1

Jaén: Marifrán Carazo ratifica ante colectivos de Jaén el “Compromiso firme” de la Junta con el Tranvía

Diario Jaén

  • LA CONSEJERA HA MANTENIDO UN ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS DE JAÉN, EL GRUPO PROA Y LA ASOCIACIÓN MUY JAÉN 

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha mantenido un encuentro con representantes de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Obras de Jaén (ACP Jaén), la asociación Muy Jaén y el grupo PROA de Empresarios y Profesionales de Jaén, en el que ha ratificado el compromiso firme del Gobierno andaluz para la puesta en servicio del tranvía, que se plasmará próximamente con la firma de la extinción del antiguo convenio para la rúbrica del nuevo texto, que supondrá “el principio del fin a tantos años de espera de los jiennenses para la llegada del tranvía”.

La consejera ha concertado esta reunión con el único propósito de que “estos colectivos, que siempre han demostrado un interés por esta infraestructura, conozcan de primera mano el trabajo realizado en estos dos años para desbloquear un proyecto que estaba encallado y la hoja de ruta que estamos siguiendo para cumplir con ese objetivo de que el tranvía esté pronto en servicio”. Asimismo, ha aprovechado para escuchar y atender las peticiones y dudas que han trasladado estos colectivos, que han acudido con una nutrida representación encabezada por sus respectivos presidentes, Francisco Chamorro (ACP Jaén), Francisco Marín (Muy Jaén) y Ismael Muñoz (PROA).

Marifrán Carazo les ha informado de los detalles del acuerdo alcanzado a principios de este mes de junio con el Ayuntamiento de Jaén, con el que se acordó la próxima firma de la extinción del antiguo convenio del tranvía, que data del año 2008 y rubricar el nuevo texto. Un paso que, ha recordado la consejera, es necesario para desenquistar la situación. El nuevo convenio, que entrará en vigor antes de que acabe el mes, recoge que el proyecto se retomará con una aportación de la Junta de Andalucía del 75 por ciento, mientras que el Consistorio asumirá el 25 por ciento restante. Además, ha indicado que la decisión de que la Agencia de Obra Pública de la Junta sea el titular del material móvil supone un ahorro para las arcas del Ayuntamiento de más de 13 millones de euros. De hecho, entre otros puntos del convenio, se recoge que la Junta de Andalucía pagará el cien por cien del coste pendiente de los vagones en lugar del cero por ciento que le correspondería según el viejo convenio.

En esta reunión, ha remarcado que el objetivo del Gobierno andaluz es seguir avanzando en la puesta en funcionamiento y poder rentabilizar, desde un punto de vista económico, social y ambiental, la inversión de 120 millones ejecutada en esta infraestructura. Las obras empezaron en 2009 y, dos años después, en 2011, el tranvía incluso funcionó en pruebas, pero su puesta en marcha definitiva se vio frustrada.

Una vez que se firme la extinción del convenio de 2008 y se selle el nuevo acuerdo, la Junta sacará a concurso la puesta a punto del material móvil y, posteriormente, de las infraestructuras. La Agencia de Obra Pública tiene muy avanzados los pliegos de la primera licitación. Asimismo, para la puesta en marcha del tranvía es necesaria la licitación y adjudicación de una serie de contratos: de infraestructuras y catenarias, sistemas de comunicaciones, suministro de energía, explotación, limpieza y vigilancia y seguridad, así como la formación de los conductores y las pruebas antes de su puesta en servicio.

Al encuentro ha asistido en representación de la Consejería, además de Marifrán Carazo, el viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Mario Muñoz-Atanet; el director general de Movilidad, Felipe Arias; y el director gerente de la Agencia de Obra Pública, Julio J. Caballero.




Málaga: Nuevos reparos de Costas al proyecto urbanístico de la Térmica, en Málaga

Málaga Hoy

  • Muestra objeciones sobre el efecto pantalla de las construcciones, asunto que, a priori, ya se había resuelto

La travesía sin fin en la que está instalada la transformación urbanística de los antiguos suelos de la térmica de Málaga, en la zona más occidental de la capital, no parece tener fin. La última piedra en este tortuoso camino administrativo tiene a la Dirección General de Costas como responsable, que acaba de emitir un nuevo informe en el que expresa ciertas desavenencias respecto al plan especial del sector.
Así lo confirmaron el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, y fuentes de la promotora del proyecto privado, que tiene como actor principal el fondo de inversión Ginkgo. La sorpresa respecto a este pronunciamiento es grande, toda vez que meses atrás, ante un apunte semejante, ya fueron corregidas algunas presiones reclamadas por Costas.

En este sentido, las fuentes consultadas explicaron que el informe último “no es vinculante”; es decir, podría continuarse con el proceso de aprobación definitiva del Peri. No obstante, aclararon que el departamento estatal sí demanda que se incorporen “la medidas que Costas dice que hay que hacer”.
“Hay aspectos que son redundantes y que ya se solucionaron en su momento”, indicaron las fuentes, que aludieron de manera directa a las pegas sobre las supuestas “pantallas arquitectónicas” que generan los edificios proyectados. A esto se suma un apunte sobre la localización de un chiringuito en la parte de litoral donde se ejecutará la ampliación del paseo marítimo de poniente. “Ahora se está analizando el documento para emitir respuesta al mismo”, añadieron las fuentes.

