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Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga, Madrid-Granada… El tren en Andalucía mira al norte

La llegada del primer AVE nacional desde Madrid a Sevilla hace ya 30 años cambió las comunicaciones entre Andalucía y la capital de España, y ayudó además a proyectar la imagen de modernidad que se buscaba en el 92, año de la Expo y los Juegos Olímpicos.

Desde entonces, en Andalucía, el tren de alta velocidad ha llegado también de Madrid a Málaga (año 2007) y de Madrid a Granada (2019), pero ese gran logro ha ocultado otras dos realidades: el recorte de los servicios ferroviarios de media distancia, que daban asistencia a muchos municipios andaluces, y la falta de conexiones transversales que unan un territorio tan extenso como Portugal.

Empresarios y colegios profesionales lamentan la falta de conexión ferroviaria transversal en Andalucía y apoyan la idea del presidente de la Junta de retomar el AVE Sevilla-Málaga

Hace años que este debate está abierto y la propia Junta de Andalucía, presidida entonces por Manuel Chaves, impulsó en 2004 el denominado Eje Transversal Ferroviario de Andalucía, una obra en la que pretendía reforzar la vertebración territorial con una conexión de Alta Velocidad entre las capitales andaluzas.

Gobierno central y regional firmaron un acuerdo por el que los tramos Huelva-Sevilla, Antequera-Granada y Granada-Almería, correspondían al Ministerio de Fomento, mientras que el trayecto Sevilla-Antequera estaba siendo ejecutado por la administración autonómica.

Sin embargo, diez años después, en 2014, la Junta paralizó el proyecto tras haber invertido 280 millones en buena parte de sus plataformas, y se vio obligado a devolver un préstamo de 180 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Desde entonces, la deficiente conexión ferroviaria entre las capitales andaluzas se ha convertido en una de las denuncias recurrentes tanto de usuarios y ayuntamientos como de la propia Junta, cuya consejera de Fomento, Marifrán Carazo, lleva cuatro años animando al Gobierno central a “repensar el ferrocarril” en Andalucía, y hasta se ha ofrecido a que la administración autonómica gestiones los servicios de tren sin ser de su titularidad.

El mejor ejemplo de esa falta de conexión entre capitales andaluzas lo padecen a diario los viajeros de Málaga y Sevilla. Ambas provincias suponen el 45% del PIB regional, por lo que el flujo de personas y de mercancías es constante, pero ambas viven de espaldas en materia de transportes. Hace 20 años que se prometió un AVE que uniría las dos ciudades en unos 50 minutos. Sin embargo, la paralización del proyecto del Eje Transversal en 2014 dejó la idea en un cajón y los viajeros entre ambos puntos deben pasar por Córdoba, lo que suponen dos horas de trayecto.

El Gobierno de Mariano Rajoy, ante la demanda ciudadana de ambas capitales, se decantó por la solución más barata de las posibles: aprobó la construcción de un pequeño corredor (bypass) en el municipio de Almodóvar del Río que evita entrar en la capital cordobesa y permite ahorrar poco más de 10 minutos.

Este bypass, de solo 1,7 kilómetros de distancia en las afueras de Córdoba, fue aprobado por el Ministerio en 2017 y cinco años después sigue en obras y sin fecha de inauguración, según reconocen desde Adif, que argumentan el retraso en nuevas mejoras en esa conexión que no estaban previstas en el proyecto inicial.

Esta semana, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, volvía a denunciar que “el ferrocarril es el mayor déficit de infraestructuras que tiene Andalucía” y subrayó que “la peor red de la región es la transversal, de este a oeste”. De hecho, se refirió también a la conexión directa Sevilla-Málaga y aseguró que su Gobierno “estudia” este proyecto.

Sus declaraciones han vuelto a suscitar la reacción tanto de los grupos políticos como de empresarios y colectivos sociales y profesionales. En el caso del PSOE, el partido que lidera la oposición en Andalucía, su secretario general, Juan Espadas, ha querido recordar que son prioritarias las conexiones en los extremos de Andalucía, Huelva-Sevilla, y Almería-Granada, aunque el alcalde hispalense, Antonio Muñoz, también socialista, ha acogido con agrado la iniciativa del presidente andaluz.

Los empresarios andaluces llevan años reclamando tanto la conexión directa Málaga-Sevilla como el resto de infraestructuras ferroviarias pendientes. La gerente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Ana Estella, celebra el anuncio de Juanma Moreno y pide que se vaya más allá, presentando “proyectos con planificación presupuestaria que permitan concluir las infraestructuras y no quede todo en promesas incumplidas”.

En ese sentido, recuerda que “el Corredor Mediterráneo sigue siendo una asignatura pendiente, que se traduce en pérdidas económicas para nuestra comunidad. No es posible el aislamiento ferroviario de algunas ciudades, el caso de Marbella, capital de la costa del Sol, o Almería, huerta de Europa; etc”.

Hay que hacer un enorme esfuerzo en conectar de manera rápida y cómoda por ferrocarril

La representante empresarial considera “primordial la ejecución de todas las infraestructuras ferroviarias que permitan la conexión entre las ciudades y sus nodos logísticos, lo que permitirá aumentar el tráfico de mercancías, no solo de personas, y aliviar las vías convencionales, colapsadas en muchos puntos de la geografía“.

