Reflexiones sobre la Movilidad Sostenible en Andalucía
Julián Sastre González. Presidente del Instituto de la Movilidad y director de la Consultora Alomon
Estamos en un contexto europeo, pero también mundial, en el que la movilidad sostenible va a ser clave, con fuertes compromisos en el marco de la Agenda 2030. Es una cuestión de salud y supervivencia, aunque también de economía, porque las personas van a querer invertir y vivir en ciudades que ofrezcan calidad de vida.
La movilidad debe abordarse como un binomio inseparable del urbanismo. Tenemos que definir nuestro modelo de ciudad y territorio y abordar, entre otras cuestiones, la forma de desplazarse. Los proyectos de movilidad son una oportunidad para hacer ciudad y los desarrollos urbanos deben plantearse desde una perspectiva de movilidad sostenible.
Desde esta perspectiva, planteo algunas reflexiones sobre Andalucía:
-Andalucía tiene un tamaño país, como un Portugal en horizontal, por lo que necesitamos un ferrocarril transversal en condiciones que vertebre todo el territorio (y no necesariamente de alta velocidad, aunque sí fiable).
-Sevilla y Málaga son áreas metropolitanas del tamaño de Bilbao y Valencia, pero no existe una red de metro. Sevilla cuenta con una línea, 21 estaciones y 18 km de longitud; Málaga, con dos líneas, 19 estaciones y 13,6 km. Valencia dispone de seis líneas de metro y 161 km, mientras que Bilbao tiene tres líneas y cerca de 50 km. No podemos esperar hasta 2040 para disponer de la siguiente línea de metro. Mientras tanto, necesitamos soluciones rápidas, eficientes y de alta capacidad, como el Tranvibús o BRT (autobús de tránsito rápido), con plataforma reservada en cualquiera de sus variantes. En definitiva, el transporte público debe ser el «pata negra» de la movilidad motorizada. La batalla para captar demanda se gana con calidad y velocidad, por encima del precio.
-Un kilómetro de metro cuesta entre 50 y 100 millones de euros, lo que significa que una línea de 15 km puede suponer una inversión de 1.500 millones. ¿Y si, al desarrollar proyectos de metro, destináramos otros 100 millones, el equivalente a un kilómetro adicional, a mejorar la caminabilidad y la movilidad activa? Se trataría de favorecer la conexión entre la movilidad personal y el transporte público, de manera que este último ofreciera un servicio puerta a puerta y pudiera competir mejor con el coche.
-El taxi no es capaz de ofrecer por sí solo un servicio completo y de calidad. Debemos pensar en las necesidades de los ciudadanos y buscar un equilibrio Taxi- VTC-Ciudadanos. El VTC ya funciona en Sevilla y Málaga, pero también sería necesario, por ejemplo, en la Bahía de Cádiz o mejorar el servicio de Taxi con más licencias.
-La electromovilidad no se limita a los coches eléctricos; son calles iluminadas, bici eléctrica, bus eléctrico y el reparto de mercancías de última milla mediante vehículos eléctricos. Sí, es preferible disponer de coches eléctricos que de combustión, pero eso no basta. Todavía faltan muchas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) por implantar, pese a ser obligatorias en municipios de más de 50.000 habitantes, y las que se desarrollen deben ser más valientes. Las ZBE no deben limitarse al coche eléctrico, sino formar parte de verdaderos planes de movilidad, que ofrezcan alternativas antes de establecer restricciones. Soy más partidario de la zanahoria (alternativas sostenibles) con anterioridad o al mismo tiempo que el palo (restricciones al automóvil). Además, necesitamos soluciones equitativas, no solo eficientes. Los coches eléctricos, los peajes urbanos o el incremento de las tarifas de estacionamiento pueden ser medidas necesarias, pero no son equitativas: los ricos podrán seguir circulando. Por lo menos, seamos conscientes de ello y mejoremos las alternativas de transporte público. El objetivo es que el cambio se produzca no por precio, sino porque las opciones de transporte público y movilidad activa sean mejores.
-La nueva Ley de Movilidad estatal implica muchas cosas, destacando la obligación de elaborar Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) en centros de trabajo de más de 200 empleados o 100 por turno.
-El transporte público por carretera es una urgencia para Andalucía. Se han regularizado por fin los contratos concesionales y está en marcha el nuevo mapa concesional, pero este no debe ser más de lo mismo. La demanda ha cambiado y, por tanto, la oferta también debe hacerlo. Hoy existen tecnologías que permiten un transporte a la demanda para mejorar los entornos rurales. En estos territorios, la movilidad y el urbanismo deben coordinarse con la política territorial, incorporando infraestructuras que den preferencia al transporte público.
-Todo ello debe conjugarse con una política general de mejora de la accesibilidad al transporte público en cuatro niveles. El primero debe ser arquitectónico: se debe poder llegar a las paradas y estaciones, y para ello necesitamos ciudades caminables. El segundo es la accesibilidad a los vehículos, que deben permitir a todos los ciudadanos utilizar el transporte público. El tercer nivel se basa en que el transporte público se utiliza cuando se conoce su funcionamiento y se elimina la incertidumbre. La revolución consiste en disponer de toda esa información en la palma de la mano. Información, información e información. El cuarto es que debe ser asequible para todos.
En definitiva, debemos construir una marca Andalucía en torno a la movilidad sostenible. Cooperar es sembrar y mostrar es contribuir a un mundo mejor.