Este proyecto urbanístico, en la que el Ayuntamiento es copropietario, contempla la construcción de un máximo de 870 viviendas, de las cuales 273 serán protegidas, a las que sumar una parte de algo más de 2.400 metros cuadrados para uso hotelero y otra de 1.839 metros para oficinas. Del sector, hay otros 59.524 metros que se destinarán a zonas verdes; 6.377 metros serán para equipamiento. Dentro de esta última pastilla, se contempla una superficie máxima a construir de 19.366 metros para servicios sociales, administrativos y deportivos.




Córdoba: La ronda Norte de Córdoba abrirá al tráfico este jueves

Diario Córdoba

  • Urbanismo pondrá en servicio el tramo de la vía que va de la N-432 a Fuente de la Salud

La ronda Norte de Córdoba abrirá al tráfico este jueves. Así lo han informado a este periódico fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que se ha encargado de la obra de esta vía en la parte que compete al Ayuntamiento de Córdoba. Se cumplen así los plazos planteados ya en última instancia por la Gerencia de Urbanismo, que quería que la carretera estuviera disponible durante el mes de junio de este año. Hay que recordar que el tramo de ronda Norte ejecutado está formado por 2,4 kilómetros que se encuentran entre la N-432 (carretera Badajoz-Granada) y Fuente de la Salud.

El tramo que los conductores podrán utilizar desde este jueves es el que va desde las cocheras de Aucorsa hasta la glorieta de Madres Escolapias. Para algo más adelante se queda la apertura al tránsito de vehículos de los metros ejecutados entre esta rotonda y la calle Ingeniero Ruiz de Azúa, punto en el que acaba la ronda municipal y en el que en un futuro esta vía enlazará con la que aún debe construir la Junta. Esos metros se abrirán al tránsito rodado cuando esté colocado un semáforo que hace falta en la confluencia de Ingeniero Ruiz de Azúa con Sor Ángela de la Cruz para regular el tráfico en esa zona y que precisa de un contrato menor que tardará aproximadamente un mes. Mientras no esté el semáforo que falta no podrá utilizarse el paso elevado construido en la glorieta de Madres Escolapias.

Hasta que eso ocurra, la parte pendiente de abrir podrá ser utilizada por viandantes y ciclistas. Cuando ese mínimo tramo esté abierto, los vehículos procedentes de Escultor Fernández Márquez e Ingeniero Ruiz de Azúa podrán proseguir hasta la nueva glorieta de Fuente de la Salud y continuar hacia adelante por la ronda recién ejecutada hasta la N-432. Hay que tener en cuenta que desde Ingeniero Ruiz de Azúa se podrá acceder a la nueva vía pero no se podrá salir de ella al no tener continuidad aún por no existir el tramo que debe ejecutar la Junta. Ese tramo va desde la Asomadilla a la ronda de Poniente y está en fase de negociación entre Junta, Ayuntamiento y colectivos vecinales. La Junta trabaja en el proyecto, que quiere licitar pronto.

En su origen, este tramo de carretera que ahora es municipal era privado y correspondía a la junta de compensación (conjunto de propietarios de terrenos) del barrio de Mirabueno. Sin embargo, con la crisis económica del 2008 las obras se quedaron paradas y desde un año después, desde el 2009, la Gerencia de Urbanismo estuvo intentando reanudarlas mediante ejecución subsidiaria. El organismo municipal no logró esa aspiración hasta el anterior mandato, cuando el gobierno local de PSOE e IU recibió el visto bueno judicial para utilizar un aval de 12 millones de euros para concluir la carretera, que tenía entonces un grado de ejecución del 69% y un alto deterioro. Aunque las obras fueron licitadas en el anterior mandato, no empezaron hasta este. Los trabajos se iniciaron en septiembre del 2019 y debían estar terminadas en noviembre del 2020, pero se han alargado por las complicaciones del desvío de líneas eléctricas. Durante la ejecución del proyecto se ha producido una ampliación de plazo que concluía a mitad de este año.

Como ya adelantó este periódico, Urbanismo ha estado estos últimos días estudiando abrir la mayor parte del tramo municipal de ronda Norte, ya que la obra se encuentra totalmente culminada, solo a falta del semáforo de Ingeniero Ruiz de Azúa. Por esa zona la circulación estará limitada a 40, mientras que en el resto de la vía no se podrá ir a más de 60. La idea que persigue el Ayuntamiento es que tenga un carácter urbano.




Granada. Guadix: Norte de Granada: obras en calles de Guadix durante dos meses

Granada Hoy

  • Presupuestadas en 130.000 euros a través de los Planes Provinciales de Obras y Servicios

Obras durante dos meses en algunas calles de Guadix. El alcalde, Jesús Lorente, firmó el contrato para estas actuaciones que comprenden una zona entre la Placeta Osario y la Plaza Pedro de Mendoza, y que incluye la calle Bovedilla y el asfaltado de la calle Gloria.

La actuación está presupuestada en unos 130.000 euros y se lleva a cabo a través de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de 2020 y 2021. Las obras darán comienzo en los próximos días y tendrán una duración de dos meses.

La actuación, que realizará la empresa Construcciones Nila, consiste en renovar la totalidad de las instalaciones soterradas (saneamiento, abastecimiento, alumbrado público y telefonía), y pavimentar sobre un total de 5.000 metros cuadrados, 4.600 de asfalto y más de 300 metros cuadrados de acerado, ampliando considerablemente el existente.

Esta obra es compatible con la segunda fase de recuperación de la Alcazaba de Guadix, concretamente en la parte de la torre puerta. También supondrá una mejora del tráfico rodado con una reordenación que está previsto que se lleve a cabo por la concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad.