También la plataforma social Civisur, asociación que agrupa a profesionales de Málaga y Sevilla, ha mostrado su apoyo a que se recupere esta vieja aspiración de conectar por AVE ambas ciudades.

Esta obra también se encuentra entre las infraestructuras prioritarias que cada año presenta el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, que insiste en que “hay que hacer un enorme esfuerzo en conectar de manera rápida y cómoda por ferrocarril al menos las capitales andaluzas, de manera que contribuyamos a quitar vehículos de nuestras carreteras y desciendan las emisiones de CO₂“.

Esta organización también reivindica la “conexión de los puertos andaluces, de los más importantes del país, a la red ferroviaria con la ejecución urgente de los tramos de los Corredores Mediterráneo, Atlántico y Central, que permitirán el flujo de mercancías con Europa”, a la vez que recuerda que “otro tema ferroviario olvidado en Andalucía son las Cercanías, donde está casi todo por hacer”.




“Cómo valora la integración y la aportación de las mujeres en el mundo de la construcción”

Ana Estella Pérez.  Gerente de CEACOP

A pesar del largo camino recorrido y del incuestionable papel de la mujer en la ingeniería actualmente, todavía asistimos a una realidad: la baja representación de las mujeres en el sector de la construcción, más significativamente a pie de obra.

Los estereotipos como que este es un oficio para hombres, que es trabajo muy pesado y físico, que es complicado porque requiere mucha dedicación (horas y horas fuera de casa), son solo algunos de los motivos para retrasar la equidad que ya se ha logrado en otros campos profesionales. Obstáculos que solo se pueden vencer desmontándolos. Y es que ser ingeniero no es cuestión de género, sino de tener las capacidades y cualidades necesarias para desarrollar esta profesión. Se pueden adquirir durante la trayectoria laboral, pero en la mayoría de los casos van intrínsecas a la persona. Para mí, una de esas cualidades es el ingenio para afrontar los retos, tanto en el diseño como en la construcción de proyectos, y sin duda la capacidad de adaptación a entornos, a veces hostiles.

Después de años de andadura profesional, puedo afirmar que no es fácil progresar en un sector tan masculinizado, pero también que cuando nos enfrentamos a un proyecto constructivo (redacción y construcción) lo importante no es quién lo firma, sino el resultado final. Y así queda demostrado en el trabajo realizado por nuestras antecesoras, en este sentido destacar que en 2023 se cumplen 50 años que se tituló la primera mujer como Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, Carmen de Andrés Conde; y así lo seguimos manifestando las mujeres que hoy día desarrollamos nuestra carrera profesional en este mundo.

Desde mi experiencia (que abarca desde jefe de obra hasta la gerencia de una asociación empresarial) cualquiera, independientemente de su género, con un perfil profesional y personal adecuado puede dedicarse a este sector. Cierto es que conlleva un nivel de exigencia y responsabilidad muy elevado en cualquiera de los niveles en los que se interviene en un proceso constructivo, pero que reporta grandes dosis de satisfacción con cada reto superado.

Por lo tanto, dedicarse o no al mundo de la construcción, desde mi punto de vista, es una cuestión de elección.

El texto también lo puede encontrar publicado en el último número de Andalucía Inmobiliaria:

https://andaluciainmobiliaria.es/ai-numero-162/




Andalucía cierra el año con 4.300 empresas disueltas

  • La construcción es el sector más afectado debido a la subida de los costes de materiales por encima de un 30%
Después de la pandemia del Covid-19, la economía se recuperó a una velocidad de vértigo. Sin embargo, la buena perspectiva de 2021 –cuando la economía española creció un 5,5% según los datos de contabilidad del INE– no duró demasiado. La crisis energética e inflacionista ha desacelerado la economía en el último trimestre de 2022 y, de hecho, las perspectivas que maneja la Comisión Europea es que se produzca un efecto de arrastre negativo en 2023. Para el año que viene, Bruselas solo prevé que el PIB español crezca un 1%.

En este contexto, las empresas andaluzas son de las que más se han visto afectadas. Según un estudio de Informa, Andalucía es la segunda comunidad con mayor número de disoluciones, solo por detrás de Madrid. A un mes de finalizar el 2022 se han contabilizado 648 concursos y 3.689 disoluciones en Andalucía, lo que supone un 42% y un 12% más respecto al mismo periodo de 2021.

Construcción y actividades inmobiliarias y Comercio son los dos sectores que un mayor número de procesos de ambos tipos acumulan en lo que llevamos de año en la comunidad andaluza, con 118 y 128 concursos y 1.064 y 748 disoluciones cada uno. Por provincias, Málaga y Sevilla concentran la mayor parte, con 124 y 189 concursos y 1.123 y 906 disoluciones respectivamente.

Solo en el mes de noviembre 95 empresas andaluzas han entrado en concurso de acreedores, las más importantes Abengoa Energía S.A. y Abengoa Agua S.A., con una facturación de más de 200 millones de euros (242 y 229 millones respectivamente). Además, otras 360 sociedades se han disuelto. De ellas, la que más ventas suma es Avícola Garrido García S. L, con 6,6 millones de euros.

