo ha adjudicado 83,6 millones de euros, que se han repartido tanto entre obras de depuración y saneamiento como de otra tipología, como limpieza de cauces, protección de márgenes o arreglo de caminos rurales”.

Desde Ceacop apuntan que, a pesar de estas cifras, “se prevé que el presupuesto destinado a las obras del Plan de Depuración y Saneamiento pueden aumentar de cara a 2019, ya que un 16% de lo adjudicado en 2018 ha correspondido a contratos de ingeniería, que son la antesala a la ejecución de la obra”.

Así las cosas, las dos citadas consejerías son responsables del 61% de las inversiones destinadas por el Gobierno autonómico. Le sigue en volumen de inversión Educación, con 64,4 millones de euros, y que ha aumentado su presupuesto en un 33,1%, destinándolo principalmente a acometer mejoras en la climatización de los centros educativos y la retirada de amianto.

La Consejería de Salud ocupa el cuarto lugar, pese a bajar su presupuesto a 48,2 millones de euros, según detalla Ceacop, que valora que el 55% de los contratos adjudicados por la Junta de Andalucía lo ejecutan empresas andaluzas, y que se ha producido un reparto “muy homogéneo” entre las distintas provincias, lo cual “favorece un desarrollo simultáneo y un reparto más equitativo de la riqueza”.

GOBIERNO CENTRAL

Entre las administraciones inversoras, el Gobierno central continúa en el tercer puesto, pese a ser, según subraya Ceacop, el organismo con mayor capacidad económica. Su volumen de inversión en 2018 fue de 265,9 millones de euros, un 21% más que lo destinado en 2017.

Desde Ceacop avisan de que este presupuesto se reparte “de forma muy desigual entre las provincias, condenando a las que menos reciben a seguir a la cola en el desarrollo de infraestructuras”.

Dentro de los ministerios, el de Fomento es el principal inversor con 229 millones de euros adjudicados, aumentando un 33% su presupuesto respecto a 2017, y representando el 86,2% del total de la inversión por parte del Gobierno central.

Con un presupuesto “ínfimo”, el ministerio responsable de las obras medioambientales, el actual Ministerio para la Transición Ecológica, destinó 14 millones a las obras de su competencia, según concreta Ceacop, que considera que, siendo dicho departamento el responsable de la protección del litoral, la gestión del río Gualdaquivir o de obras de abastecimiento, esta inversión se queda “muy por detrás de las necesidades de mejora y desarrollo de estas partidas”.

El resto de ministerios realizaron inversiones por cuantías inferiores a los seis millones de euros, según el estudio de Ceacop, que destaca que en 2018 ha aumentado el número de contratos desiertos y desistidos.

Así, un año después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ceacop observa que el número de obras desiertas se ha triplicado, y el número de contratos desistidos se ha duplicado respecto a 2017.

Para Ceacop, estas cifras “vienen a evidenciar deficiencias en la gestión y la falta de adecuación en los contratos a la nueva normativa”. Además, señala que “la avalancha de licitaciones que se produjo días previos a la entrada en vigor a la nueva Ley perjudicó a las empresas que vieron limitada su capacidad de respuesta”.

Si las actuaciones “se hubiesen licitado en tiempos espaciados, las empresas hubieran podido presentar sus ofertas a un mayor número de contratos, con lo que hubiera aumentado la probabilidad de optar a ellos”, según Ceacop, que destaca que la nueva ley establece una serie de mejoras para garantizar la concurrencia de las pymes a los contratos, pero “estas nuevas medidas suponen costes añadidos, que deben asumir las empresas, y que dan como resultado que se siga adjudicando en función del precio y no a la mejor relación calidad precio como señala la nueva norma”.




La obra pública creció en 2018 hasta alcanzar los 1.325 millones de euros

Expansión

La adjudicación aumentó un 18% más que en 2017 con los ayuntamientos como los organismos públicos más inversores, por delante del Gobierno central y de la Junta de Andalucía.

La contratación de obra pública creció en Andalucía por segundo año consecutivo. En 2018 las inversiones aumentaron alcazando los 1.325,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 18% respecto al volumen adjudicado en 2017, año en el que la inversión se situó en 1.128 millones de euros.

Gobierno central, Junta de Andalucía y ayuntamientos han aumentado sus inversiones en infraestructuras, respecto al año anterior, según el informe anual de adjudicaciones en Andalucía del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP), donde se detallan las cifras de contratación en obra pública en la región por parte de Gobierno central, Junta de Andalucía, ayuntamientos, diputaciones y universidades.