Cádiz: Aguas de Cádiz reduce su deuda en casi 10,5 millones de euros desde 2015

Diario de Cádiz

  • Esta reducción se produce a pesar de haber afrontado nuevas necesidades por valor de 2,1 millones de euros

Aguas de Cádiz ha informado de que en los últimos seis años ha conseguido reducir su deuda en casi 10,5 millones de euros, a pesar de haber asumido nuevas necesidades por valor de 2,1 millones de euros. Según ha explicado la presidenta de la empresa municipal, Ana Fernández, “una política de control y contención del gasto innecesario, así como una gestión más eficiente de los recursos ha hecho posible que Aguas de Cádiz haya podido hacer frente a la deuda bancaria que soportaba en 2015 y que ponía incluso en peligro la viabilidad de la empresa pública”.

Concretamente, el total amortizado de deuda es de 10.469.114 euros, de los que 8.932.800 euros correspondían a los préstamos con los bancos; 766.076 euros eran de una deuda con el Consorcio de Agua de la Zona Gaditana (por la compra del agua en alta) y 316.294 euros por la financiación para el pago a proveedores tras el Real Decreto-Ley de 2012. A estas cantidades hay que sumarle los intereses bancarios generados en estos años, que han ascendido a 453.942 euros.

La evolución de la deuda de Aguas de Cádiz que se presentó en el último Consejo de Administración de la empresa refleja, según Fernández, “cómo una buena gestión salva a una empresa que es de todos los gaditanos y gaditanas y cómo es posible hacer las cosas de otra manera a como se hacían antes, buscando el buen gobierno, gestionando con rigor técnico, con transparencia, con rendición de cuentas y con sentido de la honradez”.

La presidenta ha destacado, además, que este esfuerzo en la reducción del gasto se ha hecho soportando otras necesidades que la empresa ha absorbido sin repercutir en las tarifas. De hecho, la última subida en el recibo del agua fue en enero de 2014 y desde entonces no se ha vuelto a incrementar, “mientras que antes se subía la tarifa casi cada año, aunque al no ser en grandes cantidades, estas subidas pasaban a veces desapercibidas por los usuarios”.

Por lo tanto, la deuda se ha saldado a pesar de que Aguas de Cádiz ha tenido que hacer frente a gastos nuevos durante este tiempo que ascienden, aproximadamente, a 2.100.000 euros. Entre los nuevos gastos figura la subida del precio en alta, la puesta en marcha del Suministro Mínimo Vital para ayudar a las personas con problemas económicos y las subidas anuales del IPC.

Según ha apuntado Ana Fernández, una de las partidas en las que más claramente se puede ver este cambio de tendencia en la nueva etapa de Aguas de Cádiz es en los gastos de representación. Así, desde 2012 hasta 2016 los gastos de representación de la empresa (comidas y regalos principalmente) han pasado de una media anual de 27.032 euros a una media anual de 1.020 euros, lo que supone una reducción de un 96% con respecto a la etapa anterior.

La presidenta de Aguas de Cádiz ha explicado que, por cambios en la legislación laboral, se modificó el criterio contable y a partir de 2019 el regalo de Navidad a los empleados de la empresa municipal pasa al epígrafe de gastos de personal, al ser considerados como derecho adquirido por los trabajadores.

En cuanto a los gastos de representación de la presidencia y de la gerencia, han pasado de los 16.644 euros al año que se gastaban de media desde 2012 hasta 2016 a los 937 euros que se han venido gastando anualmente en el periodo 2016-2021, lo que supone un considerable ahorro para la empresa municipal.

Como ejemplos, Fernández ha destacado que “con el PP, se gastaban 8.600 euros solo en jamones para los consejeros, además de 1.000 euros en cervezas, otros 1.000 euros en manzanilla o 520 euros en loterías de Navidad. Nosotros eliminamos todos esos gastos y dejamos solo el regalo de los empleados porque es, además, un derecho adquirido por sentencia del Tribunal Supremo. En este caso, se entregan paletillas de jamón cuya licitación se saca, por transparencia, a concurso público”.




Cádiz. El Puerto de Santa María: El Ayuntamiento de El Puerto prepara la licitación de un nuevo avance del PGOU

Diario de Cádiz

  • El retraso en la aprobación de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) supone un contratiempo para impulsar el nuevo planeamiento
  • Se abrirá una oficina en Urbanismo para que inversores y ciudadanos puedan consultar dudas tras la anulación del plan

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, acompañado por el primer teniente de alcalde, Curro Martínez, y la concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación para dar cuenta de la situación creada tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Esta comparecencia se ha producido tras reunirse la junta de portavoces, a quienes también se les ha traslado la situación en la que queda ahora el urbanismo local y los pasos que se darán a continuación.

Beardo ha explicado que esta anulación es el resultado del rechazo por el Tribunal Supremo a uno de los dos recursos de casación presentados por el Ayuntamiento, por lo que el segundo fallo se espera que sea en el mismo sentido.

El primer edil ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad ya que como ha dicho “esta situación ya estaba prevista, era algo esperado”, recordando que incluso el anterior equipo de gobierno estaba sobre aviso de esta posible eventualidad.

En estos 18 meses transcurridos desde el recurso al Supremo el Ayuntamiento ha estado esperando, por un lado, la tramitación de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) -que ha sufrido un inesperado retraso a causa del rechazo de Vox en el Parlamento-, y por otro se han realizado los estudios previos, por parte del área de Urbanismo, de un nuevo planeamiento para la ciudad, reorganizando además los recursos humanos disponibles.