«Somos pesimistas de cara al 2023 porque el sector está con fiebre», advierte Ana Estella Pérez, gerente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP). Desde este organismo recuerdan que la subida extraordinaria de los precios de materiales de construcción, por encima de un 30%, comenzó en el segundo semestre de 2020. Y que, aunque esa subida «parece que se está moderando, no vamos a volver a los precios prepandemia», avisa Pérez. Para amortiguar la subida de costes, se buscaron herramientas que permitieran ejecutar los proyectos ya planificados. La Junta aprobó el decreto autonómico 4/2022, de 12 de abril para revisar los precios de los materiales y amortiguar ese sobrecoste de los proyectos topado a un 20%. Pero el Gobierno de España ha amenazado con un recurso de inconstitucionalidad.




La construcción necesita más trabajadores pese al aumento de afiliados

  • El presidente de Ceacop señala que hacen falta profesionales «desde la base hasta los más cualificados», considera que «no hay cantera» y advierte de que es un problema «de calado»

El número de personas afiliadas a la Seguridad Social al último día de noviembre en Andalucía es de 3.286.047, máximo histórico en dicho mes. La comunidad autónoma se ha acostumbrado a presentar cifras de afiliación por encima de los 3,2 millones e incluso ha superado los 3,3 millones en mayo de este año. Por sectores, Servicios sigue acumulando el mayor número de personas, con 2.317.107 de los afliados, seguido del sector primario (473.471) e industria (264.120). Ahora bien, el sector que más crece es el de la construcción, que cuenta con 220.921 afiliados y que ha aumentado un 6% interanual, 2,3 puntos más que la media en España (3,7%) .

Pese a este crecimiento sostenido, las empresas del sector reclaman más personal y más cualificado para hacer frente a los proyectos que tienen en cartera. Y los datos así lo avalan: hasta el mes de septiembre se han terminado 13.657 viviendas, la mayor cifra en igual período desde 2012 aunque muy lejos de las cifras registradas entre 2006 y 2008, con 98.000 viviendas terminadas en los nueve primeros meses del año.

Las 13.657 viviendas finalizadas suponen un 11,3% más que en el mismo período del año anterior, explicado por el aumento registrado en las viviendas de renta libre (11,3%); mientras que no se finalizó en el período ninguna vivienda de protección oficial, al igual que en 2021.

A todo ello hay que sumar que, según un informe de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), siete de cada diez euros de los fondos europeos de reconstrucción están vinculados a proyectos de construcción. De hecho, ya advirtieron hace un año que para que España pudiera ejecutar el volumen de fondos asignados sería necesario que se contrataran a unos 700.000 trabajadores. Este mismo mes han ratificado su pronóstico y consideran que el sector debería aumentar un 53% su personal, hasta alcanzar los 2 millones de empleados frente a los alrededor de 1,3 millones que ejercen en la actualidad.

Desde el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), su presidente Carlos López considera que el sector tiene «un problema de calado» porque cada vez es más complicado encontrar personal. Una situación que se extiende «desde la base del peón hasta los oficios más cualificados» que se necesitan para desarrollar un proyecto, como arquitectos o ingenieros.

El presidente de Ceacop sitúa el origen del problema en la anterior crisis económica, que señaló a la construcción como origen de la misma y «arrasó con el 80 por ciento del tejido productivo» . Pese a que ha transcurrido más de una década desde entonces, el sector se ha quedado «sin cantera» y ahora hay que crearla desde cero. «Se ha perdido atractivo para crear oficio», lamenta.

Como es lógico, esta cuestión afecta especialmente a las empresas más pequeñas, que se encuentran con más dificultades para mantener a su personal.

Esta reclamación de mano de obra por parte de las empresas de construcción no es nueva. De hecho, el Estudio Andaluz de Necesidades Formativas y Planificación de la Formación para el Empleo (FPE), elaborado por la Consejería de Empleo, ya detectó en su informe esta carencia. Y, seguramente, irá a más: «En el marco de la denominada Construcción sostenible, entendida como la ejecución de construcciones respetando los principios de la economía circular, se demandan especialidades formativas relacionadas con eficiencia energética de edificios o el mantenimiento de equipos eléctricos para edificios automatizados. De entre ellas podemos destacar, Encofradores, Mantenedores, Pintores, Soldadores, Montadores de cubiertas, además de las ya mencionadas en relación con las energías renovables y la domotización, y otras con un nivel de cualificación mayor como son los Técnicos en construcción, Supervisores de la construcción, técnicos en prevención de riesgos laborales especializados en la construcción. Estas ocupaciones se vinculan al área de Proyectos y Seguimientos de Obra de la familia Edificación y Obra Civil».

También se están haciendo intentos en la formación reglada y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional cuenta con varios ciclos formativos en esta materia, así como proyectos para impulsar la Formación Profesional Dual entre empresas del sector. Pero los frutos de estas inciativas no serán inmimentes.