Senda de crecimiento
Según el informe, han sido los entes locales los responsables del mayor incremento en los presupuestos. Solo las adjudicaciones municipales suponen el 42% de la inversión total en la comunidad autónoma, destinado 567,9 millones de euros a obra pública. Y esto a pesar de tener menos competencias en el ámbito de las infraestructuras, y en teoría, menos recursos que los ministerios y consejerías. Los ayuntamientos siguen la senda de crecimiento iniciada en 2017, y aumentan su inversión respecto a ese año en torno al 26%. Además el 65% de los contratos fueron adjudicados a empresas andaluzas, lo cual lleva aparejado un crecimiento y estabilidad en el empleo y en el tejido productivo. Los ayuntamientos de Málaga y Sevilla han sido los que han destinado mayores partidas a la mejora de infraestructuras municipales. En ambas provincias se han adjudicado actuaciones por valor de 160 millones de euros .

La Junta de Andalucía ocupa el segundo lugar con una inversión de 370,4 millones de euros, un 21% más que lo invertido en 2017. La consejería de Fomento es responsable de la mayor partida presupuestaria al destinar 142,5 millones de euros a obra pública.

Ceacop destaca positivamente que el 55% de los contratos adjudicados por la Junta lo ejecutaron empresas andaluzas y que se ha producido un reparto muy homogéno entre las distintas provincias,,

El Gobierno central sigue postergado al tercer puesto. Aun siendo el organismo con mayor capacidad económica, su volumen de inversión en 2018 fue de 265,9 millones de euros, un 21% más que lo destinado en 2017.

Aumentan los contratos desiertos y desistidos
Ceacop en su informe destaca negativamente cómo en 2018 ha aumentado el número de contratos desiertos y desistidos como consecuencia de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. El informe observa que el número de obras desiertas se ha triplicado, y el número de contratos desistidos se ha duplicado respecto a 2017. Estas cifras vienen a evidenciar deficiencias en la gestión. La avalancha de licitaciones que se produjo días previos a la entrada en vigor a la nueva ley perjudicó a las empresas que vieron limitada su capacidad de respuesta. Si las actuaciones se hubiesen licitado en tiempos espaciados, las empresas hubieran podido presentar sus ofertas a un mayor número de contratos, según Ceacop.




La inversión en infraestructuras en Andalucía alcanza los 1.325 millones, un 18% más que en 2017

Abc

  • Los ayuntamientos son los que cargaron con el grueso del gasto en obra pública, según la patronal del sector, Ceacop

La inversión en obra pública en Andalucía subió el año pasado un 18%, encadenando subidas por segundo año consecutivo y alcanzando los 1.325 millones de euros.

Según el informe de Ceacop, la patronal de los constructores andaluces, los ayuntamientos son los que más invierten en infraestructuras seguidos de gobierno central y junta de Andalucía.

Por ayuntamiento, son Málaga y Sevilla los que más dinero han invertido en obra pública. La junta, por su parte, invirtió el pasado año 370 millones, un 21% más que en el año anterior.

Según han explicado desde Ceacop, la Junta de Andalucía es el segundo inversor en obra pública en la comunidad, con 370,4 millones de euros, «un 21 por ciento más de lo invertido en 2017». Por departamentos, es la Consejería de Fomento la que más dinero gasta en estas partidas -142,5 millones en el año pasado-, seguido de Medio Ambiente -83,6 millones de euros en 2018.

Para Ceacop, sin embargo, hay un problema en la partida presupuestaria de Medio Ambiente para obra pública. Explican que ese departamento recauda anualmente 120 millones de euros por impuestos para depuración de agua del que no gasta todo el dinero. «Hay 300 millones de euros en los cajones de la Junta que no se han gastado y era para depuradoras», explican desde la patronal de la construcción en Andalucía.

Así, denuncian que el 2018 dejaron de gastar 40 millones; en 2017 fueron 60 millones de euros; en 2016, 50… «La Junta se va a encontrar con que tiene al menos 300 millones que no ha gastado», se quejan en Ceacop.

Gobierno central
Segúnel informe de Ceacop, en inversiones el Gobierno central «sigue postergado al tercer puesto». Así, «aun siendo el organismo con mayor capacidad económica, su volumen de inversión en 2018 fue de 265,9 millones de euros, un 21% más que lo destinado en 2017. Además este presupuesto se reparte de forma muy desigual entre las provincias, condenando a las que menos reciben a seguir a la cola en el desarrollo de infraestructuras», explican.




Los ayuntamientos copan el 42% de la inversión en obra pública en Andalucía

Diario de Sevilla

  • Las adjudicaciones suben un 18% en 2018, hasta 1.325 millones, cifra lejana de los años precrisis
  • La patronal Ceacop dice que el gasto debería ser de 2.500 millones para ser aceptable

Por tercer año consecutivo, los ayuntamientos lideran la inversión en obra pública en Andalucía, y lo hacen además de forma muy significativa. Así, de los 1.325,3 millones que las Administraciones adjudicaron a las empresas en 2018, 567 correspondieron a las entidades locales, el 42% del total, según el informe presentado por la patronal del sector, el Círculo de Empresas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). También los municipios son los que más elevan su esfuerzo inversor, un 26%, frente al 21% de la Junta y el Gobierno central, y ello “a pesar de tener menos competencias en infraestructuras y, en teoría, menos recursos”, señala Ceacop.