De momento ya se están preparando los pliegos de asistencia técnica para sacar a concurso la redacción del avance de un nuevo PGOU, y mientras tanto volverá a estar en vigor el PGOU de 1992, del que quedan fuera muchos de los desarrollos que contemplaba el de 2012.

LAS FUTURAS LICENCIAS, PENDIENTES DE UN DICTAMEN DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE URBANISMO

No obstante, según señaló Danuxia Enciso, la mayoría de las licencias concedidas hasta ahora son ya actos firmes, que no deberían sufrir ninguna vuelta atrás. Otra cosa son las nuevas licencias que habrá que conceder, que deberán hacerse con arreglo al plan del 92, aunque de momento hay muchas dudas en el aire que deberán ser solventadas por el área jurídica de Urbanismo, a la que ya se ha solicitado un dictamen.

Según explicó Beardo también se va a consignar un compromiso presupuestario para 2022, para poder afrontar los trabajos del nuevo avance. Según el alcalde este tiempo transcurrido desde la anulación del TSJA hasta ahora ha servido para algo muy importante, como ha sido desvincular por completo el Peprichye del PGOU de 2012. “Se ha eliminado toda referencia a este plan y eso nos permite contar con un Peprichye independiente y autónomo, ese ha sido el mayor logro de este recurso casacional”, insiste Beardo.

UNA OFICINA DE ATENCIÓN A LOS AFECTADOS EN LA SEDE DE URBANISMO

Por otro lado, se ha anunciado la apertura de una oficina de atención a los afectados en la sede de Urbanismo, en la calle Sol, que estará dirigida por el asesor jurídico del área, Alejandro Sepúlveda. Esa oficina se abrirá lo antes posible y en ella se atenderán las consultas concretas de inversores, promotores y ciudadanos a título particular.

También se prevé en breve una próxima mesa técnica con la Junta de Andalucía, para ver los diferentes caminos a seguir para que ningún desarrollo de los previstos en el PGOU anulado se quede ahora fuera de juego.

En cuanto a los diseminados, se prevé en primer lugar rescatar en primer lugar los que, a pesar de incluirse en el PGOU anulado, ya se planteaban en el Plan del 92. “Ningún desarrollo se va a quedar atrás”, insiste el alcalde, al tiempo que pide al resto de los grupos la máxima colaboración posible.




Cádiz. La Línea: El Plan de Playas 2021 de La Línea contará con un presupuesto de 580.000 euros

Europasur

  • Un total de 80 personas asumirán trabajos en el litoral, incorporándose un dron para el control de aforos por parte de la Policía Local

El Plan de Playas 2021 de La Línea de la Concepción contará con un presupuesto de 580.000 euros, sin contar con los gastos de la Policía Local. Esto supone un incremento del 55% respecto a 2020, cuando se destinaron 330.000 euros al equipamiento y personal para la temporada estival en el litoral linense, según ha anunciado el concejal Rafael León.

La prestación de los trabajos en todas las playas supondrá la dedicación de 80 personas, distribuidas en diferentes servicios. En salvamento y socorrismo, el incremento presupuestario permitirá contar con 23 trabajadores, quince socorristas, seis de los cuales estarán a media jornada, dos enfermeros, tres patrones de embarcación, dos conductores y un coordinador. En medios materiales, destacar una moto de agua, un vehículo todoterreno, dos ambulancias, una lancha zodiac y tres quads.

La Policía Local, con un total de 18 agentes en servicio, dispondrá de cinco vehículos (tipo quads), dos segways, dos motos, un furgón, un dron para el control de aforos y prismáticos de precisión.

Los servicios de mantenimiento y limpieza incorporarán a 31 personas, 19 de ellas para limpieza manual y siete a mecanizada, más otras cinco para labores de mantenimiento.

En medios materiales, se contará con tres tractores limpiaplayas, un vehículo para transporte de trabajadores, dos vehículos de mantenimiento, uno de limpieza de módulos y uno de coordinación.

Los contratos de limpieza manual y mecanizada han supuesto un incremento económico de 24.725,46 euros, pasando de una inversión de 170.000 euros en 2020 a 194.725,46 euros, en la actualidad. En cuanto a salvamento y socorrismo, el aumento ha sido de 70.025 euros, con una inversión en 2020 de 149.975 euros y actual de 220.000 euros.

Tras la importante merma de recursos materiales consecuencia de los actos vandálicos sufridos en las instalaciones de la delegación de playas, se está trabajando para la reposición de todas las infraestructuras temporales en el litoral.

Con respecto a infraestructuras, se prevé la dotación de pasarelas en los accesos, seis zonas de sombra, cuarenta y nueve duchas, cinco módulos de baño, nueve torres de vigilancia, seis carriles náuticos y equipos de megafonía. De momento, está pendiente la adjudicación de una aplicación móvil sobre el estado de las playas.

Además, se han adjudicado diez ubicaciones de chiringuitos, tres que ya contaban con contrato del pasado año, dos recientemente adjudicados y otras tres que ya han presentado documentación y se formalizarán en breve.

Actualmente, se ejecutan los trabajos de perfilado y nivelación en la zona de Santigo- Conchal, con la colaboración de la Demarcación de Costas, cuyo inicio se retrasó a consecuencia de los actos vandálicos ocurridos en mayo y se prevé culminen a finales de esta semana. A nivel municipal, se ha actuado para reparar todos los desperfectos en todo lo que representa la ubicación de pasarelas, sillas adaptadas y módulos.