A todo ello hay que sumar que la construcción es un sector que también debe hacer frente a la transformación digital de la economía e incorporar nuevos perfiles laborales.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) también recuerda que el sueldo más bajo es un 30% más alto que el Salario Mínimo Interprofesional y que los contratos indefinidos suponen tres de cada cuatro.

https://www.larazon.es/andalucia/20221224/qnvgfgc2f5c73jrrqmecknrp7e.html




ENTREVISTA A ANA ESTELLA. GERENTE CEACOP “Pedimos que los discursos políticos no se queden solo en buenas intenciones ”

o La representante del Círculo de empresas constructoras y obra pública apela porque haya consenso entre las administraciones, ante la problemática del sector por la subida de los costes de la energía y de las materias primas

EL sector de la construcción y obra pública es uno de los que más duramente se está enfrentando a la situación económica actual, dentro de un contexto incierto, hostil, tal y como lo define la gerente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Ana Estella Pérez. Estas empresas están soportando de forma unilateral el gran impacto producido por el desorbitado incremento de los materiales básicos para un sector motor de la economía, generador de empleo y vertebrador de otros sectores claves para la sociedad. De todo esto, de la inseguridad que genera en las empresas la discordancia entre las diferentes administraciones ante la revisión de los pliegos de las licitaciones, y de otras cuestiones, nos habla Estella en esta entrevista para GRANADA ECONÓMICA.

El pasado mes de octubre la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, manifestó el compromiso de la Junta en la actualización permanente del banco de precios, así como establecer una mesa para revisar los pliegos de contratos de obra pública. ¿En este sentido se ha producido a fecha de hoy algún avance?

Así es, el pasado 19 de octubre organizamos una mesa de trabajo con la Junta de Andalucía y nuestras empresas, en la que la consejera se comprometió de nuevo a adecuar los proyectos a precios de mercado real. Nos consta que están trabajando en ello, sin embargo, la administración es lenta y van tarde ya que el crecimiento de los precios es descontrolado y muy variable, de ahí la necesidad de adoptar herramientas eficaces. Otras administraciones también están trabajando en ello, por lo que algunos proyectos están retrasados en la licitación. La Administración debe ser mucho más ágil. Los pliegos también se están revisando para que no se admitan bajas temerarias, de forma que se valora más la aportación técnica al proyecto. La solución es sencilla, está al alcance de la administración: pliegos de licitaciones donde exista una oferta técnica para poder valorar el conocimiento y estudio del proyecto, presupuestos con precios de mercado y criterios de temeridad cercanos a la media sin admisión de temeridades. Tenemos reuniones permanentes para tratar de aportar y apoyar a la administración en este proceso.

Y con la administración del Gobierno de la nación. ¿Han mantenido algún contacto para abordarles esta misma cuestión?

Con todas las administraciones sin excepción. El objetivo es trabajar juntos para que la gestión de los recursos sea eficaz. No basta el afán inversor y tener unos presupuestos muy bien planteados en cuanto a cifras, como tampoco sirven los fondos europeos si luego hay problemas en su gestión. Hay que licitar sí, pero lo importante es que se lleven a término los proyectos en tiempo y forma, no que se pierdan en la burocracia. Nos encontramos con falta de capacidad cofinanciadora de algunas administraciones, como reconoce por ejemplo la diputación de Córdoba, licitaciones desiertas y un sinfín de problemática en la que hay que invertir mucho tiempo y trabajo para que no se queden los discursos políticos solo en buenas intenciones.

Ustedes reclaman un consenso entre las diferentes administraciones, ¿Qué nos puede decir al respecto?

Nos ocupa y mucho que las mesas bilaterales entre gobierno central y Junta de Andalucía lleguen a buen puerto. Si los responsables no son capaces de separar sus decisiones del interés meramente electoralista, y empiezan a gestionar objetivando y priorizando los criterios meramente técnicos que establecen un marco ideal para la toma de decisiones, y llegando a acuerdos que beneficien a todos y no sólo a las urnas, será muy difícil que las empresas puedan continuar en la línea de soportar estos sobrecostes, no por falta de voluntad si no por imposibilidad presupuestaria. Es conocido también que las administraciones no cuentan con partida presupuestaria para abordar estas revisiones de precios, lo que implicará probablemente menos capacidad inversora. Apelamos por lo tanto a la ‘eficacia y responsabilidad’ de los equipos de la Administración Pública. Es prioritario restablecer con todos los medios disponibles el equilibrio en un sector clave para el desarrollo económico de Andalucía y de las empresas que lo componen, ya que repercute directamente en el bienestar de las familias que de ellas dependen.

Escenario de incertidumbre
Ante esta problemática. ¿Cómo es la situación actual de las empresas andaluzas y en qué medida les está afectando?