En términos globales, las adjudicaciones en Andalucía continúan la senda de crecimiento ya registrada en 2017, y tras el fatídico 2016. La inversión total asciende a 1.325,3 millones de euros, un 18% más, una cifra que, según Daniel Fernández Menéndez, secretario general de Ceacop, está aún en el 40% “de la inversión tradicional en Andalucía”. “Entendemos –continúa– que 2.500 millones sería lo necesario para acometer las infraestructuras pendientes y conservar las ya existentes”.

MEDIO AMBIENTE INVIERTE 83 MILLONES PESE A RECAUDAR 120 MILLONES POR EL CANON DEL AGUA

La Junta de Andalucía recupera algo el pulso con 370,4 millones de euros, un 21% más, con Fomento doblando su apuesta hasta los 142,5 millones, aunque, según Ceacop aún “en un nivel muy por debajo del que tendría que estar”. La antigua Consejería de Medio Ambiente mantiene una inversión de 83,6 millones, similar a la del año pasado, que contrasta con los 120 millones que recauda por el llamado canon del agua, un impuesto destinado a sufragar obras de depuración. “Al mismo tiempo, estamos pagando sanciones europeas por no cumplir con nuestra obligación de depurar las aguas, lo que denota la incompetencia administrativa”, señala Fernández Melendez.

Otro elemento negativo, en lo que se refiere a la Junta, es la inversión en sanidad, que baja a 48,2 millones de euros, “y las listas de espera también se quitan con gasto en infraestructuras”, señala el secretario de Ceacop

Respecto al Gobierno central, que adjudicó 265 millones, un 21% más, prácticamente todo, un 86% corresponde a Fomento, y llama la atención la raquítica aportación de Medio Ambiente (ahora Transición Ecológica), de sólo 14 millones de euros, “el peor dato del informe”, ya que este departamento se encarga del cuidado de las playas, las costas, la cuenca del Guadalquivir y de depuradoras de interés general, como la de Nerja, “que no se están acometiendo”.

EL 65% DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS FUERON ANDALUZAS, EL MAYOR PORCENTAJE DESDE 2001

Para este año, sin cifras cerradas, se nota ya un parón evidente. El cambio de equipos en el Gobierno andaluz, el parón electoral en el central y la ausencia aún de presupestos en ambas administraciones han paralizado las adjudicaciones, lo que hace que la segunda mitad de año necesite un fuerte impulso para superar las cifras de 2018.

Ceacop destaca, por otro lado, que el porcentaje de empresas andaluzas adjudicatarias se haya situado en el 65%, el mayor porcentaje de la serie estadística, que comienza en 2001. Esto ha beneficiado, más o menos, a 800 empresas andaluzas y se aleja mucho del porcentaje del 60-70% tradicional que correspondía a firmas nacionales.

Según Ana Chocano, presidenta de Ceacop, “cuanto más se aleja una administración del ciudadano más disminuye el porcentaje de negocio para una empresa andaluza”, aunque este año el Gobierno central ha pasado del 30% al 44% para firmas de aquí, sin que la cifra absoluta sea especialmente significativa (120 millones).

Faltan profesionales formados
Según Ceacop, “hay un problema importante con la formación”, ya que para las empresas resulta bastante difícil encontrar perfiles adecuados tras diez años de parón en el que muchos abandonaron el sector. En un momento de repunte de la construcción, no se encuentran jóvenes que no estén preparados sencillamente porque no han tenido donde formarse. “Está la Fundación Laboral de la Construcción, sí, pero está fracasando”, dice Fernández Meléndez, que señala que la media de edad de los trabajadores es cada vez mayor. Por eso, la organización pide –ya lo ha comunicado a la Consejería de Empleo– una FP reglada para este tipo de trabajos, a lo que en principio la Junta parece estar receptiva.

La estrategia de retrasar las facturas
Después de que la legislación obligara a las administraciones a pagar en un plazo establecido a sus proveedores, la morosidad cayó significativamente, pero el año pasado se detectó un repunte gracias a un truco cada vez más usado. Según informa Ana Chocano, presidenta de Ceacop, “ahora se fuerza a las empresas a retrasar la facturación para así evitar incumplir la ley”. También denuncia Ceacop que las administraciones “no están entendiendo la ley de contratos”, entre otras cosas porque se están exigiendo cláusulas sociales pero se mantiene el criterio de la oferta más económica, algo contradictorio. Una de las consecuencias es que se ha triplicado el número de contratos desiertos –a los que no ha acudido ninguna empresa–, que ha pasado de 42 a 130.