Juan Franco ha subrayado la reciente concesión del galardón de Ecoplayas para las playas de Santa Bárbara y Sobrevela, que será presentado próximamente, agradeciendo el trabajo de las delegaciones municipales y del personal implicado en la temporada.

Este martes se celebrará una reunión con Fegadi para comprobar el estado de las playas en cuanto a dotaciones para personas con movilidad reducida. De momento, se han dispuesto siete pasarelas de este tipo en distintas zonas del litoral, además de formalizarse un proyecto con Cepsa, que permitirá la incorporación de nuevo material para este colectivo, incluyendo una grúa para el desplazamiento de estas personas hasta las zonas de baño.

Por su parte, el teniente de alcalde y delegado municipal de Servicios Operativos, Manuel Abellán, ha subrayado la renovación de todos los contratos de socorrismo, vigilancia, limpieza mecanizada y manual y mantenimiento, por un periodo de cuatro años, destacando el arduo trabajo administrativo que se ha realizado y su contribución para la mejora de los servicios.

Rafael León, como responsable de la concejalía de Playas, ha realizado especial hincapié en el incremento de los medios, la dotación de equipamientos y nuevas zonas de sombra para personas con movilidad reducida y la incorporación de maceteros, una vez finalicen los trabajos de nivelación de la playa de levante.




Constructores y promotores de Sevilla muestran su apoyo a la ley del suelo de Andalucía

Abc

  • Comparten en un foro la necesidad de sacar adelante el texto legal que simplifica la burocracia y da solución a problemas como la despoblación

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha participado en un foro de debate bajo el lema «Una oportunidad para el Urbanismo en Andalucía» en el que se ha analizado el proceso de transición hacia un nuevo Urbanismo en Andalucía, maduro en los soportes de la sostenibilidad y la necesidad de integrar la visión de ordenación del territorio y urbanismo; y en el que se ha puesto de manifiesto el respaldo unánime del sector de la construcción, colegios profesionales, empresarios y agentes sociales para aprobar, lo antes posible, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad de Andalucía.

El encuentro ha tenido lugar en la Caja Rural del Sur, con dos paneles: un primer Panel Administración y Empresa en el que han participado el alcalde del Ayuntamiento de Constantina, Rubén Rivera Sánchez; el gerente de Gaesco; Juan Aguilera Ruiz y el presidente de Fadeco, Francisco Martínez Cañavate. Y un segundo Panel Colegios Profesionales con el decano del Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos, Demarcación Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Moral Ordoñez; el secretario general del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, José Carlos Babiano Álvarez de los Corrales; y por el decano del Colegio de Geógrafos, Juan José Caro Moreno. Las conclusiones de los planteamientos expuestos han corrido a cargo de Manuel Mingorance, presidente del Consejo Empresarial de Medio Ambiente de la CEA.

El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha abierto del foro en el que ha explicado que «la ley de suelo nace del acuerdo y el diálogo con un solo objetivo: avanzar en la ley del suelo andaluza». Se trata de «un proyecto de ley moderno, que acabará con el caos de la planificación urbana, garantizando la viabilidad social, ambiental y económica de las actuaciones, aumentando la protección de los recursos naturales, del litoral, del paisaje y del patrimonio histórico», ha continuado.

«Simplificamos y aclaramos la normativa para que aporte seguridad jurídica – resaltó el delegado de la Junta- con la LISTA se derogarán dos leyes, dos decretos ley y dos decretos, así como parte del articulado y disposiciones de otras normas. Ahora mismo, un promotor que quiera iniciar un proyecto que genere empleo y riqueza en nuestra tierra tiene que sortear 235 textos legales que afectan al urbanismo, lo que dificulta enormemente el trabajo de ciudadanos, promotores e inversores. Con la nueva Norma, la aprobación de un PGOU pasaría de diez años a dos años de media. Sin duda, un gran avance y de ahí su premura para que salga adelante».

Ricardo Sánchez, ha subrayado que La Ley de Sostenibilidad supondrá respetar la identidad de los municipios, y contar con instrumentos contra la despoblación en zonas rurales, con un sistema de planeamiento adecuado al tamaño de los pequeños municipios que «en ningún caso pueden ser tratados como las grandes ciudades».

«Incluye, además -recordó el delegado de la Junta en Sevilla- el Decreto Ley de viviendas irregulares, que ayudará a la lucha contra la proliferación de este tipo de edificaciones que llevan décadas en un limbo jurídico. La Junta de Andalucía quiere convertir el territorio andaluz en un espacio habitable, sostenible y accesible.»

Ricardo Sánchez argumentó que con un proyecto de Ley tan esencial para la recuperación económica y la vertebración de nuestra provincia no podemos esperar tanto para que entre en vigor; de ahí que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, haya anunciado que ha empezado una nueva ronda de contactos con todos los grupos políticos para sacar adelante este proyecto y volverlo a llevar al Parlamento antes del próximo mes de agosto.

Las conclusiones de los planteamientos expuestos han corrido a cargo de Manuel Mingorance, quien ha explicado que, partiendo como elemento esencial para un nuevo urbanismo en Andalucía, la sostenibilidad del proceso, se ha planteado temas como profundizar y garantizar la seguridad jurídica, promover la agilidad administrativa en general y la ambiental en particular, con una visión de la tramitación ambiental en lo urbanístico y de sostenibilidad en el planeamiento. Asimismo, se ha hecho hincapié en reforzar el diálogo en los intereses sectoriales, dar respuesta actualizada a las necesidades sociales, como la promoción de viviendas asequibles.