El tejido empresarial andaluz conformado por las empresas de construcción y consultoría están soportando de forma unilateral el gran impacto producido por el desorbitado incremento de los materiales básicos para un sector motor de la economía, generador de empleo y vertebrador de otros sectores claves para la sociedad. Desde el segundo semestre de 2020 venimos trabajando de forma colaborativa con las administraciones públicas para que se formule un instrumento que de algún modo ayude a amortiguar el impacto en un escenario de incertidumbre total que poco o nada ayuda en la toma de decisiones de nuestras empresas.
Con este afán se redactan los decretos 3/22 del Estado, desarrollado en el 4/22 de la Junta de Andalucía que adapta a la idiosincrasia del sector en Andalucía la norma estatal para conseguir dar cabida a la tipología de obra más frecuente, lideradas por pymes y que en el 3/22 quedaban fuera del marco de la revisión formulado.Con una impecabilidad extraordinaria en la descripción de la situación de excepcionalidad producida, y aunque en ambos decretos hay varios puntos que técnicamente son necesarios para conseguir viabilizar los contratos que no se han considerado, se consigue de algún modo amortiguar, e insisto mucho en este término, amortiguar el impacto, que no resolver, en algunos de los contratos que consiguen enmarcarse en el cuadro formulado en ambos decretos. Aplaudimos por tanto la voluntad de las administraciones y el esfuerzo de la Junta de Andalucía por asumir la redacción de estos decretos dado que de todos es reconocido que la empresa privada no puede, como es la realidad hasta ahora afrontar estos sobrecostes financiando la ejecución de las obras contratadas en este periodo.
Sin embargo, la realidad que nos encontramos es que esos discursos llenos de buena voluntad realmente están vacíos, salvo algunas excepciones y en obras de tipología muy concreta, la mayoría de los contratos que han realizado expedientes de revisión no han sido tramitados, muchas administraciones locales ni siquiera se adhieren al decreto imposibilitando a las empresas el acceso a este instrumento, esto es inconcebible. No solo la viabilidad económica de los contratos se ve afectada si no que, si la gestión de estos decretos, como estamos observando, no es eficaz, puede ocurrir que muchas de nuestras pymes lleguen a un punto de desequilibrio presupuestario que termine en el cierre de muchas ellas.

Y para finalizar, háganos una valoración de la situación económica actual y cómo cree, deberían, trabajar nuestros representantes políticos para aportar soluciones que ayudara a paliar las muchas dificultades.

El contexto económico actual es incierto, hostil diría yo. Con la actitud adecuada podemos dar la vuelta a la situación. Donde hay crisis siempre hay oportunidad de crecimiento, sólo hay que saber mirar desde el punto de vista adecuado. Hoy que parece que la agenda 2030 se queda atrás, como algo a lo que no somos capaces de llegar, en muchos discursos y con bastante ligereza se empieza a oír como horizonte el 2050, muchos ya no estaremos aquí para entonces. Lo que sí debe estar ahí y muy presente es qué tipo de sociedad queremos construir con las decisiones de hoy para las generaciones de entonces. Estoy convencida que vivimos hoy la transición hacia un cambio de paradigma social mundial, y que sobrevivirán sólo aquellos que mejor se adapten a los cambios, difíciles algunos de ellos incluso de imaginar. La resiliencia es hoy y ha sido siempre una herramienta obligada en cada crisis.
Desde Ceacop aplaudimos a nuestras empresas que están haciendo su parte. Me surge la gran pregunta y tiene que ver con la política nacional, europea y mundial.

¿Están los que capitanean los barcos en este temporal a la altura del ciudadano y de las empresas? Dando por hecho que nuestros políticos están asesorados por los mejores expertos en cada materia para tomar las decisiones correctas que deben dirigir el rumbo y marcar la hoja de ruta correcta para salir de esta situación con los menos daños colaterales posibles, ¿están capacitados para gestionar de forma eficaz las medidas y herramientas que de esa toma de decisiones se deriven?
No soy quién para responder estas preguntas, cada uno sacará sus propias conclusiones.

https://granadaeconomica.es/2022/11/15/003-204/




CEACOP alerta de que las empresas no pueden asumir los sobrecostes de las infraestructuras

Las empresas del sector de la construcción de momento son las que están asumiendo los sobrecostes de las obras, “en un ejercicio de valentía y responsabilidad con los contratos firmados, sus empresas y plantillas”, ha destacado la gerente de CEACOP, Ana Estella. Pero esta situación es insostenible, las empresas no pueden presentar ofertas porque el coste de los contratos es inasumible.

CEACOP exige responsabilidad y consenso a todas las administraciones para salir lo antes posible de la situación de incertidumbre que pone en riesgo a la obra pública. Asimismo pide a la administración que se revise la base de precios de los contratos para que sea acorde a los precios actuales de mercado. 

 




CEACOP alerta que la falta de acuerdo entre las administraciones pone en riesgo a la obra pública

Hoy la gerente de CEACOP, Ana Estella, ha participado en el programa de Onda Cero Más de Uno Sevilla, para elevar la problemática del sector de la construcción, en riesgo por los “disparados” costes de la energía y los precios de las materias primas, y por la inseguridad jurídica ante la falta de acuerdo entre las administraciones sobre la normativa andaluza que regula la revisión de los precios de los contratos de obra pública.




La Junta afirma que el coste de la subida de los materiales en la obra pública “no lo pagarán las empresas”

  • La Consejería de Fomento admite en una jornada de Ceacop que el acuerdo entre los gobiernos central y autonómico sobre la revisión de precios está lejano

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha organizado este miércoles una jornada para abordar la revisión de los precios de los contratos de obra pública, amenazada ante la falta de consenso entre los gobiernos central y autonómico.

En el encuentro presidido por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, esta ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la necesidad de alcanzar un consenso para que no se suprima el decreto autonómico sobre la revisión de los precios.

En su intervención, ha manifestado el compromiso de la Junta en la actualización permanente del banco de precios y ha propuesto a Ceacop establecer una mesa para revisar los pliegos de contratos de obra pública. “Vamos a seguir defendiendo y tirando del sector para evitar la paralización de obras y la pérdida de empleos”, ha enfatizado la consejera. Por su parte el viceconsejero del ramo, Mario Muñoz-Atanet, se ha mostrado rotundo al afirmar que “se articularán medidas y ayudas porque las empresas no van a pagar la fiesta”.

Por su parte, la gerente de Ceacop, Ana Estella, ha agradecido el esfuerzo de la Junta de Andalucía, pero ha exigido responsabilidad a todas las administraciones para salir lo antes posible de la situación de incertidumbre que pone en riesgo a la obra pública, afectada por los “disparados” costes de la energía y los precios de las materias primas, al tiempo que ha advertido de la inseguridad jurídica ante la falta de acuerdo entre ambas administraciones sobre la mencionada normativa andaluza.

“Los decretos son una herramienta para mitigar el impacto del alza de precios, pero la discordancia actual genera desconfianza en las empresas del sector de la construcción, que de momento son las que están asumiendo los sobrecostes de las obras, en un ejercicio de valentía y responsabilidad con los contratos firmados, sus empresas y plantillas”, ha destacado Ana Estella.

El encuentro celebrado en Sevilla se ha centrado en la situación de inseguridad jurídica que se produce como consecuencia de la disputa entre el Gobierno y la Junta respecto a la posible inconstitucionalidad de varios preceptos de la norma andaluza, actualmente vigente y, por lo tanto, de obligado cumplimiento.

“Una hipotética sentencia que declarara la inconstitucionalidad podría fijar sus efectos sin afectar a situaciones ya reconocidas por aplicación del principio de seguridad jurídica”, ha explicado Gonzalo Cerón, socio de Sollertia Abogados y experto en la materia, quien ha puntualizado que sucedería lo mismo si se publicara una nueva norma, “ya que no debería tener efectos retroactivos”.

Durante el encuentro, Ceacop también ha puesto de relieve el esfuerzo del sector de la construcción para continuar con las obras, a pesar del marco de inseguridad al que se enfrentan diariamente desde hace más de un año y medio, y ha agradecido a la Junta su defensa de las empresas y el sector.

 



Andalucía prepara su artillería legal para defender en el TC su decreto de revisión de precios

  • La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, da por hecho que el Gobierno recurrirá la norma andaluza
  • Los constructores pedirán la revisión de contratos de obra pública en Andalucía mientras esté en vigor el decreto autonómico
  • Como compensación, la Junta anuncia una revisión del banco de precios antes de 2023 y de los pliegos de contratos de obras públicas
  • Los sobrecostes dejan desiertas obras públicas en Andalucía por 140 millones

El Gobierno central ha anunciado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto autonómico de revisión de precios de obras públicas. La reacción del Ejecutivo presidido por Juanma Moreno no se ha hecho esperar y prepara ya con los servicios jurídicos de la Junta su artillería legal para hacer frente al Gobierno de Pedro Sánchez. «La situación es compleja y no pinta bien», ha admitido este miércoles la consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, ante casi un centenar de empresarios convocados por el Círculo de Compañías Andaluzas de la Construcción (Ceacop), a los que ha advertido de la batalla legal que se avecina. Aún así, la Junta asegura que «plantará una batalla fuerte si hay recurso ante el Constitucional» porque -ha declarado- los empresarios no tienen que asumir los sobrecostes por el alza de los materiales y de la energía.

«Vamos a defender al sector», ha dejado claro la política, quien ha asegurado que este asunto está en la agenda de Juanma Moreno y lo ha planteado en todas las cumbres de autonomías con Pedro Sánchez. Asimismo, ha subrayado que el presupuesto de licitaciones de obras públicas de la Junta aumentará en 2023 «porque el presidente sabe que es una herramienta para la recuperación económica, por lo que las obras públicas no se van a paralizar, a diferencia de lo que ocurrió en 2008».

«Primero se nos cuestionó que hubiéramos metido en el decreto los contratos de servicios que afectan a obras de conservación, pero después el Gobierno ya nos ha dicho que no tenemos competencia para aprobar el decreto porque la Ley de Contratos es estatal», ha anunciado esta consejera, que apoyada en los servicios jurídicos de la Junta y en la de los contratistas prepara un argumentario legal contra las posiciones de la Abogacía del Estado. Además, la Junta ha pedido una reunión urgente con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que su departamento fue el que aprobó el decreto nacional de revisión de obras públicas-

Carazo ha recordado Carazo, el decreto andaluz de revisión de precios se aprobó porque el Gobierno nacional aprobó uno que no se ajustaba a la realidad andaluza ni a la casuística de contratos de obra pública en la región. «No hemos sido los únicos que nos hemos quejado. También lo han hecho Extremadura, Aragón, Galicia o Comunidad de Madrid», ha recordado la consejera, quien admite que la primera reunión bilateral para resolver este litigio acabó sin acuerdo.