El alza de las materias primas amenaza el abastecimiento en la construcción

El Economista

  • Las empresas reclaman un mecanismo de reequilibrio económico de los contratos
  • El sector aboga por restablecer la revisión de precios y derogar la ley de desindexación

La fuerte subida de los precios de la mayoría de las materias primas está teniendo un intenso impacto en la economía y ha provocado grandes problemas de desabastecimiento en multitud de empresas, sobre todo en aquellas que gozaban de un nivel de inventarios mucho más reducido.

El sector de la construcción no es ajeno a esta situación, hasta el punto de que distintas organizaciones empresariales advierten de los riesgos para la continuidad de determinados contratos y de los efectos sobre la recuperación de la economía de España.

“La viabilidad de muchos contratos se ponga en cuestión porque el sobrecoste que sufren las empresas constructoras no puede mantenerse en el tiempo”
El precio del petróleo se ha disparado en torno a un 35% en los primeros meses del año, lo que ha afectado de manera negativa en los balances del tejido empresarial. No solo por un encarecimiento de los costes del transporte sino también porque ha elevado el precio de multitud de productos que dependen de esta fuente energética y que provienen de la misma, lo que ha perjudicado a numerosos distribuidores de materiales de construcción y cerámica. Al del crudo, se añade el avance de los precios de materias primas ligadas a la actividad industrial como el cobre, el acero inoxidable, el latón… Como ejemplo, el precio del cobre se ha disparado más de un 30% en 2021 y en 12 meses casi se ha duplicado lo que ha hecho que alcance el precio más alto de toda su historia. Una situación sin precedentes en un escenario en el que las compañías comienzan a levantar el vuelo tras el impacto de la reciente crisis económica.

La patronal de la reforma, Andimac, constata la preocupación del sector, que deriva no solo del avance de los precios de las materias primas sino también de los problemas de desabastecimiento que se están produciendo en multitud de empresas de la industria de las reformas. Una situación que comparten otras grandes industrias a nivel mundial, como la tecnológica o la de fabricantes de automóviles con la escasez de chips que, debido a que son componentes básicos, obligan a paralizar temporalmente su actividad.

Desde los almacenes de distribución asociados a Andimac reconocen esta realidad al destacar que hay un problema generalizado en todas las materias que provoca desabastecimiento en muchos fabricantes y los que tenían stock previo lo están sorteando, pero los que no están teniendo problemas de suministro porque no tienen capacidad para comprar.

Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) señala que “la subida del coste de los materiales para el sector de la construcción, especialmente en el acero o el betún asfáltico, está siendo desproporcionada en los últimos meses. Este incremento ya en Estados Unidos hacía ver que podría tener un reflejo claro en Europa y hemos comenzado a sufrirlo”.

“En ocasiones es preferible abandonar una obra o un proyecto que asumir un incremento desproporcionado de costes”

Fernández Alén advierte, asimismo, de que “el hecho de que la ley de desindexación haya bloqueado la revisión de precios, y que el sistema de revisión de precios contenido en la Ley de Contratos se aplique en muy contadas ocasiones, hace que la viabilidad de muchos contratos se ponga en cuestión porque el sobrecoste que sufren las empresas constructoras no puede mantenerse en el tiempo”. Así, añade, “en ocasiones es preferible abandonar una obra o un proyecto que asumir un incremento desproporcionado de costes que, en muchos casos, está llegando a más del doble”

Por ello, desde la patronal de la construcción “creemos que es necesario poner en marcha algún mecanismo para reequilibrar económicamente los contratos para que sean viables: por una parte, la derogación de la Ley Reguladora de la Desindexación en Materia de Contratación Pública; y, por otra, el restablecimiento del sistema de cláusulas de revisión de precios en los contratos públicos”, reclama Fernández Alén. De igual modo, “en la obra privada sería deseable establecer un sistema automático de reequilibrio que tenga presente el sobrecoste al que tiene que hacer frente la empresa por el incremento desproporcionado de precios en las últimas semanas/meses y que no se corresponde con los precios de la oferta cuando se presentó”.

Actividad a medio gas
El incremento de los precios ha llegado en un momento poco propicio para el sector, según advierten desde Andimac, toda vez que no se ha visto respaldado por una mejora significativa de la actividad económica al operar la mayoría de las empresas todavía a medio gas por la pandemia. En este escenario, las opciones que tienen los proveedores son, fundamentalmente, dos: subidas de tarifas, que después se trasladan a los clientes, o recortes en el descuento que realizan a los clientes. Las empresas más grandes soportan mejor la subida de precios y las principales damnificadas son las que tienen un menor tamaño debido a sus distintos márgenes.

Las firmas de distribución esgrimen que aún hay margen de negociación, aunque depende del proveedor
Las firmas de distribución esgrimen que aún hay margen de negociación, aunque depende del proveedor. Aún así, la escalada de precios no cesa de momento y Andimac estima que durante este trimestre en todos los sectores va a haber subidas, que se trasladan al cliente final y que irán del 2% al 14%, en el caso de impermeabilizaciones. Una subida generalizada de precios que también es patente en cementos, pegamentos, perfilería de cartón yeso y en casi todos los materiales. Esta situación está generando una inflación “bestial”, como catalogan la mayoría de compañías dedicadas a las reformas, que recalcan que se están produciendo situaciones no vistas en décadas ya que hay cupos, casi racionamientos, de determinados componentes que hacen que los retrasos o paralizaciones de ciertas reformas estén a la orden del día.