La norma andaluza permite acogerse al mismo a administraciones locales, incorpora las obras en ejecución en 2021 y de menos de cuatro meses de duración (en un principio el decreto nacional sólo contemplada las de un año), suprime la penalización por retrasos vinculados a la falta de material, permite sustituir materiales si no se altera la calidad y amplía la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos.

Paralización de obras

Ahora la Junta espera una segunda reunión bilateral aunque el tiempo juega en su contra, ya que el 12 de enero acaba el plazo para que el Estado pueda recurrir el decreto andaluz de revisión de precios. «No pintan bien las cosas», reconoce la consejera, que subraya que sin revisión de precios se paralizarán muchas obras y seguirán quedando desiertas muchas licitaciones. En este sentido, ha recordado que el Estado ya tiene paralizadas todas sus obras ferroviarias en Andalucía, entre ellas varios tramos del corredor mediterráneo.

Advierte Carazo que si el Gobierno central presenta un recurso ante el Constitucional, se suspenderá automáticamente la aplicación del decreto andaluz de revisión de precios. Ante esta situación, ha puntualizado que la Junta ha aumentado hasta 110 millones de euros su presupuesto para revisión de obras, y que ha encargado una nueva revisión del banco de precios antes de 2023 con el compromiso de volver a hacerlo de forma permanente. Asimismo, ha informado que la Junta revisará los pliegos de contratos de obras públicas para meter cláusulas que permitan modificaciones si cambian las condiciones.

Por su parte, el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, ha manifestado que «el empresario no tiene que afrontar los sobrecostes de hasta el 80% de la energía o del 60% de los materiales. Tendrán que ser las administraciones las que lo hagan y, si es necesario, se harán menos obras». «Aunque la Ley de Contratos del Estado es una norma básica, las comunidades autónomas tienen capacidad para desarrollarla porque sólo está pensada para las grandes obras del estado, dejando a un lado las diputaciones o ayuntamientos», ha puntualizado.

Subvenciones como alternativa

«El Estado quiere derogar los artículos 4,5 y 9 del decreto andaluz de revisión deprecios, que en la práctica supone derogar toda la normativa andaluza», denuncia Muñoz-Atanet, que asegura que la Junta «mantendrá el pulso hasta el final. Es mejor ir al Constitucional si hace falta». Sobre las alternativas que estudia la Junta en caso de que se presente el recurso por parte del Estado y se suspenda la norma andaluza, el viceconsejero no descarta la posibilidad de modificar el decreto que habilitar subvenciones a las adjudicatarias de obras públicas. «Si las obras se paran tendrán problemas las empresas y la Administración. Las constructoras no pueden pagar esta fiesta», ha añadido.

Por su parte, Ana Estella, gerente de Ceacop, ha lamentado que los constructores estén «soportando injustamente el sobrecoste de las obras» y ha recordado que «aún está vigente el decreto andaluz de revisión de precios de la obra pública», por lo que ha animado a los empresarios a que tramiten expediente para que en el caso hipotético de que el TC tumbe la norma autonómica no sea con carácter retroactivo.

Estella, que ha agradecido la honestidad de Carazo al no esconder el negro panorama que se cierne sobre el decreto andaluz, ha recordado a los constructores que existe además la posibilidad de pedir adelantos de pago a la Junta de Andalucía a cuenta de las obras públicas «antes de que suceda el peor de los casos». En ese caso, Ceacop cuenta ya con la revisión del banco de precios por parte de la Junta de Andalucía como medida de compensación.

Ceacop afirma que los sobrecostes están detrás de que en 2022 hayan quedado desiertas en Andalucía 300 licitaciones de obra pública. «En 2021 se adjudicaron 2.800 millones de euros y este año, que se han licitado 3.600 millones de euros, estamos aún a 1.500 millones de euros para cumplir el objetivo del pasado año».

Sobrecostes del 60%

Gonzalo Cerón, socio de Sollertia Abogados, que ha participado en el encuentro mantenido este miércoles entre la consejera y los socios de Ceacop, ha indicado que uno de las sombras que tiene el decreto andaluz es que deja abierta la posibilidad de que los ayuntamientos, diputaciones y universidades se adhieran o no a la revisión de precios. Muchas grandes corporaciones locales no lo han hecho, «por lo que no aplican la normativa andaluza y serán los tribunales los que decidirán, aunque en cualquier caso deben cumplir la norma estatal».

Este asesor jurídico ha planteado también las dudas existentes sobre qué hacer si hay silencio de la Administración ante una reclamación de una Administración, planteando la posibilidad de acudir a los tribunales tres meses después. Otras situaciones no están contempladas en los decretos nacional y andaluz de revisión de precios, que sólo contemplan asumir sobrecostes del 20%. En el caso de que el alza de precios soportada llegue al 60 o al 80% siempre queda la posibilidad de acogerse a que se está soportando un «riesgo imprevisible», según las mismas fuentes.




Más de 20 obras se quedan sin adjudicar en la provincia por la subida de costes

  • El importe de los contratos desiertos en lo que va de año supera los 9 millones de euros

Las licitaciones de más de 20 obras públicas en la provincia de Almería han quedado desiertas en los primeros seis meses del año 2022, según un informe elaborado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop).

En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se subraya que han sido un total de 23 los concursos de obra pública que no han salido adelante y la suma de todos ellos se eleva hasta los 9,6 millones de euros.

Una fuente autorizada de Ceacop ha explicado que, en número, casi la mitad de esas licitaciones sin cubrir se corresponden con contratos de la Diputación Provincial de Almería, pero en, todo caso, son “obras pequeñas de poco importe”.

Asimismo, otra parte considerable de los concursos declarados desiertos por las respectivas administraciones (local, autonómica y nacional) están adscritas a la sociedad mercantil Empresa de Transformación Agraria (Tragsa).

Desde el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, en Almería la Diputación Provincial destaca por ser de las administraciones “más inversoras”. Según los datos que se recogen en el informe anual de Ceacop, la institución que preside Javier A. García Molina adjudicó obras a lo largo del año 2021 por un importe superior a los 48 millones de euros.

La ‘patronal’ de la obra pública andaluza ha recordado, que “la obra de mayor importe que ha quedado desierta hasta junio de 2022 corresponde al Ayuntamiento de Almería, una promoción de viviendas”.

Se trata de la construcción de 64 VPO en régimen de alquiler en el barrio de Costacabana, que cuentan con financiación del Plan Vive. Al quedar desierto el concurso, saltaron las alarmas en la empresa pública Almería XXI, que paralizó otra promoción y subió el precio de la obra en ambos casos para conseguir licitadores.

Fuentes de Ceacop han precisado que cabe la posibilidad de que algunas de las obras que han quedado desiertas porque ninguna empresa se ha presentado al concurso, salgan de nuevo a licitación.

Piden reunión

Los datos de concursos sin adjudicar en Andalucía y Almería se han conocido a raíz de que el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública haya pedido a Gobierno y Junta de Andalucía que lleguen a un acuerdo en la revisión de precios de los contratos de obra pública.

Desde CEACOP señalan que el decreto autonómico 4/2022, de 12 de abril, es un desarrollo a la norma estatal, ya que las mejoras añadidas persiguen adecuarse al tipo de obras que se ejecutan en sus territorios, licitadas por la Junta y los entes locales, y dan mayor cobertura a las pequeñas y medianas empresas frente a los grandes contratos que adjudica el Estado y que ejecutan las firmas de mayor tamaño.

Los decretos son una herramienta para mitigar el impacto del alza de precios en una coyuntura como la actual, de escasez de materiales y con los costes de la energía y otros productos disparados.

Ceacop ha organizado una charla-coloquio la próxima semana de sus asociados con la cúpula de la Consejería de Fomento, dirigida por Marifrán Carazo, al objeto de conocer la situación actual y abordar las consultas que tengan antes de presentar sus expedientes a revisión de los contratos.

Subida en año y medio similar a la de las últimas dos décadas

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha hecho públicos datos que revelan que el índice de costes de consumo de materiales del sector de la construcción se ha incrementado en el último año y medio en un porcentaje igual al acumulado en las dos últimas décadas.

“Este dato es un reflejo del escenario al que tienen que hacer frente las constructoras. Es imposible planificar y ejecutar contratos”, ha denunciado en un comunicado de prensa la gerente de Ceacop, Ana Estella Pérez.

Esta situación está provocando que numerosas licitaciones estén quedando desiertas o que las empresas renuncien una vez adjudicados, ante la imposibilidad de afrontar el incremento.

Según datos del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, en el primer semestre de 2022 casi 300 contratos quedaron desiertos en Andalucía. “Las empresas están en situación límite, no pueden trabajar a los precios actuales del mercado”, destaca la gerente.

La organización apela, en la misma nota, a la responsabilidad de las administraciones para hacer frente a esta situación imprevisible y sobrevenida.

“Si existe una herramienta para la adecuación de los contratos a la realidad debe aplicarse con eficiencia y agilidad, sin trabas. El tejido empresarial andaluz no puede ser el único que esté afrontando el golpe, ya que se pone en peligro el equilibrio presupuestario de nuestras compañías, con todo lo que ello conlleva”, asegura Estella.

Desde Ceacop se subraya que esta situación pone en riesgo los fondos Next Generation, que llegan con unos plazos muy marcados para su ejecución y que, de no poder llevarse a cabo, se perderán.

Del mismo modo, se hace un llamamiento a las empresas para que presenten cuanto antes los expedientes que cumplen con los parámetros establecidos en las normas aprobadas tanto por el Gobierno central como el autonómico, para ser revisados, en un intento de salvar la viabilidad económica de los contratos y de las propias las compañías.

La noticia en: https://www.lavozdealmeria.com/noticia/20/economia/245804/mas-de-20-obras-se-quedan-sin-adjudicar-en-la-provincia-por-la-subida-de-costes