Este escenario provoca multitud de tensiones y dificulta la labor diaria de los distribuidores con sus clientes. Piedras en el camino para un sector que juega un papel importante en la reconstrucción económica de España. De hecho, Andimac defiende que si la construcción aporta en torno al 10% del PIB, la mayoría de las actuaciones se corresponde con las que se realizan en viviendas y edificios ya habitados, y no tanto con las de los nuevos desarrollos urbanísticos. Es decir, que “las actividades de reforma y la rehabilitación son cruciales para el conjunto de los actores que intervienen en la cadena industrial de materiales de construcción, una cadena que incrementa más de dos puntos el peso de la construcción en el PIB”.

Las perspectivas no son nada halagüeñas. Los principales distribuidores ven cómo, mes tras mes, los precios de las materias primas prosiguen al alza, pese a que la esperanza del sector era que este año la tendencia no fuese la misma que el curso anterior. La mayoría de bancos de inversión tampoco ha arrojado luz para el sector, ya que prevén que los avances continúen, aunque de manera menos significativa. No obstante, será la evolución macroeconómica de China la que marque el devenir de los precios, aunque el gigante asiático es uno de los que mejor se ha recuperado y ha disparado la demanda de este tipo de metales, lo que presiona los precios al alza.

Además, hay que sumar nuevas tendencias como la descarbonización de las economías o el auge de las energías renovables que también ejercerán presión en metales como el litio, el níquel o el cobre, muy utilizados en el proceso de fabricación de vehículos eléctricos o en proyectos de infraestructuras verdes.

50% de subida del petróleo
El barril de Brent se ha encarecido cerca del 50% este año. El viernes superó los 73 dólares por primera vez desde mayo de 2019. Al cierre de 2020 cotizaba en 51 dólares.

26,8% de subida del cobre
El precio del cobre ha pasado de 7.754 dólares el pasado 31 de diciembre a 9.834 dólares el viernes, lo que supone un alza del 27% en lo que va de año.




La OCDE alerta de que los límites al alquiler pueden reducir la inversión en construcción

El País

  • El organismo pide más gasto social en vivienda y cambios en las regulaciones de suelo e impuestos para lograr políticas más efectivas

Precios de compra y alquiler que crecen, escasez de suelo donde construir, impuestos que dificultan la compra, gobiernos que recortan gastos, escasa movilidad laboral, pobreza energética… Son las caras del poliédrico rompecabezas que, según la OCDE, supone el acceso a la vivienda. El organismo que reúne a las economías más ricas del mundo también alerta de que las regulaciones de los alquileres “tienen impacto en el funcionamiento eficiente de los mercados inmobiliarios, en tanto que pueden desalentar la inversión en construcción y en mantenimiento”. El Gobierno español lleva meses debatiendo sobre la posibilidad de imponer límites a los alquileres, una cuestión que ha dividido a los dos socios de la coalición, los socialistas (que defienden ayudas fiscales para incentivar la oferta de alquiler) y Unidas Podemos (favorables a establecer topes a los alquileres).

El acceso a la vivienda es un “reto creciente en muchos países”, alerta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a 38 de las economías más avanzadas del planeta, en un informe publicado este lunes, con un dato para la reflexión: entre 2005 y 2015, los gastos que provoca la vivienda en las familias crecieron de media cinco puntos, “alcanzando un 31% del presupuesto en los hogares de ingresos medios”. En ese mismo periodo, la porción de sus ingresos que las familias debían dedicar a salud o transportes creció menos de un punto, y en otros gastos básicos como educación, ropa o comida descendió. Es decir, la vivienda da un mordisco cada vez mayor a los recursos de los que disponen las familias.

Con el objetivo de diagnosticar el origen del daño y de promover políticas enfocadas a remediarlo, la OCDE ha preparado esta semana varias jornadas enfocadas en la vivienda. Y para abrir fuego publica este lunes el estudio Brick by brick. Building better housing policies (Ladrillo a ladrillo. Construyendo mejor políticas de vivienda). El informe recuerda que la vivienda es “una necesidad humana básica” y que resulta una cuestión capital para el bienestar humano. Y cita algunos procesos que lo están poniendo en entredicho, como “el fracaso del sector de la vivienda para proveer suficientes hogares donde la demanda es fuerte, como las áreas urbanas ricas en empleo”.

La OCDE no olvida mencionar el desafío medioambiental que suponen los edificios de viviendas, responsables globalmente de un 17% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y de un 37% de las emisiones de partículas finas (contaminantes y nocivas para la salud humana).

Los citados son “retos interconectados” para el club de países ricos y por tanto requieren de “acción política en un amplio rango de dominios”. Para empezar, en los presupuestos. “La inversión pública en desarrollo de vivienda ha caído del 0,17% del PIB, en 2001, al 0,06 del PIB en 2018, como media para los países de la OCDE”, reza el informe del organismo en un tirón de orejas para sus socios. Como resultado los autores —un amplio elenco de especialistas del departamento económico de la OCDE, coordinados por los economistas Boris Cournède y Volker Ziemann— piden a los países “una mayor inversión en vivienda social y asequible”, una solución a la que solo encuentran virtudes. Realizar ese esfuerzo económico, sostienen, “tendría el beneficio dual de proteger a los hogares vulnerables o de bajos ingresos mientras se expande la oferta de viviendas y, como resultado, se alivia la presión creciente de los precios”. Además, se puede aprovechar para hacer nuevas construcciones medioambientalmente más sostenibles y “evitando la segregación social y económica”.

Los estragos de la pandemia
Empezar por recomendar ese aumento del gasto no es casualidad. Al ya citado recorte del gasto que los países de la OCDE han dedicado a la vivienda en los últimos años, se añade el reto de la crisis del coronavirus. Esta ha agravado la situación especialmente para quienes más difícil lo tenían ya antes de la llegada del virus. La pandemia “ha provocado fuertes pérdidas de empleo e ingresos que se han concentrado en los grupos más vulnerables”, como los hogares jóvenes o de ingresos bajos (con empleos más precarios y menos susceptibles del teletrabajo, por lo general). Y eso “exacerba las dificultades para asegurar el acceso a vivienda asequible de calidad”.

Pero no todo es aumento del gasto. El club con sede en París también sugiere otros dos cambios que los Estados pueden acometer para facilitar el acceso a la vivienda. Así, el informe señala que “las reformas en las políticas sobre el suelo pueden levantar obstáculos para la expansión de la oferta”. En otras palabras, agilizar más la construcción de nuevas viviendas para que aumente la oferta. Cita, por ejemplo, cambiar el número de alturas que se pueden edificar. Al respecto también alerta sobre la descoordinación entre diferentes niveles de la administración, lo que puede provocar ineficacias. El otro cambio que propone la OCDE es desplazar la imposición sobre vivienda de las transacciones (es decir, los impuestos que se pagan cuando se compra una vivienda y que según el organismo ponen una barrera de acceso a la compra para muchos hogares) a la propia tenencia, en forma de gravámenes anuales que dependan más de los precios del suelo que del valor corriente de los inmuebles.

Además, se recomiendan otras tres soluciones graduales. Estas son convenientes, dicen los autores del informe, pero se deben adoptar con medidas compensatorias porque en el corto plazo pueden provocar desequilibrios. La primera es la retirada de incentivos fiscales para los propietarios de vivienda, lo que en un momento inicial dificultaría a las familias más jóvenes comprar, pero pasado un tiempo ayudaría a que bajasen los precios. La segunda es flexibilizar el mercado de alquiler, lo que según los expertos de la OCDE ayuda a que aumente la oferta. Sobre este punto advierte que en el corto plazo la medida puede resultar muy nociva para los inquilinos más vulnerables y por eso piden que se acompañe de otras soluciones “incluyendo por ejemplo un aumento en la provisión de vivienda social”. La tercera propuesta intermedia es adoptar normativas ambientales más estrictas para lograr edificios más sostenibles, lo que presiona al alza sobre los precios de construcción y mantenimiento de las casas, por lo que se piden subsidios y ayudas compensatorias.

España, en la parte baja de la tabla de gasto
El informe publicado este lunes da soluciones genéricas para todos los países miembros de la OCDE y no lleva recomendaciones específicas para cada uno de sus socios. Pero sí acompaña unas fichas país por país que muestran a las claras las debilidades de cada uno. En el caso de España destaca precisamente el escaso gasto dedicado a las políticas de vivienda en su conjunto, del 0,1% del PIB, cuando la media de los países del club es del 0,32% y el más avanzado al respecto, el Reino Unido, dedica un 1,53% del PIB. Hay que tener en cuenta que el año tomado como referencia en el estudio es 2018, que junto con 2017 marcaron el suelo en lo que a gasto en vivienda presupuestado por el Gobierno se refiere. En los últimos Presupuestos aprobados, por ejemplo, las partidas se han multiplicado por más de cuatro.

España también destaca negativamente en la sobrecarga que suponen los gastos de vivienda para los inquilinos de bajos ingresos: un 46% de este tipo de hogares destinan más del 40% de su presupuesto a la casa. La media de la OCDE es 11 puntos inferior (35%) y el país con peor pronóstico es Colombia (73%). En la media con otros países del club se encuentra en cuanto a la volatilidad de precios, lo que sugiere un crecimiento relativamente estable, aunque se alerta al respecto de que “tras la crisis financiera global [de 2008], los precios de compra y alquiler han divergido enormemente entre regiones, con presiones al alza en algunas ciudades, como Madrid y Barcelona). Directamente relacionado con los precios, los requerimientos de capital para obtener una hipoteca también se encuentran en la media del club de países ricos.

Y en la parte positiva, España destaca por el bajo tiempo que lleva a los ciudadanos ir de su casa al trabajo —lo que en general muestra capacidad para encontrar casa cerca de donde se trabaja y redes de transportes eficientes, aunque también puede relacionarse con una baja movilidad laboral—, en la escasa tasa de sobreocupación o hacinamiento de los hogares y también puntúa bien en los estándares ambientales (a lo que ayuda el clima, señala el informe, al no requerir mucha calefacción en invierno). España también figura en el informe entre los países que puntúan más alto en el control de rentas de alquiler. Al margen de debate político sobre el control de precios, el estudio mide todas las normativas que de una manera u otra impiden el crecimiento libre de las rentas (por ejemplo, el hecho de que en los años de contrato las subidas estén acotadas al crecimiento del PIB u otros indicadores) y otorga a España una puntuación de 0,57 en una escala entre cero y uno. La media de la OCDE es de 0,41 puntos y el país que más puntúa es Suecia (0,94).